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¿Cuáles criterios de evaluación se deben tener en cuenta en los procesos de selección de concurso de meritos en el marco de lo previsto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007?
A fin de dar respuesta al interrogante planteado, es menester señalar que, el concurso de méritos es el procedimiento de selección que deben realizar las entidades estatales para escogencia de los contratos de consultoría, los cuales consisten en aquellos que celebran las entidades … referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.
También resuelve:Contrato de consultoria: definición, característicasRequisitos ponderables: definición
¿La Orden de Compra n.° 94014, expedida por el ICBF a favor de la Unión Temporal Aseo Colombia 2 para la prestación del servicio de aseo y cafetería para la región n.° 11 en virtud del Acuerdo Marco de Precios n.° CCE-972-AMP-2019, está viciada de nulidad? ¿La Orden de Compra n.° 94014 fue expedida contra expresa prohibición constitucional o legal y, por lo tanto, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista no puede obtener un contrato estatal mediante una orden de compra que vulnere la prohibición de eludir los procedimientos de selección objetiva, como lo establece el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ya que esto configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la misma ley. Esto ocurre cuando, en la evaluación de propuestas, se cometen errores técnicos que llevan al rechazo indebido de la oferta más económica y a la adjudicación de la contratación a otra oferta, en contravención de los principios de objetividad y congruencia en la selección del contratista. La Sala reitera que la expedición de una orden de compra que no cumple con estos requisitos es nula absoluta y debe ser declarada como tal, con los efectos correspondientes en la contratación estatal.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945…
¿La certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales presentada por RFID Tecnologías S.A.S. satisfizo las exigencias previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pliego de condiciones y el régimen de subsanación de la Ley 1882 de 2018? Sí
… En efecto, en el asunto no se demuestra que RFID Tecnologías S.A.S. hubiera incumplido sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral o que la certificación aportada contuviera información falsa. La discusión planteada por la demandante no se dirige a cuestionar el cumplimiento material del requisito, sino la persona que suscribió el documento mediante el cual aquel fue acreditado. Por ello, aun aceptando que la certificación debió provenir del revisor fiscal, esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que el adjudicatario careciera del requisito habilitante exigido por la ley.
¿Qué se entiende como bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización?
Respecto de los interrogantes planteados esta Subdirección manifiesta: En primer lugar, se precisa que, los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización son aquellos que comparten patrones de desempeño y calidad similares para la satisfacción de la necesidad a la que atienden. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
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¿La incorporación de valores distintos a los ofertados —es decir, ajenos a las propuestas presentadas— podría vulnerar el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007?
En respuesta al problema ante planteado, esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que es el pliego de condiciones el instrumento llamado a determinar, en cada caso concreto, los factores que permiten realizar la comparación entre las ofertas presentadas y, con base en ello, establecer cuál resulta más favorable para la Administración Pública. En ese sentido, la incorporación de valores distintos a los efectivamente ofertados —esto es, ajenos a las propuestas presentadas por los oferentes— podría configurar una vulneración del principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Dicho principio impone que la escogencia del contratista se fundamente en reglas claras, previamente definidas en los pliegos, y en criterios verificables que aseguren una comparación imparcial y en condiciones de igualdad entre los participantes.
También resuelve:Principio de selección objetiva: fundamento, alcance, reglas aplicablesSelección objetiva: requisitos de ponderación, asignación de puntaje, comparación de ofertas
¿Un requisito que tiene doble connotación de habilitante y puntuable puede subsanarse?
Teniendo en cuenta que el texto del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, prevé expresamente que todos aquellos requisitos que no afecten la asignación de puntajes tienen la condición de subsanables, excepción hecha de la garantía de seriedad de la oferta, al operador jurídico le está vedado incluir excepciones adicionales. En esas condiciones, si un mismo documento sirve para acreditar requisitos habilitantes y para demostrar factores de ponderación, se debe entender que es posible la subsanación, únicamente, en relación con los primeros, es decir, que es procedente subsanar las ofertas en relación con documentos a través de los cuales se acrediten al mismo tiempo requisitos habilitantes y factores de ponderación, siempre que el documento subsanado no sea tenido en cuenta para la asignación de puntaje.
También resuelve:Principio de selección objetiva: noción, normativa, requisitos habilitantes, requisitos ponderablesRequisitos ponderables: asignación de puntajeDeber de selección objetiva
¿Se desconoció el deber de selección objetiva por cuanto la empresa seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista no cumple con los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones, lo que desconoce el deber de selección objetiva y viola el principio de selección objetiva, configurando una nulidad absoluta del contrato estatal conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al establecer que la declaración de nulidad del contrato por abuso o desviación de poder no requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación, lo que amplía la facultad de los jueces para declarar la nulidad de contratos estatales en casos de desconocimiento de la selección objetiva.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos en que los municipios o distritos entregan en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros están sujetos a la Ley 80 de 1993?¿Los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993?¿Para que proceda la declaración de nulidad del contrato por la configuración del vicio de abuso o desviación de poder se requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto…
¿Se encuentra configurada alguna causal que imponga decretar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, considerando que no existe expresa prohibición legal para suscribir este tipo de negocios en forma directa, y que la presunta violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos? No
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo ni su liquidación judicial por falta de pruebas específicas y porque no existe una prohibición legal expresa para suscribir este tipo de negocios en forma directa; además, la violación del principio de selección objetiva no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta de los contratos. La entidad estatal no acreditó las sumas de dinero que considera adeuda la contratista, por lo que la liquidación judicial no prospera. Esta decisión reitera que no cualquier transgresión del ordenamiento jurídico constituye causal de nulidad de los actos contractuales y que la validez de los contratos no puede estar determinada por el alcance que, a posteriori, otorgue el juez a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la liquidación judicial del convenio interadministrativo, para el reconocimiento de las sumas de dinero a favor de la entidad contratante y correlativamente a cargo de FONADE…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Es nulo el contrato dado que la selección del contratista se debió haber efectuado por medio de licitación pública? Sí
Es absolutamente nulo el contrato estatal celebrado por contratación directa cuando la ley exigía su selección mediante licitación pública, y esa nulidad puede declararse aun a solicitud de la misma entidad que lo suscribió. La regla se apoya en que la nulidad es manifiesta cuando la selección del contratista se pretermitió y en que el acto que justificó la contratación directa también debe ser objeto de nulidad. Además, los estudios previos no pueden construirse con cotizaciones dirigidas a otros proveedores cuando ya se tenía una cotización preferente, lo que compromete la transparencia del procedimiento. En el asunto, la entidad solicitó la nulidad de su propio acto de contratación directa y del contrato celebrado, y la Sala revocó la decisión de primera instancia por encontrar nulo el contrato. En la práctica, la entidad que contrata sin licitación cuando la ley la exige no puede sanear el contrato y debe acudir a la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria?¿Las entidades públicas están legitimadas en la causa por activa para demandar sus propios actos administrativos cuando los consideren lesivos de sus propios intereses…¿Es procedente la declaración de la nulidad absoluta del contrato cuando se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, o cuando se celebre con abuso o desviación de poder…
¿Si se encuentra afectada de nulidad, la Resolución No. 01392 de 15 de junio 2021 que adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UARIV-SA-004-2021 a la Unión Temporal Sotavento Group S.A.S., al configurarse las causales de i) Falsa Motivación y ii) Desviación de Poder? No
El contratista no puede declarar nula la resolución que adjudica un contrato estatal mediante selección abreviada de menor cuantía, cuando no se acredita que el pliego de condiciones contenga falsa motivación o desviación de poder, siempre y cuando el pliego distinga adecuadamente entre la experiencia general habilitante y los factores de evaluación, estableciendo reglas previas, claras y objetivas para todos los proponentes. Además, la entidad no desconoce el principio de selección objetiva ni permite la subsanación indevida de la oferta, pues la adjudicataria aporta desde el inicio la certificación del contrato que respalda su cobertura territorial, y la revisión de información ya existente en la administración no constituye la incorporación de un requisito puntuable después del cierre. La Sala reitera que la presunción de legalidad del acto administrativo persiste mientras no se demuestre la inexistencia, falsedad o apreciación equivocada de los motivos del acto de adjudicación, y que la desviación de poder no prospera sin identificar una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento.síntesis automática
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el acto acusado es nulo, pues, calculó el primer cuartil con base en todas las propuestas presentadas en la licitación, por tanto, con desconocimiento de la selección objetiva que obliga tan solo a considerar los datos de las propuestas habilitadas para poder hacer una comparación de las ofertas en debida forma? No
El contratista no puede anular la decisión de primera instancia basada en el argumento de que la entidad consideró todas las propuestas presentadas en la licitación para calcular el primer cuartil, en lugar de limitarse a las propuestas habilitadas, ya que la entidad cumplió con los términos del pliego de condiciones al determinar el orden de elegibilidad de los proponentes habilitados con apego a los valores ofertados por todos los participantes, incluidos los descalificados, sin embargo, el contratista no demostró que esta práctica afectara el resultado final del proceso de selección y, por ende, no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo. Además, la entidad demandada no incurrió en una violación del principio de selección objetiva que justifique la nulidad del acto acusado, ya que el dictamen pericial no probó que el orden de elegibilidad variara sustancialmente en favor del proponente vencido al emplearse únicamente los valores de las ofertas habilitadas. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia y condena al contratista en costas por ser la parte vencida en el proceso, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas contra la demandante por ser la parte vencida en el proceso?
¿Es obligatorio cargar en SECOP II el documento de constitución del consorcio o unión temporal para cada proceso de contratación y, de no hacerlo, puede la entidad rechazar la oferta, o se trata de un requisito susceptible de subsanación cuando el proponente plural ya se encontraba válidamente constituido?
Los consorcios y las uniones temporales carecen de personería jurídica propia, pero tienen capacidad legal para contratar con las entidades estatales conforme al artículo 6 de la Ley 80 de 1993. El documento de constitución es el instrumento sustancial que perfecciona el acuerdo asociativo y regula la participación y las facultades de representación. En SECOP II, la creación y edición de la cuenta de un proponente plural exige cargar el acto o la promesa de constitución en el campo Documentos relacionados. Sin embargo, el concepto señala que la falta o el indebido cargue inicial de ese documento en la oferta no constituye por sí sola una causal automática de rechazo. Como acredita la capacidad jurídica y la legitimación del proponente, se trata de un requisito habilitante no puntuable y subsanable conforme al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018, siempre que el acuerdo estuviera preexistente y debidamente constituido al cierre del proceso. La consecuencia práctica es que la entidad no debe rechazar la oferta por esa sola omisión, salvo que el consorcio no existiera al cierre.síntesis automática
También resuelve:Consorcios y uniones temporales: capacidad para contratar, naturaleza jurídica y validez del acuerdo consorcial, deber de registro en SECOP II, cargue obligatorio del documento de constitución por cada proceso de selecciónRégimen de selección objetiva: principio de subsanabilidad, requisitos de capacidad legal y legitimación en la causa:
Si en una oferta (licitación pública, selección abreviada, menor cuantía) no se adjuntan al momento del cierre de la misma, certificados como son el COPNIA, El Redam y Vigencia de antecedentes del contador. Estás pueden ser subsanadas dentro de la fecha estipulada de subsanación con certificados expedidos con fecha posterior al cierre de la oferta? y (sic) lo anterior no puede ser interpretado por la entidad como si el oferente estaría mejorando la propuesta?.
Para determinar si un requisito omitido en la oferta puede subsanarse, la entidad debe preguntarse, primero, si lo que falta es un documento o información que otorga puntaje y, segundo, si el requisito corresponde a una circunstancia ocurrida antes o después del cierre del proceso. Lo omitido puede subsanarse cuando no es un factor que otorgue puntaje y cuando constituye la prueba de una circunstancia o hecho ocurrido con anterioridad al cierre; con ese análisis se establece si lo presentado para corregir la oferta la mejora o si es un documento que demuestra una condición previamente consolidada. El principio de selección objetiva del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 distingue entre los requisitos habilitantes, que no otorgan puntaje, y los factores ponderables, que son condiciones de la oferta que permiten compararlas y determinar la más favorable conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Por otra parte, el incentivo por vinculación de personas con discapacidad del Decreto 392 de 2018 se estableció como mínimo solo para la licitación pública y el concurso de méritos, de modo que los demás procesos están excluidos de ese ámbito de aplicación obligatoria.síntesis automática
También resuelve:Principio de selección objetiva: noción, normativa, requisitos habilitantes, requisitos ponderablesRequisitos ponderables: asignación de puntajeDeber de selección objetiva
¿Puede la entidad estatal, establecer requisitos de reducción de puntaje dentro de un proceso de selección?
La entidad estatal no puede establecer en el proceso de selección condiciones para reducir el puntaje de las ofertas, como la de restar puntos a quien tenga una demanda interpuesta contra la entidad, porque con ello podría estar dando un trato diferente que vulnera el principio de igualdad y el deber de selección objetiva que irradian los procesos de contratación. La asignación de puntaje es el mecanismo mediante el cual las entidades ponderan los factores de calificación técnicos, de calidad y de precio, como se desprende del literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que alude expresamente al puntaje. Los factores ponderables son aquellos que, a diferencia de los requisitos habilitantes, determinan comparativamente que una oferta sea mejor que otra, y frente a ellos la entidad concibe el otorgamiento de puntos para ponderar y comparar los ofrecimientos, aplicando las reglas del pliego o documento equivalente con el fin de determinar objetivamente la oferta más favorable. En ese marco normativo no aparece la posibilidad de fijar reglas de reducción de puntaje.síntesis automática
También resuelve:Principio de selección objetiva: noción, normativa –requisitos ponderablesRequisitos ponderables: asignación de puntaje
Me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el fin de realizar una consulta con respecto al alcance y metodología aplicada por parte de la entidad con respecto del Articulo 4. Del Decreto 0142 de 2023 Modificación del artículo 2.2.1.1.2.2.2 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.
Me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el fin de realizar una consulta con respecto al alcance y metodología aplicada por parte de la entidad con respecto del “Articulo 4. Del Decreto 0142 de 2023 Modificación del artículo 2.2.1.1.2.2.2 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015”. Lo anterior debido a que con la explicación dada en el presente numeral del Decreto no se obtiene claridad de la metodología que debe ser utilizada por las entidades para la aplicación y evaluación de la fórmula de la relación “costo beneficio” de cada oferta presentada por los proponentes.
También resuelve:Selección objetiva: requisitos de ponderación, asignación de puntaje, comparación de ofertasRelacion costo beneficio: concepto, definición, marco legal, vigencia en la contratación estatal
Para efectos de la definición de la situación militar, considerando que la derogatoria del literal a) del artículo 36 de la Ley 48 de 1993 y la vigencia del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, usted pregunta lo siguiente: i) “… si la entidad tiene o no el deber de consultar en la plataforma del comando de reclutamiento y reservas dicha situación y si a pesar de que en los pliegos tipo no se señale dicha exigencia…
Para efectos de la definición de la situación militar, considerando que la derogatoria del literal a) del artículo 36 de la Ley 48 de 1993 y la vigencia del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, usted pregunta.
También resuelve:Selección objetiva: noción, requisitos habilitantes, requisitos habilitantes / requisitos habilitantes, Ley 1150 DE 2007Requisitos habilitantes: Ley 1150 DE 2007, carácter enunciativo, competencia, determinaciónDocumentos tipo: fundamento normativo
Si un proponente debió subsanar el certificado de vigencia de los contadores y presenta una vigencia expedida después de la fecha del cierre del proceso ¿es válido?, ejemplo, la fecha de cierre del proceso se estableció para el día 24 de mayo de 2023, el proponente debió subsanar la vigencia y presenta una expedida el día 25 mayo de 2023, en estas circunstancias ¿la subsanación es válida?, ¿por qué si, o por qué no? [sic]…
También resuelve:Principio de selección objetiva: fundamento, alcance, alcance / subsanabilidad, concepto de unificaciónSubsanabilidad: concepto de unificación, aplicación, improcedencia, circunstancias posteriores
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?