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LA LEY 80 DE 1993

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Actos administrativos de trámite: ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de generar efectos jurídicos

25000232600020070061701 DE 2025 de 2025 2025-09-15 Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve: Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Selección abreviada

410012333000201700303011 2024-04-24 Sección Tercera
RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993,SELECCIÓN ABREVIADA – Selección abreviada,Adjudicación,REQUISITOS DE EXPERIENCIA,APORTES PARAFISCALES,DERECHO MERCANTIL,Código civil – Mes: abril – Año: 2024…
También resuelve: Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscales Según la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se demanda el acto de adjudicación con el argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable, para que se reconozca una indemnización en favor del demandante, se debe: i) acreditar un desconocimiento del pliego de condiciones y/o de la normativa aplicable, que controvierta la presunción de legalidad del acto administrativo y ii) Al respecto, las Leyes 789 de 200227 y 828 de 200328 instituyeron la obligación de las personas que funjan como proponentes de certificar o declarar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la contratación pública, lo que implica que se debe manifestar la satisfacción de tal aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 200729 exige, ya no afirmar bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de ese deber, sino demostrarlo respecto del contrato resp ectivo como requisito previo para la realización del pago de la contraprestación convenida. RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993, derecho mercantil Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección a Temas: demanda contra el acto de adjudicación: cuando se demanda el acto de adjudicación porque la of erta ganadora no era la más favorable, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del demandante era la mejor / régimen aplicable a los contratos sometidos al egcap, les aplica el derecho común, salvo lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus reformas / OBLIGACIÓN DE DECLARAR O CERTIFICAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, la entidad contratante debe verificar la veracidad de lo declarado o certificado por los proponentes
Colombia Compra Eficiente Concepto

Deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante para proceder a la ejecución del contrato.

C-620 de 2024 2024-11-19
¿En qué momento se debe suscribir el contrato cuando la causal de contratación directa está fundamentada en la urgencia manifiesta?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no establece un plazo mínimo o máximo para celebrar el contrato derivado de la declaratoria de urgencia manifiesta. Lo que sí fija la ley es un control automático a cargo de los organismos de fiscalización: según el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente de antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, deben enviarse al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal, el cual debe pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración. Si es procedente, dicho organismo solicitará la iniciación de la investigación disciplinaria y remitirá el asunto a las autoridades competentes para las demás acciones, y el uso indebido de la contratación de urgencia es causal de mala conducta. Ese control se limita a comprobar la existencia de los hechos que sustentaron la urgencia y a verificar las circunstancias que rodearon la declaratoria, que varían según cada situación.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa Artículo 43 de la ley 80 de 1993: control-finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Actividades no previstas: C-452 de 2023

C-452 de 2023 2023-11-07
¿Es posible adicionar recursos o dineros provenientes de urgencia manifiesta a un contrato que ya se esté ejecutando?
Cualquier incremento del valor inicial del contrato constituye una adición sujeta al límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales, independientemente de la causa o del nombre del acuerdo; por ello, la posibilidad de adicionar un contrato en ejecución con recursos apropiados por una urgencia manifiesta está sometida a ese límite y a los presupuestos de toda modificación. La modificación contractual es excepcional y solo procede para garantizar el interés público, cuando la causa es real y cierta y se deriva de previsiones legales, y si se modifica el objeto del contrato corresponde celebrar uno nuevo. La urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 es una causal de contratación directa para preservar la continuidad del servicio o conjurar situaciones excepcionales de calamidad, fuerza mayor o desastre; cuando se funda en calamidad o desastre exige dos actos administrativos concurrentes: la declaración previa de la situación conforme a la Ley 1523 de 2012 y la declaratoria de urgencia manifiesta.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, contratación directa / calamidad pública y desastre Calamidad pública y desastre: declaración previa Egcap: Artículo 43, finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: Esta Agencia no tiene competencia para brindar asesorías sobre casos particulares

C-171 de 2023 2023-08-22
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
No obstante, de conformidad con los argumentos normativos y jurisprudenciales realizados en el presente concepto, conviene precisar que una de las disposiciones que deben considerarse en la celebración de los convenios interadministrativos es el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual hace referencia al contenido del contrato estatal. Sobre dicha disposición debe señalarse que, si bien las Entidades Estatales sometidas al EGCAP gozan de autonomía para configurar el precio y establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, lo cierto es que deben respetar los límites establecidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se resalta el establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece un porcentaje máximo para efectuar el desembolso del valor del anticipo o del pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.
También resuelve: Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativos Noción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadores El límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
Colombia Compra Eficiente Concepto

No puede olvidarse que el servicio público responde, razón por la cual no podría ser discontinuo, pues la interrupción ocasiona problemas graves para la vida colectiva.

C-131 de 2023 2023-05-25
¿Para la declaratoria de la Urgencia Manifiesta, es requisito declarar previamente la Calamidad Pública?
Respecto a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y, especialmente, considerando lo expresado por la Contraloría General Departamento del Magdalena en la Circular 014 del 16 de septiembre de 2016 sobre el “Control de la contratación realizada bajo la figura de calamidad pública y/o urgencia manifiesta”, usted realiza las siguientes preguntas.
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, contratación directa / calamidad pública y desastre Calamidad pública y desastre: declaración previa Egcap: Artículo 43, finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: las excepciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades son igualmente taxativas

C-1285 de 2026 2026-09-21
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad para que una persona celebre un contrato de prestación de servicios con una alcaldía municipal cuando su cónyuge ejerce como secretario de despacho, aunque este no intervenga en la contratación ni en la supervisión del contrato?
El contratista no puede celebrar un contrato de prestación de servicios con una alcaldía municipal cuando su cónyuge ejerce como secretario de despacho, independientemente de que este no intervenga en la contratación ni supervise el contrato, debido a que las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, impidiendo extenderlas a supuestos no previstos por la ley. El literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 prohíbe al cónyuge del servidor público de nivel directivo, como secretario de despacho, participar en licitaciones y celebrar contratos con la entidad respectiva, configurándose objetivamente por la concurrencia del vínculo y la condición del servidor, sin necesidad de que intervenga en el proceso de contratación o supervise el contrato. Además, las excepciones a este régimen son igualmente taxativas, por lo que la categoría del municipio o la escasez de personal profesional no enervan la configuración de la causal, lo que implica que la entidad estatal debe buscar alternativas para garantizar la transparencia y la moralidad administrativa en la contratación.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: fundamento, taxatividad, interpretación restrictiva Incompatibilidad del literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: cónyuge o compañero permanente, configuración objetiva Secretarios de despacho: nivel directivo, entidad territorial, dependencias sin personería jurídica
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratación estatal

250002336000201401265021 2023-05-25 Sección Tercera
ARTÍCULO 45 DE LA LEY 80 DE 1993,ARTÍCULO 87 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,ARTÍCULO 141 CPACA –…
También resuelve: Artículo 45 de la ley 80 de 1993: definición Artículo 87 de las controversias contractuales: definición, nulidad Artículo 141 del cpaca: disposición, nulidad y restablecimiento del derecho
Colombia Compra Eficiente Concepto

Y es que en los convenios interadministrativos las entidades cooperan entre sí, no se prestan servicios ni se ofrecen bienes a cambio de una remuneración y, los recursos comprometidos a través de los convenios interadministrativos no pueden constituir un pago, sino un aporte para lograr el cometido común.

C-236 de 2023 2023-07-05
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
Sin embargo, en línea con las precisiones normativas y jurisprudenciales previamente realizadas, conviene efectuar algunas precisiones para responder la consulta objeto de análisis. En primer lugar, aun cuando los convenios interadministrativos pueden suponer el compromiso de recursos públicos y, por tanto, la realización de aportes financieros, esta circunstancia, por sí sola, no admite la posibilidad de que en este tipo de relaciones jurídicas exista una remuneración en favor de uno de los co-contratantes y a cargo de otro y otros.
También resuelve: Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativos Noción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadores El límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
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La incompatibilidad del literal c) se configura cuando el servidor con quien existe el vínculo ejerce el cargo de nivel directivo es miembro de la junta o consejo directivo, o desempeña funciones de control interno o de control fiscal en la entidad con la cual se pretende contratar.

C-1257 de 2026 2026-09-15
¿Cuál es el alcance de la expresión “la entidad respectiva” contenida en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y, en particular, de la incompatibilidad prevista en su literal c)?
El contratista no puede participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva si es cónyuge o compañero permanente de un servidor público de niveles directivo, asesor o ejecutivo, de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o fiscal en dicha entidad, lo cual implica que la causal exige que el servidor con quien existe el vínculo ejerza el cargo o la función en la entidad con la cual se pretende contratar. La expresión “la entidad respectiva” se refiere exclusivamente a la persona jurídica estatal que comparece como parte en el contrato y manifiesta el consentimiento contractual por conducto de su representante legal, sin que pueda extenderse a otras entidades públicas con personería jurídica propia pertenecientes al mismo sector administrativo, lo que implica que la interpretación de las incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 debe ser estricta y no admite extensión por analogía entre entidades públicas con personalidad jurídica independiente.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: fundamento, taxatividad, interpretación restrictiva Incompatibilidad del literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: cónyuge o compañero permanente, servidores de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, control interno o fiscal La entidad respectiva: alcance, entidad estatal contratante, personería jurídica
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Selección abreviada

410012333000201700303011 2024-05-18
Régimen jurídico mixto aplicable a los contratos estatales -conformado por el EGCAP y sus reformas, el derecho mercantil y el Código Civil-, el legislador quiso que esos negocios jurídicos estuvieran regidos por las disposiciones de derecho común, salvo en lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus normas posteriores. Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que la obligación de certificar el pago de aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los procesos de selección no se limita a que el proponente aporte tal declaración, sino que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente tal declaración.
También resuelve: Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscales Régimen jurídico mixto aplicables a la ley 80 de 1993: derecho mercantil, Código Civil, aportes parafiscales
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Ruptura del equilibrio contractual

41001233300020140000401 de 2024 2025-01-08 Rad. 41001233300020140000401
A contrario sensu, el incumplimiento contractual tiene una génesis antijurídica por un proceder contrario a las obligaciones del contrato de una de las partes causando daño a la otra que no está en la obligación de soportarlo, y, en consecuencia, el contratante cumplido podrá exigir el resarcimiento de los perjuicios causados. Por otra parte, es de anotar que, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 contempla como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio contractual el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratantes, se reitera, que en esencia las dos figuras se diferencian, tanto por el origen de los fenómenos que las produce, así como por las consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro evento.
También resuelve: Ruptura del equilibrio contractual
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: el resultado obtenido constituirá el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato

C-392 de 2024 2024-09-04
¿Cuál es alcance del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 respecto a las adiciones por más del 50% del valor inicial del contrato?
El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe adicionar los contratos en más del cincuenta por ciento de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales, trae implícita una autorización para adicionarlos sin superar ese tope y aplica a todos los contratos estatales regidos por el Estatuto General de Contratación, incluidos los contratos interadministrativos, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual o del sistema de precios pactado. La excepción son los contratos de interventoría, pues el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 permite prorrogarlos por el mismo plazo del contrato vigilado y ajustar su valor sin que resulte aplicable dicho límite. Para calcular el tope, debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la suscripción del contrato y luego dividirlo por dos, lo que arroja el número de salarios mínimos por los cuales puede adicionarse. Lo ideal es que cada adición se estime en salarios mínimos vigentes al momento de efectuarla y se descuente de los que restan por adicionar, pues las modificaciones pueden realizarse en distintos años.síntesis automática
También resuelve: El límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance Adición: prohibición, monto, cálculo, parágrafo artículo 40
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Concepto indeterminado «INMEDIATAMENTE»: C-357 de 2020

C-357 de 2020 2020-07-07
¿Según lo estipulado en el artículo [43 de la Ley 80 de 1993] cuando se menciona INMEDIATAMENTE, cual sería el plazo máximo para enviar la documentación al ente de control en este caso la Contraloría General de la Nación?
Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados y, en el caso de la expresión «inmediatamente», consagrada en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, el legislador utilizó un CJI. Esto significa varias cosas, entre ellas, que no es posible fijar un «plazo máximo para enviar la documentación» y que dicho término debe ser fijado por los operadores jurídicos en cada caso.
También resuelve: Covid-19: estado de emergencia económica, social y ecológica, aislamiento preventivo obligatorio, Decreto 440 de 2020, Decreto 491 de 2020 Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa Artículo 43 de la ley 80 de 1993: finalidad, contenido, escenarios en los que se proyecta
Colombia Compra Eficiente Concepto

La inhabilidad del literal d) se aplica a todos los contratos estatales, de modo que la distinción entre el desempeño de un cargo público y la ejecución de un contrato de prestación de servicios, relevante para las inhabilidades del régimen de empleo, no excluye su aplicación.

C-1494 de 2026 2026-10-28
¿Aunque a la persona condenada se le haya concedido la suspensión condicional de la ejecución de la pena, subsiste durante el período de prueba la inhabilidad para contratar prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y qué debe verificar la entidad estatal antes de celebrar con ella un contrato de prestación de servicios?
El contratista condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por sentencia judicial queda inhabilitado para participar en procesos de selección y celebrar contratos estatales, incluidos los de prestación de servicios, durante cinco años contados desde la ejecutoria de la sentencia, independientemente de que la pena principal haya sido suspendida condicionalmente. La entidad estatal debe verificar la sentencia y su ejecutoria, consultar certificados de antecedentes judiciales y de la Procuraduría, y exigir la declaración del contratista sobre la inexistencia de inhabilidades, para abstenerse de contratar en caso de concurrencia de la inhabilidad, decisión que debe motivarse y constar en los documentos del proceso.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidad del literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: condena a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, supuesto, aplicación a todos los contratos estatales, contratos de prestación de servicios Inhabilidad del literal d): duración, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena, término legal autónomo frente a la duración y a la ejecución de la pena accesoria Suspensión condicional de la ejecución de la pena: Artículo 63 del Código Penal, alcance frente a las penas accesorias, competencia del juez penal, no afecta el supuesto de la inhabilidad para contratar
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Caducidad de la acción: sobre este punto es necesario hacer una precisión

76001233100020100188102 de 2026 2026-05-31 Sección Tercera Rad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve: Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipso Acción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensiones Contrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato estatal

25000232600020050211702 de 2025 2025-07-07 Rad. 25000232600020050211702
Como se anotó, en el Acuerdo N°4 de 2004 se precisó que la invitación pública allí ordenada se regularía por la Ley 80 de 1993. Se desprendía de tal disposición que los contratos no correspondientes al giro ordinario de las actividades propias de las entidades financieras de carácter estatal, entre éstas, las fiduciarias, se regulaban por el EGCAP. Siguiendo esa misma línea, el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 enseña que “son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas”, y que los mismos “deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión ‘ver la opinión adjunta’ u otra similar”.
También resuelve: Contrato estatal: caducidad del medio de control, actos precontractuales, término, vía judicial Invitación pública: régimen jurídico, ley 80 de 1993, Artículo 32 parágrafo 1°, regulación por el “egcap” Estados financieros: estados financieros certificados, estados financieros dictaminados, distinción, Artículo 33 del decreto 2649 de 1993
Colombia Compra Eficiente Concepto

En otros términos, so pretexto de una cesión contractual no pueden vulnerarse las reglas y principios de la contratación estatal, ni puede la figura emplearse como instrumento para desviar las obligaciones que tiene la entidad en materia de selección objetiva.

C-1100 de 2026 2026-08-31
¿Puede una causal de incompatibilidad de las previstas en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 sobrevenir con posterioridad a la celebración del contrato, pese a que su enunciado alude a participar en procesos de selección y a celebrar contratos estatales?
El contratista no puede celebrar contratos estatales ni participar en procesos de selección si surge una causal de incompatibilidad prevista en el numeral 2, literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, incluso si dicha causal se presenta después de la celebración del contrato, ya que la norma establece que el contratista debe ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, en su defecto, renunciar a su ejecución. Esta interpretación se basa en la necesidad de mantener el carácter objetivo de las causales de incompatibilidad y en la interpretación sistemática del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que regula las consecuencias de las incompatibilidades sobrevinientes. La cesión del contrato debe cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la capacidad técnica y financiera del cesionario y el respeto a los principios de transparencia y selección objetiva.síntesis automática
También resuelve: Incompatibilidades: Artículo 8, numeral 2, literal d), de la Ley 80 de 1993, elementos, carácter objetivo, funciones del servidor respecto del contrato Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes: Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, ámbito propio, efecto útil, interpretación sistemática Inhabilidades e incompatibilidades: causal preexistente y causal sobreviniente, regímenes diferenciados
Colombia Compra Eficiente Concepto

Los lineamientos que expida el Gobierno nacional precisarán la forma de cumplimiento del deber, pero no determinan el momento desde el cual es exigible.

C-1427 de 2026 2026-10-22
¿Es exigible el deber de las entidades estatales de consultar las listas internacionales, previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015, desde la entrada en vigencia del Decreto 0997 de 2026, o su exigibilidad está supeditada al vencimiento del plazo de seis (6) meses que el parágrafo de esa disposición otorga al Gobierno nacional?
El artículo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 0997 de 2026, establece que, para verificar la inhabilidad del literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben consultar las listas internacionales vinculantes, restrictivas, de inhabilitación o sanción de los organismos multilaterales de los que Colombia es miembro, en cuanto resulten aplicables a la comisión de prácticas prohibidas reconocidas por los instrumentos anticorrupción de los que el Estado es parte. La consulta debe quedar constancia en los documentos del proceso y debe garantizar la protección efectiva del derecho al habeas data. La norma desarrolla recomendaciones de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE. La identificación precisa de las listas y la forma de acceder a ellas corresponde a las acciones y lineamientos previstos en el parágrafo de esa disposición. En la práctica, la entidad debe documentar en el expediente cada consulta que realice a las listas internacionales, en los términos que fija la norma, antes de adjudicar el contrato.síntesis automática
También resuelve: Decreto 0997 de 2026: verificación de listas internacionales, Artículo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015, contenido del deber, constancia en los documentos del proceso Verificación de listas internacionales: listas de organismos multilaterales de los cuales colombia es miembro, instrumentos internacionales anticorrupción, listas de inhabilitación de las instituciones financieras multilaterales, lineamientos del gobierno nacional Habeas data: Ley 1581 de 2012, consulta de listas por una entidad pública en ejercicio de funciones legales, principios de finalidad, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, constancia en los documentos del proceso