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CONTRATO DE EMPRÉSTITO

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de empréstito: 13001 23 31 000 1996 11302 01_24696

13001-23-31-000-1996-11302-01_24696 2013-07-11 Sección Tercera
Carencia de objeto,Causa Ilícita,Nulidad Absoluta – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve: Contrato de empréstito: carencia de objeto en virtud de lo expresado en el punto anterior, se puede concluir que los contratos del caso sub iudice carecen de objeto, toda vez que no contemplaron ninguna obligación -y prestación en general-, y por esa razón se podría declarar su inexistencia. en efecto, con su suscripción no se adquirió por parte de la contratista el compromiso de prestar una suma de dinero, y tampoco por parte del municipio de constituir pagarés o comprometerse a pagar en un plazo establec ido, con determinada tasa de interés corriente y moratorio. se trata de una típica circunstancia de inexistencia de objeto, porque el negocio jurídico sólo pretende formalizar las prestaciones de dar y hacer que se ejecutaron entre las partes sin contrato, unos meses o años antes. así que el origen de la obligación realmente nació de los hechos, no de los contratos, que se presentaron en esa época. contrato de empréstito, nulidad absoluta, causa ilícita En gracia de discusión, la Sala considera que si aca so existen los dos contratos a que se refiere la demanda, porque fueron aportados al proceso, lo cierto es que la razón por la que se suscribieron adolecería de causa ilícita , que el Código Civil define en los siguientes términos –y que aplica por remisión de los arts. 13, 32 y 40 de la ley 80 de 1993, por tratarse de un negocio celebrado por el Estado con una persona natural no comerciante -: «Art. 1524. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla ». La pura liberali dad o beneficencia es causa suficiente. «Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. «sí, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.» En este horizonte, la causa que indujo al acto o contrato no fue la intención de hacer un verdadero préstamo de dinero al m unicipio de Turbaco, como se expresa en la demanda, sino legalizar la irregularidad que hasta ese momento se venía presentando, desde hace varios meses, quizá años, entre las mismas partes de estos contratos. De manera que la causa de los contratos no era seria ni real, porque su objeto no se iba a cumplir, o mejor, no existía préstamo qué hacer, sólo se quería legalizar el crédito irregular que se hizo antes, y que fue superior en su monto al ahora «pactado», sólo que la suma acordada corresponde al valor adeudado y no pagado, es decir incumplido en su pago. En este orden de ideas, no había objeto en este contrato, porque no se hizo desembolso del crédito al momento de celebrarlo –pese a que afirman hacerlo-, ni siquiera los pagarés que respaldarían esa sum a se suscribieron con posterioridad, es decir, se trató de una maniobra fraudulenta, y burda, para incorporar en un contrato, que cumpliera con los requisitos de la Ley 80, las sumas impagadas meses o años atrás. No se pierda de vista que, incluso, fueron suscritos –según la fecha del vencimiento de las obligaciones- cuando el Alcalde estaba suspendido del cargo. Por lo expuesto, la Sala declarará que los dos contrato de empréstito, si en gracias de discusión existen, adolecen de nulidad absoluta, pues es i lícita la causa que los originó, en este caso comoquiera que, a la luz de los principios de la Ley 80 de 1993, los negocios jurídicos sólo se pueden suscribir para que generen obligaciones, no para engañar o mentir sobre las que se causaron mediante actuac iones materiales pasadas; así que este intento de legalizar los hechos cumplidos lo proscribe la ley, sobre todo si el contenido de las obligaciones trata de hacer ver que apenas se van a ejecutar, cuando en realidad fueron cumplidas tiempo atrás. Además se origina la nulidad absoluta, por vicio en su causa, puesto que la conducta acreditada en este proceso –que también se demostró en el penal- es «contraria a las buenas costumbres», al igual que «al orden público», pues no cabe duda que atenta contra la mo ral administrativa y el buen comportamiento tanto de los servidores públicos –el acalde de Turbaco en este caso, y de la contratista, fingir la celebración de un contrato, incorporando obligaciones que no se ejecutarán, para engañar a todos los ciudadanos y a los órganos públicos interesados en la contratación estatal, dando un ejemplo inverso de lo que en su lugar sí debe hacer la administración: enfrentar, por los causes administrativos y procesales que corresponden, los hechos consumados, que materializó de la mano del particular que le prestó dinero al estado. es sabido que ni las «buenas costumbres », que corresponden a los comportamientos correctos, generalmente admitidos y compartidos por la comunidad -en este caso cuando se celebran negocios jurídicos- ni el «orden público », representado en este evento en las leyes imperativas en materia contractual, toleran un comportamiento semejante, que buscó engañar a los que conocieran estos contratos, mintiendo sobre la causa, el origen y el alcance de las oblig aciones que aparentemente nacerían allí Antecedentes “declaraciones y condenas principales:
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de empréstito: 13001 23 31 000 1996 11249 01_25254

13001-23-31-000-1996-11249-01_25254 2013-07-11 Sección Tercera
CONTRATO DE EMPRÉSTITO,CONTRATO DE EMPRÉSTITO,ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Falta de objeto del contrato,Causa Ilícita,Improcedencia de reconocimiento – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve: Contrato de empréstito: falta de objeto del contrato, causa ilícita, nulidad Enriquecimiento sin causa: improcedencia de reconocimiento Consejo de estado
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acción de controversias contractuales: 13001 23 31 000 1996 00990 01_24615

13001-23-31-000-1996-00990-01_24615 2013-06-13 Sección Tercera
CONTRATO DE EMPRÉSTITO,NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO,OBJETO DEL CONTRATO,CAUSA ILÍCITA,PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA,NULIDAD,ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Causa Ilícita,Enriquecimiento sin causa,Negación de pretensiones,Inexistencia del contrato,Persona natural,Competencia,Facultades,Procedencia,Improcedencia,Relativa,Absoluta,Aplicacion,Principio de equidad – Mes: junio – Año: 2013…
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acción de controversias: 13001 23 31 000 1996 11250 01_24512

13001-23-31-000-1996-11250-01_24512 2013-04-24 Sección Tercera
CONTRATO DE EMPRÉSTITO,CONTRATO DE EMPRÉSTITO,NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO,OBJETO DEL CONTRATO,CAUSA ILÍCITA,JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA,PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA,NULIDAD,DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA,ACCIÓN DE CONTROVERSIAS – Causa Ilícita,Inexistencia del contrato,Persona natural,Competencia,Límites,Procedencia,Improcedencia,Saneamiento,Principio de equidad,Aplicacion,Enriquecimiento sin causa – Mes: abril – Año: 2013…
También resuelve: Contrato de empréstito: causa ilícita Nulidad absoluta del contrato: causa ilícita, enriquecimiento sin causa, saneamiento, competencia Objeto del contrato: inexistencia del contrato
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233100019990195502 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato? Sí
El contratista no puede demandar por controversias contractuales después de que caduque la acción, y el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se realiza la liquidación bilateral del contrato, no desde cuando debió liquidarse, según el auto de unificación del 1° de agosto de 2019. En este caso, la liquidación bilateral se efectuó mediante un acta de finiquito conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, y el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de la demanda, permitiendo así su interposición. Además, el contrato estatal estaba sujeto al derecho privado, por lo que EPM no estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por la alteración de la ecuación financiera, y cumplió sus obligaciones al pagar las obras a los precios pactados por la modalidad de precios unitarios. El dictamen pericial no acreditó la existencia y el monto de los perjuicios reclamados, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para probar la existencia de situaciones imprevistas que justificaran un ajuste en los precios unitarios del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato estaba sujeto a las normas de derecho privado? ¿EPM cumplió sus obligaciones contractuales en tanto que pagó las obras realizadas a los precios pactados en el contrato por la modalidad de precios unitarios? ¿La prueba pericial aportada brindó los elementos técnicos suficientes para determinar la existencia y el monto de los perjuicios reclamados?
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020130180102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los contratos para la construcción o diseño de siete STCA? No
Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA (números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera…
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao… ¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao… ¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva eel Departamento de Antioquia en lo referente a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, del cual no fue parte?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el régimen jurídico de un contrato sometido al derecho colombiano no es un asunto determinable por las partes

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020130180102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de someter un contrato financiado con fondos de un organismo multilateral de crédito a los reglamentos de tal organismo, implicaba su aplicación en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes, y, en lo no previsto, al derecho privado colombiano? Sí
Según mi entendimiento del hoy derogado inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la decisión de someter un contrato financiado con fondos de un organismo multilateral de crédito a los “reglamentos” de tal organismo implicaba un sometimiento, en los términos de la norma, “en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”, y, naturalmente, en lo no previsto en dichos “reglamentos”, al derecho privado colombiano. En otras palabras: no comparto, como se sostiene en la providencia objeto de aclaración de voto, que las entidades contratantes de negocios financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito pudieran elegir los aspectos de los contratos que estarían regidos por los “reglamentos” de los respectivos organismos y los que serían gobernados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.