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¿Cuál es el régimen contractual aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado; ii) ¿Cuál es el marco jurídico aplicable a los recursos dados en administración y/o de manera anticipada en un contrato interadministrativo?
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son entidades descentralizadas por servicios, y según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, su actividad contractual se rige por un régimen especial de derecho privado cuando compiten con el sector público o privado, o actúan en mercados regulados. Las demás empresas de esta naturaleza quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Según el concepto, la administración delegada es un contrato atípico que puede entenderse como mandato, en el cual el contratista actúa en nombre de la entidad y recibe el costo real del objeto más un porcentaje por administración y utilidad, o como una modalidad de administración y pago no necesariamente asociada al mandato. El anticipo es una suma que apalanca financieramente la ejecución y debe amortizarse con su avance, por lo que sus recursos son del erario y deben garantizarse; el pago anticipado, en cambio, es una retribución parcial que sale de la esfera de la entidad sin una destinación distinta a la que le dé el contratista.síntesis automática
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El municipio del Carmen del Viboral puede realizar el pago total de los recursos restantes, correspondientes al 70%, teniendo en cuenta que el contratista no existe ningun avance de ejecución del objeto contractual.
El municipio del Carmen del Viboral puede realizar el pago total de los recursos restantes, correspondientes al 70%, teniendo en cuenta que el contratista no existe ningun avance de ejecución del objeto contractual.
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¿Es jurídicamente viable la celebración de un contrato interadministrativo de administración delegada de recursos?
El contratista puede celebrar un contrato interadministrativo de administración delegada de recursos, ya que la administración delegada se entiende como un mandato en el que la entidad estatal contratante encomienda a otra entidad la administración de un proyecto, o como una modalidad de pago en contratos de obra pública o interventoría, donde el contratista recibe recursos para cubrir los costos del proyecto y obtiene honorarios por la administración. Esta interpretación se ajusta al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite incluir modalidades y condiciones necesarias y convenientes siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración, lo que implica que las entidades estatales pueden celebrar contratos interadministrativos de administración delegada de recursos de acuerdo con estas condiciones.síntesis automática
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Usted formula la siguiente pregunta: «Es posible entregar en un contrato de administración delegada de recursos de mandato sin representación celebrada entre una Entidad Municipal y una Empresa Industrial y Comercial de Estado, el cien porciento (100%) de los recursos que compone el contrato sin ir en contravía de lo estipulado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993?»
Es posible entregar en un contrato de administración delegada de recursos de mandato sin representación celebrada entre una Entidad Municipal y una Empresa Industrial y Comercial de Estado, el cien porciento (100%) de los recursos que compone el contrato sin ir en contravía de lo estipulado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993? (sic).
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PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DEL CONTRATO,SOLIDARIDAD EN CONTRATOS,CONTRATACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA – Liquidación judicial del contrato – Mes: mayo – Año: 2023…
¿Cuál es el alcance de la administración delegada en la contratación estatal?
La “administración delegada” corresponde a un contrato atípico, que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha entendido, por lo menos, de dos maneras: i) como un mandato, es decir, como un negocio jurídico mediante el cual el contratista actúa en nombre y representación de la entidad contratante, y en contraprestación, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de administración y utilidad del contratista; o ii) como una modalidad de administración y pago, no necesariamente asociada al mandato.
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¿Cuál es marco general de los contratos de obra pública por el sistema de administración delegada?
La administración delegada es un contrato atípico dentro del régimen mixto de la contratación estatal, y no un tipo expresamente regulado. La jurisprudencia del Consejo de Estado la entiende de dos maneras: como un contrato de mandato, en el que el contratista actúa en nombre y representación de la entidad, que le paga el costo real del objeto más un porcentaje por administración y utilidad; o como una modalidad de administración y pago. Como contrato de obra, en sentido restringido, comprende la construcción, el mantenimiento, la instalación y cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, según el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El régimen aplicable se integra con el derecho privado, conforme al artículo 13 y al artículo 40 de la Ley 80. Por ello, la forma de pactar el pago y la administración de los recursos debe analizarse en cada caso concreto, sin que la denominación del contrato determine por sí sola su naturaleza.síntesis automática
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¿Es jurídicamente viable que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) suscriban contratos interadministrativos cuando las actividades objeto del contrato se encuentran comprendidas dentro de su objeto social, y si es obligatorio que dichos contratos se celebren bajo la modalidad de administración delegada o si resulta jurídicamente posible su estructuración bajo una modalidad distinta?
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado pueden celebrar contratos interadministrativos. Según el concepto, esa posibilidad se fundamenta en el criterio orgánico, pues el contratista debe ser una entidad estatal o una persona jurídica de derecho público, sin que la existencia de un régimen especial de contratación lo impida. Además, estas entidades no fueron excluidas de la contratación directa prevista para los contratos interadministrativos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La celebración es viable siempre que los análisis jurídico, técnico y financiero concluyan que es procedente. Cuando la empresa actúa como entidad ejecutora, su capacidad debe verificarse conforme a su objeto social, pues de ese marco funcional depende la aptitud para cumplir las obligaciones. Respecto de la administración delegada, el concepto señala que el contratista recibe recursos en administración para cubrir los costos del proyecto y se remunera con honorarios, y que esa forma no se limita a los contratos de obra pública, pues puede comprender otras actividades de administración y gestión. En consecuencia, la entidad debe verificar la capacidad conforme al objeto social, y la estructura del contrato no queda limitada a una única forma de administración y pago.síntesis automática
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¿Se puede celebrar un convenio interadministrativo entre un Municipio y una Asociación de Municipios con el fin de aunar esfuerzos en la ejecución de obra pública y que la Asociación abra un proceso contractual a la luz de la ley 80?
Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual.
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¿Se puede suscribir un contrato interadministrativo de administración delegada para la construcción de una obra pública, basados en lo establecido en el literal C) numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007?
Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual.
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¿Un municipio de sexta categoría, puede celebrar contratos interadministrativos con una entidad comercial e industrial de orden municipal, al amparo del artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, para ejecutar contratos de obra, a través de la administración delegada?
Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar una obra a través de la metodología de administración delegada de recursos, pues del análisis realizado no se incurre en la excepción contenida en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.
¿Qué entidades están obligadas a publicar en el SECOP?
Las entidades públicas están obligadas a publicar en el SECOP la información de su contratación, porque este sistema contiene la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos. Según el concepto, ese deber deriva del principio de publicidad, que impone a las autoridades dar a conocer sus actos, contratos y decisiones para que puedan ser divulgados y controlados. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece el SECOP como mecanismo de difusión de la información oficial de la contratación. Segunda, la Ley 1712 de 2014 considera sujetos obligados a todas las entidades públicas, y su literal e) del artículo 9 les exige publicar la información relativa a su contratación, incluidos los datos de adjudicación y ejecución de los contratos, de acuerdo con el literal g) del artículo 11. Esta obligación alcanza a cualquier entidad u organismo que desempeñe funciones públicas o administre recursos públicos, según la lista del artículo 5 de la misma ley. La consecuencia práctica es que la entidad debe registrar en el SECOP su información contractual, pues la información que posee es pública y solo puede reservarse por disposición constitucional o legal.síntesis automática
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¿Es jurídicamente procedente celebrar un contrato de administración delegada de recursos mediante la modalidad de selección de mínima cuantía?
El contratista no puede celebrar un contrato de administración delegada mediante la modalidad de selección de mínima cuantía si el valor total del contrato, que incluye tanto los honorarios del administrador como los recursos públicos entregados en administración, supera el umbral establecido por la Ley 1474 de 2011, ya que esto viola los principios de transparencia, economía y selección objetiva, y puede configurar un fraccionamiento o elusión de la modalidad de selección que legalmente corresponde. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de considerar el valor total del contrato para determinar adecuadamente la modalidad de selección, evitando así vicios de ilegalidad que comprometan la legalidad del proceso contractual.síntesis automática
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¿Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado – en adelante EICE – pueden suscribir contratos o convenios interadministrativos para ejecutar obras públicas, si dicha actividad está contemplada en su objeto social?
Sí, es jurídicamente viable que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) celebren contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de obras públicas. Esta posibilidad se fundamenta en el criterio orgánico, según el cual el contratista debe ser una Entidad Estatal o una persona jurídica de derecho público, sin que ello se vea limitado por la existencia de un régimen especial de contratación. Adicionalmente, las EICE no fueron excluidas de la posibilidad de celebrar esta tipología contractual mediate la modalidad de contratación directa previsto para los contratos interadministrativos en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
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¿Es jurídicamente viable que las Entidades Estatales celebren contratos interadministrativos bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la ejecución de obras públicas cuando su objeto social no guarda relación directa con la administración de recursos o con la contratación de obra?
La administración delegada puede pactarse en contratos interadministrativos cuando las entidades estatales la celebran como forma de mandato, figura en la que la entidad contratante, como mandante, encomienda a la entidad contratista, como mandataria, la administración de un proyecto. La regla se apoya en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite incluir las modalidades, condiciones y cláusulas que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público ni a los principios y finalidades de la Ley 80 y de la buena administración. La administración delegada es un contrato atípico que el Consejo de Estado ha entendido, por lo menos, como mandato o como modalidad de administración y pago. Esta última puede servir como forma de pago en contratos de obra pública o de interventoría, cuando el contratista recibe recursos para cubrir los costos de un proyecto y obtiene honorarios por la administración. Como consecuencia práctica, la entidad debe precisar en el contrato interadministrativo si la administración delegada se pacta como mandato o como forma de pago, sin confundirla con la delegación de la función de contratación.síntesis automática
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¿Pueden las entidades estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP celebrar contratos de donación para la transferencia de bienes inmuebles de su propiedad?
El artículo 355 de la Constitución prohíbe a las ramas del poder público decretar auxilios o donaciones en favor de personas de derecho privado, pero esa prohibición no se extiende a las donaciones en las que las entidades públicas actúan como donatarias. Cuando intervienen únicamente entidades públicas, el negocio corresponde a un contrato interadministrativo de donación, y el procedimiento depende del análisis previo que realice la entidad contratante. Una de las vías posibles es la contratación directa, por la causal del artículo 2.4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, que por la calidad de los sujetos adquiere el carácter de contrato interadministrativo. Esa vía es viable siempre que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, lo que permite considerar la donación de bienes inmuebles. Esto no exime a la entidad de cumplir los principios de transparencia y selección objetiva, ni de verificar, mediante un análisis previo, que el contratista cumple lo requerido para satisfacer la necesidad.síntesis automática
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¿En el marco de un contrato de administración delegada se debe exigir la constitución de fiducia o patrimonio autónomo para el manejo de los anticipos que se pacten en los subcontratos?
La interpretación que la Agencia ha sostenido sobre el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 ha sido clara en señalar que es obligatorio constituir un patrimonio autónomo o una fiducia para administrar los recursos del anticipo en los contratos de: i) obra, ii) concesión, iii) salud, y, iv) los contratos derivados de un proceso de licitación pública, siempre que, en estos cuatros supuestos, el contrato no sea de menor o mínima cuantía. En ese sentido, cuando la cuantía de un contrato resulte ser de mínima o menor cuantía, independientemente de la modalidad de selección por la que surge, no será obligatoria la constitución de un patrimonio autónomo o una fiducia para administrar los recursos del anticipo, así haya surgido a través de un proceso de selección por licitación pública u otra modalidad.
También resuelve:Constitución de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable: Artículo 91 ley 1474 de 2011- ámbito de aplicaciónSubcontratación: nociónContrato de administración delegada: subcontratos
¿Puede una asociación de municipios, designada como ejecutora de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, contratar directamente al tercero que ejecutará la obra por administración delegada, aunque acredite en el Registro Único de Proponentes experiencia para ese tipo de obras, y cuál es la modalidad de selección aplicable?
El contratista no puede contratar directamente al tercero que ejecutará la obra por administración delegada, ya que la experiencia acreditada en el Registro Único de Proponentes no modifica las reglas de contratación pública. La entidad ejecutora debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y la contratación directa solo procede en las causales taxativas establecidas en la ley. Si la entidad ejecutora decide contratar con un tercero, debe hacerlo mediante la modalidad competitiva correspondiente, como licitación pública o selección abreviada, según el valor del contrato. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza y régimen de contratación de las asociaciones de municipios, y subraya la importancia de seguir estrictamente las normas legales vigentes en la contratación de obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.síntesis automática
También resuelve:Asociaciones de municipios: esquemas asociativos territoriales, naturaleza, entidades estatales, Artículo 2 de la Ley 80 de 1993Sistema general de regalías: entidades ejecutoras, designación, naturaleza pública, esquemas asociativos territorialesRegistro único de proponentes: experiencia de la entidad ejecutora, alcance, contratación directa, causales taxativas
¿Es jurídicamente viable la celebración de un convenio interadministrativo con un objeto tendiente a la constitución de un mandato sin representación bajo la figura administración delegada de recursos?
El contratista puede celebrar un convenio interadministrativo que incluya la figura de administración delegada de recursos sin representación, siempre y cuando las partes estipulen condiciones y cláusulas que se ajusten a la autonomía de la voluntad y no contravengan la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración, reiterando la jurisprudencia que permite la configuración de mandatos con o sin representación en este tipo de contratos, lo que implica mayor flexibilidad en la estructuración de acuerdos entre entidades estatales.síntesis automática
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