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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

DACIÓN EN PAGO: el deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago

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Fecha
2024-11-29
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 11: SEPTIMA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202506171735140.DOCX

Síntesis del concepto

DACIÓN EN PAGO: el deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago

En resumen

INHABILIDAD ELECTORAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Aclaración sobre acuerdo de dación en pago De dicho análisis concluyó que, teniendo en cuenta que las actuaciones de naturaleza contractual surtidas dentro del marco de la dación en pago celebradas por el aquí demandado en calidad de Representante Legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. y el Municipio de Carmen de Apicalá (Tol.) los días 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023 no son un típico acto de ejecución de conformidad con las definiciones establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, para este Tribunal resulta improcedente otorgar un contenido o alcance - de acto de ejecución contractual - por cuanto estaría obrando contra – legem. Recalcó que, La DACION EN PAGO se caracteriza porque es un negocio jurídico que se da de forma unilateral. El deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 136 de 1994
  • Ley 617 de 2000

Puntos que trata

  • Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Solicita revocar sentencia del Tribunal que anuló acto de elección de alcalde de Carmen de Apicalá (Tolima) al existir duda frente a la confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo de la causal de inhabilidad
  • Causales de inhabilidad e incompatibilidad: Haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección
  • Inhabilidad electoral por celebración de contratos: Aclaración sobre acuerdo de dación en pago
  • Dación en pago: Naturaleza jurídica frente al contrato estatal

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Dación en pago: C-220 de 2023
Texto del documento 48.504 caracteres
MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Solicita revocar sentencia del Tribunal que anuló acto de elección de alcalde de Carmen de Apicalá (Tolima) al existir duda frente a la confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo de la causal de inhabilidad CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD-Haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección INHABILIDAD ELECTORAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Aclaración sobre acuerdo de dación en pago DACIÓN EN PAGO-Naturaleza jurídica frente al contrato estatal Comoquiera que el acuerdo de dación en pago suscrito entre el demandado en su condición de representante legal de una persona jurídica, y el municipio de Carmen de Apicalá, que se materializó con la suscripción del Acta del 15 de diciembre de 2021, es en realidad una forma de extinguir las obligaciones, que de acuerdo con la jurisprudencia , al ser una figura atípica, se ha elevado en algunos casos al rango de contrato atípico unilateral , pues pese a predicarse que debe existir acuerdo entre en acreedor y el deudor frente a la aceptación de la cosa o servicio que se ofrece como pago alternativo de una deuda (lo que le imprimiría la convencionalidad o acuerdo), no por ello fehacientemente puede afirmarse que, se generen obligaciones recíprocas o margen de negociación, o una real contraprestación, pues dicho “acuerdo” consiste únicamente en el pago del deudor, de una obligación pre-existente, que en este caso, hace resaltar aún más la naturaleza de la misma, pues no deriva de una obligación contractual previa, sino del pago de un impuesto municipal (licencias) que es imperativo Esta circunstancia particular del caso bajo estudio hace que esta Delegada se cuestione, si en realidad a partir de la suscripción originaria de la pluricitada Acta, puede hablarse de la celebración o suscripción de un contrato estatal, con las formalidades y finalidades que aquel comprende de cara a la normativa vigente- Ley 80 de 1993, pues aquella norma especial, en su artículo 32, señala que los contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación…contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios-fiducia pública; siendo claro que, además de no estar enlistada la dación en pago como uno de ellos (de ahí su carácter de atípico), no existen las obligaciones a cargo de la entidad, más allá de tener por saldada la deuda del impuesto (licencias) una vez cumplida la obligación de hacer del deudor (representado por el demandado) que consistía en ejecutar ciertas obras Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024 Concepto No. 2024-11-NE-340 Doctor [NOMBRE TACHADO] Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta E. S. D. RADICACIÓN: 73001-23-33-000-2023-00463-01 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, ARTÍCULO 137 DEL CPACA DEMANDANTE: JOSÉ ARLEY PIEDRAHITA DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO]– ALCALDE DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA, PERIODO 2024-2027 TRÁMITE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA ASUNTOS DE INTERÉS: INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS DENTRO DEL PERIODO RESTRINGIDO POR LA LEY. Respetado Magistrado: Dentro del término concedido mediante Auto del 7 de noviembre de 2024, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado dentro del recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de nulidad de su elección como alcalde ANTECEDENTES Hechos El 15 de diciembre de 2021, [NOMBRE TACHADO], actuando como representante legal de la constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S, suscribió Acta de dación en pago de bienes y servicios con el municipio de Carmen de Apicalá, con la finalidad de sanear impuestos municipales, específicamente, el pago de unas licencias de construcción. El día 25 de noviembre de 2022, entre los antes mencionados, se suscribió modificación al acta de dación en pago, con el fin de ampliar el plazo para la entrega de las obras que debían culminar originalmente el 30 de noviembre de ese año, extendiéndose la entrega al 15 de junio de 2023. El día 23 de febrero de 2023, se realizó una segunda modificación al acta de dación en pago, en la que se ajustaron los precios al año 2023 de la única obra pendiente de entrega, en contraste con el valor de la licencia de construcción pendiente de pago, y, de acuerdo con certificación expedida por el secretario de infraestructura, planeación y Tics del municipio, la nueva fecha de entrega de las obras sería el 15 de noviembre de 2023. El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales, y miembros de asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Mediante formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, para el período 2024-2027. El ciudadano JOSÉ ARLEY PIEDRAHITA, actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del C.P.A.C.A, demandó la referida elección contenida en el formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, al considerar que el demandado incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, esto es, dentro del año anterior a la elección, haber celebrado contratos en nombre propio o de terceros, con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, por lo que la elección está afectada por la causal de anulación electoral prevista en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA. Mediante sentencia del 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda. La sentencia fue notificada a las partes el 6 de agosto de 2024 y apelada por el demandado el 18 de septiembre del mismo año. Por auto del 9 de octubre de 2024 el Tribunal concedió el recurso y el 7 de noviembre fue admitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia de Primera instancia El Tribunal Administrativo del Tolima fijó el litigio en los siguientes términos: “Corresponderá a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Tolima determinar la legalidad del Acta de escrutinio E-26 ALC y del Formulario E-27 de fecha 31 de octubre de 2023 que declaró la elección del señor [NOMBRE TACHADO] como alcalde municipal de Carmen de Apicalá - Tolima para el periodo 2024 – 2027. Para ello deberá determinarse si el señor [NOMBRE TACHADO] vulneró el régimen de inhabilidades descrito en el artículo 95 de la Ley 1994 modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 20008 , al celebrar en calidad de representante legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. sendas modificaciones al acuerdo de cesión en pago celebrado con el Municipio de Carmen de Apicalá dentro del año inmediatamente anterior a la inscripción y, a su elección como alcalde de ese municipio, lo que implicó una posible ruptura del principio de igualdad electoral o si, por el contrario, no debe accederse a dicha solicitud, al no encontrarse configuradas las causales de inhabilidad y por ende, la de anulación electoral contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del C. de P.A. y de lo C.A.9 . Por lo tanto, el estudio que se adelantará dentro de este asunto es de orden objetivo, de modo que se abordará el análisis de la documentación electoral aportada al expediente, junto con los demás medios de prueba que se decreten en la presente providencia”. El anterior planteamiento fue resuelto en sentencia en la que se accedió a las súplicas de la demanda, donde el juez de instancia expuso los antecedentes del caso, los fundamentos de hecho, de derecho, y el concepto de violación, al igual que el marco normativo y jurisprudencial de la causal de inhabilidad y de nulidad endilgadas y de la figura de dación en pago. Seguidamente, el Tribunal procedió al estudio del caso concreto indicando que analizaría si se acreditaban los cuatro elementos exigidos por la jurisprudencia para la materialización de la causal de anulación, realizando el análisis del material probatorio allegado e incorporado, entre este, el contenido de lo que denominó como actos contractuales celebrados por el demandado en su condición de representante legal de la constructora Caminos del Olimpo S.A.S con el municipio de Carmen de Apicalá que se resume de la siguiente manera: Contrato denominado “acta de dación en pago celebrada entre el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y el señor [NOMBRE TACHADO] su condición de representante legal de constructora Caminos del Olimpo S.A.S… Acreedor: Municipio de Carmen de Apicalá… Deudor: Caminos del Olimpo S.A.S.: Representante legal [NOMBRE TACHADO]… Fecha de celebración: 15 de diciembre de 2021… Plazo y lugar de ejecución: “El Contribuyente por su parte se compromete a realizar las obras en las cantidades antes descritas, y en los sitios y puntos de la jurisdicción del Carmen de Apicalá y en el plazo no mayor a 30 de noviembre de 2022” (clausula sexta)… Valor obras: $ 4.428.410.168,1. Excedente a pagar en efectivo: $ 380.898.599,94 (Clausula decimotercera)… Objeto y obligaciones contractuales: CLAUSULA PRIMERA: El señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] del Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal de la Constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA]2.360-6., se compromete a realizar las siguientes obras para el mejoramiento de la infraestructura de los ser vicios de acueducto y alcantarillado conforme a los siguientes ítems a ejecutar: 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PETAR-,.. 2. LINEA DE CONDUCCION LA CAJITA… 3. COLECTOR LA PALMARA… CLAUSULA SEGUNDA: El contribuyente acepta que adeuda por concepto del pago de licencias de construcción la suma de CUATRO MIL OCHOSCIENTOS NUEVE MILLINES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($4.809.308.768), y que corresponde a lo siguiente: Señaló asimismo, que el anterior acuerdo fue modificado en dos oportunidades, la primera celebrada el 25 de noviembre de 2022, modificando algunas cláusulas que contemplaban el plazo de entrega de las obras, estableciendo como nueva fecha a más tardar el 15 de junio de 2023, y la segunda, el 22 de febrero de 2023 en la que ajustaron los precios de la obra faltante a valores del año 2023 al igual que el valor de la licencia de construcción adeudada. Luego de realizar el recuento probatorio y el marco normativo de la causal de inhabilidad junto con sus referentes jurisprudenciales, halló en relación con los elementos temporal y material u objetivo de la inhabilidad por celebración de contratos que: Analizadas las pruebas a la luz de la normatividad en cita se logra acreditar que, el actual alcalde del Municipio de Carmen de Apicalá70 fue quien en calidad de representante legal de la Sociedad Caminos del Olimpo S.A.S. 71 suscribió el contrato de dación de pago72 y, sus posteriores modificaciones73, con dicho ente territorial con el objeto de saldar una deuda de carácter tributario que esta última tenía, con ocasión a la solicitud de 3 licencias de construcción. Actos que se perfeccionaron, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el 15 de diciembre de 2021, cuando el Alcalde Municipal de la época (German Mogollón Donoso), el Secretario de Infraestructura, Planeación y TIC´S, Secretario General y de Gobierno y el Representante Legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S., señor [NOMBRE TACHADO] elevaron por escrito los acuerdos convenidos… Frente a lo anterior mencionó que, el señor [NOMBRE TACHADO] calidad de Representante Legal tuvo una participación personal y activa a tal punto que, no solo gestionó, sino también, suscribió el contrato y sus modificaciones, pues de ella – de su firma – dependía el perfeccionamiento, celebración y nacimiento a la vida jurídica del negocio jurídico convenido con el ente territorial. Al respecto, es muy importante definir que, en adición al sentido de las acusaciones probadas del actor, se tiene que el demandado en momento alguno ha refutado las afirmaciones relativas a la celebración de los contratos que sustentan la inconformidad del demandante, situación por la que, sin lugar a dudas, es evidente que la celebración y suscripción de los mismos se surtió en los términos, por las partes y en las fechas descritas previamente. Adicionalmente, se logra evidenciar que dicho hecho no fue objeto de controversia, por el contrario, el demandado en su contestación aceptó como cierto los mismos. Precisó igualmente que, de la delimitación temporal establecida, la Sala concluía, sin lugar a duda, que el contrato de dación en pago se celebró por fuera del periodo inhabilitante, no obstante, ello no sucedió frente a las subsiguientes modificaciones realizadas al acuerdo principal si se tenía en cuenta que dicho periodo comprendía el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, por lo que, se debía determinar si dichas modificaciones constituían actos de ejecución – como las adecuaba el demandado - o debían ser consideradas contrato desde la perspectiva finalística del análisis de las inhabilidades y del juez natural de la acción de la referencia - como lo planteaba el demandante – con el fin de establecer si los elementos temporal y material constitutivos de la inhabilidad invocada se encontraban acreditados o no. De dicho análisis concluyó que, teniendo en cuenta que las actuaciones de naturaleza contractual surtidas dentro del marco de la dación en pago celebradas por el aquí demandado en calidad de Representante Legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. y el Municipio de Carmen de Apicalá (Tol.) los días 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023 no son un típico acto de ejecución de conformidad con las definiciones establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, para este Tribunal resulta improcedente otorgar un contenido o alcance - de acto de ejecución contractual - por cuanto estaría obrando contra – legem. Y agregó que, resultaría un contrasentido afirmar que los actos expedidos en las fechas citadas, fueron un trámite interno tendiente a la ejecución del presupuesto de la entidad contratante con cargo a rubros que lo conforman y que si bien, terminaron afectados en virtud del cumplimiento del compromiso contractual, previamente adquirido, no generaron una situación jurídica nueva o modificatoria de la existente con la constructora, pues ello no fue así, contrario sensu, las partes de la dación en pago, no solo, debieron volver a deliberar sobre el acuerdo ya instituido sino que también elevarlo a escrito dado que lo acordado modificaba los elementos esenciales del contrato: plazo, cantidades, precios, valor o contraprestación del contrato e incluso el objeto y/o cláusulas que no guardaban relación con la circunstancias de “caso fortuito o fuerza mayor” con las que se sustentaron las modificaciones de lo convenido inicialmente, constituyéndose, en elementos sustanciales que imponen, no solo una fuente - diferente a la original - de derechos y obligaciones para las partes, sino un deber al juez de lo electoral de analizar a la luz del ordenamiento jurídico sobre la materia. Bajo esta consideración, el Tribunal concluyó frente a la prueba de los elementos en cita que, los acuerdos se realizaron con total voluntad de las partes, no solo porque, los mismos se dieron con ocasión a las solicitudes que el demandado en calidad de Representante Legal de la Constructora elevaba ante la administración y que precedían cada uno de los 3 actos suscritos, sino porque, este se benefició no solo a título propio por cuanto saldo la deuda incluso en más de lo que inicialmente lo había pactado sino que ante eventuales incumplimientos en la fecha de entrega, logró su prorroga hasta incluso el periodo electoral… En ese orden de ideas, este Tribunal encuentra probado los elementos temporal y material u objetivo, pues tal y como lo establece el precedente jurisprudencial las modificaciones realizadas al convenio inicial y celebradas entre octubre de 2022 y octubre de 2023 se erigen como un negocio jurídico que configura la inhabilidad objeto de estudio, habida cuenta que se entiende como un acto jurídico generador de obligaciones que al celebrarse con el Estado tipifica la conducta constitutiva de inhabilidad y que de conformidad con el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 se limita a “celebrar” y materializar un acuerdo de voluntades en los especiales términos de los artículos 1494 y 1495 del Cod. Civil que definen el contrato. Por su parte, en lo concerniente al elemento territorial expuso que al existir coincidencia entre la circunscripción electoral del entonces candidato a la Alcaldía, y el lugar de ejecución de los citados contratos, aquel estaba acreditado. Finalmente, frente al elemento subjetivo expuso: lo que se censura dentro de un proceso como el de la referencia no es la buena o mala intención del demandado al mantener en el periodo inhabilitante relaciones contractuales con una entidad pública o qué tanto provecho económico obtuvo de las mismas, sino exclusivamente verificar en términos objetivos, si se desconoció el régimen inhabilidades, tal y como sucedió en el presente asunto, pues los contratos celebrados por el demandado con el ente territorial que hoy gobierna representaron un interés patrimonial para el demandado y la entidad que representaba pues no solo saldo una deuda astronómica que tenía con el Municipio de Carmen de Apicalá, sino que de conformidad con el video allegado con la demanda, se logró evidenciar que el demandado en su periodo de campaña electoral y proselitismo político se arrogó como suyas las obras a fin de ganar, no solo confianza del electorado, sino confundir al elector… En consecuencia y ante la materialización de la conducta proscrita en la norma en cita procederá este Tribunal a declarar la nulidad del acto de elección y en consecuencia, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral convocar y realizar nuevas elecciones para la elegir Alcalde del Municipio de Carmen de Apicalá – Tolima, por el periodo constitucional 2024 – 2027. Recurso de apelación Inconforme con la decisión adoptada, el demandado a través de apoderado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando revocar el fallo, pues en su sentir, el Tribunal se apartó de forma sustancial del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia pacifica del honorable Consejo de Estado sobre aspectos tales como: La solemnidad de los contratos estatales, la regla establecida por el Alto Tribunal de Cierre en materia de lo contencioso administrativo en lo referido a contrato nuevo, adiciones o modificaciones al contrato primigenio. Agregó que, el “contrato” celebrado, ha sido definido por la jurisprudencia constitucional y la doctrina como un acuerdo voluntario de las partes de un crédito, para aceptar en calidad de pago la entrega material de una cosa distinta del objeto de la prestación inicialmente debida; es decir, es una modalidad de pago, en la que el deudor con el consentimiento del acreedor soluciona una obligación con una prestación distinta a la debida. Asimismo, expuso que el estatuto tributario en el inciso segundo del artículo 840 define a la dación en pago como un modo de extinguir las obligaciones tributarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por concepto de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. Recalcó que, La DACION EN PAGO se caracteriza porque es un negocio jurídico que se da de forma unilateral. Esto es así porque el acreedor no tiene obligación de hacer ningún pago por el trámite. El deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago. Puso de presente que, con ese marco, el día 15 de diciembre de 2021 se suscribió entre el municipio del Carmen de Apicalá (Tolima) y el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Representante Legal de la Constructora CAMINO DEL OLIMPO S.A.S., ACTA DE DACION EN PAGO para recibir la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –PTAR la Palmara, Línea de Conducción La Cajita y el Colector La Palmara. Obras entregadas por mi representado al municipio del Carmen de Apicalá como DACION EN PAGO de las licencias de construcción de los proyectos urbanísticos LAGOS DE OLIMPO Etapa 1, LAGOS DE OLIMPO Etapa 2, LAGOS DE OLIMPO Etapa 3. Advirtió que del fallo recurrido se desprende claramente que, el acuerdo primigenio de dación en pago fue suscrito el 15 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de obligaciones tributarias con ocasión de unas licencias de construcción otorgadas por el municipio del Carmen de Apicalá, suscripción que se encuentra fuera del periodo inhabilitante, y que se había ejecutado sin contratiempos. Reprocha la valoración que el juez de instancia dio a las actas de ejecución del objeto del contrato, modificatorias del plazo de entrega de las obras dadas en pago, que ocurrieron por presentarse fuerza mayor consistente en las fuertes lluvias que azotaron la región, y en el ajuste de precios por tratarse de impuestos municipales, con la cual desconoció las reglas jurisprudenciales que pacíficamente ha venido sosteniendo desde hace muchos años el Consejo de Estado en materia de contratación pública y legales -Ley 80 de 1993-, que fueron invocadas desde la contestación de la demanda. A modo de recuento señaló que, las modificaciones surtidas al acta inicial no alteraron el objeto contractual, pues no se realizó ampliación de las obras o cambio de ellas, contrario a lo manifestado por el juez de instancia, consideraciones que estima van en contra de la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien ha indicado que las modificaciones a los contratos no constituyen un contrato nuevo o adicional. Alertó que la segunda modificación no fue suscrita por el demandado, sino que obedeció a un ajuste del precio de las obras realizado por la administración municipal, por lo que al ser el hecho constitutivo de la inhabilidad la suscripción de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la elección, era diáfano que las modificaciones realizadas luego del 15 de diciembre de 2021 no configuraban inhabilidad. Continuó trayendo a colación algunos referentes jurisprudenciales invocados por el Tribunal, para rechazar la aplicación de analogías, al no guardar identidad fáctica ni jurídica, y en contrario mostró jurisprudencia que estima aplicable, proferida por la Sala Electoral. Con ello afirmó que, la sentencia objeto de impugnación no solo se apartó de interpretar taxativa y restrictivamente la causal de inhabilidad endilgada a mi poderdante, sino que también no tuvo en cuenta las condiciones particulares y concretas del caso que nos ocupa, bajo los parámetros de la proporcionalidad y racionalidad, sino que estableció elementos de la inhabilidad mas gravosas para mi defendido por fuera de la acción suscripción de contrato y contraviniendo el precedente judicial aplicable y vinculante, que lleva a una vulneración a su derecho fundamental de elegir y ser elegido, y así mismo basar la decisión judicial en una providencia que no constituye precedente judicial ni vinculante, cuando existen, se reitera, jurisprudencia aplicable al caso en concreto, proferidas por el honorable Consejo de Estado. Finalmente, en lo relacionado con el beneficio electoral del acuerdo suscrito que halló probado el Tribunal, mencionó que carece de toda lógica que un negocio jurídico de dación en pago suscrito el 15 de diciembre del año 2021 para el cumplimiento de obligaciones tributarias con el municipio, a casi dos años de la fecha de las elecciones para alcaldes – octubre de 2023-, se pueda afirmar que hubo un posible beneficio electoral, y más si se tiene en cuenta la causa jurídica por la que se suscribió el acta de dación en pago, que su objetivo era la realización de unas obras para el cumplimiento del pago de unas licencias de construcción, que no pueden de ninguna forma jurídica convertirse en una inhabilidad. Y agrega: Otro aspecto de total importancia y relevancia para este caso en particular, por las cuales sostener que existió beneficios electorales no pueden darse, es precisamente que las modificaciones a elementos no esenciales de la naturaleza de la dación en pago como es el precio y plazo, que son de su cumplimiento, no originaron la suscripción de un nuevo contrato; no obedecieron a circunstancias caprichosas o personales por parte de los intervinientes en el negocio jurídico, sino que fueron producto de circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito por el fuerte invierno que afectó la zona de construcción de las obras, y en el mismo sentido una modificaciones al ajuste de los precios en cumplimiento del principio del equilibrio contractual establecido en el Estatuto de Contratación Estatal y que hacen parte de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual no son modificaciones contractuales propiamente dichas al objeto contractual, y de esta forma precaver posibles incumplimientos a la norma, por lo tanto se colige con el simple análisis de las circunstancias en el cumplimiento de la dación en pago que no pueden predicarse beneficios electorales, y mucho menos una inhabilidad para ser elegido alcalde, producto precisamente del cumplimiento de las obligaciones no solo por fuera del periodo inhabilitante, sino que la ampliación del término de entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR ameritó ampliación del plazo de entrega, por fuerza mayor. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de acceder a las pretensiones de nulidad del acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, para el período 2024-2027, por estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Para resolver este problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario pronunciarse sobre la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, para luego, referirse a los argumentos del recurso de apelación. 2.2. La inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 El texto de la inhabilidad por el que se demandó al hoy electo alcalde es el siguiente: "Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde: No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…). 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. (…)”. El numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la gestión de negocios y, la celebración de contratos. El último apartado, consagra una inhabilidad adicional; esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio o distrito. En cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, que fue atribuida al demandado, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes. Veamos: Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás. Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal. Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electa o electo. Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros. Refiriéndose a inhabilidad por celebración de contratos, la Sección Quinta ha reiterado que para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de los elementos definitorios (temporal, territorial, objetivo y subjetivo), al margen de las condiciones de tiempo y modo para la ejecución o liquidación del contrato que se analice, en cuanto que “De acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.”» (Resaltados del texto original). Respecto a la inhabilidad por gestión de negocios, que impide el acceso a varios cargos de elección popular, conviene destacar que ha sido justificada, por la Sección Quinta, en la necesidad de evitar dos circunstancias: i) que el particular que gestiona el negocio saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y ii) que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular. La conducta, de acuerdo con la Sección, “consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado”. Además, ha sido descrita como la participación o realización de diligencias por parte del candidato, ante entidades públicas, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio que puede o no, tener carácter lucrativo; es decir, el interés del candidato puede consistir en la imagen preponderante que puede otorgarle ante el electorado el hecho de tomar parte en diligencias y trámites antes las entidades públicas. Se ha resaltado igualmente que, la gestión i) debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.” Conviene destacar que la Sección, de manera contundente ha indicado que las actividades posteriores a la celebración de un contrato no constituyen gestión de negocios: “… la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete. Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación.” (Negrillas añadidas) Por su parte, se ha indicado que los elementos de la gestión de negocios son: Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás. Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado o participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de terceros. Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe efectuarse la elección. Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente. Debe destacarse que “[l]a gestión de negocios también ha sido definida por esta Sala Electoral como ‘(…) las tratativas precontractuales sin que se requiera en efecto la culminación o logro de la celebración del contrato o negocio jurídico de que se trate (…)’.” (Negrilla fuera de texto). Ahora bien, es relevante señalar que, una vez celebrado el contrato, la causal de inhabilidad será, valga la redundancia, la celebración de contratos y no la intervención en la gestión, como se evidencia a continuación: “Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha. Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros”. (Negrilla del texto original). Bajo estos parámetros, el Ministerio Público analizará la procedencia o no de la nulidad del acto acusado a partir de los argumentos planteados en el recurso de apelación que determina la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado como juez de segunda instancia. 2.3. Análisis del caso concreto Descendiendo al contenido de las principales inconformidades evidenciadas en el recurso de alzada, cuyos argumentos destacados fueron transcritos en el acápite pertinente, esta Delegada advierte que aquellas hacen referencia a la discrepancia con el Tribunal frente a la valoración del elemento temporal (principalmente), pero también de los elementos restantes de la causal de inhabilidad. De manera anticipada, esta Agencia debe advertir que, pese a finalmente apartarse del sentido del fallo proferido por el Tribunal, como se expondrá a continuación, también se aparta de los argumentos del recurrente relacionados con la interpretación que indica, el Consejo de Estado le ha dado a las modificaciones/adhesiones/otrosí, de los contratos. Ello por cuanto, contrario a lo afirmado por la parte, la Sala Electoral desde el año 2019 ha advertido que, esta clase de figuras jurídicas surten los mismos efectos que una suscripción o celebración de contrato originaria, en lo que atañe al régimen de inhabilidades electorales, así lo ha manifestado: “…la Sección estima que para no divagar, en cada caso, respecto a cuál es la naturaleza jurídica de una modificación al contrato, con el objetivo de garantizar la objetividad en el régimen de inhabilidades y sobre todo para no perder de vista la finalidad que estatuyó el legislador al establecer esta prohibición es que justamente debe concluirse que, desde la perspectiva electoral toda “prórroga”, “otro sí”, “modificación” “adición”; constituye un contrato o convención en los términos del Código Civil y la Ley 80 de 1993, que de darse los demás elementos para el efecto, consolida la inhabilidad objeto de estudio. Este criterio de interpretación fue relacionado igualmente de manera más reciente, al resolver una apelación, en los siguientes términos: “En efecto, la Sala Electoral ha precisado que, aunque desde la teoría del contrato estatal, pudiera asegurarse que los «otro sí» son meramente adiciones o modificaciones menores a un contrato primigenio, lo cierto es que ello no tiene relevancia desde la perspectiva de la inhabilidad. Lo que desde la óptica del juez electoral adquiere plena importancia es el hecho de que, si ese «otro sí» «prórroga» o como se quiera denominar, se celebra dentro del periodo inhabilitante, puede generar ventajas electorales y de esta manera romper el equilibrio frente a la igualdad que debe caracterizar los comicios. En este contexto, y exclusivamente, desde la óptica de las inhabilidades, la Sala reitera que cualquier modificación al contrato, independiente del nombre que las partes quieran darle, configura la inhabilidad de celebración de negocios. No solo porque en sentido estricto esos cambios constituyen un acuerdo de voluntades, sino porque esa es la interpretación que desde la perspectiva de las inhabilidades debe acuñarse.” En vista de lo anterior, este argumento de alzada no tendría vocación de prosperidad por las razones expuestas por el recurrente, en lo atinente a la modificación realizada al Acta de dación en pago el 25 de noviembre de 2022, que se enmarca en el periodo inhabilitante, pues aquella suscrita el 25 de febrero del 2023, en efecto, pese a relacionar en las firmas el nombre del demandado, no fue suscrita por él. Con todo y ello, como se evidencia de la demanda y de la fijación del litigio, el problema jurídico a resolver se centra en la celebración de contratos del demandado con una entidad pública (alcaldía municipal de Carmen de Apicalá) lo que supone la celebración de un contrato estatal. En esa línea, esta Agencia expondrá las razones por las cuales no comparte la decisión de instancia, al analizar cada uno de los elementos configurativos de la inhabilidad, a saber: Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás. La celebración del contrato debe adelantarse en el periodo inhabilitante. Las elecciones fueron el 29 de octubre de 2023, el período inhabilitante inició el 29 de octubre de 2022, por lo que la suscripción originaria del Acta de dación en pago por el demandado, en su condición de representante legal de la constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S (en favor de un tercero), con el municipio de Carmen de Apicalá el 15 de diciembre de 2021, se efectuó fuera del marco temporal que daría lugar a la aplicación de la inhabilidad. No obstante, frente a este elemento se debaten la suscripción de las modificaciones efectuadas el 25 de noviembre de 2022 y el 23 de febrero de 2023, que sí se encuentran dentro de la ventana temporal proscrita. Al respecto, más allá de la notoriedad de las fechas que harían que se tuviera por configurado este elemento, no escapa a la vista fiscal que la primera de las modificaciones al acta, que sí cuenta con la firma del demandado, surge como consecuencia de derecho de petición por él suscrito, en su condición de representante legal de la constructora, en el que solicitó ampliar el plazo de entrega de las obras dadas en pago, ante la ola invernal que afrontaba el municipio, atendiendo las circunstancias de fuerza mayor que cobijaron la mora en entrega de la última de las obras. Este hecho fue reconocido por la administración municipal para no aplicar clausula de incumplimiento de la obligación unilateral, concediendo el plazo solicitado que daría lugar a terminar las obras en pago de la deuda por concepto de impuesto. Así, aunque formalmente y de acuerdo con la jurisprudencia en cita frente a las consecuencias de las modificaciones, adiciones u otrosí de los contratos estatales se configuraría el elemento, no puede perderse de vista que materialmente, dicha extensión del plazo no ocurre por voluntariedad de las partes, sino por circunstancias de fuerza mayor, que por regla general, aplica como causal eximente de responsabilidad, al igual que no derivó en contraprestación a favor del demandado, o en nuevas obligaciones (más allá de la ampliación del plazo) para los extremos vinculados al acuerdo de dación en pago, pues este únicamente tiene como objeto el pago de una obligación pendiente por parte de la empresa representada por el demandado, por impuestos municipales, que no son negociables, sino que consisten en una obligación de cúmplase. Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o en el de terceros. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal. Sobre el particular, es precisamente la celebración del contrato estatal lo que da lugar a la aplicación de la inhabilidad, y al respecto, la definición y alcance del término “contrato estatal” en sí mismo, es lo que genera duda frente a la aplicación taxativa de la misma. Este análisis se esboza, comoquiera que el acuerdo de dación en pago suscrito entre el demandado en su condición de representante legal de una persona jurídica, y el municipio de Carmen de Apicalá, que se materializó con la suscripción del Acta del 15 de diciembre de 2021, es en realidad una forma de extinguir las obligaciones, que de acuerdo con la jurisprudencia, al ser una figura atípica, se ha elevado en algunos casos al rango de contrato atípico unilateral, pues pese a predicarse que debe existir acuerdo entre en acreedor y el deudor frente a la aceptación de la cosa o servicio que se ofrece como pago alternativo de una deuda (lo que le imprimiría la convencionalidad o acuerdo), no por ello fehacientemente puede afirmarse que, se generen obligaciones recíprocas o margen de negociación, o una real contraprestación, pues dicho “acuerdo” consiste únicamente en el pago del deudor, de una obligación pre-existente, que en este caso, hace resaltar aún más la naturaleza de la misma, pues no deriva de una obligación contractual previa, sino del pago de un impuesto municipal (licencias) que es imperativo. Esta circunstancia particular del caso bajo estudio hace que esta Delegada se cuestione, si en realidad a partir de la suscripción originaria de la pluricitada Acta, puede hablarse de la celebración o suscripción de un contrato estatal, con las formalidades y finalidades que aquel comprende de cara a la normativa vigente- Ley 80 de 1993, pues aquella norma especial, en su artículo 32, señala que los contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación…contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios-fiducia pública; siendo claro que, además de no estar enlistada la dación en pago como uno de ellos (de ahí su carácter de atípico), no existen las obligaciones a cargo de la entidad, más allá de tener por saldada la deuda del impuesto (licencias) una vez cumplida la obligación de hacer del deudor (representado por el demandado) que consistía en ejecutar ciertas obras. Así lo refleja igualmente el contenido del clausulado del Acta del 15 de diciembre de 2021: Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electo el demandado. Los documentos allegados al proceso dan cuenta de manera irrefutable que el acta de dación en pago y los servicios a ejecutar que comprenden el pago de las obligaciones se tenían que ejecutar en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, que corresponde al municipio donde fue electo alcalde el accionado conforme consta en el formulario E-26. Elemento subjetivo: la celebración del contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros. En línea con la consideración expuesta frente al elemento material, de acuerdo con el clausulado de la citada Acta, no se advierte cual sería de manera plena la contraprestación patrimonial o extrapatrimonial derivada de la celebración del acuerdo de dación en pago, pues como se advirtió, aquella no derivó de un margen de negociación en sí mismo, sino del pago de una obligación pre existente, y a pesar que como pago se ofreció y aceptó la realización de unas obras, no por ello dicha circunstancia configuró las solemnidades de un contrato estatal que contiene sí obligaciones recíprocas, entre otras actuaciones para su existencia y perfeccionamiento. La Corte Constitucional ha expuesto, y ha sido reafirmado por la Sección, que el objetivo que persiguen estas inhabilidades es el de preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existencia de una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos. A la vez que esta última Corporación ha puesto de presente que: “La teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos. Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes. Esta asimetría que se busca prevenir, no es plenamente visible a partir de la suscripción de un acuerdo de dación en pago, pues aquel se reitera, deriva del pago de una obligación imperativa como lo es un impuesto (licencia), y no de la habilidad negociadora de quien la suscribe, pues el monto es cierto y exigible y cobija a todos los ciudadanos. 2.4. Síntesis de concepto De acuerdo con el análisis precedente, esta Agencia estima que con base en los elementos fácticos y jurídicos traídos a colación, y con las particularidades del presente caso, la sentencia apelada debe ser revocada toda vez que, del material probatorio allegado al plenario, no es posible afirmar de manera fehaciente la incursión del demandado en la inhabilidad prescrita en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37-3 de la Ley 617 de 2000, al existir duda frente a la efectiva confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo, que materializan taxativamente la causal; duda que se estima debe ser resuelta en favor del demandado, en garantía de su derecho fundamental a ser elegido, al igual que del sufragio activo de los electores mayoritarios, y, se solicita de manera respetuosa a la Sala Electoral desatarla, en aras de la seguridad jurídica y debida interpretación de la norma en el caso concreto, ante la ausencia de fallos de referencia con identidad fáctica. III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita REVOCAR la sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones de nulidad del acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, para el período 2024-2027. Respetuosamente, ORIGINAL FIRMADO IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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