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Principio de igualdad de armas

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acción de controversias contractuales: la cesión de crédito y la cesión de contrato son dos instituciones jurídicas diferentes

13001233300020090044501 de 2025 2025-03-17 Rad. 13001233300020090044501
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas. Le corresponde a la Sala decidir sobre la apelación presentada por un cesionario de crédito en contra de una Sentencia de primera instancia en la cual se declaró la nulidad absoluta del contrato por abuso o desviación de poder, objeto ilícito, y por contrariar normas imperativas relacionadas con el principio de transparencia y el deber de selección objetiv a. En síntesis, el cesionario no comparte que el contrato se hubiera celebrado con abuso o desviación de poder, ya que fue celebrado para atender a la población víctima de la ola invernal ocurrida en 2007 en el Departamento de Bolívar.
También resuelve: Acción de controversias contractuales: declaratoria de nulidad del contrato estatal, declaración de nulidad absoluta, incumplimiento del contratista, cesión del crédito Legitimación en la causa por activa: capacidad para ser parte Tercero con interés legítimo: interés jurídico directo, legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por pasiva, intención de las partes del contrato
Consejo de Estado Providencia

La cesión de crédito no altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 13001233300020090044501 ACCION CONTRACTUAL
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad? ¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato? ¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
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Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA