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¿En concepto de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, cuando una Entidad Estatal, de las definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, celebra un contrato interadministrativo de prestación de servicios de los que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del sector Planeación Nacional…
Considerando que no es posible interpretar unilateralmente los contratos interadministrativos, salvo que exista algún acuerdo entre las partes sobre el alcance de las cláusulas que lo componen, corresponde al juez del contrato resolver cualquier controversia sobre la interpretación de sus estipulaciones. Como explica la doctrina, «Interpretar un acto jurídico es averiguar el verdadero sentido y el alcance de sus estipulaciones. Quienes tiene que pronunciarse sobre un acto jurídico, especialmente los jueces llamados a aplicarlo, tienen que comenzar por entenderlo rectamente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, imprecisión, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por los agentes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones entre dichas cláusulas.
También resuelve:Poderes o cláusulas exorbitantes: interpretación unilateral del contratoClausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativosInterpretación del contrato: reglas, interpretación auténtica, judicial y doctrinal
¿En los contratos interadministrativos si aplican los supuestos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011?
Sin perjuicio de la equiparación entre contratos y convenios para efectos de la Ley de Garantías, la distinción entre ambas figuras es jurídicamente relevante respecto al ejercicio de la potestad sancionatoria del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 –conforme a la explicación del Concepto C-585 del 15 de octubre de 2021– no es posible imponer unilateralmente las multas y la cláusula penal pecuniaria.
También resuelve:Poderes o cláusulas exorbitantes: contratos o convenios interadministrativos, relación de coordinación, relación de subordinaciónClausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativos
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿Es procedente decretar la nulidad de los actos administrativos contractuales que liquidaron unilateralmente los contratos suscritos con el municipio de La Dorada para la administración de los recursos y prestación de los servicios de seguridad social en salud? Sí
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos contractuales que liquidaron unilateralmente los contratos suscritos con la entidad estatal para la administración de los recursos y prestación de los servicios de seguridad social en salud, siempre que la liquidación se realice conforme a las normas jurídicas aplicables y el contratista no demuestre que los descuentos realizados por incumplimiento de la obligación de carnetización sean infundados. En este caso, la entidad territorial liquidó los contratos de CAPRECOM por no cumplir con el deber de carnetizar a los afiliados en los plazos establecidos, y la demandante no probó que hubiera cumplido con esta obligación ni que los descuentos realizados fueran injustificados. La Sala confirmó la decisión apelada, reafirmando que la liquidación unilateral es procedente cuando se ajusta a las cláusulas del contrato y a las disposiciones legales aplicables, matizando la interpretación de que la liquidación unilateral es siempre improcedente en contratos de derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Bajo cuáles circunstancias en un contrato que se rige por el derecho privado se pueden pactar cláusulas exorbitantes propias contratación en el derecho público?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo contractual que liquida unilateralmente el contrato que…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
El parágrafo 1, del aritculo de 58 de la ley 2195 de 2022, como se debe entender y aplicar por parte de las entidades al momento de realizar el análisis y evaluación de las ofertas.
El parágrafo 1, del aritculo (sic) de 58 de la ley 2195 de 2022, como se debe entender y aplicar por parte de las entidades al momento de realizar el análisis y evaluación de las ofertas.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateral, imposición unilateral / procedimiento sancionatorio contractualProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Reducción de puntaje: multa, cláusula penal, Ley 2195 de 2022, Artículo 58
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista?¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes?¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿Cuál es el alcance de la declaratoria de caducidad del artículo 61 de la Ley 610 de 2000?
Conforme a la interpretación de las normas generales del sistema de compras públicas, la caducidad del artículo 61 de la Ley 610 de 2000 afecta únicamente el contrato con ocasión del cual se declaró la responsabilidad fiscal al contratista. Aunque sus efectos no se extienden a la totalidad de los vínculos negociales de éste con el Estado, es necesario tener en cuenta que la responsabilidad fiscal y la caducidad estructuran causales de inhabilidad –art. 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el art. 42 de la Ley 1952 de 2019, así como el lit. c) del art. 8.1 de la Ley 80 de 1993–. Como tienen carácter sobreviniente, los incisos 1 y 3 del art. 9 del EGCAP obligan ceder la posición contractual.
También resuelve:Potestades exorbitantes: definiciónCaducidad: régimen general y especialLey 610 de 2000: responsabilidad fiscal, caducidad, alcance
Competencia del consejo,Contratos estatales,Empresas de servicios públicos,Facultad de pactar – Mes: mayo – Año: 2020…
También resuelve:Controversias contractuales: empresas de servicios públicos, competencia del consejoCláusulas exorbitantes: contratos estatales, empresas de servicios públicos, facultad de pactarConsejo de estado
05001233300020220142002 de 20252025-05-22Rad. 05001233300020220142002
Aunque la celebración de los contratos por capitación comporta la ejecución de recursos públicos de naturaleza parafiscal y fiscal, así como la realización de objetivos superiores, como el de garantizar el goce efectivo de un derecho fundamental, el legislador sometió expresamente su régimen a las normas de contratación entre particulares y a las reglas especiales del SGSSS, ninguna de las cuales otorga a las partes el derecho a liquidarlo unilateralmente, sin que la naturaleza de los recursos involucrados en el pago y el objetivo de prestar el servicio público esencial de la seguridad social en salud, que confieren un carácter especial e instrumental a este tipo de contratación, permitan justificar el desconocimiento de su régimen jurídico y la transgresión del acuerdo de voluntades que se erige como ley para las partes.
También resuelve:Cláusulas exorbitantes: facultad de convenir por las partes en el contrato, liquidación unilateral del contratoRégimen jurídico de los contratos: liquidación unilateral de los contratos por parte de la ese contratista, autonomía y libertad negocial, función administrativa, gestión fiscalContratos por capitación: ejecución de recursos públicos, sgsss, régimen jurídico
MATERIAL PROBATORIO,POTESTADES EXORBITANTES,NULIDAD,FALTA DE COMPETENCIA,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Copias simples,Valor probatorio,Requisitos para otorgar valor probatorio,Finalidad,Limitadas a la administración,Alcance y temporalidad,Fines del estado,Imposición de multas,Incumplimiento contractual,Declaratoria,Régimen legal,D – Mes: junio – Año: 2016…
También resuelve:Material probatorio: copias simples, valor probatorio, requisitos para otorgar valor probatorioPotestades exorbitantes: finalidad, limitadas a la administración, alcance y temporalidad, fines del estadoNulidad: acto administrativo, causales de procedencia, fundamento normativo, vicios
¿La facultad de terminación unilateral prevista en el inciso segundo del artículo 2056 del Código Civil para los contratos de confección de obra material corresponde a una prerrogativa exorbitante, excepcional o derogatoria del derecho común?
El contratista, al celebrar un contrato de confección de obra material con una entidad estatal sometida a la Ley 80 de 1993, tiene la facultad de terminar unilateralmente el contrato de conformidad con el inciso segundo del artículo 2056 del Código Civil, ya que esta disposición es considerada una prerrogativa exorbitante y derogatoria del derecho común, reservada a los contratos autorizados por la ley. Esta facultad no aparece explícitamente en el Estatuto General de Contratación, pero se aplica tanto en contratación estatal como en contratos privados, siempre que no se extienda por analogía a contratos de otra naturaleza. La entidad contratante debe valorar circunstancias extremas en cada caso concreto para ejercer esta facultad, evitando situaciones que no sean producto de la falta de planeación o la intención de fraccionar la ejecución del negocio, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual sin que Colombia Compra Eficiente pueda validar sus actuaciones.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen mixto, derecho público, derecho privadoContrato de obra pública: concepto, sentido amplio y restringidoPotestades exorbitantes: definición
Decaimiento del acto administrativo,Nocion,Interpretación de demanda – Mes: junio – Año: 2013…
También resuelve:Liquidación unilateral: decaimiento del acto administrativoPerjuicio moral en materia contractual: nociónCaducidad del contrato estatal: efectos
CONTRATACIÓN ESTATAL,ESTATUTO CONTRACTUAL,PODERES EXORBITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN,CADUCIDAD DEL CONTRATO,ELEMENTOS DEL CONTRATO,CONTRATO DE SUMINISTRO – Régimen normativo aplicable,Corte constitucional,Naturaleza,Ejercicio,Potestad exorbitante,Contratación pública – Mes: febrero – Año: 2011…
¿Es jurídicamente procedente pactar cláusulas excepcionales en contratos de concesión o en contratos para la prestación de servicios públicos cuando estos tienen la naturaleza de contratos o convenios interadministrativos celebrados entre entidades estatales?
El contratista no puede incluir cláusulas excepcionales en contratos de concesión o en contratos para la prestación de servicios públicos cuando estos tienen la naturaleza de contratos interadministrativos entre entidades estatales, ya que el artículo 14 parágrafo de la Ley 80 de 1993 establece que en estos casos se debe prescindir de la utilización de cláusulas excepcionales, considerándose ineficaces de pleno derecho si son incluidas. Esta regla implica que las facultades excepcionales de terminación unilateral, interpretación unilateral, modificación unilateral, sometimiento a las leyes nacionales, caducidad y reversión no son aplicables en contratos interadministrativos, lo que limita significativamente la capacidad de las entidades estatales para imponer unilateralmente condiciones en estos acuerdos.síntesis automática
También resuelve:Contratos y convenios interadministrativos: definición, sujetos, entidades estatalesCláusulas exorbitantes: noción, alcanceClaúsulas exorbitantes: contratos interadministrativos, Ley 80 de 1993 artículo 14 parágrafo
El carácter interadministrativo de un contrato o convenio depende del criterio orgánico, es decir, de que las partes sean entidades estatales o personas jurídicas de derecho público, y no de la modalidad de selección utilizada para celebrarlo. Según el concepto, el contrato o convenio interadministrativo es el acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público para cumplir, dentro de sus objetivos misionales y competencias, los fines del Estado. Para que exista, debe haber acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y debe constar por escrito. En cuanto a la selección, la Ley 1150 de 2007 permite celebrar estos negocios de manera directa cuando las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, pero esa facultad tiene excepciones. Cuando la ejecutora es una institución de educación superior pública, una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, una persona jurídica sin ánimo de lucro conformada por entidades públicas o una federación de entidades territoriales, no pueden celebrarse contratos interadministrativos de manera directa. En consecuencia, la modalidad de selección puede variar, pero no la naturaleza interadministrativa del negocio.síntesis automática
También resuelve:Contrato o convenio interadministrativo: noción, normativa, criterio orgánico, elementosContratos interadministrativos: modalidad de selecciónContratos y convenios interadministrativos: carácter interadministrativo