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Concepto
La citada disposición establece un límite a su ejercicio, pues el pago anticipado o la entrega del anticipo no podrá superar el cincuenta por ciento del valor o precio del negocio jurídico celebrado por la entidad estatal.
C-455 de 2023
2023-11-27
¿Existe alguna limitante para la concesión o pacto del ANTICIPO y del PAGO ANTICIPADO respecto a alguna de las cinco modalidades de contratación existentes o respecto a la cuantía del contrato o, por el contrario, el marco legal y regulatorio vigente no contempla ninguna excepción para otorgarlos por parte de las entidades públicas contratantes?
En algunas instituciones educativas suele acontecer que debido al régimen especial de contratación que las rige establecido hasta un máximo de 20 s.m.m.v., dichas instituciones suscriben al amparo de dicho régimen, contratos, órdenes de compra o de servicio a lo largo de la vigencia, pero se ha detectado que teniendo en cuenta el precepto de la debida planeación del gasto, están incurriendo en un presunto fraccionamiento de contratos pues al no proyectar ni seguir estrictamente una planeación periódica (plan de compras anual) o, inclusive, teniendo formalizado este mecanismo de planeación, terminan suscribiendo contratos, órdenes de compra o de servicios con el mismo o similar objeto contractual en repetidas ocasiones en el transcurso de un mismo año.
También resuelve:
Instituciones educativas oficiales: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, contratación, umbral
Pago anticipado y/o anticipo: régimen legal, facultad, pacto, límites
Fraccionamiento del contrato: prohibición, demostración, desviación o abuso del poder, modalidades de selección
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Concepto
Fraccionamiento del contrato: C-859 de 2026
C-859 de 2026
2026-07-02
¿Está permitido el fraccionamiento contractual en el ordenamiento jurídico colombiano?
El fraccionamiento contractual consiste en dividir artificialmente la unidad natural de un objeto contractual para evitar procedimientos de contratación pública o eludir límites de cuantía. Según el concepto, esta práctica es improcedente porque contraría los principios de transparencia, economía, planeación y selección objetiva que orientan la contratación estatal, aunque el fenómeno no esté prohibido de manera expresa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La jurisprudencia exige dos elementos para configurarlo: una separación artificial de un mismo objeto contractual y que esa separación tenga como objetivo evitar procedimientos de convocatoria pública y de selección objetiva. Estos elementos deben ser constatados por la autoridad judicial competente. Cuando se configura, el fraccionamiento indebido puede dar lugar a la nulidad absoluta del contrato, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993, así como a las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales o patrimoniales que correspondan. En consecuencia, no es jurídicamente admisible dividir un objeto contractual unitario para modificar las condiciones del proceso de selección o evadir los procedimientos previstos por la ley.síntesis automática
También resuelve:
Fraccionamiento del contrato: consecuencias
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Concepto
Convenio solidario: C-971 de 2022
C-971 de 2022
2023-02-28
¿Una entidad territorial en una misma vigencia puede suscribir varios convenios de asociación con Organismos de Acción Comunal por montos que no superen la cuantía?
Lo anterior considerando, fraccionamiento de contratos, desplazamiento de las demás modalidades de contratación y principios de la contratación. Sobre su pregunta, el artículo 95 estudiado amplió la cuantía permitida para estos convenios solidarios y, ahora, permite su celebración hasta por la menor cuantía, y no solo por la mínima cuantía, tal como lo preveía el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
También resuelve:
Convenios solidarios: marco normativo, marco normativo / ley 136 de 1994, convenios solidarios, ámbito de aplicación
Ley 136 de 1994: convenios solidarios, ámbito de aplicación, organismos de acción comunal
Convenio solidario: ley 2166 de 2021, modificación límite de la cuantía
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Concepto
Fraccionamiento del contrato: C-122 de 2024
C-122 de 2024
2024-08-01
¿Está permitido el fraccionamiento contractual en el ordenamiento jurídico colombiano?
El fraccionamiento contractual, práctica mediante la cual se dividen contratos para evitar procedimientos de contratación pública o eludir límites normativos, es ilegal en Colombia por contrariar los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y fraccionar la unidad natural de un objeto contractual para evadir una cuantía que implicaría un proceso de selección diferente tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. Según la jurisprudencia, solo hay fraccionamiento cuando concurren una separación artificial de un mismo objeto contractual y el propósito de evitar procedimientos de convocatoria pública y de selección objetiva, elementos que debe constatar la autoridad judicial competente para declarar la eventual nulidad. Aunque la Ley 80 de 1993 no lo prohíbe expresamente, el Consejo de Estado ha sostenido que la prohibición se deriva de sus pautas, reglas y principios, como el numeral 8 del artículo 24, que impide a las autoridades actuar con desviación o abuso de poder y eludir los procedimientos de selección objetiva.síntesis automática
También resuelve:
Fraccionamiento del contrato: prohibición, demostración, desviación o abuso del poder, modalidades de selección
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Concepto
Adición: C-030 de 2023
C-030 de 2023
2023-03-23
¿Cuándo se celebra un contrato invocando la modalidad de selección mínima cuantía puede adicionarse hasta en un 50% de su valor inicial aun superando el monto de la cuantía que determinó la modalidad de selección aplicada?
Por ejemplo, la mínima cuantía de la Entidad es hasta $100.000.000, se celebra el contrato por $90.000.000 y luego se adiciona en 45.000.000, De acuerdo a lo expuesto en las consideraciones del presente concepto, no existe restricción legal en referencia a la adición de contratos más allá de la contenida en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, en el sentido que la restricción establecida por el legislador en materia de adiciones a los contratos estatales es que esta no supere el 50% del valor inicial mismo, expresado dicho valor en términos de SMMLV.
También resuelve:
Decreto 1860 de 2021: normas reglamentarias, mínima cuantía
Principios de la contratacion estatal: principio de economía, deber de planeación
Fraccionamiento del contrato: prohibición, demostración, desviación o abuso del poder, modalidades de selección
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Concepto
El artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, dispuso que el PAA deberá actualizarse “por lo menos una vez durante su vigencia”.
C-663 de 2026
2026-06-04
¿Puede una Entidad Estatal celebrar convenios interadministrativos con el mismo objeto sin generar fraccionamiento del contrato?
Varios convenios interadministrativos con el mismo objeto configuran fraccionamiento solo cuando existe una separación artificial de un mismo objeto contractual cuyo fin es evitar los procedimientos de convocatoria pública y de selección objetiva. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el fraccionamiento exige esa separación artificial y la finalidad de eludir la convocatoria pública y la selección objetiva, de modo que implica dividir las prestaciones de un único negocio jurídico en dos o más contratos. Segunda, para verificarlo debe demostrarse la unidad del objeto y establecerse qué circunstancias llevaron a la administración a celebrar varios acuerdos, pues solo así puede inferirse si la decisión obedeció a criterios razonables de interés público o si los motivos fueron simulados. Tercera, los convenios interadministrativos se celebran entre entidades públicas en pie de igualdad para cumplir competencias comunes, mediante contratación directa, y pueden comprometer recursos públicos y aportes financieros, sin que ello suponga una remuneración a cargo de uno de los suscriptores. Adicionalmente, el Plan Anual de Adquisiciones puede actualizarse cuantas veces sea necesario para ajustar cronogramas, valores, modalidades o incluir y excluir bienes, obras o servicios.síntesis automática
También resuelve:
Convenios interadministrativos: noción, características
Fraccionamiento del contrato: configuración
Plan anual de adquisiciones: reglas para actualizarlo
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Concepto
En cumplimiento del principio de planeación de la contratación pública, las entidades deben seleccionar la modalidad de contratación que corresponda al objeto contractual, independientemente del tiempo de estructuración que esto requiera porque las entidades contratantes son responsables de adelantar su contratación en tiempo y respetando el principio de anualidad y la vigencia fiscal.
C-086 de 2025
2025-02-20
¿Se encuentra permitido el fraccionamiento contractual en el ordenamiento jurídico colombiano y qué consecuencias conlleva estructurarlo?
Como primera medida, hay que indicar que el fraccionamiento contractual es una práctica mediante la cual se dividen contratos para evitar procedimientos de contratación pública o para eludir límites establecidos en la normativa. En Colombia, esta práctica es ilegal ya que va en contra de los principios fundamentales de la contratación especialmente en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Ley 1150 de 2007, y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Por ende fraccionar la unidad natural de un objeto contractual con el propósito de evadir una cuantía superior que implicaría un proceso de selección diferente, tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993.
También resuelve:
Adición: principio de planeación
Colombia Compra Eficiente
Concepto
La determinación de cuáles son los requisitos legales esenciales exige remitirse, según la naturaleza de la entidad y el régimen del contrato.
C-649 de 2026
2026-06-05
¿Es jurídicamente viable que las instituciones educativas públicas sometidas al régimen especial celebren varios contratos independientes de mantenimiento por especialidades técnicas, o deben estructurar un único contrato que integre todas las actividades, y en qué casos podría configurarse fraccionamiento contractual?
El contratista puede celebrar varios contratos independientes de mantenimiento por especialidades técnicas en instituciones educativas públicas sometidas al régimen especial, siempre y cuando la cuantía de cada contrato no supere los veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes y el reglamento interno del Consejo Directivo lo permita, ya que en estos casos la contratación se rige por las normas internas y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, si la cuantía supera este límite, la contratación debe realizarse conforme a la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos, evitando el fraccionamiento contractual que podría configurar un delito y anular el contrato. Esto implica que las instituciones deben definir claramente en su reglamento interno las pautas para la contratación y asegurar que no se eluda la aplicación de procedimientos más rigurosos al dividir contratos para evitarlos.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: Consejo Directivo, reglamento
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales: tipo penal en blanco, integración normativa
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Concepto
La determinación de cuáles son los requisitos legales esenciales exige remitirse, según la naturaleza de la entidad y el régimen del contrato.
C-1851 de 2025
2026-01-26
¿El fraccionamiento contractual realizado en el marco de la gestión contractual de entidades de régimen especial–como las Empresas Sociales del Estado (ESE)– configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?
El artículo 410 del Código Penal establece el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual se configura cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, tramita, celebra o liquida un contrato con preterición de los requisitos legales esenciales. Los verbos rectores del tipo incorporan un elemento normativo cualificado, en tanto la tipicidad de la conducta no se predica del incumplimiento de cualquier exigencia formal, sino únicamente de la omisión de aquellos requisitos que resultan determinantes para la válida formación del negocio jurídico.
También resuelve:
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales: tipo penal en blanco, integración normativa
Empresas sociales del estado: naturaleza, régimen legal
Entidades exceptuadas: fraccionamiento, responsabilidad penal
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019990224501
ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:
¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa?
¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella?
¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020110046301
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Sí
El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
CONFIRMA
Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos
Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
2025-03-06
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION NEIVA
Rad. D 2020-15148604.
CONTRATO ESTATAL- Fraccionamiento del contrato implícitamente contrario a los principios de transparencia y selección objetiva para evitar la licitación pública De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás.
También resuelve:
Auto de archivo: La conducta de fraccionamiento del contrato no se configuró, pues la suma de los contratos estaba dentro de la categoría de menor cuantía y atendieron a la urgencia de la flota de transportes
Conducta disciplinable: Fraccionamiento de contratos con el mismo objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular municipal
Contrato estatal: Fraccionamiento del contrato implícitamente contrario a los principios de transparencia y selección objetiva para evitar la licitación pública
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA