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Concepto
Acto administrativo: C-549 de 2020
C-549 de 2020
2020-08-28
¿La figura del decaimiento del acto administrativo correspondiente a los casos en que desaparezcan los fundamentos de hecho o fácticos de aquel (art. 91 num. 2 del CPACA), tiene aplicación alguna con respecto a los actos administrativos pre y contractuales?
La pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento es una institución del procedimiento administrativo que puede materializarse frente a los actos administrativos precontractuales, contractuales y post-contractuales; pero los operadores jurídicos, entre estos las entidades estatales, deben valorar, razonablemente, en cada caso si el acto ha perdido eficacia por alguna de las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 –dentro de ellas la del numeral 2–, compatibilizando la procedencia de esta figura con los principios y reglas de la Ley 80 de 1993.
Consejo de Estado
Providencia
Quien pretenda invalidar el contrato con fundamento en esa causal deberá solicitar en la demanda la nulidad del acto administrativo de adjudicación y, la nulidad absoluta del contrato.
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 20001233100019990082101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el acto de adjudicación no fue motivado, aunque no se pidió la nulidad del acto administrativo de adjudicación? No
El contratista no puede declarar la nulidad absoluta del contrato con base en la falta de motivación del acto de adjudicación si no ha solicitado previamente la nulidad del acto administrativo de adjudicación, ya que este es un requisito previo para que proceda la nulidad del contrato según el artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal debe cumplir los actos administrativos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción, dado que estos son ejecutorios y se presumen legales. Además, el interventor debe demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Esta regla reitera y confirma precedentes sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación para invalidar el contrato y establece las caducidades para demandar actos administrativos relacionados con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común?
¿Los ciudadanos tienen el deber de cumplir los actos administrativos mientras no hayan sido anulados o suspendidos?
¿En vigencia del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020140070902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia dentro del medio de control de controversias contractuales, toda vez que la entidad Invías, como establecimiento público del orden nacional, ostenta la naturaleza de entidad estatal y el monto de la pretensión supera el límite establecido en la Ley 1437 de 2011 para procesos de doble instancia. Además, los actos administrativos que declaran el incumplimiento definitivo del contrato por parte del contratista gozan de la presunción de legalidad y ejecutividad, salvo que sean anulados en sede judicial, lo que implica que el contratista debe acreditar cabalmente su cumplimiento contractual para exigir el reconocimiento y pago de las actas de obra y ajustes, lo cual no ocurrió en el caso analizado. Esta regla reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la obligación del contratista de cumplir con la carga de la prueba en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos administrativos que declararon el incumplimiento definitivo del contrato se encuentran amparados por la presunción de legalidad?
¿El contratista cumplió con la carga de acreditar que cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo para poder exigir el reconocimiento y pago del acta de obra y del acta de ajustes?
¿La Sala se inhibirá de emitir sentencia de mérito por cuanto no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación
Sentencia — Sentencia
2023-03-03
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020130182202
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial?
¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella?
¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación.
Sentencia — Sentencia
2026-07-29
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233100020110057302
Controversias contractuales
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…
¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…
¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada
Sentencia — Sentencia
2024-12-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 20001233300020150052702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?
¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control
Sentencia — Sentencia
2026-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 20001233900020160024402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…
¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…
¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…
¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA