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¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista y la entidad estatal, al celebrar un convenio interadministrativo, no se rigen automáticamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se caracterizan por la unión de esfuerzos entre entidades públicas con el objetivo de satisfacer una finalidad común, como la promoción de la integración social y comunitaria. La regla se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que prevé la autorregulación de estos convenios por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. Esta decisión reitera y confirma precedentes judiciales que establecen que los convenios interadministrativos no son contratos en el sentido estricto, sino acuerdos de colaboración que buscan el interés común sin contraposición de intereses entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior y el municipio de Gualmatán…¿El Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades?¿La demanda de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿Están obligadas las entidades de régimen especial, que prestan servicios de prestación de servicios de acueductos y alcantarillados… a utilizar documentos tipo, cuando requieran contratar obras de construcción de acueductos o alcantarillados sanitarios / pluviales?
¿Están obligadas las entidades de régimen especial, que prestan servicios de prestación de servicios de acueductos y alcantarillados… a utilizar documentos tipo, cuando requieran contratar obras de construcción de acueductos o alcantarillados sanitarios / pluviales?… .
También resuelve:Documentos tipo: alcance, alcance / pliego tipo, obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico / documentos tipo, obligatoriedad / entidades de régimen especialPliego tipo: obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básicoEntidades públicas con régimen especial: reglas aplicables
CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS,NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL,SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL,CÓDIGO DE MINAS,CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA,ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL –…
¿El Decreto 092 de 2017 es aplicable a todos los convenios de asociación que se pretendan realizar?
En en el ordenamiento jurídico vigente se regulan, al menos, cinco tipos de convenios diferentes: i) los convenios o contratos interadministrativos, regulados por regla general en el EGCAP; ii) los convenios de interés público que regulan los artículos 2 a 4 del Decreto 092 de 2017; iii) los convenios de asociación entre entidades públicas, referidos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998; iv) los convenios de asociación a los que se refieren los artículos 355 de la Constitución Política, 96 de la Ley 489 de 1998 y 5 del Decreto 092 del año 2017; y iv) convenios cuya suscripción es autorizada por una legislación especial.
También resuelve:Contrato interadministrativo: concepto, régimen jurídico, régimen jurídico / asociación de entidades públicas, nociónAsociación de entidades públicas: noción, régimen jurídico, sentencia c-671 de 1999Contratación con esal: contrato de colaboración, objeto, alcance
¿Es posible celebrar un convenio interadministrativo con una asociación de instituciones de educación superior, que tenga por objeto la gerencia de un proyecto específico?
En sentido estricto, solo es posible jurídicamente celebrar un convenio interadministrativo con una «asociación de instituciones de educación superior», si en virtud de esta se conforma una persona jurídica distinta y autónoma respecto a las universidades que se asocian. Como la persona jurídica creada sería una entidad descentralizada por servicios indirecta, que se integra a la rama ejecutiva del poder público –según lo prevé el literal g), numeral 2, del artículo 38 de la Ley 489 de 1998–, tiene naturaleza pública y, por tanto, el contrato que celebra con otra entidad estatal sería un contrato interadministrativo, atendiendo al criterio orgánico.
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76001233100020100188102 de 20262026-05-31Sección TerceraRad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipsoAcción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensionesContrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
¿Cuál es la diferencia entre las asociaciones de municipios y las asociaciones de entidades públicas?
Las asociaciones de entidades públicas, previstas en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, permiten a las entidades públicas cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios a su cargo mediante convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de modo que pueden dar lugar o no a una nueva persona jurídica. Las asociaciones de municipios, reguladas en los artículos 148 y 149 de la Ley 136 de 1994, son entidades administrativas de derecho público con personería jurídica y patrimonio propio, constituidas por dos o más municipios para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas. Las asociaciones de entidades territoriales, incluidas las de municipios, no pueden ser contratadas mediante contratación directa, ni siquiera por la causal de contratos interadministrativos, porque el artículo 10 de la Ley 1150 de 2007 exige que participen en igualdad de condiciones con los particulares. No obstante, conforme al parágrafo del artículo 17 de la Ley 1454 de 2011, pueden celebrar convenios interadministrativos con otras entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:Asociación de entidades públicas: noción, régimen jurídicoAsociación de municipios: noción, naturaleza jurídica, prohibición de contratación directaContrato interadministrativo: concepto, régimen jurídico
05001233300020140070301 de 20252025-09-29Rad. 05001233300020140070301
El liquidador de una entidad pública, al terminar unilateralmente contratos durante el proceso de liquidación, emite un acto administrativo que no tiene naturaleza contractual, ya que se basa en facultades legales y reglamentarias y no en la potestad negocial de la entidad. Esta actuación se inscribe en el ejercicio del ius imperii del Estado y no en el ámbito contractual, por lo que el medio de control adecuado para impugnar estos actos es el de nulidad y restablecimiento del derecho, no el de controversias contractuales. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente, aclarando que la terminación de contratos por parte del liquidador es una obligación inherente al procedimiento de liquidación y no una mera consecuencia de la ausencia de pactos contractuales que permitan tal terminación unilateral.síntesis automática
También resuelve:Liquidación de las entidades públicas: Ley 240 de 2022, naturaleza de los actos de los liquidadoresActo de liquidación del contrato: acto administrativo, no tiene el carácter contractual, facultad de liquidar los contratos, LeyMedio de control procedente: nulidad y restablecimiento del derecho, aplicación del artículo 171 cpaca, aplicación del trámite correspondiente
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
05001-23-31-000-2003-01050-01_1943-122014-02-13Sección Segunda
ACTO FICTO NEGATIVO,ENTIDADES PÚBLICAS,EMPLEADO PÚBLICO,VINCULACIÓN,FUNCIONARIO DE HECHO – No existencia,Acto de la administración,Clases de vinculación,Personal de la administración,Derechos,regulacion,Celebración,Particulares,Entidad pública,Verdad fáctica y jurídica,Investidura irregular – Mes: febrero – Año: 2014…
¿Las acciones relativas a los contratos caducan en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? Sí
El contratista debe presentar las acciones relativas a los contratos dentro del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, según el régimen de caducidad del Código Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Ley 2304 de 1989. Esta regla no se aplica cuando el contrato sigue en ejecución a la fecha de presentación de la demanda, permitiendo al juez declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato si el objeto es ilícito, siempre que las partes contratantes hayan intervenido en el proceso para respetar el debido proceso. La Sala modifica la interpretación previa, reforzando la potestad judicial para declarar la nulidad absoluta en cualquier instancia, incluso si la controversia no giró en torno a la nulidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿La potestad de declarar la nulidad absoluta del contrato puede ejercerse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, incluso si la controversia judicial no giró en torno a la nulidad?¿Los bienes declarados monumentos nacionales son considerados bienes de interés cultural, en tanto conforman el patrimonio cultural de la Nación, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables?¿Se torna imperativa la modificación del fallo apelado, declarando oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto?
¿Pueden ser contratadas mediante contratos o convenios interadministrativos para la ejecución de obras públicas las i) asociaciones de municipios ii) las asociaciones de entidades públicas iii) las empresas de servicios públicos con participación mayoritaria del Estado y/o privada o, iv) las Sociedades por Acciones Simplificadas con participación pública mayoritaria?
En caso de que las asociaciones de municipios a las que hace referencia el artículo 149 de la Ley 136 de 1994, así como las asociaciones de entidades públicas que desarrolla el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 tengan la naturaleza jurídica de entes solidarios de carácter público, deberán someterse a las disposiciones del EGCAP, es decir, que la celebración de contratos entre entidades estatales con asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá a los procesos de selección del Estatuto General, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares, en virtud del artículo 10 de la Ley 1150 de 2007.
También resuelve:Contratos interadministrativos: procedenciaAsociaciones de municipios/entidades públicas: contrato interadministrativo de obra, restricciones a la contratación directaEmpresas de servicios públicos: régimen aplicable
¿Procede dejar sin efectos las resoluciones que adoptaron decisiones unilaterales sobre la liquidación del convenio interadministrativo, al evidenciarse que la entidad demandada no tenía facultad para proferir dichos actos? Sí
El contratista no puede adoptar unilateralmente decisiones sobre la liquidación de un convenio interadministrativo si no dispone de la facultad legal o contractual para hacerlo, y si dichas decisiones se toman después de que haya caducado la acción contractual para resolver conflictos previos, lo que implica que los actos jurídicos considerados como administrativos son inexistentes y deben dejarse sin efectos. La entidad estatal no contaba con la facultad de liquidar el convenio interadministrativo unilateralmente, ya que este no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las partes no habían establecido claramente dicha prerrogativa en el acuerdo. La Sala reitera que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por el régimen general de contratación, sino que deben autorregularse según sus propias estipulaciones, lo que implica que la liquidación de estos negocios debe seguir el régimen especial que los rige, no el general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo interadministrativo de cofinanciación suscrito entre dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones administrativas y para la prestación de servicios a su cargo…¿En los convenios interadministrativos, es posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos…¿Las resoluciones emitidas por la demandada en las que se liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo, gozan de la condición de actos administrativos?
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?