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CONCEDENTE

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Bienes de uso público: 25000 23 27 000 2010 00156 01_18661

25000-23-27-000-2010-00156-01_18661 2014-06-11 Sección Cuarta
ÓRGANOS DE ELECCIÓN POPULAR,GOBIERNO NACIONAL,DECRETO 1421 DE 1993,ENTIDAD CONCEDENTE,BIENES DE USO PUBLICO – Facultad paraestablecer contribuciones,Fiscales,Parafiscales,Concejos municipales y distritales,Facultades extraordinaria,Código de Régimen Municipal,Prohibición de gravar bienes,De uso público,Prohibición de gravamen,Aeropuerto – Mes: junio – Año: 2014…
Consejo de Estado Providencia

La cesión de crédito no altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 13001233300020090044501 ACCION CONTRACTUAL
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad? ¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato? ¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100220110114301 ACCION CONTRACTUAL
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión? ¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral? ¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100053401 ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas? ¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad? ¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180084801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve: ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio… ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación… ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues la controversia gira en torno a la liquidación del contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020130210002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante? ¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no es el punto central y determinante del mismo

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150234601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Aunque el elemento por «cuenta y riesgo» es fundamental en la construcción del concepto del contrato de concesión, no es el punto central y determinante del mismo, pues debe acompasarse con el de la «vigilancia y control de la entidad estatal concedente», ya que no se puede desconocer el papel relevante que el Estado juega en el desarrollo de dicho contrato? Sí
Aunque comparto que el elemento por “cuenta y riesgo” es fundamental en la construcción de un concepto sobre el contrato de concesión, considero, a diferencia de lo que sugiere la mayoría, que no es el punto central y determinante del mismo. Un análisis aislado de dicho elemento lleva a unas conclusiones muy generales y amplias, tales como la de catalogar al concesionario como “dueño del proyecto” y, además, que “se obliga a la ejecución operativa, financiera y técnica del proyecto… y le corresponde asumir los riesgos asociados al mismo”.… Considero que el análisis del elemento por “cuenta y riesgo” debe acompasarse con el de la “vigilancia y control de la entidad estatal concedente”, que también incorpora el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
También resuelve: ¿El análisis de la procedencia de las restituciones mutuas debe ir más allá del argumento de su improcedencia para los contratos de tracto sucesivo…