Síntesis del concepto
Contratos y convenios interadministrativos: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor
Regla de decisión
Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contrato y el convenio interadministrativo son acuerdos de voluntad entre dos o más personas jurídicas de derecho público para cumplir los fines del Estado, en el marco de sus objetivos misionales y competencias, y se identifican por un criterio orgánico, pues los extremos de la relación deben ser entidades estatales con competencia para contratar. La diferencia de fondo radica en su finalidad: el contrato interadministrativo es oneroso, de contenido patrimonial, y reúne intereses básicamente contrapuestos, mientras que el convenio tiene una finalidad asociativa y de cooperación interinstitucional, con intereses que se dirigen en la misma dirección. Sin embargo, la ley no define de manera diferenciada ambos conceptos, por lo que, en principio, las referencias del legislador a uno u otro deben asimilarse, salvo que su contenido permita inferir un alcance particular. Por ello, la sustitución de un contrato por un convenio interadministrativo no es viable si desconoce la finalidad del vínculo, su contenido patrimonial o el marco normativo aplicable. En la elaboración de los estudios previos, la entidad sustenta la idoneidad de la persona a contratar, y la determinación de cuándo procede cada figura depende de esa naturaleza y finalidad.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es la naturaleza jurídica, marco normativo y diferencias entre el contrato y el convenio interadministrativo, así como las reglas aplicables para determinar en qué casos procede cada uno?
Fundamentos
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.4
- Ley 489 de 1998, art. 95
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En resumen
Si bien el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública hace referencia de manera expresa al contrato interadministrativo o, en términos generales, a los interadministrativos y no al convenio, tanto jurisprudencial como doctrinariamente, se han hecho diferenciaciones conceptuales entre los contratos y los convenios interadministrativos de que trata el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que para efectos de la consulta planteada resultan determinantes.
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Texto del documento 5.124 caracteres
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Definición – Sujetos
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Entidades Estatales
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Naturaleza jurídica
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Objeto
El Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, califica a los convenios o contratos interadministrativos como aquella contratación entre Entidades Estatales. De acuerdo con esto, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean Entidades Estatales con competencia para celebrar contratos.
[…] tanto los contratos como convenios comparten características comunes, difieren en ciertos aspectos esenciales. Así, mientras que el contrato interadministrativo se caracteriza por su naturaleza onerosa, patrimonial y se conforma por intereses básicamente contrapuestos, los convenios interadministrativos, por su parte, tienen una finalidad asociativa perseguida por las partes suscriptoras cuyos intereses se encaminan en la misma dirección y persiguen los mismos objetivos, de conformidad con el ejercicio de las funciones y competencias que les son propias y propendiendo por la cooperación interinstitucional. Por lo anterior, la sustitución de un contrato por un convenio interadministrativo no es jurídicamente viable si ello implica desconocer la finalidad del vínculo, el contenido patrimonial, y el marco normativo aplicable.
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Diferencias – Similitudes
[…] mientras que el contrato interadministrativo se caracteriza por su naturaleza onerosa, patrimonial y se conforma por intereses básicamente contrapuestos, los convenios interadministrativos, por su parte, tienen una finalidad asociativa perseguida por las partes suscriptoras cuyos intereses se encaminan en la misma dirección y persiguen los mismos objetivos, de conformidad con el ejercicio de las funciones y competencias que les son propias y propendiendo por la cooperación interinstitucional […] la distinción también se plantea en el ámbito del derecho privado con la referencia a los contratos de contraprestación y de colaboración; sin embargo, también se rigen por unos principios comunes, pues se forman por el consentimiento y de ambos se derivan el nacimiento de obligaciones para las partes. Por ello, “[…] Es evidente que el hecho de que las partes tengan intereses concordantes no implica en modo alguno que estas relaciones no quepan en el campo de la contratación […]”. Teniendo en cuenta lo anterior, no existe una definición legal que diferencie los conceptos de contrato y convenio. En tal sentido, teniendo en cuenta sus características comunes, las referencias realizadas por el legislador a estos términos deben asimilarse, salvo que de su contenido logre inferirse que se quiere otorgar un contenido en particular.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
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Estudios previos
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Elaboración
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Entidad responsable
De las consideraciones anteriores, es claro que las entidades públicas con la elaboración de los estudios previos sustentan los argumentos relacionados con la idoneidad de la persona a contratar. Entonces, surge el interrogante de cuando se trata de convenios interadministrativos, en el que dos entidades públicas aúnan esfuerzos para cooperar en el cumplimiento de sus funciones, ¿cuál de las dos entidades públicas debe elaborar los estudios previos que sustentan la contratación referida?
[…] si se analiza la argumentación anterior, dichas consideraciones no se extendieron a los contratos o convenios interadministrativos que no se celebren bajo el esquema del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, sino en aquellos donde una entidad estatal tiene la necesidad de determinado bien o servicio para satisfacer el cumplimiento de sus funciones y quien es la interesada en iniciar la suscripción de determinado contrato estatal, donde es posible identificar los roles de contratante y contratista. En estos últimos, una entidad estatal más que aunar esfuerzos para satisfacer una necesidad conjunta con otra, busca mediante el cumplimiento de una contraprestación adquirir determinados bienes o servicios prestados por un contratista, en este caso por otra entidad estatal. En estos últimos supuestos, como se indicó, sería posible identificar de forma más precisa a la entidad que funge como contratante y la que lo hace como contratista.
En este sentido, en este último esquema de contratos donde las partes tienen a cargo este tipo de prestaciones, siendo una de ella las que demanda o requiere determinados bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones, que es la estructura bajo la cual se estableció el contenido del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, bastaría con que la entidad que funge como contratante sea quien elabore los estudios previos.