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¿Se encuentra acreditado el requisito objetivo para que proceda el medio de control de repetición, relacionado con la existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación a cargo del Estado? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si no acredita la existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación a cargo del Estado. En este caso, aunque el contratista allegó una sentencia que ordenó el restablecimiento del derecho y la nulidad de un oficio, dicha sentencia no contenía una condena para reparar un daño antijurídico ni involucraba la nulidad de los actos administrativos cuestionados, por lo que no se cumplían los requisitos legales para proceder con el medio de control de repetición. La Sala confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, reiterando que la acción de repetición debe basarse en una condena judicial que genere una obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado, y no en una sentencia que ordene el restablecimiento del derecho sin generar un daño antijurídico.síntesis automática
¿La entidad demandante presentó el medio de control de repetición con el lleno de los requisitos exigidos legalmente para su procedencia? No
La conducta del agente calificada como dolosa o gravemente culposa no implica automáticamente la declaración de responsabilidad en el medio de control de repetición, porque el demandado puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción legal. La regla se sostiene en tres razones: la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales de la repetición, define el dolo y la culpa grave y establece presunciones legales que inciden en la carga probatoria; la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y carácter público, dirigida a proteger el patrimonio y la moralidad pública; y el demandante debe acreditar los requisitos de procedencia de la acción, sin que la sola calificación de la conducta baste. Por ello, el medio de control solo prospera cuando la entidad demuestra el dolo o la culpa grave del agente y el nexo con el pago efectuado, y no cuando la presunción queda desvirtuada en el proceso. La decisión de primera instancia se confirma en lo que corresponde a la prueba del requisito subjetivo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-30Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020240027201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad es obligatorio cuando ambas partes son entidades públicas? Sí
El operador judicial examina si el agotamiento de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad indispensable dentro de los trámites judiciales cuando tanto el accionante como el demandado ostentan la calidad de entidades públicas. En este proceso de controversias contractuales, la Subsección del Consejo de Estado confirma el auto apelado que rechaza la demanda de la Secretaría Distrital de Ambiente debido a la falta de acreditación de dicho requisito ante el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 72 de la Ley 2220 de 2022.síntesis automática
También resuelve:¿La mediación sirve para tener por satisfecho el requisito de procedibilidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
(i) Determinar si el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de obra IDU 1765 de 2021, suscrito con el Consorcio Construcción Vial 027, al no suministrar los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones de las empresas de servicios públicos y/o terceros, y/o si no definió y armonizó los cronogramas de ejecución con la empresa de acueducto. (ii) Establecer si hay imposibilidad de continuar con el objeto contractual y en consecuencia declarar la terminación anticipada del Contrato de Obra IDU 1765 de 2021. Sí
El contratista puede declarar la terminación anticipada del contrato de obra pública cuando la entidad estatal incumpla con la entrega de los estudios y diseños del proyecto con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, y no defina y armonice los cronogramas de ejecución con las empresas de servicios públicos, lo que impide el inicio de la fase de construcción. La Sala establece que el incumplimiento de la entidad demandada en proveer los estudios y diseños aprobados, que son insumos esenciales para la ejecución de la obra, genera la imposibilidad de continuar con el objeto contractual, conllevando la terminación anticipada del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la responsabilidad contractual del Estado y la necesidad de cumplir con los estudios previos al contrato estatal, y tiene implicaciones en la liquidación judicial del contrato y la acreditación de perjuicios y sobrecostos.síntesis automática
Auto interlocutorio con estado — AUTO QUE RECHAZA REFORMA DE DEMANDA2024-07-15SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)FRANKLIN PEREZ CAMARGORad. 25000233600020230014800ACCION CONTRACTUAL
"(..) El despacho sustanciador debe establecer por tratarse de nuevas pretensiones, si la parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad, como lo dispone el numeral tercero del artículo 173 del CPACA? (...)" No
La reforma de la demanda que incluye nuevas pretensiones debe cumplir de nuevo el requisito de procedibilidad, y si las pretensiones nuevas no guardan relación directa con el acto administrativo demandado, la reforma puede rechazarse. Esta regla se apoya en el numeral 3 del artículo 173 del CPACA, que exige verificar la procedibilidad frente a las nuevas pretensiones, y en que la reforma no puede introducir pretensiones ajenas al objeto inicial del proceso. Por ello el juez debe revisar cada nueva pretensión antes de admitir la reforma. En el caso concreto la reforma fue presentada dentro del término, pero incluyó hechos, pretensiones y pruebas que no se relacionaban con la nulidad del acto de adjudicación, y el despacho la rechazó. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reforma de la demanda no puede ampliar el litigio con pretensiones que no tienen relación con el acto demandado.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-12-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020140163601LEY 1437 REPETICION
¿Los hechos que pretende acreditar la accionante pudieron demostrarse con medios de prueba existentes antes que fenecieran las oportunidades probatorias? Sí
En el medio de control de repetición, los documentos que la parte apelante pretende aportar en segunda instancia solo se incorporan si cumplen los requisitos del artículo 212 del CPACA: haber sido acordados por las partes, haber sido negado su decreto en primera instancia o dejado de practicarse, versar sobre hechos posteriores a la oportunidad probatoria, justificar la imposibilidad de aportarlos por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, o servir para desvirtuar pruebas pedidas por la contraparte en segunda instancia. Las oportunidades probatorias precluyen en la primera instancia, y la prueba de la calidad de servidor público del agente y del pago de la condena debía aportarse allí, porque ambos hechos podían demostrarse con medios existentes antes de su vencimiento. En el caso, el apelante solo acompañó un oficio dirigido a una dependencia para pedir documentos sobre la vinculación del demandado, por lo que el despacho negó su incorporación. Su consecuencia práctica es que la parte debe aportar sus pruebas en la primera instancia y no reservarlas para la apelación, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 212.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora solo allegó un oficio en el que solicitó a una de sus dependencias documentos atinentes a la vinculación del demandado con la entidad accionante?
76001233100020090103701 de 20252025-06-24Rad. 76001233100020090103701
Por su parte, en los contratos interadministrativos sí se presenta un ánimo remuneratorio que se evidencia en la estipulación de “obligaciones recíprocas que se miran como equivalentes” y que implican una preeminencia de la entidad estatal contratante. En ese sentido, el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos no superan el alea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes tanto al celebrar el acuerdo de voluntades como al establecer los mecanismos que la ley autoriza para mantener la ecuación económica durante la vigencia del contrato. 4 Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01037-01 (63.040) Actor: Administradora Pública Cooperativa de Municipios – Coopmunicipios. Referencia: Decreto 01 de 1984 – Acción contractual.
También resuelve:Régimen de los contratos de administradoras cooperativas: régimen contractual, Decreto Ley 1484 de 1989, Ley 1150 de 2007, régimen de contrataciónConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
¿Debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda que supuestamente suspendía el término de caducidad, no se probó la existencia, contenido, identidad fáctica y jurídica de dicha demanda ni la notificación del auto admisorio al demandado? Sí
El contratista no puede evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales si no acredita la existencia, contenido y notificación del auto admisorio de una demanda previa que supuestamente la suspendía, conforme a lo establecido en el artículo 136 numeral 10 literal c) del Decreto 1400 de 1970 y el artículo 177 del mismo decreto. La Sala reitera que la carga de la prueba incumbe a las partes para demostrar los hechos que sustentan su pretensión, y que la presentación de una demanda no impide la caducidad si no se demuestra su admisión y notificación al demandado dentro del plazo legal. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas concluyentes para evitar la caducidad de sus acciones, lo que puede dificultar la interposición de demandas tardías basadas en supuestos hechos procesales no probados.síntesis automática
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-03-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020150056803LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo la parte demandante proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al correo que la entidad pública demandada dispuso para recibir notificaciones electrónicas, ni acredita que la convocada hubiera sido citada por cualquier otro medio, no agota en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? Sí
El contratista no agota debidamente el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al buzón de notificaciones electrónicas dispuesto por la entidad pública demandada, y no acredita que la convocada haya sido citada por cualquier otro medio. El artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las entidades públicas deben tener un buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales, y el artículo 20 de la Ley 640 de 2001 y los artículos 6 y 7 del Decreto 1716 de 2009 regulan la notificación electrónica. Al no cumplir con estos requisitos, la parte demandante no cumple con el artículo 180.6 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite dar por terminado el proceso en la audiencia inicial si se advierte el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los procedimientos de notificación y conciliación previos a la presentación de una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa.síntesis automática
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿Una entidad estatal debe exigir la libreta militar como requisito para ser contratado mediante un contrato de prestación de servicios?
Las entidades públicas deben verificar que la persona natural que celebrará un contrato de prestación de servicios tenga definida su situación militar, porque el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 exige acreditarla para ese tipo de contratos con cualquier entidad de derecho público. Según el concepto, la acreditación puede hacerse con la copia de la libreta militar, con la certificación provisional en línea que indica que la situación está en trámite, con una declaración juramentada en la que el ciudadano manifiesta que ha adelantado las actuaciones para definirla, o con cualquier otro medio conducente. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, la Circular Externa Única de la Agencia señala que es deber de las entidades verificar que la situación militar del contratista esté definida. Segunda, el principio constitucional de buena fe permite que la declaración juramentada o los formatos estandarizados de la entidad acrediten las actuaciones tendientes a definir la situación militar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe limitar la verificación a la libreta militar y debe admitir los medios alternativos que demuestren ese trámite.síntesis automática
También resuelve:Definición de la situación militar: verificaciónAcreditación de la situación militar: exigibilidad, personas naturales, medios de prueba
¿Cómo acreditar la experiencia profesional para un contrato de prestación de servicios profesionales?
Cada Entidad Estatal tiene la facultad de definir los requisitos habilitantes para la contratación en los documentos previos de acuerdo con las características y la naturaleza del contrato, atendiendo siempre a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, así como a la normativa aplicable dependiendo el tipo de contrato. En virtud de los cuales, la Entidad estatal al definir la necesidad a satisfacer con la contratación de prestación de servicios profesionales, debe establecer el objeto contractual, las obligaciones que lo desarrollan y el perfil requerido para dar cumplimiento a los mismos.
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: características, verificación idoneidad
¿Cómo se acredita la situación militar para contratar con el Estado?
La situación militar debe acreditarse cuando una persona natural pretende celebrar contratos de prestación de servicios con cualquier entidad de derecho público, conforme al artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, junto con los casos de ejercicio de cargos públicos y de trabajo en el sector privado. De esa norma se concluye, prima facie, que para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales resulta obligatorio que la situación militar se encuentre definida. La Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente señala que es deber de las entidades públicas verificar que la situación militar del futuro contratista esté definida antes de la celebración del contrato. Esta verificación es una exigencia de carácter general que aplica a todas las entidades estatales que celebran contratos de prestación de servicios con personas naturales. La consecuencia práctica es que la entidad debe incluir la verificación de la situación militar dentro de los requisitos previos a la suscripción del contrato, como parte de la documentación del futuro contratista, y no como un trámite posterior a su ejecución.síntesis automática
También resuelve:Definición de la situación militar: verificación, contratos de prestación de serviciosAcreditación de la situación militar: exigibilidad, personas naturales, medios de prueba
¿Se presenta una indemnización doble por el mismo perjuicio por cuanto el monto que se ordenó a título de indemnización supera el establecido en la cláusula penal? Sí
El contratista no puede obtener una indemnización doble por el mismo perjuicio si el monto de la indemnización supera el establecido en la cláusula penal, ya que esta última cubre el daño y evita la doble indemnización. La cláusula penal, regulada en el artículo 1592 del Código Civil, asegura el cumplimiento de la obligación contractual y limita la responsabilidad del deudor al monto estipulado. El Consejo de Estado es competente para conocer de los litigios y controversias contractuales en los que participe una entidad pública, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, dentro del plazo establecido por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo, debido a la imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato por factores climáticos. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente sobre la doble indemnización en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias y de los litigios originados en los contratos y convenios en los que fuera parte una entidad pública?¿La demanda en el medio de control de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?¿La supervisora del convenio instó a la oficina jurídica para que presentara las acciones tendientes a solicitar la liquidación y declaratoria de incumplimiento del mismo?
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
[1. La matriz de experiencia nos dice: experiencia general: construcción o mejoramiento en pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vias urbanas o pistas de aeropuertos. en el glosario del pliego tipo inciso 1.30 infraestructura de transporte no contempla vias rurales. la pregunta seria: las vias rurales no haria parte de la matriz de experiencia?
[1. La matriz de experiencia nos dice: experiencia general: construcción o mejoramiento en pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vias urbanas o pistas de aeropuertos. en el glosario del pliego tipo inciso 1.30 infraestructura de transporte no contempla vias rurales. la pregunta seria: las vias rurales no haria parte de la matriz de experiencia?
También resuelve:Documentos tipo versión 3: licitación pública para obra de infraestructura de transporte, definición de experiencia exigibleSeguridad social: verificación, pago de aportes parafiscales, persona natural, persona jurídicaLuis alexis correa salazar
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?