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ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-No se encuentran acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994
GESTION DE NEGOCIOS-Elementos de la gestión de negocios
EJECUCION DEL CONTRATO-Para determinar la inhabilidad, no basta lo pactado en el contrato; debe probarse dónde se ejecutó realmente
“Según los informes presentados por la demandada en cumplimiento del referido contrato, así como por el supervisor del mismo, se advierte que, pese a que el lugar de ejecución establecido en el contrato abarca el departamento del Atlántico, las labores desarrolladas por aquella únicamente fueron 2 puntos de dicho ente territorial, siendo ellos el (i) Corregimiento de Juan Mina- Distrito de Barranquilla; y, (ii) municipio de Soledad.”
CAUSALES DE INHABILIDAD-No hubo contrato con ISA, ni el contrato público se ejecutó en Sabanalarga anular su curul afectaría la participación política de las mujeres
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2024
Concepto No. 2024-10-NE-260
Doctor
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 08001-23-33-000-2023-00478-01
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: [NOMBRE TACHADO]
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO], CONCEJAL DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, PERIODO 2024-2027
TRAMITE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: EJECUCIÓN CONTRATO SUSCRITO EN PERÍODO INHABILITANTE.
Dentro del término concedido mediante auto del 20 de septiembre de 2024, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado del recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
ANTECEDENTES
Hechos
El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Asambleas, Concejos Y Juntas Administradoras Locales.
Mediante formulario E-26 CON, del 7 de noviembre de 2023, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
La ciudadana [NOMBRE TACHADO] suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 202301277 de 29 de marzo de 2023, con la Gobernación del Atlántico, cuyo objeto era la “prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en la ejecución e implementación de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de víctimas en los centros regionales de atención a víctimas del departamento del Atlántico”.
Mediante Resolución 0651 de 2022, se inscribieron ante la Secretaria del Interior del departamento del Atlántico los nuevos dignatarios elegidos por la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Isabel López del municipio de Sabanalarga, apareciendo la señora PEÑA HIGGINS como Presidenta de dicho órgano de dirección comunal.
El señor [NOMBRE TACHADO], demandó el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027, argumentado que ella se encontraba inhabilitada, pues (i) suscribió contrato con la Gobernación del Atlántico; y, (ii) en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Isabel López del municipio de Sabanalarga, recibió multiplicidad de instrumentos musicales y accesorios para la práctica del arte musical de la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A, todo ello dentro del año anterior a la fecha en que resultó electa, por lo que trasgredió lo establecido en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 01 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
En dicha providencia, el a quo fijó el problema jurídico en los siguientes términos:
“Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto que declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal del Municipio de Sabanalarga (acta de escrutinio municipal E-26 de 7 de noviembre de 2023), con fundamento en los cargos expuestos en el concepto de violación de la demanda, esto es, por haber desatendido la demandada, el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual se modificó por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000. Lo anterior por haber celebrado la señora [NOMBRE TACHADO] […] contrato con la Gobernación del Atlántico dentro del período de inhabilidad previsto por el legislador y por gestionar negocio jurídico con IS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., mientras la señora [NOMBRE TACHADO] ejerció la labor de presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López, en el Municipio de Sabanalarga”
Para resolver lo anterior, se refirió a los “medios de prueba relevantes que obran en el expediente”, de los cuales destacó:
Declaración de elección de Peña Higgins como Concejal de Sabanalarga – Formulario E-26 de 7 de noviembre de 2023.
Inscripción como presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, de la señora [NOMBRE TACHADO] por medio de Resolución No. 0651 de 2020, de la Gobernación del Departamento del Atlántico.
Actas suscritas el 12 de abril de 2023 por la señora [NOMBRE TACHADO] como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, frente a proyectos de beneficio comunitario de conexiones para el desarrollo.
En dicho documento, en el punto 4 del apartado de “Desarrollo de la reunión” titulado “Entrega de Instrumentos Musicales”, se lee lo siguiente:
Certificación suscrita por el entonces Coordinador Equipo Socio Ambiental -Proyectos Dirección Ambiental y Social de ISA INTERCOLOMBIA E.S.P., en la cual -entre otros- señaló “(…) que no se ha suscrito contrato alguno con la señora, [NOMBRE TACHADO], ni con ningún miembro de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López (…)”.
Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la señora [NOMBRE TACHADO], de la cual citó todo el clausulado.
Certificación suscrita por el entonces Secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico el 26 de febrero de 2024, en la cual se señaló -entre otros- que de conformidad con los informes presentados por la demandada en virtud del prenotado contrato de prestación de servicios, y del supervisor del mismo, las actividades desarrolladas tuvieron lugar en (i) Corregimiento de Juan Mina- Distrito de Barranquilla; y, (ii) municipio de Soledad.
Informes de gestión de las actividades desarrolladas por la demanda en relación con el contrato de prestación de servicios que suscribió con la Gobernación del Atlántico junto con la supervisión del entonces subsecretario de participación comunitaria y convivencia de la Gobernación del Atlántico.
Un documento que contiene listado de las personas atendidas en el Municipio de Sabanalarga, sin especificar quién suscribió o elaboró tal escrito.
Bajo los anteriores elementos, el fallador de instancia señaló que eran dos ejes argumentativos para resolver: (i) el presunto negocio jurídico que [NOMBRE TACHADO] suscribió con ISA INTERCOLOMBIA E.S.P, en su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga; y, (ii) la celebración de contratos que la misma realizó con el Departamento del Atlántico.
Frente al primer ítem, advirtió que la accionada “como presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López del Municipio de Sabanalarga, no celebró contrato o negocio jurídico alguno con la empresa de servicios públicos domiciliarios referenciada” toda vez que “los bienes e instrumentos entregados por parte de dicha empresa no se hicieron en el marco de alguna actividad contractual con la junta comunal a cargo de la ahora concejal demandada” sino que ellos provinieron de un “programa social con las comunidades donde desarrollan su actividad empresarial o comercial, sin que de ello se pueda establecer algún beneficio patrimonial o extrapatrimonial que permita concluir que la señora [NOMBRE TACHADO] estaba inmersa en la causal de inhabilidad endilgada”.
Por su lado, en lo atinente a la celebración del contrato con la Gobernación del Atlántico, evidenció que este sí se realizó dentro del año anterior a la fecha de la elección -elemento temporal- y que el mismo se suscribió por la ahora concejal elegida, registrándole un beneficio económico -elementos objetivo y subjetivo.
Sin embargo, no encontró que este hubiese tenido como lugar de ejecución el municipio de Sabanalarga, por lo que no evidenció se hubiese materializado el elemento territorial.
Señaló que en el expediente obran certificaciones suscritas por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico y los informes de la ejecución del contrato por parte de la señora [NOMBRE TACHADO], que dan cuenta que el lugar donde desempeñó su tarea fueron los centros de atención a las víctimas del conflicto armado ubicados en el corregimiento de Juan Mina, en el Distrito de Barranquilla y en el Municipio de Soledad.
Indicó que si bien “la parte demandante aportó un documento que relaciona nombres de un grupo de personas atendidas en el Municipio de Sabanalarga, el mismo no tiene firma ni suscripción [hecho por el que] su contenido no prueba que haya sido elaborado por la señora [NOMBRE TACHADO] o que se hubiera producido en el marco del negocio jurídico que ésta sostuvo con el Departamento del Atlántico. Es más, al consultar los documentos relacionados en la plataforma SECOP II, el referido documento no aparece como anexo del contrato que suscribió la demandada con el Departamento del Atlántico”.
Con ello concluyó que “de los medios de prueba que obran en el expediente no se desprende que la ejecución del contrato celebrado entre la señora [NOMBRE TACHADO] y el Departamento del Atlántico haya sido en el Municipio de Sabanalarga, considera la Sala que no se acreditó el elemento territorial de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994” razón por la que determinó que “los cargos de violación de la demanda no tienen vocación de prosperar, lo que consecuencialmente impone la negativa de las pretensiones del libelo”.
1.3. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando cambiar el sentido del fallo, pues en su sentir no hubo una valoración adecuada de los medios probatorios.
Respecto del contrato suscrito entre la accionada y la Gobernación del Atlántico, refirió que, según el clausulado de dicho documento, el lugar de ejecución -clausula vigésimo cuarta- era el “departamento” del Atlántico.
A lo anterior, agrega que la misma accionada reconoció “en un documento […] que atendió población de Sabanalarga en el punto municipal de atención a víctimas de esa entidad territorial; grupo poblacional que está plenamente identificado” en un listado del cual no se dijo nada.
Resalta que dichos “informes están colgados en el SECOP; y sin embargo la respetable sala estimó que la declaración de [NOMBRE TACHADO], con alcance de confesión, no estaba firmada por la ahora demandada”.
En segundo lugar, en lo que atañe a la relación o vínculo entre la demandada y la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A. señaló que estaba en discusión 2 elementos que no fueron resueltos, siendo ellos:
La celebración o configuración de un contrato de donación o uno atípico e innominado entre Peña Higgins, en su condición de presidente y representante legal de la junta comunal del corregimiento Isabel López, y la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., dentro del periodo inhabilitante; y,
la gestión de negocios ante una entidad del Estado, en el mismo lapso temporal.
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para poder determinar si, en el caso de la demandada, se configuró o no esa causal.
2.1.1. La inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000
El texto de la inhabilidad por el que se demandó a la concejal [NOMBRE TACHADO], es el siguiente:
Artículo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…).
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)”.
La primera parte del numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la primera, la gestión de negocios; y, la segunda, la celebración de contratos.
El último apartado, consagra una inhabilidad adicional; esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.
En cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, que fue atribuida a la demandada, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes. Veamos:
Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.
Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal.
Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electa o electo.
Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros.
Refiriéndose a inhabilidad por celebración de contratos, la Sección Quinta ha reiterado que para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de tales elementos definitorios (temporal, territorial, objetivo y subjetivo), al margen de las condiciones de tiempo y modo para la ejecución o liquidación del contrato que se analice, en cuanto que “De acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.”» (Resaltados del texto original).
Respecto de la inhabilidad por gestión de negocios, que impide el acceso a varios cargos de elección popular, conviene destacar que ha sido justificada, por la Sección Quinta, en la necesidad de evitar dos circunstancias: i) que el particular que gestiona el negocio saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y ii) que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular.
La conducta, de acuerdo con la Sección, “consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado”.
Además, ha sido descrita como la participación o realización de diligencias por parte del candidato, ante entidades públicas, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio que puede o no, tener carácter lucrativo; es decir, el interés del candidato puede consistir en la imagen preponderante que puede otorgarle ante el electorado el hecho de tomar parte en diligencias y trámites ante las entidades públicas.
Ha resaltado la jurisprudencia que la gestión i) debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.”
Conviene destacar que la Sección, de manera contundente, ha indicado que las actividades posteriores a la celebración de un contrato no constituyen gestión de negocios:
“… la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete.
Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación.” (Negrillas añadidas)
La jurisprudencia ha indicado que los elementos de la gestión de negocios son:
Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.
Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado o participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de terceros.
Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe efectuarse la elección.
Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.
Debe destacarse que “[l]a gestión de negocios también ha sido definida por esta Sala Electoral como ‘(…) las tratativas precontractuales sin que se requiera en efecto la culminación o logro de la celebración del contrato o negocio jurídico de que se trate (…)’.” (Negrilla fuera de texto).
Ahora bien, es relevante señalar que, una vez celebrado el contrato, la causal de inhabilidad será, valga la redundancia, la celebración de contratos y no la intervención en la gestión, como se evidencia a continuación:
“Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha.
Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros”. (Negrilla del texto original).
Bajo estos parámetros, el Ministerio Público analizará la procedencia o no de la nulidad del acto acusado a partir de los argumentos planteados en los recursos de apelación que determina la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado como juez de segunda instancia.
2.1.2. Análisis del caso concreto
El Ministerio Público dará cuenta de los argumentos del recurrente en puntos de orden, a partir de los medios de prueba allegados al plenario, destacando que son 2 los elementos que cuestiona el recurrente; ello es, (i) la relación jurídica de [NOMBRE TACHADO] con ISA INTERCOLOMBIA E.S.P, en su condición de Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga; y, (ii) el contrato suscrito con el Departamento del Atlántico.
Respecto de la presunta relación jurídica de [NOMBRE TACHADO] con ISA INTERCOLOMBIA E.S.P, en su condición de Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, el recurrente en su escrito aduce que se debe ahondar en la presunta existencia de un contrato de donación entre los antes mencionados, o en su lugar, sobre una posible gestión de negocios por parte de la accionante respecto de la mentada empresa.
Sobre el particular, se advierte que este argumento no está llamado a prosperar, toda vez que como bien reconoce el apelante en su escrito, no existe contrato físico alguno -ni de donación ni de ningún otro tipo- suscrito entre los antes mencionados, hecho que imposibilita poder adelantar un estudio respecto de la naturaleza del mismo y si con él se materializaría la causal de inhabilidad reclamada, toda vez que ese caso debería ahondarse en el elemento del beneficio que podría percibir la demandada.
Resorte de lo anterior, y respecto de la gestión de negocios, tampoco se puede predicar que esa modalidad hubiese tenido ocurrencia, toda vez que según se dejó explicado líneas arriba, para que ella ocurra se requiere de unas tratativas valiosas y útiles para la efectiva celebración del contrato, mismo que se reitera, no existió en momento alguno.
Ahora bien, se debe destacar que según el acta suscrita el 12 de abril de 2023 por la señora [NOMBRE TACHADO] como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, frente a proyectos de beneficio comunitario de conexiones para el desarrollo; y, en la certificación emitida por el entonces Coordinador Equipo Socio Ambiental -Proyectos Dirección Ambiental y Social de ISA INTERCOLOMBIA E.S.P., los elementos musicales entregados tuvieron como origen que dicha organización comunal fue beneficiada por un programa de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades denominado “Conexiones para el Desarrollo”, el cual se implementó con el liderazgo del Grupo ISA y en alianza con el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la fundación Barco.
Así aparece en los siguientes documentos:
Acta 12 de abril de 2023
Certificación suscrita por el Coordinador Equipo Socio Ambiental -Proyectos Dirección Ambiental y Social de ISA INTERCOLOMBIA E.S.P.
Con ello, y como bien refirió el a quo, la accionada no tuvo relación ni gestión contractual con empresa alguna, hecho por el cual no se encontraba inhabilitada.
Ahora bien, en lo que atañe al segundo ítem a resolver; esto es, el elemento geográfico o territorial del contrato suscrito por la demandada con el Departamento del Atlántico, se destaca que revisado el cuerpo del prenotado documento, en su clausula vigésimo cuarta, se estableció como lugar de ejecución el “departamento de Atlántico”.
Sobre el particular, se recuerda que la causal de inhabilidad reclamada establece que:
“ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 3. Quién dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.” (negrilla adicional)
Al extraerse únicamente los apartes resaltados, se logra observar que el comportamiento proscrito es que “no podrá ser elegido concejal municipal, quién dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
Según los informes presentados por la demandada en cumplimiento del referido contrato, así como por el supervisor del mismo, se advierte que, pese a que el lugar de ejecución establecido en el contrato abarca el departamento del Atlántico, las labores desarrolladas por aquella únicamente fueron 2 puntos de dicho ente territorial, siendo ellos el (i) Corregimiento de Juan Mina- Distrito de Barranquilla; y, (ii) municipio de Soledad.
Igualmente, de ello da cuenta una certificación suscrita por el entonces Secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, de fecha 26 de febrero de 2024, en la cual dicho funcionario señaló que:
Como se desprende de la lectura de la causal inhabilitante mencionada, ella refiere a 2 puntos para determinar el factor territorial, siendo ellos, el que aparece en el contrato y en el que efectivamente cumple la labor, en donde a juicio de esta Delegada, tiene mayor relevancia este último, pues es justamente en donde puede generar un provecho indebido en favor de quien resulta elegido, en desmedro de sus competidores.
En el presente caso, si bien se advierte que, en el contrato, y de forma general se menciona como lugar de ejecución al Departamento del Atlántico, lo cierto es que en el acervo probatorio está plenamente probado que las labores realizadas por la demandada se circunscribieron a 2 municipios de dicho ente territorial -Barranquilla y Soledad- diferentes al municipio donde resultó electa -Sabanalarga- hecho que no permite configurar el elemento territorial de la causal alegada.
Respecto de dicho elemento, ha sostenido el Consejo de Estado que para analizar el mismos, el juez de lo electoral debe “verificar si el contrato se ejecutó en el municipio para el cual fue elegido el demandado, escenario que en algunas ocasiones exige que, además que se verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos, se revise el lugar dónde se despliegan las actividades”.
Con ello, para determinar el elemento territorial no solo basta acudir al contrato o a los estudios previos, sino que se debe establecer con claridad el lugar donde efectivamente se ejecutó.
En este punto se debe indicar, que el accionante señala que dentro de los medios de prueba existe un documento en el que se relaciona que la accionada prestó sus servicios en el municipio de Sabanalarga, los cuales pasan a exponerse:
Listado 1
Listado 2
Como bien indicó el fallador de instancia, dichos listados no tienen correlación con algún documento contractual presentado que permitan inferir o concluir categóricamente que se trata de un listado elaborado por la accionada, persistiendo duda razonable en dicho asunto.
Así mismo, aduce el recurrente que esa información aparece consignada en la página del SECOP, pero no aporta medio probatorio que permita así constatarlo o elemento alguno que contradiga lo afirmado por el a quo, hecho que va en contravía de lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, referente a la carga de la prueba, debiendo negarse los argumentos esgrimidos en el recursos del alzada.
Finalmente, se quiere mencionar que tal como están analizados los argumentos que soportan el recurso materia de estudio, llama la atención al Ministerio Público las elucubraciones de que se vale el recurrente para edificar la presunta configuración de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, al insistir en la nulidad de la concejal elegida, vía recurso de apelación.
Si bien existe el legítimo uso de los recursos de alzada por parte de los extremos procesales y son parte de sus derechos y principios fundamentales, tales como el debido proceso y el acceso a la justicia, ello no obsta para que deban hacerlo con la debida proporcionalidad, racionalidad y lealtad procesal, como imperativos categóricos.
Para esta Agencia, resulta sumamente relevante el hecho de que justo estos deberes procesales no estén siendo debidamente ejercidos en el presente asunto, en el sentido que se acude al uso de afirmaciones forzadas, para atacar el acto de elección de una mujer que ejerce como concejal.
El simple análisis del E-26 CON del 7 de noviembre de 2023, contentivo de los resultados del Concejo Municipal de Sabanalarga, Atlántico, evidencia que de 15 concejales elegidos, 12 son de género masculino.
Vale recordar que la Constitución Política de Colombia establece la igualdad entre hombres y mujeres; y que Colombia es suscriptora de una gran cantidad de instrumentos internacionales que promueven (i) la eficacia de esta igualdad; y, (ii) la no violencia contra las mujeres, los cuales han debido ser incorporados mediante leyes que a su vez son revisadas previamente por la Corte Constitucional, y sin embargo, el Congreso de la República, pasados 33 años de entrada en vigencia nuestra Constitución Política, aún no establece la paridad como forma de expresión de la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos, especialmente de elección popular.
La norma vigente en materia de cuota obligatoria de acceso a cargos de elección popular está contenida en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011, que obliga a las organizaciones políticas a inscribir en sus listas, como mínimo, un treinta por ciento de “uno de los géneros”, lo que garantiza que las listas a Corporaciones Públicas como las asambleas departamentales o concejos municipales se integren con por lo menos un treinta por ciento de mujeres.
Sin embargo, este porcentaje no garantiza que las mujeres inscritas sean elegidas. De hecho, se tiene que para el 2023, a Concejos Municipales se inscribieron un total de 103.267 aspirantes, en donde 40.715 fueron mujeres (39,43%); y, 62.552 fueron hombres (60.57%).
De ese universo de participación (40.715), se tiene que, en la actualidad, de las 12.072 curules disponibles en los Concejos Municipales en el país, solamente 2.356 de ellas estén ocupadas por mujeres, lo que equivale a un 19,60%, en contraste con los 9.667 hombres electos, con un porcentaje del 80,40%.
Las acciones afirmativas encuentran su fundamento precisamente en este tipo de situaciones, y por ello el operador jurídico en cada caso, debe estudiar con detenimiento las pretensiones de los procesos en los que estén en disputa derechos de las mujeres - en todas sus diversidades-, especialmente la participación que es, además de un derecho fundamental, un fin esencial del Estado.
Bajo lo anteriores planteamientos se solicitará se confirme la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
2.2. Síntesis
Se solicitará que la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027, sea confirmada, toda vez que no se encuentran acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado