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MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado recomienda confirmar sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a súplicas de la demanda de controversias contractuales
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-EFECTIMEDIOS SA demanda al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) del Distrito Capital por desequilibrio económico
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y medidas de confinamiento obligatorio redujeron casi por completo los ingresos de contrato
TEORIA DE LA IMPREVISION-Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato con base en hechos imprevisibles por pandemia COVID-19
CONTRATO DE APROVECHAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD-Negocio de aprovechamiento económico bajo el riesgo exclusivo del contratista
[NOMBRE TACHADO]-Al contrato de aprovechamiento y sostenibilidad al decretarse aislamiento obligatorio le restaba por ejecutarse el 16,12 % del plazo contractual
[NOMBRE TACHADO]-Ya existían perdidas antes del hecho imprevisible de la pandemia por COVID-19
ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO-Alteración del equilibrio económico en contrato de aprovechamiento y sostenibilidad
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de la teoría de la imprevisión en el caso concreto
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de la condena en abstracto
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Una cosa es probar el desequilibrio económico del contrato y otra muy diferente el menoscabo que debe ser reparado
TEORIA DE LA IMPREVISION-Presupuestos acreditados pues el contratista informó oportunamente las afectaciones sufridas y demostró la incidencia de la emergencia sanitaria sobre la actividad contractual
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Pandemia del COVID-19 es una situación imprevisible, irresistible y exógena según consejo de Estado
RESOLUCION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19-Protocolos de bioseguridad para enfrentar la pandemia adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril de 2020, las cuales debían cumplir los contratistas del Estado
[NOMBRE TACHADO]-La pandemia constituye un hecho notorio (de alcance mundial) que escapaba por completo a la previsión razonable de los contratantes al momento de estructurar y celebrar el contrato
PRINCIPIO DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Diferencia entre la teoría de la imprevisión y la teoría del príncipe
El máximo Tribunal ha sido categórico en afirmar que la finalidad de la teoría de la imprevisión consiste en llevar al contratista al denominado punto de no pérdida y, no en asegurarle las ganancias esperadas o reparar la integridad de los perjuicios padecidos, pues, esto es lo que la diferencia respecto de la teoría del príncipe
TEORIA DE LA IMPREVISION-Pruebas allegadas resultaban insuficientes para determinar los costos necesarios para alcanzar punto de no pérdida
CONTRATO DE APROVECHAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD-Disminución considerable en la contratación de vallas publicitarias
CONDENA EN ABSTRACTO-Precedente en sentencia del Consejo de Estado de 4 de noviembre de 2015 Rad. 52001-23-31-000-2000-00003-01 (34254) con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón
CONDENA EN ABSTRACTO-Procede de manera excepcional cuando existe certeza sobre la existencia del perjuicio pero razones objetivas impiden determinar su cuantía (extensión y repercusión patrimonial) durante el proceso
CONDENA EN ABSTRACTO-No procede en el caso en concreto
En el caso concreto, la imposibilidad de cuantificar los perjuicios no obedeció a una dificultad intrínseca de liquidación sino a la ausencia de prueba suficiente sobre los costos efectivamente asumidos por el contratista tras la pandemia. Por consiguiente, esta figura jurídica no puede convertirse en un mecanismo para suplir la insuficiencia probatoria de quien tenía la carga procesal de acreditar la cuantía del perjuicio; de ahí que esta solicitud subsidiaria tampoco tenga vocación de prosperidad
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Ruptura del equilibrio económico ocasionada por la pandemia por COVID-19, limitado el restablecimiento a los intereses moratorios debidamente probados
La Vista Fiscal concluye que la pandemia de COVID-19 constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que alteró la economía del contrato y dio lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, razón por la cual no prosperan los argumentos del DADEP encaminados a obtener la revocatoria total del fallo. Sin embargo, tampoco prosperan las pretensiones de EFECTIMEDIOS dirigidas a obtener el reconocimiento de $604.619.593,40 o una condena en abstracto, toda vez que la cuantificación de tales perjuicios no fue acreditada con la certeza exigida por el ordenamiento jurídico
En consecuencia, la decisión que mejor armoniza con el acervo probatorio, se sintetiza en confirmar la declaración de ruptura del equilibrio económico contractual y mantener exclusivamente la condena correspondiente a los intereses moratorios efectivamente demostrados dentro del proceso, dado su nexo causal
|PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6:
PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Concepto No 092 / 2026
Bogotá, D. C., 9 de junio de 2026
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Dr.: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
E. S. D.
Radicado No: 25000-23-36-000-2023-00469-01 (74381)
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)
Demandante: EFECTIMEDIOS SA
Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)
El Ministerio Público, dentro del término para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, respecto del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.
ANTECEDENTES
1.1. Síntesis de la demanda
1. La sociedad EFECTIMEDIOS SA (en adelante demandante o contratista), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -
DADEP (en adelante contratante o DADEP), para obtener el reconocimiento del desequilibrio económico que sufrió durante la ejecución del contrato de aprovechamiento y sostenibilidad No. 110-00129-477-0-2019, cuyos mayores costos asumidos le generaron una pérdida de $756.171.707. De igual manera, solicitó la devolución de $28.528.638,80 por concepto de intereses moratorios cobrados de manera arbitraria, injustificada e ilegal, así como de los gastos adicionales en que ha incurrido como consecuencia de acudir a la justicia.
1.1. Como sustento de sus pretensiones adujo, en resumen, que el 2 de septiembre de 2019, las partes firmaron el contrato No. 110-00129-477-0-2019 por un valor de $2.638.741.040, con un plazo inicial de cuatro meses que luego fue prorrogado por otros cuatro, finalizando el 2 de mayo de 2020, cuyo objeto fue la explotación publicitaria del mobiliario urbano de Bogotá, incluyendo la comercialización de paneles y la sostenibilidad de dichos elementos, de manera que los ingresos generados cubrieran los costos de inversión, operación y mantenimiento, garantizando al mismo tiempo una rentabilidad razonable para el contratista.
1.2. Describió que, el contrato se ejecutó con normalidad hasta marzo de 2020, pero la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, así como las medidas de confinamiento obligatorio ocasionaron una caída abrupta de la movilidad ciudadana y de la inversión publicitaria, afectando gravemente el sector y reduciendo casi por completo los ingresos del contrato. Ante esta situación, el 30 de marzo de 2020 la demandante solicitó al DADEP la revisión del contrato y el restablecimiento de su equilibrio económico con base en la teoría de la imprevisión, además de un plazo para cumplir con sus obligaciones, solicitudes que fueron negadas el 6 de abril de 2020 bajo el argumento de que los hechos estaban contemplados en la matriz de riesgos contractuales como riesgo comercial asumido por el contratista. Finalmente, el 4 de mayo de 2020 se informó que la cancelación de la pauta publicitaria en abril alcanzó el 97%.
1.3. Resaltó que, el contratista continuó con la ejecución del contrato, cumpliendo con las obligaciones de mantenimiento, realizando esfuerzos comerciales extraordinarios para mitigar las pérdidas, entregando el mobiliario al finalizar y pagando las sumas exigidas, incluidos intereses moratorios que canceló bajo protesta al estimar que no había mora imputable, lo que finalmente para él generó una pérdida de $756.171.707. Además, que el 16 de septiembre de 2020 se pagaron las sumas correspondientes al mes de abril de 2020, y posteriormente, el 11 de noviembre de 2020, la demandada le requirió nuevamente para el pago de $28.528.638,80 por intereses moratorios derivados del pago tardío del último mes de ejecución del contrato.
1.4. Advirtió que, en la etapa de liquidación, el DADEP no reconoció las pérdidas sufridas por la demandante y presentó un proyecto de acta que dejaba a las partes en paz y salvo, pero sin incluir el desequilibrio económico ni la devolución de los intereses cobrados, lo que obligó a la empresa a dejar constancia de sus salvedades.
1.5. Precisó que, el DADEP incumplió los principios de la contratación estatal al no garantizar el equilibrio económico del contrato frente a hechos imprevisibles como la pandemia del COVID-19, lo que incrementó de manera desproporcionada las cargas del contratista y alteró la remuneración pactada. Así, afirmó que la entidad debió restablecer la ecuación contractual para evitar pérdidas, pero al negarse a revisar y ajustar las condiciones financieras, desconoció la equivalencia de las prestaciones y vulneró lo establecido en la Ley 1150 de 2007.
1.2. Síntesis de la contestación
2. El DADEP contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones argumentando que el contrato no contemplaba ninguna ecuación económica y, por tanto, no había lugar a reconocer valores adicionales. Señaló que el acuerdo se estructuró como un negocio de aprovechamiento económico bajo el riesgo exclusivo del contratista, sin pagos por parte del DADEP. Además, indicó que el aislamiento preventivo obligatorio comenzó el 24 de marzo de 2020, cuando ya se habían ejecutado 203 días del contrato iniciado el 3 de septiembre de 2019 y finalizado el 2 de mayo de 2020, lo que representaba el 83,88% de su duración total de 242 días. En consecuencia, solo 39 días, equivalentes al 16,12% del contrato, transcurrieron durante el periodo de aislamiento.
2.1. Defendió que, según las cifras presentadas, durante la ejecución del contrato en septiembre de 2019 y enero de 2020 el contratista registró utilidades netas negativas de $293.761.186 y $684.992.781 respectivamente, lo que sumó una pérdida total de $978.753.967 en un periodo de normalidad económica, sin decretos de emergencia ni aislamiento obligatorio. De igual manera, sostuvo que la comercialización de la publicidad exterior, la ocupación de las caras publicitarias, la negociación con anunciantes y el recaudo de ingresos eran responsabilidad exclusiva del contratista, y que conforme a la matriz de riesgos el riesgo comercial le estaba asignado, por lo que la disminución de ventas, cancelación de pautas o baja ocupación constituían un riesgo normal del negocio, no atribuible a la entidad.
2.2. Reveló que, pese a ser la pandemia por COVID-19 un hecho imprevisible, EFECTIMEDIOS no demostró una afectación grave y anormal en toda la ejecución del contrato, ya que no bastaba con evidenciar caídas de ingresos en algunos meses. Expresó que el 83,88% del plazo contractual se cumplió antes del aislamiento obligatorio y solo el 16,12% coincidió con las restricciones, además de que ya existían pérdidas significativas en septiembre de 2019 y enero de 2020 en un contexto de normalidad económica, lo que indicaría que no podían atribuirse únicamente al COVID-19.
2.3. Expuso que, las pérdidas se debieron principalmente a una estrategia comercial deficiente y a la baja ocupación de las caras publicitarias, pues no se alcanzaron las ventas proyectadas, y que incluso el contrato habría generado utilidades pese a la disminución posterior por el COVID-19. Además, se alegó que no se cumplían los requisitos de la teoría de la imprevisión, ya que el contratista solo alegó ingresos dejados de percibir, lo cual constituye un riesgo normal del negocio según la jurisprudencia del Consejo de Estado, como tampoco demostró haber tomado medidas suficientes para mitigar el impacto económico.
2.4. Reafirmó que, la entidad tras realizar análisis financieros, jurídicos y contractuales negó la solicitud de restablecimiento del equilibrio por falta de pruebas suficientes del supuesto desequilibrio. De oro lado, arguyó que EFECTIMEDIOS incurrió en mora en el pago de la retribución contractual y que, aunque no se pactaron expresamente intereses moratorios, la ley autorizaba su cobro, por lo que estos no fueron arbitrarios ni ilegales. Finalmente, adujo que el contrato fue liquidado bilateralmente y de mutuo acuerdo, incluyendo las salvedades del contratista, razón por la cual no puede desconocerse dicha liquidación sin solicitar la nulidad del acta.
1.3. La sentencia de primera instancia
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B mediante sentencia de 13 de febrero de 2026 , decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda al declarar que en desarrollo del Contrato No. 110-00129-477-0 2019 se rompió el equilibrio económico en detrimento del contratista y en favor de la entidad contratante, por lo que, condenó al DADEP a pagar a la demandante la suma de $41.670.529 para restablecer ese desequilibrio.
3.1. La Sala encontró acreditado que, durante la ejecución del contrato, la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento obligatorio constituyeron una circunstancia imprevisible, excepcional y ajena a la voluntad de las partes, que afectó directamente la economía del contrato. En consecuencia, descartó la tesis de la entidad según la cual las afectaciones sufridas por el contratista correspondían exclusivamente a un riesgo comercial propio de la actividad, al considerar que los efectos de la emergencia sanitaria excedían los riesgos ordinarios asumidos por el contratista.
3.2. Al analizar el caso concreto, el Tribunal estimó que se configuraban los presupuestos para reconocer la ruptura del equilibrio económico del contrato, pues la afectación fue grave, tuvo origen en un hecho imprevisible no atribuible a las partes, fue oportunamente puesta en conocimiento de la entidad mediante diversas solicitudes formuladas por el contratista y las reclamaciones se realizaron de manera concreta respecto de su concepto, tiempo y valor. Además, observó que el contratista había advertido desde marzo de 2020 las dificultades que la emergencia generaba sobre la ejecución contractual y había solicitado medidas para mitigar sus efectos.
3.3. No obstante, la sentencia precisó que, tratándose de un desequilibrio derivado de circunstancias imprevistas, el restablecimiento económico únicamente podía llegar hasta el denominado “punto de no pérdida”. Bajo ese criterio, determinó que los intereses moratorios pagados por el contratista por el retraso en la retribución correspondiente a abril de 2020 no debían haber sido cobrados, ya que el incumplimiento obedeció a las afectaciones generadas por la emergencia sanitaria previamente informadas a la entidad. Por ello ordenó devolver la suma pagada por ese concepto.
3.4. Respecto de las demás sumas reclamadas, el a quo distinguió entre los períodos de marzo y abril de 2020. Frente a marzo, concluyó que el contrato se ejecutó normalmente y que no existía prueba suficiente para demostrar una afectación económica concreta desde el inicio de las restricciones. En cuanto a abril de 2020, reconoció que sí se presentó una disminución significativa de los ingresos derivada de las condiciones de aislamiento; sin embargo, consideró que el dictamen pericial no evaluó adecuadamente el punto de no pérdida y que tampoco se aportaron documentos que acreditaran los costos operativos, administrativos y de personal que el contratista afirmó haber asumido durante ese período.
3.5. Por estas razones, la primera instancia concluyó que, aunque se probó la existencia de un hecho imprevisible que alteró la economía del contrato, no existían elementos probatorios suficientes para cuantificar otros perjuicios o costos que permitieran restablecer el equilibrio económico más allá de los intereses moratorios pagados por el contratista. En consecuencia, únicamente reconoció a favor de la sociedad actora la devolución de la suma correspondiente a dicho concepto, debidamente indexada, negando de tal manera las demás pretensiones de la demanda.
1.4. Síntesis del recurso de apelación
4. El apoderado del DADEP, inconforme con la decisión de primer grado interpuso recurso de alzada con miras a que se revoque y, en su lugar se nieguen la totalidad de las pretensiones al incurrir en errores de apreciación probatoria y de aplicación de la ley sustancial
4.1. Insistió en que, el contrato de aprovechamiento económico no contenía una ecuación económica preestablecida ni una garantía de equilibrio financiero a cargo de la entidad. Afirmó que, por tratarse de un contrato adjudicado mediante subasta inversa, el contratista asumió integralmente los riesgos comerciales, financieros y operativos de la explotación publicitaria, por lo que no podía trasladar posteriormente a la administración las consecuencias económicas derivadas de la disminución de ingresos. Según el recurrente, el Tribunal reconoció esa naturaleza contractual, pero de manera contradictoria concluyó que existía una ecuación económica susceptible de romperse.
4.2. Reiteró que la pandemia no tuvo la entidad suficiente para producir un desequilibrio grave del contrato, pues las restricciones sanitarias solo coincidieron con el 16,12 % del plazo total de ejecución. A su juicio, la afectación alegada debe analizarse frente a la totalidad del contrato y no respecto de un periodo reducido de su ejecución. Además, recalcó que las pérdidas registradas por la demandante obedecieron principalmente a una deficiente gestión comercial previa a la pandemia, evidenciada en bajos niveles de ocupación de los espacios publicitarios y en pérdidas económicas registradas durante meses en los que no existían restricciones sanitarias. Por ello, consideró que la verdadera causa de los resultados negativos fue la gestión empresarial del contratista y no un hecho imprevisible atribuible a circunstancias externas.
4.3. Indicó que, no se acreditaron los requisitos exigidos por la jurisprudencia para declarar el desequilibrio económico. Señaló que no se probó una afectación grave del contrato en su conjunto, que el dictamen pericial fue considerado insuficiente por el propio Tribunal al no aplicar correctamente la metodología del punto de no pérdida y que la situación alegada se encontraba dentro de los riesgos financieros y comerciales asumidos por el contratista. En consecuencia, estimó que no existía soporte probatorio para reconocer perjuicio alguno ni para concluir que se configuró una ruptura de la ecuación financiera del contrato.
4.4. Defendió la legalidad del cobro de los intereses moratorios pagados por EFECTIMEDIOS. Al respectó afirmó que dichos intereses no constituyen un perjuicio derivado del desequilibrio económico, sino la consecuencia jurídica del incumplimiento del contratista en el pago oportuno de sus obligaciones contractuales del periodo del 1 de abril al 2 de mayo de 2020. Según la entidad, la pandemia no suspendió ni extinguió las obligaciones de pago y, dado que el riesgo comercial había sido asignado contractualmente al contratista, la mora generó legítimamente la causación de intereses; por ello, consideró improcedente ordenar la devolución de esa suma bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico.
4.5. Finalmente, cuestionó el valor probatorio del dictamen pericial al considerar que analizó parcialmente la ejecución contractual, no distinguió adecuadamente el impacto de la pandemia respecto de pérdidas preexistentes, omitió evaluar aspectos esenciales del negocio y presentó deficiencias metodológicas e incluso de imparcialidad. Añadió que el principio de autonomía de la voluntad y la regla pacta sunt servanda impiden trasladar al erario los riesgos propios del negocio asumidos libremente por el contratista.
5. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el Tribunal otorgó un valor probatorio desigual al acta de liquidación del contrato. Aseguró que, si dicho documento fue considerado prueba suficiente para reconocer el pago de los intereses moratorios y ordenar su devolución, también debía ser valorado para acreditar que EFECTIMEDIOS asumió y pagó todos los costos directos e indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales. En su criterio, el acta de liquidación y los documentos técnicos que la soportan demuestran que el contratista ejecutó integralmente las obligaciones de mantenimiento, sostenibilidad y operación del mobiliario urbano, lo que necesariamente implicó la realización de gastos cuya existencia no podía ser desconocida.
5.1. Igualmente, expresó que está acreditado que el contratista asumió todos los costos exigidos por el contrato y que su cuantía también se encontraba demostrada mediante los estados de resultados del contrato, documentos que fueron analizados por el perito y que detallan los gastos efectuados para cumplir las obligaciones contractuales. A juicio del demandante, el a quo erró al concluir que no existían soportes suficientes para establecer el monto de los costos y del desequilibrio económico sufrido.
5.2. Cuestionó la conclusión de la sentencia según la cual no existía certeza sobre la afectación económica correspondiente al período comprendido entre marzo y mayo de 2020. Sobre el particular señaló que fueron aportadas comunicaciones y correos electrónicos que evidencian la cancelación de pautas publicitarias y la suspensión de negocios incluso antes de la expedición de las medidas obligatorias de confinamiento, por lo que consideró que sí existían elementos de prueba que permitían acreditar la caída de la actividad comercial desde fechas anteriores a las consideradas por el propio Tribunal.
5.3. Insistió en que la propia sentencia reconoció la existencia del daño derivado del desequilibrio económico del contrato y que el DADEP desatendió las solicitudes formuladas para revisar y ajustar la ecuación económica durante la emergencia sanitaria. En ese sentido, reafirmó que la sociedad cumplió hasta el final todas sus obligaciones contractuales, asumió los gastos operativos correspondientes y que tales erogaciones se encuentran reflejadas en los estados financieros y en el dictamen pericial recaudados.
5.4. Por último, asentó que aun aceptando la tesis de la Sala según la cual no existían suficientes elementos para determinar con precisión la cuantía de la condena, la consecuencia jurídica no debía ser negar el reconocimiento de esos valores. En su lugar, supuso que procedía una condena en abstracto y la apertura del incidente de regulación de perjuicios previsto en el artículo 193 del CPACA, toda vez que el daño ya había sido declarado y probado dentro del proceso, quedando únicamente pendiente su liquidación.
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. El planteamiento del problema jurídico
6. Vistos los argumentos de las apelaciones, el problema jurídico en el presente proceso se centra en determinar, en primer lugar, si la pandemia derivada del COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional constituyeron un hecho imprevisible capaz de alterar la ecuación económica del Contrato de Aprovechamiento y Sostenibilidad No. 110-00129-477-0-2019, celebrado entre EFECTIMEDIOS SA y el DADEP.
6.1. De encontrarse acreditada la ruptura del equilibrio económico, deberá establecerse si la condena impuesta por el Tribunal resulta ajustada a derecho o si, por el contrario, procede acceder a las pretensiones elevadas por la demandante en su recurso de apelación para reconocer la suma de $604.619.593,40, o revocar íntegramente la sentencia como lo solicita el DADEP.
6.2. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizará: (i) la procedencia de la teoría de la imprevisión en el caso concreto; (ii) los reparos formulados por el DADEP respecto de la inexistencia del desequilibrio económico; (iii) los cuestionamientos formulados por EFECTIMEDIOS frente a la cuantificación del perjuicio; y (iv) la procedencia de la condena en abstracto solicitada subsidiariamente. Previo a ello, se considera pertinente identificar el marco jurisprudencial aplicable al sub lite.
2.2. Marco jurisprudencial aplicable
7. Con relación al desequilibrio económico del contrato, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:
“De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que, si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, deben adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. Como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, la equivalencia de las prestaciones pactadas puede verse afectada por factores externos a las partes, como ocurre con las aleas que se gobiernan por la teoría de la imprevisión, así como por causas atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad. Adicionalmente, el restablecimiento del equilibrio del contrato solo es procedente respecto de causas que no deriven de la conducta antijurídica del extremo contratante y en la medida que la afectación sea real, grave y significativa.
Por tanto, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles no imputables a las partes (teoría de la imprevisión), o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración (hecho del príncipe), cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada.
En términos generales, para que se configure este evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato con el consecuente reconocimiento económico a favor del contratista, se requiere acreditar que: (i) con posterioridad a la celebración del contrato, se presentó un hecho ajeno o exógeno a las partes, o no conocido, es decir, no atribuible a ninguna de ellas; (ii) esa nueva circunstancia fue imprevista o imprevisible, esto es, que no pudo ser razonablemente predecible por las partes; y, (iii) el hecho alteró de manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato, haciendo mucho más gravosa su ejecución, sin imposibilitar su continuación.” (Resalta el Ministerio Público)
7.1. En ese sentido, lo que busca esta figura es que se mantenga la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, para ello la Ley 80 de 1993 establece que las partes deben adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento o, en su defecto, podrán acudir al juez del contrato en aras de recuperar su ecuación financiera.
7.2. Ahora bien, una cosa es probar el desequilibrio económico del contrato y otra muy diferente el menoscabo que debe ser reparado, al respecto, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:
“(…) la carga de la prueba en este tipo de casos no se agota en la mera acreditación de ciertas circunstancias fácticas en el devenir de la relación contractual, ello no es más que un punto de inicio que necesariamente debe ser complementado con la suficiente acreditación probatoria y, sobre todo, técnica de las consecuencias negativas de tales hechos en el equilibrio económico del contrato estatal.
La Sala estima oportuno precisar que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.
Prueba, por lo tanto, de ser el caso, altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados.
A través de la actividad y debate probatorio el juez debe llegar a la certeza técnica del desbalance que afecta la relación negocial, de aquí como, la simple afirmación en la demanda de la existencia del desequilibrio o de la ruptura de la fórmula o modelo económico rector del negocio, no sea por sí mismo suficiente para dar por probada la configuración de la misma, sus características, impacto en la conmutatividad del negocio, magnitud del desajuste, en fin, todo lo relativo a su identificación plena y que permita abrir paso, al reconocimiento judicial de esta situación y a la determinación y cuantificación de las indemnizaciones que sean pertinentes, en los términos de los artículo 5 No 1, 27 y 28 de la ley 80 de 1993.
Resulta en consecuencia menester, que la prueba aportada permita materializar no solo el hecho causante o generador del desequilibrio del negocio, sino también configurar, entre otras cosas, sus efectos graves y dañinos, por ejemplo, en relación con el valor intrínseco del contrato, la pérdida económica sufrida, los efectos económicos y financieros de todo orden y magnitud que devengan de la ruptura de la igualdad o equivalencia surgidos al momento de proponer o contratar etc.
Con otras palabras, y a manera de síntesis, si mediante el contrato estatal se persigue satisfacer el interés general mediante la prestación de los servicios públicos, y si el equilibrio económico del negocio debe mantenerse para lograr la ejecución del objeto contractual y por ende prestar el correspondiente servicio público, resulta evidente que para cumplir con los imperativos legales que ordenan el restablecimiento, es indispensable, no sólo la demostración del acaecimiento de un hecho o acto que tuvo la virtualidad de destruir el balance económico y financiero negocial, sino también que el negocio efectivamente se descompensó por ese hecho o acto.
Por consiguiente, en torno al último aspecto, las probanzas deben demostrar aquel resultado, el que no puede surgir sino mediante la comparación del inicial diseño económico y financiero del contrato con la situación económica y financiera en que quedó el negocio luego de sobrevenir el hecho o acto desequilibrante.” (Resalta el Ministerio Público)
7.3. Con base en las anteriores consideraciones, esta Agencia Fiscal pasa a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto.
2.3. El caso concreto
8. La sociedad demandante reclamó la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 110-00129-477-0-2019, ocasionada por las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, en tanto que las restricciones de movilidad y aislamiento obligatorio produjeron una disminución significativa de los ingresos provenientes de la explotación publicitaria del mobiliario urbano, alterando de manera grave la economía del contrato. En consecuencia, solicitó el restablecimiento económico mediante el reconocimiento de los costos y perjuicios asumidos durante ese período, así como la devolución de los intereses moratorios que debió pagar por el retraso en el cumplimiento de algunas obligaciones económicas.
8.1. La sentencia de primera instancia concluyó que la pandemia y las medidas de aislamiento constituyeron un hecho imprevisible, extraordinario y ajeno a las partes que afectó la ejecución del contrato y produjo una ruptura de su equilibrio económico. Consideró acreditados los presupuestos para aplicar la teoría de la imprevisión, pues el contratista informó oportunamente las afectaciones sufridas y demostró la incidencia de la emergencia sanitaria sobre la actividad contractual. Sin embargo, encontró insuficiencias probatorias para cuantificar los demás costos y perjuicios reclamados, razón por la cual únicamente ordenó la devolución de los intereses moratorios pagados por la demandante, debidamente actualizados, negando las restantes pretensiones indemnizatorias.
8.2. El DADEP en su apelación solicitó la revocatoria integral de la sentencia, argumentando que no se configuró una verdadera ruptura del equilibrio económico, que las pérdidas alegadas correspondían a riesgos comerciales asumidos por el contratista y que no existía prueba suficiente de una afectación grave atribuible a la pandemia. Además, sostuvo que los intereses moratorios fueron consecuencia del incumplimiento del contratista y no podían ser reconocidos como parte del restablecimiento económico.
8.3. Por su parte, EFECTIMEDIOS pidió modificar la sentencia para que se reconocieran los demás costos y perjuicios derivados del desequilibrio contractual, afirmando que tales gastos sí se encontraban acreditados mediante el acta de liquidación, los estados financieros y el dictamen pericial. Subsidiariamente, solicitó que se profiera una condena en abstracto y se ordene la apertura de un incidente de liquidación de perjuicios para determinar el monto definitivo de la condena.
9. Conforme a lo anterior, se pasa a analizar cada uno de los cargos alegados en las distintas alzadas, advirtiendo que al haber apelado ambas partes el asunto podrá resolverse sin limitaciones, tal como lo establece el artículo 328 del CGP, previa la identificación de lo que resultó probado en el proceso.
2.3.1. Hechos probados
10. Está probado que el 2 de septiembre de 2019 EFECTIMEDIOS SAS y el DADEP suscribieron el Contrato de Aprovechamiento Económico y Sostenibilidad No. 110-00129-477-0-2019, cuyo objeto consistía en el aprovechamiento económico de paneles publicitarios del mobiliario urbano a cargo del Distrito y la sostenibilidad de dichos elementos. El contrato inició el 3 de septiembre de 2019, fue prorrogado por cuatro meses y finalizó el 2 de mayo de 2020. Además, fue adicionado en $2.638.741.040, alcanzando un valor total de $5.277.482.080.
10.1. De igual manera, se tiene que desde el 30 de marzo de 2020 EFECTIMEDIOS solicitó al DADEP la revisión del contrato con fundamento en la teoría de la imprevisión, debido a los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19; así solicitó exoneraciones temporales de retribución y que ciertos costos fueran asumidos por la entidad.
10.2. El DADEP negó dichas solicitudes y sostuvo que los riesgos habían sido previstos desde la etapa contractual, para el efecto indicó que el riesgo comercial había sido asignado al contratista con una calificación alta y comprendía aspectos como las variaciones en la demanda, los porcentajes de ocupación de los espacios publicitarios, la comercialización de la pauta y los ingresos esperados por la explotación económica del mobiliario urbano. Por esa razón, la entidad consideró que la disminución de ventas y la cancelación de pautas publicitarias debían ser asumidas por el contratista y no por la contratante.
10.3. EFECTIMEDIOS informó que la pandemia produjo la cancelación masiva de pautas publicitarias y una disminución sustancial de los ingresos del contrato. En mayo de 2020 manifestó que le habían sido canceladas aproximadamente el 90% de las pautas publicitarias y solicitó un plazo de 120 días para efectuar el pago correspondiente a abril de 2020 debido a la falta de flujo de caja. Posteriormente, en la solicitud formal de restablecimiento económico presentada el 30 de junio de 2020, expuso que la caída de la comercialización publicitaria durante marzo y abril de 2020 obedeció a las medidas adoptadas por la pandemia.
10.4. El DADEP negó las solicitudes de restablecimiento económico mediante comunicaciones emitidas durante 2020 y, de manera definitiva, el 22 de enero de 2021 informó que no accedería a la petición de restablecimiento del equilibrio económico. Posteriormente, EFECTIMEDIOS dejó constancia de sus inconformidades durante la etapa de liquidación y el 17 de septiembre de 2021 las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato, en la que quedaron consignadas las salvedades formuladas por el contratista referentes al restablecimiento económico y la restitución del dinero pago por concepto arbitrario, injustificado e ilegal de intereses moratorios.
2.3.2. La procedencia de la teoría de la imprevisión en el caso concreto
11. La Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales deben garantizar que, durante la ejecución de los contratos, se mantengan las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la licitación (art. 4, ordinal 8). En concordancia, el artículo 5, ordinal 1, reconoce el derecho de los contratistas a que la remuneración pactada conserve su valor real durante toda la vigencia del contrato. De igual forma, el artículo 27 dispone que, si esa equivalencia se rompe por causas imprevistas y no atribuibles al contratista, las partes están obligadas a adoptar las medidas necesarias, en el menor tiempo posible, para restablecer el equilibrio económico del contrato.
12. En ese sentido y, como se expuso, para la configuración del desequilibrio económico la jurisprudencia ha establecido estos requisitos: “(i) con posterioridad a la celebración del contrato, se presentó un hecho ajeno o exógeno a las partes, o no conocido, es decir, no atribuible a ninguna de ellas; (ii) esa nueva circunstancia fue imprevista o imprevisible, esto es, que no pudo ser razonablemente predecible por las partes; y, (iii) el hecho alteró de manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato, haciendo mucho más gravosa su ejecución, sin imposibilitar su continuación” .
13. Como primer punto, conviene señalar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente decisión determinó que la pandemia del COVID-19 es “una situación imprevisible, irresistible y exógena”, afirmación que sustentó en los siguientes argumentos:
“a) Este hecho y su naturaleza jurídica son tan claros que la Organización Mundial de la Salud declaró que se estaba en presencia de una “emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)”.
b) En Colombia, para enfrentar dicha situación se decretó un estado de emergencia sanitaria y un estado de emergencia económica, social y ecológica; sobre este último, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la declaración del estado de excepción, reconociendo que se estaba en presencia de hechos “sobreviniente[s] como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte, lo cual se contrapone a situaciones ordinarias, crónicas o estructurales, de ocurrencia común y previsible en la vida de la sociedad”.
c) Por su parte, el Consejo de Estado, en el marco del ejercicio del control de automático de legalidad de las medidas administrativas proferidas por las autoridades nacionales en desarrollo y aplicación de las disposiciones adoptadas en el referido estado de excepción, precisó lo siguiente:
“7. Como es de notorio conocimiento gracias a las informaciones de los diferentes medios de comunicación, la Organización Mundial de la Salud OMS- y el Instituto Nacional de Salud -INS-, la crisis que ha padecido nuestro país no constituye un caso aislado en el planeta, pues dicho virus afectó considerablemente a la población mundial, situación que precisamente conllevó a que fuera declarado como una pandemia. 8. En la historia reciente no se tenía conocimiento de un precedente similar, pues según datos de la misma OMS la contagiosidad, letalidad y mortalidad del virus es considerable, lo que ha llevado a que en la mayoría de los Estados se adopten medidas excepcionales para conjurar la crisis, entre ellas, periodos de confinamiento obligatorio -también llamadas cuarentenas- que han conducido a mantener en un régimen de confinamiento a más de mil millones de personas alrededor del globo, con el grave impacto social y económico que ello conlleva”28.
d) En este contexto, para enfrentar la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó protocolos de bioseguridad en las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril de 2020, los cuales debían cumplir los contratistas del Estado.” (Resalta el Ministerio Público)
14. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el contrato fue celebrado el 2 de septiembre de 2019 y que, con posterioridad a su celebración, el país afrontó la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, situación que condujo a la adopción de medidas de confinamiento y restricción de movilidad que impactaron de manera directa el mercado publicitario urbano sobre el cual recaía la explotación económica objeto del negocio jurídico.
15. En efecto, como se desprende de las constantes comunicaciones y salvedades concretas del contratista relacionadas con la revisión del contrato (desequilibrio) y el plazo para el pago de la retribución del mes de abril de 2020 que conllevó a la generación de unos intereses moratorios, se puede inferir de manera razonada que la restricción de la movilidad afectó la generación de ingresos del contrato al disminuirse las ventas de campañas publicitarias, configurándose así una circunstancia extraordinaria y ajena a las partes que alteró las condiciones inicialmente previstas para su ejecución.
16. En criterio del Ministerio Público la pandemia constituye un hecho notorio (de alcance mundial) que escapaba por completo a la previsión razonable de los contratantes al momento de estructurar y celebrar el contrato. Sin embargo, pese a esas dificultades generadas, el contrato pudo cumplirse en su totalidad como da cuenta el acta de liquidación bilateral que constató el cumplimiento de su objeto.
17. Así, atendiendo que la pandemia del COVID-19 no imposibilitó la ejecución del objeto contractual, podría sostenerse que, de manera preliminar, existiría fundamento para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. No obstante, como se explicará más adelante, la sociedad demandante no acreditó que las afectaciones anormales por motivo de esa pandemia generaron un rompimiento del equilibrio económico del contrato.
2.3.3. De los reparos formulados por el DADEP
18. (i) De la asunción del riesgo por parte del contratista. La entidad demandada sostiene que el contrato fue estructurado desde su etapa precontractual como un negocio de explotación comercial desarrollado por cuenta y riesgo exclusivo del contratista al haber sido adjudicado mediante subasta inversa, razón por la cual las pérdidas sufridas durante la ejecución debían ser asumidas exclusivamente por EFECTIMEDIOS.
19. Sobre el particular, es importante manifestar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido de manera reiterada y pacífica entre los riesgos normales u ordinarios inherentes a toda actividad económica y aquellos riesgos extraordinarios que desbordan la distribución inicialmente prevista por las partes.
20. En efecto, en sentencia de 26 de febrero de 2004 se precisó que la “entidad regula la distribución de riesgos cuando prepara los documentos formativos del contrato, según sus necesidades y la naturaleza del contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es el contratista el que libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado”; sin embargo, no sucede así frente a aquellos acontecimientos extraordinarios que exceden toda previsión razonable, pues “los riesgos externos, extraordinarios o anormales, configuran la teoría de la imprevisión”.
21. Posteriormente, en sentencia de 31 de agosto de 2011 se reiteró que la existencia de riesgos empresariales a cargo del contratista no excluye la aplicación de la teoría de la imprevisión cuando sobrevienen circunstancias excepcionales que alteran gravemente la economía contractual. Esto dijo la Corporación:
“De tiempo atrás la doctrina y la jurisprudencia, anteponiendo al principio pacta sunt servanda el principio rebus sic stantibus, ha manifestado que ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye el deber de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas.” (Resalta el Ministerio Público)
22. En consecuencia, aun aceptando que el contrato de aprovechamiento y sostenibilidad implicaba una importante asunción de riesgos comerciales por parte de EFECTIMEDIOS, ello no conduce automáticamente a concluir que la pandemia constituía un riesgo ordinario comprendido dentro de dicha distribución. Por el contrario, como se analizó en precedencia, se trató de un acontecimiento extraordinario que excedió cualquier previsión razonable y que, por ende, no puede entenderse incorporado dentro del alea normal del negocio cuestionado.
23. Adicionalmente, es importante mencionar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el restablecimiento económico del contrato es procedente en todos los contratos regidos por el estatuto de contratación pública, sin importar su modalidad. Así esta Agencia Fiscal no comparte el argumento aducido por la entidad demandada.
24. (ii) De la incidencia temporal de la pandemia. Argumenta igualmente el DADEP que las medidas asociadas al COVID-19 solo afectaron aproximadamente el 16,12 % del plazo contractual y que, por tanto, no era posible predicar una alteración grave de la ecuación financiera.
25. Frente a este reparo, el Ministerio Público no le asiste razón al apelante, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la teoría de la imprevisión se configura cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias e imprevisibles que alteran de manera grave la economía del contrato o el equilibrio o igualdad de las prestaciones, sin que dentro de sus presupuestos se exija una duración mínima del acontecimiento perturbador, en tanto que, lo relevante es que la circunstancia extraordinaria produzca una afectación real, grave y anormal de la ecuación económica inicialmente convenida.
26. Así, se interpreta de la jurisprudencia de la Sección Tercera cuando en un caso homologo por la ocurrencia de la pandemia indicó que la imprevisión surge cuando acontecimientos extraordinarios alteran la economía contractual sin impedir su ejecución; máxime cuando la figura opera al resultar gravemente afectado el contratista por cargas económicas anormales que exceden los riesgos ordinarios asumidos al contratar.
27. Por consiguiente, la circunstancia de que las medidas restrictivas asociadas al COVID-19 hubieran coincidido únicamente con una parte del plazo contractual no resulta suficiente para descartar la configuración de la teoría de la imprevisión, pues, se insiste que en los presupuestos definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de dicha figura no se exige que el acontecimiento extraordinario se prolongue durante toda la ejecución contractual, sino que produzca una alteración grave y anormal de la ecuación económica inicialmente pactada.
28. (iii) De la supuesta ausencia de prueba del desequilibrio. Finalmente, sostiene la entidad que el dictamen pericial presentado por la demandante fue considerado metodológicamente deficiente por el propio Tribunal y que ello imponía negar íntegramente las pretensiones.
29. Al respecto observa esta Procuraduría Delegada que la deficiencia identificada por el Tribunal no recayó sobre la existencia misma del desequilibrio sino sobre la determinación cuantitativa de los perjuicios reclamados, de manera que, la sentencia de primera instancia fue clara al concluir que el evento imprevisible sí se encontraba acreditado y que había afectado la economía contractual; lo que no logró demostrarse con suficiencia fue la magnitud económica de los costos cuya compensación pretendía la demandante.
30. Por consiguiente, los argumentos del DADEP no desvirtúan la configuración de la teoría de la imprevisión que valga decir, se encontró probada como se ha explicado en precedencia. En consecuencia, no existe fundamento para revocar la sentencia tal como se solicitó en el recurso de apelación.
31. (iv) De la legalidad del cobro de intereses. El DADEP afirmó que dichos intereses no constituyen un perjuicio derivado del desequilibrio económico, sino la consecuencia jurídica del incumplimiento del contratista en el pago oportuno de sus obligaciones contractuales del periodo del 1 de abril al 2 de mayo de 2020. Según la entidad, la pandemia no suspendió ni extinguió las obligaciones de pago y, dado que el riesgo comercial había sido asignado contractualmente al contratista, la mora generó legítimamente la causación de intereses; por ello, consideró improcedente ordenar la devolución de esa suma bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico.
32. El Ministerio Público considera acertada la decisión del Tribunal de reconocer a favor de EFECTIMEDIOS la suma correspondiente a los intereses moratorios pagados durante la ejecución contractual, toda vez que dicho concepto constituye la única afectación patrimonial que se encuentra plenamente demostrada en el expediente y cuya relación causal con la alteración extraordinaria de la economía contractual fue debidamente acreditada.
33. La sentencia apelada estimó que el pago por esos conceptos surgió durante el período en que la ejecución contractual resultó severamente afectada por las restricciones impuestas con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, posición que se comparte, pues, contrario a lo manifestado por el DADEP, los intereses moratorios reconocidos no constituyen una obligación autónoma e independiente de la ruptura del equilibrio económico declarada en el proceso.
34. Por el contrario, su causación se encuentra estrechamente ligada a la situación extraordinaria generada por la emergencia sanitaria, como lo concibió la primera instancia. Sobre la materia, se recuerda que la teoría de la imprevisión tiene como finalidad impedir que el contratista soporte cargas económicas excepcionales derivadas de acontecimientos extraordinarios que exceden los riesgos normales asumidos al contratar.
35. Desde esa perspectiva, obligar al contratista a asumir definitivamente intereses moratorios cuya causación se produjo en un contexto de grave afectación económica derivada de una circunstancia imprevisible reconocida judicialmente implicaría trasladarle una carga patrimonial extraordinaria que no estaba llamada a soportar conforme a la distribución original de riesgos del contrato.
36. De igual manera, este reconocimiento también encuentra respaldo en los principios de buena fe y equivalencia prestacional que gobiernan la contratación estatal. Bajo esta óptica, los intereses moratorios pagados por el contratista representan precisamente un detrimento económico concreto que no se habría producido en las mismas condiciones de no haberse presentado el hecho extraordinario materializado en la pandemia y sus medidas restrictivas para contenerla.
2.3.4. De los reparos formulados por la sociedad EFECTIMEDIOS
37. (i) De la pretensión de reconocimiento de $604.619.593,40. La demandante sostiene que el Tribunal debió reconocer la totalidad de las pérdidas establecidas por el perito, las cuales ascendían a $604.619.593,40, además que, los estados de resultados, el acta de liquidación y la cancelación de pautas publicitarias como la suspensión de negocios, daban cuenta de ello.
38. La jurisprudencia ha señalado de manera reiterada que no basta con probar que hubo un aumento o disminución en algunos costos del contrato, sino que, es indispensable acreditar el impacto en la totalidad de la ecuación contractual. Esto ha manifestado:
“Para acreditar la prueba del desequilibrio económico, no basta demostrar el incremento o la sobreejecución de una cuenta, la carga de la prueba implica cuantificar el impacto sobre la ecuación económica y sobre su ejecución, concretamente, en relación con las afectaciones financieras que soportó aquella parte que invoca el desequilibrio”.
39. De igual manera, el máximo Tribunal ha sido categórico en afirmar que la finalidad de la teoría de la imprevisión consiste en llevar al contratista al denominado punto de no pérdida y, no en asegurarle las ganancias esperadas o reparar la integridad de los perjuicios padecidos, pues, esto es lo que la diferencia respecto de la teoría del príncipe.
40. Precisamente por ello, el Tribunal examinó si las pruebas allegadas permitían determinar los costos necesarios para alcanzar dicho punto de no pérdida, concluyendo que el dictamen no utilizó un método que permitiese determinar con certeza esa circunstancia, a la par que los soportes documentales resultaban insuficientes, posición que comparte el Ministerio Público, como se explica a continuación.
41. El artículo 167 del CGP impone a las partes la carga de probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. En este caso, entre abril y el 2 de mayo, cuando ya se conocían con certeza las condiciones del aislamiento preventivo decretado en el país, se produjo una disminución considerable en la contratación de vallas publicitarias; situación que fue señalada por el demandante y no fue controvertida por la parte contraria, lo que permite concluir que efectivamente existió dicha reducción.
42. Ahora, pese a que se allegaron estados de resultados, acta de liquidación bilateral, correos de cancelación de compras y un dictamen pericial, para esta Vista Fiscal esos documentos no dan certeza sobre la reclamación elevada con la demanda, ya que, en línea con la sentencia apelada no son soportes contables específicos que permitieran verificar de manera cierta los costos operativos, administrativos y de personal; esto es, que contribuyan a confirmar que realmente existieron las relaciones contractuales o comerciales correspondientes, así como comprobar los gastos realizados y la naturaleza o justificación de cada uno de ellos.
43. Inclusive, aun cuando el contratista formuló reclamaciones oportunas durante la ejecución contractual, la prueba recaudada no permite determinar con certeza el monto de los costos efectivamente asumidos ni establecer el punto de no pérdida exigido por la jurisprudencia para el reconocimiento derivado de la teoría de la imprevisión.
44. Por último, se observa que el análisis realizado por el perito no contempló el reconocimiento del punto de no pérdida, pues se limitó a evaluar la ejecución del contrato desde su inicio en septiembre de 2019 hasta su terminación el 2 de mayo de 2020. En consecuencia, compartiendo la tesis del a quo omitió examinar específicamente el restablecimiento de la ecuación contractual en el mes de abril de 2020, momento en el cual debía verificarse si se mantenía dicho punto de equilibrio.
45. En suma, tal deficiencia impide establecer con el grado de certeza requerido el monto del restablecimiento económico solicitado. Sobre este punto, debe recordarse que el Consejo de Estado ha precisado la necesidad de “que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.”
46. (ii) De la condena en abstracto. Subsidiariamente, EFECTIMEDIOS solicita que se emita condena en abstracto y que la cuantificación de los perjuicios se adelante mediante incidente posterior, con fundamento en el artículo 193 del CPACA, para sustentar dicha solicitud invoca la sentencia del Consejo de Estado de 4 de noviembre de 2015, Rad. 52001-23-31-000-2000-00003-01 (34254), con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.
47. No obstante, esta Vista Fiscal considera que dicho precedente no resulta aplicable a las circunstancias particulares del presente asunto, en tanto que, conforme al artículo 193 del CPACA la condena en abstracto procede de manera excepcional cuando existe certeza sobre la existencia del perjuicio, pero razones objetivas impiden determinar su cuantía (extensión y repercusión patrimonial) durante el proceso.
48. En el caso concreto, la imposibilidad de cuantificar los perjuicios no obedeció a una dificultad intrínseca de liquidación sino a la ausencia de prueba suficiente sobre los costos efectivamente asumidos por el contratista tras la pandemia. Por consiguiente, esta figura jurídica no puede convertirse en un mecanismo para suplir la insuficiencia probatoria de quien tenía la carga procesal de acreditar la cuantía del perjuicio; de ahí que esta solicitud subsidiaria tampoco tenga vocación de prosperidad.
49. Conclusión. En síntesis, la Vista Fiscal concluye que la pandemia de COVID-19 constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que alteró la economía del contrato y dio lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, razón por la cual no prosperan los argumentos del DADEP encaminados a obtener la revocatoria total del fallo. Sin embargo, tampoco prosperan las pretensiones de EFECTIMEDIOS dirigidas a obtener el reconocimiento de $604.619.593,40 o una condena en abstracto, toda vez que la cuantificación de tales perjuicios no fue acreditada con la certeza exigida por el ordenamiento jurídico.
50. En consecuencia, la decisión que mejor armoniza con el acervo probatorio, se sintetiza en confirmar la declaración de ruptura del equilibrio económico contractual y mantener exclusivamente la condena correspondiente a los intereses moratorios efectivamente demostrados dentro del proceso, dado su nexo causal.
III. CONCEPTO
De conformidad con el marco jurídico invocado, con las pruebas allegadas y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada no está llamado a prosperar.
Dicho lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido acatamiento por la independencia judicial, respetuosamente recomienda CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,
NOHORA CRISTINA GUTIÉRREZ BARRERA
Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado
HABC / NCGB