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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas

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Fecha
2024-07-22
Radicado
70001233100019980074801
Número interno
60260
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ELECTRO ATLANTICO S A S, ELECTRO ATLANTICO S.A.S
Demandado
MUNICIPIO DE SINCELEJO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas

Lo que dijo la Sala

El derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política sólo resulta procedente ante las autoridades judiciales respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen. Ello, ya que esta es una actuación judicial, la cual se encuentra reglada y sometida a la ley procesal a la que debe dársele el trámite ordinario de todo memorial que es allegado a una corporación judicial. En ese orden, el derecho de petición deviene improcedente para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis, con independencia de la calidad que ostente quien presenta la petición.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El derecho de petición ante la autoridad judicial solo es procedente respecto de las funciones administrativas que esta desempeña, no alcanzando para solicitudes que requieren una actuación judicial, las cuales deben tramitarse conforme a las reglas procesales correspondientes. En este caso, la solicitud presentada buscaba información sobre los fundamentos legales de una decisión judicial, lo cual es improcedente ya que se trata de un acto jurisdiccional sometido a la ley procesal, y no una función administrativa. Además, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Civil establecen que el acceso a la justicia debe efectuarse por conducto de un abogado, salvo excepciones específicas no aplicables en este caso, por lo que todas las actuaciones judiciales en la acción de controversias contractuales deben tramitarse a través del abogado que representa a las partes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas que esta desempeñe?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1755 de 2015
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿En la presente acción de controversias contractuales, todas las actuaciones judiciales que se surtan, deben conducirse a través del abogado que detenta la representación judicial de las partes?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

ÉSTESE A LO RESUELTO

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 5.942 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL / TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN / DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN / DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES / DERECHO DE PETICIÓN EN PROCESO JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN EN PROCESO JUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL / DERECHO DE POSTULACIÓN Problema jurídico: ¿El derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas que esta desempeñe? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política sólo resulta procedente ante las autoridades judiciales respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen. Por tal razón, en los eventos en que se presenten solicitudes que requieren una actuación judicial del juez, las partes y/o los intervinientes, estas se encuentran sometidas a las reglas que rigen el trámite procesal ante la Jurisdicción. En efecto, como la solicitud presentada comporta un acto de carácter judicial y no administrativo respecto de los "fundamentos legales y/o constitucionales" en los que se fundó la decisión adoptada en el auto de 21 de mayo de 2024 mediante el cual esta judicatura ordenó oficiar a la Universidad de Cundinamarca para que se practique la prueba decretada en el proveído del 16 de abril de 2024, no es dable pretender que en el caso sub judice se dé respuesta en los términos y condiciones señaladas en la Ley 1755 de 2015. Ello, ya que esta es una actuación judicial, la cual se encuentra reglada y sometida a la ley procesal a la que debe dársele el trámite ordinario de todo memorial que es allegado a una corporación judicial. En ese orden, el derecho de petición deviene improcedente para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis, con independencia de la calidad que ostente quien presenta la petición. De igual forma, al tratarse de un acto de carácter jurisdiccional, la actuación debió surtirse por conducto del apoderado judicial que representa los intereses de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual establece como regla general que el acceso a la administración de justicia debe efectuarse por conducto de un profesional del derecho, salvo las excepciones que la ley señale. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al alcance del derecho de petición, cita: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de junio de 2012, rad. 13001-23-31-000-2012-00167-01 (AC), C. P. Mauricio Torres Cuervo; Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000 y T-334 de 1995. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 229, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 23, LEY 1755 DE 2015 DERECHO DE POSTULACIÓN DEL ABOGADO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN DE MEMORIALES / TRÁMITE DE MEMORIALES / FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL Problema jurídico: ¿En la presente acción de controversias contractuales, todas las actuaciones judiciales que se surtan, deben conducirse a través del abogado que detenta la representación judicial de las partes? exige el derecho de postulación para la intervención como parte procesal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 63 del Código de Procedimiento Civil (CPC) dispone que "las personas que hayan de comparecer a/ proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa", exigencia que ha sido considerada razonable por la Corte Constitucional en tanto obedece "al designio del legislador de exigir una especial condición de idoneidad la de ser abogado- para las personas que van a desarrollar determinadas funciones y actividades, que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por consiguiente, conocimientos, habilidades y destrezas jurídicos, necesariamente exigen un aval que comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional". Las excepciones a esta regla se encuentran previstas en los artículos 28 y 29 del Decreto 196 de 1971 los cuales señalan los procesos y actuaciones jurisdiccionales en los que es posible actuar sin recurrir a un profesional del derecho, dentro de las cuales no se encuentran solicitudes como la formulada por los memorialistas ante este Despacho. Así las cosas y atendiendo a que los eventos en los cuales es posible acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa directamente sin un abogado inscrito son excepcionales, y como la normatividad constitucional y legal vigente no contempla que en la acción de controversias contractuales se pueda litigar sin recurrir a, un profesional en derecho, se desprende que todas las actuaciones judiciales que se surtan dentro del presente proceso deben conducirse a través del abogado que detenta la representación judicial de las partes, calidad que no ostentan los memorialistas. (…) [E]n el auto (…) el Despacho explicó suficientemente las razones que motivaron el decreto de la prueba de oficio. De igual forma, que de conformidad con el artículo 179 del CPC contra el auto que decreta pruebas de oficio no procede recurso alguno. Asimismo, que el apoderado judicial de la parte actora presentó solicitud de adición frente al auto del 16 de abril de 2024, la cual fue resuelta mediante proveído de 6 de mayo de 2024 por lo que la decisión se encuentra ejecutoriada y en firme. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al derecho de postulación en el proceso contencioso administrativo, cita: Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1996. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 179, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 63, DECRETO 196 DE 1971 - ARTÍCULO 28, DECRETO 196 DE 1971 - ARTÍCULO 29

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=700012331000199800748011100103