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Colombia Compra Eficiente Concepto

Egcap: sus procesos contractuales deben adelantarse bajo las reglas, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, salvo

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-09-02
Número
C-1003 de 2025

Síntesis del concepto

Egcap: sus procesos contractuales deben adelantarse bajo las reglas, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, salvo

Regla de decisión

Sus procesos contractuales deben adelantarse bajo las reglas, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, salvo que una norma especial disponga un régimen diferente.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El régimen de contratación de un establecimiento público depende de su condición de entidad estatal. La Ley 80 de 1993 rige para las entidades previstas en el literal a) del numeral 1 de su artículo 2, esto es, las entidades con personería jurídica, entre ellas los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento. Por tanto, el establecimiento público se sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades exceptuadas no quedan por completo al margen del derecho público, pues el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 les exige aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, y les impone el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. Además, el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, pues su elemento esencial es que sea celebrado por una entidad estatal, es decir, una entidad pública con capacidad legal para celebrarlo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a un establecimiento público?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 13 y 32
  • Ley 489 de 1998, art. 110
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2, 6 y 13

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

I. Atendiendo al primer problema jurídico planteado, debe precisarse que un establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP - en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, sus procesos contractuales deben adelantarse bajo las reglas previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, salvo que una norma especial disponga un régimen diferente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Ámbito de aplicación Aplicación de normas de derecho público Clases Criterio orgánico Entidades Estatales Escogencia

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Texto del documento 4.597 caracteres
EGCAP – Ámbito de aplicación – Entidades estatales De acuerdo con el inciso final del artículo 150 superior, corresponde al Congreso de la República expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, en especial, de la Administración Nacional. Esta competencia fue ejercida con la expedición de la Ley 80 de 1993, la cual rige para las entidades estatales , esto es, aquellas previstas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 2 ibidem . La norma citada define la competencia contractual en los siguientes términos: El literal a) aplica a las entidades con personería jurídica. Alude a la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. En contraste, el literal b) rige para las autoridades que carecen de personería, pero a las que el ordenamiento les otorga “capacidad” para celebrar contratos. Estas entidades son el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. De acuerdo con el artículo 352 superior, este último apartado debe armonizarse con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019. ENTIDADES EXCEPTUADAS – Aplicación de normas de derecho público […] aunque tenga una influencia limitada, las entidades del régimen exceptuado no se deslingan por completo de las normas de derecho público. Esto en la medida que el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 prescribe lo siguiente: “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”. CONTRATO ESTATAL – Criterio orgánico Sea que se trate de un negocio jurídico sometido o excluido de la Ley 80 de 1993, lo importante es que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, lo que excluye a los sujetos de derecho privado. Por ello, el Consejo de Estado explica que el “[…] elemento esencial para calificar de estatal un contrato, es que haya sido celebrado por una entidad estatal, es decir, una entidad pública con capacidad legal para celebrarlo. Dicho de otro modo, no existen contratos estatales celebrados entre particulares, ni siquiera cuando éstos han sido habilitados legalmente para el ejercicio de funciones públicas ” (Énfasis fuera de texto). MODALIDADES DE SELECCIÓN – Clases – Escogencia Ahora bien, para las entidades consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las excepciones puntales a la aplicación del EGCAP, sus procesos de selección se rigen por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esta disposición en su numeral uno, inciso primero, dispone que “La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo” (Énfasis fuera de texto), norma que sustituye el derogado numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de transparencia. En este contexto, salvo norma especial que ordene la celebración del negocio jurídico por selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía o contratación directa, debe aplicarse la regla general de licitación pública.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1003-de-2025/