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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:e516afa2-59d3-4d33-a533-06ed336afcd2.docx"
titulo: "Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2026-06-09"
radicado: ""
numero: "e516afa2-59d3-4d33-a533-06ed336afcd2.docx"
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# Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2026-06-09
- **Número:** e516afa2-59d3-4d33-a533-06ed336afcd2.docx
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:e516afa2-59d3-4d33-a533-06ed336afcd2.docx
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado recomienda confirmar sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a súplicas de la demanda de controversias contractuales
- Controversias contractuales: EFECTIMEDIOS SA demanda al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) del Distrito Capital por desequilibrio económico
- Controversias contractuales: Declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y medidas de confinamiento obligatorio redujeron casi por completo los ingresos de contrato
- Teoria de la imprevision: Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato con base en hechos imprevisibles por pandemia COVID-19

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

En consecuencia, solo 39 días, equivalentes al 16,12% del contrato, transcurrieron durante el periodo de aislamiento. Defendió que, según las cifras presentadas, durante la ejecución del contrato en septiembre de 2019 y enero de 2020 el contratista registró utilidades netas negativas de $293.761.186 y $684.992.781 respectivamente, lo que sumó una pérdida total de $978.753.967 en un periodo de normalidad económica, sin decretos de emergencia ni aislamiento obligatorio. Al analizar el caso concreto, el Tribunal estimó que se configuraban los presupuestos para reconocer la ruptura del equilibrio económico del contrato, pues la afectación fue grave, tuvo origen en un hecho imprevisible no atribuible a las partes, fue oportunamente puesta en conocimiento de la entidad mediante diversas solicitudes formuladas por el contratista y las reclamaciones se realizaron de manera concreta respecto de su concepto, tiempo y valor.

## Descriptores temáticos

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL, Al contrato de aprovechamiento y sostenibilidad al decretarse aislamiento obligatorio le restaba por ejecutarse el 16,12 % del plazo contractual

## Decisiones relacionadas

- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Interpretacion judicial del contrato: 70001233100019980028901 de 2025](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:60610.md)
- [Consejo de Estado — El magistrado ponente resuelve los conflictos de competencia entre jueces administrativos de diferentes distritos judiciales según el CPACA.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001334305920240015301-72143-auto-interlocutorio.md)
- [Colombia Compra Eficiente — Es necesario que el contrato se haya perfeccionado para que el contratista pueda proceder con la solicitud de la póliza que deberá ser enviada a aprobación por parte de la entidad estatal contratante.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:58556.md)
- [Consejo de Estado — Contrato estatal: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020130026901-53820-sentencia.md)

## Texto del documento

MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado recomienda confirmar sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a súplicas de la demanda de controversias contractuales
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-EFECTIMEDIOS SA demanda al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) del Distrito Capital por desequilibrio económico
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y medidas de confinamiento obligatorio redujeron casi por completo los ingresos de contrato
TEORIA DE LA IMPREVISION-Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato con base en hechos imprevisibles por pandemia COVID-19
CONTRATO DE APROVECHAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD-Negocio de aprovechamiento económico bajo el riesgo exclusivo del contratista
[NOMBRE TACHADO]-Al contrato de aprovechamiento y sostenibilidad al decretarse aislamiento obligatorio le restaba por ejecutarse el 16,12 % del plazo contractual
[NOMBRE TACHADO]-Ya existían perdidas antes del hecho imprevisible de la pandemia por COVID-19
ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO-Alteración del equilibrio económico en contrato de aprovechamiento y sostenibilidad
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de la teoría de la imprevisión en el caso concreto
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de la condena en abstracto
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Una cosa es probar el desequilibrio económico del contrato y otra muy diferente el menoscabo que debe ser reparado
TEORIA DE LA IMPREVISION-Presupuestos acreditados pues el contratista informó oportunamente las afectaciones sufridas y demostró la incidencia de la emergencia sanitaria sobre la actividad contractual
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Pandemia del COVID-19 es una situación imprevisible, irresistible y exógena según consejo de Estado
RESOLUCION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19-Protocolos de bioseguridad para enfrentar la pandemia adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril de 2020, las cuales debían cumplir los contratistas del Estado
[NOMBRE TACHADO]-La pandemia constituye un hecho notorio (de alcance mundial) que escapaba por completo a la previsión razonable de los contratantes al momento de estructurar y celebrar el contrato
PRINCIPIO DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Diferencia entre la teoría de la imprevisión y la teoría del príncipe
El máximo Tribunal ha sido categórico en afirmar que la finalidad de la teoría de la imprevisión consiste en llevar al contratista al denominado punto de no pérdida y, no en asegurarle las ganancias esperadas o reparar la integridad de los perjuicios padecidos, pues, esto es lo que la diferencia respecto de la teoría del príncipe
TEORIA DE LA IMPREVISION-Pruebas allegadas resultaban insuficientes para determinar los costos necesarios para alcanzar punto de no pérdida
CONTRATO DE APROVECHAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD-Disminución considerable en la contratación de vallas publicitarias
CONDENA EN ABSTRACTO-Precedente en sentencia del Consejo de Estado de 4 de noviembre de 2015 Rad. 52001-23-31-000-2000-00003-01 (34254) con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón
CONDENA EN ABSTRACTO-Procede de manera excepcional cuando existe certeza sobre la existencia del perjuicio pero razones objetivas impiden determinar su cuantía (extensión y repercusión patrimonial) durante el proceso
CONDENA EN ABSTRACTO-No procede en el caso en concreto
En el caso concreto, la imposibilidad de cuantificar los perjuicios no obedeció a una dificultad intrínseca de liquidación sino a la ausencia de prueba suficiente sobre los costos efectivamente asumidos por el contratista tras la pandemia. Por consiguiente, esta figura jurídica no puede convertirse en un mecanismo para suplir la insuficiencia probatoria de quien tenía la carga procesal de acreditar la cuantía del perjuicio; de ahí que esta solicitud subsidiaria tampoco tenga vocación de prosperidad
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Ruptura del equilibrio económico ocasionada por la pandemia por COVID-19, limitado el restablecimiento a los intereses moratorios debidamente probados
La Vista Fiscal concluye que la pandemia de COVID-19 constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que alteró la economía del contrato y dio lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, razón por la cual no prosperan los argumentos del DADEP encaminados a obtener la revocatoria total del fallo. Sin embargo, tampoco prosperan las pretensiones de EFECTIMEDIOS dirigidas a obtener el reconocimiento de $604.619.593,40 o una condena en abstracto, toda vez que la cuantificación de tales perjuicios no fue acreditada con la certeza exigida por el ordenamiento jurídico
En consecuencia, la decisión que mejor armoniza con el acervo probatorio, se sintetiza en confirmar la declaración de ruptura del equilibrio económico contractual y mantener exclusivamente la condena correspondiente a los intereses moratorios efectivamente demostrados dentro del proceso, dado su nexo causal
|PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6:
PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Concepto No 092 / 2026
Bogotá, D. C., 9 de junio de 2026
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Dr.: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
E. S. D.
Radicado No: 25000-23-36-000-2023-00469-01 (74381)
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)
Demandante: EFECTIMEDIOS SA
Demandado: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)
El Ministerio Público, dentro del término para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, respecto del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.
ANTECEDENTES
1.1. Síntesis de la demanda
1. La sociedad EFECTIMEDIOS SA (en adelante demandante o contratista), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -
DADEP (en adelante contratante o DADEP), para obtener el reconocimiento del desequilibrio económico que sufrió durante la ejecución del contrato de aprovechamiento y sostenibilidad No. 110-00129-477-0-2019, cuyos mayores costos asumidos le generaron una pérdida de $756.171.707. De igual manera, solicitó la devolución de $28.528.638,80 por concepto de intereses moratorios cobrados de manera arbitraria, injustificada e ilegal, así como de los gastos adicionales en que ha incurrido como consecuencia de acudir a la justicia.
1.1. Como sustento de sus pretensiones adujo, en resumen, que el 2 de septiembre de 2019, las partes firmaron el contrato No. 110-00129-477-0-2019 por un valor de $2.638.741.040, con un plazo inicial de cuatro meses que luego fue prorrogado por otros cuatro, finalizando el 2 de mayo de 2020, cuyo objeto fue la explotación publicitaria del mobiliario urbano de Bogotá, incluyendo la comercialización de paneles y la sostenibilidad de dichos elementos, de manera que los ingresos generados cubrieran los costos de inversión, operación y mantenimiento, garantizando al mismo tiempo una rentabilidad razonable para el contratista.
1.2. Describió que, el contrato se ejecutó con normalidad hasta marzo de 2020, pero la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, así como las medidas de confinamiento obligatorio ocasionaron una caída abrupta de la movilidad ciudadana y de la inversión publicitaria, afectando gravemente el sector y reduciendo casi por completo los ingresos del contrato. Ante esta situación, el 30 de marzo de 2020 la demandante solicitó al DADEP la revisión del contrato y el restablecimiento de su equilibrio económico con base en la teoría de la imprevisión, además de un plazo para cumplir con sus obligaciones, solicitudes que fueron negadas el 6 de abril de 2020 bajo el argumento de que los hechos estaban contemplados en la matriz de riesgos contractuales como riesgo comercial asumido por el contratista. Finalmente, el 4 de mayo de 2020 se informó que la cancelación de la pauta publicitaria en abril alcanzó el 97%.
1.3. Resaltó que, el contratista continuó con la ejecución del contrato, cumpliendo con las obligaciones de mantenimiento, realizando esfuerzos comerciales extraordinarios para mitigar las pérdidas, entregando el mobiliario al finalizar y pagando las sumas exigidas, incluidos intereses moratorios que canceló bajo protesta al estimar que no había mora imputable, lo que finalmente para él generó una pérdida de $756.171.707. Además, que el 16 de septiembre de 2020 se pagaron las sumas correspondientes al mes de abril de 2020, y posteriormente, el 11 de noviembre de 2020, la demandada le requirió nuevamente para el pago de $28.528.638,80 por intereses moratorios derivados del pago tardío del último mes de ejecución del contrato.
1.4. Advirtió que, en la etapa de liquidación, el DADEP no reconoció las pérdidas sufridas por la demandante y presentó un proyecto de acta que dejaba a las partes en paz y salvo, pero sin incluir el desequilibrio económico ni la devolución de los intereses cobrados, lo que obligó a la empresa a dejar constancia de sus salvedades.
1.5. Precisó que, el DADEP incumplió los principios de la contratación estatal al no garantizar el equilibrio económico del contrato frente a hechos imprevisibles como la pandemia del COVID-19, lo que incrementó de manera desproporcionada las cargas del contratista y alteró la remuneración pactada. Así, afirmó que la entidad debió restablecer la ecuación contractual para evitar pérdidas, pero al negarse a revisar y ajustar las condiciones financieras, desconoció la equivalencia de las prestaciones y vulneró lo establecido en la Ley 1150 de 2007.
1.2. Síntesis de la contestación
2. El DADEP contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones argumentando que el contrato no contemplaba ninguna ecuación económica y, por tanto, no había lugar a reconocer valores adicionales. Señaló que el acuerdo se estructuró como un negocio de aprovechamiento económico bajo el riesgo exclusivo del contratista, sin pagos por parte del DADEP. Además, indicó que el aislamiento preventivo obligatorio comenzó el 24 de marzo de 2020, cuando ya se habían ejecutado 203 días del contrato iniciado el 3 de septiembre de 2019 y finalizado el 2 de mayo de 2020, lo que representaba el 83,88% de su duración total de 242 días. En consecuencia, solo 39 días, equivalentes al 16,12% del contrato, transcurrieron durante el periodo de aislamiento.
2.1. Defendió que, según las cifras presentadas, durante la ejecución del contrato en septiembre de 2019 y enero de 2020 el contratista registró utilidades netas negativas de $293.761.186 y $684.992.781 respectivamente, lo que sumó una pérdida total de $978.753.967 en un periodo de normalidad económica, sin decretos de emergencia ni aislamiento obligatorio. De igual manera, sostuvo que la comercialización de la publicidad exterior, la ocupación de las caras publicitarias, la negociación con anunciantes y el recaudo de ingresos eran responsabilidad exclusiva del contratista, y que conforme a la matriz de riesgos el riesgo comercial le estaba asignado, por lo que la disminución de ventas, cancelación de pautas o baja ocupación constituían un riesgo normal del negocio, no atribuible a la entidad.
2.2. Reveló que, pese a ser la pandemia por COVID-19 un hecho imprevisible, EFECTIMEDIOS no demostró una afectación grave y anormal en toda la ejecución del contrato, ya que no bastaba con evidenciar caídas de ingresos en algunos meses. Expresó que el 83,88% del plazo contractual se cumplió antes del aislamiento obligatorio y solo el 16,12% coincidió con las restricciones, además de que ya existían pérdidas significativas en septiembre de 2019 y enero de 2020 en un contexto de normalidad económica, lo que indicaría que no podían atribuirse únicamente al COVID-19.
2.3. Expuso que, las pérdidas se debieron principalmente a una estrategia comercial deficiente y a la baja ocupación de las caras publicitarias, pues no se alcanzaron las ventas proyectadas, y que incluso el contrato habría generado utilidades pese a la disminución posterior por el COVID-19. Además, se alegó que no se cumplían los requisitos de la teoría de la imprevisión, ya que el contratista solo alegó ingresos dejados de percibir, lo cual constituye un riesgo normal del negocio según la jurisprudencia del Consejo de Estado, como tampoco demostró haber tomado medidas suficientes para mitigar el impacto económico.
2.4. Reafirmó que, la entidad tras realizar análisis financieros, jurídicos y contractuales negó la solicitud de restablecimiento del equilibrio por f

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ntractual. Esto ha manifestado:
“Para acreditar la prueba del desequilibrio económico, no basta demostrar el incremento o la sobreejecución de una cuenta, la carga de la prueba implica cuantificar el impacto sobre la ecuación económica y sobre su ejecución, concretamente, en relación con las afectaciones financieras que soportó aquella parte que invoca el desequilibrio”.
39. De igual manera, el máximo Tribunal ha sido categórico en afirmar que la finalidad de la teoría de la imprevisión consiste en llevar al contratista al denominado punto de no pérdida y, no en asegurarle las ganancias esperadas o reparar la integridad de los perjuicios padecidos, pues, esto es lo que la diferencia respecto de la teoría del príncipe.
40. Precisamente por ello, el Tribunal examinó si las pruebas allegadas permitían determinar los costos necesarios para alcanzar dicho punto de no pérdida, concluyendo que el dictamen no utilizó un método que permitiese determinar con certeza esa circunstancia, a la par que los soportes documentales resultaban insuficientes, posición que comparte el Ministerio Público, como se explica a continuación.
41. El artículo 167 del CGP impone a las partes la carga de probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. En este caso, entre abril y el 2 de mayo, cuando ya se conocían con certeza las condiciones del aislamiento preventivo decretado en el país, se produjo una disminución considerable en la contratación de vallas publicitarias; situación que fue señalada por el demandante y no fue controvertida por la parte contraria, lo que permite concluir que efectivamente existió dicha reducción.
42. Ahora, pese a que se allegaron estados de resultados, acta de liquidación bilateral, correos de cancelación de compras y un dictamen pericial, para esta Vista Fiscal esos documentos no dan certeza sobre la reclamación elevada con la demanda, ya que, en línea con la sentencia apelada no son soportes contables específicos que permitieran verificar de manera cierta los costos operativos, administrativos y de personal; esto es, que contribuyan a confirmar que realmente existieron las relaciones contractuales o comerciales correspondientes, así como comprobar los gastos realizados y la naturaleza o justificación de cada uno de ellos.
43. Inclusive, aun cuando el contratista formuló reclamaciones oportunas durante la ejecución contractual, la prueba recaudada no permite determinar con certeza el monto de los costos efectivamente asumidos ni establecer el punto de no pérdida exigido por la jurisprudencia para el reconocimiento derivado de la teoría de la imprevisión.
44. Por último, se observa que el análisis realizado por el perito no contempló el reconocimiento del punto de no pérdida, pues se limitó a evaluar la ejecución del contrato desde su inicio en septiembre de 2019 hasta su terminación el 2 de mayo de 2020. En consecuencia, compartiendo la tesis del a quo omitió examinar específicamente el restablecimiento de la ecuación contractual en el mes de abril de 2020, momento en el cual debía verificarse si se mantenía dicho punto de equilibrio.
45. En suma, tal deficiencia impide establecer con el grado de certeza requerido el monto del restablecimiento económico solicitado. Sobre este punto, debe recordarse que el Consejo de Estado ha precisado la necesidad de “que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.”
46. (ii) De la condena en abstracto. Subsidiariamente, EFECTIMEDIOS solicita que se emita condena en abstracto y que la cuantificación de los perjuicios se adelante mediante incidente posterior, con fundamento en el artículo 193 del CPACA, para sustentar dicha solicitud invoca la sentencia del Consejo de Estado de 4 de noviembre de 2015, Rad. 52001-23-31-000-2000-00003-01 (34254), con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.
47. No obstante, esta Vista Fiscal considera que dicho precedente no resulta aplicable a las circunstancias particulares del presente asunto, en tanto que, conforme al artículo 193 del CPACA la condena en abstracto procede de manera excepcional cuando existe certeza sobre la existencia del perjuicio, pero razones objetivas impiden determinar su cuantía (extensión y repercusión patrimonial) durante el proceso.
48. En el caso concreto, la imposibilidad de cuantificar los perjuicios no obedeció a una dificultad intrínseca de liquidación sino a la ausencia de prueba suficiente sobre los costos efectivamente asumidos por el contratista tras la pandemia. Por consiguiente, esta figura jurídica no puede convertirse en un mecanismo para suplir la insuficiencia probatoria de quien tenía la carga procesal de acreditar la cuantía del perjuicio; de ahí que esta solicitud subsidiaria tampoco tenga vocación de prosperidad.
49. Conclusión. En síntesis, la Vista Fiscal concluye que la pandemia de COVID-19 constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que alteró la economía del contrato y dio lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, razón por la cual no prosperan los argumentos del DADEP encaminados a obtener la revocatoria total del fallo. Sin embargo, tampoco prosperan las pretensiones de EFECTIMEDIOS dirigidas a obtener el reconocimiento de $604.619.593,40 o una condena en abstracto, toda vez que la cuantificación de tales perjuicios no fue acreditada con la certeza exigida por el ordenamiento jurídico.
50. En consecuencia, la decisión que mejor armoniza con el acervo probatorio, se sintetiza en confirmar la declaración de ruptura del equilibrio económico contractual y mantener exclusivamente la condena correspondiente a los intereses moratorios efectivamente demostrados dentro del proceso, dado su nexo causal.
III. CONCEPTO
De conformidad con el marco jurídico invocado, con las pruebas allegadas y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada no está llamado a prosperar.
Dicho lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido acatamiento por la independencia judicial, respetuosamente recomienda CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,
NOHORA CRISTINA GUTIÉRREZ BARRERA
Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado
HABC / NCGB

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL. 2026-06-09. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:e516afa2-59d3-4d33-a533-06ed336afcd2.docx).
