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Empresas y derechos humanos: los criterios en materia de derechos humanos y empresa pueden materializarse en requisitos habilitantes

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-09-01
Número
C-1174 de 2026

Síntesis del concepto

Empresas y derechos humanos: los criterios en materia de derechos humanos y empresa pueden materializarse en requisitos habilitantes

Regla de decisión

Los criterios en materia de derechos humanos y empresa pueden materializarse en requisitos habilitantes, especificaciones técnicas u obligaciones de ejecución contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe incorporar criterios técnicos relacionados con el enfoque basado en derechos humanos y empresas en sus procesos de contratación estatal y compras públicas, de acuerdo con el artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026, lo cual no crea una categoría contractual nueva ni un requisito único y uniforme, sino que se trata de un mandato de integración cuya forma de instrumentación se define en cada caso concreto, a partir de los parámetros mínimos establecidos en el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del mismo decreto y en observancia del principio de selección objetiva y del régimen de la contratación estatal. Esto implica que los criterios pueden materializarse en requisitos habilitantes, factores de ponderación, criterios de evaluación, especificaciones técnicas u obligaciones de ejecución contractual, según las características del objeto a contratar y la etapa del proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el alcance jurídico en materia de contratación estatal del artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1150 de 2007, arts. 4 y 5
  • Ley 1950 de 2019

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

La expresión "criterios técnicos" del artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026, no crea una categoría contractual nueva ni un requisito único y uniforme. Se trata de un mandato de integración del enfoque de derechos humanos y empresas cuya forma de instrumentación se define en cada caso concreto, a partir de los dos parámetros que fija el mismo artículo: 1) el marco dispuesto en el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026 y 2) la observancia del principio de selección objetiva consagrado en la normativa vigente. Su parágrafo aclara, además, que el deber de incorporar estos criterios no modifica el régimen jurídico de la contratación estatal.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Alcance jurídico Artículo 2.1.7.8.2.2.6 Decreto 552 de 2026 Mecanismos disponibles Parámetros mínimos del artículo 2.1.7.8.2.2.1 Principio de selección objetiva
Texto del documento 5.776 caracteres
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS – Decreto 552 de 2026 – Artículo 2.1.7.8.2.2.6 – Alcance jurídico La expresión «criterios técnicos» del artículo 2.1.7.8.2.2.6 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026, no crea una categoría contractual nueva ni un requisito único y uniforme. Se trata de un mandato de integración del enfoque de derechos humanos y empresas cuya forma de instrumentación se define en cada caso concreto, a partir de los dos parámetros que fija el mismo artículo: 1) el marco dispuesto en el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 552 de 2026 y 2) la observancia del principio de selección objetiva consagrado en la normativa vigente. Su parágrafo aclara, además, que el deber de incorporar estos criterios no modifica el régimen jurídico de la contratación estatal. Conforme a lo anterior, los criterios en materia de derechos humanos y empresa pueden materializarse en requisitos habilitantes, factores de ponderación o criterios de evaluación, especificaciones técnicas u obligaciones de ejecución contractual. La elección entre estos criterios y mecanismos responde a la etapa de planeación, las características del objeto a contratar, los riesgos asociados al proceso específico, el análisis del sector y la modalidad de contratación, entre otros. CRITERIOS CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS – Parámetros mínimos del artículo 2.1.7.8.2.2.1 – Principio de selección objetiva En este sentido, para determinar el alcance de las acciones que deberán adelantar las entidades en materia de derechos humanos y empresa en sus contratos estatales deberán remitirse, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del Decreto 552 de 2026. Esta norma fija los parámetros mínimos que las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben incorporar en su relación con las actividades empresariales. En efecto, y por remisión expresa del artículo 2.1.7.8.2.2.6, los criterios que incorporen las entidades en materia de derechos humanos y empresa en sus procesos de contratación estatal deberán enmarcarse en [esos] parámetros mínimos comunes. En este sentido, la incorporación de «criterios técnicos» relacionados con el enfoque basado en derechos humanos y empresas en los procesos de contratación estatal y compras públicas podrá adoptar distintas formas, según los parámetros expuestos. Así, por ejemplo, la entidad podrá exigir criterios dirigidos a la prevención de posibles impactos o violaciones a los derechos humanos durante la ejecución contractual (en concordancia con el parámetro a); incorporar estándares internacionales o nacionales en materia de derechos humanos y conducta empresarial responsable (parámetro c); establecer criterios relacionados con la adopción, por parte de los proveedores, de procesos de debida diligencia orientados a la identificación, prevención, mitigación, reparación y rendición de cuentas en materia de derechos humanos (parámetro e); o prever incentivos que fomenten que los proponentes adopten medidas verificables de prevención, respeto y reparación (parámetro f), entre otros. Mientras el artículo 2.1.7.8.2.2.1 del Decreto 552 de 2026 fija los parámetros mínimos sobre el contenido de los criterios que las entidades deben adoptar en sus procesos de contratación en materia de derechos humanos y empresa, el artículo 2.1.7.8.2.2.6 dispone que la entidad deberá materializarlos conforme al principio de selección objetiva y en observancia del régimen de la contratación estatal. CRITERIOS CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS – Mecanismos disponibles – Alcance De conformidad con lo expuesto, los criterios que adopten las entidades en materia de derechos humanos y empresa podrán abarcar aspectos relacionados con las distintas etapas del proceso de contratación, pues el artículo 2.1.7.8.2.2.1 se refiere a la prevención, a la incorporación de criterios o estándares y a la supervisión de la ejecución. En este marco, las entidades podrán determinar, desde la etapa de planeación, las medidas que resulten adecuadas en materia de derechos humanos y empresa, las cuales pueden asumir distintas configuraciones: por ejemplo, en la estimación y asignación de riesgos durante la planeación; en la exigencia de requisitos técnicos o habilitantes; en criterios que permitan determinar el ofrecimiento más favorable, en concordancia con el deber de selección objetiva y cuando el análisis de la entidad determine que la ponderación es el mecanismo idóneo; o en acciones que deban verificarse durante la ejecución, a través de obligaciones contractuales y de la supervisión o seguimiento del contrato. De este modo, los criterios que disponga la entidad en materia de derechos humanos y empresa pueden integrarse al sistema de compras públicas en las diferentes etapas de la gestión contractual: i) planeación estratégica, a través del establecimiento de lineamientos internos; ii) en la etapa precontractual, en la elaboración de estudios y documentos previos integrando criterios habilitantes, técnicos o ponderables ; iii) etapa contractual, mediante la incorporación de cláusulas contractuales; y iv) etapa poscontractual, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas. De lo anterior se desprende que la expresión “criterios técnicos” del artículo 2.1.7.8.2.2.6 no crea una categoría contractual nueva ni un requisito único y uniforme. Se trata de un mandato de integración del enfoque de derechos humanos y empresas, cuya forma de instrumentación se define en cada caso concreto, a partir de los parámetros mínimos del artículo 2.1.7.8.2.2.1 y de su traducción a las distintas etapas del proceso, conforme al deber de selección objetiva y, en general, el marco jurídico que rige la contratación estatal.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1174-de-2026/