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Colombia Compra Eficiente
Concepto
La cofinanciación puede ser entendida como la financiación de una actividad que llevan a cabo por varias personas o entidades o como financiación conjunta de una actividad.
C-074 de 2021
2021-03-17
¿Qué se entiende por “contratos y convenios administrativos” a los que se refiere el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2063 de 2020?
Para responder la primera pregunta, con base en la línea conceptual de esta Agencia y por la jurisprudencia constitucional, es posible afirmar que no existe distinción sustancial entre contratos o convenios. Por tanto, de forma indistinta, contrato o convenio administrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Esta conclusión encuentra soporte en el Código Civil colombiano, toda vez que en su artículo 1495 equipará las instituciones de convenio y contrato, al disponer que «contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa… ».
También resuelve:
Ley anual de presupuesto: generalidades, generalidades / presupuesto general de la nación / parafiscales, naturaleza jurídica / cofinanciación, definición / contratos o convenios
Presupuesto general de la nación: finalidad
Parafiscales: naturaleza jurídica
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Convenios de asociación: Esta Corporación ha reconocido que el régimen jurídico aplicable a los convenios de asociación
15001233300020140066901 de 2025
2025-04-24
Rad. 15001233300020140066901
Así las cosas, nada obsta para que, en desarrollo del mandato constitucional del artículo 51, las entidades territoriales puedan acudir a contratar con terceros la cofinanciación y el desarrollo de viviendas de interés social, a través de distintos instrumentos y formas jurídicas, como por ejemplo la celebración de convenios de asociación. En este punto, vale recordar que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece la posibilidad de que las entidades estatales celebren con particulares convenios de asociación, en los siguientes términos: No obstante, el a quo pasó por alto que el régimen del convenio de asociación era el derecho privado, que no se pactó la facultad de liquidación unilateral de manera clara e inequívoca y que, en estos supuestos, no es procedente aplicar los términos supletivos de cuatro y dos meses para liquidar, los cuales se encuentran en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
También resuelve:
Convenios de asociación: entidades territoriales, particulares, Constitución política de Colombia, Artículo 51
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 66001233300020170001001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…
¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020010006101
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?
¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…
¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233300020180069302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?
¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?
¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 47001233100019990077801
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:
¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?
¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?
¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA