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titulo: "Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-10-11"
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# Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-10-11
- **Número:** 202504081514070.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 11: SEPTIMA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202504081514070.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de nulidad electoral: No se encuentran acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994
- Gestion de negocios: Elementos de la gestión de negocios
- Ejecucion del contrato: Para determinar la inhabilidad, no basta lo pactado en el contrato; debe probarse dónde se ejecutó realmente
- Causales de inhabilidad: No hubo contrato con ISA, ni el contrato público se ejecutó en Sabanalarga anular su curul afectaría la participación política de las mujeres

## Fundamentos jurídicos

- Ley 136 de 1994
- Resolución 0651 de 2022
- Ley 617 de 2000

## Extracto

GESTION DE NEGOCIOS-Elementos de la gestión de negocios ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: EJECUCIÓN CONTRATO SUSCRITO EN PERÍODO INHABILITANTE. Con ello concluyó que “de los medios de prueba que obran en el expediente no se desprende que la ejecución del contrato celebrado entre la señora [NOMBRE TACHADO] y el Departamento del Atlántico haya sido en el Municipio de Sabanalarga, considera la Sala que no se acreditó el elemento territorial de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994” razón por la que determinó que “los cargos de violación de la demanda no tienen vocación de prosperar, lo que consecuencialmente impone la negativa de las pretensiones del libelo”. Respecto del contrato suscrito entre la accionada y la Gobernación del Atlántico, refirió que, según el clausulado de dicho documento, el lugar de ejecución -clausula vigésimo cuarta- era el “departamento” del Atlántico.

## Descriptores temáticos

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL, Para determinar la inhabilidad, no basta lo pactado en el contrato; debe probarse dónde se ejecutó realmente

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## Texto del documento

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-No se encuentran acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994
GESTION DE NEGOCIOS-Elementos de la gestión de negocios
EJECUCION DEL CONTRATO-Para determinar la inhabilidad, no basta lo pactado en el contrato; debe probarse dónde se ejecutó realmente
“Según los informes presentados por la demandada en cumplimiento del referido contrato, así como por el supervisor del mismo, se advierte que, pese a que el lugar de ejecución establecido en el contrato abarca el departamento del Atlántico, las labores desarrolladas por aquella únicamente fueron 2 puntos de dicho ente territorial, siendo ellos el (i) Corregimiento de Juan Mina- Distrito de Barranquilla; y, (ii) municipio de Soledad.”
CAUSALES DE INHABILIDAD-No hubo contrato con ISA, ni el contrato público se ejecutó en Sabanalarga anular su curul afectaría la participación política de las mujeres
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2024
Concepto No. 2024-10-NE-260
Doctor
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 08001-23-33-000-2023-00478-01
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: [NOMBRE TACHADO]
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO], CONCEJAL DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, PERIODO 2024-2027
TRAMITE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: EJECUCIÓN CONTRATO SUSCRITO EN PERÍODO INHABILITANTE.
Dentro del término concedido mediante auto del 20 de septiembre de 2024, intervengo como Agente del Ministerio Público descorriendo el traslado del recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
ANTECEDENTES
Hechos
El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Asambleas, Concejos Y Juntas Administradoras Locales.
Mediante formulario E-26 CON, del 7 de noviembre de 2023, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
La ciudadana [NOMBRE TACHADO] suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 202301277 de 29 de marzo de 2023, con la Gobernación del Atlántico, cuyo objeto era la “prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en la ejecución e implementación de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de víctimas en los centros regionales de atención a víctimas del departamento del Atlántico”.
Mediante Resolución 0651 de 2022, se inscribieron ante la Secretaria del Interior del departamento del Atlántico los nuevos dignatarios elegidos por la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Isabel López del municipio de Sabanalarga, apareciendo la señora PEÑA HIGGINS como Presidenta de dicho órgano de dirección comunal.
El señor [NOMBRE TACHADO], demandó el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027, argumentado que ella se encontraba inhabilitada, pues (i) suscribió contrato con la Gobernación del Atlántico; y, (ii) en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Isabel López del municipio de Sabanalarga, recibió multiplicidad de instrumentos musicales y accesorios para la práctica del arte musical de la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A, todo ello dentro del año anterior a la fecha en que resultó electa, por lo que trasgredió lo establecido en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 01 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
En dicha providencia, el a quo fijó el problema jurídico en los siguientes términos:
“Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto que declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal del Municipio de Sabanalarga (acta de escrutinio municipal E-26 de 7 de noviembre de 2023), con fundamento en los cargos expuestos en el concepto de violación de la demanda, esto es, por haber desatendido la demandada, el régimen de inhabilidades previsto en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual se modificó por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000. Lo anterior por haber celebrado la señora [NOMBRE TACHADO] […] contrato con la Gobernación del Atlántico dentro del período de inhabilidad previsto por el legislador y por gestionar negocio jurídico con IS INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., mientras la señora [NOMBRE TACHADO] ejerció la labor de presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López, en el Municipio de Sabanalarga”
Para resolver lo anterior, se refirió a los “medios de prueba relevantes que obran en el expediente”, de los cuales destacó:
Declaración de elección de Peña Higgins como Concejal de Sabanalarga – Formulario E-26 de 7 de noviembre de 2023.
Inscripción como presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, de la señora [NOMBRE TACHADO] por medio de Resolución No. 0651 de 2020, de la Gobernación del Departamento del Atlántico.
Actas suscritas el 12 de abril de 2023 por la señora [NOMBRE TACHADO] como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga, frente a proyectos de beneficio comunitario de conexiones para el desarrollo.
En dicho documento, en el punto 4 del apartado de “Desarrollo de la reunión” titulado “Entrega de Instrumentos Musicales”, se lee lo siguiente:
Certificación suscrita por el entonces Coordinador Equipo Socio Ambiental -Proyectos Dirección Ambiental y Social de ISA INTERCOLOMBIA E.S.P., en la cual -entre otros- señaló “(…) que no se ha suscrito contrato alguno con la señora, [NOMBRE TACHADO], ni con ningún miembro de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López (…)”.
Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la señora [NOMBRE TACHADO], de la cual citó todo el clausulado.
Certificación suscrita por el entonces Secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico el 26 de febrero de 2024, en la cual se señaló -entre otros- que de conformidad con los informes presentados por la demandada en virtud del prenotado contrato de prestación de servicios, y del supervisor del mismo, las actividades desarrolladas tuvieron lugar en (i) Corregimiento de Juan Mina- Distrito de Barranquilla; y, (ii) municipio de Soledad.
Informes de gestión de las actividades desarrolladas por la demanda en relación con el contrato de prestación de servicios que suscribió con la Gobernación del Atlántico junto con la supervisión del entonces subsecretario de participación comunitaria y convivencia de la Gobernación del Atlántico.
Un documento que contiene listado de las personas atendidas en el Municipio de Sabanalarga, sin especificar quién suscribió o elaboró tal escrito.
Bajo los anteriores elementos, el fallador de instancia señaló que eran dos ejes argumentativos para resolver: (i) el presunto negocio jurídico que [NOMBRE TACHADO] suscribió con ISA INTERCOLOMBIA E.S.P, en su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Isabel López del Municipio de Sabanalarga; y, (ii) la celebración de contratos que la misma realizó con el Departamento del Atlántico.
Frente al primer ítem, advirtió que la accionada “como presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López del Municipio de Sabanalarga, no celebró contrato o negocio jurídico alguno con la empresa de servicios públicos domiciliarios referenciada” toda vez que “los bienes e instrumentos entregados por parte de dicha empresa no se hicieron en el marco de alguna actividad contractual con la junta comunal a cargo de la ahora concejal demandada” sino que ellos provinieron de un “programa social con las comunidades donde desarrollan su actividad empresarial o comercial, sin que de ello se pueda establecer algún beneficio patrimonial o extrapatrimonial que permita concluir que la señora [NOMBRE TACHADO] estaba inmersa en la causal de inhabilidad endilgada”.
Por su lado, en lo atinente a la celebración del contrato con la Gobernación del Atlántico, evidenció que este sí se realizó dentro del año anterior a la fecha de la elección -elemento temporal- y que el mismo se suscribió por la ahora concejal elegida, registrándole un beneficio económico -elementos objetivo y subjetivo.
Sin embargo, no encontró que este hubiese tenido como lugar de ejecución el municipio de Sabanalarga, por lo que no evidenció se hubiese materializado el elemento territorial.
Señaló que en el expediente obran certificaciones suscritas por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico y los informes de la ejecución del contrato por parte de la señora [NOMBRE TACHADO], que dan cuenta que el lugar donde desempeñó su tarea fueron los centros de atención a las víctimas del conflicto armado ubicados en el corregimiento de Juan Mina, en el Distrito de Barranquilla y en el Municipio de Soledad.
Indicó que si bien “la parte demandante aportó un documento que relaciona nombres de un grupo de personas atendidas en el Municipio de Sabanalarga, el mismo no tiene firma ni suscripción [hecho por el que] su contenido no prueba que haya sido elaborado por la señora [NOMBRE TACHADO] o que se hubiera producido en el marco del negocio jurídico que ésta sostuvo con el Departamento del Atlántico. Es más, al consultar los documentos relacionados en la plataforma SECOP II, el referido documento no aparece como anexo del contrato que suscribió la demandada con el Departamento del Atlántico”.
Con ello concluyó que “de los medios de prueba que obran en el expediente no se desprende que la ejecución del contrato celebrado entre la señora [NOMBRE TACHADO] y el Departamento del Atlántico haya sido en el Municipio de Sabanalarga, considera la Sala que no se acreditó el elemento territorial de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994” razón por la que determinó que “los cargos de violación de la demanda no tienen vocación de prosperar, lo que consecuencialmente impone la negativa de las pretensiones del libelo”.
1.3. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando cambiar el sentido del fallo, pues en su sentir no hubo una valoración adecuada de los medios probatorios.
Respecto del contrato suscrito entre la accionada y la Gobernación del Atlántico, refirió que, según el clausulado de dicho documento, el lugar de ejecución -clausula vigésimo cuarta- era el “departamento” del Atlántico.
A lo anterior, agrega que la misma accionada reconoció “en un documento […] que atendió población de Sabanalarga en el punto municipal de atención a víctimas de esa entidad territorial; grupo poblacional que está plenamente identificado” en un listado del cual no se dijo nada.
Resalta que dichos “informes están colgados en el SECOP; y sin embargo la respetable sala estimó que la declaración de [NOMBRE TACHADO], con alcance de confesión, no estaba firmada por la ahora demandada”.
En segundo lugar, en lo que atañe a la relación o vínculo entre la demandada y la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A. señaló que estaba en discusión 2 elementos que no fueron resueltos, siendo ellos:
La celebración o configuración de un contrato de donación o uno atípico e innominado entre Peña Higgins, en su condición de presidente y representante legal de la junta comunal del corregimiento Isabel López, y la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., dentro del periodo inhabilitante; y,
la gestión de negocios ante una entidad del Estado, en el mismo lapso temporal.
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para poder determinar si, en el caso de la demandada, se configuró o no esa causal.
2.1.1. La inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artícul

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nar el factor territorial, siendo ellos, el que aparece en el contrato y en el que efectivamente cumple la labor, en donde a juicio de esta Delegada, tiene mayor relevancia este último, pues es justamente en donde puede generar un provecho indebido en favor de quien resulta elegido, en desmedro de sus competidores.
En el presente caso, si bien se advierte que, en el contrato, y de forma general se menciona como lugar de ejecución al Departamento del Atlántico, lo cierto es que en el acervo probatorio está plenamente probado que las labores realizadas por la demandada se circunscribieron a 2 municipios de dicho ente territorial -Barranquilla y Soledad- diferentes al municipio donde resultó electa -Sabanalarga- hecho que no permite configurar el elemento territorial de la causal alegada.
Respecto de dicho elemento, ha sostenido el Consejo de Estado que para analizar el mismos, el juez de lo electoral debe “verificar si el contrato se ejecutó en el municipio para el cual fue elegido el demandado, escenario que en algunas ocasiones exige que, además que se verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos, se revise el lugar dónde se despliegan las actividades”.
Con ello, para determinar el elemento territorial no solo basta acudir al contrato o a los estudios previos, sino que se debe establecer con claridad el lugar donde efectivamente se ejecutó.
En este punto se debe indicar, que el accionante señala que dentro de los medios de prueba existe un documento en el que se relaciona que la accionada prestó sus servicios en el municipio de Sabanalarga, los cuales pasan a exponerse:
Listado 1
Listado 2
Como bien indicó el fallador de instancia, dichos listados no tienen correlación con algún documento contractual presentado que permitan inferir o concluir categóricamente que se trata de un listado elaborado por la accionada, persistiendo duda razonable en dicho asunto.
Así mismo, aduce el recurrente que esa información aparece consignada en la página del SECOP, pero no aporta medio probatorio que permita así constatarlo o elemento alguno que contradiga lo afirmado por el a quo, hecho que va en contravía de lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, referente a la carga de la prueba, debiendo negarse los argumentos esgrimidos en el recursos del alzada.
Finalmente, se quiere mencionar que tal como están analizados los argumentos que soportan el recurso materia de estudio, llama la atención al Ministerio Público las elucubraciones de que se vale el recurrente para edificar la presunta configuración de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, al insistir en la nulidad de la concejal elegida, vía recurso de apelación.
Si bien existe el legítimo uso de los recursos de alzada por parte de los extremos procesales y son parte de sus derechos y principios fundamentales, tales como el debido proceso y el acceso a la justicia, ello no obsta para que deban hacerlo con la debida proporcionalidad, racionalidad y lealtad procesal, como imperativos categóricos.
Para esta Agencia, resulta sumamente relevante el hecho de que justo estos deberes procesales no estén siendo debidamente ejercidos en el presente asunto, en el sentido que se acude al uso de afirmaciones forzadas, para atacar el acto de elección de una mujer que ejerce como concejal.
El simple análisis del E-26 CON del 7 de noviembre de 2023, contentivo de los resultados del Concejo Municipal de Sabanalarga, Atlántico, evidencia que de 15 concejales elegidos, 12 son de género masculino.
Vale recordar que la Constitución Política de Colombia establece la igualdad entre hombres y mujeres; y que Colombia es suscriptora de una gran cantidad de instrumentos internacionales que promueven (i) la eficacia de esta igualdad; y, (ii) la no violencia contra las mujeres, los cuales han debido ser incorporados mediante leyes que a su vez son revisadas previamente por la Corte Constitucional, y sin embargo, el Congreso de la República, pasados 33 años de entrada en vigencia nuestra Constitución Política, aún no establece la paridad como forma de expresión de la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos, especialmente de elección popular.
La norma vigente en materia de cuota obligatoria de acceso a cargos de elección popular está contenida en el artículo 28 de la ley 1475 de 2011, que obliga a las organizaciones políticas a inscribir en sus listas, como mínimo, un treinta por ciento de “uno de los géneros”, lo que garantiza que las listas a Corporaciones Públicas como las asambleas departamentales o concejos municipales se integren con por lo menos un treinta por ciento de mujeres.
Sin embargo, este porcentaje no garantiza que las mujeres inscritas sean elegidas. De hecho, se tiene que para el 2023, a Concejos Municipales se inscribieron un total de 103.267 aspirantes, en donde 40.715 fueron mujeres (39,43%); y, 62.552 fueron hombres (60.57%).
De ese universo de participación (40.715), se tiene que, en la actualidad, de las 12.072 curules disponibles en los Concejos Municipales en el país, solamente 2.356 de ellas estén ocupadas por mujeres, lo que equivale a un 19,60%, en contraste con los 9.667 hombres electos, con un porcentaje del 80,40%.
Las acciones afirmativas encuentran su fundamento precisamente en este tipo de situaciones, y por ello el operador jurídico en cada caso, debe estudiar con detenimiento las pretensiones de los procesos en los que estén en disputa derechos de las mujeres - en todas sus diversidades-, especialmente la participación que es, además de un derecho fundamental, un fin esencial del Estado.
Bajo lo anteriores planteamientos se solicitará se confirme la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
2.2. Síntesis
Se solicitará que la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027, sea confirmada, toda vez que no se encuentran acreditados todos los elementos configurativos de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia del 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad dirigida contra el acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Sabanalarga, Atlántico, para el período 2024-2027.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL. 2024-10-11. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202504081514070.DOCX).
