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titulo: "EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2025-12-10"
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# EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2025-12-10
- **Número:** add156cc-b3ac-4093-8ea7-517dfdf06253.docx
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:add156cc-b3ac-4093-8ea7-517dfdf06253.docx
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

No se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato.

## Puntos clave

- Controversias contractuales: Contra la Nación–Ministerio De Defensa– Fuerza Aérea Colombiana–FAC, por posible incumplimiento por parte de la FAC del contrato no. 181-00-a-cofac-difra-2021 de 29 de octubre de 2021
- Liquidación unilateral del contrato: Fundamento legal
- Liquidacion del contrato estatal: Procedimientos
- Accion de controversias contractuales: Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Principio de buena fé/EJECUCIÓN DEL CONTRATO-Cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato Afirmó que el contratista no ejecutó el objeto principal del contrato en los tiempos y conforme a los documentos técnicos acordados, pues solo completó el 64.90% del presupuesto total, dejó de ejecutar $1.450.005.316, lo que corresponde al 35.10% de las actividades restantes. Por tanto, no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato. Adujo que el incumplimiento no puede atribuirse al contratista dado que la cimentación representa aproximadamente el 20% del valor del contrato y fue la falta de dirección y gestión por parte de la FAC lo que impidió la correcta ejecución y terminación de la obra.

## Descriptores temáticos

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL, Principio de buena fé/ejecución del contrato-cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución

## Decisiones relacionadas

- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Interpretacion judicial del contrato: 70001233100019980028901 de 2025](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:60610.md)
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- [Colombia Compra Eficiente — Es necesario que el contrato se haya perfeccionado para que el contratista pueda proceder con la solicitud de la póliza que deberá ser enviada a aprobación por parte de la entidad estatal contratante.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:58556.md)
- [Consejo de Estado — Contrato estatal: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020130026901-53820-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra la Nación–Ministerio De Defensa– Fuerza Aérea Colombiana–FAC, por posible incumplimiento por parte de la FAC del contrato no. 181-00-a-cofac-difra-2021 de 29 de octubre de 2021
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO-Fundamento legal
De conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Procedimientos
i) la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o el acordado en el contrato y, a falta de esta estipulación, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual; (ii) la liquidación unilateral efectuada por la Administración, la cual tiene lugar cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o ésta no se intenta o fracasa, evento en el cual “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral”; iii) La liquidación judicial, cuando no se haya hecho uso de los dos procedimientos anteriores
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, aplicables por remisión expresa del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las partes del contrato no solo están obligados a lo expresamente pactado, sino a todo aquello que emane del negocio jurídico y que se haga indispensable para lograr el fin último perseguido con su celebración. Conforme las mismas normas, los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo que implica obrar con lealtad en las relaciones jurídicas, respetar lo acordado y propender recíprocamente la realización de las expectativas legítimas que se tienen frente a la negociación
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Principio de buena fé/EJECUCIÓN DEL CONTRATO-Cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución
Según lo ha sostenido el Consejo de Estado, “Los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil prescriben que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. De manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. La buena fe, en la ejecución del contrato, se ha entendido como objetiva, es decir que no parte de la creencia del sujeto de actuar ajustado a la ley, sino en respetar el pacto, cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-No puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda
Siendo así, la aludida liquidación no puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda realizada el 24 de enero de 2024, además que la misma quedó ejecutoriada con posterioridad a dicha fecha (08 de febrero de 2024), conforme con lo que había establecido la misma Resolución 006 en su parte resolutiva: “ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de su ejecutoria” (Destacado extra texto). En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato
DECISION DE FONDO-Se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico
Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia de 02 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, por cuanto se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico. Tampoco hay lugar a modificar la liquidación unilateral que efectuó la FAC mediante Resolución No. 006 de 2023.
CONCEPTO N°183/2025
Bogotá D. C., 10 de diciembre de 2025
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente, doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref: Proceso: 08001233300020240003401 (73746)
Medio de control: Controversias contractuales
Actor: [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO]
Demandado: Nación – Mindefensa - Fuerza Aérea Colombiana - FAC
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia. En esta oportunidad solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que denegó las pretensiones, conforme a los argumentos que a continuación se exponen.
1. ANTECEDENTES
1.1 Demanda. Por intermedio de apoderado judicial, el 24 de enero de 2024, el señor [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] formuló demanda de controversias contractuales contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC. Solicitó declarar: i) El incumplimiento del contrato de obra No. 181-00-A-COFAC-DIFRA- 2021 que se suscribió para el “mantenimiento mayor del hangar norte de la base aérea "Mg. Alberto Pauwels Rodríguez", ubicado en Malambo, Atlántico”. ii) Anular las Resoluciones Nos. 008 de 28 de julio de 2023 y 010 de 31 de julio del mismo año, por medio de las cuales se le sancionó por incumplimiento contractual y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. iii) El reconocimiento de los siguientes valores: a) $491.093.863 por concepto de los trabajos no previstos, debidamente aprobados por la interventoría del contrato y que fueron desconocidos injustificadamente por la entidad demandada; b) $71.051.597,64, por la utilidad que dejó de percibir; c) 60.694.411,72 por el mayor costo administrativo directo que tuvo que asumir; d) $826.192.867,60, correspondiente a la devolución de la cláusula penal pecuniaria y $661.230.389,80, suma declarada como anticipo no amortizado, reconociéndose la debida indexación. iv) La liquidación judicial del contrato, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y de las sumas citadas, se deduzcan $42.916.760,20 a favor de la demandada, por concepto del saldo que quedó pendiente de amortizar en el marco del contrato.
Indicó que previo al procedimiento precontractual, suscribió con la FAC el referido negocio jurídico, el cual se debía adelantar conforme a las actividades descritas en el anexo técnico, bajo la modalidad de precios unitarios y por un valor de $4.130.964.338. Iniciadas las actividades, el demandante evidenció la necesidad de incorporar unidades de obra no previstas que debían anteceder los ítems contractuales del anexo técnico, para mejorar las condiciones de los pisos del hangar, así como los deflectores vigentes. De allí que, con base en el respectivo informe técnico, en los meses de vigencia del contrato solicitó en múltiples ocasiones una salida que subsanara la problemática, sin que la FAC refutara ninguna de las propuestas. A su turno, la interventoría del contrato aprobó diferentes actividades no previstas, pero en sí necesarias para el proyecto.
Debido a lo anterior, el negocio jurídico se suspendió y prolongó a fin de encontrar una solución a las falencias técnicas en prefactibilidad. No obstante, los plazos finalizaron sin que se tomaran medidas contractuales, en cambio sí se inició procedimiento administrativo sancionatorio contra el demandante. Este culminó con las Resoluciones Nos. 008 y 010 de 28 y 31 de julio de 2023 que declararon el incumplimiento parcial del contrato e impusieron una sanción a [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] por valor de $826.192.867,60, correspondiente a la cláusula penal pecuniaria. También se ordenó devolver la suma de $661.230.389,80, declarada como anticipo no amortizado.
Alegó que los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación, sin tener en cuenta los argumentos de defensa en la etapa de descargos y sin realizar una debida valoración de las pruebas, como la inacción de la entidad, los errores en la planeación del proyecto y la ejecución de actividades no previstas. No se consideró la injerencia de circunstancias ajenas a las competencias del contratista, tales como los yerros cometidos por el extremo interventor, la excesiva tardanza, cuidado y debida diligencia por parte del extremo contratante en determinar: las medidas contractuales para sobrellevar las deficiencias en los pisos y en sí el capítulo de cimentación, las medidas para conservar el contrato, en término de conmutatividad, es decir, la no incorporación de actividades no previstas ejecutadas en beneficio de la entidad y la carencia de motivación y sana crítica de los cargos imputados.
Añadió que la demandada no cumplió con su deber legal de liquidar el contrato, para determinar el resultado final de las condiciones contractuales y definir los aspectos económicos, técnicos, jurídicos e indemnizatorios de su terminación, lo cual también se estableció en la cláusula veintidós del negocio jurídico. Que el plazo para la liquidación bilateral del contrato venció el 24 de julio de 2023 y para la liquidación unilateral, el 24 de septiembre del mismo año, sin que se realizara ninguna de las dos, lo que le otorga competencia al juez para efectuar la liquidación judicial solicitada.
1.2 Contestación, excepciones y alegatos de conclusión. La FAC se opuso a las pretensiones. Afirmó que el contratista no ejecutó el objeto principal del contrato en los tiempos y conforme a los documentos técnicos acordados, pues solo completó el 64.90% del presupuesto total, dejó de ejecutar $1.450.005.316, lo que corresponde al 35.10% de las actividades restantes. Por lo tanto, no hay lugar a reclamar pagos, ya que la labor no fue satisfecha al cien por ciento.
Señaló que el contratista no presentó una justificación técnica o un aval de un especialista para respaldar sus propuestas de modificación de obra, a pesar de que la FAC le dio múltiples oportunidades para hacerlo. Ello, en atención a que la propuesta del contratista sobrepasaba el presupuesto oficial y no ofrecía una mejoría técnica significativa.
Precisó que el contratista ejecutó ítems de obra no previstos en el contrato sin la debida autorización del ordenador del gasto, y que eso desequilibró la ecuación económica del mismo. Destacó que la función de la interventoría era de control y vigilancia, pero que no tenía la facultad de aprobar ítems no previstos, tampoco podía modificar las cláusulas contractuales, toda vez que esa potestad recaía exclusivamente en la entidad contratante, conforme a lo establecido en el referido negocio jurídico. Por tanto, no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato.
Sostuvo que requirió al contratista varias veces para que presentara las cotizaciones y fichas técnicas adecuadas para los ítems no previstos, se llevaron a cabo reuniones y comités de obra para discutir las propuestas que realizó y solicitarle la información faltante, inclusive se le requirió un plan de contingencia debido a los atrasos en la ejecución de la obra y aceptó la solicitud de suspensión temporal del plazo con ocasión de los daños causados por un vendaval, lo que demuestra la disposición de la administración a las peticiones del contratista. No obstante, este incumplió con el objeto pactado y no aportó pruebas relevantes que justificaran los retrasos.
En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionatorio, planteó que este se llevó a cabo de acuerdo con los postulados legales y respetando el debido proceso. Toda invocación de nulidad contra los actos acusados debe ser necesariamente alegada y se hace obligatorio que el demandante demuestre en el proceso contencioso la existencia de pruebas que comprueben lo contrario.
Propuso la excepción de contrato no cumplido por la parte demandante.
En sus alegaciones finales, la FAC reiteró que hubo un incumplimiento por parte del contratista, ya que solo ejecutó el 64,9% de las actividades insolutas pactadas, dejando un 35,1% sin realizar, equivalente a más de $1.450 millones. Según el informe de interventoría, se evidenciaron múltiples deficiencias, como la falta de mantenimiento del piso del hangar (20% del presupuesto), filtraciones en la cubierta, instalaciones eléctricas incompletas y sin energizar, ausencia de redes de voz y datos, acabados deficientes, baños inconclusos, carpintería y equipos no entregados. Aunque el contratista propuso soluciones, como el uso de Sika en el piso, no presentó aval técnico ni cumplió con las especificaciones exigidas. Agregó que las obras no autorizadas ejecutadas por el contratista no

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ocio jurídico y fundada en cuestionamientos directamente relacionados con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de las partes, así como los reconocimientos y pagos que, como resultado de la ejecución de las prestaciones, pudieran recaer a cargo de la contratante, tendrá que pasar por la impugnación del respectivo acto administrativo, pues la declaratoria de nulidad del mismo, que se presume veraz y legal, es un requisito indispensable para el análisis de esas pretensiones. (…) En el sub-lite, (…) el Departamento del Cesar expidió una resolución por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato de obra objeto de la presente controversia, acto administrativo que no fue demandado, por lo que, en principio, podría afirmarse la improcedencia del estudio de las pretensiones de la demanda, fundadas en la ejecución del contrato liquidado. No obstante, se advierte que esa decisión administrativa fue tomada cuando ya se había presentado la demanda que dio origen al presente proceso y la misma había sido debidamente notificada al Departamento del Cesar y, por lo tanto, de ninguna manera afecta o limita la facultad del juez para resolver la controversia que fue sometida a su decisión. En efecto, se observa que, legalmente, si vencido el término acordado para ello o los 4 meses de la norma supletiva para la liquidación bilateral, ésta no se había efectuado, la entidad contaba con un plazo de 2 meses para proceder a liquidar unilateralmente el contrato. Ahora bien, como lo ha establecido la jurisprudencia, aún vencidos los dos meses legales para la liquidación unilateral, esto no significa que la entidad pierda la competencia para liquidar el contrato, pudiéndolo hacer válidamente con posterioridad, sin sobrepasar los dos años del término de caducidad de la acción. Sin embargo, la administración sí pierde competencia para liquidar unilateralmente el contrato, una vez se presenta la demanda en la que se pide al juez que lo liquide, toda vez que, en este caso, la competencia se torna judicial, por lo cual, si la entidad procede en tal sentido, el acto administrativo en cuestión quedará viciado de nulidad (…)”. (Destacado fuera de texto).
Revisada la trazabilidad del contrato, se encuentra que luego de las varias suspensiones y prórrogas de que fue objeto, su vencimiento quedó establecido para el 24 de marzo de 2023.
Obra en el expediente la Resolución No. 006 de diciembre 21 de 2023, mediante la cual la FAC procedió a liquidar unilateralmente el contrato de obra, luego de que el señor MAURICIO [NOMBRE TACHADO] fuera citado en varias oportunidades para liquidarlo de manera bilateral, sin que este concurriera, ni presentara justificación alguna para no hacerlo.
Dicha decisión fue impugnada por la Compañía de Seguros S.A., respecto de la cual se profirió la Resolución No. 007 de febrero 08 de 2024, que dejó en firme la liquidación unilateral efectuada por la FAC.
No obstante, no se aportó a la actuación prueba alguna de la que permita inferirse que la mentada Resolución 006 fue notificada al demandante. Por el contrario, del material probatorio se desprende que no fue así y que sólo se le notificó a la aseguradora, veamos:
1) La Resolución No. 007 se hizo un recuento de lo sucedido a lo largo del contrato y se dejó la constancia de la notificación de la Resolución No. 006 de 2023 efectuada a dicha aseguradora a través de oficio No. FAC-S-2023-038637-CE del 17 de enero de 2024, sin que se mencionara la realizada al contratista.
2) A pesar de que en la parte resolutiva de la Resolución 006 (artículo noveno) se ordenó que ese acto administrativo fuera publicado en el SECOP II, revisada dicha aplicación, no se encontró que ello se hubiera cumplido, pues solo reposan los documentos alusivos a la etapa precontractual y el contrato suscrito el 29 de octubre de 2021. Las actuaciones realizadas con posterioridad, entre los que se encuentran la referida resolución de liquidación, no aparecen registradas.
Siendo así, la aludida liquidación no puede considerarse oponible al demandante, dado que presuntamente no conoció el acto administrativo con anterioridad a la presentación de la demanda realizada el 24 de enero de 2024, además que la misma quedó ejecutoriada con posterioridad a dicha fecha (08 de febrero de 2024), conforme con lo que había establecido la misma Resolución 006 en su parte resolutiva: “ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos jurídicos a partir de su ejecutoria” (Destacado extra texto). En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato en cuestión.
Ahora bien, se observa que, en efecto, el Tribunal hizo uso de esa competencia, solo que no realizó una liquidación nueva, pues consideró que no había lugar a surtir en esa sede judicial modificación a la liquidación unilateral del contrato que realizó la FAC, en atención a que “no existe incumplimiento contractual atribuible a la parte demandada, que es improcedente el reconocimiento de los ítems no previstos y que el actor no probó un porcentaje de ejecución de obra superior al establecido en los actos administrativos contractuales demandados”.
Comparte este agente del Ministerio Público las consideraciones del a quo sobre este particular, pues en el plenario no obran pruebas que permitan llevar a cabo un corte de cuentas distinto al que efectuó la FAC. Nótese, además, que los cuestionamientos que realizó el recurrente provienen de la extemporaneidad con la que se llevó a cabo la liquidación unilateral mas no por su contenido. Es más, adicionó como pretensión en la alzada que se declare la nulidad de la Resolución No. 007 de 2024, por la cual se resolvió la impugnación de la aseguradora contra la liquidación unilateral, también por falta de competencia temporal, sin cuestionar el balance económico que consignó la Resolución No. 006 de 2023 y que confirmó la aludida Resolución 007. Luego, no habría razón para modificar los reconocimientos, deducciones y devoluciones allí consignados.
Finalmente, se tiene que no es posible declarar la nulidad de esta última Resolución, como lo solicitó el señor [NOMBRE TACHADO], puesto que no es esta la oportunidad procesal para realizar dicha pretensión, pues debió incluirse en el libelo de la demanda, pero como se vio, ésta se hizo fue en el recurso de apelación. En consecuencia, la misma resulta improcedente.
4. CONCLUSIONES
Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia de 02 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, por cuanto se demostró que no existió incumplimiento del contrato por parte de la FAC y que los actos administrativos demandados no vulneraron el ordenamiento jurídico. Tampoco hay lugar a modificar la liquidación unilateral que efectuó la FAC mediante Resolución No. 006 de 2023.
JULIÁN FERNÁNDEZ
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
JAF/LGM

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL. 2025-12-10. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:add156cc-b3ac-4093-8ea7-517dfdf06253.docx).
