Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital mixto, debe aplicar la Ley 80 de 1993?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios no quedan sujetas, como regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aun cuando tengan capital mixto. Según el concepto, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 excluye sus contratos del Estatuto, salvo lo que esa ley disponga, y el artículo 32 somete sus actos al derecho privado, de modo que sus contratos se rigen por el derecho privado, salvo que la Constitución, la Ley 142 u otra norma especial los sometan al Estatuto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, entiende que estas empresas, sean oficiales, mixtas o privadas con aportes estatales, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital. Segunda, esa calificación no depende de que la empresa sea completamente pública, por lo que el régimen contractual se define por la ley especial de servicios públicos y no por la composición del capital. La consecuencia práctica es que la empresa de servicios públicos con capital mixto aplica el derecho privado en su actividad contractual y solo acude a la Ley 80 de 1993 cuando una norma especial lo disponga.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable para una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios que también es de economía mixta con participación pública del 70%, en torno a su naturaleza jurídica?
Las empresas de servicios públicos mixtas son entidades estatales, porque pertenecen a la rama ejecutiva del poder público al estar incluidas en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, lo que implica la aplicación de reglas y principios de derecho público en su régimen jurídico. Sin embargo, en materia contractual, el inciso primero del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispone que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a que se refiere esa ley no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que la misma ley disponga otra cosa, y el artículo 32 prevé que la constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos se rigen exclusivamente por el derecho privado, salvo disposición expresa en contrario de la Constitución o de la ley. Las entidades estatales con régimen exceptuado, incluidas las empresas de servicios públicos domiciliarios, pueden expedir, en virtud de la autonomía de la voluntad, un manual de contratación que regule sus procedimientos de selección, requisitos de participación y condiciones de ejecución, y les corresponde determinar en él sus respectivas cuantías.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicas mixtas: entidades estatalesEmpresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: régimen especial de contratación
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Pueden las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios suscribir contratos de leasing o de renting?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden suscribir contratos de leasing o renting, dado que sus actos contractuales se rigen por el derecho privado salvo disposiciones específicas que las sometan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y estas operaciones no implican necesariamente la ejecución de gastos públicos dentro de la vigencia fiscal, permitiendo la utilización de mecanismos excepcionales al principio de anualidad del gasto. Este concepto reitera la autonomía contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios y permite que estas entidades puedan estructurar sus contrataciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, siempre y cuando se ajusten a las excepciones legales al principio de anualidad y cumplan con los requisitos y procedimientos correspondientes para su autorización y ejecución.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimenPrincipio de anualidad: alcance, rentas y gastos
25000233600020200029801 de 20262026-06-13Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve:Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privadoActos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligacionesAplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
Usted formula la siguiente consulta: « se solicita que sea emitido concepto por su parte, con el fin de determinar y dar claridad sobre la obligatoriedad de nuestra entidad al uso del sistema SECOP II, teniendo en cuenta las condiciones especiales de EXTRADEC Ltda. dentro de la actividad monopolística de los juegos de suerte y azar».
Se solicita que sea emitido concepto por su parte, con el fin de determinar y dar claridad sobre la obligatoriedad de nuestra entidad al uso del sistema SECOP II, teniendo en cuenta las condiciones especiales de EXTRADEC Ltda. dentro de la actividad monopolística de los juegos de suerte y azar…
También resuelve:Deber de publicidad: entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública / SECOP II, deber de publicidad, modificación artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 / SECOP IISecop ii: deber de publicidad, entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, modificación artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, entidades estatales exceptuadasFilial de empresas industriales y comerciales del estado: uso del SECOP II
¿Cuál es el alcance jurídico en materia de contratación estatal del artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026?
El contratista debe incorporar criterios técnicos relacionados con el enfoque basado en derechos humanos y empresas en sus procesos de contratación estatal y compras públicas, de acuerdo con el artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026, lo cual no crea una categoría contractual nueva ni un requisito único y uniforme, sino que se trata de un mandato de integración cuya forma de instrumentación se define en cada caso concreto, a partir de los parámetros mínimos establecidos en el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del mismo decreto y en observancia del principio de selección objetiva y del régimen de la contratación estatal. Esto implica que los criterios pueden materializarse en requisitos habilitantes, factores de ponderación, criterios de evaluación, especificaciones técnicas u obligaciones de ejecución contractual, según las características del objeto a contratar y la etapa del proceso.síntesis automática
También resuelve:Empresas y derechos humanos: Decreto 552 de 2026, Artículo 2.1.7.8.2.2.6, alcance jurídicoCriterios con enfoque en derechos humanos y empresas: parámetros mínimos del artículo 2.1.7.8.2.2.1, principio de selección objetiva, mecanismos disponibles, alcance
¿Se deben publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), los contratos que suscriban las entidades territoriales en el marco del régimen contractual contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994?
De acuerdo con las consideraciones de este concepto, el deber de publicar en el SECOP se fundamenta en una idea general, esto es, que se debe publicar la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos, con independencia del régimen contractual.
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológico, fundamento axiológico / SECOPSecop: entidades exceptuadas, publicidad, documentos, información oficialEmpresas de servicios públicos: naturaleza jurídica especial, régimen contractual
¿El decreto 1510 de 2013 es aplicable a Coljuegos, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, con régimen de contratación privada bajo la excepción que regula la Ley 1150 de 2007?
Si bien la solicitud se refiere a establecer la aplicación de una norma derogada, esto es, el Decreto 1510 de 2013, de la lectura integral de la solicitud y su referencia a las excepciones que regula la Ley 1150 de 2007 para las empresas industriales y comerciales del Estado, se infiere que la misma va dirigida a determinar el régimen de contratación aplicable a estas entidades.
También resuelve:Decreto 1082 de 2015: derogatorias, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1510 de 2013 / EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, naturaleza jurídica –régimen de contratación / empresas industriales y comercialesEmpresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica –régimen de contrataciónEmpresas industriales y comerciales: actividades en competencia, derecho privado, justificación, principios
Con toda atención, de conformidad al auto de fecha 25 de febrero de 2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera, Subsección B del Conse
Con toda atención, de conformidad al auto de fecha 25 de febrero de 2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, me permito solicitar me sea aclarado si las empresas privadas que prestan servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de publicar su actividad contractual con recursos 100% privados, las cuales no están regidas por la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifican y complementan, sino por las normas civiles o comerciales.
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológico, fundamento axiológico / SECOPSecop: entidades exceptuadas, información oficial, auto del 25 de febrero de 2021, efectosEmpresas de servicios públicos: naturaleza jurídica especial, régimen contractual
Por medio del auto 11001032600029160000399 (56151), Feb 25/21 la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó suspensión temporal de todas las expresiones "actividad contractual" de las circulares externas 1 de 2013 y 20 del 2015 expedidas por Colombia Compra Eficiente… Dado que no discriminan qué tipo de SECOP sea el I ó el II; acudimos ante ustedes para solicitar consulta…
Por medio del auto 11001032600029160000399 (56151), Feb 25/21 la Sección Tercera del Consejo de Estado dictó suspensión temporal de todas las expresiones "actividad contractual" de las circulares externas 1 de 2013 y 20 del 2015 expedidas por Colombia Compra Eficiente… Dado que no discriminan qué tipo de SECOP sea el I ó el II; acudimos ante ustedes para solicitar consulta, respecto a que tras la suspensión provisional de toda carga de publicar en el SECOP la actividad contractual de los prestadores mientras exista sentencia judicial en firme desde la sección tercera del Consejo de Estado; los prestadores de servicios públicos domiciliarios están aún sujetos a publicar en el SECOP I ó SECOP II, o dicha obligación quedó suspendida en su totalidad?; de la misma manera, a pesar de que no están en la Circular 001-2021 CCE, en el Anexo 1…
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológico, fundamento axiológico / SECOPSecop: entidades exceptuadas, información oficial, auto del 25 de febrero de 2021, efectosEmpresas de servicios públicos: naturaleza jurídica especial, régimen contractual
Consulta si las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, se encuentran obligadas a publicar su gestión contractual en la plataforma del SECOP, conforme lo ordenado en el fallo de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado del 25 de febrero de 2021.
Consulta si las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, se encuentran obligadas a publicar su gestión contractual en la plataforma del SECOP, conforme lo ordenado en el fallo de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado del 25 de febrero de 2021.
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológicoSecop: entidades exceptuadas, información oficial, auto del 25 de febrero de 2021, efectosEmpresas de servicios públicos: naturaleza jurídica especial, régimen contractual
¿Puede una empresa de servicios públicos domiciliarios de capital 100% privado ejecutar actividades conjuntas con una entidad estatal mediante convenio interadministrativo conforme al artículo 95 de la Ley 489 de 1998?
En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, se señala que es importante tener en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-736 de 2007, siendo pertinente precisar que las empresas de servicios públicos mixtas y empresas privadas de servicios públicos con participación pública son consideradas entidades descentralizadas por servicios. Sin embargo, dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional no se establece claramente el mismo efecto para las empresas con capital 100% privadas que son prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de la respuesta.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Cuáles son los preceptos normativos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que le aplica a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
El contratista debe aplicar el derecho privado a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1993, debido a que estas entidades son consideradas como descentralizadas por servicios y están exceptuadas del régimen general del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta excepción se justifica por la necesidad de facilitar la competencia económica, lo que implica que estas empresas deben cumplir con ciertas limitaciones del derecho público, como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el deber de publicar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II– o la plataforma transaccional que haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben seguir un régimen mixto que combina el derecho privado con ciertas reglas del derecho público, lo que modifica la interpretación previa de la aplicación exclusiva del derecho privado a estas entidades.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica
… 3. Teniendo en cuenta lo anterior la consulta va relacionada si la empresa debe realizar procesos de contratación con los parámetros establecidos para entidades públicas como pliegos tipo, convocatorias mediante SECOP, procesos transicionales, y las diferentes modalidades de contratación.
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se sujetan, por regla general, al derecho privado en su actividad contractual, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y solo excepcionalmente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, esto es, a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias, cuando la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes especiales así lo dispongan. Entre esas circunstancias excepcionales se destacan la inclusión de cláusulas excepcionales por mandato de las Comisiones de Regulación o por solicitud propia, caso en el que deben aplicar el estatuto; la aplicación de los Documentos Tipo, pues según el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022 son destinatarias de ellos cuando se cumplen los presupuestos para su aplicación, también en los compromisos contractuales derivados de contratos celebrados con entidades sometidas al estatuto; y el deber de publicar los documentos de su actividad contractual en el SECOP II, previsto en el artículo 53 de esa ley. Si el objeto a contratar no está cobijado por un Documento Tipo, no resulta obligatoria su aplicación ni la del estatuto.síntesis automática
También resuelve:Empresas de serivicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica, régimen contractualDocumentos tipo: circunstancias de aplicabilidad, entidades con régimen especial, empresas de servicios públicosPublicidad secop: entidades exceptuadas, Estatuto general de contratación, modificación del artículo 53, Ley 2195 de 2022
¿Los contratos suscritos con régimen del código sustantivo del trabajo en relación con la prestación de servicios y recursos propios de una empresa de servicios públicos mixta no se deben publicar en SECOP II?
Los contratos de trabajo regidos por el Código Sustantivo del Trabajo que celebre una empresa de servicios públicos mixta no están cobijados por el deber de publicidad del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, porque la relación laboral que les subyace no hace parte de la dinámica negocial de los procesos de selección de la contratación pública ni se genera con la intervención de oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor; por tanto, no existe obligación legal de publicarlos en el SECOP II. En cambio, respecto de su actividad contractual, las empresas de servicios públicos, que se rigen por el derecho privado conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, deben cumplir el deber de publicidad en el SECOP II o la plataforma transaccional que haga sus veces. Esa expresión significa que, si el SECOP II es reemplazado por otra plataforma, las entidades exceptuadas deben continuar publicando en la nueva, pero no autoriza a emplear sus páginas web o portales propios para cumplir el deber de publicidad, de modo que la ciudadanía encuentre en un mismo sistema la gestión contractual del Estado.síntesis automática
También resuelve:Empresas de serivicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica, régimen contractualEmpresas de servicios públicos domiciliarios: aplicabilidad Ley 80 de 1993, Ley 142 de 1994, naturaleza jurídica, régimen contractual / empresas de servicios públicos domiciliariosPublicidad secop: entidades exceptuadas, Estatuto general de contratación, modificación del artículo 53, Ley 2195 de 2022
¿Uno para la contratación de régimen privado y otro para la contratación por Ley 80 de 1993 como gestor del PDA?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios se sujetan en su actividad contractual al derecho privado, salvo cuando la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes especiales las sometan al Estatuto General de Contratación o cuando incluyan cláusulas excepcionales en sus contratos. Como entidades de régimen especial, están facultadas, en virtud de la autonomía de la voluntad, para expedir un reglamento interno o manual de contratación que regule sus procedimientos de selección, requisitos de participación y condiciones de ejecución, y les corresponde dilucidar, según las disposiciones aplicables, la forma de determinar en esos manuales sus respectivas cuantías, incluida la mínima cuantía. En cuanto a la publicidad, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 obliga a las entidades exceptuadas a publicar en el SECOP II todo documento expedido en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, sin excepción por la naturaleza u objeto del contrato y sin perjuicio de las reservas constitucionales o legales. No obstante, esa disposición se interpreta sistemáticamente en el sentido de que la información que debe publicarse es la relativa a la contratación realizada con recursos públicos, de modo que la publicación en el SECOP procede si los negocios jurídicos fueron financiados con dichos recursos.síntesis automática
También resuelve:Empresas de serivicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica, régimen contractualEmpresas de servicios públicos domiciliarios: aplicabilidad Ley 80 de 1993, autonomía, expedición de manual de contratación, determinación de cuantíasPublicidad secop: entidades exceptuadas, Estatuto general de contratación, modificación del artículo 53, Ley 2195 de 2022
¿Cómo se le aplica el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los socios estratégicos operadores de una empresa de servicios públicos mixta?
Las empresas de servicios públicos mixtas son entidades estatales y, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, su contratación se rige por regla general por el derecho privado y solo excepcionalmente por el Estatuto General de Contratación, cuando la Constitución, esa ley u otras leyes especiales así lo dispongan. Ese régimen no es un derecho privado puro, pues está irrigado por los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, y, conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, estas empresas deben observar el principio de imparcialidad y, con él, las reglas sobre capacidad para contratar. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para participar en procedimientos de selección o celebrar contratos estatales, establecidas por la Constitución o la ley con el fin de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad, y su presencia limita la capacidad contractual también en el régimen de las entidades exceptuadas. Dado el carácter taxativo y la interpretación restrictiva de estas causales, corresponde a la entidad contratante determinar si en el caso concreto se configura alguna de ellas.síntesis automática
También resuelve:Servicios públicos domiciliarios: liberalización, liberalización / empresas de servicios públicas mixtas, entidades estatales/ inhabilidades, definiciónEmpresas de servicios públicas mixtas: entidades estatalesInhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, entidades exceptuadas