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Consejo de Estado
Providencia
Se admite la renuncia de poder presentada por el abogado apoderado del tercero llamado en garantía
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2024-03-20
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020052051701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se admite la renuncia de poder presentada por el abogado apoderado del tercero llamado en garantía? Sí
Por cumplir los requisitos legales previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso, aplicable por remisión, conforme lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (CCA), el Despacho ADMITE la renuncia de poder presentada por [el abogado] apoderado de [la sociedad vinculada como] tercero llamado en garantía, en el proceso de la referencia.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2024-07-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020170000100
LEY 1437 REPETICION
¿Los dependientes judiciales requieren de auto que los reconozca, para poder revisar los expedientes en los que tenga la representación judicial el apoderado que los designe para ello? No
El Despacho establece que los dependientes judiciales no necesitan de un auto que los reconozca para poder revisar los expedientes en los que tenga la representación judicial el apoderado que los designe, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 27 del Decreto 196 de 1971 y 123 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y permite que los dependientes judiciales, designados por un apoderado, puedan acceder a los expedientes judiciales sin la necesidad de un acto administrativo adicional, facilitando así el ejercicio de la representación judicial y el acceso a la información procesal.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer solicitud de desistimiento del recurso de apelación
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre desistimiento de un recurso
2024-08-09
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 85001233300020220010701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer solicitud de desistimiento del recurso de apelación? Sí
En los términos del artículo 150 del CPACA, esta Corporación conoce en segunda instancia de las apelaciones de autos susceptibles de ese medio de impugnación proferidos por los tribunales administrativos. A su vez, según el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, el magistrado sustanciador es funcionalmente competente para pronunciarse respecto de la solicitud de desistimiento formulada en el presente asunto, en cuanto no se enmarca en los casos previstos en los que debe ser proferida por la Sala.
También resuelve:
¿Se cumplen los requisitos para la aceptación del desistimiento del recurso de apelación presentada por la apoderada del Departamento de Casanare?
¿Procede la condena en costas en segunda instancia por la aceptación del desistimiento del recurso de apelación?
ACEPTA
Consejo de Estado
Providencia
El incidente de regulación de honorarios no se contrae a declarar la existencia del vínculo jurídico
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2024-05-21
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001333300020130157701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la ausencia de prueba que respalde las condiciones en las que se pactó el contrato de prestación de servicios, debe negarse el incidente de regulación de honorarios del abogado por falta de parámetros para tasar su liquidación? Sí
Cuando la solicitud de regulación de honorarios de un abogado no adjunta el contrato de prestación de servicios ni un acuerdo de voluntades que permita tasar los honorarios causados, el incidente no puede resolverse porque no se satisface la carga probatoria mínima. La regla se sostiene en tres razones: el monto de los honorarios se calcula con base en el respectivo contrato, conforme al artículo 76 del Código General del Proceso; las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 de ese código y el artículo 1757 del Código Civil; y la falta de prueba del contrato no equivale a negar su existencia, sino a impedir determinar el monto. En el caso, el incidente no aportó los documentos necesarios, por lo que se confirmó el auto que lo rechazó. El documento cita precedente sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el abogado que pide la regulación de honorarios debe aportar el contrato o el acuerdo que sirva para tasarlos.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de reposición deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto recurrido?
¿Para la determinación del monto de los honorarios del abogado a quien se le ha revocado el poder, el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en el CGP para la fijación…
¿El abogado cuenta con otros medios judiciales para solicitar el pago de sus honorarios?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
En los correos se indica de forma general que las facturas pendientes de pago corresponden a servicios prestados en 2013
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020160159201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:
¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?
¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?
¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente
Sentencia — Sentencia
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020050552702
ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:
¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…
¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?
¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa
Sentencia — Sentencia
2021-10-08
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020060077901
ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables?
¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona?
¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020090015501
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?
¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?
¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA