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Competencia consultiva: la inhabilidad del literal d) se aplica a todos los contratos estatales
Regla de decisión
La inhabilidad del literal d) se aplica a todos los contratos estatales, de modo que la distinción entre el desempeño de un cargo público y la ejecución de un contrato de prestación de servicios, relevante para las inhabilidades del régimen de empleo, no excluye su aplicación.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por sentencia judicial queda inhabilitado para participar en procesos de selección y celebrar contratos estatales, incluidos los de prestación de servicios, durante cinco años contados desde la ejecutoria de la sentencia, independientemente de que la pena principal haya sido suspendida condicionalmente. La entidad estatal debe verificar la sentencia y su ejecutoria, consultar certificados de antecedentes judiciales y de la Procuraduría, y exigir la declaración del contratista sobre la inexistencia de inhabilidades, para abstenerse de contratar en caso de concurrencia de la inhabilidad, decisión que debe motivarse y constar en los documentos del proceso.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Aunque a la persona condenada se le haya concedido la suspensión condicional de la ejecución de la pena, subsiste durante el período de prueba la inhabilidad para contratar prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y qué debe verificar la entidad estatal antes de celebrar con ella un contrato de prestación de servicios?
Fundamentos
Ley 80 de 1993, arts. 8 y 9
Ley 190 de 1995, art. 1
Ley 599 de 2000, arts. 43, 52 y 63
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
En atención al problema jurídico planteado, se precisa que la suspensión condicional de la ejecución de la pena, regulada en el artículo 63 del Código Penal, recae sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad. La misma norma dispone que el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta y que, en los casos del inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. Por consiguiente, establecer si en una sentencia determinada la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas quedó comprendida en la suspensión o debe cumplirse es una cuestión que resulta del contenido de la propia sentencia y de la interpretación que de ella hagan las autoridades penales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y no una materia sobre la cual pueda pronunciarse esta Agencia.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
Inhabilidad del literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: condena a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, supuesto, aplicación a todos los contratos estatales, contratos de prestación de servicios
Inhabilidad del literal d): duración, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena, término legal autónomo frente a la duración y a la ejecución de la pena accesoria
Suspensión condicional de la ejecución de la pena: Artículo 63 del Código Penal, alcance frente a las penas accesorias, competencia del juez penal, no afecta el supuesto de la inhabilidad para contratar
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal, taxatividad, interpretación restrictiva, distinción frente a las inhabilidades para desempeñar cargos públicos
Verificación de inhabilidades: sentencia y constancia de ejecutoria, certificados de antecedentes, declaración del contratista, constancia en los documentos del proceso
Alcance frente a las penas accesoriasAplicación a todos los contratos estatalesArtículo 63 del Código PenalAsuntos de competencia del juez penal y del Departamento Administrativo de la Función PúblicaCertificados de antecedentesCinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la penaCompetencia del juez penalCondena a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicasConstancia en los Documentos del ProcesoContratos de prestación de serviciosDecisión motivadaDeclaración del contratistaDistinción frente a las inhabilidades para desempeñar cargos públicosDuraciónInterpretación de normas generalesInterpretación restrictivaNo afecta el supuesto de la inhabilidad para contratarReserva legalSentencia y constancia de ejecutoriaSituaciones particularesSupuestoTaxatividadTérmino legal autónomo frente a la duración y a la ejecución de la pena accesoria
Guías del tema
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INHABILIDAD DEL LITERAL D) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993 ‒ Condena a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas ‒ Supuesto ‒ Aplicación a todos los contratos estatales ‒ Contratos de prestación de servicios
El literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 inhabilita para participar en procesos de selección y para celebrar contratos con las entidades estatales a quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y a quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. El supuesto de la causal es la condena impuesta en la sentencia, y la inhabilidad se predica de todos los contratos estatales, incluidos los de prestación de servicios, sin que su aplicación dependa de que el objeto contractual implique el ejercicio de funciones públicas.
INHABILIDAD DEL LITERAL D) ‒ Duración ‒ Cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena ‒ Término legal autónomo frente a la duración y a la ejecución de la pena accesoria
Conforme al inciso final del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la inhabilidad del literal d) se extiende por un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que impuso la pena. Ese término lo fija la ley de manera autónoma: no coincide con la duración de la pena accesoria ni depende de que esta se ejecute, se suspenda o se extinga. La inhabilidad para contratar no es una pena adicional sino una restricción a la capacidad para contratar con el Estado, fundada en los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia de la contratación, como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 1996.
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA ‒ Artículo 63 del Código Penal ‒ Alcance frente a las penas accesorias ‒ Competencia del juez penal ‒ No afecta el supuesto de la inhabilidad para contratar
La suspensión condicional de la ejecución de la pena del artículo 63 del Código Penal recae sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad; la misma norma faculta al juez para exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta y lo obliga a exigirlo en los casos del inciso final del artículo 122 de la Constitución Política. Determinar si, en una sentencia determinada, la pena accesoria quedó suspendida o debe cumplirse es un asunto del régimen penal que corresponde al juez de conocimiento o de ejecución de penas, no a esta Agencia. En todo caso, el subrogado suspende la ejecución de la pena pero no elimina la condena, que es el supuesto de la inhabilidad del literal d), de modo que la concesión de la suspensión condicional no levanta la inhabilidad para contratar durante el período de prueba.
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ‒ Reserva legal ‒ Taxatividad ‒ Interpretación restrictiva ‒ Distinción frente a las inhabilidades para desempeñar cargos públicos
Las inhabilidades para contratar son de reserva legal, taxativas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden extenderse a supuestos no previstos ni dejar de aplicarse en los previstos. La inhabilidad para contratar del literal d) es distinta de las inhabilidades para desempeñar cargos o ejercer funciones públicas que regulan el Código Penal y el Código General Disciplinario, cuyo alcance corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública.
VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES ‒ Sentencia y constancia de ejecutoria ‒ Certificados de antecedentes ‒ Declaración del contratista ‒ Constancia en los Documentos del Proceso ‒ Decisión motivada
Para establecer si concurre la inhabilidad del literal d) y hasta cuándo se extiende, la entidad verifica la sentencia condenatoria y la constancia de su ejecutoria, de la cual se cuenta el término de cinco (5) años; consulta los certificados de antecedentes judiciales y el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, que registra las sanciones penales y las inhabilidades; y exige la manifestación del aspirante sobre la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades prevista en el artículo 1 de la Ley 190 de 1995. La decisión de abstenerse de contratar por inhabilidad debe ser motivada y constar en los Documentos del Proceso.
COMPETENCIA CONSULTIVA ‒ Interpretación de normas generales ‒ Situaciones particulares ‒ Asuntos de competencia del juez penal y del Departamento Administrativo de la Función Pública
La competencia consultiva de la Agencia se circunscribe a la interpretación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. La Agencia no define la situación jurídica de una persona determinada, no interpreta el alcance de una sentencia penal ni se pronuncia sobre las inhabilidades para el desempeño de cargos y funciones públicas, materias que corresponden al juez penal y al Departamento Administrativo de la Función Pública, respectivamente.