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ACCION CONTRACTUAL-Que se ordene: i) el restablecimiento del equilibrio económico del contrato suscrito entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en adelante la Agencia, y la Unión Temporal, con ocasión de los mayores gastos de administración y stand by de maquinaria. Otras.
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Consideraciones sobre desequilibrio económico de contratos estatales y buena fe contractual
Los contratos estatales sirven a un propósito de satisfacción del interés general que se relaciona con el sector público y el privado en la búsqueda de dicho objetivo. Los contratistas tienen derecho a recibir una remuneración por la ejecución de un contrato previamente estipulada, la cual debe ser razonable, proporcional y justa, como retribución del cumplimiento del objeto contractual
PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-Busca el mantenimiento de dicha igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso
El principio del equilibrio financiero del contrato busca el mantenimiento de dicha igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles, y no imputables a quien resulte afectado,
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento/EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-De no lograrse esto último, las partes del contrato podrán acudir a la jurisdicción para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato.
El fundamento de una eventual responsabilidad por el desequilibrio económico o financiero del contrato deriva, entre otras normas, del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, frente a esta se ha discutido sobre el alcance de sus disposiciones, entendiendo en primer lugar que esa igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones debe entenderse como relativa y no absoluta. Esto en atención a la naturaleza sinalagmática de las obligaciones y de los derechos del negocio jurídico.
ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO-Existen varios elementos que son comunes a la ecuación económica del contrato, con independencia de las modalidades contractuales, a saber:
La ecuación inicial es definida por las condiciones pactadas, derechos, obligaciones y cargas, las cuales incluyen los riesgos asumidos. La ecuación es objeto de alteración por eventos sobrevinientes, lo que también plantea una serie de características del contrato, que sea de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, y que se trate de hechos pasados pero manifestados durante la ejecución del contrato por la parte. El carácter del evento no solo es imprevisto sino también imprevisible. Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato y el cumplimiento del contrato no es imposible, solo más oneroso. Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la administración en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe. El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-El desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en las siguientes causas
El desequilibrio económico del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la “[V]oluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante ajenas a la relación contractual”, o bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato” o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes. El desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en las siguientes causas: i) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas el contrato; ii) circunstancias imputables o atribuibles a la administración al Estado, en virtud de su imperium; iii) circunstancias externas y ajenas a los contratantes; iv) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Como consecuencia del desequilibrio económico del contrato
En diferentes ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la responsabilidad de la administración como consecuencia del desequilibrio económico del contrato señalando que es indispensable la elaboración de los estudios y análisis previos que aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas, junto con las cargas correlativas de diligencia, rigor, seriedad, previsión y sagacidad en la estructuración de las ofertas que se presentan ante la administración
CONCEPTO N° 113/2024
Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2024
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: 68001-23-33-000-2015-01514-01 (71.989)
Controversias contractuales
Actor: Unión Temporal Puesto Fluvial 31.
Demandados: Agencia Nacional de Logística de las Fuerzas Militares.
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, de acuerdo con la asignación temporal de funciones que me fue concedida mediante Decreto 1799 de 12 de noviembre de 2024 y con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia, así:
ANTECEDENTES
Demanda
La parte demandante, Unión Temporal Puesto Fluvial 31, compuesta por Construcciones e Inversiones Beta S.A.S., COSINBE S.A.S., y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., Sucursal Colombia, en adelante la Unión Temporal, pretende que se ordene: i) el restablecimiento del equilibrio económico del contrato 001-289 de 2012 suscrito entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en adelante la Agencia, y la Unión Temporal, con ocasión de los mayores gastos de administración y stand by de maquinaria y el “[S]obre costo por acarreo de agregados en recebo en que incurrió la demandante durante la ejecución del referido contrato, ocasionado por el incumplimiento del contrato, la falta al deber de planeación, por parte de la entidad contratante, y el acaecimiento de hechos imprevisibles; ii) la declaración de incumplimiento del contrato de obra No. 001-289 de 2012 por parte de la Agencia; y, iii) la liquidación del contrato de obra No. 001-289 de 2012.
En cuanto a las pretensiones económicas la Unión Temporal solicita que se le reconozcan las siguientes sumas: i) Quinientos Noventa Millones Doscientos Veinte Mil pesos m/cte por concepto de mayores gastos por administración (personal) en razón a los conflictos de orden público que paralizaron la obra; ii) Mil Quinientos Ochenta y Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Dos pesos m/cte por concepto de mayores gastos por stand by de la maquinaria en razón a los conflictos de orden público que paralizaron la obra; y iii) Quinientos Noventa y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos m/cte, por concepto de mayores gastos de transporte respecto del ítem Recebo.
Lo anterior con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
- El 28 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato de obra 001-289 de 2012 entre la Agencia y la Unión Temporal cuyo objeto era “[E[jecutar la construcción de las nuevas instalaciones del puesto fluvial avanzado de infantería de marina No. 31 de la Armada Nacional con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander, de acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación pública No. 253-2012 y bajo las condiciones estipuladas en el contrato”.
- En cuanto al valor del contrato en la cláusula quinta se estipuló lo siguiente: “Para efectos legales, fiscales y presupuéstales (sic), el valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS ($24.491.484.701.00) M/CTE., incluido AIU e IVA sobre utilidad. PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener”.
- El 6 de febrero de 2013 se suscribió el acta de inicio del contrato entre las partes con fecha de terminación del plazo contractual el 5 de agosto de 2014 dado que el plazo de ejecución era de 18 meses.
- El 6 de agosto de 2014, se suscribió la prórroga No. 1 al contrato mediante la cual se modificó la cláusula tercera referida al plazo de ejecución y se prorrogó el plazo desde el 6 de agosto hasta el 19 de diciembre de 2014. El fundamento de la solicitud de prórroga por parte de la Unión Temporal fueron los “[I]nconvenientes de orden público, discrepancias con la forma de pago y definición de la meta física no atribuibles al contratista, que han afectado el normal desarrollo del contrato, toda vez que no estaban previstos en los tiempos establecidos en el mismo”.
- El 19 de diciembre de 2014 las partes suscribieron la prórroga No. 2 al contrato mediante la cual se amplió el plazo de ejecución y se fijó como nueva fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2014.
- El 31 de diciembre de 2014 se suscribió la prórroga No. 3 y el Modificatorio No. 3 al contrato, ampliando el plazo de ejecución hasta el 6 de febrero de 2015 e incluyendo actividades en el anexo técnico del contrato junto con una modificación a la cláusula trigésima cuarta relacionada con la subordinación presupuestal.
- El 6 de febrero de 2015 se suscribió la prórroga No. 4 mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 5 de julio de 2015. El fundamento de esta solicitud por parte de la Unión Temporal fue la necesidad de definir aspectos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto" y además, en que “Para las pruebas de abatimiento no hemos recibido por parte de la entidad las especificaciones bajo las cuales deben ejecutarse, y mucho menos se ha pactado el precio que tenga en cuenta las condiciones de ejecución”.
- El 3 de julio de 2015 las partes suscribieron la prórroga No. 5 mediante la cual se amplió el plazo contractual hasta el 5 de octubre de 2015. Esta solicitud realizada por la Unión Temporal se justificó en lo siguiente:
“[E]n todo caso recordamos lo que indicamos en el oficio UTPF31-580-15 y en otros oficios acerca que la mayor permanencia y otras situaciones han generado un desequilibro económico en el contrato por causas no imputables al contratista, y en muchos casos imputables a la Interventoría y a la entidad contratante, como es el cambio de ubicación de las fuentes de material, la exigencia de mayores cantidades de obra, el cambio de vigencia sin que se haya hecho un ajuste a los precios del contrato, la no legalización de mayores cantidades de obra y obras no contempladas que el contratista ha ejecutado y no le han sido pagadas, el incumplimiento de la Interventoría de efectuar el balance del contrato, entre otras situaciones.(...) si bien la obra requiere de un plazo adicional de 3 meses, la suscripción de otro si (SIC) no constituye un restablecimiento del equilibrio, que por lo demás genera mayores perjuicios a la UT que sigue ejecutando obra sin tener un balance del contrato, con precios de mercado del año 2012, y sin recibir el pago de la totalidad de las actividades de obra ejecutadas. Tampoco constituye la suscripción de un otrisi (SIC), ni la solicitud de un plazo adicional de ejecución, una renuncia a reclamar en sede Judicial, extrajudicial o administrativa, el perjuicio patrimonial causado a la UT con el desequilibrio económico, pues para la entidad contratante no es un secreto que la Unión Temporal en diferentes oportunidades la ha requerido para que de mutuo acuerdo se establezcan mecanismos para el restablecimiento del valor intrínseco de la remuneración, sin obtener una respuesta de la Administración.”
- El 5 de octubre de 2015 las partes suscribieron la prórroga No. 6 al contrato con el fin de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de octubre de 2015.
En cuanto a los hechos relacionados con sobrecostos por mayores gastos de administración y stand by de maquinaria se expuso lo siguiente:
- Luego de a suscripción del acta de inicio el 6 de febrero de 2013, específicamente el 11 de marzo de 2013 se presentaron problemas en la ejecución del contrato puesto que hubo inconvenientes de orden público, bloqueos y huelgas en el lugar de ejecución de la obra por parte del gremio de volquetas y comunidades aledañas a Barrancabermeja quienes solicitaron la inclusión de sus “[V]olquetas en la obra, exigiendo el pago de unos precios que no estaban incluidos en la oferta presentada para la respectiva licitación, al igual que solicitaron la contratación de personal de la región incluyendo el personal profesional, dirección y gerencia de obra con salarios superiores a los ofertados; situaciones que desde entonces han venido afectando la normal ejecución del contrato y generando costos de administración y stand by de maquinaria durante largos periodos donde el contratista no pudo desarrollar en forma normal la ejecución del contrato”.
- Los inconvenientes descritos fueron puestos en conocimiento de la “Agencia Logística, el Ministerio de Defensa, el Comandante de Policía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Interventoría a través de oficios Nos. UTPF-0026-2013 de fecha 11 de marzo de 2013, UTPF31-0029-2013 radicado en marzo 13 de 2013,UTPF31-0031-2013 radicado el 15 de marzo de 2013 y UTPF31-0035-2013 radicado el 20 de marzo de 2013; igualmente se puso en conocimiento del Inspector de Trabajo de la Oficina Especial de Barrancabermeja, quien mediante acta de fecha 03 de mayo de 2013 certificó el cese total de actividades por parte de los trabajadores de la Unión Temporal Puesto Fluvial 31, en razón a las huelgas que desarrollaban las agremiaciones del sector”.
- Los riesgos asociados a huelgas y paros no hacen parte de los riesgos que debía asumir el contratista conforme la cláusula 8 del contrato de obra 289 de 2012, por tanto es la entidad como “[D]ueña de la obra quien debe acudir en conjunto con el contratista y al interventoría (sic) a buscar una solución a tales inconvenientes, buscando alternativas que no atentaran contra la seguridad del personal, ni rompieran el equilibrio financiero del contrato”.
- Los inconvenientes de orden público, huelgas y paros, ocasionaron que la Unión Temporal no pudiese ejecutar normalmente el contrato durante el periodo de 170 días por causas no imputables al contratista, no obstante tuvo que pagar gastos de administración y de stan by de maquinaria “[E]quivalentes a la suma de $2.116.456.368,67 lo cual rompió el equilibrio de la ecuación financiera del contrato y ha afectado gravemente a la UT Puesto Fluvial 31”.
En cuanto a los hechos relacionados con sobrecostos por acarreo de agregado en recebo se expuso lo siguiente:
- La Agencia contratante fijó en el análisis de precios unitarios (APU) un valor máximo de $20.833.61/m3 por el ítem RECEBO, frente a lo cual la Unión Temporal propuso la ejecución por un valor de $19.923.00/m3, dado que contaba con “[E]quipos propios y las distancias de las canteras informadas y propuestos por la Agencia Logística, según lo cual dicho material debía ser transportado desde las canteras de Yondo o Cascajera, lugares más cercanos a la obra al estar ubicados a 12 y 13 kilómetros de distancia respectivamente”. Lo anterior consta en los videos de visita a la obra.
- Pese a que la Agencia manifestó que en las canteras se contaba con material suficiente para la obra, en septiembre de 2013 se empezaron a presentar retrasos e imprevistos en el suministro del material de Recebo debido a que el “[M]aterial que cumplía con las especificaciones técnicas exigidas se terminó y adicionalmente porque las canteras no contaban con la infraestructura interna vial para el retiro del material de recebo.” Lo anterior fue informado a la entidad mediante oficio UTPF31-0209-13 de fecha 20 de septiembre de 2013.
- Como consecuencia de lo anterior el contratista tuvo que acudir a la cantera acudir a la cantera de “Llanito para transportar dicho material de recebo; lugar ubicado a veinticinco (25) kilómetros de la obra, como consta en oficios Nos. UTPF31-0209-13 de fecha septiembre 20 de 2013 y UTPF31-0225-13 de fecha octubre 22 de 2013, y en la certificación expedida la Cantera Llanito, situación constatada por la Interventoría”.
- La diferencia de 12 kilómetros entre la cantera inicial y a la cual tuvo que acudir la Unión Temporal generó un sobrecosto de $598.246.847.
- De acuerdo con lo anterior, la Unión Temporal pretende en primer lugar, “[Q]ue la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES reconozca a la UNIÓN TEMPORAL PUESTO FLUVIAL 31, los mayores, costos por administración y stand by de la maquinaria en que tuvo que incurrir la UT, por causas de los conflictos de orden público no imputables al contratista, que se presentaron en el lugar de ejecución del contrato y que impidieron la debida ejecución de la obra; y en segundo lugar que se reconozcan los sobrecostos de transporte para el ítem de Recebo por cambio de la posible ubicación de las fuentes de las cuales se obtendría el material necesario para la ejecución del contrato-recebo-, pues la distancia que (sic) en la que debía encontrase varío (sic) de los 13 Km establecidos en el pliego de condiciones hasta la distancia real a la que se hallaron las fuentes de la cual se obtuvo el recebo, esto es 25 Km”.
- Por lo tanto, la entidad contratante “[G]eneró alteraciones graves a las condiciones contractuales que conllevaron al rompimiento del equilibrio financiero del contrato y a que,
a la fecha, el contratista se encuentre en una grave afectación de su patrimonio”.
- La Agencia vulneró el principio de planeación contractual en relación con la fuente de material de RECEBO en la medida en que la “AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES generó a la UNIÓN TEMPORAL PUESTO FLUVIAL 31 una serie de sobrecostos en razón al incumplimiento del deber de planeación, esto debido al obligado cambió de la ubicación de las fuentes en las cuales se obtendría el material de recebo necesario para la ejecución del contrato, pues la distancia en la que debía encontrase según lo informado por la agencia en el pliego de condiciones y en acta de visita a la obra, varío (sic) de los 13 Km establecidos en el pliego de condiciones, hasta la distancia real a la que se hallaron las fuentes de la cual se obtuvo el recebo, esto es 25 Km, generado con ello sobrecostos que el contratista canceló según las pruebas contables anexas, y que generan igualmente el rompimiento de la ecuación financiera del contrato en perjuicio del contratista. El cambio de fuentes de las cuales se obtendría el material de recebo no fue previsto por la entidad ni en el Pliego de Condiciones ni en el Contrato, transgrediendo así el principio de planeación, que sin duda afecta la ecuación económica del contrato que se consideró al momento de ofertar y contratar”.
Contestación de la demanda por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
La apoderada de la Agencia se opuso a todas y cada de las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
- Al vencimiento del plazo contractual la Unión Temporal no entregó el 100% del objeto contratado.
- La interventoría en cada uno de los informes plasmó que la “[M]aquinaria dispuesta en obra por parte del contratista, información que no coincide con la razón del dicho del demandante, llamando la atención en varios escritos aportados como prueba sobre la ausencia del personal inicialmente acordado y sobre la insuficiencia del equipo utilizado para cumplir con el objeto contratado lo que se tradujo en el incumplimiento a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución, afirmación que se explicará detalladamente y discriminando el documento que los acredita más adelante”.
- La Unión Temporal dilató la etapa de liquidación contractual acudiendo a “[E]ngaños a la administración que evitaron realizar la respectiva acta con mucha anterioridad y que hoy está en desarrollo”.
- Por tanto no le es dable al contratista en virtud de su incumplimiento compeler a la Agencia al pago de mayores cantidades de obra que en definitiva terminaron sin ser probadas. Se acreditó con los informes de Interventoría que la Unión Temporal no cumplió el contrato y que durante su ejecución se presentaron varios incumplimientos por parte de dicha Unión (Anexo 7).
- Los diseños de la obra no fueron elaborados por la Agencia sino que los hizo ECOPETROL, diseños bajo los cuales debía ejecutarse la obra objeto del contrato 289 de 2012. Por tanto, no es cierto como lo señala la Unión Temporal que la Agencia haya realizado los diseños.
- El estudio técnico realizado que hacía parte de los pliegos de condiciones no estableció, como “[E]quívocamente lo desea hacer ver la parte actora, cuáles eran las fuentes de extracción de material a ser utilizado en la obra, pues lo que simplemente plasmó fue la existencia de canteras aledañas al sector a las cuales el adjudicatario podía acceder para conocer si serían útiles y suficientes para la construcción del dique y en ese orden de ideas, la contratante no puede responder por las decisiones adoptadas discrecionalmente por el contratista, a más de ello, reprocha esta profesional del derecho los intentos desplegados por el accionante para confundir al A quo cuando aduce la existencia de una variación en la distancia existente entre la cantera y la obra, sin que realmente el problema encuentre epicentro en este aspecto, pues realmente jamás se varió la fuente, lo que ocurrió simplemente es que la cantera inicialmente intervenida agotó el material de recebo que contaba con las calidades requeridas para la culminación de la obra y por ello hubo que utilizar otra fuente de extracción, hecho que conforme al expertis y a la planeación que le correspondía hacer al contratista pudo ser previsto con tan solo un análisis de las licencias ambientales de las canteras pues estas señalan con exactitud el tope de material a ser extraído lo que le permitía haber contemplado desde el inicio soluciones a la merma en el material”.
- En la cláusula octava del contrato 289 de 2012 se estipuló que los riesgos operaciones y los económicos serían asumidos por el contratista en un grado del 100%. “Una vez verificado el caso particular pudo establecerse precisamente que las circunstancias tanto de desórdenes de orden público, como de selección de fuente para la extracción de recebo por agotamiento de material, encajan perfectamente en los supuestos de configuración de los mencionados riesgos y por ende sus consecuencias deben ser soportadas única y exclusivamente por la aquí demandante bajo la premisa que todo contrato legalmente celebrado es Ley para las partes y en efecto así se pactó en el contrato de obra No. 289 de 2012”.
- La Unión Temporal está en su “[L]egítimo derecho de esperar un lucro económico de la relación negocial entablada con mi poderdante, sin que ello sea óbice para que pierda de vista que su participación es una forma de colaboración con la administración pública tendiente al logro de los fines estatales, materializados en caso de autos, en la defensa y seguridad de la nación; de manera pues que su intervención en el contrato de obra celebrado implicaba obligaciones como la de colaborar en la revisión y ajuste definitivo de la repartición de riesgos previsibles sin que le fuera dable guardar silencio, como lo hizo, para posteriormente efectuar reclamaciones desconociendo los pactos suscritos en contrato de obra No. 289 de 2012”.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 15 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
- Para el A quo las pretensiones no están llamadas a prosperar en la medida en que no se demostraron situaciones imprevisibles. En relación con los sobrecostos por el transporte del ítem de Recebo se señaló que en los pliegos de condiciones se dispuso, “[B]ajo el principio de la diligencia debida, que para la presentación de la oferta económica los oferentes debían realizar de forma obligatoria una visita de obra”. A su vez se señaló que los oferentes, al “[M]omento de estructurar la oferta económica y de participar en el procedimiento de gestión contractual, debían cumplir con el deber de la “diligencia debida”; según la cual, conforme al acápite 1.13 del pliego de condiciones, era responsabilidad del proponente “conocer todas y cada una de las estipulaciones del pliego, para un ofrecimiento del objeto del proceso de selección y realizar los análisis necesarios, para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio”, exigencia que se consideraba satisfecha con la “sola presentación de la oferta” y, cuya omisión y/o desconocimiento, no eximía de la cumplir con la responsabilidad que de ello se derivara, pues así fue considerado en el pliego de condiciones” (Subrayas fuera de texto).
- Se acreditó que la Unión Temporal realizó la visita al lugar de la obra de acuerdo con la “constancia de visita área del proyecto”.
- En la cláusula 15 del contrato de obra denominada “[R]econocimiento del sitio en que se va a ejecutar la obra”, se acordó que el contratista con la “[C]onstancia de la visita de obra manifestó que estudió cuidadosamente el proyecto de la obra que se va a realizar, su naturaleza y localización, la composición y conformación del terreno, las condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, la situación, calidad de los materiales necesarios para sus trabajos, y todos los demás factores endógenos y exógenos que puedan influir en la ejecución de la obra contratada, incluyendo la manera de transportar los equipos y materiales al sitio de la obra. El reconocimiento de todos estos factores favorables o desfavorables, fueron tenidos en cuenta por el contratista al formular su propuesta y no podrá alegarse como causal de incumplimiento de ninguna de las cláusulas del presente contrato”.
- En los pliegos de condiciones se “[I]ndicó con suficiencia, que los proponentes debían calcular sus precios unitarios considerando todas las condiciones “arquitectónicas, técnicas, topográficas, climatológicas, acceso, suministro y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración”; en este sentido, era necesario que el contratista NO sólo basará su análisis del precio con una única cantera, pues aun cuando no se hubiera realizado el cambio de diseño del relleno de la plataforma, era necesario bajo la debida diligencia, que previera que probablemente en la cantera de Yondó pudiera verse limitado el material de recebo; esto es, la parte demandante debió informarse de las fuentes de material, su productividad, limitaciones y problemáticas, los valores de mercado, clima, transporte y, en general, adelantar todas las investigaciones y cotizaciones necesarias para definir los precios a pactar, donde debió prever la ubicación de diferentes canteras de recebo en la zona y haberse informado debidamente sobre ellas”. (Subrayado fuera de texto).
- Lo anterior era necesario para determinar el AIU del contrato. “Este último, en su componente de imprevistos, sirve de media para la estimación relacionada con incertidumbres que es posible que ocurran como parte del riesgo propio de la actividad constructiva. Así que, era del ámbito de responsabilidad del contratista la construcción de tales precios, incluidos los porcentajes de A.I.U”.
- En cuanto a las pretensiones de reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en obra y al stand by de materiales asociados a la problemática social que se presentó en el lugar de la obra, estas situaciones no pueden catalogarse como imprevisibles. En el contrato se pacto que el 100% de los riesgos operaciones y económicos sería asumidos por el contratista.
- Para el a quo el contratista estaba obligado a “[R]ealizar el examen de los sitios, debiendo inspeccionar el lugar donde habría de desarrollarse la obra, informarse de la naturaleza del terreno, de los condicionamientos sociales impuestos en políticas de inclusión laboral de la comunidad de Barrancabermeja; pues en su calidad de experto tenía la responsabilidad de desplegar una conducta diligente en orden a informarse de la mano de obra disponible, los precios de mercado, las condiciones sociales, entre otras, de dicho examen no hacen parte situaciones cuyo conocimiento imponga la realización de estudios especializados que van más allá de aquellos que en dicha etapa es posible realizar y conocer, lo que debe ser analizado en cada caso”.
- Adicional a lo anterior, la “[P]roblemática social que se describe en la demanda no conllevó una excesiva onerosidad en las obligaciones que asumió la parte demandante por el vínculo contractual que ocupa el análisis de la Sala en esta sentencia.”
- Sobre este último punto, el a quo señala que los informes de interventoría evidencian que para el 5 de octubre el contratista había retirado de la obra a todo el personal y que la obra presentaba un avance del 88.94%, motivo por el cual la interventoría INCOPLAN S.A., en adelanta la interventoría, solicitó a la Agencia declarar la caducidad del contrato de obra y la liquidación de este.
- Para el Tribunal alegar un posible desequilibrio económico de un contrato no releva al contratista de su obligación de cumplir con el objeto del contrato, lo cual sucedió en este caso. Los testimonios del Representante legal y de un trabajador de la Unión han de apreciarse como sospechosos, es decir, “[Q]ue no se revela imparcial a las resultas de este litigio, que es eventualmente beneficioso para los intereses de la parte demandante en la que participa; situación que si bien no impide la práctica de su testimonio ni impone su exclusión como prueba, sí da lugar a una valoración más severa, en conjunto con las demás pruebas practicadas; aspecto que en el presente asunto, no es posible contrastar con otros elementos de convicción, pues la parte actora no aportó pruebas que dé cuenta de la causación de los gastos administrativos en los que supuestamente incurrió con ocasión de la problemática social.”.
- Por último en cuanto a la pretensión de liquidación del contrato el Tribunal señaló que esta pretensión no fue “[S]uficientemente motivada por el demandante, pues se presenta una ausencia de elementos demostrativos de los pagos por las obras ejecutadas; esto es, no se aportaron comprobantes de pago, de egreso, recibos de consignación o cualquier soporte que contenga manifestaciones de haber satisfecho cada pago mensual pactado; luego la Sala no está en posibilidad de arrojar un balance final del contrato y así liquidar judicialmente el acuerdo de voluntades”.
Recurso de apelación
El apoderado de la Unión Temporal presentó recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y solicitó que se revoque la misma con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
- El ítem recebo, “[F]ue inicialmente planteado únicamente para la ejecución de los jarillones, mientras que el relleno de la plataforma se realizaría con material proveniente del dragado del río Magdalena. Sin embargo, al inicio de la ejecución de la obra, surgió la problemática de que el dragado del río podría demorar más de un año en secar, motivo por el cual se recomendó un cambio en el material a utilizar”.
- Al seleccionarse el recebo como material para el relleno de la plataforma, “la Unión Temporal se vio obligada a incurrir en sobregastos significativos relacionados con el transporte, debido a que la cantera originalmente seleccionada para el suministro de recebo presentó retrasos y no podía satisfacer la cantidad requerida para la obra. Esta situación forzó a la Unión Temporal a acudir a una cantera adicional, ubicada a 25 kilómetros del sitio de la obra, generando así costos no previstos en el presupuesto inicial.”
- El contratista en “[R]epetidas ocasiones (…) alertó a la entidad contratante sobre las dificultades y los costos adicionales que se estaban asumiendo.”. Esto mediante comunicados que obran en el expediente.
- Durante la “[E]jecución del contrato de obra, se rompió el equilibrio económico y financiero en razón de las modificaciones sustanciales que hizo la agencia a las condiciones inicialmente pactadas; La entidad aumentó y modificó de manera considerable los costos de ejecución del contrato en relación a lo inicialmente pactado en el pliego de condiciones y en la propuesta ofertada.”
- Tal desequilibrio se vio reflejado en el cambio de la posible ubicación de las fuentes de las cuales obtendría el material necesario para la ejecución del contrato, pues como se ha mencionado reiterativamente, la entidad decidió cambiar el material con el que se rellenaría la plataforma una vez se había iniciado la ejecución del contrato, lo que respecta a un incumplimiento al deber de planeación.
- En cuanto a la imprevisibilidad de las circunstancias de orden público en la ciudad de Barrancabermeja, el recurrente señala que el A quo comete un error al incluir entre los riesgos asumidos por el contratista el paro del gremio volquetero puesto que entre los riesgos operacionales y económicos no se encuentran los de orden público o de bloqueos o paros.
“Específicamente, no se podría encasillar estos hechos dentro de los riesgos económicos pactados en el contrato y aceptados por el contratista, en tanto no se trata de “no haber realizado un detallado estudio de mercado”, porque no se encuentra en controversia, algún hecho relacionado con el personal contratado”, sino terceros externos.
Aún menos se podría considerar estar frente a un riesgo operacional, ya que, no hablamos de una suspensión o prórroga causado por la subcontratación o de la existencia de algún proceso o procedimiento que impidiera el cumplimiento oportuno del objeto contratado.”
-De acuerdo con el recurrente, aún en el evento de considerarse que el riesgo era previsible “[R]esultaba imposible prever que las huelgas afectarían la ejecución del contrato por un periodo tan prolongado como lo fueron los 170 días. Además, ceder a las exigencias del gremio de volqueteros —quienes demandaban la vinculación de sus vehículos y personal a la obra, a un costo superior al previsto, así como la inclusión de la comunidad de Barrancabermeja— habría conducido a la inviabilidad económica del contrato”.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Para esta agente del Ministerio Público, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si: ¿Se configura el desequilibrio económico del contrato de obra 289 de 2012 suscrito por la Unión Temporal y la Agencia como consecuencia de los costos que asumió el contratista producto de: i) gastos de administración y stand by de maquinaria, y ii) gastos asociados al ítem de transporte de Recebo, esto producto de las circunstancias de orden social en Barrancabermeja para la época de ejecución del contrato, huelgas y paros, y del cambio de cantera para recoger el material de recebo?
Consideraciones sobre desequilibrio económico de contratos estatales y buena fe contractual
Los contratos estatales sirven a un propósito de satisfacción del interés general que se relaciona con el sector público y el privado en la búsqueda de dicho objetivo. Los contratistas tienen derecho a recibir una remuneración por la ejecución de un contrato previamente estipulada, la cual debe ser razonable, proporcional y justa, como retribución del cumplimiento del objeto contractual.
El principio del equilibrio financiero del contrato busca el mantenimiento de dicha igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles, y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, de no lograrse esto último, las partes del contrato podrán acudir a la jurisdicción para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato.
El fundamento de una eventual responsabilidad por el desequilibrio económico o financiero del contrato deriva, entre otras normas, del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, frente a esta se ha discutido sobre el alcance de sus disposiciones, entendiendo en primer lugar que esa igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones debe entenderse como relativa y no absoluta. Esto en atención a la naturaleza sinalagmática de las obligaciones y de los derechos del negocio jurídico.
Existen varios elementos que son comunes a la ecuación económica del contrato, con independencia de las modalidades contractuales, a saber:
La ecuación inicial es definida por las condiciones pactadas, derechos, obligaciones y cargas, las cuales incluyen los riesgos asumidos.
La ecuación es objeto de alteración por eventos sobrevinientes, lo que también plantea una serie de características del contrato, que sea de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, y que se trate de hechos pasados pero manifestados durante la ejecución del contrato por la parte.
El carácter del evento no solo es imprevisto sino también imprevisible.
Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato y el cumplimiento del contrato no es imposible, solo más oneroso.
Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la administración en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe.
El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.
El desequilibrio económico del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la “[V]oluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante ajenas a la relación contractual”, o bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato” o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.
El desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en las siguientes causas: i) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas el contrato; ii) circunstancias imputables o atribuibles a la administración al Estado, en virtud de su imperium; iii) circunstancias externas y ajenas a los contratantes; iv) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante.
En diferentes ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la responsabilidad de la administración como consecuencia del desequilibrio económico del contrato señalando que es indispensable la elaboración de los estudios y análisis previos que aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas, junto con las cargas correlativas de diligencia, rigor, seriedad, previsión y sagacidad en la estructuración de las ofertas que se presentan ante la administración.
En cuanto a la acreditación del desequilibrio económico, el Consejo de Estado sostiene que esta requiere factores técnicos y de suficiencia, razón por la cual la prueba del desequilibrio es “[A]ltamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados”.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado los elementos que dan lugar a reparar al contratista de la administración en eventos de rompimiento del equilibrio económico del contrato, así como los aspectos precisos que el juez, en su análisis del caso debe tener en cuenta con el fin de identificar que efectivamente ha existido un desequilibrio en la ecuación del contrato.
A partir de lo expuesto, pueden identificarse las condiciones para que se configure el desequilibrio económico del contrato. Estas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Reconocer que la ecuación inicial es definida por las condiciones, derechos, obligaciones y cargas pactadas en el contrato, las cuales incluyen los riesgos asumidos por cada una de las partes;
La ecuación económica puede ser objeto de alteración o desequilibrio por eventos sobrevinientes, imprevistos e imprevisibles;
El desequilibrio económico del contrato se predica de aquellos contratos de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, sobre hechos pasados pero que se manifiestan durante la ejecución del contrato y en esa etapa se reclaman por la parte afectada;
El evento o situación que genera el desequilibrio económico del contrato no puede ser constitutivo de incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes (artículo 1613 del Código Civil);
Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato, no para imposibilitar su cumplimiento, sino que lo hacen mucho más oneroso para una de las partes.
Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la otra parte en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe contractual.
El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato. Se trata de un mecanismo que propende por el cumplimiento del objeto del contrato.
A continuación se plantean algunas de las condiciones para que pueda imponerse una condena por el rompimiento del desequilibrio económico del contrato, según el Consejo de Estado:
Cuando la administración no tiene el cuidado suficiente de elaborar previamente los estudios técnicos que permitan y aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas.
La identificación de circunstancias particulares que le permitan al juez establecer criterios objetivos y relativizados del contenido y alcance de la ecuación financiera del contrato. Entre esas circunstancias se encuentran: a) derechos y obligaciones, que no necesariamente deben estar expresamente planteadas en el contrato; b) deberes y cargas que a cada parte le corresponden en mayor o menor medida; y, c) los riesgos asignados a cada una de ellas, y aquellos compartidos.
La prueba del desequilibrio, la cual debe ser calificada según la jurisprudencia, por cuanto le corresponde al contratista demostrar su dicho, con suficiencia y precisión técnica. Es decir, que la carga probatoria le corresponde al demandante.
Cabe señalar que no toda alteración económica de la ecuación del contrato da lugar a la configuración del desequilibrio. Esto significa que solo aquellas situaciones que hagan excesivamente onerosa la ejecución del contrato son susceptibles de configurar el desequilibrio económico del contrato.
De acuerdo con el Consejo de Estado, no basta acreditar que se incumplió el contrato o que se modificó unilateralmente por la entidad pública, sino que es necesario que el contratista demuestre el quebrantamiento grave de la ecuación económica del contrato, con la finalidad de acreditar que ese incumplimiento o modificación unilateral representa una mayor onerosidad que no está obligado a soportar debido a son riesgos que no hacen parte de los inherentes a la actividad contractual misma.
Por lo anterior, es el demandante o quien alegue el desequilibrio el que deberá probar las razones por las cuales la situación acaecida hace que el cumplimiento del contrato le imponga una carga excesivamente onerosa que pone en riesgo su patrimonio. No se trata entonces de situaciones que afecten las expectativas económicas del contratista, sino aquellas que puedan generar perjuicios económicos con ocasión del cumplimiento del contrato.
En cuanto a la oportunidad del contratista para alegar o reclamar ante situaciones que generen desequilibrio económico del contrato en los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la jurisprudencia del Consejo de Estado hasta el 2023, era consistente en afirmar que el contratista debía exponer las razones de su reclamación o por lo menos formular la misma al momento de celebrar o suscribir cualquier modificación al contrato, so pena de no poder reclamar los eventuales perjuicios que le ocasione esa situación en la etapa de liquidación y tampoco en sede judicial.
No obstante, en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, se estableció una regla jurisprudencial diferente en relación con los efectos que produce la ausencia de salvedades, cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes. La regla es la siguiente:
“Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado.”. (Subrayas fuera de texto).
Lo anterior si bien constituye un cambio en la línea jurisprudencial que se venía manejando en cuanto a la imposibilidad de reclamar en sede judicial el desequilibrio económico cuando no se hacían las respectivas salvedades al momento de suscribir las modificaciones contractuales por las partes, no significa que esas reclamaciones prosperan en todos los casos. En la sentencia de unificación del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, se señaló que los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, no obstante la exigencia de la formalidad del escrito, los tratos preliminares son importantes porque permiten desentrañar el alcance del contrato o de los acuerdos. “No implica ello en modo alguno admitir, dada la formalidad sustancial exigida por la ley, la posibilidad de que las partes modifiquen con su conducta el contrato. Se trata de reconocer que las negociaciones de las partes, durante la etapa de formación del negocio jurídico o los contratos adicionales, modificatorios y otrosíes, permiten determinar la intención de las partes y, por ende, constituyen un criterio esencial para la labor de interpretación por el juez del contrato (arts. 23 y 28 de la Ley 80).” (Subrayas fuera de texto).
Por lo tanto, el desequilibrio económico del contrato permite reajustar la ecuación económica para evitar que la ejecución del negocio se torne excesivamente onerosa, es decir, es un remedio contractual, el cual debe acompañarse de una prueba calificada que permita al juez, en primer lugar, tener por acreditada alguna de las circunstancias en que ese desequilibrio puede llegar a presentarse y, en segundo lugar, demostrar la excesiva onerosidad en que incurrió el contratista durante la ejecución del contrato.
Lo anterior permite señalar que en materia de desequilibrio económico la buena fe contractual tiene un rol muy importante, motivo por el cual a continuación se plantean algunas consideraciones sobre este tema.
La buena fe es un principio constitucional que irradia varios ámbitos, entre los cuales se encuentra el contractual. Se trata de un mandato aplicable a todos los contratos, el cual debe observarse durante todas las etapas de estos. Es de obligatoria observancia por las partes y, por quienes pretendan beneficiarse del negocio. A su vez, es de obligatoria observancia durante todas las etapas del contrato.
La buena fe es sinalagmática, es decir, se predica de todas las partes del negocio jurídico, por lo tanto, se exige por igual a estas de manera independiente del régimen jurídico al cual esté sometido el negocio, bien sea público o privado. En palabras de la Corte Suprema de Justicia se trata de un principio bipolar puesto que ambas partes deben observarlo, sin que sea posible predicar su observancia por una sola.
Se ha planteado la clasificación de buena fe subjetiva y objetiva. En términos de la Corte Suprema de Justicia la buena fe es un principio bifronte porque tiene una doble connotación, subjetiva y objetiva. La primera es la creencia o confianza de actuar conforme a derecho, sin perjuicio de que las actuaciones se funden en un equívoco. La segunda, trasciende la esfera subjetiva, se traduce en una norma de comportamiento que “[A]tañe al dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera pre-negocial y negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses ajenos (deberes de información; de claridad o precisión; de guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.)”.
El Consejo de Estado, en su condición de juez natural de los contratos estatales, en 1982 señaló que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por lo tanto, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, motivo por el cual las partes deben facilitarse el cumplimiento mutuo de las obligaciones.
En 2012, el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación sobre el enriquecimiento sin justa causa, sostuvo que la buena fe es un principio que debe estar presente durante todo el iter contractual. Para el alto tribunal, la buena fe objetiva, que se deriva del artículo 863 del Código de Comercio, impone a las partes de un contrato un comportamiento real y efectivo ajustado al ordenamiento y al contrato. Así, la buena fe que se exige en materia contractual, estatal y privada, es la objetiva.
Por lo anterior, la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme al contrato no son relevantes al momento de estudiar si ese comportamiento se ajusta o no la buena fe, dado que la buena fe objetiva es la que debe ser observada por las partes. En palabras del Consejo de Estado “[L]o que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”.
Naturaleza, tipología y modalidad del contrato de obra 289 de 2012: implicaciones desde los riesgos por sobrecostos en el transporte de material y asunción de estos y análisis de los eventuales sobrecostos por gastos de administración y stand by de maquinaria
En cuanto a la naturaleza, tipología y asunción de riesgos en el marco del contrato de obra 289 de 2012, conforme el material probatorio que se aportó al proceso. se tiene lo siguiente:
La Agencia suscribió con la Unión Temporal el contrato de obra 289 de 2012 cuyo objeto era: la “Construcción de las nuevas instalaciones del puesto fluvial avanzado de Infantería de Marina No. 31 de la Armada Nacional, con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander”.
El plazo para la ejecución del contrato fue de 18 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
En la cláusula quinta del contrato se señaló que el valor era de $24.491.484.701 m/cte el cual incluía el AIU y el IVA sobre la utilidad.
El valor del contrato se determinó con fundamento en el siguiente presupuesto:
“El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS ($25.610.544.110.00) M/cte., INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD, discriminados, así:”
En los pliegos de condiciones en el formulario No. 9 “Constancia de Visita área del proyecto” de incluyó la siguiente nota:
“Nota: El oferente debe realizar el estudio pertinente en la región y fuera de ella para establecer los lugares de acopio de materiales, campamento, compra de insumos, compra o alquiler de herramienta, maquinaria y equipo, estudio de costos de mano de obra, transporte, alojamiento para el personal de la obra, contratación y estudio de mercado de mano de obra y demás aspectos que considere necesarios para la presentación económica de su oferta.”
A su vez, en los pliegos de condiciones en lo relacionado con el análisis de precios unitarios se señaló:
“Durante los diez (10) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido debe presentar a la interventoría del contrato, los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no representará ningún sobrecosto para la Entidad Contratante”. (Subrayado fuera de texto).
En cuanto a la visita al lugar de la obra, los pliegos de condiciones en el numeral 1.9.1, señalaban que la finalidad de esta era:
“En esta visita el interesado debe reconocer el sitio donde se realizaran las instalaciones, sus alrededores, e informarse completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, climatológicas, acceso, suministro y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración, de modo que en el momento de la ejecución, no podrá alegar la falta de conocimiento o información de las especificaciones o las condiciones del objeto del presente proceso.
Debe ser efectuada personalmente por el proponente o su (s) representante (s) o delegado (s) debidamente autorizado (s) en forma escrita, quien debe acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto o constructor en arquitectura o ingeniería, si la persona que visita no presenta la tarjeta profesional no se le expedirá la certificación.
La inasistencia acarrea la eliminación automática de la propuesta. La visita se realizará el día y hora señalados, donde se expedirá la constancia de visita, diligenciada por el servidor público delegado para tal fin”.
A su vez, en la constancia de visita al área del proyecto, realizada el 30 de noviembre de 2012, se especifica que el representante legal de la Unión Temporal visitó el lugar de la obra y suscribió el formulario No. 9 denominado “Constancia de Visita del Área del Proyecto” en el cual se señalaba que esta tenía por finalidad el “[R]econocimiento del terreno, vías de acceso, servicios públicos, revisión de planos, lectura aspectos técnicos del pliego de condiciones”. Constancia en la cual también se encontraba la nota a la cual se hizo referencia línea atrás.
Al revisar la matriz de riesgos se puede dar por acreditado lo siguiente:
-Al proponente y/o contratista le fue asignado el riesgo relacionado con la “[P]royección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir el objeto contractual, así como los posibles alteraciones en el comportamiento de la tasa de cambio para aquellos bienes o actividades propias del objeto contratado en cuya estructura se haya definido un marco cambiario, correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.”
El 28 de diciembre de 2012 fue celebrado el contrato de obra pública 289 de 2012, por la Unión Temporal y la Agencia, el objeto del contrato fue el siguiente:
En la cláusula décima cuarta del contrato se previó que el contratista se obligaba a utilizar “[M]ateriales de primera calidad de acuerdo a especificaciones técnicas avaladas y autorizadas por la interventoría”. Así mismo en la cláusula décima quinta se señaló:
En cuanto al valor del contrato en la cláusula quinta se pactó lo siguiente:
De acuerdo con lo anterior, el contrato de obra 289 de 2012 es un contrato de obra pública el cual se pactó a precios unitarios, es decir, el precio se calculó de acuerdo con las cantidades aproximadas de obra que se pactaron en el programa de obra. Si bien las modalidades de pago en los contratos de obra no se encuentran definidas en la ley, existen dos que son las más conocidas o comunes, precios unitarios y precio global.
En este punto es importante mencionar que el Consejo de Estado y la doctrina han estudiado esas dos modalidades con el fin de establecer su alcance en la actividad contractual del Estado. En relación con la modalidad precios unitarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver una consulta formulada por el Ministerio del Interior señaló:
“En esta modalidad, y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza su valor real, se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios previos y unos precios unitarios de los respectivos ítems de obra. Se trata de un valor estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración de reconocerlo y pagarlo, será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente pactadas por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el mismo contrato establezca.”. (Subrayas fuera de texto).
En cuanto a la modalidad de precio global, el Consejo de Estado sostuvo que los contratos de obra pactados bajo esa modalidad son aquellos en los cuales el contratista obtiene una remuneración fija siendo el único responsable de la “[V]inculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales (…) en el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas (…).”.
Dado que el contrato 289 de 2012 fue pactado en la modalidad de precios unitarios como se estableció en los pliegos de condiciones:
“Análisis unitarios de los ítems
Durante los diez (10) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la Agencia Logística, el oferente favorecido debe presentar a la interventoría del contrato, los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no representará ningún sobrecosto para la Entidad Contratante.
La interventoría debe emitir concepto y someterlo a la revisión por parte de la Agencia Logística, de acuerdo a lo establecido en el manual para interventores, supervisores y contratistas de obra.” (Subrayas fuera de texto).
En el informe final de Interventoría, oficio 1151-297-PF-15 de noviembre de 2015, aportado al proceso, se observa que a la fecha del informe la obra se ejecutó en un 81.35% más los ítems no previstos que son iguales al 7.93%, para un total de ejecución del 88.94%. Adicional se señala:
En el acápite de recomendaciones del informe final de interventoría, esta instancia consideró que a la fecha del informe no se encuentra ninguna “[E]dificación terminada y la obra se encuentra en total abandono por parte del contratista quien sostiene que ya terminó la ejecución de los $24.491.484.701, valor del contrato, argumento que no es cierto”. A su vez, manifestó que le ha sugerido al contratista, entre otras cosas: i) “[R]ealizar los pagos oportunos de los salarios del personal en obra y proveedores, para sí evitar la deserción y suspensión de actividades de personal como viene ocurriendo en las últimas semanas”; e ii) “[I]mplementar los planes y programas de mitigación de los atrasos, que presenta la obra pero el contratista solo tiene en su pensar, el lucro obtenido por la ejecución de la obra, sin tener en cuenta las observaciones de la interventoría, que coadyuven por un término del objeto contractual encargado, en condiciones satisfactorias para las partes”.
En el informe final de interventoría también se dijo lo siguiente:
De acuerdo con los documentos que hicieron parte de los estudios previos junto con los pliegos de condiciones es claro que la Unión Temporal tenía el deber de verificar, para la elaboración de su propuesta y para la elaboración del AIU, los costos relacionados con la ejecución de la obra objeto del contrato 289 de 2012. Estos costos incluían, según lo acreditado en el proceso, los relacionados con los materiales y su transporte.
Los señalamientos de la Unión Temporal en el sentido de la existencia de una falta de planeación por parte de la Agencia que generó sobrecostos en el transporte de materiales debido a que las fuentes, que dicho sea de paso no se mencionaron en los estudios previos, es decir, la Agencia no previó en la etapa precontractual el lugar del cual debía obtenerse el material, agotaron su capacidad, no pueden ser de recibo por cuanto es claro, conforme al principio de buena fe objetiva que rige la contratación estatal, que era la Unión Temporal la que debía, al momento de la visita y de la elaboración de la propuesta económica, revisar si tales fuentes y su capacidad era suficiente para la construcción de la obra. Al revisar las licencias ambientales de tales canteras la Unión Temporal podía determinar la capacidad de estas y así prever si requería material de Recebo adicional. De tal forma que el agotamiento de la capacidad de la cantera no es un riesgo que deba ser imputado a la Agencia y por tanto no está llamada a prosperar la pretensión económica relacionado con mayores costos por transporte de material.
Si bien esta agente del Ministerio Público considera que la Unión Temporal, en el marco de un contrato de obra pública celebrado a precios unitarios, está facultada para incluir valores adicionales durante la ejecución del contrato, previa aceptación de la interventoría y la Agencia, ello no es óbice para justificar que el riesgo por esa situación deba ser asumido por la demandada, esto en virtud de los documentos que hacen parte del contrato como lo son los pliegos de condiciones. A su, vez esa situación tampoco justifica el incumplimiento del contrato, lo cual quedó demostrado en el proceso con el informe final de interventoría, y menos aún que esos costos hayan generado que la ejecución del contrato fuese excesivamente onerosa para la Unión Temporal. Como se señaló en el numeral 2.2 de este concepto para el Consejo de Estado el desequilibrio económico permite reajustar la ecuación económica del contrato, siendo un remedio contractual para evitar que la ejecución del negocio se torne excesivamente onerosa. En este caso el contrato tenía un valor de más de veinticuatro mil millones de pesos, y los gastos excesivos por transporte de material según la demandante fueron de Quinientos Noventa y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos m/cte. Adicional a ello en el proceso no se acreditaron las razones por las cuales esos gastos tornaron excesivamente oneroso la ejecución del contrato de obra.
En este punto es necesario resaltar y hacer hincapié en que el desequilibrio económico del contrato no es justa causa para incumplir el contrato, por el contrario, es un remedio contractual que busca precisamente asegurar el cumplimiento del mismo, de tal manera que no encuentra esta agente del Ministerio Público justificación al incumplimiento del contrato por la Unión Temporal, incumplimiento que no solo está demostrado en el informe final de interventoría sino que al proceso fueron allegado varios oficios en los cuales las partes estaban negociando una transacción para dirimir las controversias y lograr la ejecución del contrato. Sobre este último punto en el oficio ALDCT-GGSV-244 del 10 de junio de 2016, suscrito por el Director de Contratación de la Agencia, se señaló:
En concordancia con lo expuesto, el incumplimiento del contrato es un hecho que fue demostrado por la parte demandada con los informes de interventoría los cuales dan cuenta del porcentaje faltante de ejecución de la obra como lo expuso la interventoría en el informe final y del abandono de esta incluso desde septiembre de 2015, antes de la finalización del periodo de ejecución de la obra. Adicional a esto, como bien lo señaló el a quo el incumplimiento contractual que la Unión Temporal pretende que se impute a la Agencia se estructura sobre la base de “[E]ntender que la ruptura de la conmutatividad del contrato que sobreviene por causas ajenas al contratista se enmarca en la responsabilidad por incumplimiento del contrato”, por tanto no tiene asidero jurídico la pretensión en la medida en que el incumplimiento de un contrato es un fenómeno jurídico diferente al desequilibrio económico del negocio. Dicho incumplimiento por parte de la Agencia fue desvirtuado en el proceso en la medida en que se acreditó que la Agencia desde la etapa precontractual exigió con claridad los materiales y calidades que debían ser utilizados en la obra.
Con fundamento en esto último, no se acreditó en el expediente que la Agencia haya decidido cambiar el material con el que se rellenaría la plataforma una vez se había iniciado la ejecución del contrato, es claro que desde la etapa precontractual e incluso en el contrato mismo, la Agencia siempre exigió que el contrato fuese ejecutado con materiales de primera calidad como se estableció en la cláusula décima cuarta del contrato 289 de 2012.
Con todo, en lo que tiene que ver con las reclamaciones del contratista producto de los sobrecostos por administración y stand by de maquinaria, con ocasión de las manifestaciones (paros y huelgas del sector volquetero), esta agente del Ministerio Público considera que tampoco están llamadas a prosperar, por cuanto en el expediente no se acreditó que el mencionado paro o huelga haya tornado excesivamente onerosa la ejecución del contrato. Adicional a ello, en el expediente se acreditó que el incumplimiento contractual por parte de la actora dado por el no pago de salarios a los trabajadores y a octubre de 2015 la obra estaba totalmente abandonada como lo señaló la interventoría:
“A partir del día 02 de Septiembre y hasta el 23 nuevamente se presentan cese de actividades por parte de los trabajadores de la U.T, debido al no pago de salarios. Situación que se empezó a normalizar el día 26 de septiembre de 2015 con el ingreso promedio hasta la fecha de 15 trabajadores.
En consecuencia del paro de actividades por la falta de pago de la UT, para cancelar las quincenas atrasadas a los subcontratistas y trabajadores que hacen parte del proyecto, hacen que la obra evidencie un gran atraso y correcciones por mala calidad en su ejecución.
(…)
De acuerdo con las solicitudes realizadas por la interventoría a la Agencia logística de las Fuerzas Militares, por la cual se le solicita se debe liquidar el contrato de obra 289-12, por la falta de compromiso de la Unión temporal Puerto Fluvial No. 31, ya que a la fecha no se encuentra ninguna edificación terminada y la obra se encuentra en total abandono por parte del contratista quien sostiene que ya termino la ejecución de los $24.491.484.701, valor del contrato, argumento que no es cierto.
Se le recomienda al contratista realizar el pago oportuno de los salarios del personal en obra, para así evitar la deserción y suspensión de actividades de personal como viene ocurriendo en las últimas semanas.”
Lo anterior significa que el impacto que tuvo en la obra el paro del gremio de volqueteros no fue acreditado por la parte demandante y tampoco se demostró que ese riesgo debía ser asumido por la Agencia. Esto sin perder de vista que en el desequilibrio se debe demostrar que la ejecución del contrato se torno excesivamente onerosa prueba que no obra en el proceso.
De manera adicional, la justificación de las pretensiones basada en el rompimiento de la ecuación económica del contrato no resulta admisible en este caso puesto que no se configuran ninguno de los supuestos para que ello prospere. Esto por cuanto no estamos ante la presencia de circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas del contrato, porque los riesgos y la modalidad de contratación estaban previstas desde la etapa precontractual. No se está en presencia de circunstancias imputables o atribuibles a la administración, en virtud de su imperium, porque el supuesto desequilibrio no es producto de una actuación del poder estatal, tampoco se presentan circunstancias externas y ajenas a los contratantes, toda vez que la Unión Temporal tenía el deber de verificar las zonas de las obras y elaborar su propuesta señalando los costos por cada uno de los ítems donde estaba incluido el transporte de materiales, sin perjuicio del hecho de que debía incluir el AIU también.
Teniendo en cuenta que el desequilibrio económico del contrato no se trata de situaciones que afecten las expectativas económicas del contratista, sino aquellas que generan perjuicios económicos con ocasión de la ejecución excesivamente onerosa del contrato, es importante manifestar que la Unión Temporal no demostró que los valores que efectivamente pagó estuviesen por fuera del ítem de imprevistos o de administración que fue pactado en el contrato, tampoco que estos valores fueron asumidos con afectación de su patrimonio.
Por lo anterior esta agente del Ministerio Público llega a la siguiente:
CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, salvo mejor consideración el Honorable Consejo de Estado, esta agente del Ministerio Público considera que la respuesta al problema jurídico es negativa y, por lo tanto, deben negarse las pretensiones de la demanda junto con la confirmación de la sentencia de primera instancia en la medida en que no se acreditó por la Unión Temporal una excesiva onerosidad en la ejecución del contrato ni los supuestos señalados por el Consejo de Estado para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Del H. Magistrado,
PAOLA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Procuradora Delegada con funciones mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
PGA/JSCF