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Consejo de Estado
Providencia
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas
2025-12-18
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020240056302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Colombia Compra Eficiente
Concepto
El artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, que modifica el régimen de los factores de desempate en la contratación estatal, se encuentra vigente y goza de aplicación directa desde la fecha de su promulgación no requiere de una reglamentación previa como presupuesto para su eficacia.
C-181 de 2021
2021-04-28
¿TODOS los procedimientos de selección incluyendo la modalidad de mínima cuantía que no otorga puntaje se rigen exclusivamente por los factores de desempate previstos en el artículo 35 de la Ley 2069?
El artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, que modifica el régimen de los factores de desempate en la contratación estatal, se encuentra vigente y goza de aplicación directa desde la fecha de su promulgación, es decir, no requiere de una reglamentación previa como presupuesto para su eficacia. Estos criterios de desempate actualmente son aplicables a todas las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación.
También resuelve:
Selección objetiva: contratación estatal, concepto, concepto / empate, procedimiento de selección
Empate: procedimiento de selección, concepto
Factores de desempate: características, límites
Consejo de Estado
Providencia
Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020240056301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda?
¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria…
¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130049701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica.
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180108201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica? Sí
El contratista no puede obtener la restitución económica cuando se declara la nulidad del acto administrativo contractual que terminó unilateralmente el contrato, incluso si este acto ha perdido su fuerza ejecutoria, ya que la pérdida de fuerza ejecutoria no impide el análisis de su legalidad. En este caso, la entidad demandante solicitó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato y el correspondiente restablecimiento de sus derechos. En otro proceso, el Consejo de Estado se pronunció sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato. A pesar de que se produjo la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de liquidación unilateral, esto no impide el juicio de legalidad que se debe efectuar sobre los actos demandados, los cuales fueron falsamente motivados. Sin embargo, no procede la condena a la restitución económica en los términos en los que fue resuelta en la primera instancia, ya que el contratista no acreditó la utilidad dejada de percibir y no se puede ordenar el pago de costos que no se causaron.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas cuando el recurso prospera parcialmente?
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233100020120035901
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la…
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa…
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 54001233100020040093601
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?
¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?
¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…