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titulo: "DACIÓN EN PAGO: el deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago"
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tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-11-29"
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# DACIÓN EN PAGO: el deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — DACIÓN EN PAGO
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-11-29
- **Número:** 202506171735140.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 11: SEPTIMA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202506171735140.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Solicita revocar sentencia del Tribunal que anuló acto de elección de alcalde de Carmen de Apicalá (Tolima) al existir duda frente a la confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo de la causal de inhabilidad
- Causales de inhabilidad e incompatibilidad: Haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección
- Inhabilidad electoral por celebración de contratos: Aclaración sobre acuerdo de dación en pago
- Dación en pago: Naturaleza jurídica frente al contrato estatal

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 136 de 1994
- Ley 617 de 2000

## Extracto

INHABILIDAD ELECTORAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Aclaración sobre acuerdo de dación en pago De dicho análisis concluyó que, teniendo en cuenta que las actuaciones de naturaleza contractual surtidas dentro del marco de la dación en pago celebradas por el aquí demandado en calidad de Representante Legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. y el Municipio de Carmen de Apicalá (Tol.) los días 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023 no son un típico acto de ejecución de conformidad con las definiciones establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, para este Tribunal resulta improcedente otorgar un contenido o alcance - de acto de ejecución contractual - por cuanto estaría obrando contra – legem. Recalcó que, La DACION EN PAGO se caracteriza porque es un negocio jurídico que se da de forma unilateral. El deudor es el único que tiene una obligación en la dación de pago.

## Descriptores temáticos

DACIÓN EN PAGO, Naturaleza jurídica frente al contrato estatal

## Decisiones relacionadas

- [Colombia Compra Eficiente — Dación en pago: C-220 de 2023](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:54169.md)

## Texto del documento

MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Solicita revocar sentencia del Tribunal que anuló acto de elección de alcalde de Carmen de Apicalá (Tolima) al existir duda frente a la confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo de la causal de inhabilidad
CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD-Haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección
INHABILIDAD ELECTORAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Aclaración sobre acuerdo de dación en pago
DACIÓN EN PAGO-Naturaleza jurídica frente al contrato estatal
Comoquiera que el acuerdo de dación en pago suscrito entre el demandado en su condición de representante legal de una persona jurídica, y el municipio de Carmen de Apicalá, que se materializó con la suscripción del Acta del 15 de diciembre de 2021, es en realidad una forma de extinguir las obligaciones, que de acuerdo con la jurisprudencia , al ser una figura atípica, se ha elevado en algunos casos al rango de contrato atípico unilateral , pues pese a predicarse que debe existir acuerdo entre en acreedor y el deudor frente a la aceptación de la cosa o servicio que se ofrece como pago alternativo de una deuda (lo que le imprimiría la convencionalidad o acuerdo), no por ello fehacientemente puede afirmarse que, se generen obligaciones recíprocas o margen de negociación, o una real contraprestación, pues dicho “acuerdo” consiste únicamente en el pago del deudor, de una obligación pre-existente, que en este caso, hace resaltar aún más la naturaleza de la misma, pues no deriva de una obligación contractual previa, sino del pago de un impuesto municipal (licencias) que es imperativo
Esta circunstancia particular del caso bajo estudio hace que esta Delegada se cuestione, si en realidad a partir de la suscripción originaria de la pluricitada Acta, puede hablarse de la celebración o suscripción de un contrato estatal, con las formalidades y finalidades que aquel comprende de cara a la normativa vigente- Ley 80 de 1993, pues aquella norma especial, en su artículo 32, señala que los contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación…contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios-fiducia pública; siendo claro que, además de no estar enlistada la dación en pago como uno de ellos (de ahí su carácter de atípico), no existen las obligaciones a cargo de la entidad, más allá de tener por saldada la deuda del impuesto (licencias) una vez cumplida la obligación de hacer del deudor (representado por el demandado) que consistía en ejecutar ciertas obras
Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024
Concepto No. 2024-11-NE-340
Doctor
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 73001-23-33-000-2023-00463-01
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, ARTÍCULO 137 DEL CPACA
DEMANDANTE: JOSÉ ARLEY PIEDRAHITA
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO]– ALCALDE DE CARMEN DE APICALÁ, TOLIMA, PERIODO 2024-2027
TRÁMITE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA
ASUNTOS DE INTERÉS: INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS DENTRO DEL PERIODO RESTRINGIDO POR LA LEY.
Respetado Magistrado:
Dentro del término concedido mediante Auto del 7 de noviembre de 2024, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado dentro del recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de nulidad de su elección como alcalde
ANTECEDENTES
Hechos
El 15 de diciembre de 2021, [NOMBRE TACHADO], actuando como representante legal de la constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S, suscribió Acta de dación en pago de bienes y servicios con el municipio de Carmen de Apicalá, con la finalidad de sanear impuestos municipales, específicamente, el pago de unas licencias de construcción.
El día 25 de noviembre de 2022, entre los antes mencionados, se suscribió modificación al acta de dación en pago, con el fin de ampliar el plazo para la entrega de las obras que debían culminar originalmente el 30 de noviembre de ese año, extendiéndose la entrega al 15 de junio de 2023.
El día 23 de febrero de 2023, se realizó una segunda modificación al acta de dación en pago, en la que se ajustaron los precios al año 2023 de la única obra pendiente de entrega, en contraste con el valor de la licencia de construcción pendiente de pago, y, de acuerdo con certificación expedida por el secretario de infraestructura, planeación y Tics del municipio, la nueva fecha de entrega de las obras sería el 15 de noviembre de 2023.
El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales, y miembros de asambleas, concejos y juntas administradoras locales.
Mediante formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, para el período 2024-2027.
El ciudadano JOSÉ ARLEY PIEDRAHITA, actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del C.P.A.C.A, demandó la referida elección contenida en el formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, al considerar que el demandado incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, esto es, dentro del año anterior a la elección, haber celebrado contratos en nombre propio o de terceros, con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, por lo que la elección está afectada por la causal de anulación electoral prevista en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA.
Mediante sentencia del 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda. La sentencia fue notificada a las partes el 6 de agosto de 2024 y apelada por el demandado el 18 de septiembre del mismo año.
Por auto del 9 de octubre de 2024 el Tribunal concedió el recurso y el 7 de noviembre fue admitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Sentencia de Primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima fijó el litigio en los siguientes términos:
“Corresponderá a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Tolima determinar la legalidad del Acta de escrutinio E-26 ALC y del Formulario E-27 de fecha 31 de octubre de 2023 que declaró la elección del señor [NOMBRE TACHADO] como alcalde municipal de Carmen de Apicalá - Tolima para el periodo 2024 – 2027.
Para ello deberá determinarse si el señor [NOMBRE TACHADO] vulneró el régimen de inhabilidades descrito en el artículo 95 de la Ley 1994 modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 20008 , al celebrar en calidad de representante legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. sendas modificaciones al acuerdo de cesión en pago celebrado con el Municipio de Carmen de Apicalá dentro del año inmediatamente anterior a la inscripción y, a su elección como alcalde de ese municipio, lo que implicó una posible ruptura del principio de igualdad electoral o si, por el contrario, no debe accederse a dicha solicitud, al no encontrarse configuradas las causales de inhabilidad y por ende, la de anulación electoral contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del C. de P.A. y de lo C.A.9 .
Por lo tanto, el estudio que se adelantará dentro de este asunto es de orden objetivo, de modo que se abordará el análisis de la documentación electoral aportada al expediente, junto con los demás medios de prueba que se decreten en la presente providencia”.
El anterior planteamiento fue resuelto en sentencia en la que se accedió a las súplicas de la demanda, donde el juez de instancia expuso los antecedentes del caso, los fundamentos de hecho, de derecho, y el concepto de violación, al igual que el marco normativo y jurisprudencial de la causal de inhabilidad y de nulidad endilgadas y de la figura de dación en pago.
Seguidamente, el Tribunal procedió al estudio del caso concreto indicando que analizaría si se acreditaban los cuatro elementos exigidos por la jurisprudencia para la materialización de la causal de anulación, realizando el análisis del material probatorio allegado e incorporado, entre este, el contenido de lo que denominó como actos contractuales celebrados por el demandado en su condición de representante legal de la constructora Caminos del Olimpo S.A.S con el municipio de Carmen de Apicalá que se resume de la siguiente manera:
Contrato denominado “acta de dación en pago celebrada entre el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y el señor [NOMBRE TACHADO] su condición de representante legal de constructora Caminos del Olimpo S.A.S… Acreedor: Municipio de Carmen de Apicalá… Deudor: Caminos del Olimpo S.A.S.: Representante legal [NOMBRE TACHADO]… Fecha de celebración: 15 de diciembre de 2021… Plazo y lugar de ejecución: “El Contribuyente por su parte se compromete a realizar las obras en las cantidades antes descritas, y en los sitios y puntos de la jurisdicción del Carmen de Apicalá y en el plazo no mayor a 30 de noviembre de 2022” (clausula sexta)… Valor obras: $ 4.428.410.168,1. Excedente a pagar en efectivo: $ 380.898.599,94 (Clausula decimotercera)… Objeto y obligaciones contractuales: CLAUSULA PRIMERA: El señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] del Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal de la Constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA]2.360-6., se compromete a realizar las siguientes obras para el mejoramiento de la infraestructura de los ser vicios de acueducto y alcantarillado conforme a los siguientes ítems a ejecutar: 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PETAR-,.. 2. LINEA DE CONDUCCION LA CAJITA… 3. COLECTOR LA PALMARA… CLAUSULA SEGUNDA: El contribuyente acepta que adeuda por concepto del pago de licencias de construcción la suma de CUATRO MIL OCHOSCIENTOS NUEVE MILLINES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($4.809.308.768), y que corresponde a lo siguiente:
Señaló asimismo, que el anterior acuerdo fue modificado en dos oportunidades, la primera celebrada el 25 de noviembre de 2022, modificando algunas cláusulas que contemplaban el plazo de entrega de las obras, estableciendo como nueva fecha a más tardar el 15 de junio de 2023, y la segunda, el 22 de febrero de 2023 en la que ajustaron los precios de la obra faltante a valores del año 2023 al igual que el valor de la licencia de construcción adeudada.
Luego de realizar el recuento probatorio y el marco normativo de la causal de inhabilidad junto con sus referentes jurisprudenciales, halló en relación con los elementos temporal y material u objetivo de la inhabilidad por celebración de contratos que: Analizadas las pruebas a la luz de la normatividad en cita se logra acreditar que, el actual alcalde del Municipio de Carmen de Apicalá70 fue quien en calidad de representante legal de la Sociedad Caminos del Olimpo S.A.S. 71 suscribió el contrato de dación de pago72 y, sus posteriores modificaciones73, con dicho ente territorial con el objeto de saldar una deuda de carácter tributario que esta última tenía, con ocasión a la solicitud de 3 licencias de construcción. Actos que se perfeccionaron, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el 15 de diciembre de 2021, cuando el Alcalde Municipal de la época (German Mogollón Donoso), el Secretario de Infraestructura, Planeación y TIC´S, Secretario General y de Gobierno y el Representante Legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S., señor [NOMBRE TACHADO] elevaron por escrito los acuerdos convenidos…
Frente a lo anterior mencionó que, el señor [NOMBRE TACHADO] calidad de Representante Legal tuvo una participación personal y activa a tal punto que, no solo gestionó, sino también, suscribió el contrato y sus modificaciones, pues de ella – de su firma – dependía el perfeccionamiento, celebración y nacimiento a la vida jurídica del negocio jurídico convenido con el ente territorial. Al respecto, es muy importante definir que, en adición al sentido de las acusaciones probadas del actor, se tiene que el demandado en momento alguno ha refutado las afirmaciones relativas a la celebración de los contratos que sustentan la inconformidad del demandante, situación por la que, sin lugar a dudas, es evidente que la celebración y suscripción de los mismos se surtió en los términos, por las partes y en las fec

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

gal de una persona jurídica, y el municipio de Carmen de Apicalá, que se materializó con la suscripción del Acta del 15 de diciembre de 2021, es en realidad una forma de extinguir las obligaciones, que de acuerdo con la jurisprudencia, al ser una figura atípica, se ha elevado en algunos casos al rango de contrato atípico unilateral, pues pese a predicarse que debe existir acuerdo entre en acreedor y el deudor frente a la aceptación de la cosa o servicio que se ofrece como pago alternativo de una deuda (lo que le imprimiría la convencionalidad o acuerdo), no por ello fehacientemente puede afirmarse que, se generen obligaciones recíprocas o margen de negociación, o una real contraprestación, pues dicho “acuerdo” consiste únicamente en el pago del deudor, de una obligación pre-existente, que en este caso, hace resaltar aún más la naturaleza de la misma, pues no deriva de una obligación contractual previa, sino del pago de un impuesto municipal (licencias) que es imperativo.
Esta circunstancia particular del caso bajo estudio hace que esta Delegada se cuestione, si en realidad a partir de la suscripción originaria de la pluricitada Acta, puede hablarse de la celebración o suscripción de un contrato estatal, con las formalidades y finalidades que aquel comprende de cara a la normativa vigente- Ley 80 de 1993, pues aquella norma especial, en su artículo 32, señala que los contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación…contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios-fiducia pública; siendo claro que, además de no estar enlistada la dación en pago como uno de ellos (de ahí su carácter de atípico), no existen las obligaciones a cargo de la entidad, más allá de tener por saldada la deuda del impuesto (licencias) una vez cumplida la obligación de hacer del deudor (representado por el demandado) que consistía en ejecutar ciertas obras.
Así lo refleja igualmente el contenido del clausulado del Acta del 15 de diciembre de 2021:
Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electo el demandado.
Los documentos allegados al proceso dan cuenta de manera irrefutable que el acta de dación en pago y los servicios a ejecutar que comprenden el pago de las obligaciones se tenían que ejecutar en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, que corresponde al municipio donde fue electo alcalde el accionado conforme consta en el formulario E-26.
Elemento subjetivo: la celebración del contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros.
En línea con la consideración expuesta frente al elemento material, de acuerdo con el clausulado de la citada Acta, no se advierte cual sería de manera plena la contraprestación patrimonial o extrapatrimonial derivada de la celebración del acuerdo de dación en pago, pues como se advirtió, aquella no derivó de un margen de negociación en sí mismo, sino del pago de una obligación pre existente, y a pesar que como pago se ofreció y aceptó la realización de unas obras, no por ello dicha circunstancia configuró las solemnidades de un contrato estatal que contiene sí obligaciones recíprocas, entre otras actuaciones para su existencia y perfeccionamiento.
La Corte Constitucional ha expuesto, y ha sido reafirmado por la Sección, que el objetivo que persiguen estas inhabilidades es el de preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existencia de una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos. A la vez que esta última Corporación ha puesto de presente que:
“La teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos.
Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes.
Esta asimetría que se busca prevenir, no es plenamente visible a partir de la suscripción de un acuerdo de dación en pago, pues aquel se reitera, deriva del pago de una obligación imperativa como lo es un impuesto (licencia), y no de la habilidad negociadora de quien la suscribe, pues el monto es cierto y exigible y cobija a todos los ciudadanos.
2.4. Síntesis de concepto
De acuerdo con el análisis precedente, esta Agencia estima que con base en los elementos fácticos y jurídicos traídos a colación, y con las particularidades del presente caso, la sentencia apelada debe ser revocada toda vez que, del material probatorio allegado al plenario, no es posible afirmar de manera fehaciente la incursión del demandado en la inhabilidad prescrita en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37-3 de la Ley 617 de 2000, al existir duda frente a la efectiva confluencia de los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo, que materializan taxativamente la causal; duda que se estima debe ser resuelta en favor del demandado, en garantía de su derecho fundamental a ser elegido, al igual que del sufragio activo de los electores mayoritarios, y, se solicita de manera respetuosa a la Sala Electoral desatarla, en aras de la seguridad jurídica y debida interpretación de la norma en el caso concreto, ante la ausencia de fallos de referencia con identidad fáctica.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita REVOCAR la sentencia del 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones de nulidad del acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como alcalde de Carmen de Apicalá, Tolima, para el período 2024-2027.
Respetuosamente,
ORIGINAL FIRMADO
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — DACIÓN EN PAGO. 2024-11-29. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202506171735140.DOCX).
