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Consejo de Estado
Providencia
En cada caso, se debe analizar el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA
2022-11-10
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019990215101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se avoca el conocimiento con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades? Sí
El conocimiento es avocado con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando las partes pactan suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o acuerdan contratos adicionales durante la ejecución del contrato estatal. La Sala ha identificado dos criterios jurisprudenciales en este sentido: una posición que sostiene que quien esté afectado por la alteración de las condiciones económicas del contrato debe consignar la reclamación o salvedad al momento de suscribir esos acuerdos, y otra que considera que la ausencia de salvedades no impide una decisión de fondo ni constituye un requisito para el reconocimiento de pretensiones, siempre y cuando se analice el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
La declaración de nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020090106902
ACCION CONTRACTUAL
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:
¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?
¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?
¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020170100402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…
¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?
¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En ninguno de estos documentos se incluyen valores o descuentos por incumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 52001233300020180010902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?
¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?
¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se rechaza la reforma a la demanda presentada
Auto interlocutorio — Auto que rechaza reforma de la demanda
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 11001032600020210010400
LEY 1437 REPETICION
¿Se rechaza la reforma a la demanda presentada, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados? Sí
El despacho rechaza la reforma a la demanda presentada por la Rama Judicial, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados, quienes son los herederos determinados e indeterminados de un demandado que falleció antes de ser vinculado al proceso. La reforma pretendía incluir a estos herederos como demandados y formular una nueva pretensión de condena en su contra, pero al no haberse cumplido los plazos procesales, la caducidad impide su admisión. Además, la entidad demandante solicitó la adición de hechos y documentos relacionados con la pretensión de condena, la cual también fue rechazada. Este fallo reitera la jurisprudencia sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para la inclusión de nuevos demandados y la reforma de la demanda, lo que implica que las partes deben actuar con diligencia y oportunidad en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…
¿La posibilidad de dirigir la demanda contra los herederos procede cuando quien debió ser demandado falleció antes de ser vinculado al proceso?
¿La reforma de la demanda puede referirse a las partes, las pretensiones, los hechos o las pruebas?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 13001233100020100028001
ACCION CONTRACTUAL
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?
¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?
¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020110129701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:
¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?
¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?
¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Consejo de Estado
Providencia
La sentencia de primera instancia será confirmada
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130158301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:
¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?
¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?
¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Fiduprevisora entregó los subsidios remanentes a Fonvivienda en diferentes fechas
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 17001233300020180029101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?
¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?
¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
Consejo de Estado
Providencia
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020210035901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?
¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?
¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El cargo de la apelación resulta infundado
Sentencia — Sentencia
2023-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 50001233100020070115101
ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?
¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?
¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se configuró la causal de anulación de 2012 de decisión infra petita
Sentencia — Sentencia
2022-11-28
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020220011800
RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?
¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?
¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020150016601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:
¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?
¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?
¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde estudiar la consecuencia jurídica de que una entidad con régimen excepcional ejerza una facultad unilateral sin habilitación contractual.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2026-02-27
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 41001233300020150065302
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Correspondía estudiar y determinar la consecuencia jurídica de que una entidad estatal con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejerza una facultad unilateral sin estar habilitada contractualmente para hacerlo? Sí
La entidad estatal con régimen contractual excepcional infringe la buena fe contractual cuando ejerce facultades unilaterales sin estar habilitada expresamente en el texto del contrato. En esta aclaración de voto emitida dentro de un proceso judicial de controversias contractuales, se destaca con claridad que el análisis que corresponde realizar al juez debe centrarse en determinar la consecuencia jurídica específica de dicha actuación y la falta de estipulación habilitante para declarar el incumplimiento o hacer efectiva la cláusula penal, en lugar de evaluar la forma en que se ejerció una potestad totalmente inexistente.síntesis automática
También resuelve:
¿El pago del saldo del valor del contrato dependía de que el demandante demostrara que ejecutó en debida forma sus obligaciones contractuales, lo cual no ocurrió?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: en la jurisprudencia no se ha adoptado un criterio único para definir el título de imputación daño especial
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-05-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 27001233300020140013101
LEY 1437 REPETICION
¿En la acción de repetición debe analizarse la conducta del demandado, con fundamento en las pruebas que obren en ese expediente y no en las valoraciones que se hagan en la acción ordinaria que dio lugar a la condena? Sí
En la jurisprudencia no se ha adoptado un criterio único para definir el título de imputación daño especial, que bien se lee desde la actuación del Estado, como un daño causado por este, en desarrollo de una actividad legal, también se revisa solo desde la víctima y se define como el daño que no se tiene el deber jurídico de soportar porque desborda el principio de igualdad de las cargas que todo ciudadano debe asumir. La decisión de una pretensión de reparación, con fundamento en el régimen de daño especial, puede estar apuntando a diversas consideraciones, que no por eso afirman la inexistencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor estatal.
También resuelve:
¿En el medio de control de repetición, se debe analizar la conducta del agente o exagente estatal, por lo que se debe demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 66001233300020170001001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos?
¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso?
¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?