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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA-No es susceptible de conciliación

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Fecha
2024-04-30
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202506171629040.DOCX

Síntesis del concepto

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL: CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA-No es susceptible de conciliación

En resumen

Sobre este último punto el Consejo de Estado sostuvo, en un caso en el cual se rechazó la demanda por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, que “…la Sala tampoco comparte el segundo argumento dado por el a quo para rechazar la demanda, es decir, que la actora no acreditó el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad del medio de control, pues este requisito, como lo establece el artículo 161 del C.P.A.C.A., solamente es exigible a aquellos asuntos que puedan ser conciliables y dado que en el presente asunto se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato… se colige que este asunto no puede ser objeto de conciliación, ya que el juez de lo contencioso administrativo es la única autoridad competente para la realización de este tipo de declaraciones.”. Se desconoció el mandato de planeación porque no se elaboraron estudios previos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 142 de 1994
  • Decreto Ley 262 de 2000

Puntos que trata

  • Accion contractual: Nulidad-del contrato por la configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la ley 80 de 1993, fue celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal.
  • Conciliacion extrajudicial: Como requisito de procedibilidad cuando se solicita la nulidad absoluta de un contrato estatal
  • Causales de nulidad absoluta: No es susceptible de conciliación
  • Requisito de procedibilidad: No era exigible la pretensión de declaratoria de nulidad absoluta de un contrato es un pronunciamiento conferido al juez natural del contrato.

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Nulidad del contrato estatal

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Consejo de Estado 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B)
No es susceptible de aprobación judicial un acuerdo denominado “acuerdo conciliatorio” suscrito directamente por las partes
Consejo de Estado 2025-10-14 Sección Tercera (Subsección C)
Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero.
Consejo de Estado 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A)
Debe rechazarse la demanda de controversias contractuales, por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial y ambas partes en conflicto son entidades públicas.
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación de autos proferidos por tribunales que imprueben conciliaciones extrajudiciales entre entidades públicas.
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No existe inoperancia del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales
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La decisión a adoptar no se encuadra en ninguno de los supuestos enunciados, la providencia debe ser proferida por el magistrado ponente.
Texto del documento 73.077 caracteres
ACCION CONTRACTUAL-Nulidad-del contrato por la configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la ley 80 de 1993, fue celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL-Como requisito de procedibilidad cuando se solicita la nulidad absoluta de un contrato estatal La nulidad es el remedio contractual que permite combatir las patologías o vicios que surgen al momento del nacimiento del contrato o negocio. En contratación estatal, el legislador optó por señalar que los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando se configure alguna de las situaciones previstas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Ante alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en el derecho común o en la Ley 80 de 1993 las partes, el agente del ministerio público, o cualquier persona puede solicitarla. Incluso se prevé que el juez del contrato puede declararla de oficio. CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA-No es susceptible de conciliación Sobre este último punto el Consejo de Estado sostuvo, en un caso en el cual se rechazó la demanda por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, que “…la Sala tampoco comparte el segundo argumento dado por el a quo para rechazar la demanda, es decir, que la actora no acreditó el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad del medio de control, pues este requisito, como lo establece el artículo 161 del C.P.A.C.A., solamente es exigible a aquellos asuntos que puedan ser conciliables y dado que en el presente asunto se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato (…) se colige que este asunto no puede ser objeto de conciliación, ya que el juez de lo contencioso administrativo es la única autoridad competente para la realización de este tipo de declaraciones.”. (Subrayas fuera de texto). REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD-No era exigible la pretensión de declaratoria de nulidad absoluta de un contrato es un pronunciamiento conferido al juez natural del contrato. CONTRATO ESTATAL-La nulidad absoluta fundamento en la causal señalada en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 En materia de contratación estatal, la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales son nulos por las mismas causas que se establecen en el derecho común y en especial en los eventos señalados en el artículo 44, entre los cuales se encuentra el haber sido celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional. De acuerdo con el Consejo de Estado, para que se configure la causal en mención, la cual está prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80, es necesario que exista una “…violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita, razón por la cual no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por supuesto habrá de configurar otra.”. PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA-De ese análisis dependerá si el contrato se celebró contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder en el segundo. En la providencia antes citada, en relación con la omisión de los procedimientos de selección del contratista, el Consejo de Estado señaló que en esos casos es necesario determinar si esa omisión implicó la violación de una norma imperativa que prohibía algo expresamente o de una que ordenaba o mandaba algo sin prohibir expresamente. De ese análisis dependerá si el contrato se celebró contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder en el segundo. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Régimen jurídico de los contratos celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios, en especial los relacionados con el servicio público de aseo El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, señala que los contratos que celebren las entidades estatales que presten servicios públicos a los cuales se refiere dicha ley y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se rigen por lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la Ley 142 de 1994. En el segundo inciso del artículo mencionado se señala que las Comisiones de Regulación pueden hacer obligatoria la inclusión de las cláusulas excepcionales en ciertos contratos caso en el cual todo lo relacionado con estas potestades se regulará por lo previsto en la Ley 80 de 1993. El juez competente para conocer de las controversias que se susciten con ocasión de la celebración de los contratos a los que se refiere el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 es el contencioso administrativo de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 104 del CPACA, según el cual “[p]ara los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.”. CONCEPTO N° 035/2024 Bogotá, D.C., 30 de abril de 2024 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref.: 85001-23-33-000-2020-00040-03 (70.600) Controversias contractuales Actor: Empresas de Servicios Públicos de Aguazul S.A. E.S.P. Demandado: Elecofasa Internacional S.A.S., y Compañía Promotora de Proyectos S.A.S. Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término de traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia, así: ANTECEDENTES Demanda La parte demandante, Empresas de Servicios Públicos de Aguazul S.A. E.S.P., en adelante, ESPA S.A. E.S.P., pretende que se declare la nulidad absoluta del contrato de joint venture suscrito entre esta y Elecofasa Internacional S.A.S., junto con la Compañía Promotora de Proyectos S.A.S., en adelante, C.P.P. S.A.S., suscrito el 24 de diciembre de 2019, el cual tenía por objeto “Celebrar una alianza estratégica con el fin de DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PARQUE TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL PARA EL TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ACEITES PIROLÍTICOS, GAS DE SÍNTESIS (SYNGAS), ENERGÍA Y BIOCARBÓN (BIOCHAR) DENTRO DEL MARCO DE ECONOMÍA CIRCULAR, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL”. La nulidad absoluta del contrato se sustenta en la vulneración de las siguientes normas: Vulneración a la Ley 80 de 1993 En este caso es la propia Administración la que solicita que se declare la nulidad absoluta del contrato por la configuración de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, puesto que el contrato de joint venture suscrito el 24 de diciembre de 2019 con Elecofasa Internacional S.A.S., fue celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. Vulneración al Acuerdo 010 de 2014 mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación de la Empresa ESPA S.A. E.S.P. -Se vulneró el artículo 12 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., relacionado con la acreditación de la representación, puesto que el señor [NOMBRE TACHADO] bien señala que es el representante para Latinoamérica de la sociedad Elecofasa Internacional S.A.S., no acreditó en debida forma esa calidad y no allegó la “…acreditación de la existencia de la persona jurídica que dice representar…”. El señor Murillo constituyó el 23 de abril de 2019 la sociedad Elecofasa Internacional S.A.S., con un capital suscrito de $10.000.000 m/cte. La oficina jurídica de ESPA S.A. E.S.P., constató en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Elecofasa Internacional S.A.S., que existe una anotación denominada “…situaciones de control y grupos empresariales” registrada ante la Cámara de Comercio el 23 de abril de 2019, y en la misma no se especifica a que se refiere esa anotación. -Se desconoció el artículo 14 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., en el que se regula el tema de las cláusulas excepcionales al derecho común, puesto que en el contrato de joint venture no se incluyeron estas cláusulas. -No se tuvo en cuenta el artículo 15 del del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., el cual establece el tema de las garantías, porque en el contrato cuya nulidad absoluta se solicita no se incluyeron pólizas específicas que cubran los riesgos que se puedan presentar, esto por cuanto no “…existen estudios de necesidad…” y el contrato superaba la cuantía de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV. El contratista tenía el deber de suscribir las pólizas porque el valor del contrato superaba los veinte salarios mínimos, si bien se incluyó una cláusula que preveía que Elecofasa Internacional S.A.S., debía adquirir “…los SEGUROS necesarios con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a realización de los SERVICIOS, ELECOFASA INTERNACIONAL S.A.S., deberá de obtener y mantener en pleno vigor y efecto las pólizas de seguro que se mencionan a continuación: […]”, la cláusula no específico cuales debían ser las pólizas y mucho “…menos se dejó especificado que las mismas deberían haberse constituido antes de ejecutarse el contrato, previo de ser aprobadas por el comité de contratación.”. -Se vulneró el artículo 17 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., que se refiere al conocimiento de la ley colombiana que deben tener las personas naturales o jurídicas que celebren contratos con ESPA S.A. E.S.P., en la medida en que la empresa Elecofasa Internacional S.A.S., no cumplió con la ley colombiana puesto que el contrato de joint venture se suscribió “…desconociendo la normatividad que en materia de contratación debía regir.”. -Se desconoció el artículo 18 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., que se refiere al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, en la medida en que para la suscripción del contrato no se especificó el CDP que garantizara la apropiación presupuestal. -No se tuvo en cuenta el artículo 19 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., que regula el tema del registro presupuestal, RP, porque al no contar con CDP, tampoco hubo RP. -No se observó la regla prevista en el artículo 20 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., en cuanto a la invitación de proponentes, porque en el expediente contractual no se encontró que ESPA S.A. E.S.P., haya realizado la invitación para presentar ofertas. Si el motivo para celebrar el contrato era salvar la empresa, “…por la supuesta crisis financiera, se debían realizar las correspondientes invitaciones, eso sí, previo de un estudio financiero que determinara cual debía ser una posible solución.”. -Se desconoció el artículo 21 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., que establece el sometimiento de los contratos celebrados por ESPA S.A. E.S.P., al mencionado manual, porque con la suscripción del contrato de joint venture se vulneraron todas y cada una de las disposiciones que se debían tener en cuenta para la suscripción de los contratos. -A su vez, se violó el artículo 22 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., relacionado con el tema de derechos y deberes de ESPA S.A. E.S.P., porque es evidente el desconocimiento de eses deberes por parte de la empresa dado que ni “…siquiera se presentó (sic) estudios previos que pudieran determinar la viabilidad o no de realizar dicho contrato.”. -Adicional a las normas antes enunciadas, también se vulneraron los artículos 25, 27, 48, 50, 51, 57, 58, 59 60, 76, 85, 86 y 90 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., que se refieren respectivamente a: i) plazos de los procesos de selección, ii) estudios de necesidad, iii) publicidad, iv) transparencia, v) planeación, vi) celebración, vii) perfeccionamiento, viii) requisitos de ejecución; ix) forma del contrato; x) modalidades de selección; xi) convocatoria pública; xii) procedimiento en la convocatoria pública; y xiii) autorización para celebrar contratos por parte de la Junta Directiva de la empresa. La vulneración se concreta en lo siguiente: i) En relación con los plazos de los procesos de selección, si la oferta presentada por Elecofasa Internacional S.A.S., fuese seria, está debía rechazarse porque no cumplía con los “…requisitos mínimos exigidos por la ley, y (…) los plazos fueron vulnerados ya que solamente, desde su presentación, transcurrieron solamente 4 días, y se suscribió el contrato, es decir, teniendo en cuenta que desde la presentación de la oferta se deben surtir algunos procedimientos, estos no se cumplieron, ya que no fueron ni siquiera tenidos en cuenta.”. (Art. 25). ii) No se elaboró estudio de necesidad, dado que no hubo estudios previos para la suscripción del contrato de joint venture. (Art. 27). iii) No se aplicaron las reglas sobre publicidad puesto que en el sistema SECOP 1 no se subió la documentación del proceso contractual, solo se encuentra publicado el contrato de joint venture por tanto se vulneró el principio de publicidad. (Art. 48). iv) Se vulneró el principio de transparencia porque la nueva administración de la ESPA S.A. E.S.P., conoció de este contrato el 3 de enero de 2020, cuando el gerente fue a la “…PMIRS y observó a un grupo de personas tratando de ingresar a la planta, por lo que, una vez se presentó, indagó quiénes eran ellos y ahí fue cuando supo que dichas personas pertenecían a la empresa Elecofasa, es decir, la suscripción del citado contrato no se dio de forma transparente ya que solamente cuando se presentó la nueva administración se pudo saber de la existencia del mismo.”. (Art. 50). v) Se desconoció el mandato de planeación porque no se elaboraron estudios previos. (Art. 51). vi) No se consideraron los requisitos de celebración del contrato previstos en el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., porque no se cumplió con los requisitos de orden presupuestal ya que no se elaboraron estudios previos. (Art. 57). vii) Al no cumplirse con los requisitos del contrato tampoco se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento puesto que el gerente requería para su celebración autorización de la Junta Directiva la cual no se encontró en el expediente y tampoco se cumplió con los demás “…requisitos que exige la ley para la suscripción del contrato.”. (Art. 58) viii) En cuanto a los requisitos de ejecución, el contrato de joint venture no cumple con estos porque no se “…han cancelado las obligaciones tributarias correspondientes, no se ha suscrito el acta de inicio, tampoco se has (sic) aprobado las garantías exigidas, porque ni siquiera quedaron estipuladas en el contrato y mucho menos se ha expedido el registro presupuestal correspondiente.”. (Art. 59). ix) Teniendo en cuenta que en el Manual de contratación de ESPA S.A. E.S.P., prevé dos formas de contratos, sin formalidades plenas para aquellos con una cuantía que no exceda de 20 SMMLV y con formalidades plenas para los que superen los 20 SMMLV. (Art. 60). x) Para la suscripción del contrato de joint venture debió acudirse a alguna de las modalidades de selección previstas en el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., no obstante no se encontró “…documentación alguna que verifique cómo fue que se realizó la convocatoria, cuál fue (sic) las propuestas presentadas y cómo fue los detalles de la contratación.”. (Art. 76). xi) En la celebración del contrato de joint venture se desconoció la regla sobre convocatoria pública prevista en el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., según la cual debe realizarse una convocatoria pública cuando el contrato tenga una cuantía superior a 4001 SMMLV, esto por cuanto la cuantía del contrato era superior a esa cuantía dado que para la fecha de su celebración se previó que la inversión del aliado estratégico sería de $66.112.500.000 m/cte, lo que significa que debía hacerse por “…convocatoria pública, caso que no ocurrió ya que fue de forma privada que se suscribió, además, se repite, sin la autorización de la Junta Directiva de la empresa.”. (Art. 85). xii) No se cumplió con ninguno de los pasos previstos en el procedimiento para la convocatoria pública que se encuentran en el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., esto dado que no existen estudios de necesidad, previos o de factibilidad de la contratación. (Art. 86). xiii) El gerente de ESPA S.A. E.S.P., requería de autorización expresa de la Junta Directiva para la celebración del contrato de joint venture. Por tanto, si lo que se requería era “…hacer una alianza estratégica como la quieren hacer llamar, dicho requisito era necesario, y como se puede observar en el expediente no se encuentra la misma, es más, la Oficina Jurídica de la ESPA SA ESP, indagó si los miembros de la junta habían sido citados a reunión para dar su autorización y, según las respuestas dadas, se tiene que el gerente no los citó para la misma. (Art. 90). -Aunado a lo anterior, en la demanda se mencionan, pero no se expone el concepto de la violación, de las siguientes normas: i) artículos 1° (ámbito de aplicación), 30 (principios de interpretación), y 31 (concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública) de la Ley 142 de 1994; ii) artículos 1.3.2.1 (regla general en materia de contratación); 1.3.2.2 (contratos que deben celebrarse por medio de licitación pública), y 1.3.3.1 (contratos en los cuales deben pactarse cláusulas excepcionales) de la Resolución 151 de 2001 proferida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA. -Para ESPA S.A. E.S.P., con la suscripción del contrato de joint venture se desconocieron todas las reglas precontractuales, no se elaboraron estudios previos, no se cumplió con los trámites para la presentación de la propuesta, no se expidió CDP, no hubo evaluación de la propuesta presentada, no hubo acto de adjudicación, no se pudo establecer si se elaboró un pliego de condiciones o la razón jurídica para no hacerlo, tampoco se expidieron garantías, todo ello se sustenta en que no reposan esos documentos en las oficinas de ESPA S.A. E.S.P. -Sumado a lo anterior, se vulneró la Ley 819 de 2003 en materia de principio de anualidad, porque revisada la actividad contractual, la misma de manera “…fraudulenta, para los intereses de la ESPA SA ESP, como de la propia administración municipal, se suscribió un contrato en donde, solamente, la empresa entrará a recibir dividendos del 10% de las utilidades del PARQUE TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL DE AGUAZUL, una vez entre en operación, conforme a los que propusieron, es decir, más de 14 meses después de la firma del contrato.”. -En el presente caso se convocó solo a un aliado estratégico, no se agotó el procedimiento previo para la selección del contratista y no se aportaron los antecedentes del contrato cuya nulidad absoluta se solicita. -El gerente de la época de ESPA S.A. E.S.P., actuó con desviación de poder al celebrar el contrato de joint venture porque no estaba autorizado por la Junta Directiva para celebrar el contrato, pretermitiendo además todas las etapas contractuales previstas en el Manual de Contratación de la empresa. -En la demanda se solicitó el decreto y práctica de una medida cautelar consistente en la suspensión del acto administrativo denominado contrato de joint venture, con el fin de proteger el patrimonio público ante la vulneración directa del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P. La medida se sustenta en que la celebración del contrato implica la entrega fraudulenta del manejo de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos, PMIRS, a una empresa que “…no tiene experiencia ni los recursos para manejarla, mucho menos se dio cumplimiento al manual de contratación de la empresa…”. -A su vez, como sustento de la solicitud de medida cautelar de suspensión, se sostuvo que el contrato de joint venture no puede nacer a la vida jurídica debido a que fue suscrito de manera fraudulenta y sin el cumplimiento de los requisitos legales. Contestación de la demanda El apoderado [NOMBRE TACHADO] S.A.S., y de C.P.P. S.A.S., se opuso a la pretensión de nulidad absoluta del contrato de joint venture y propuso las siguientes excepciones, las cuales se sintetizan a continuación: Falta de jurisdicción y competencia -En la cláusula novena del contrato se estableció que ante cualquier controversia las partes debían acudir al “…empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias contractuales de conciliación y amigable composición”. Por tanto, ante la ausencia de agotamiento de la conciliación extrajudicial, “…no sólo como requisito de procedibilidad en la presente actuación, sino como al compromiso adquirido con la suscripción del contrato, desemboca en una inminente falta de jurisdicción para decidir sobre el presente asunto.”. -A su vez, teniendo en cuenta que el régimen jurídico del contrato es privado o común y que el mismo no tiene por objeto la prestación de un servicio público domiciliario, razón por la cual no se incluyeron cláusulas excepcionales ni se sujetó el mismo a la Ley 80 de 1993, es claro que existe falta de jurisdicción por parte del Tribunal Administrativo de Casanare. Adicional a esto, en la cláusula décima del contrato se pactó que el negocio se regía por las “…normas civiles y comerciales vigentes en Colombia, en particular a aquellas que se refieren a la asociación con riesgos compartidos entre particulares y la jurisdicción será la Civil Ordinaria”. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones -La parte demandante no desarrolla el concepto de la violación sobre las presuntas normas vulneradas, en la demanda se copia el texto de varias normas sin señalar el sustento de la violación de estas con la suscripción del contrato cuya nulidad se pretende. -No se agotó el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, desconociendo de esta forma la regla señalada en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA que exige el agotamiento de este requisito en toda demanda donde se formulen pretensiones relativas a la nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. -En el presente caso estamos en presencia de un acto privado inter partes y no de un acto administrativo regido por normas de derecho público por cuanto se trata de un contrato que tiene por objeto una actividad comercial para valorizar un activo en la cadena de aseo y no la prestación de un servicio público domiciliario propiamente dicho. -ESPA S.A. E.S.P., señala en la demanda que no debía agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad dado que se está ante una solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo obtenido por medios ilegales y fraudulentos. En la demanda no se aprecian las razones de la presunta ilegalidad del contrato en cuestión y no se señala el vicio del consentimiento que se configura. Excepciones mixtas Existencia de clausula compromisoria -En el presente caso existe una cláusula compromisoria dado que las partes pactaron que ante cualquier controversia debían acudir a la conciliación extrajudicial o a una amigable composición, no obstante la demandante no agotó la conciliación ni como requisito de procedibilidad ni como una forma de dar cumplimiento el pacto contractual lo cual desemboca en una falta de jurisdicción. Sumado a lo anterior la solicitud de suspensión provisional incorporada en la demanda no exime a la entidad de agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Falta de legitimación en la causa por activa -Se configura la falta de legitimación en la causa por activa, porque al estar sometido el contrato al derecho privado y no contener cláusulas excepcionales, es la jurisdicción ordinaria la que debe conocer del asunto. Adicional a esto, la controversia debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria porque se está en presencia de un acto privado contractual que escapa a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Ausencia de anexo indispensable para poder accionar contractualmente -La parte demandante no allegó el contrato objeto de controversia autenticado y tampoco demostró las actuaciones administrativas que debía adelantar para acreditar la existencia del contrato. Excepciones de fondo -Violación al principio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans Está prohibido sacar provecho de la propia torpeza, por tanto los jueces no pueden “…amparar situaciones donde la vulneración de los derechos del actor se deriva de una actuación negligente, doloso o de mala fe.”. -Carencia actual del objeto por inexistencia de acto administrativo a declarar nulo El contrato celebrado no es de orden público, considerarlo así solo por el hecho de haber sido celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos no es correcto jurídicamente porque el propósito del negocio no era la “…entrega completa del servicio público de aseo, sino la alianza para el desarrollo de una actividad que, si bien se desprende del servicio resaltado, se enmarca en el aprovechamiento de los residuos finales para la transformación de los residuos en recursos comerciales, propios de las actividades privadas que rigen su actuar contractual.”. Por lo anterior, en el presente caso el régimen jurídico aplicable es el privado y por consiguiente la jurisdicción ordinaria es la competente para resolver los conflictos que se susciten con ocasión del contrato de joint venture celebrado entre las partes. La relación entre las partes es de “…carácter netamente privado, y, por tanto, en ella no se expiden ACTOS ADMINISTRATIVOS que regulen su relación contractual.”, por esa razón no le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que se está en presencia de un acto administrativo. Improcedencia del medio de control de controversias contractuales para la declaratoria de nulidad de un contrato del orden privado e inactividad de la carga probatoria de quien alega la nulidad -El origen de las pretensiones de la demanda es un contrato privado y no uno estatal, por esa razón el mismo no incluye cláusulas exorbitantes, sumado al hecho de que su objeto recae en “…actividades del orden privado en materia comercial.”. -La parte actora no sustenta ni demuestra las razones por las cuales el contrato se obtuvo por medios fraudulentos o ilegales, tampoco se encuentra en la demanda los “…elementos de hecho ni de derecho dirigidos a declarar nulo el contrato objeto de controversia, ni allega los elementos probatorios susceptibles de determinar que el proceso contractual carece de legalidad.”. Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista: Inexistencia de elementos determinantes para la terminación unilateral del contrato, en la equivalencia a la declaratoria de nulidad -No existe razón alguna que permita la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, más aún si se tiene en cuenta que el contratista ha cumplido a “…cabalidad el objeto contractual (a); no posee reproche contractual en materia de obligaciones adquiridas (b); y ha actuado de buena fe (c) conforme las estipulaciones contractuales. Al respecto, se manifiesta que NO EXISTE JUSTIFICACIÓN para declarar la nulidad del contrato en cuestión sin pagar la cláusula pecuniaria.”. -El propósito de ESPA S.A. E.S.P., con la suscripción del contrato de joint venture no era la entrega completa del servicio público de aseo, “…sino la transformación de los residuos finales en recursos comerciales de los cuales iba a recibir unas utilidades pactadas. Esto puede evidenciarse en la intención de la ESPA de no entregar la operación del relleno sanitario del municipio de Aguazul. Sino el aprovechamiento de los residuos finales para la transformación de los residuos en recursos comerciales, propio de las actividades privadas que rigen su actuar contractual.”. -La construcción de un parque tecnológico para el aprovechamiento de los residuos finales no es un servicio público domiciliario de aseo, puesto que no “…hace parte de los procedimientos establecidos en la resolución de la comisión reguladora, ni la (sic) Ley 142 de 1994, modificada por la ley 689 de 2001.”. -El contrato de joint venture no tiene por objeto el manejo ni la concesión de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos, PMIRS, a cargo de ESPA S.A. E.S.P. Cuando en el contrato se hace referencia a la entrega de la PMIRS, debe entenderse únicamente para la “…DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO.”. Esto se deriva de lo señalado en la propuesta y en los estudios entregados por Elecofasa Internacional S.A., a ESPA S.A. E.S.P., documentos que hacen parte del contrato de joint venture. La “…intención [NOMBRE TACHADO] sas y compañía promotora de proyectos, como aliados estratégicos, es la actividad comercial de producción de aceites pirolíticos, syngas y Biochar dentro del marco de economía circular, entendiendo esta como un modelo de desarrollo económico incluido dentro de las Políticas Públicas del Gobierno Nacional.”. -En lo que tiene que ver con el supuesto incumplimiento de las reglas del Manual de Contratación de la ESPA S.A. E.S.P., la demandada sostuvo: i) Se elaboraron estudios previos de factibilidad por parte de la demandada antes de la suscripción del contrato de joint venture los cuales se aportaron al proceso con la contestación de la demanda. ii) En cuanto a la ausencia de suscripción de un acta de inicio, se sostiene que ello no es requisito de ejecución del contrato de joint venture y en el mismo no se previó la suscripción de este, por tanto, no es exigible. iii) No es cierto que ninguna póliza respalde la ejecución del contrato, puesto que desde el contrato se previó que el aliado estratégico asumía el compromiso de adquirir las pólizas necesarias una vez hubiese iniciado el desarrollo del proyecto. Al tratarse de un proyecto de inversión, según el cronograma se requiere la suscripción de póliza “…para la etapa de ejecución, y no de estudios de reingeniería.”. No puede solicitarse el cumplimiento de un aparte del contrato desconociendo que la suscripción de las pólizas se hace una vez inicie la ejecución del contrato. iv) El contrato de joint venture no recae sobre la prestación de un servicio público domiciliario por ello no le es aplicable el régimen de la contratación estatal sino el del derecho privado, motivo por el cual no se desconoce lo relacionado con la acreditación de la representación legal y la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común. v) En lo que tiene que ver con las garantías, es claro que estás se iban a suscribir por la parte demandada una vez hubiese iniciado el proyecto, es decir, la construcción del parque. vi) No se desconoce el mandato sobre conocimiento de la ley colombiana, por cuanto el contrato se ajustó a las reglas previstas para los contratos sujetos al derecho privado. vii) No se requiere contar con CDP y RP en el caso del contrato cuya nulidad se solicita por cuanto toda la “…inversión del mismo se desprende del aliado estratégico privado. viii) En cuanto a la supuesta necesidad de contar con autorización de la Junta Directiva de la ESPA S.A. E.S.P., para la suscripción del contrato de joint venture, la demandada no logra fundamentar la “…supuesta ilegalidad del acta de junta directiva que dota de competencia al gerente de la ESPA para suscribir el contrato en mención, bajo los parámetros establecidos en ella.”. En la demanda o se hace alusión a la ilegalidad del acto administrativo que otorga “…COMPETENCIA AL GERENTE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN CUESTIÓN. (…) el demandante pretende hacer valer acusaciones sin fundamento jurídico ni probatorio en una etapa procesal que no corresponde.”. -Lo que se pretendía con la suscripción del contrato de joint venture era un apoyo financiero a ESPA S.A. E.S.P., para que obtuviese utilidades producto de la conversión de los residuos finales en activos comerciales por parte de la demandada, esto mediante la construcción de un parque tecnológico en terrenos de ESPA S.A. E.S.P. Lo anterior puesto que de acuerdo con el contrato de consultoría 033 de 2018, ESPA S.A. E.S.P., no es “…financiera ni organizacionalmente capaz de adelantar el ejercicio del SPD de aseo a través de la PMIRS.”. Auto mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional del contrato de joint venture El Tribunal Administrativo de Casanare mediante auto del 1° de octubre de 2020, decreto la medida cautelar de suspensión del contrato de joint venture al considerar lo siguiente: - El gerente de ESPA S.A. E.S.P., “…requería autorización de la Junta Directiva de la Empresa, la cual se otorgó el 24 de diciembre de 2019, precisando que las condiciones que se fijaran debían redundar en beneficios óptimos para la empresa y sin hacer transferencia del inmueble donde funciona la Planta Integral de Residuos Sólidos, en ese orden de ideas, el gerente sí tenía capacidad para efectuar la correspondiente contratación.”. No obstante, para el a quo llama la atención que luego de obtener la autorización “…no se advierte el cumplimiento del principio de planeación, pues no se acredita si se efectuó o no un estudio previo o de necesidades en el que se plasmara el mapa de riesgos que pueden surgir…”. -Para el Tribunal es viable decretar la medida cautelar puesto que de los documentos relacionados en el proceso, “…especialmente con el contrato, se colige que en la solicitud de medida cautelar hay apariencia de buen derecho, pues aquel se suscribió sin las formalidades establecidas en el manual de contratación, se vulneró el principio de planeación, no se efectuó la contratación bajo la modalidad que corresponde, aunado a que no se designó un supervisor.”. Auto mediante el cual se revocó la medida cautelar por parte del Consejo de Estado El Consejo de Estado mediante auto del 26 de abril de 2021, revocó el auto del Tribunal Administrativo de Casanare en el cual decretó la medida cautelar de suspensión provisional del contrato de joint venture con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación: -Los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, motivo por el cual el contrato es ley para las partes y la fuerza obligatoria del negocio “…solo desaparece por mutuo disenso o por causas legales…”, por tanto, la ejecución del contrato de alianza estratégica está determinada por el “…acuerdo que hayan alcanzado las partes.”. -Los jueces administrativos no están facultados para “…suspender un contrato, ni sus cláusulas o eventuales modificaciones, pues estas surgen de la voluntad de ambas partes y no corresponden a una declaración unilateral de la administración.”. Para suspender un contrato o el cumplimiento de alguna de sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes. Como los jueces no tienen “…competencia constitucional alguna para coadministrar (…) el juez no tiene competencia alguna para “suspender provisionalmente” los efectos de un contrato.”. -Este auto fue objeto de corrección mediante auto del 20 de septiembre de 2021 en el cual se señaló: “CORRÍGESE la parte resolutiva del auto del 26 de abril de 2021, en el sentido de señalar que se revoca el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare.”. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 21 de septiembre de 2023, declaró la nulidad absoluta del contrato de joint venture con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación: -El contrato debe ser declarado nulo porque se “…suscribió sin las formalidades establecidas en el manual de contratación de la ESPA, se vulneró el principio de planeación, no se efectuó la contratación bajo la modalidad y proceso de selección que corresponde, se pactaron cláusulas en detrimento del ESPA y solo exigibles para esta, desconociendo con ello los principios que rigen la función pública administrativa al igual que los principios generales de la contratación estatal y del contrato.”. -En lo que tiene que ver con la acreditación de la representación legal de la sociedad Elecofasa Internacional S.A., de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la sociedad en mención cuenta con un representante legal que es el señor [NOMBRE TACHADO]. Este documento también lo aportó la parte demandada, sin que se le tachase de falso. Por tanto, carece de fundamento el cargo de la indebida representación legal de la sociedad Elecofasa Internacional S.A. -En lo que tiene que ver con la inobservancia de las disposiciones del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., el a quo se pronunció de la siguiente manera: i) En cuanto a la falta de competencia para la suscripción del contrato de joint venture el cargo no está llamado a prosperar puesto que en el Acta 013 de 24 de diciembre de 2019 que corresponde a una reunión ordinaria de la Junta Directiva de ESPA S.A. E.S.P., el órgano de dirección aprobó y concedió autorización para la “…entrega de la planta de manejo integral de residuos sólidos PMIRS, bajo la condición de no transferir la propiedad y obtener acuerdos óptimos para la empresa.”. ii) En relación con la no inclusión de cláusulas excepcionales en el contrato de joint venture, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 1077 de 2015, entre las actividades complementarias al servicio público de aseo se encuentran aquellas complementarias de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos. Así, es claro que el objeto del contrato de joint venture está encaminado a la “…prestación del servicio público de aseo en el componente de tratamiento y disposición final de los residuos, por ende, estaba sujeto a las precitadas cláusulas excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 de 1993…”. En el contrato se previó una cláusula penal pecuniaria de 10.000.000 de euros que se haría efectiva en el evento en que ESPA S.A. E.S.P., decida terminar unilateralmente el contrato sin justa causa. Esta previsión contractual se hizo en beneficio de los aliados estratégicos Elecofasa Internacional S.A.S., y C.P.P. S.A.S., sin señalarse en el contrato cuál sería el procedimiento para “…revertir la entrega del predio, en caso de presentarse alguna situación que perjudique la prestación del servicio público de aseo…”. En el presente caso la incorporación de las cláusulas excepcionales si era obligatoria y resulta “…contrario a derecho y a los fines esenciales del Estado, haber pactado una cláusula solo en beneficio del aliado estratégico.”. Por esta razón el cargo prospera. iii) En cuanto a la inobservancia de la modalidad de selección del contratista, el cargo prospera por cuanto la cuantía del contrato de joint venture era superior a 4001 SMMLV, razón por la cual debía acudirse a la convocatoria pública para seleccionar al contratista. Esto en la medida en que, según la cláusula tercera del contrato mencionado, la inversión del aliado estratégico era de $66.112.500.000 m/cte, monto que superaba la cuantía antes señalada para el 2020 para efectos de la modalidad de selección por convocatoria pública. La selección del contratista no es una atribución sujeta al arbitrio de la Administración, por el contrario, se sujeta a los requisitos y procedimientos establecidos en la ley. En el caso analizado, la suscripción del contrato debió estar precedida de una convocatoria pública para que otros proponentes pudiesen participar. Convocatoria que no se acreditó en el expediente. Ahora, dado que el tratamiento de residuos hace parte del servicio público de aseo, debió acudirse al contrato de concesión toda vez que se pretendía “…otorgar de manera parcial la operación del servicio público de aseo en el componente de tratamiento de residuos, en los términos del numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.”. Contrario a lo señalado por la parte demandada, el objeto del contrato no era solo la disposición de los terrenos de la PMIRS, sino también “…la operación de la planta por parte del aliado estratégico…”. Esta afirmación se corrobora con lo previsto en la cláusula vigésima primera del contrato de joint venture en la cual se señala: “CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - OPERACIÓN DE LA PMIRS: para efectos de la intervención del aliado estratégico en la PMIRS, las partes acuerdan la intervención necesaria y operación del sitio a partir del 02 de enero de 2020, motivo por el cual desde está fecha quedaran habilitados, facultados y se reconocerá el pago de la tarifa de disposición final vigente de acuerdo al estudio tarifario y será facturada la disposición en el sitio de manera mensual”. iv) Al proceso se aportó un documento denominado “Estudio previo de conveniencia y oportunidad para la contratación”, suscrito por el representante legal [NOMBRE TACHADO] S.A.S., sin embargo este documento no puede considerarse el estudio previo al cual se refiere el artículo 27 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., puesto que carece de los elementos generales enlistados en dicha norma. El documento aportado al proceso es el estudio base al cual se refiere el parágrafo del artículo 27 del mencionado Manual el cual señala que los “…estudios previos elaborados por otras entidades que generen la celebración de un convenio y/o contrato interadministrativo, serán la base para el estudio de necesidad que adelante la empresa para los procesos derivados que a su vez se suscriban.”. v) En materia de expedición de CDP y RP, si bien le asiste razón a la parte demandada en cuanto a que el contrato de joint venture no requería aportes de sumas de dinero por parte de ESPA S.A. E.S.P., también es cierto que no existe “…soporte alguno que garantice la certeza de la inversión por parte de los aliados estratégicos.”. Finalmente, el a quo señaló que si bien la actividad contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios está sometida a un régimen especial, ello no implica que dicha actividad puede adelantarse en contra de los principios de “…transparencia, selección objetiva, legalidad, conmutatividad, sujeción a la economía del mercado, buena fe objetiva, interés general, planeación, estructuración conforme a los intereses generales de la colectividad, y en fin, a todos aquellos que consoliden el interés general que es inherente a dicha contratación…”, mandatos que fueron desconocidos con la suscripción del contrato cuya nulidad se decreta. Recurso de apelación El apoderado [NOMBRE TACHADO] S.A.S., y de C.P.P. S.A.S., solicita que se revoque la sentencia de primera instancia por las razones que se exponen a continuación: -El contrato de joint venture cuya nulidad absoluta fue decretada se sujeta al derecho privado y no al régimen de contratación pública. Adicional a ello, el objeto del contrato no “…representa la ejecución de un servicio público domiciliario propiamente dicho, siendo esto señalado a través de la voluntad de las partes, en el sentido de NO INCLUIR en la misma cláusulas exorbitantes, toda vez que estamos frente a una actividad comercial que pretenda valorizar un activo posterior a la cadena de aseo, y posterior a la disposición final del mismo, consistente en la transformación de residuos dispuestos finalmente en recursos comerciales.”. -El objeto del contrato de joint venture no está relacionado con el tratamiento y disposición final de residuos sólidos, sino con el diseño e implementación de un parque tecnológico y ambiental para el “…tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites pirolíticos, gas de síntesis (syngas), energía y biocarbón (biochar)…”. Por esta razón, el contrato no está relacionado con actividades propias del “…tratamiento de los residuos sólidos, como de la disposición final de los residuos…”. La actividad del aliado estratégico inicia cuando los recursos “…ya se encuentran dispuestos finalmente en el relleno sanitario destinado para tales efectos por la PMIRS”. -En el contrato de joint venture no se pactaron obligaciones o actividades relacionadas con la operación de destino o disposición final de residuos sólidos, lo cual sí forma parte del servicio público de aseo, la transformación de los residuos mencionados por el aliado estratégico es posterior a la disposición final de los mismos. Por esta razón, las actividades de las demandadas no “…constituyen actividades propias del servicio complementario de aseo como lo es el tratamiento, puesto que, a este aliado, con la tecnología que ha desarrollado, transforma residuos que fueron ya dispuestos finalmente y tratados desde el relleno sanitario de CASCAJAR.”. -Las partes suscribieron el 8 de abril de 2022, acta de inicio del contrato de joint venture con efectos a partir del 18 de abril de 2022, esto producto de varias reuniones entre las partes. El 19 de abril de 2022 se puso en conocimiento del a quo el acta de inicio del contrato. Es claro que el contrato tiene por objeto contribuir con la transformación de los residuos sólidos de la PMIRS. -Se solicita que se decrete como prueba en segunda instancia que ESPA S.A. E.S.P., aporte al proceso una certificación suscrita por el actual gerente “…consistente en señalar dónde se encuentran siendo dispuestos los residuos sólidos del municipio de Aguazul, desde qué fecha se realiza, y por otra parte, señalar si desde la fecha correspondiente a la ejecución del contrato objeto de controversia, la ESPA S.A. E.S.P., se encuentra prestando el servicio público de aseo a través de la PMIRS (Sobre la cual se comunicó, y corroboró, no presta ningún tipo de servicio a la comunidad por su inviabilidad financiera, técnica y organizacional).”. (Subrayas fuera de texto). -Con la prueba antes mencionada se pretende desvirtuar la afirmación de que el aliado estratégico se encuentra manejando la PMIRS y por tanto acreditar que no se están realizando actividades propias del servicio público de aseo. -En lo que tiene que ver con la no inclusión de cláusulas excepcionales, el a quo confunde “…gravemente los conceptos de clausula exorbitante (propia de las prerrogativas del poder público) con cláusulas penales pecuniarias, cláusulas reguladas por el derecho común cuya aplicación no tiene nada que ver con los poderes de la administración…”. El tribunal incurre en un error al confundir dos figuras diferentes y al asumir que pactar una cláusula penal pecuniaria en favor de una sola parte es permitir que un particular se beneficie de un poder excepcional que solo es confiado a la Administración. -En cuanto al tema de la inobservancia del procedimiento de selección del contratista no puede afirmarse que la cuantía del contrato es superior a 4001 SMMLV, por cuanto la cuantía por parte de ESPA S.A. E.S.P., asciende a la suma de cero “…habiendo quedado claramente estipulado que la misma no tendría erogación presupuestal.”. -En lo concerniente a la ausencia de estudios de necesidad, en el presente caso es claro que el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., permite que el oferente aporte estudios o documentos previos para la celebración del contrato, tal como ocurrió en el presente asunto. -De acuerdo con el Consejo de Estado, no toda deficiencia en la planeación del contrato conduce a la nulidad del contrato estatal por objeto ilícito, salvo que se esté ante “…i) [s]ituaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico no podrán ejecutarse; ii) Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencia que la ejecución del contrato va a depender de circunstancias indefinidas e inciertas por necesitar de situaciones de terceros y iii) Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad”. -En este caso no se está ante alguna de las situaciones expuestas por el Consejo de Estado, toda vez que: “…i) NO es cierta (sic) que el negocio jurídico no pueda ejecutarse, incluso el mismo ha venido ejecutándose a cabalidad desde el día 18 de abril de 2022, de conformidad con la decisión remitida para el Honorable Consejo de Estado, consistente en el levantamiento de la medida cautelar inicialmente impuesta; ii) la ejecución del contrato NO depende de situaciones o circunstancias indefinidas e inciertas por necesitar de situaciones de terceros, ya que el mismo se encuentra plenamente vigente y su ejecución depende exclusivamente de las partes; y iii) NO EXISTE NINGÚN RIESGO DE DETRIMENTO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD habida cuenta que la ESPA no tuvo erogación presupuestal en el presente contrato, siendo el aliado estratégico quien asumía todos los riesgos de la inversión privada.”. -Por último en cuanto a la expedición de CDP y RP, el cargo no debe prosperar puesto que es evidente que el contrato de joint venture no implica erogación alguna a cargo de ESPA S.A. E.S.P., por tanto, no era necesario contar con CDP ni RP. El juicio realizado por el a quo es “…falaz al reprochar una cosa totalmente diferente en el cargo, esto es, señalar de manera subjetiva “no existe soporte alguno que garantice la certeza de la inversión por parte de los aliados estratégicos”, siendo esto claramente violatorio al debido proceso que rige el actual conflicto, y no guardando congruencia con lo inicialmente reprochado.”. CONSIDERACIONES Problema jurídico Para este agente del Ministerio Público, el problema jurídico a resolver es: ¿el contrato de joint venture celebrado el 24 de diciembre de 2019, entre ESPA S.A. E.S.P., y Elecofasa Internacional S.A.S., junto con C.P.P. S.A.S., se encuentra viciado de nulidad absoluta con fundamento en la configuración de la causal prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993? Consideraciones sobre el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad cuando se solicita la nulidad absoluta de un contrato estatal La nulidad es el remedio contractual que permite combatir las patologías o vicios que surgen al momento del nacimiento del contrato o negocio. En contratación estatal, el legislador optó por señalar que los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando se configure alguna de las situaciones previstas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Ante alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en el derecho común o en la Ley 80 de 1993 las partes, el agente del ministerio público, o cualquier persona puede solicitarla. Incluso se prevé que el juez del contrato puede declararla de oficio. Lo anterior permite señalar que ante situaciones generadoras de nulidad absoluta de un contrato estatal no es posible exigir el agotamiento de la conciliación extrajudicial para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo puesto que se trata de un asunto que no es susceptible de conciliación. Sobre este último punto el Consejo de Estado sostuvo, en un caso en el cual se rechazó la demanda por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, que “…la Sala tampoco comparte el segundo argumento dado por el a quo para rechazar la demanda, es decir, que la actora no acreditó el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad del medio de control, pues este requisito, como lo establece el artículo 161 del C.P.A.C.A., solamente es exigible a aquellos asuntos que puedan ser conciliables y dado que en el presente asunto se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato (…) se colige que este asunto no puede ser objeto de conciliación, ya que el juez de lo contencioso administrativo es la única autoridad competente para la realización de este tipo de declaraciones.”. (Subrayas fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, en el presente caso no era exigible a ESPA S.A. E.S.P., agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en la medida en que, por una parte, es una entidad pública la demandante, y por otra, la pretensión de declaratoria de nulidad absoluta de un contrato es un pronunciamiento conferido al juez natural del contrato. La nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la causal señalada en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 En materia de contratación estatal, la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales son nulos por las mismas causas que se establecen en el derecho común y en especial en los eventos señalados en el artículo 44, entre los cuales se encuentra el haber sido celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional. De acuerdo con el Consejo de Estado, para que se configure la causal en mención, la cual está prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80, es necesario que exista una “…violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita, razón por la cual no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por supuesto habrá de configurar otra.”. Adicional a lo anterior, si se “…desacata una prohibición genérica o una prohibición implícita del estatuto contractual, el contrato será absolutamente nulo por violar el régimen legal pero la causal no será la enlistada en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 sino una diferente según el caso.”. Ahora, si el vicio de nulidad no está relacionado con alguno de los elementos estructurales del contrato sino con aquellos denominados accidentales, el decreto de la nulidad no “…destruye por entero el contrato sino la parte viciosa, cuestión esta que se desprende del principio de conservación del negocio jurídico.”. Sobre esta causal de nulidad absoluta la doctrina sostiene que el contrato estatal celebrado contra expresa prohibición es aquel que está prohibido por la Constitución o la ley. Ejemplo de este tipo de negocios son los contratos que impliquen la enajenación de bienes de uso público, como compraventas, permutas, donaciones, o cualquier otro negocio que implique la transferencia o afectación del derecho de propiedad sobre esos bienes. A su vez, esta causal para algunos doctrinantes ha sido la que más conflictos produce puesto que en criterio de ciertos servidores públicos la misma se configura por la violación de “…cualquier norma legal referente al proceso de selección o de contratación.”. Para este sector de la doctrina, lo que genera nulidad absoluta de un contrato estatal en el escenario de la causal objeto de estudio es que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal y no cuando se celebra violando otra disposición legal por cuanto en este caso estamos ante la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito. En la jurisprudencia del Consejo de Estado se exige que la prohibición esté prevista en una regla constitucional o legal, dejando a un lado la posibilidad de declarar la nulidad absoluta por prohibiciones previstas en reglas de inferior jerarquía como reglamentos o manuales de contratación. Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado determinó que la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, está sujeta a que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional, es decir, se requiere una violación a una prohibición expresa, razón por la cual no “…toda transgresión a una norma imperativa conduce a estructurar esta precisa causal, aunque, por supuesto, habrá de configurar otra, por la elemental razón de que las normas imperativas no son solamente las que expresamente prohíben, sino también las que mandan.”. En la providencia antes citada, en relación con la omisión de los procedimientos de selección del contratista, el Consejo de Estado señaló que en esos casos es necesario determinar si esa omisión implicó la violación de una norma imperativa que prohibía algo expresamente o de una que ordenaba o mandaba algo sin prohibir expresamente. De ese análisis dependerá si el contrato se celebró contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder en el segundo. Régimen jurídico de los contratos celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios, en especial los relacionados con el servicio público de aseo El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, señala que los contratos que celebren las entidades estatales que presten servicios públicos a los cuales se refiere dicha ley y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se rigen por lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la Ley 142 de 1994. En el segundo inciso del artículo mencionado se señala que las Comisiones de Regulación pueden hacer obligatoria la inclusión de las cláusulas excepcionales en ciertos contratos caso en el cual todo lo relacionado con estas potestades se regulará por lo previsto en la Ley 80 de 1993. El juez competente para conocer de las controversias que se susciten con ocasión de la celebración de los contratos a los que se refiere el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 es el contencioso administrativo de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 104 del CPACA, según el cual “[p]ara los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.”. De acuerdo con lo anterior, los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, bien sean oficiales, mixtas o privadas, se sujetan al derecho común y no a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo lo relacionado con las cláusulas excepcionales que podrán incluirse en los contratos cuando la respectiva Comisión de Regulación lo autorice, evento en el cual esas cláusulas se regirán por lo señalado en el Estatuto antes mencionado. En lo que tiene que ver con el servicio público de aseo, la Ley 142 de 1994 en el artículo 14, específicamente en el numeral 14.24 establece que se entiende por ese servicio público y lo define en los siguientes términos: “Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento.”. (Subrayas fuera de texto). A su vez, el Decreto 1077 de 2015 en el Título 2 referido al servicio público de aseo contempla entre las definiciones del artículo 2.3.2.1.1., la siguiente sobre aprovechamiento: “[a]ctividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora. Así mismo, se define residuo sólido aprovechable como “…cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.”. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció sobre el alcance de la noción de aprovechamiento en el servicio público de aseo y sostuvo que esta es una de las actividades complementarias de dicho servicio, la cual está condicionada por el principio de integralidad, lo que significa que la actividad comprende: “i) la recolección de residuos sólidos aprovechables, ii) su transporte selectivo hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y iii) la clasificación y pesaje en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), aspectos que la diferencian de la actividad complementaria de tratamiento de los residuos sólidos ordinarios.”. En consecuencia, la actividad está restringida al “…cumplimiento de los criterios del principio de integralidad y, (…) otras formas de aprovechamiento cuya gestión se desarrolla al margen de tales postulados, no pueden ser gobernadas en el marco del servicio público de aseo. Tampoco deben ser consideradas como actividades complementarias del mismo y quienes las desarrollan no tienen la calidad de prestadores, sujetos a las inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia…”.. Ahora, en cuanto a la inclusión de cláusulas excepcionales en los contratos celebrados para la prestación del servicio público de aseo, incluidas las actividades complementarias, la CRA mediante la Resolución 151 del 2 de marzo de 2001 señaló en el artículo 1.3.3.1., que todas las personas prestadoras del servicio público de aseo deben pactar las cláusulas excepcionales en los siguientes contratos: “a) En los contratos que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema de licitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 y en al parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994; b) En los contratos de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, y los de mantenimiento siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y continuidad debidos. Se entiende por contratos de obra los definidos en la Ley 80 de 1993; por contratos de consultoría los definidos en el inciso 2o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; y por contratos de suministro y compraventa los que tipifica el Código de Comercio; c) En los contratos en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda llevar a una falla en la prestación del servicio por el incumplimiento en la continuidad y/o calidad debidas; d) En los contratos en los cuales, por solicitud de la persona prestadora, lo haya autorizado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en forma expresa y previa a su celebración.”. (Subrayas fuera de texto). En el parágrafo de la norma antes transcrita se prevé que en los eventos en los que es forzosa la inclusión de las cláusulas exorbitantes, todo lo relacionado con esto se rige por lo previsto en la Ley 80 de 1993 y los actos mediante los cuales se ejerciten estas cláusulas están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. El Consejo de Estado se pronunció sobre las reglas a las cuales están sujetos los contratos de concesión suscritos para la prestación, operación, explotación, organización, o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio o uso públicos, en materia del servicio público de aseo. El alto tribunal sostuvo que para efectos de la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos en esa materia no basta la ausencia de inclusión de cláusulas como la reversión, dado que las causales de nulidad absoluta son taxativas y de interpretación restrictiva, motivo por el cual ese tipo de situaciones no encuadra en ninguna de ellas. A su vez, señaló que para efectos de los contratos de concesión sobre áreas de servicio exclusivo es importante verificar que se está en presencia de un contrato de esa naturaleza y que una de las partes es beneficiaria de un área de servicio exclusivo. La solicitud de revocatoria de la decisión del a quo respecto de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de joint venture En este caso, este agente del Ministerio considera que la decisión del a quo debe revocarse y por tanto no debe declararse la nulidad absoluta del contrato por las razones que se exponen a continuación. -Es importante realizar una aclaración preliminar en este punto, la parte demandante se refiere al contrato de joint venture como un acto administrativo, lo cual debe ser rechazado en la medida en que es claro que los contratos estatales no son actos administrativos, sino negocios jurídicos que, en términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, generan obligaciones bien sea que se encuentren previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales. Los contratos no son manifestaciones de voluntad unilateral de la Administración como lo son los actos administrativos. -ESPA S.A. E.S.P., celebró un contrato de joint venture con el objeto de diseñar e implementar un parque tecnológico y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites pirolíticos, gas de síntesis (SYNGAS), energía y biocarbón (BIOCHAR) dentro del marco de economía circular en el municipio de Aguazul (Casanare). -En el contrato antes mencionado se pactó en la cláusula segunda, cuáles sería las contribuciones de las partes, y entre estas estaban: i) por parte del aliado estratégico el aporte económico previsto en la cláusula tercera del contrato, que equivalía a $66.112.500.000 m/cte proyectados de la siguiente forma: ii) por ESPA S.A. E.S.P., aportaría la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos, PMIRS ubicada en la vereda Sevilla del municipio de Aguazul, incluyendo la maquinaria y los equipos. -Adicional a lo anterior, se pactó en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato de joint venture que una vez cumplido el plazo del contrato “…todos los activos, infraestructuras, adecuaciones, maquinaria y equipos pasarán a propiedad de (…) ESPA S.A E.S.P en su totalidad.”. -En el contrato se incluyó en la cláusula quinta, como una de las obligaciones del aliado estratégico que una vez inicie el desarrollo del proyecto debe adquirir los seguros “…necesarios con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la realización de los servicios…”. En esa misma cláusula se prevé el deber que tiene Elecofasa Internacional S.A.S., de mantener vigentes las pólizas de seguro, entre estas la de todo riesgo en la realización y construcción de la obra y la de cobertura integral de riesgos en el sitio de la obra. -En la cláusula décima novena del contrato se pactó que el régimen jurídico aplicable al contrato es el previsto en las normas civiles y comerciales. Lo anterior, junto con lo expuesto en el numeral 2.4., permite señalar que el contrato objeto de estudio se rige por el derecho privado y no tiene por objeto la prestación del servicio público de aseo, ni la realización de actividades complementarias de aprovechamiento de residuos sólidos en los términos de la Ley 142 de 1994 y del Decreto 1077 de 2015, motivo por el cual, es un contrato que tiene por objeto una actividad que no se enmarca en las actividades complementarias del servicio público de aseo; si bien es un contrato para realizar una construcción y lograr optimizar el manejo de los recursos sólidos en Aguazul (Casanare), ello no significa que se pueda enmarcar el objeto de este en las definiciones que el legislador estableció para efectos de considerar una actividad como complementaria a la prestación del servicio público de aseo. -El 20 de diciembre de 2019, el representante legal [NOMBRE TACHADO] S.A.S., envió propuesta técnica a ESPA S.A. E.S.P., para el diseño, implementación, puesta en marcha y operación del parque tecnológico y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites pirolíticos, syngas, energía y biochar dentro del marco de economía circular en el municipio de Aguazul – Casanare. -En la propuesta antes mencionada se incluyen varios apartes relacionados con: i) la organización, ii) los valores de la organización, iii) la propuesta, iv) los valores agregados a la solución que se plantea para el manejo de los residuos sólidos, v) la inversión total, vi) las fases del proyecto, vii) los seguros y el manejo de las reclamaciones, viii) las ventajas y ix) la validez de la oferta. -También se allegó al proceso un documento denominado “Estudio previo de conveniencia y oportunidad para la contratación” en el cual se incluyó: i) descripción de la necesidad, ii) justificación de la contratación a suscribir, iii) manejo de residuos sólidos, iv) gestión ambiental, v) análisis financiero, vi) alternativas de ingeniería presentadas para determinar la mejor opción entre las cuales están: biodigestión, gasificación e incineración, vii) construcción de un parque tecnológico y ambiental en Aguazul, viii) tiempo de implementación del proyecto y sus fases; ix) modelo financiero del parque, x) total de las utilidades netas anuales para ESPA S.A. E.S.P. Este estudio fue elaborado por Elecofasa Internacional S.A.S y suscrito por su representante legal. -Lo anterior permite evidenciar que para la suscripción del contrato se aportó una propuesta junto con un estudio técnico. De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, lo cual fue expuesto en el numeral 2.3., de este concepto, las causales de nulidad absoluta son taxativas y de interpretación restringida, por tanto, la celebración de un contrato atípico como lo es el de joint venture separándose en algunos temas de lo previsto en el Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., como la inclusión de cláusulas excepcionales o la convocatoria pública para la selección del contratista, no configura la nulidad absoluta del contrato, por cuanto no se está ante la celebración de un contrato prohibido expresamente por la Constitución o la ley, y menos aún por Manual de contratación. -Cabe señalar que el tema de las pólizas, a diferencia de lo expuesto por la demandante, sí fue contemplado tanto en el contrato como en la fase precontractual, en la medida en que se pactó que el contratista debía adquirir varias pólizas una vez se diera inicio al contrato. -A su vez, el tema relacionado con el proceso de selección del contratista, es un asunto que como lo señaló el Consejo de Estado no permite configurar la causal de nulidad absoluta de un contrato estatal por haberse celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal, lo cual cobra mayor relevancia cuando estamos ante contratos sujetos al derecho privado como lo es el caso del contrato de joint venture. En lo que tiene que ver con la expedición de CDP y RP, este agente del Ministerio Público considera que en la decisión que se adopte puede ordenarse a ESPA S.A. E.S.P., determinar si en el estado de cosas actual y dada la voluntad de las partes de iniciar la ejecución del contrato conforme el acta de 8 de abril de 2022, se requiere o no de esa apropiación presupuestal, más aún si se tiene en cuenta la forma en que se pactó la cláusula penal pecuniaria, sin desconocer el hecho de que en el contrato no se pactó erogación alguna a cargo de ESPA S.A. E.S.P. Por lo anterior este agente del Ministerio Público llega a la siguiente: CONCLUSIÓN En virtud de lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es negativa por cuanto no se configura la causal de nulidad absoluta del numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 toda vez que el contrato de joint venture no fue suscrito contra expresa prohibición constitucional o legal. El régimen jurídico aplicable al contrato es el derecho privado y la no inclusión de las cláusulas exorbitantes fue producto de la naturaleza del contrato mismo, en la medida en que el negocio no es de aquellos en los cuales es obligatorio incluir estas cláusulas conforme la Resolución 151 de 2001 de la CRA y menos aún conforme a la Ley 80 de 1993. Sumado a lo anterior, se evidenció que el contrato de joint venture no tiene por objeto el desarrollo de una actividad complementaria al servicio público de aseo según las definiciones de estas actividades previstas en la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 1077 de 2015, motivo por el cual, como lo expuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no puede entenderse como actividad complementaria al servicio público de aseo aquella que no cumpla con el principio de integralidad, puesto que esas actividades si bien pueden ser otras formas de aprovechamiento se gobiernan al margen del marco jurídico del servicio público de aseo. Lo anterior no significa que el contrato no contenga aspectos que pueden ser susceptibles de revisión o incluso de nulidad relativa como lo son, por ejemplo, la cláusula penal pecuniaria que fue pactada en favor única y exclusivamente del aliado estratégico, el tema de la revisión de la necesidad de expedir un CDP y un RP, sin perjuicio de que en el contrato no se pactó erogación alguna por parte de ESPA S.A. E.S.P. Del H. Magistrado, LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ Procurador Delegado con funciones mixtas 6: para la Conciliación Administrativa LREH/JSCF

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