Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (PAGO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA: la decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019

Descargar PDF (datos tachados) ↓ Buscador de la relatoría PGN ↗
Fecha
2023-10-05
Radicado
D 2018-1061384
Sección / Sala
PROCURADURIA REGIONAL DE JUZGAMIENTO ATLANTICO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202503101138500.DOCX

Síntesis del concepto

INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA: la decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019

En resumen

FALLO ABSOLUTORIO-A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse [NOMBRE TACHADO] e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista [NOMBRE TACHADO]-Normas de reenvío en instrucción no se adecuaron a las particularidades del contrato estatal en lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas La decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019. Sostuvo que era necesario utilizar la razonabilidad en la definición del quantum, dado que se estaba ante un incumplimiento parcial susceptible de ser superado por el contratista. Adicional a ello, el disciplinado hizo un recorrido jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 734 de 2002
  • Decreto Ley 262 de 2000
  • Ley 1474 de 2012

Puntos que trata

  • Fallo absolutorio: A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse indebida adecuación típica e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista
  • [nombre tachado]: Términos sobre la imposición de multas pactados dentro del contrato de obra
  • [nombre tachado]: Declara el incumplimiento parcial del contratista y se impone una multa de $15.616.000.000
  • [nombre tachado]: Debido proceso

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio
Texto del documento 116.072 caracteres
FALLO ABSOLUTORIO-A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse indebida adecuación típica e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista [NOMBRE TACHADO]-Términos sobre la imposición de multas pactados dentro del contrato de obra [NOMBRE TACHADO]-Declara el incumplimiento parcial del contratista y se impone una multa de $15.616.000.000 [NOMBRE TACHADO]-Debido proceso Las entidades estatales tienen la facultad o potestad de imponer las multas que han sido pactadas en los contratos, con la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla sus obligaciones contractuales. No se trata pues, de una facultad discrecional de la administración, pues, como toda potestad o atribución, está limitada por la ley. En efecto, por un lado, las entidades públicas podrán imponer las multas respetando el debido proceso de los contratistas, siempre que se encuentran pactadas y frente al incumplimiento de aquel; y por el otro lado, es una atribución correlativa al deber de los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado Es decir, se trata de una potestad que le otorga a la administración la facultad de imponer las multas con el único fin de que se garantice el interés general que se busca con todo contrato estatal INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA-Normas de reenvío en instrucción no se adecuaron a las particularidades del contrato estatal en lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas En la estructuración del cargo, si bien la Procuraduría Regional del Magdalena cumplió con la carga de señalar las normas de reenvío que servirían para estructurar el tipo disciplinario en blanco que se le imputaba al disciplinado, para así determinar el alcance de la conducta, lo cierto es que existió una indebida adecuación típica incumpliendo con ello, las disposiciones contenidas en el artículo 163 del Código Único Disciplinario, puesto que la imputación de cargos, de cara a la presunta omisión de deberes descrita en el artículo el articulo 34-1 de la Ley 734 de 2002, no cumplía con los requisitos exigidos en dicho articulado, específicamente con lo dispuesto en el numeral 4 de la norma en cita… Así, no bastaba demostrar la ocurrencia de la conducta y su posible responsable, sino que además la imputación fáctica requería la determinación e individualización de la conducta de forma clara y precisa, situación que no ocurrió en la estructuración del cargo, puesto que la Procuraduría Regional del Magdalena no utilizó las normas de reenvío que eran adecuadas para el presente caso, conllevando a la sustracción del contenido jurídico de la imputación MULTA EN CONTRATACION ESTATAL-Su propósito no es la imposición de sanción o el resarcimiento de perjuicios porque no es la figura para ello/MULTA EN CONTRATACION ESTATAL-Pretende garantizar el cumplimiento de los fines del contrato lo que no implica desnaturalizar la figura insolventando al contratista y afectando la ejecución del contrato [NOMBRE TACHADO]-En alguna medida puede reprocharse la aplicación del debido proceso y garantías dentro del proceso administrativo sancionatorio al contratista y no la consecuencia de la imposición de la sanción DEPENDENCIA: PROCURADURÍA REGIONAL DE JUZGAMIENTO DEL ATLÁNTICO RADICACIÓN IUS No.: E-2017-695430 RADICACIÓN IUC No.: D-2018-1061384 DISCIPLINADOS: [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO]. CARGO Y ENTIDAD: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA, GERENTE DE PROYECTOS Y JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA. QUEJOSO O INFORMANTE: PROCURADURIA REGIONAL DEL MAGDALENA FECHA DE LA QUEJA: 12/07/2017 HECHOS: 11/07/2017 ASUNTO: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (ART. 169 A LEY 734 DE 2002) Barranquilla, 05 de octubre de 2023 1.- ASUNTO POR TRATAR Agotado el trámite procesal, procede el Despacho a proferir decisión de primera instancia dentro de las diligencias radicadas bajo el No. IUS E-2017-695430/ IUC D-2018-1061384, seguidas contra los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO], en sus condiciones de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gerente de Proyectos Especiales, Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, respectivamente, para la época de la ocurrencia de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 20 del Decreto Ley 1851 del 24 diciembre de 2021, que adicionó el articulo 75 A al Decreto Ley 262 de 2000. 2.- ANTECEDENTES FACTICOS Y PROCESALES 2.1 Situación Fáctica Las diligencias se iniciaron con fundamento en el informe suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena remitido a la Procuraduría Regional del Magdalena a través del oficio número E-2017-011747 del 18 de julio de 2017 con ocasión a la solicitud formulada por esa Procuraduría. En el citado informe se entregó Copia de la Resolución No. 0822 de fecha 11 de julio de 2017, por medio de la cual se impuso multa al [NOMBRE TACHADO], titular del contrato 617 de 2013, Copia de los actos administrativos previos a la expedición de la Resolución No. 0822 de 2017, y Copia de las actuaciones adelantadas y de las actas de audiencia realizadas con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012 (...) Dentro de la Documentación reposa la Resolución No. 0822 de 2017 expedida por el Delegado de la Gobernadora y el Comité Especial de Decisión y apoyo conformado por el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental, y en el mismo se impuso multa al [NOMBRE TACHADO] como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en el marco del Contrato No. 617 de 2013; en la imposición de la multa, al parecer, se habría efectuado el cálculo aplicando criterios no contemplados ni pactados en la Clausula Décima Tercera de dicho Contrato. 2.2 ACTUACION PROCESAL 2.2.1.- Indagación Preliminar Mediante Auto del 19 de septiembre de 2017 la Procuraduría Regional del Magdalena ordenó el inicio de la indagación preliminar contra el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de ocurrencia de los hechos, por las presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017. Dicho auto fue notificado por edicto fijado el día 2 de agosto de 2018 2.2.2.- Investigación Disciplinaria Por encontrar mérito para ello, a través de Auto del 3 de agosto de 2018 la Procuraduría Regional del Magdalena dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de ocurrencia de los hechos. La citada decisión fue notificada personalmente al señor [NOMBRE TACHADO], el día 6 de agosto de 2018, y al señor [NOMBRE TACHADO], el día 16 de agosto de 2018; y por edicto desfijado el día 23 de agosto de 2018, a la señora [NOMBRE TACHADO]. Seguidamente mediante auto del 19 de marzo de 2019, la Procuraduría Regional del Magdalena reconoció personería a la Doctora [NOMBRE TACHADO], en su condición de apoderada de confianza del señor [NOMBRE TACHADO]. 2.2.3.- Cierre de Investigación Disciplinaria Mediante Auto de fecha 26 de agosto de 2019, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 160 A del Código Disciplinario Único, la Regional de Instrucción del Magdalena ordenó el cierre de la investigación disciplinaria adelantada contra los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos. La decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019. 2.2.4.- Pliego de Cargos Luego de evaluar el mérito de la investigación la Procuraduría Regional del Magdalena a través de Auto del 02 de junio de 2020 formuló pliego de cargos contra los disciplinados así: 2.2.4.1.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe: Haber omitido su deber como Delegado de la Gobernadora del Magdalena de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato. La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE. 2.2.4.2.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe: Haber omitido su deber como miembro del comité especial de decisión y apoyo de la de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Decimotercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE. 2.2.4.3.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe: Haber omitido su deber como miembro del comité especial de decisión y apoyo de la de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE. Para todos los disciplinados se adecuó la conducta a la falta establecida en el artículo 34 numeral 1 y 2 y el artículo 35 numeral 2 la Ley 734 de 2002 en consonancia con lo contemplado en el artículo 1494, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano y el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena” Esta providencia fue notificada a través de medios electrónicos a los sujetos procesales así; al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena, el 30 de junio de 2020, a la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena el 10 de julio de 2020, y al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación Departamental del Magdalena a través de su apoderado de confianza la Doctora [NOMBRE TACHADO] el 10 de julio de 2020 . 2.2.5.- Descargos En cumplimiento de lo anterior, los sujetos procesales presentaron los memoriales de descargos, en las siguientes fechas: el día 13 de julio de 2020, por el señor [NOMBRE TACHADO]; el día 22 de julio de 2020, por la señora [NOMBRE TACHADO], y el día 28 de julio de 2020, por el señor [NOMBRE TACHADO], por conducto de su apoderada de confianza. De los argumentos rendidos en los descargos se extrae lo siguiente: 1.- El señor [NOMBRE TACHADO] manifestó en sus descargos el insuficiente acervo probatorio que demostrara la responsabilidad más allá de la duda razonable. Sostuvo que el órgano instructor no consideró que la imposición de la multa más que sancionatorio es conminatorio; a efectos de que el contratista cumpla con un temporal retraso en algunas de las obligaciones a las que se hizo responsable. Refirió que la jurisprudencia sobre la imposición de la multa señal que esta busca es inducir el acatamiento, y por tanto, no persigue obtener una suma o monto para contener o reparar un menoscabo patrimonial de la administración contratante, su finalidad por ende, es fungir como herramienta de apremio o acoso dirigida a compeler al contratista para el cumplimiento del objeto contractual en la forma y tiempos acordados. Indicó que el retraso no era de tal magnitud que implicó la paralización de la obra, puesto que, de ser así, lo que procedía era la aplicación de la pena penal pecuniaria y no la multa. Agregó que la tasación de la multa se efectuó con aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, debido proceso, legalidad de la sanción y publicidad. Además, la naturaleza conminatoria de la multa procuró producir efectos positivos como la entrega de la obra pública contratada. Argumentó que contrario a lo señalado en la Instrucción fue utilizada la formula consignada en la cláusula decimotercera del contrato, pero dicha formula se aplica con la utilización de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en lo que tiene que ver con el tramo y alcance físico realmente contratado y autorizado para construir. Indicó que cuando el Comité Especial aplicó los principios de proporcionalidad y razonabilidad lo hizo en garantía del principio de la buena fe. El acto administrativo que impuso la multa de un proceso sancionatorio señaló que al momento de imponer la multa se debe aplicar un juicio de proporcionalidad pues la aplicación automática de la multa podía entenderse como la aplicación de la responsabilidad objetiva. El disciplinado hace una exposición de la jurisprudencia y doctrina en torno al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria. Además, indicó que el acto de imposición de la multa con su tasación al aplicar el principio de proporcionalidad lo que se hizo fue cumplir con el principio de legalidad y buena fe, toda vez que la tasación se realizó sobre lo autorizado a construir. Argumentó que el contrato es el acuerdo de voluntades y la liquidación de la multa debía hacerse sobre el valor del contrato el cual proviene del alcance en kilómetros de este, y ese alcance estaba determinado en virtud de las autorizaciones otorgadas por la interventoría en ese kilometraje. Es decir, 16 para esa fecha. Sostuvo que era necesario utilizar la razonabilidad en la definición del quantum, dado que se estaba ante un incumplimiento parcial susceptible de ser superado por el contratista. Explicó, además, que el objetivo del apremio al contratista funcionó puesto que posterior a la imposición de la multa conforme lo determinó la interventoría, el contratista cumplió plenamente con las obligaciones contractuales. Continuó sus argumentos precisando que el Comité no se apartó sustancialmente de lo acordado en el Contrato 617 de 2013, pues se aplicó el pacto Inter partes con la aplicación de los principios que rigen la función administrativa. El disciplinado hizo un recorrido jurisprudencial sobre la aceptación del deber funcional como determinante en la ilicitud sustancial causante de la conducta disciplinable. Además, en revisión del acto de delegación se concluyó que la función de tasar la multa era privativa de los miembros del Comité. Adicional a ello, el disciplinado hizo un recorrido jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad. Finalmente solicitó como prueba que se oficiara a la interventoría para que se pronunciara sobre el cumplimiento de lo consignado en la reprogramación No. 4 cuyo incumplimiento fue generador del proceso de imposición de la multa. 2.- Por su parte, la señora [NOMBRE TACHADO], en su escrito de descargos explicó que en su actuación no se percibe ilicitud sustancial ni antijuridicidad que permita declarar la responsabilidad disciplinaria. Indicó que el acto de imponer la multa constituye una facultad atribuible al Gobernador en términos del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, pero en este caso delegada conforme las potestades constitucionales y legales propias del caso, infiriéndose que la ilicitud sustancial nunca podría devenir de una infracción funcional que no fue usada. Señaló la investigada, que la aplicación de la multa se llevó a cabo con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el debido proceso, legalidad, publicidad, entre otros. El comité actuó con aplicación de esos principios sin los cuales la liquidación de la multa habría dado contra el traste con la ejecución de la obra llevándola a la paralización. Indicó que el efecto conminatorio de la multa produjo efectos positivos como lo fue la entrega de la obra pública contratada en los términos de las obligaciones pactadas. De manera, que la tasación de la multa tenía que tomar rumbo diferente al planteado en el contrato primigenio, toda vez que al momento de la tasación de la multa, la interventoría comunicó la determinación de una reducción sustancial en el alcance físico del objeto contractual; señalando que en su momento el contratista debido disminuir su ejecución, por tanto, las obligaciones habrían cambiado y el precio como consecuencia de la disminución del alcance físico del objeto contractual, lo que sirvió de soporte para la aplicación del porcentaje del que habla la cláusula respectiva del Contrato 617 o cuyo ejecutante se le declaró el incumplimiento parcial. Refirió que dentro del mismo proceso contractual se discutió la multa en el Tribunal de Arbitramento y al momento de la decisión del recurso extraordinario de anulación del Laudo, el Consejo de Estado el 19 de marzo de 2020 condenó al Departamento del Magdalena a restituir al [NOMBRE TACHADO]. Sostuvo que el apremio del contratista para que lleve a cabo las acciones que permitieran el cumplimiento del objeto contractual para nada ostenta un carácter indemnizatorio o resarcitorio. Reseñó la disciplinada que se dio una compleja ejecución del contrato de obra pública que ha sido objeto de suspensiones, prorrogas y resultaba complejo aproximarse con precisión a la multa, razón por la cual no resultó del arbitrio del Comité fijarla, sino que se basó en el informe técnico de la interventoría pues su idoneidad para ello constituye soporte de la decisión. Argumentó, además, que no existe suficiente acervo probatorio, y el órgano instructor cayó en prejuzgamiento y omitió aplicar el principio de presunción de inocencia y buena fe al señalar que se pretendió favorecer a los contratistas ello sin sustento probatorio. Agregó que el Comité nunca se apartó de lo acordado sustancialmente en el Contrato 617 de 2013, se respetaron los acuerdos elevados a obligaciones entre los extremos contratantes. Insistió que el acervo probatorio no constituyen la fortaleza para generar responsabilidad, puesto que en el auto de cargos no se hizo referencia a aquellas circunstancias o pruebas favorables a los inculpados siendo una exigencia legal. Sostuvo que sobre la imposición de la multa al ejecutar el contrato el Tribunal de Arbitramento declaró la nulidad e incluso ordenó restituir al contratista el monto descontado por ese concepto, decisión que fue revisada por el Consejo de Estado que determinó la anulación dejando a salvo la decisión del Tribunal Arbitral con respecto a la pretensión del contratista [NOMBRE TACHADO]. 3.- La señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de apoderada de confianza del señor [NOMBRE TACHADO] indicó en sus descargos que el instructor no tuvo en consideración la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el proceso de imposición de multa por incumplimiento parcial por parte del [NOMBRE TACHADO] en su calidad de contratista del contrato de obra No. 617 de 2013, ni tampoco se tuvo en cuenta las razones jurídicas esbozadas dentro de las Resoluciones No. 0822 del 11 de julio de 2017 y la Resolución No. 1705 del 26 de octubre de 2017, sino de la falta de justificaciones técnicas que sustenten la introducción o cambio que una nueva variable en la formula al momento de aplicar la multa. Indicó que su poderdante no era abogado y no tiene conocimientos jurídicos para interpretar y/o aplicar un contrato a la luz de los principios. Señaló que el contenido de la cláusula décima tercera del contrato de obra No. 617 de 2013 es ineficaz de pleno derecho, y no existía una necesidad que así lo declarara, por lo que al ser una cláusula ineficaz bastaba con que las partes decidieran inaplicarla, en razón a su exorbitancia abusiva. Refirió que en la fecha del procedimiento administrativo sancionatorio, el contrato valía casi medio billón de pesos y era desproporcionadamente arbitrario tasar una multa sobre todo el valor del contrato cuando el incumplimiento era parcial, por el 13.57% de lo programado, es decir, que la multa se consideró tasar respecto de un 100% del valor del contrato, y por tanto, del 100% de la programación, cuando todas las cantidades de obra a la fecha no estaban programadas y el incumplimiento recaía sobre lo programado no sobre el global de las obras contratadas. Explicó que ni el contratista ni contratante advirtieron al momento de la celebración del contrato, pero en la práctica y al momento de imponer la multa fue notoria la desproporción, debiendo razonable y proporcionalmente interpretarse y aplicarse. Indicó además que fue ajustado el alcance del objeto contractual a través de la regularización del contrato, por razones técnicas que se encuentran sustentadas en los actos modificatorios No. 3, 4 y 5 del Convenio Específico de Cooperación No. 649 de 2013, el modificatorio del Contrato No. 6 del Contrato 617 de 2013, el acta de Comité de obra y de seguimiento de control social descritas durante la vigencia de 2015, 2016 y 2017. Argumentó que, los estudios previos y diseños del proyecto denominado “Mejoramiento de la Vía Palermo- Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro en el Departamento del Magdalena” se desactualizaron con ocasión al acaecimiento del fenómeno climatológico de la niña, el cual cambió la morfología aumentando la cota de inundación, que se vio reflejado en el alcance del objeto del contrato. Señaló que, desde marzo de 2015 cuando se reinició la ejecución del contrato el proyecto tenía unas disconformidades técnicas producto de unas circunstancias exógenas acaecidas por circunstancias del cambio climático. Por ello, ante la imposibilidad de intervenir varios tramos y la desactualización de los estudios previos, se hizo evidente que el contratista solo podía ejecutar obras respecto a 19.9 kilómetros de todo el proyecto que en principio se consideraba 52 kilómetros, por lo que la programación no era sobre el 100% de las obras contratadas, por lo que el incumplimiento parcial que se le endilgaba al contratista correspondía solo a la programación de la obra vigente y no sobre el contrato de obra. Se refirió a la utilización del principio de proporcionalidad y razonabilidad, y explicó que una multa desproporcionada, arbitraria, abusiva y objetiva conllevaría a que el Departamento del Magdalena incurriera en vía de hecho y terminara demandado, fuera obligado a devolver la multa e intereses, y ocasionara la ruptura del equilibrio de la ecuación financiera del contrato de obra. 2.2.6.- Pruebas Posteriormente, a través de Auto del 28 de agosto de 2020, la Procuraduría Regional del Magdalena accedió en su integridad a las pruebas solicitadas por los sujetos procesales en descargos. Esta providencia fue notificada en forma electrónica, conforme obra a folios 213 a 217 del plenario. En cumplimiento a lo ordenado en el citado auto, fueron practicadas las pruebas que obran a folios 233, 233 A, 234 a 240, 241 a 280, 281 a 287 del plenario. 2.2.7.- Alegatos de Conclusión A través de proveído del 28 de enero de 2021 la Procuraduría Regional del Magdalena ordenó correr traslado para alegar de conclusión por el termino de diez (10) a los sujetos procesales. Esta providencia fue notificada por estado el día 4 de febrero de 2021. Seguidamente, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de los hechos, presentó los alegatos de conclusión el 17 de febrero de 2021. Por su parte, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena, radicó sus alegatos de conclusión el 17 de febrero de esa anualidad. De igual manera, la Doctora [NOMBRE TACHADO], en su condición de apoderada de confianza del señor [NOMBRE TACHADO] mediante escrito del 17 de febrero de 2021 presentó los alegatos de conclusión 2.2.8.- Nulidad Mas adelante, la Procuraduría Regional del Magdalena remitió mediante Auto de fecha 19 de agosto de 2021, ordenó la remisión del presente proceso disciplinario a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), de conformidad con lo ordenado en la Ley 2094 de 2021, la Resolución número 207 de 2021 y Circular número 015 de 2021 Posteriormente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa a través de proveído del 15 de marzo de 2022 decretó la nulidad de la actuación a partir del auto del 28 de enero de 2021, por medio del cual se ordenó correr traslado para alegar de conclusión a los sujetos procesales; lo anterior teniendo en cuenta que la Regional de Instrucción habría omitido la practica integral de las pruebas decretadas en la etapa de descargos y requeridas por el disciplinado [NOMBRE TACHADO], particularmente en las pruebas referentes a la copia del acta de comité de obra del 12 de septiembre de 2014 y la copia de las actas el comité de los años 2015 a 2017 celebradas entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio ICI. Notificada la declaratoria de nulidad, proferida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa practicó las pruebas que se encontraban pendientes por surtir, a través de los oficios SIAF No. 15665 y 15672 del 01 de abril de 2022, y allegándose la respuesta correspondiente el 06 y 13 de abril de 2022 2.2.9.- Remisión por Competencia Con posterioridad, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante auto del 29 de abril de 2022ordenó la remisión por competencia del asunto, en virtud de la asignación de funciones de juzgamiento disciplinario, conforme lo dispuesto Resolución No. 113 del 08 de abril de 2022, surtiéndose dicha orden a través del SIAF No. 26478 del 20 de junio de 2023, y recibiéndose finalmente en este Despacho el 23 de junio de esta anualidad 2.2.10.- Auto Avoca Conocimiento en Etapa de Juzgamiento Esta Procuraduría Regional de Juzgamiento, a través de auto del 26 julio de 2023, avocó el conocimiento de la presente actuación disciplinaria y decidió tramitar el expediente por procedimiento ordinario. Dicha decisión fue comunicada a los sujetos procesales en fecha el 04 de agosto de 2023, y se fijó el Estado en esa misma fecha. 2.2.11.- Alegatos de Conclusión El señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de la ocurrencia de los hechos, remitió sus alegatos de conclusión el 18 de agosto de esa anualidad. Seguidamente, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de los hechos presentó los alegatos de conclusión el 18 de agosto de 2023. 1.- La señora [NOMBRE TACHADO] en sus alegatos de conclusión reiteró los argumentos expuestos en los descargos, y amplió su sustentación en torno a las facultades para la imposición de las multas. Cuestionó que la Instrucción al calificar la conducta para determinar la responsabilidad disciplinaria no desvirtuó con absoluta certeza y de conformidad con la ley y los principios fundamentales, las presunciones de inocencia y buena fe; así lo ordenan los artículos 29 y 83 de la Carta Política, 81 de la Ley 190 de 1995, 7 del C.P.P., 8 de la Ley 200 de 1995; 9 y 128 de la Ley 734 de 2002. Trajo a colación el soporte jurisprudencial y doctrinario que sustentaba su tesis. Reiteró sus interrogantes ante la ausencia de valoración respecto a los acuerdos modificatorios del Contrato 617 de 2013 que tendrían igual sujeción contractual. Expuso ampliamente las valoraciones sobre los principios de proporcionalidad, razonabilidad en materia contractual y buena fe del investigado. Resaltó la importancia de las aclaraciones ofrecidas por los declarantes en la prueba testimonial y finalmente, señaló que debe tenerse en consideración el Laudo arbitral expedido por el Tribunal de Arbitramento integrado por tres árbitros ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y revisada por el Consejo de Estado en sede contenciosa, quien tomó decisiones en la Sentencia del 19 de marzo de 2020, que dejaron por fuera del ámbito jurídico la multa impuesta al contratista dentro de la ejecución del Contrato 617 de 2013. 2.- El señor [NOMBRE TACHADO] escrito de alegatos insistió en las consideraciones expuestas en los descargos, y cuestionó que el órgano instructor haya señalado que la fórmula utilizada fue elaborada para favorecer al contratista en el valor de la multa a aplicar, y la evidencia que una variable surgida de una operación matemática es laxa, y/o alejada de lo pactado en un acuerdo de voluntades. Sostuvo que no existía suficiente material probatorio que arrojara esas conclusiones. Además, se refirió al propósito de la imposición de multa al contratista, y aclaró que el Comité nunca se apartó del dictamen de la interventoría. Finalmente, se refirió a la inexistencia de ilicitud funcional y de la carencia de razones para emitir sentencia sancionadora, habida cuenta la salida del mundo jurídico del pronunciamiento administrativo y por ende la dejación sin efectos jurídicos del mismo 3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 3.1 Competencia Procede esta Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico a proferir fallo de primera instancia dentro de las presentes diligencias, de conformidad con la competencia asignada en virtud del artículo 23 del Decreto Ley 1851 del 24 diciembre de 2021 Por su parte, la Resolución N°113 del 2022 en su artículo tercero numeral cuarto estableció: Procuraduría Regional de Juzgamiento Atlántico, con sede en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). En la ciudad de Barranquilla funcionará la Procuraduría Regional de Juzgamiento Atlántico, con competencia en la circunscripción territorial de las Procuradurías Regionales de Instrucción de Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena. (Negrilla por fuera del texto original) 3.2.- Vigencia de la acción disciplinaria Sobre este particular es importante señalar que, si bien es cierto que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 32 de la Ley 1474 de 2011 establece que “La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria”, también lo es que con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por causa de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, mediante Resoluciones 128 del 16 de marzo de 2020, 136 del 24 de marzo de 2020, 148 del 3 de abril de 2020, 173 del 17 de abril de 2020, 184 del 24 de abril de 2020, y 204 del 8 de mayo de 2020, la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión de términos de todos los procesos disciplinarios adelantados en la entidad, motivo por el cual los términos estuvieron suspendidos, es decir, no corrieron entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2020 inclusive, esto es, por setenta (70) días calendario. Los anteriores actos administrativos de la Procuraduría General de la Nación también tuvieron su sustento en el Decreto No. 491 del 28 de marzo de 2020, expedido por le Presidente de la República, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en cuyo artículo 6° estableció la “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”. De igual manera, el Departamento Administrativo la Función Pública, en Concepto No. 394731 del 13 de agosto de 2020 señaló: “Respecto de los términos en las actuaciones administrativas durante la emergencia ocasionada por el covid-19, el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 491 de 2020 estableció lo siguiente: “ARTÍCULO 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. (…).” (Negrilla fuera del texto) Finalmente, mediante Sentencia C-242-20 del 9 de julio de 2020 la Corte Constitucional con ponencia de los Magistrados Ponentes Dr. [NOMBRE TACHADO] y Dra. [NOMBRE TACHADO], declaró la EXEQUIBILIDAD del artículo 6° del Decreto 491 de 2020, salvo la de su parágrafo 1° que se declaró INEXEQUIBLE, y la de su parágrafo 2° en relación con el cual se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, “bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma", en los siguientes términos: “6.144. Ahora, para verificar la conformidad con la Constitución de la habilitación a las autoridades de suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa contemplada en el artículo 6°, la Corte precisa que la satisfacción de los principios superiores de celeridad y seguridad jurídica y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, implican que en las normas generales y abstractas se fijen, de manera ex ante, los plazos que tendrán los operadores para adelantar las diferentes actuaciones a su cargo. 6.145. En consecuencia, las normas procedimentales deben impedir que los términos para adelantar las actuaciones puedan ser determinados, de forma ex post, por los operadores jurídicos, por lo que la habilitación de suspensión de términos contemplada en la norma examinada, en principio, tiene el potencial de afectar los referidos principios y, por ello, podría ser contraría a la Constitución. 6.146. Sin embargo, esta Sala advierte que, excepcionalmente, la autoridad ordenadora puede definir situaciones específicas en las cuales, a fin de satisfacer un principio constitucional, se autoriza al operador competente para que pueda suspender los plazos fijados en la ley, por ejemplo, cuando se requiera de la práctica de un conjunto de pruebas para poder adoptar una decisión conforme a derecho o exista una fuerza mayor para adelantar las diligencias. 6.147. Con todo, este Tribunal advierte que, dada la eventual lesividad de dicha habilitación para los principios de celeridad y seguridad jurídica, la consagración de tal facultad debe ser excepcional y atender al principio de proporcionalidad. 6.148. En esta ocasión, esta Corporación evidencia que la autorización de suspensión de términos contemplada en el artículo 6° del Decreto 491 de 2020 supera la mencionada exigencia de proporcionalidad, porque persigue una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar los servicios de forma adecuada, continua y efectiva. 6.149. En este sentido, la Corte estima que la posibilidad de suspender los términos por parte de las autoridades también debe entenderse como una habilitación otorgada a la administración para asegurar el derecho al debido proceso de los ciudadanos, pues la misma debe ser utilizada cuando se advierta que la continuación de una actuación en medio de la pandemia puede derivar en escenarios de arbitrariedad por desconocimiento de las garantías que conforman dicha prerrogativa, como ocurriría si una persona manifiesta que no puede hacer uso de su derecho agotar los recursos debido a que no cuenta con el acceso a la documentación necesaria ante las limitaciones sanitarias. 6.150. Asimismo, este Tribunal evidencia que la habilitación para la suspensión de términos es una medida adecuada para cumplir dicha finalidad, puesto que le otorga la posibilidad de interrumpir algunos procesos a las autoridades a fin de que puedan retomar de forma organizada sus actividades teniendo en cuenta: (i) los cambios que deben realizar para implementar el paradigma de virtualidad en sus actuaciones y garantizar que los mismos no se conviertan en una barrera de acceso para los ciudadanos; y (ii) la dificultad logística y técnica que puede implicar en algunos eventos adelantar ciertos procedimientos o actuaciones de forma remota o sin la presencia de los usuarios y los funcionarios en las sedes de las entidades. 6.151. Igualmente, esta Corte considera que la referida medida es necesaria, puesto que para las autoridades del Estado es imposible materialmente realizar durante la emergencia sanitaria sus actuaciones con la misma celeridad con la que las desarrollaban en las condiciones previas ordinarias debido a las restricciones a la presencialidad implementadas por razones sanitarias. 6.152. En efecto, la implementación de directrices como el aislamiento preventivo obligatorio, el distanciamiento social, la prohibición de aglomeraciones, las restricciones para ejecutar ciertas actividades que lleven consigo el contacto personal, entre otras, impiden que las autoridades puedan hacer uso de la infraestructura física que tienen dispuesta para atender a los usuarios de forma presencial, y que se vean obligadas a utilizar instrumentos y herramientas tecnológicas para cumplir sus funciones, lo cual requiere un lapso razonable de adaptación, mientras fortalecen su capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía. 6.153. Por último, esta Sala evidencia que la habilitación para suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa es una medida proporcional, porque a pesar de que afecta la celeridad de los trámites que por mandato superior deben tener los procedimientos, lo cierto es que, en primer lugar, se trata de una medida que no aplica para actuaciones que versen sobre asuntos iusfundamentales, por lo cual solo se puede acudir a dicha figura frente asuntos de índole legal o reglamentario. 6.154. En relación con dicho aspecto, la Corte estima que limita el grado de afectación del principio constitucional de celeridad en las actuaciones, porque garantiza que los asuntos que versan sobre los bienes más preciados del ser humano no se vean suspendidos, y que la misma sólo aplique a causas en las que se debaten puntos de menor valía en el sistema de valores implementado en la Carta Política. 6.155. En segundo lugar, la Sala advierte que la suspensión no aplica de plano y respeta la autonomía administrativa, pues le corresponde a cada autoridad definir cómo operara, teniendo la facultad de suspender todo el procedimiento o alguna etapa de este, lo cual debe justificar en un acto administrativo motivado. 6.156. En torno al grado de motivación exigido, este Tribunal evidencia que se exige una fundamentación calificada, ya que la autoridad debe: (i) dar cuenta de que hubo una evaluación previa de la situación que la lleva a encontrar justificada la adopción de la medida en función de sus actividades y procesos, y (ii) las razones que se invoquen deben estar relacionadas con el servicio y las causas de la emergencia sanitaria. 6.157. En tercer lugar, esta Corte advierte que la medida que autoriza la suspensión es temporal, toda vez que únicamente puede adoptarse mientras dure la emergencia sanitaria y la misma se levantará de plano al día siguiente que finalice la misma, por lo que se descarta que continúe su aplicación después de que cesen las condiciones extraordinarias que dieron lugar a su adopción. 6.158. En cuarto lugar, esta Sala observa que la medida examinada tiene en cuenta que la suspensión de términos puede a llegar afectar los tiempos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley y, a efectos de evitar una vulneración al debido proceso, señala que los mismos no correrán durante el plazo en que se utilice la figura. 6.159. Por las anteriores razones, la Corte estima que el artículo 6° es conforme a la Constitución”. En consecuencia, los términos de las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación estuvieron suspendidos desde el diecisiete (17) de marzo de 2020 hasta el veinticinco (25) de mayo de 2020, inclusive, suspensión que aplica a este proceso disciplinario con radicación IUS E-2017-695430/ IUC D-2018-1061384, cuya acción disciplinaria se encuentra vigente al tenor de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. Así las cosas, teniendo en cuenta que la apertura de investigación disciplinaria data del 3 de agosto de 2018, para definir la fecha real de prescripción de la acción disciplinaria corresponde tener en consideración los 70 días calendario que estuvieron suspendidos los términos disciplinarios por razones ajenas a asuntos internos de la entidad, es decir, por motivos de salubridad pública y emergencia sanitaria mundial, declaratoria del estado de emergencia económica y social por la pandemia por el virus COVID-19 que obligó al confinamiento de la población; en consecuencia este fenómeno acaecería el 12 de octubre de 2023, fecha para la cual el fallo de primera instancia debe estar debidamente notificado para que la prescripción se interrumpa. 4.- NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS APLICABLES PARA EL CASO Los Disciplinados, en ejercicio de la función pública encomendada, respecto de la conducta que se investiga se deben tener en consideración el ordenamiento jurídico que a continuación se relaciona: 4.1 NORMA DISCIPLINARIA Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. (…) ARTÍCULO 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. (…) 4.2 NORMA CONSTITUCIONAL Constitución Política: Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 4.3 LEGALES 4.3.1.- LEY 84 DE 1873- Código Civil Colombiano: ARTÍCULO 1494. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. (…) ARTÍCULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. ARTÍCULO 1603. <EJECUCION DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. 4.3.2.- Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena” Funciones esenciales del Cargo de Gerente de Proyectos: (…) Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas, y proyectos a cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por la Ley, reglamento o por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño, profesión del titulas del cargo y necesidades del servicio para el logro de la misión institucional. Funciones esenciales del Cargo de Jefe de Oficina Asesora: (…) Asesorar al Gobernador en los aspectos jurídicos y negocios en que tenga parte la administración central departamental y las distintas dependencias que la conforman de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas, por parte de los funcionarios para defensa y los intereses del Departamento del Magdalena. Funciones esenciales del Cargo de Jefe de Oficina de Contratación: (…) Elaborar proyectos de actos administrativos de carácter general o particular … y los que resuelvan recursos. (…) Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas, y proyectos de cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por Ley, reglamento o por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño, profesión del titular del cargo y necesidades del servicio para el logro de la misión institucional. 5.- MEDIOS DE PRUEBAS (COMÚN PARA TODOS LOS DISCIPLINADOS) Se incorporaron a las diligencias los siguientes elementos de juicio, con fundamento en los cuales se proferirá el presente fallo: 5.1.- Pruebas documentales 5.1.1.- Expediente digitalizado del procedimiento administrativo sancionatorio que se adelantó contra el [NOMBRE TACHADO] con ocasión del Contrato 617 de 2013 5.1.2. Decreto No. 001 del 01 de enero de 2016 5.1.3. Acta de Posesión No. 0117 del 01 de enero de 2016 5.1.4. Formato Único de Hoja de Vida del señor [NOMBRE TACHADO] 5.1.5. Certificación del 26 de septiembre de 2017 de la Oficina de Talento Humano 5.1.6. Decreto No. 0235 del 08 de junio de 2017 5.1.7. Acta de Posesión No. 0107 del 01 de enero de 2016 5.1.4. Formato Único de Hoja de Vida del señor [NOMBRE TACHADO] 5.1.8. Decreto No. 069 del 01 de marzo de 2017 5.1.9. Certificación del 26 de septiembre de 2017 de la Oficina de Talento Humano 5.1.10. Acta de Posesión No. 0243 del 01 de marzo de 2017 5.1.11. Formato Único de Hoja de Vida del señor [NOMBRE TACHADO] 5.1.12. Certificación del 26 de septiembre de 2017 de la Oficina de Talento Humano 5.1.13. Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 “por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impone una multa” 5.1.14. Informe de Interventoría del Consorcio ICI, por el cual sustentó la solicitud de imposición de multa al [NOMBRE TACHADO] por incumplimiento del programa de inversiones del Contrato No. 617 de 2013 Radicado INVIAS 3795-2013-984 5.1.1.15. Recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 5.1.16. Modificatorio No. 6 de 25 de septiembre de 2017 del Contrato No. 617 del 4 de octubre de 2013 5.1.17. Resolución No. 1705 de 26 de octubre de 2017 por la cual se resuelve el Recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 5.1.18. Oficio RL-1948-CRE-01-17 de 12 de diciembre de 2017, por el cual el [NOMBRE TACHADO] solicita la corrección de error aritmético. 5.1.19. Resolución No. 0176 de 21 de febrero de 2018, por la cual se resuelve un error aritmético en la Resolución No. 1705 de 26 de octubre de 2017 5.1.20. Oficio I-2017-039037 del 28 de noviembre de 2017 por el cual se remite a la Secretaria de Hacienda las Resoluciones 0822, 1705 que impone multa por incumplimiento al [NOMBRE TACHADO], para que inicie las acciones de cobro coactivo. 5.1.21. Contrato No. 617 del 04 de octubre de 2013 suscrito entre el Departamento del Magdalena y el [NOMBRE TACHADO] 5.1.22. Otro Si No. 1- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 04 de octubre de 2013 5.1.23. Otro Si No. 2- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 17 de abril de 2015 5.1.24. Contrato Modificatorio No. 3 al Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 17 de abril de 2015 5.1.25. Otro Si No. 4- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 22 de febrero de 2016 5.1.26. Otro Si No. 5- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 16 de junio de 2016 5.1.27. Certificación del 26 de agosto de 2017 expedida por la señora [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación (E) 5.1.28. Manual de Contratación Pública del Departamento del Magdalena de Junio de 2012 5.1.29. Fallo 19 de marzo de 2020 de la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 5.1.30. Prueba testimonial del 06 de octubre de 2010 de los declarantes Maykol grandeth Gastelbondo y Rafael Diazgranados 5.1.31. Actas de Comité Técnico del Instituto Nacional de Vías de los años 2015, 2016 y 2017 5.1.32. Laudo Arbitral del 11 de julio de 2019 del Tribunal de Arbitraje del [NOMBRE TACHADO] contra el Departamento del Magdalena Expediente 5358. 6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS DISCIPLINABLES 6.1.- [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, Magdalena, quien, de acuerdo a las pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Jefe de la Oficina Asesora Código 115, Grado 03, la Gobernación Departamental del Magdalena nombrado mediante Decreto No. 001 del 01 de enero de 2016 y posesionado mediante el Acta de Posesión No. 0117 del 01 de enero de 2016 6.2.- [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Gerente, Código 039, Grado 06 Gobernación Departamental del Magdalena, nombrado mediante Decreto No. 001 del 01 de enero de 2016 y posesionado mediante el Acta de Posesión No. 0107 del 01 de enero de 2016 6.3.- [NOMBRE TACHADO] identificada con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Jefe de la Código 006, Grado 02 Oficina de la Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, nombrada mediante Decreto No. 069 del 01 de marzo de 2017 y posesionada mediante el Acta de Posesión No. 0243 del 01 de marzo de 2017 7.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN FACTICA Y JURÍDICA DEL CASO (COMUN PARA TODOS LOS DISCIPLINADOS) 7.1.- Análisis de la Responsabilidad Disciplinaria de los investigados Como quiera, que el órgano instructor imputó a los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos, bajo los mismos supuestos facticos y jurídicos, por ello, se abordará el análisis de la cuestión de forma conjunta, sin perjuicio de efectuar las precisiones particulares para cada caso, cuando sea necesario. 7.1.1.- Conducta reprochada a todos los disciplinados Los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, Magdalena, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Código 115, Grado 03, la Gobernación Departamental del Magdalena, [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Gerente, Código 039, Grado 06 Gobernación Departamental del Magdalena y [NOMBRE TACHADO] identificada con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Jefe de la Código 006, Grado 02 Oficina de la Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de los hechos, se vieron incursos en responsabilidad disciplinaria, puesto que omitieron su deber como Miembro del Comité Especial de Decisión y Apoyo de la Gobernación del Magdalena en tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] a través de la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 conforme a lo previsto en la Cláusula Decimotercera del Contrato 617 de 2013 toda vez que, al parecer, incluyó variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 “por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impone una multa” declaró que el [NOMBRE TACHADO] incumplió parcialmente las obligaciones contraídas en el Contrato 617 de 2013. De la misma forma, impuso una multa $ 15.616.000.000. A través de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017, “por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impuso una multa”, el Comité Especial de Decisión conformado por los disciplinados dentro de la presente actuación dispuso modificar el artículo segundo de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 imponiendo como multa $ 9.825.832.213. Y posteriormente, Resolución No. 0176 del 21 de febrero de 2018 “por medio de la cual se resuelve un error aritmético de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impuso una multa”, en la que se resolvió corregir el artículo primero de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017 que ordenaba la modificación del artículo segundo de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 imponiendo como multa $ 982.473.320. En este orden de ideas, en el auto de cargos se encontró que el comportamiento reprochado al disciplinado se enmarcó en la falta grave contemplada en el artículo 34 numeral 3 y 4, por la omisión en el cumplimiento del deber contenido en los artículos 1494, 1602 y 1603 del Código Civil y el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017, Manual de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena, para el caso en concreto, en su función como Jefe de la Oficina Asesora. 7.2.- Pruebas que soportan la decisión 7.2.1- Calidad de servidores públicos de los disciplinados. 7.2.1.1- Cuenta el expediente con los medios probatorios, respecto al señor [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, Magdalena, quien, de acuerdo a las pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Jefe de la Oficina Asesora Código 115, Grado 03, la Gobernación Departamental del Magdalena nombrado mediante Decreto No. 001 del 01 de enero de 2016 y posesionado mediante el Acta de Posesión No. 0117 del 01 de enero de 2016. Dicho cargo lo ejerció asumiendo la responsabilidad y atribuciones contenidas en el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena”, que dentro de sus funciones relacionadas con el presente asunto se encuentra asesorar al Gobernador en los aspectos jurídicos y negocios en que tenga parte la administración central departamental y las distintas dependencias que la conforman de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas, por parte de los funcionarios para defensa y los intereses del Departamento del Magdalena 7.2.1.2- Cuenta el expediente con los medios probatorios, respecto al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Gerente, Código 039, Grado 06 Gobernación Departamental del Magdalena, nombrado mediante Decreto No. 001 del 01 de enero de 2016 y posesionado mediante el Acta de Posesión No. 0107 del 01 de enero de 2016. Dicho cargo lo ejerció asumiendo la responsabilidad y atribuciones contenidas en el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena”, que dentro de sus funciones relacionadas con el presente asunto se encuentra desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas, y proyectos a cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por la Ley, reglamento o por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño, profesión del titulas del cargo y necesidades del servicio para el logro de la misión institucional. 7.2.1.3- Cuenta el expediente con los medios probatorios, respecto a la señora [NOMBRE TACHADO] identificada con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, quien, de acuerdo a pruebas obrantes en el plenario, se desempeñó como Jefe de la Código 006, Grado 02 Oficina de la Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, nombrada mediante Decreto No. 069 del 01 de marzo de 2017 y posesionada mediante el Acta de Posesión No. 0243 del 01 de marzo de 2017 Dicho cargo lo ejerció asumiendo la responsabilidad y atribuciones contenidas en el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena”, que dentro de sus funciones relacionadas con el presente asunto se encuentran elaborar proyectos de actos administrativos de carácter general o particular (…) y los que resuelvan recursos, y desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas, y proyectos de cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por Ley, reglamento o por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño, profesión del titular del cargo y necesidades del servicio para el logro de la misión institucional Con ello se prueba la calidad como funcionario público asumida por el sujeto procesal, obteniendo material documental necesario para identificar al presunto implicado, cabe anotar, que en lo atinente a las funciones propias del citado cargo para determinar la eventual ilicitud sustancial dentro de la acción disciplinaria que las disposiciones ya mencionadas en el Manual de funciones contenidas en citado Decreto. Además, las establecidas en el Decreto No. 100-26 del 04 de mayo de 2017, acto administrativo expedido por la Gobernadora del Magdalena para la época, por medio del cual conformó un comité especial y transitorio de apoyo con la finalidad de apoyar los actos administrativos asociados al procedimiento de que versa el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sobre la imposición de multa en contrato de obra público, y se designó como miembros del comité especial a los funcionarios [NOMBRE TACHADO], Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Departamental, [NOMBRE TACHADO], Gerente de Proyectos y a la Doctora [NOMBRE TACHADO], Jefe de la Oficina de Contratación. 7.2.2- Pruebas relativas al proceso contractual 7.2.2.1.- Contrato No. 617 del 04 de octubre de 2013 suscrito entre el Departamento del Magdalena y el [NOMBRE TACHADO] 7.2.2.2.- Otro Si No. 1- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 04 de octubre de 2013 7.2.2.3.- Otro Si No. 2- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 17 de abril de 2015 7.2.2.4.- Contrato Modificatorio No. 3 al Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 17 de abril de 2015 7.2.2.5.- Otro Si No. 4- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 22 de febrero de 2016 7.2.2.6.- Otro Si No. 5- Aclaratorio del Contrato de Obra Pública No. 617 de 2013 del 16 de junio de 2016 7.2.2.7.- Otro Si No. 6 modificatorio del 27 de septiembre de 2017 7.2.3- Pruebas relativas al [NOMBRE TACHADO] 7.2.3.1.- Expediente digitalizado del procedimiento administrativo sancionatorio que se adelantó contra el [NOMBRE TACHADO] con ocasión del Contrato 617 de 2013 7.2.3.2.- Informe de Interventoría del Consorcio ICI, por el cual sustentó la solicitud de imposición de multa al [NOMBRE TACHADO] por incumplimiento del programa de inversiones del Contrato No. 617 de 2013 Radicado INVIAS 3795-2013-984 7.2.3.3.- Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 “por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impone una multa” 7.2.3.4.- Recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 7.2.3.5.- Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017, “por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impuso una multa” 7.2.3.6.- Resolución No. 0176 del 21 de febrero de 2018 “por medio de la cual se resuelve un error aritmético de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impuso una multa” 7.2.3.7.- Laudo arbitral del 11 de julio de 2019 7.2.3.8.- Sentencia del 19 de mayo de 2020 por medio de la cual el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A 7.3.- Valoración jurídica de los cargos 7.3.1.- TIPICIDAD Para que exista una imputación de tipo disciplinario, es necesario que la violación a los deberes especiales de sujeción se adecue a un tipo disciplinario, es decir, que debe ser típica. Los tipos disciplinarios son normas con estructura de reglas primarias, es decir que están constituidas por un precepto o supuesto de hecho y por una sanción o consecuencia, que describen a su vez deberes o prohibiciones, en este sentido la tipificación exige la preexistencia legal de una prohibición o mandato, que para el derecho disciplinario son los deberes especiales de sujeción, exigencia indispensable para garantizar el principio de legalidad, y por la trasgresión del mandato o la prohibición, descrito por un tipo disciplinario, a través de una conducta; sin existencia de un deber especial de sujeción y de un tipo disciplinario, que señale una prohibición o mandato, no hay tipicidad. Recuérdese que el primer requisito para sancionar disciplinariamente es la certeza respecto de la existencia del hecho, en este caso, del hecho disciplinable; la certeza, es la convicción que se tiene, acerca de que lo que se ha adelantado en el proceso, tiene la connotación de ser cierto, esto es demostrable y evidente para que conduzca a la certeza más aproximada a la verdad material. A fin de analizar la conducta reprochada, se considera pertinente puntualizar los hechos más relevantes que contextualizan la situación objeto de reproche disciplinario: 7.3.1.1.- Generalidades del proceso contractual El proceso contractual que originó el juicio sancionatorio que dio curso a la investigación tuvo como objeto el Mejoramiento de la Vía Palermo-Sitio Nuevo-Remolino, Guaimaro en el Departamento del Magdalena, que se materializó con la celebración del Contrato No. 617 del 04 de octubre de 2013, que tiene las siguientes generalidades: Contrato Contrato No. 617 del 04 de octubre de 2013 Modalidad de contratación Licitación Publica Contratista [NOMBRE TACHADO] de la Vía Palermo-Sitio Nuevo-Remolino, Guaimaro en el Departamento del Magdalena Valor inicial $ 432.010.178.757,42 Valor reajustado por Otro Si No. 6 modificatorio del 27 de septiembre de 2017 $ 322.158.433.217 Plazo inicial 35 meses Fecha de suscripción 04 de octubre de 2013 Lugar de ejecución del contrato Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guaimaro en el Departamento del Magdalena El citado contrato fue producto del proceso de selección por Licitación Pública de obra LP-DM-07-2012, el cual fue adjudicado al Consorcio Ribera del Este, representada legalmente para esa época, por el señor [NOMBRE TACHADO] Contrato 617 de 2013 fue adjudicado con el fin de realizar el mejoramiento de la vía Palermo- Sitio Nuevo- Remolino- Guáimaro discriminado en los siguientes tramos y longitudes Tramo No. 1 Sitio Nuevo- Palermo 22.8 Km Tramo No. 2 Variante Palermo Long. 3.1 Km Tramo No. 3 Sitio Nuevo- Remolino Long. 12 Km Tramo No. 4 Remolino- Guáimaro Long. 14 Km Longitud total contratada: 52.3 Km Posterior a ello, se suscribió el Otro Si No. 1 Aclaratorio del 04 de octubre de 2013 en el que se aclararan los fundamentos legales que facultan la celebracion del contrato, se modificaron aspectos relacionados con la constitución de las garantías, además se varió la descripción de unos ítems relacionado con el relleno para estructuras. El Contrato 617 de 2013 fue objeto de una suspension consignada en acta del 16 de enero de 2014 con fundamento en la decision de la Corte Constitucional mediante auto del 13 de enero de 2014, en la que se ordenó la suspensión del contrato en razon de una tutela instaurada por el Instituto Nacional de Vias-INVIAS- en contra de la Gobernacion del Magdalena. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2014 fue suscrito entre las partes el acuerdo de reinicio de la obra, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional habia levantado la medida cautelar de suspension del contrato el 29 de julio de 2014. Seguidamente, se suscribió el Otro Si No. 2 Aclaratorio del 17 de abril de 2015 que clarificó unas clausulas relativas a las garantias del contrato. Mas adelante, se suscribió el Contrato No. 3 del 17 de diciembre de 2015 donde se efectuó un ajuste sobre la forma de pago al contratista. Posteriormente, se adoptó el Otro Si No. 4 del 22 de febrero de 2016 que aclaró aspectos del Contrato 617 de 2013 a fin de dar aplicación a la provisión estimada para ajustes de obra. Despues de ello, a través del Otro Si No. 5 del 16 de junio de 2016 se modificó la clausula decimo quinta del contrato relacionado con la devolucion del pago anticipado. Mas adelante, se suscribió el Otro Si No. 6 modificatorio del 27 de septiembre de 2017, por medio del cual se redujo el objeto contractual contrato de obra No. 617 de 2013 y se prolongó el plazo del contrato hasta el 15 de julio de 2018, además se redujo el valor del contrato a $ 322.158.433.217, condicionando la ejecución de las obligaciones del contratista hasta tanto la Gobernación del Magdalena dispusiera los recursos que permitieran la financiación del nuevo alcalde de las obras. 7.3.1.2.- [NOMBRE TACHADO] El Contrato 617 de 2013 codificó las obligaciones del contratista y en la cláusula decimotercera reguló lo atinente a la imposición de multas dentro del contrato de obra, se pactó en los siguientes términos: “En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este autoriza expresamente mediante el presente documento a el departamento para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento a título de multa que se aplicar sobre el valor del total del contrato equivalentes al 0.05 por cada día de mora y/o retardo y/o falta de en el cumplimiento de sus obligaciones hasta que se ponga al día o cumpla (…)” Posteriormente, y con ocasión al informe contenido en el Oficio INVIAS 3795-2013-984 del 09 de diciembre de 2016 suscrito por el Ingeniero Enrique Martínez Arciniegas, en su condición de Director General de Interventoría Consorcio ICI, en su calidad de Interventor dentro del contrato, por medio del cual se reportó un incumplimiento del contratista que se tradujo en atrasos e incumplimiento en la ejecución de la obra con una valoración de la posible sanción a 30 de noviembre de 2016 así: Valor Total del Contrato $ 432.010.178.757.,42 0,05 % del valor del Contrato $ 216.005.089, 38 No. de días Incumplimiento 129 Total Multa $ 27.864.656.530,02 A raíz del citado informe fue iniciado el proceso administrativo sancionatorio que concluyó con la decisión contenida en la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 “por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impone una multa” declaró que el [NOMBRE TACHADO] incumplió parcialmente las obligaciones contraídas en el Contrato 617 de 2013. De la misma forma, impuso una multa $ 15.616.000.000. Las obligaciones señaladas como incumplidas de acuerdo con la programación del 01 de mayo de 2016 en la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, se resumen así: Atrasos en las obras de drenajes Atrasos en obras de Base Atraso en obras de Subbase Atraso en obras de Mezcla densa caliente Un retraso del programa de inversiones en dinero por valor $ 28.836.599.562 Reportando un atraso de 129 días Posterior a ello, el Doctor [NOMBRE TACHADO], en su representación del [NOMBRE TACHADO] interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo, puesto que según su valoración la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 vulneró el debido proceso al desconocer la normatividad procesal general aplicable a este tipo de procedimientos, apreció erradamente un dictamen pericial aportado dentro del proceso administrativo sancionatorio, incurrió en falsa motivación y se encontraba viciado de Nulidad. A su vez la entidad contratante mediante la Resolución No. 1705 del 26 de octubre de 2017 “Por medio de la cual resuelven los recursos de reposición presentados por el [NOMBRE TACHADO] y las compañías aseguradoras en contra de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio del cual se declaró el incumplimiento parcial del contratista [NOMBRE TACHADO] del contrato 617 de 2013, y se impuso una multa”. En este acto se indicó que el retraso real en relación con las obligaciones contractuales correspondía a 122 días, y a estos días sería necesario aplicarle el 0.05 por ciento. Además, se indicó en la mencionada resolución que se daría aplicación al principio de proporcionalidad y razonabilidad para determinar el monto definitivo de la multa a imponer, por lo que se tendrá en cuenta el número de kilómetros pactados en el nuevo alcance del contrato al momento de imponerse la multa es de 19.9 kilómetros, y dando alcance a los desarrollos jurisprudenciales de la proporcionalidad y la razonabilidad, la entidad calculó la multa bajo el parámetro del número de kilómetros pactados contractualmente en el otro si No. 6, al momento de decidirse el fondo y no al alcance inicial pactado, es decir, al número de kilómetros establecidos para el total de la obra. Se indicó en la Resolución No. 1705 del 26 de octubre de 2017 que las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la multa fueron: Clausula Decimotercera del contrato 617 de 2013 Valor del Contrato (otro si No. 6) Número de kilómetros pactados en el otro si No. 6 Número de días de atraso Se indicó que teniendo en cuenta que se había identificado un atraso de 122 días, y que conforme a lo señalado en la cláusula decimotercera se debía aplicar un 0,05%, siendo el valor del kilómetro para intervenir calculado para esa fecha en una suma de $ 16.107.921.660. la Gobernación señaló que $ 80.539.608 equivale al 0.05 del valor de un kilómetro por día de atraso, al multiplicar el valor por el número de días de atraso, a saber, 122, se indicó que la multa correspondía a $ 9.825.832.213. Posterior a ello, el Comité Especial de Decisión y Apoyo expidió la Resolución No. 0176 del 21 de febrero de 2018 “por medio de la cual se resuelve un error aritmético de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contratista [NOMBRE TACHADO] del Contrato 617 de 2013 y se impuso una multa”, en la que se resolvió corregir el artículo primero de la Resolución No. 1705 del 27 de octubre de 2017 que ordenaba la modificación del artículo segundo de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 imponiendo como multa $ 982.473.320. Dicha corrección se produjo al efectuar el cálculo, al tomarse que el valor por cada día de mora en $ 80.539.608 equivalente del valor de un kilómetro por cada día de atraso estaba errado, puesto que dicho cálculo arrojaría la suma de $ 8.053.060, y por ende el resultado de la multa debía arrojar $ 982.473.320, y no como se había indicado en el acto administrativo objeto de modificación. Es así, que el proceso administrativo sancionatorio se puede resumir así: Acto administrativo sancionatorio Número de días de atraso Kilómetros pendientes por intervenir Cálculo del 0,05 % Valor de la multa Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017 129 16 $ 128.000.000 $ 15.616.000.000 Resolución No. 1705 del 26 de octubre de 2017 122 19.9 $ 80.539.608 $ 9.825.832.213. Resolución No. 0176 del 21 de febrero de 2018 122 19.9 $ 8.053.060 $ 982.473.320 Posterior a ello, se adelantó ante el Tribunal de Arbitraje el proceso arbitral radicado bajo No. 5358 adelantado entre el [NOMBRE TACHADO] y el Departamento del Magdalena, el cual a través de Laudo arbitral del 11 de julio de 2019 resolvió la controversia contractual, entre ello, lo relativo a la imposición de la multa de la cual se extrae lo mencionado en dicha decisión en los siguientes términos: “Siendo así, se encuentra demostrado el Tribunal que, durante el procedimiento de imposición de la multa, el Departamento afectó el debido proceso en la valoración de las pruebas aportadas por el contratista, viciando de paso las resoluciones que impusieron la multa con desviación de poder y falsa motivación Se evidenció en el proceso que la imposición de la multa, más que por un incumplimiento imputable al contratista, obedeció a directrices de INVIAS de sancionar para poder mostrar resultado, al margen de cualquier consideración subjetiva hacia el contratista. (…) Es de igual forma pertinente anotar, que, desde antes de la ejecutoriedad de la multa, se modificó el objeto contractual. En efecto, el otrosí No. 6 del 25 de septiembre de 2012 ajustó el alcance y valor del contrato de obra 617 de 2013, excluyendo las variantes de Palermo y sitio nuevo, así como la pavimentación de 3 tramos. La modificación del contrato no fue extraña, por lo menos parcialmente, al proceso de imposición de la multa. En la parte final de la Resolución 1705 del 26 de octubre de 2017, se advierte que la entidad debe redefinir la multa en proporción con el nuevo valor del contrato. No obstante, el Departamento no entra a estudiar si, con el nuevo alcance del contrato, el contratista había incumplido, sino que sostiene que al momento de la Resolución no ha habido cumplimiento de sus obligaciones. (…) Llama la atención del Tribunal que la Resolución No. 1705 de 2017 mantiene como sustento de la decisión el informe de la interventoría, el cual fue hecho con base a un alcance contractual totalmente distinto al tiempo con el que se terminó imponiendo la multa. Esta omisión es relevante, por cuanto al modificarse el alcance del contrato en el otrosí No. 6, debió el departamento revisar el estado de la obra, de modo que se pudiera determinar si con esas variaciones subsistía el incumplimiento del contratista. Mas no se hizo ningún análisis en este sentido, sino que se partió de una base probatoria que no tomaba en cuenta las nuevas condiciones del contrato sino únicamente acerca de su valor. Por ello, al momento de dejar en firme la multa, el Departamento varía el quantum de la sanción en razón a la variación en el valor del contrato, mas no observa si con tales modificaciones el contratista había o no cumplido. Por el contrario, sostuvo la entidad que no se probó el cumplimiento con el nuevo alcance contractual, cuando debió ser el Departamento, quien, con las pruebas allegadas al proceso, hiciera por lo menos un análisis al respecto. Esta circunstancia lleva al Tribunal a concluir que el Departamento no evaluó el presunto incumplimiento del contratista son una base probatoria que se ajustara a las condiciones del contrato al momento de imponer la multa. Esta situación, sumada a todo lo anterior, lleva al Tribunal a pensar que la imposición de la multa se hizo sin plenas garantías del debido proceso para el contratista, viciando la decisión de desviación de poder la decisión por razones externas al incumplimiento del contratista. (…) La naturaleza misma de las multas en la contratación estatal, se trata de un apremio y no de una sanción. El contratante no puede utilizar las multas como una especie de clausula penal, pues se trata de una figura totalmente distinta. La multa no se puede entender como mecanismo para resarcir a la entidad por los perjuicios causados por el incumplimiento, ni tampoco como un castigo para el contratista incumplido total, parcial o defectuosamente. Este Tribunal sostiene que, si antes de quedar en firme la multa, el contratista supera el incumplimiento de la cual esta es objeto, no se puede aceptar la subsistencia de la multa. Ello por cuanto no se puede apremiar al contratista para que alga algo que ya hizo. Si se sostiene la multa ante el cumplimiento sobreviniente del contratista, esta degeneraría en una sanción por el incumplimiento y dejaría de ser un mecanismo de impulso de ejecución del contrato. Por ello, la entidad tiene la obligación de evaluar si el contratista ha cumplido o no antes de dejar en firme la multa. (Negrilla fuera del texto) Finalmente el Tribunal de Arbitramento Integrado por tres árbitros ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad de las Resoluciones No. 0822 del 11 de julio de 2017, No. 1705 del 27 de octubre de 2017 y No. 0176 del 21 de febrero de 2018 que impusieron la multa por desviación de poder y falsa motivación, y como consecuencia de ello, se ordenó al Departamento del Magdalena la restitución de la suma de $ 982.473.320 al Contratista [NOMBRE TACHADO]. Mas adelante, a través de Sentencia del 19 de mayo de 2020 por medio de la cual el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, resolvió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra el laudo arbitral proferido el 11 de julio de 2019 por el tribunal de arbitramento1 constituido para dirimir las controversias surgidas entre ese consorcio (convocante) y el Departamento de Magdalena (convocado), con ocasión del contrato de obra 617 de 4 de octubre de 2013, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda arbitral. En la que resolvió entre otras disposiciones, declarar infundado parcialmente el recurso de anulación propuesto por el [NOMBRE TACHADO] contra el laudo arbitral proferido el 11 de julio de 2019 por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato 617 de 2013, celebrado entre ese consorcio y el Departamento de Magdalena. 7.3.1.3.- Facultades de la entidad contratante para la imposición de multas La naturaleza misma de las multas en la contratación estatal, comprenden más un apremio que una sanción. El contratante no puede utilizar las multas como una especie de clausula penal, pues se trata de una figura totalmente distinta, por ello, no podría entenderse como un mecanismo para resarcir a la entidad por los perjuicios causados por el incumplimiento, ni tampoco como un castigo para el contratista incumplido total, parcial o defectuosamente. Cabe señalar que, las facultades de la entidad contratante para la imposición de multas en el contrato estatal se encuentran contempladas que el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, el cual reza: “ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observará el siguiente procedimiento:” Ahora bien, de la lectura de la norma antes transcrita se observa claramente que las entidades gozan de autonomía y discrecionalidad para adoptar las decisiones con relación a los incumplimientos de los contratistas, porque, al decir de norma que las entidades podrán declarar el incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas, queda a su libre albedrío -(de manera limitada)- proceder conforme a cada caso en particular y como a su juicio así lo considere, por tanto, los informes y solicitudes de interventoría no obligan a la administración iniciar los respetivos procesos administrativos encaminados a la imposición de multas y sanciones. El hecho de que no se acoja los informes o solicitudes de interventoría (sic) relacionados con el incumplimiento por parte del contratista, no implica per se que se incurra en falta disciplinaria, pues la administración en uso de la discrecionalidad y la autonomía de cada caso particular deberá valorar si acoge o no lo solicitado por la interventoría en caso afirmativo deberá adelantar el proceso administrativo garantizando el debido proceso. Es así como, la facultad de imponer una multa sí supone unos deberes, esto es, el deber de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y, consecuentemente, el deber de evaluar si es necesario o no ejercer dicha atribución, casos en los cuales se debe motivar la adopción de una u otra medida, pues la motivación de todo acto es el medio que permitirá determinar si una decisión ha sido adoptada en derecho o no. La defensa señala que la facultad de imponer una multa por parte de la administración no constituye un deber porque es un poder que se ejerce cuando la oportunidad y conveniencia así lo exijan; y tal como fue ampliamente expuesto por la disciplinados en su defensa, y reseñada en las declaraciones de los declarantes Maykol Grandeth Gastelbondo y Rafael Diazgranados sobre el particular, se tiene que las motivaciones legales son las que se han evaluado por parte de este ente de control disciplinario, como deber que tenía la disciplinada de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. 7.3.1.4.- Debido proceso en el proceso administrativo sancionatorio. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la definición de una infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionatoria del Estado, e igualmente ha mencionado que uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad (reserva legal), según el cual las conductas sancionables no solo deben estar descritas en una norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal. Al respecto en primer lugar se debe destacar que el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionatorio se encuentra reconocido en varias disposiciones de la Carta Política. Así, en el artículo 6° superior se establece que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por el incumplimiento de la Constitución y por la vulneración de la ley, lo que equivaldría a garantizar los derechos de quien cumpla o no las funciones expresamente señaladas. Mientras que en el artículo 29 constitucional se dispone que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, ubicado dentro del Título III sobre disposiciones varias, consagra el debido proceso en materia sancionatoria en la actividad contractual en los siguientes términos: Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas Es cierto que las entidades estatales tienen la facultad o potestad de imponer las multas que han sido pactadas en los contratos, con la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla sus obligaciones contractuales. No se trata pues, de una facultad discrecional de la administración, pues, como toda potestad o atribución, está limitada por la ley. En efecto, por un lado, las entidades públicas podrán imponer las multas respetando el debido proceso de los contratistas, siempre que se encuentran pactadas y frente al incumplimiento de aquel; y por el otro lado, es una atribución correlativa al deber de los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. Es decir, se trata de una potestad que le otorga a la administración la facultad de imponer las multas con el único fin de que se garantice el interés general que se busca con todo contrato estatal. En nuestro Estado social de derecho no se concibe una competencia o una facultad absolutamente discrecional: será más o menos discrecional, pero, se reitera, no lo es de manera absoluta, pues debe ejercerse dentro del marco y fines de la ley. La doctrina ha señalado en cuanto a la discrecionalidad de la administración: En consecuencia, debemos admitir que la potestad discrecional obedece a claras políticas legislativas que otorgan facultad a la administración para realizar juicios de valor, apreciaciones y estimaciones con el único fin de permitirle el cumplimiento de los cometidos estatales, el bien común y el interés general, todo ello de acuerdo con la realidad fáctica que deban analizar. Por razón de las circunstancias y de la inmediación, es forzoso que la ley se desprenda de su regulación concreta y la atribuya a los ejecutores, es decir, los funcionarios administrativos. La discrecionalidad, en cuanto potestad abierta, ha sostenido el Consejo de Estado que se caracteriza precisamente por esa cobertura de actuación o margen de mayor o menor amplitud para la realización de los objetivos trazados por el legislador: en algunos casos podrá consistir en el análisis de la oportunidad para decidir, facultándola para obrar o abstenerse, según las circunstancias; en otros, la norma podrá otorgar opción para escoger alternadamente entre varias formas de decisión. Así mismo, la ley podrá fijar los presupuestos de hecho que autoricen para poner en ejercicio la atribución de que se trate, dando al órgano potestad para adoptar la decisión que más convenga. […] La discrecionalidad administrativa no es sinónima de “arbitrariedad” (en su concepción clásica u originaria de por sí era arbitraria, al permitirse total libertad a la administración y considerarse por eso mismo incontrolable ante los tribunales contencioso administrativos), el funcionario ejecutor de una potestad de esta naturaleza se encuentra evidentemente sometido a los extremos determinados en el bloque de la legalidad y en la finalidad específica del bien común que debe buscar toda la ley y perseguir toda actuación de la administración pública (SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO. Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, páginas 46-47). La imposición de una multa en la ejecución de un contrato no es extraña a esa regla general, toda vez que al estar acordada por las partes con fundamento en la ley y con la citada finalidad, la administración frente al incumplimiento del contratista tiene el deber de examinar y motivar las razones por las cuales resuelve imponer una multa o abstenerse de ello. 7.3.2.- Imputación Jurídica 7.3.2.1.- Indebida adecuación típica Luego de examinar la conducta de los disciplinados, debemos establecer si ella encuadra en una descripción normativa que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos o funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, lo cual constituye falta disciplinaria, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. Para que exista una imputación de tipo disciplinario no es suficiente con la imputación de la conducta, está debe adecuarse a un tipo disciplinario, es decir, que debe ser típica. Ello significa, que el operador disciplinario, so pena de violar el principio de legalidad e incurrir en una violación del debido proceso, debe efectuar el reenvío a una norma con estructura de regla y a indicar de manera expresa en el pliego de cargos a que norma se está remitiendo, sino lo hiciera, el disciplinado no tendría oportunidad de saber cuál fue la norma legal que vulneró, omitió o extralimitó y se le violaría su derecho de defensa. La Corte Constitucional ha señalado como subreglas para la constitucionalidad de los tipos en blanco, las siguientes: “…i) la disposición que la efectúa ha de comprender unos contenidos mínimos que le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al respecto; ii) que las normas a las que se remite contengan, en efecto, los elementos que permiten definir con precisión y claridad la conducta sancionada, de forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto debido al principio de tipicidad. Finalmente, no sobra reiterar que lógicamente a las personas no se les puede aplicar una descripción de la conducta sancionada efectuada con posterioridad a la realización de dicha conducta, porque ello desconocería el principio de lex previa…” En este orden de ideas, no puede confundirse el tipo disciplinario con las normas que señalan los deberes especiales de sujeción. Los deberes especiales de sujeción están consagrados en la Constitución, en la ley y en los reglamentos, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política, que sostiene: “…los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento…” En el caso subexamine, en el pliego de cargos a los disciplinados se les reprochó la omisión del deber como miembro del Comité Especial de Decisión y Apoyo en tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] a través de la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 conforme a lo previsto en la Cláusula Decimotercera del Contrato 617 de 2013 toda vez que al parecer, se incluyó variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato, indicando que con su actuar, los disciplinados habrían vulnerado los deberes consagrados en los numerales 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y por tanto habrían incurrido en la prohibición descrita en el artículo 35 del CDU que establece lo siguiente: 1.- Articulo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Deberes. Son deberes de todo servidor público: Cumplir y hacer se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. (…) Sea lo primero aclarar que, el articulo 34-1 de la Ley 734 de 2002 al ser un tipo disciplinario abierto al momento de ser aplicada, debe ser complementada con la Constitución, la ley o el reglamento, con el objeto de establecer en forma clara y precisa la función, deber, obligación y/o prohibición relativas a la presunta omisión de su deber tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] conforme a lo previsto en la Cláusula Decimotercera del Contrato 617 de 2013. Al valorar la imputación considera esta Regional de Juzgamiento, que se debió citar como normas de reenvió la Ley 1150 de 2007 en particular lo contemplado en el artículo 17, la ley 1474 de 2011, lo contenido en el artículo 86, incluso lo contenido en el Contrato 617 de 2013 pues aun cuando sea un acuerdo celebrado entre las partes contratantes, también es un acto administrativo que permite completar la imputación, es decir, aterrizarla al terreno fáctico y dotar de contenido el pliego de cargos. En efecto, tratándose de un contrato estatal de obra público, en la cual la Administración en cabeza de la Gobernación del Magdalena hace uso de las potestades de Ius Puniendi para la imposición de una sanción, conforme a lo pactado en un contrato estatal que se rige por lo establecido en la Ley 80 de 1993, y por consiguiente las disposiciones que sobre el caso en concreto aplicaban al contrato estatal, a saber, lo reglado por la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Aspectos que no fueron traídos a colación por el órgano instructor, quien acude como normas de reenvío el artículo 1494, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano. Si bien es cierto, el Contrato 617 de 2013 fue producto de un acuerdo de voluntades, y que este acto es ley para las partes, no hay que perder de vista que se trata de un contrato estatal que tiene unas reglas para su celebración, ejecución y solución de controversias. No bastaba entonces señalar, que los disciplinados desconocieron el pacto celebrado sino que debía adecuarse a las particularidades del contrato estatal, más aun cuando existe un plexo normativo que regula lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas. Además, el órgano instructor le reprochó a los disciplinados la inobservancia del Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena”, particularmente en cuanto a las funciones del Jefe de la Oficina de Contratación, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Gerente de Proyectos, sin embargo, debe tenerse presente, tal como lo expusieron los disciplinados en su defensa, que la tasación de la multa se produjo con ocasión a la delegación conferida a través del Decreto No. 100-26 del 04 de mayo de 2017, acto administrativo expedido por la Gobernadora del Magdalena para la época, por medio del cual conformó un comité especial y transitorio de apoyo con la finalidad de apoyar los actos administrativos asociados al procedimiento de que versa el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sobre la imposición de multa en contrato de obra público, y se designó como miembros del comité especial a los funcionarios [NOMBRE TACHADO], Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Departamental, [NOMBRE TACHADO], Gerente de Proyectos y a la Doctora [NOMBRE TACHADO], Jefe de la Oficina de Contratación. En este sentido, el incumplimiento no se da particularmente en el ejercicio corriente de las funciones sino en el cumplimiento de una delegación expresa contenido en una acto administrativo, el cual se produjo en el marco del proceso administrativo sancionatorio y que confería funciones particulares y concretas a los integrantes de dicho Comité; situación que no fue estudiada por el órgano de instrucción. En gracia de discusión, si lo que se identificó en etapa de instrucción fue la inobservancia de las funciones de los disciplinados, era necesario analizar como en el ejercicio de esa delegación los investigados infringieron el régimen funcional bien sea por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de las tareas que se le han asignado dentro del manual de funciones específicos para los cargos que cada uno ostentaba. Aspecto que como se insiste no fue abordado en el pliego de cargos, y que no se podría pasar por alto. De manera, que en la estructuración del cargo, si bien la Procuraduría Regional del Magdalena cumplió con la carga de señalar las normas de reenvío que servirían para estructurar el tipo disciplinario en blanco que se le imputaba al disciplinado, para así determinar el alcance de la conducta, lo cierto es que existió una indebida adecuación típica incumpliendo con ello, las disposiciones contenidas en el artículo 163 del Código Único Disciplinario, puesto que la imputación de cargos, de cara a la presunta omisión de deberes descrita en el artículo el articulo 34-1 de la Ley 734 de 2002, no cumplía con los requisitos exigidos en dicho articulado, específicamente con lo dispuesto en el numeral 4 de la norma en cita, cuyo texto es del siguiente tenor: “…ARTÍCULO 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener: (…) 4. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta…” Así, no bastaba demostrar la ocurrencia de la conducta y su posible responsable, sino que además la imputación fáctica requería la determinación e individualización de la conducta de forma clara y precisa, situación que no ocurrió en la estructuración del cargo, puesto que la Procuraduría Regional del Magdalena no utilizó las normas de reenvío que eran adecuadas para el presente caso, conllevando a la sustracción del contenido jurídico de la imputación. Como corolario de lo anterior, a juicio de esta Regional de Juzgamiento NO se reúnen los presupuestos para considerar que se efectuó una debida adecuación típica del comportamiento endilgado a los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos, en su condición de disciplinados dentro de la presente actuación, toda vez que la imputación no tiene el fundamento normativo aplicable al caso que permita complementar los tipos disciplinarios en blanco en que los que se adecuó la conducta a los endilgados. 7.4.- ILICITUD SUSTANCIAL Sobre la ilicitud sustancial, es importante señalar que en materia disciplinaria el juicio de antijuricidad hace relación a la infracción de deberes, de tal manera que el incumplimiento de éstos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; no obstante, al respecto es importante acotar que no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, en tanto se requiere que la infracción tenga la entidad de sustancial como lo exige el artículo 5 del C.D.U. Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-948/02 del Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis precisó la naturaleza de la antijuricidad propia del derecho disciplinario al señalar “El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta”. (Subrayado ajeno al texto) Por su parte, la Sala Disciplinaria en decisión del 19 de julio de 2018 se ha referido sobre la ilicitud sustancial en los siguientes términos: ILICITUD SUSTANCIAL-La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna Como bien lo sostiene la Delegada, en materia disciplinaria no basta con demostrar que se está en presencia de una conducta de acción o de omisión que se aparte objetivamente del deber funcional, es decir, el análisis no puede reducirse solamente a la categoría de la tipicidad, sino que es menester para la configuración de la ilicitud sustancial, que se acredite, además, que ese resultado carece de una explicación jurídica atendible. En otras palabras, como lo sostiene la doctrina «aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial», y por lo tanto, ello no puede traducirse en la imposición de una sanción disciplinaria, en razón a que está proscrita la responsabilidad objetiva. Igualmente resulta válido el argumento del a quo, en el sentido que, si de la evaluación probatoria se evidenciare la existencia de circunstancias que justifiquen lo acontecido, o, cuando menos, surge duda razonable a favor del servidor investigado, no se habrá configurado el requisito de ilicitud sustancial, y de este modo, el comportamiento típico no podrá ser objeto de responsabilidad disciplinaria. (Subrayado fuera del texto) En este sentido, la ilicitud sustancial se refiere a la infracción sustancial de los deberes funcionales, al contrariarse los principios que rigen la función pública, lo cual implica que la ilicitud sustancial se construye a partir del desconocimiento de los principios de la función pública, es decir, a partir de normas con estructura de principios, que se desprende de los artículos 5.o y 22 del CDU. Así, para entrar a efectuar la valoración de antijuricidad de la conducta disciplinaria, se realizará el análisis de la conducta desde la afectación de un deber funcional y la existencia o no de justificación. 7.4.1.- Afectación del deber funcional Sobre el contenido del deber funcional, la jurisprudencia (18) ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que no basta con que la acción u omisión se subsuma en un tipo disciplinario, sino que se requiere la infracción sustancial del mismo, es decir, atentar contra el buen funcionamiento del Estado y, en consecuencia, contra sus fines. La falta disciplinaria se configura por la violación a deberes funcionales, por ello, ha de constatarse la ilicitud sustancial frente a estos últimos, para establecer si el comportamiento revisado impide o perturba la marcha de la administración pública y, por lo tanto, dificulta la consecución de los fines del Estado. Adicionalmente, el principio de lesividad constituye una garantía a favor del sujeto disciplinable, que es distinta a la antijuridicidad material propia del derecho penal porque en el derecho disciplinario el quebrantamiento de la norma merece reproche cuando la misma es vulnerada sin justificación, y además, tiene repercusión social o menoscaben el derecho de acceso a la administración del ciudadano, pues, en términos de la Corte Constitucional, al derecho disciplinario no es un instrumento ciego de obediencia. Ahora bien, como la responsabilidad disciplinaria se fundamenta en el incumplimiento de deberes funcionales y no en la simple infracción de normas, resulta necesario evaluar en cada caso si dicha transgresión tuvo la entidad suficiente para afectar la buena prestación del servicio público y quebrantar el funcionamiento del Estado. Así, en el presente caso el órgano instructor se limitó a realizar una exposición del concepto de ilicitud sustancial y la afectación del deber funcional, sin embargo no se expuso cuáles eran aquellos principios de la función administrativa que había inobservado. Conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Disciplinario Único (CDU), debe recordarse ahora que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución Política (artículo 6°) y las leyes, sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, a la par que se les exige una conducta ética conforme la investidura que ostentan (especial relación de sujeción). Es así, que al incurrir en la falta disciplinaria que se le reprocha, se deben valorar los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, que inobservó el disciplinado (s) a efectos de juzgar la legalidad de su conducta. En el caso que nos ocupa, se observa que en el pliego de cargos no se mencionó ningún principio, tampoco se ahondó en la afectación del deber funcional, o en otros términos, como con el despliegue de la conducta de los disciplinados se produjo la afectación ostensible del buen funcionamiento del Estado y de sus fines. Ciertamente, la Regional del Magdalena se limitó a señalar que los disciplinados desconocieron las funciones al apoyar y decidir el proceso sancionatorio de conformidad con lo previsto en la Ley y al contrato mismo, procurando salvaguardar los intereses de la entidad y del fin mismo de la contratación, cuando por el contrario, del plenario se desprende que la entidad contratante a través del Comité Especial hizo uso de las facultades legales y contractuales, y utilizó un mecanismo de apremio al contratista, el cual conforme a los testimonios rendidos y los decisiones judiciales, cumplió con su cometido que era pues, conminar al contratista a culminar las labores que se encontraban pendientes por ejecutar. Así, aun cuando el órgano instructor cuestiona la tasación de la multa como presunta irregularidad, no existe plena prueba que corrobore el reproche frente a la interpretación de la cláusula decimotercera del Contrato 617 de 2013, puesto que los actos administrativos en los que se sustentan la sanción contienen el fundamento normativo basado en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, argumentos que fueron ampliamente dilucidados por los disciplinados y su defensa, y que guardan consonancia con los que ha venido debatiéndose en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado frente a lo que implica el uso de las facultades del Ius Puniendi y la aplicación del debido proceso en los procesos contractuales. Tan es así, que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 consagra que “el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, y que le otorga a la administración la facultad de imponer las multas con el único fin de que se garantice el interés general que se busca con todo contrato estatal. Por ende, tal como se expuso en líneas anteriores y como sustentaron en su defensa los disciplinados, el propósito de la multa no es la imposición de sanción o el resarcimiento de perjuicios, pues no es esta la figura para ello, lo que se pretende es garantizar el cumplimiento de los fines del contrato, por lo que aplicación a “raja tabla” de una multa que implicaba la posibilidad de insolventar al contratista y afectar la ejecución del contrato desnaturalizaba la figura de la que se pretendía hacer uso, y además, habría afectado aún el interés general al no poder materializar el contrato. Es así, que no resulta plausible reprochar a los disciplinados la interpretación de cláusulas contractuales con observancia de los principios constitucionales al debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad con el argumento de la ausencia de aplicación de acuerdos pactados entre las partes, cuando fue probado que se trataba de un contrato que habría sufrido modificaciones y variaciones que incidían en la aplicación de ese clausulado. Es así, que si en alguna medida se identificó una conducta reprochable por parte de los disciplinados, ella se enmarcaría en la aplicación del debido proceso y garantías dentro del proceso administrativo sancionatorio al contratista, y no en la consecuencia de ello, a saber, la imposición de la sanción. En síntesis, conforme los anteriores presupuestos conceptuales y luego de examinar la conducta de los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos, surge como evidente que su comportamiento carece de elementos estructurales de la falta disciplinaria como son la tipicidad y la ilicitud sustancial; situación que impone a esta Procuraduría el deber legal de absolver a los investigados del cargo formulado según el cual incumplió los deberes en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con lo contemplado en el artículo 1494, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano y el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017, así como por incurrir en las prohibiciones del artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 8.- RESUELVE: PRIMERO: ABSOLVER a los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta y la señora [NOMBRE TACHADO] identificada con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, de la responsabilidad disciplinaria que se le atribuyó, disponiendo el archivo definitivo de las presentes diligencias. SEGUNDO: Notificar el contenido de esta providencia al disciplinado de manera personal, conforme lo señala el artículo 101, 102 y 103 de la ley 734 de 2002, por intermedio de la Secretaría común de esta Procuraduría Regional. En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del código único disciplinario. Como quiera que las diligencias tuvieron su origen por informe de servidor no procede la comunicación a quejoso. TERCERO: LIBRAR por intermedio de la Secretaría Común de esta Regional las anotaciones, comunicaciones y registros de rigor, y una vez agotados los trámites procesales y administrativos que pongan fin al presente proceso disciplinario, archívese el expediente si a ello hubiere lugar CUARTO: Por el funcionario responsable realizar los registros que correspondan en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, JUAN DAVID MORALES BARBOSA PROCURADOR REGIONAL DE JUZGAMIENTO DEL ATLÁNTICO IUS: E-2017-695430 Proyectó: FLM

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory