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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato

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Fecha
2025-12-10
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
add156cc-b3ac-4093-8ea7-517dfdf06253.docx

Síntesis del concepto

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato

Regla de decisión

No se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1150 de 2007

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Principio de buena fé/EJECUCIÓN DEL CONTRATO-Cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato Afirmó que el contratista no ejecutó el objeto principal del contrato en los tiempos y conforme a los documentos técnicos acordados, pues solo completó el 64.90% del presupuesto total, dejó de ejecutar $1.450.005.316, lo que corresponde al 35.10% de las actividades restantes. Por tanto, no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato. Adujo que el incumplimiento no puede atribuirse al contratista dado que la cimentación representa aproximadamente el 20% del valor del contrato y fue la falta de dirección y gestión por parte de la FAC lo que impidió la correcta ejecución y terminación de la obra.

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CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra la Nación–Ministerio De Defensa– Fuerza Aérea Colombiana–FAC, por posible incumplimiento por parte de la FAC del contrato no. 181-00-a-cofac-difra-2021 de 29 de octubre de 2021 LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO-Fundamento legal De conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Procedimientos i) la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o el acordado en el contrato y, a falta de esta estipulación, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual; (ii) la liquidación unilateral efectuada por la Administración, la cual tiene lugar cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o ésta no se intenta o fracasa, evento en el cual “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral”; iii) La liquidación judicial, cuando no se haya hecho uso de los dos procedimientos anteriores ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo De acuerdo con lo establecido en el artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, aplicables por remisión expresa del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las partes del contrato no solo están obligados a lo expresamente pactado, sino a todo aquello que emane del negocio jurídico y que se haga indispensable para lograr el fin último perseguido con su celebración. Conforme las mismas normas, los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo que implica obrar con lealtad en las relaciones jurídicas, respetar lo acordado y propender recíprocamente la realización de las expectativas legítimas que se tienen frente a la negociación EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Principio de buena fé/EJECUCIÓN DEL CONTRATO-Cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución Según lo ha sostenido el Consejo de Estado, “Los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil prescriben que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. De manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. La buena fe, en la ejecución del contrato, se ha entendido como objetiva, es decir que no parte de la creencia del sujeto de actuar ajustado a la ley, sino en respetar el pacto, cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-No puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda Siendo así, la aludida liquidación no puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda realizada el 24 de enero de 2024, además que la misma quedó ejecutoriada con posterioridad a dicha fecha (08 de febrero de 2024), conforme con lo que había establecido la misma Resolución 006 en su parte resolutiva: “ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de su ejecutoria” (Destacado extra texto). En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato DECISION DE FONDO-Se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia de 02 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, por cuanto se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico. Tampoco hay lugar a modificar la liquidación unilateral que efectuó la FAC mediante Resolución No. 006 de 2023. CONCEPTO N°183/2025 Bogotá D. C., 10 de diciembre de 2025 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctor [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref: Proceso: 08001233300020240003401 (73746) Medio de control: Controversias contractuales Actor: [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] Demandado: Nación – Mindefensa - Fuerza Aérea Colombiana - FAC El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia. En esta oportunidad solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que denegó las pretensiones, conforme a los argumentos que a continuación se exponen. 1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda. Por intermedio de apoderado judicial, el 24 de enero de 2024, el señor [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] formuló demanda de controversias contractuales contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC. Solicitó declarar: i) El incumplimiento del contrato de obra No. 181-00-A-COFAC-DIFRA- 2021 que se suscribió para el “mantenimiento mayor del hangar norte de la base aérea "Mg. Alberto Pauwels Rodríguez", ubicado en Malambo, Atlántico”. ii) Anular las Resoluciones Nos. 008 de 28 de julio de 2023 y 010 de 31 de julio del mismo año, por medio de las cuales se le sancionó por incumplimiento contractual y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. iii) El reconocimiento de los siguientes valores: a) $491.093.863 por concepto de los trabajos no previstos, debidamente aprobados por la interventoría del contrato y que fueron desconocidos injustificadamente por la entidad demandada; b) $71.051.597,64, por la utilidad que dejó de percibir; c) 60.694.411,72 por el mayor costo administrativo directo que tuvo que asumir; d) $826.192.867,60, correspondiente a la devolución de la cláusula penal pecuniaria y $661.230.389,80, suma declarada como anticipo no amortizado, reconociéndose la debida indexación. iv) La liquidación judicial del contrato, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y de las sumas citadas, se deduzcan $42.916.760,20 a favor de la demandada, por concepto del saldo que quedó pendiente de amortizar en el marco del contrato. Indicó que previo al procedimiento precontractual, suscribió con la FAC el referido negocio jurídico, el cual se debía adelantar conforme a las actividades descritas en el anexo técnico, bajo la modalidad de precios unitarios y por un valor de $4.130.964.338. Iniciadas las actividades, el demandante evidenció la necesidad de incorporar unidades de obra no previstas que debían anteceder los ítems contractuales del anexo técnico, para mejorar las condiciones de los pisos del hangar, así como los deflectores vigentes. De allí que, con base en el respectivo informe técnico, en los meses de vigencia del contrato solicitó en múltiples ocasiones una salida que subsanara la problemática, sin que la FAC refutara ninguna de las propuestas. A su turno, la interventoría del contrato aprobó diferentes actividades no previstas, pero en sí necesarias para el proyecto. Debido a lo anterior, el negocio jurídico se suspendió y prolongó a fin de encontrar una solución a las falencias técnicas en prefactibilidad. No obstante, los plazos finalizaron sin que se tomaran medidas contractuales, en cambio sí se inició procedimiento administrativo sancionatorio contra el demandante. Este culminó con las Resoluciones Nos. 008 y 010 de 28 y 31 de julio de 2023 que declararon el incumplimiento parcial del contrato e impusieron una sanción a [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] por valor de $826.192.867,60, correspondiente a la cláusula penal pecuniaria. También se ordenó devolver la suma de $661.230.389,80, declarada como anticipo no amortizado. Alegó que los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación, sin tener en cuenta los argumentos de defensa en la etapa de descargos y sin realizar una debida valoración de las pruebas, como la inacción de la entidad, los errores en la planeación del proyecto y la ejecución de actividades no previstas. No se consideró la injerencia de circunstancias ajenas a las competencias del contratista, tales como los yerros cometidos por el extremo interventor, la excesiva tardanza, cuidado y debida diligencia por parte del extremo contratante en determinar: las medidas contractuales para sobrellevar las deficiencias en los pisos y en sí el capítulo de cimentación, las medidas para conservar el contrato, en término de conmutatividad, es decir, la no incorporación de actividades no previstas ejecutadas en beneficio de la entidad y la carencia de motivación y sana crítica de los cargos imputados. Añadió que la demandada no cumplió con su deber legal de liquidar el contrato, para determinar el resultado final de las condiciones contractuales y definir los aspectos económicos, técnicos, jurídicos e indemnizatorios de su terminación, lo cual también se estableció en la cláusula veintidós del negocio jurídico. Que el plazo para la liquidación bilateral del contrato venció el 24 de julio de 2023 y para la liquidación unilateral, el 24 de septiembre del mismo año, sin que se realizara ninguna de las dos, lo que le otorga competencia al juez para efectuar la liquidación judicial solicitada. 1.2 Contestación, excepciones y alegatos de conclusión. La FAC se opuso a las pretensiones. Afirmó que el contratista no ejecutó el objeto principal del contrato en los tiempos y conforme a los documentos técnicos acordados, pues solo completó el 64.90% del presupuesto total, dejó de ejecutar $1.450.005.316, lo que corresponde al 35.10% de las actividades restantes. Por lo tanto, no hay lugar a reclamar pagos, ya que la labor no fue satisfecha al cien por ciento. Señaló que el contratista no presentó una justificación técnica o un aval de un especialista para respaldar sus propuestas de modificación de obra, a pesar de que la FAC le dio múltiples oportunidades para hacerlo. Ello, en atención a que la propuesta del contratista sobrepasaba el presupuesto oficial y no ofrecía una mejoría técnica significativa. Precisó que el contratista ejecutó ítems de obra no previstos en el contrato sin la debida autorización del ordenador del gasto, y que eso desequilibró la ecuación económica del mismo. Destacó que la función de la interventoría era de control y vigilancia, pero que no tenía la facultad de aprobar ítems no previstos, tampoco podía modificar las cláusulas contractuales, toda vez que esa potestad recaía exclusivamente en la entidad contratante, conforme a lo establecido en el referido negocio jurídico. Por tanto, no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato. Sostuvo que requirió al contratista varias veces para que presentara las cotizaciones y fichas técnicas adecuadas para los ítems no previstos, se llevaron a cabo reuniones y comités de obra para discutir las propuestas que realizó y solicitarle la información faltante, inclusive se le requirió un plan de contingencia debido a los atrasos en la ejecución de la obra y aceptó la solicitud de suspensión temporal del plazo con ocasión de los daños causados por un vendaval, lo que demuestra la disposición de la administración a las peticiones del contratista. No obstante, este incumplió con el objeto pactado y no aportó pruebas relevantes que justificaran los retrasos. En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionatorio, planteó que este se llevó a cabo de acuerdo con los postulados legales y respetando el debido proceso. Toda invocación de nulidad contra los actos acusados debe ser necesariamente alegada y se hace obligatorio que el demandante demuestre en el proceso contencioso la existencia de pruebas que comprueben lo contrario. Propuso la excepción de contrato no cumplido por la parte demandante. En sus alegaciones finales, la FAC reiteró que hubo un incumplimiento por parte del contratista, ya que solo ejecutó el 64,9% de las actividades insolutas pactadas, dejando un 35,1% sin realizar, equivalente a más de $1.450 millones. Según el informe de interventoría, se evidenciaron múltiples deficiencias, como la falta de mantenimiento del piso del hangar (20% del presupuesto), filtraciones en la cubierta, instalaciones eléctricas incompletas y sin energizar, ausencia de redes de voz y datos, acabados deficientes, baños inconclusos, carpintería y equipos no entregados. Aunque el contratista propuso soluciones, como el uso de Sika en el piso, no presentó aval técnico ni cumplió con las especificaciones exigidas. Agregó que las obras no autorizadas ejecutadas por el contratista no pueden ser reconocidas económicamente, al no haber contado con su aprobación. 1.3 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral C, mediante sentencia de 2 de octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Luego de analizar la normatividad y la jurisprudencia aplicable en materia de incumplimiento, mayores cantidades de obra y obras adicionales, así como a la liquidación de los contratos estatales, la Sala entró a resolver los problemas jurídicos planteados, respecto de los cuales, en resumen, precisó: a) El contrato establecía la remoción mecánica del recubrimiento del piso hasta exponer el concreto, seguido por reparaciones y aplicación de recubrimientos técnicos según normas y productos de Sika Colombia S.A.S. La parte actora propuso métodos alternativos considerados deficientes y sin base técnica o financiera suficiente, rechazados tras varias comunicaciones y reuniones. b) Lo diagnósticos usados por el demandante fueron realizados bajo indicaciones limitadas y sin certificación adecuada, contraviniendo especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. c) Era obligación del contratista examinar documentos y plantear observaciones durante la etapa precontractual, incluyendo visitas al sitio antes de firmar el contrato. Sin embargo, fue su decisión no asistir a la visita programada por la FAC en la referida etapa, por lo que ahora no puede alegar desconocimiento. En ese orden, la Sala concluyó que no hubo incumplimiento por parte de la entidad, dado que la parte actora no cumplió con las condiciones técnicas ni realizó ajustes oportunos. Se reconocieron algunas actividades adicionales con aprobación y modificatorio contractual, pero otras propuestas carecieron de aprobación previa y por ello no fueron reconocidas. Con relación a la liquidación, señaló que la entidad realizó la liquidación unilateral tras invitación sin respuesta del contratista, sin que esto implique incumplimiento o responsabilidad para la entidad. No procede modificar la liquidación unilateral ni reconocer pagos adicionales por incumplimientos y falta de observancia del procedimiento contractual. 1.5 Recurso de apelación. MAURICIO [NOMBRE TACHADO] impugnó la decisión. Cuestionó la responsabilidad atribuida, la gestión técnica y administrativa de la FAC, y la validez de los actos administrativos que dieron lugar a la sanción y liquidación unilateral, solicitando la revocatoria de dichas decisiones. Planteó que el a quo erró al considerar que la visita técnica previa a la licitación era suficiente para prever y evitar las deficiencias en la cimentación del proyecto, toda vez que las falencias no eran visibles a simple vista, sino que solo se hicieron evidentes durante la ejecución, lo que demuestra la imprevisibilidad y la deficiente planeación por parte de la FAC, no del contratista. Además, la visita técnica tenía un alcance limitado y no podía sustituir las intervenciones técnicas necesarias para detectar los problemas en el piso, por lo que no puede utilizarse para desvirtuar la buena fe del contratista. Precisó que el factor de previsión, según la apreciación del Tribunal, no se acredita en el caso. Por el contrario, lo que sí está probado es que, iniciadas las actividades de cimentación y contrastado ello con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad, el contratista notificó sobre las falencias en términos de calidad. Aquellas deficiencias fueron el motivo de las diferentes suspensiones entre las partes. Lo que sustenta claramente que la limitación se presentó en el curso del contrato, hecho que evidencia que los factores de calidad en la cimentación hubieren sido imprevisibles desde la estructuración de la oferta, razón por la cual, no es admisible que se entienda la visita como el mecanismo de oportunidad sobre eventos que no podían ser previstos a menos que se hicieran intervenciones en el proyecto, las cuales no hacían parte de la visita fijada en la estructuración de la oferta por la entidad. Señaló que, en cuanto a las fórmulas y métodos constructivos propuestos para la cimentación, se evidencia que el proveedor SIKA Colombia S.A.S. participó activamente en las pruebas de campo, recomendó ajustes y emitió informes técnicos que avalaban las soluciones propuestas por el contratista. Sin embargo, la FAC cambió arbitrariamente de postura, desconociendo los resultados aprobados y actuando en contra de la buena fe contractual. La asesoría técnica de SIKA y la interventoría validaron las modificaciones al sistema de pisos durante la ejecución, lo que demuestra la lealtad y transparencia del contratista frente a la administración. Además, la empresa GSA Ingeniería, vinculada a SIKA, reconoció que la cotización inicial del sistema de pisos no consideraba las condiciones reales del piso en 2022, lo que revela fallas en la planeación contractual de la FAC y la necesidad de revisar integralmente la solución técnica y económica. Esta circunstancia fue expuesta antes de la terminación del contrato sin que la administración tomara medidas correctivas, lo que refleja la falta de gestión oportuna de la entidad. Adujo que el incumplimiento no puede atribuirse al contratista dado que la cimentación representa aproximadamente el 20% del valor del contrato y fue la falta de dirección y gestión por parte de la FAC lo que impidió la correcta ejecución y terminación de la obra. Además, que las actividades pendientes no relacionadas con la cimentación no pueden usarse para fundamentar un incumplimiento general, ya que forman parte de etapas posteriores y no se han acreditado incumplimientos específicos por parte del contratista. Con relación al reconocimiento de mayores cantidades y unidades no previstas, arguyó que el Tribunal negó su reconocimiento por falta de cumplimiento del procedimiento contractual. Sin embargo, su parecer es que la entidad contratante actuó de mala fe al desconocer la aprobación formal y técnica de 41 ítems no previstos, que fueron ejecutados y conciliados entre contratista, interventoría y FAC. Esta negativa unilateral afectó económicamente al contratista en más del 11% del valor del contrato, sin que se impugnara la calidad técnica ni la ejecución de dichas obras. Aclaró que las mayores cantidades de obra, derivadas de unidades previstas, no requieren el mismo procedimiento que las unidades no previstas y deben ser reconocidas si fueron ejecutadas satisfactoriamente. Razón por la cual solicita que se reconozcan estas cantidades conforme al balance final presentado en la demanda y que se valore el pago correspondiente según el análisis de precios unitarios pactados. Cuestionó la validez de la liquidación unilateral realizada por la FAC, por cuanto la entidad perdió competencia para hacer uso de esa facultad desde la presentación de la demanda judicial, la cual fue instaurada un mes antes de la emisión de los actos administrativos de liquidación. Basándose en jurisprudencia y normas aplicables, sostuvo que, al no estar la administración habilitada para liquidar unilateralmente el contrato, debe efectuarse por el juez natural, por lo que en este caso debe el Tribunal proceder de conformidad y en atención al balance allegado. En tal virtud, solicitó al ad quem: • Revocar la sentencia que declaró el incumplimiento parcial del contrato por parte del recurrente. • Declarar que la FAC incumplió el contrato por mala gestión, falta de planeación y violación del deber de colaboración. • Anular las resoluciones que sancionaron al contratista por falsa motivación e irregularidad. • Anular la resolución que resolvió el recurso de reposición contra la liquidación unilateral por falta de competencia temporal. • Liquidar judicialmente el contrato conforme al balance presentado en la demanda. 3. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 3.1. PROBLEMA JURÍDICO. Para el Ministerio Público, los problemas jurídicos se centran en determinar: i) Si existió incumplimiento por parte de la FAC del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021 de 29 de octubre de 2021. ii) Si la Resolución No. 008 del 28 de julio de 2023, mediante la cual la FAC declaró el incumplimiento parcial del contrato por parte del demandante e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, y la Resolución No. 010 de 31 de julio siguiente que la confirmó, están viciadas de ilegalidad, por contravenir el ordenamiento jurídico. iii) Si se debe declarar la nulidad de la Resolución No. 007 de 08 de febrero de 2024, confirmatoria de la Resolución No. 006 de 21 de diciembre de 2023, mediante la cual la FAC liquidó unilateralmente el referido contrato de obra. iv) Si hay lugar a modificar la liquidación judicial que efectuó el Tribunal Administrativo de Atlántico. TESIS: Se demostrará que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC, los actos administrativos cuestionados fueron legalmente expedidos y no hay lugar a decretar la nulidad de la Resolución No. 007 de 2024, ni a modificar la liquidación unilateral que realizó la entidad contratante. 3.2. CASO CONCRETO Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control ni causal alguna de nulidad que invalide la presente actuación, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada. 3.2.1 DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE LA FAC Y LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORDENARON LA SANCIÓN CONTRA EL CONTRATISTA La parte actora asegura que la demandada incumplió el contrato de obra pública No. 181-00-A-COFAC-DIFRA- 2021, porque no corrigió oportunamente las condiciones establecidas en los estudios previos para la rehabilitación de los pisos del hangar, a pesar de que en múltiples ocasiones puso en conocimiento las deficiencias del tratamiento SIKA. Por lo tanto, las Resoluciones Nos. De 2023 están viciadas de ilegalidad, por cuanto no son consecuentes con lo realmente probado en el proceso administrativo sancionatorio. De acuerdo con el acervo probatorio, se encontraron probados los siguientes hechos: 1) Previa licitación pública, la FAC y el señor [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] celebraron el contrato de obra No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021 de 29 de octubre de 2021, con el objeto de realizar el mantenimiento y recuperación de la infraestructura actual de la zona operativa en el hangar norte de la Base Aérea "MG. Alberto Pauwels Rodríguez", ubicado en Malambo – Atlántico, por un término de nueve (9) meses y un valor de $3.876.200.036. 2) Para efectos de realizar la interventoría de dicha obra, la FAC contrató a la empresa INGENIEROS SAS. 3) El contrato inició el 26 de noviembre de 2021 y su vencimiento inicial era el 26 de agosto de 2022. 4) Dicho negocio jurídico fue objeto de modificaciones y suspensiones, así: Modificatorio 1 de 25 de julio de 2022: A solicitud del contratista, se amplía el plazo hasta el 31 de agosto de 2022 y se adicionan mayores cantidades de obra no previstas, por lo tanto, se adiciona el valor del contrato. Modificatorio 2 de 30 de agosto de 2022: Se prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2022 y se reprograman los pagos en atención al retraso de actividades. Modificatorio 3 de 31 de octubre de 2022: A solicitud del contratista, se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, así mismo se ajustan las vigencias de los amparos de las garantías. Modificatorio 4 de 30 de diciembre de 2022: Se suspende la ejecución por 33 días, conforme al acta suscrita por las partes el 29 de diciembre de 2022. 5) Del contrato de obra hacía parte integral el Anexo técnico 1, que establecía las condiciones detalladas del proyecto. Dentro de las actividades a ejecutar se encontraba la cimentación, respecto de la cual, el contratista notificó al interventor que ese aspecto presentaba falencias con respecto a las especificaciones técnicas entregadas por la FAC. 6) El 3 de febrero de 2022, el interventor respondió al constructor que la información aportada frente a los APU no previstos en el capítulo de cimentación no tenían los soportes adecuados, entre ellos, la cotización para la evaluación de los precios presentados por el contratista. A su vez, la interventoría conminó al contratista a la ejecución de las actividades contractuales. (Oficio FAC210029-2022) . 7) El 5 de febrero de 2022 se solicitó reunión para evaluación de la propuesta del contratista, a pesar del requerimiento realizado por la interventoría en cuanto a que los APU (Análisis de Precios Unitarios) de NPS (No Previstos) no contenían las cotizaciones de los insumos. Información solicitada y socializada en el comité de obra No. 1 realizado el 23 de diciembre del 2021. (Oficio FAC-210-032-2022) . 8) El 14 de febrero de 2022 el supervisor del contrato de interventoría solicitó la verificación de la información; pues, según su manifestación, la propuesta presentada sobrepasaba el presupuesto oficial y no ofrecía una mejoría técnica significativa que viabilizara la solicitud. 9) A partir de esa situación, se presentó un cruce de comunicaciones que dejaron en evidencia el retraso en la ejecución del plazo y, por tanto, el incumplimiento del contrato por parte de [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO], respecto a la cimentación y otros aspectos de carácter técnico, el personal operativo y su tiempo de dedicación en obra, a la programación pactada, entre otros, así: OFICIO FECHA ASUNTO FAC-2010-062-2022 04-03-2022 Aumento del personal en actividades de desmonte de cubierta, estructura metálica, instalaciones eléctricas e iniciar con las actividades de mantenimiento en la placa de contrapiso del Hangar, debido a que se estaban presentando atrasos en la obra FAC-2010-065-2022 11-03-2022 Reiteración de lo anterior, por retrasos en la obra FAC-2010-074-2022 17-03-2022 Notificación de retrasos en la programación FAC-2010-083-2022 02-04-2022 Notificación de retrasos en la obra FAC-2010-097-2022 02-05-2022 Incumplimiento por falta de dedicación de tiempo del personal profesional en la obra FAC-2010-101-2022 11-05-2022 Incumplimiento personal mínimo requerido con disponibilidad del 100% FAC-2010-109-2022 25-05-2022 Solicitud plan de contingencia por retraso en las actividades FAC-2010-125-2022 08-07-2022 Reanudación de actividades de instalaciones eléctricas FAC-2010-127-2022 01-07-2022 Solicitud de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité de obras No. 20 e informe de actividades atrasadas FAC-2010-131-2022 18-07-2022 Solicitud de reinicio de actividades de obras atrasadas FAC-2010-137-2022 04-08-2022 Reiteración solicitud plan de contingencia por actividades retrasadas FAC-2010-140-2022 17-08-2022 Reiteración reinicio de actividades de instalaciones eléctricas. Retraso del 70%. Se solicitó reiniciar lo antes posible estas actividades que presentan un máximo atraso FAC-2010-142-2022 22-08-2022 Incumplimiento por falta de personal operativo. FAC-2010-143-2022 23-08-2022 Reiteración incumplimiento por falta de personal operativo FAC-2010-149-2022 01-09-2022 Incumplimiento dedicación de tiempo de profesional residente de obra FAC-2010-159-2022 24-09-2022 Incumplimiento dedicación de tiempo de inspector sisoma de de obra FAC-2010-162-2022 12-10-2022 Incumplimiento dedicación de tiempo de profesional residente de obra FAC-2010-164-2022 18-10-2022 Incumplimiento en actividades constructivas y falta de personal en obra FAC-2010-169-2022 16-11-2022 Incumplimiento retraso de actividades y falta de personal operativo FAC-2010-175-2022 23-11-2022 Incumplimiento retraso de actividades y falta de personal operativo FAC-2010-182-2022 05-12-2022 Incumplimiento retraso de actividades y falta de personal operativo FAC-2010-184-2022 12-12-2022 Incumplimiento retraso de actividades y falta de personal operativo 10) De lo anterior también dan cuenta las actas de los diferentes Comités de obra que se realizaron, así: COMITÉS DE OBRA No. DE ACTA FECHA 08 11-02-2022 09 18-02-2022 10 25-02-2022 11 08-03-2022 12 18-03-2022 13 30-03-2022 14 12-04-2022 15 25-04-2022 16 03-05-2022 17 11-05-2022 18 24-05-2022 19 09-06-2022 20 23-06-2022 21 12-07-2022 22 28-07-2022 23 18-08-2022 24 14-09-2022 25 27-09-2022 26 25-10-2022 27 17-11-2022 28 29-11-2022 11) El Informe mensual No. 13 (De 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2022), rendido por la interventoría del contrato, señaló: 9. CONCLUSIÓN, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS. El día 11 de noviembre se presentó fenómeno climático fuera de lo normal el cual afectó directamente al hangar provocaron la voladura de una sección de la cubierta (10 láminas y una pieza (cercha) de la estructura de esta. Al ocurrir esto, se vieron afectadas también dos láminas adyacentes de dicha sección, elementos del apantallamiento entre los que podemos destacar 10 metros de alambrón, 1 varilla captadora de 60 cms, 2 soportes de punta captadora y 26 soportes grises para alambrón de 8mm. Queda registrado en oficio mrpp-cofac-dir-133. El contratista continúa presentando retrasos reiterados los cuales no justifica los cuales se ven evidenciados en oficios enviados por interventoría fac-210-169-2022 incumplimiento ejecución de actividades, fac-210-175-2022 incumplimiento ejecución de actividades. Se le recomienda ejecutar plan de contingencia y aumentar pie de fuerza, al igual de entregar tramites y documentación para pagos ya que al no presentar a tiempo se ven postergados y no desembolsados en las fechas previstas con esto generando desfinanciamientos y problemas de liquidez. Se le recomienda acatar las observaciones y reclamaciones ya descritas en múltiples oficios enviados por parte de la interventoría durante el trascurso del proyecto”. 12) Formato informe de supervisión de obra pública del 7 de septiembre de 2022, signado por el Residente de Interventoría, que indicó: “Se recomienda al contratista agilizar los trabajos y poner especial cuidado en las actividades que se encuentran retrasadas, así como presentar los estudios y observaciones de los componentes de los que tengan dudas y objeciones para que todos los procesos puedan ejecutarse de manera proactiva. En varios comunicados se les ha hecho saber de los retrasos e incumplimiento de las actividades de las cuales presentan un retraso considerable, además que se presentaron días en los que no se ejecutó ninguna actividad de obra civil, como se expresó en los oficios FAC-210-142-2022 incumplimiento por falta de personal operativo, FAC – 210 – 143-2022 incumplimiento por falta de personal operativo notificación 2” . 13) El 23 de marzo de 2023 el interventor remitió a la FAC alerta de incumplimiento del contrato 181-00-A-COFAC-DlFRA-2021 a la aseguradora que amparaba el mismo. 14) El Informe final de interventoría sobre el contrato de Obra pública No. 181-00-A-COFAC-DIFRA- 2021, con sus respectivos anexos, señaló: Realizando un balance general a las actividades ejecutadas por el contratista [NOMBRE TACHADO] determina que se ejecutó un 64.95% de las actividades contractuales para el mantenimiento del Hangar contemplada en el CONTRATO N° 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021. Por parte de la Interventoría se deja constancia que la obra objeto del CONTRATO DE OBRA N° 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021, no fue ejecutada en su totalidad conllevando a un incumplimiento contractual por parte del Contratista, por las deficiencias presentadas en los siguientes aspectos de la obra: CIMENTACIÓN. No se realizó el mantenimiento del piso del hangar propuesto contractualmente. CUBIERTAS. Se realizó el reemplazo de la cubierta y mantenimiento al componente estructural. No se atendieron observaciones realizadas por interventoría referente a filtraciones (goteras) presentadas en la cubierta. No se subsana la avería de la cubierta en la nota causada por el fenómeno climático del 11 de noviembre del 2022. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Se instalaron parcialmente los componentes para el suministro eléctrico del Hangar, no se realizó prueba de energización del hangar debido a que no se ejecutaron las canalizaciones eléctricas de acuerdo con el plano aprobado por interventoría. Se encuentran pendientes las instalaciones de tomacorrientes, salidas de iluminación de emergencia, tablero de alimentación a los aires acondicionados, salida para el equipo de bombeo, tablero de alimentación de iluminación sin aviso en las áreas del hangar. Tableros con conexiones energizadas. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS. No se instaló ni se suministró lo referente contractualmente a las redes de voz y datos del Hangar. ACABADOS. Se presentan acabados parciales en el mantenimiento de las oficinas del hangar, no se instalaron las placas de depósito estructura metálica y compuesto 2, puertas, visor comunicacional, 2 cuartos de comunicación, 2 GTAR, visores acústicos, 1 cuarto de monitores, 2 helicópteros, hall escalera de evacuación de emergencia, y visores con incrustaciones. El área de comunicaciones presenta deficiencias estructurales con deficiencias de acabados. El área de Hall y Escalera del ala sur del hangar se intervino parcialmente. CARPINTERIA. No se ejecutó lo referente contractualmente a carpintería en madera, carpintería metálica, carpintería en acero inoxidable”. Concretamente respecto de la cimentación, se consignó que: “No se ejecutaron las actividades descritas en el capítulo 3° de cimentación, cuyo avance es igual al 0%, teniendo en cuenta que, el contratista no estuvo de acuerdo con lo estipulado contractualmente para este capítulo por parte de la entidad. Se realizaron pruebas para la rehabilitación del piso del Hangar con diferentes empresas (SIKA, Rinol) en busca de una alternativa que garantizara como mínimo las consideraciones técnicas y económicas descritas contractualmente, pero las propuestas presentadas por el contratista superaban considerablemente el valor contractual”. Y respecto a las actividades no previstas, destacó: (…) Se realizaron diferentes reuniones entre Contratista, Interventoría y personal técnico de la FAC para revisar y aprobar las actividades no previstas propuestas por el contratista para la culminación de las labores de mantenimiento del hangar norte de la base aérea “MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ”, bajo el desarrollo de esta reuniones se logró la concertación entre contratista, interventoría y personal técnico de la FAC de los precios propuestos para 35 de los 41 NPS presentados, un 85,36% de los ítems quedando pendiente de aprobación los siguientes 4 ítems que se proponían para el mantenimiento de los pisos del HANGAR, el ítem presentado para el mantenimiento de las correas y un item no previsto al contrato inicial para el suministro e instalación de circuito ramal: Acto seguido, el informe precisó que “(…) después de surgida dicha concertación entre las diferentes partes ejecutoras del proyecto, la dirección de DIFRA no dio aprobación a las actividades no previstas propuestas por el contratista para la culminación de las labores de mantenimiento del hangar norte de la base aérea “MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ”. 16) El 24 de abril de 2023, el interventor remite informe final de la obra y deja constancia que el contratista no facilitó todos los documentos que se requerían para tal fin. (FAC-2010-016-2023). 17) El 16 de mayo de 2023, la interventoría del contrato – CB INGENIEROS SAS rindió informe de presunto incumplimiento del contrato de obra pública No. 181-00-A-COFAC-DlFRA-2021. Se determina que el porcentaje ejecutado por el contratista fue del 64.90% y se incumplieron las cláusulas 9 y 10, relativas a las obligaciones generales y especificas del contratista. Como causas de incumplimiento por parte del contratista se identificaron i) baja cantidad de personal operativo en la obra, ii) bajos rendimientos en la ejecución de la obra, iii) incumplimiento de la dedicación exigida por el personal administrativo requerido contractualmente en la ejecución del contrato de obra, atrasados reiterados y acumulados, en cuanto a la programación de la obra, ausencia prolongada de personal operativo en obra. 18) El 14 de junio de 2023, Directivos de SIKA Colombia dan respuesta a la petición hecha por la FAC, en cuanto se pronunciará sobre el diagnóstico hecho por la firma RINOL PISOCONCRETO SAS y la firma Allen Thompson, así como la recomendación hecha por personal de SIKA. Pone de presente que las muestras tomadas con posterioridad fueron bajo la indicación del contratista de no querer retirar completamente el recubrimiento azul del piso, desconociendo el procedimiento contractual, ya que estaba evaluando otras alternativas de intervención. 19) El 21 de junio de 2023, la entidad demandada citó al actor y a la compañía aseguradora Mundial de Seguros SA, a la audiencia de presunto incumplimiento del contrato de obra pública No. 181-00-A-COFAC-DlFRA-2021. 20) Mediante Resolución No. 08 del 28 de julio de 2023, la entidad demandada declara el incumplimiento parcial del contrato de obra pública No. 181-00-A-COFAC-DlFRA-2021 por parte del contratista, Mauricio [NOMBRE TACHADO]. Se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria, tanto al demandante como a la aseguradora Mundial Seguros SA, por valor de $826.192.867.60. También se ordena devolver la suma de $661.230.289.80 correspondiente al anticipo no amortizado, pago que puede ser asumido por la aseguradora, en caso de que el sancionado no lo reintegrara. 21) Por Resolución No. 10 de julio 31 de 2023, se resuelve negativamente el recurso de reposición interpuesto por el actor contra Resolución No. 8 de julio 28 de 2023. 22) Constancia de ejecutoria de la Resolución Nos. 08 y 10 de 2023, adquirieron firmeza el 31 de julio de 2023. 23) Resolución No. 006 de diciembre 21 de 2023, por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Obra Pública No. 181-00-A- COFAC-DIFRA-2021: 24) Resolución No. 007 de febrero 8 de 2024, que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación unilateral del contrato de Obra Pública No. 181-00-A- COFAC-DIFRA-2021. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, aplicables por remisión expresa del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las partes del contrato no solo están obligados a lo expresamente pactado, sino a todo aquello que emane del negocio jurídico y que se haga indispensable para lograr el fin último perseguido con su celebración. Conforme las mismas normas, los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo que implica obrar con lealtad en las relaciones jurídicas, respetar lo acordado y propender recíprocamente la realización de las expectativas legítimas que se tienen frente a la negociación. Según lo ha sostenido el Consejo de Estado, “Los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil prescriben que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. De manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. La buena fe, en la ejecución del contrato, se ha entendido como objetiva, es decir que no parte de la creencia del sujeto de actuar ajustado a la ley, sino en respetar el pacto, cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución. Precisó además la misma Corporación: Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido. (…) No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil”. De ahí que, precisó la misma Corporación, [… Esta regla de conducta impone, pues, al juez estudiar cuál fue el comportamiento de las partes frente a la ejecución de sus obligaciones, desentrañar, según el tipo de contrato, qué corresponde a cada parte de acuerdo con la naturaleza de la obligación y definir, dados esos comportamientos, cuál es la responsabilidad que corresponde a cada cual con ocasión de la ejecución del contrato”. Siendo así, es claro que, además de la existencia y validez del contrato, es requisito sine qua non que el demandante demuestre en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, así mismo, que el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. En el caso que nos ocupa, se observa que a lo largo de la ejecución se presentaron varios incumplimientos por parte del hoy demandante, que no solo quedaron evidenciados en la trazabilidad citada en precedencia, fundamentalmente, en las más de veinte comunicaciones del interventor y comités realizados con el director de obra del contratista también reseñados, sino en el informe final que sirvió de soporte para que la FAC hiciera efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en dicho negocio jurídico. Afirmó el apelante que incurrió en error el a quo, porque las deficiencias de la cimentación no era posible detectarlas desde la etapa precontractual, sino durante la ejecución de dicha actividad, por lo que no es posible que el incumplimiento a él asignado en la sentencia, se base en que no asistió a la visita técnica que presupuestó la FAC durante la etapa de selección, lo que le hubiera permitido advertirlas y cuestionarlas desde ese momento, lo que le impide en sede judicial alegar su posterior desconocimiento. Revisado el material probatorio, le asiste razón al recurrente en que no existe en el plenario un respaldo técnico que permita llegar a esa conclusión, de hecho, la entidad contratante nunca acudió a ese argumento para poner en tela de juicio lo que manifestó el señor [NOMBRE TACHADO] respecto a las deficiencias de calidad presentadas, posibilitándole incluso que ofreciera alternativas tendientes a solucionar la problemática, que fueron estudiadas y discutidas en mesas de trabajo e incluso conllevaron a suspender la ejecución del contrato y a presentar un plan de contingencia para subsanar el retraso de acápite. Las pruebas también dan cuenta de que fueron otras las razones que llevaron a la FAC a declarar el incumplimiento de este aspecto, fundamentalmente, de índole técnico y presupuestal, puesto que el contratista no pudo justificar técnicamente la viabilidad de su propuesta alterna y la mejoría frente a las condiciones especificadas en el negocio jurídico, además de superar las expectativas financieras. Ahora, lo que sí es contradictorio es que el impugnante fundamente su defensa en que esas deficiencias no eran previsibles desde la prefactibilidad, sino que se requería llegar a la etapa de intervención para detectarlas, y en contraste, le achaque a la demandada falta de planeación a la hora de estructurar técnicamente el proyecto. No obstante, más allá de esa discusión, es evidente que no fue esa sola actividad la que dejó de ejecutarse por parte del contratista. Los informes del interventor fueron claros en que tampoco se repararon las goteras que presentaba la cubierta, ni se subsanó la avería causada en el fenómeno climático del 11 de noviembre de 2022; no se completaron las instalaciones de las redes eléctricas, acometida eléctrica principal, redes de voz y datos, ni se entregaron los equipos eléctricos y de comunicaciones. Fueron entregados acabados parciales, algunas de las áreas presentaron defectos, no se llevó a cabo todo lo relacionado a carpintería en madera y acero inoxidable, no se instalaron los aparatos sanitarios, vidrios, espejos y demás accesorios en los baños, entre otros. También hubo incumplimiento respecto a plazos de entrega programados, del personal operativo y del ingeniero residente. Todo ello representó un porcentaje de inejecución del 35,1%, equivalente a más de 1.400 millones de pesos del valor del contrato. Siendo así, para el Ministerio Público la FAC actuó conforme a derecho y a los lineamientos establecidos en materia contractual. Por tanto, no existe razón para nulitar los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato por parte del demandante e hicieron efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el referido negocio jurídico, por no estar viciados de ilegalidad, por el contrario, fueron producto de la facultad legal y contractualmente otorgada a la entidad. 3.2.2 DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y LAS ADICIONALES La demanda sostiene que se ejecutaron actividades no previstas reclamadas, con las cuales se alcanza un porcentaje de ejecución del 75%, siendo suficiente para que se acceda al pago pretendido. Respecto a las mayores cantidades de obra, obras complementarias y adicionales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en exigir una modificación contractual para que se condene a una entidad contratante a pagarlas. Ello es así, puesto que solamente con la modificación del contrato se entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutarlas y la entidad la correlativa obligación de pagarlas. También ha sido reiterativo ese Alto Tribunal en que, para reconocer este tipo de obras, estas deben estar previamente autorizadas y haber sido recibidas satisfactoriamente por la entidad contratante. Así se ha referido sobre el particular: (…) a partir del contenido del anterior clausulado, se advierte que el contratista sabía de antemano que en el supuesto de que el precio contratado inicialmente tuviera un incremento porque las cantidades de obra fueran superiores a las planteadas en su oferta, debía suscribirse previamente por las partes un contrato adicional, sin perjuicio de otros documentos contractuales, como las actas de modificación, entre otros. Así las cosas, el demandante debió prever que las obras adicionales y las mayores cantidades de obra que reclama en sus pretensiones requerían, antes de su ejecución, el consentimiento expreso del contratante y el visto bueno de la interventoría y la supervisión de ésta; aspectos que no se encuentran demostrados a plenitud dentro del proceso, por cuanto no se allegó el acta de modificación o el contrato adicional, que acreditaran el cumplimiento de las citadas exigencias ante cualquier variación de las cantidades de obra contratadas. En otra oportunidad, señaló la misma Corporación: (…) El demandante adujo que ejecutó mayores cantidades de obra (…). En relación con esta pretensión, cabe predicar lo que ya se dijo en cuanto a las actas de reajustes de precios, esto es que, al no provenir de quien era competente dentro de la entidad para suscribir esta clase de documentos contractuales de acuerdo con lo estipulado en el contrato, por cuanto no le correspondía al interventor comprometer económicamente a la entidad contratante, no resulta posible acceder a dicha pretensión. En efecto, se observa que el acta final de recibo de las obras debía ser firmada por la Secretaría de Infraestructura del Departamento o quien hubiese sido delegado por el Gobernador para contratar, y la Interventoría; y en ella se relacionarían los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del contratista -cláusula trigésima tercera-. Y resulta que, en el presente caso, la única prueba que se aportó, en relación con la alegada ejecución de mayores cantidades de obra, fue precisamente esa acta, suscrita únicamente por el contratista y el interventor, la cual, por las razones anotadas, resulta insuficiente para acreditar esta reclamación. Cabe agregar que, como era bien sabido por el contratista, para formalizar esas mayores cantidades de obra se necesitaba un otrosí, tal y como se acordó, en vigencia del contrato, para varias de ellas. En las condiciones anotadas, la Sala considera que las pretensiones no están llamadas a prosperar y, por lo tanto, la sentencia de primera instancia merece ser revocada. Tal como quedó acreditado en el proceso, las partes regularon contractualmente la forma en la que procedería el reconocimiento de obras adicionales, al disponer un procedimiento para la aprobación de lo que denominaron “ítems no previstos”. Dentro de las normas generales se indicó que “Cualquier modificación en los diseños y especificaciones y aumento de cantidades de obra deberá llevar el visto bueno del Interventor y/o supervisor de obra y la autorización de la Jefatura Logística - Dirección de Infraestructura. No se reconocerán al Contratista obras realizadas que no se encuentren en el presupuesto de obra y no hayan sido aprobadas por la Jefatura Logística - Dirección de Infraestructura. Las pruebas demuestran que durante la ejecución del contrato se determinaron las actividades no previstas, pero necesarias para el cumplimiento del mantenimiento del Hangar, a saber: NP1 reparación muro drywall, NP2 reparación de muros en superboard, NP3 suministro e instalación de escalera metálica y NP4 suministro e instalación de baranda contra caídas en escaleras de granito. Estas actividades no previstas se desarrollaron con el concepto viable de interventoría y la aprobación de la entidad para su ejecución. Adicionalmente, se presentan cantidades mayores del ítem NP1 reparación muro drywall, esto debido a la reparación realizada a los muros en drywall correspondientes a los espacios del ala norte: cafetería, comunicaciones, GTEAR, visores nocturnos 1 y 2, espacios del ala sur: aula, archivo, administrativa, oficina principal y oficina personal. Estas dieron lugar al modificatorio No. 1 del contrato, que fue suscrito el 25 de junio de 2022, adicionándose el valor en $254.764.302,00, para un valor total del contrato de $4.130.964.338,00. En ese orden, estas actividades fueron reconocidas contractualmente por la FAC, solo que su pago no se materializó debido al incumplimiento ya analizado en precedencia, que impidió la cancelación de la última acta, cuyo reconocimiento estaba previsto para la finalización de la obra. Ahora, respecto de los ítems no previstos cuyo pago fue negado, se proponían para el mantenimiento de los pisos del hangar, el ítem presentado para el mantenimiento de las correas y un ítem no previsto en el contrato inicial para el suministro e instalación de circuito ramal. No obstante, en el pliego de condiciones, tampoco en el contrato, se consignó el procedimiento que se debía adelantar para su reconocimiento. Sin embargo, atendiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, es menester que las mismas sean aprobadas por la entidad contratante, lo que en este caso no se dio. Por lo tanto, se torna improcedente su reconocimiento en sede judicial. 3.2.3 DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Y LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 007 DE 2024 Por otra parte, alegó el recurrente que la liquidación unilateral que realizó la FAC es inválida, por cuanto la entidad perdió competencia para hacer uso de esa facultad desde la presentación de la demanda judicial, la cual fue instaurada un mes antes de la emisión de los actos administrativos de liquidación. Por lo tanto, le correspondía al Tribunal Administrativo liquidar judicialmente el contrato, con base en el balance allegado. De conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. A su turno el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 prevé distintos procedimientos para la liquidación del contrato estatal, a saber: (i) la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o el acordado en el contrato y, a falta de esta estipulación, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual; (ii) la liquidación unilateral efectuada por la Administración, la cual tiene lugar cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o ésta no se intenta o fracasa, evento en el cual “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral”; iii) La liquidación judicial, cuando no se haya hecho uso de los dos procedimientos anteriores. Sobre el plazo para realizar la liquidación voluntaria o de mutuo acuerdo del contrato será el que los contratantes tengan a bien acordar, siendo sólo a falta de estipulación que, de modo supletivo, el legislador establece un término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo de ejecución del contrato. A su turno, como es sabido, al vencimiento del plazo convencional o legal para la liquidación bilateral, la ley establece un término de dos (2) meses para que la entidad contratante la efectúe en forma unilateral, según lo prescribe el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Finalizados estos plazos sin que se hubiere efectuado la liquidación, las partes no obstante se encuentran habilitadas para liquidar bilateral o unilateralmente el contrato durante el término de caducidad de la acción, siempre que no hubieren solicitado al juez del contrato la liquidación. En efecto, si la Administración no liquida el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto, del establecido supletivamente en la ley, el interesado puede acudir al juez del contrato para que lo liquide judicialmente, quien deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes, para lo cual cuenta con el término de caducidad de la acción contractual. Al respecto, ha precisado el Consejo de Estado: [C]uando existe una liquidación unilateral del contrato, efectuada por la entidad contratante mediante acto administrativo, (…) cualquier pretensión derivada de ese negocio jurídico y fundada en cuestionamientos directamente relacionados con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de las partes, así como los reconocimientos y pagos que, como resultado de la ejecución de las prestaciones, pudieran recaer a cargo de la contratante, tendrá que pasar por la impugnación del respectivo acto administrativo, pues la declaratoria de nulidad del mismo, que se presume veraz y legal, es un requisito indispensable para el análisis de esas pretensiones. (…) En el sub-lite, (…) el Departamento del Cesar expidió una resolución por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato de obra objeto de la presente controversia, acto administrativo que no fue demandado, por lo que, en principio, podría afirmarse la improcedencia del estudio de las pretensiones de la demanda, fundadas en la ejecución del contrato liquidado. No obstante, se advierte que esa decisión administrativa fue tomada cuando ya se había presentado la demanda que dio origen al presente proceso y la misma había sido debidamente notificada al Departamento del Cesar y, por lo tanto, de ninguna manera afecta o limita la facultad del juez para resolver la controversia que fue sometida a su decisión. En efecto, se observa que, legalmente, si vencido el término acordado para ello o los 4 meses de la norma supletiva para la liquidación bilateral, ésta no se había efectuado, la entidad contaba con un plazo de 2 meses para proceder a liquidar unilateralmente el contrato. Ahora bien, como lo ha establecido la jurisprudencia, aún vencidos los dos meses legales para la liquidación unilateral, esto no significa que la entidad pierda la competencia para liquidar el contrato, pudiéndolo hacer válidamente con posterioridad, sin sobrepasar los dos años del término de caducidad de la acción. Sin embargo, la administración sí pierde competencia para liquidar unilateralmente el contrato, una vez se presenta la demanda en la que se pide al juez que lo liquide, toda vez que, en este caso, la competencia se torna judicial, por lo cual, si la entidad procede en tal sentido, el acto administrativo en cuestión quedará viciado de nulidad (…)”. (Destacado fuera de texto). Revisada la trazabilidad del contrato, se encuentra que luego de las varias suspensiones y prórrogas de que fue objeto, su vencimiento quedó establecido para el 24 de marzo de 2023. Obra en el expediente la Resolución No. 006 de diciembre 21 de 2023, mediante la cual la FAC procedió a liquidar unilateralmente el contrato de obra, luego de que el señor MAURICIO [NOMBRE TACHADO] fuera citado en varias oportunidades para liquidarlo de manera bilateral, sin que este concurriera, ni presentara justificación alguna para no hacerlo. Dicha decisión fue impugnada por la Compañía de Seguros S.A., respecto de la cual se profirió la Resolución No. 007 de febrero 08 de 2024, que dejó en firme la liquidación unilateral efectuada por la FAC. No obstante, no se aportó a la actuación prueba alguna de la que permita inferirse que la mentada Resolución 006 fue notificada al demandante. Por el contrario, del material probatorio se desprende que no fue así y que sólo se le notificó a la aseguradora, veamos: 1) La Resolución No. 007 se hizo un recuento de lo sucedido a lo largo del contrato y se dejó la constancia de la notificación de la Resolución No. 006 de 2023 efectuada a dicha aseguradora a través de oficio No. FAC-S-2023-038637-CE del 17 de enero de 2024, sin que se mencionara la realizada al contratista. 2) A pesar de que en la parte resolutiva de la Resolución 006 (artículo noveno) se ordenó que ese acto administrativo fuera publicado en el SECOP II, revisada dicha aplicación, no se encontró que ello se hubiera cumplido, pues solo reposan los documentos alusivos a la etapa precontractual y el contrato suscrito el 29 de octubre de 2021. Las actuaciones realizadas con posterioridad, entre los que se encuentran la referida resolución de liquidación, no aparecen registradas. Siendo así, la aludida liquidación no puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda realizada el 24 de enero de 2024, además que la misma quedó ejecutoriada con posterioridad a dicha fecha (08 de febrero de 2024), conforme con lo que había establecido la misma Resolución 006 en su parte resolutiva: “ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de su ejecutoria” (Destacado extra texto). En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato en cuestión. Ahora bien, se observa que, en efecto, el Tribunal hizo uso de esa competencia, solo que no realizó una liquidación nueva, pues consideró que no había lugar a surtir en esa sede judicial modificación a la liquidación unilateral del contrato que realizó la FAC, en atención a que “no existe incumplimiento contractual atribuible a la parte demandada, que es improcedente el reconocimiento de los ítems no previstos y que el actor no probó un porcentaje de ejecución de obra superior al establecido en los actos administrativos contractuales demandados”. Comparte este agente del Ministerio Público las consideraciones del a quo sobre este particular, pues en el plenario no obran pruebas que permitan llevar a cabo un corte de cuentas distinto al que efectuó la FAC. Nótese, además, que los cuestionamientos que realizó el recurrente provienen de la extemporaneidad con la que se llevó a cabo la liquidación unilateral mas no por su contenido. Es más, adicionó como pretensión en la alzada que se declare la nulidad de la Resolución No. 007 de 2024, por la cual se resolvió la impugnación de la aseguradora contra la liquidación unilateral, también por falta de competencia temporal, sin cuestionar el balance económico que consignó la Resolución No. 006 de 2023 y que confirmó la aludida Resolución 007. Luego, no habría razón para modificar los reconocimientos, deducciones y devoluciones allí consignados. Finalmente, se tiene que no es posible declarar la nulidad de esta última Resolución, como lo solicitó el señor [NOMBRE TACHADO], puesto que no es esta la oportunidad procesal para realizar dicha pretensión, pues debió incluirse en el libelo de la demanda, pero como se vio, ésta se hizo fue en el recurso de apelación. En consecuencia, la misma resulta improcedente. 4. CONCLUSIONES Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia de 02 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, por cuanto se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico. Tampoco hay lugar a modificar la liquidación unilateral que efectuó la FAC mediante Resolución No. 006 de 2023. JULIÁN FERNÁNDEZ Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa JAF/LGM

Fuente original

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