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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:202503101138500.DOCX"
titulo: "INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA: la decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2023-10-05"
radicado: "D 2018-1061384"
numero: "202503101138500.DOCX"
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# INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA: la decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2023-10-05
- **Radicado:** D 2018-1061384
- **Número:** 202503101138500.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA REGIONAL DE JUZGAMIENTO ATLANTICO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202503101138500.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Fallo absolutorio: A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse indebida adecuación típica e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista
- [nombre tachado]: Términos sobre la imposición de multas pactados dentro del contrato de obra
- [nombre tachado]: Declara el incumplimiento parcial del contratista y se impone una multa de $15.616.000.000
- [nombre tachado]: Debido proceso

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Decreto Ley 262 de 2000
- Ley 1474 de 2012

## Extracto

FALLO ABSOLUTORIO-A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse [NOMBRE TACHADO] e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista [NOMBRE TACHADO]-Normas de reenvío en instrucción no se adecuaron a las particularidades del contrato estatal en lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas La decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019. Sostuvo que era necesario utilizar la razonabilidad en la definición del quantum, dado que se estaba ante un incumplimiento parcial susceptible de ser superado por el contratista. Adicional a ello, el disciplinado hizo un recorrido jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad.

## Descriptores temáticos

INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA, Normas de reenvío en instrucción no se adecuaron a las particularidades del contrato estatal en lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas

## Guías prácticas relacionadas

- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.

## Texto del documento

FALLO ABSOLUTORIO-A favor de jefe oficina asesora jurídica, gerente de proyectos y jefe oficina de contratación de la gobernación del Magdalena al comprobarse indebida adecuación típica e inexistencia de ilicitud sustancial en la imposición de multa a contratista
[NOMBRE TACHADO]-Términos sobre la imposición de multas pactados dentro del contrato de obra
[NOMBRE TACHADO]-Declara el incumplimiento parcial del contratista y se impone una multa de $15.616.000.000
[NOMBRE TACHADO]-Debido proceso
Las entidades estatales tienen la facultad o potestad de imponer las multas que han sido pactadas en los contratos, con la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla sus obligaciones contractuales. No se trata pues, de una facultad discrecional de la administración, pues, como toda potestad o atribución, está limitada por la ley. En efecto, por un lado, las entidades públicas podrán imponer las multas respetando el debido proceso de los contratistas, siempre que se encuentran pactadas y frente al incumplimiento de aquel; y por el otro lado, es una atribución correlativa al deber de los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado
Es decir, se trata de una potestad que le otorga a la administración la facultad de imponer las multas con el único fin de que se garantice el interés general que se busca con todo contrato estatal
INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA-Normas de reenvío en instrucción no se adecuaron a las particularidades del contrato estatal en lo concerniente a la imposición de multas a los contratistas
En la estructuración del cargo, si bien la Procuraduría Regional del Magdalena cumplió con la carga de señalar las normas de reenvío que servirían para estructurar el tipo disciplinario en blanco que se le imputaba al disciplinado, para así determinar el alcance de la conducta, lo cierto es que existió una indebida adecuación típica incumpliendo con ello, las disposiciones contenidas en el artículo 163 del Código Único Disciplinario, puesto que la imputación de cargos, de cara a la presunta omisión de deberes descrita en el artículo el articulo 34-1 de la Ley 734 de 2002, no cumplía con los requisitos exigidos en dicho articulado, específicamente con lo dispuesto en el numeral 4 de la norma en cita…
Así, no bastaba demostrar la ocurrencia de la conducta y su posible responsable, sino que además la imputación fáctica requería la determinación e individualización de la conducta de forma clara y precisa, situación que no ocurrió en la estructuración del cargo, puesto que la Procuraduría Regional del Magdalena no utilizó las normas de reenvío que eran adecuadas para el presente caso, conllevando a la sustracción del contenido jurídico de la imputación
MULTA EN CONTRATACION ESTATAL-Su propósito no es la imposición de sanción o el resarcimiento de perjuicios porque no es la figura para ello/MULTA EN CONTRATACION ESTATAL-Pretende garantizar el cumplimiento de los fines del contrato lo que no implica desnaturalizar la figura insolventando al contratista y afectando la ejecución del contrato
[NOMBRE TACHADO]-En alguna medida puede reprocharse la aplicación del debido proceso y garantías dentro del proceso administrativo sancionatorio al contratista y no la consecuencia de la imposición de la sanción
DEPENDENCIA:
PROCURADURÍA REGIONAL DE JUZGAMIENTO DEL ATLÁNTICO
RADICACIÓN IUS No.:
E-2017-695430
RADICACIÓN IUC No.:
D-2018-1061384
DISCIPLINADOS:
[NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO].
CARGO Y ENTIDAD:
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA, GERENTE DE PROYECTOS Y JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA.
QUEJOSO O INFORMANTE:
PROCURADURIA REGIONAL DEL MAGDALENA
FECHA DE LA QUEJA:
12/07/2017
HECHOS:
11/07/2017
ASUNTO:
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (ART. 169 A LEY 734 DE 2002)
Barranquilla, 05 de octubre de 2023
1.- ASUNTO POR TRATAR
Agotado el trámite procesal, procede el Despacho a proferir decisión de primera instancia dentro de las diligencias radicadas bajo el No. IUS E-2017-695430/ IUC D-2018-1061384, seguidas contra los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO], en sus condiciones de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gerente de Proyectos Especiales, Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, respectivamente, para la época de la ocurrencia de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 20 del Decreto Ley 1851 del 24 diciembre de 2021, que adicionó el articulo 75 A al Decreto Ley 262 de 2000.
2.- ANTECEDENTES FACTICOS Y PROCESALES
2.1 Situación Fáctica
Las diligencias se iniciaron con fundamento en el informe suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Magdalena remitido a la Procuraduría Regional del Magdalena a través del oficio número E-2017-011747 del 18 de julio de 2017 con ocasión a la solicitud formulada por esa Procuraduría.
En el citado informe se entregó Copia de la Resolución No. 0822 de fecha 11 de julio de 2017, por medio de la cual se impuso multa al [NOMBRE TACHADO], titular del contrato 617 de 2013, Copia de los actos administrativos previos a la expedición de la Resolución No. 0822 de 2017, y Copia de las actuaciones adelantadas y de las actas de audiencia realizadas con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012 (...)
Dentro de la Documentación reposa la Resolución No. 0822 de 2017 expedida por el Delegado de la Gobernadora y el Comité Especial de Decisión y apoyo conformado por el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental, y en el mismo se impuso multa al [NOMBRE TACHADO] como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en el marco del Contrato No. 617 de 2013; en la imposición de la multa, al parecer, se habría efectuado el cálculo aplicando criterios no contemplados ni pactados en la Clausula Décima Tercera de dicho Contrato.
2.2 ACTUACION PROCESAL
2.2.1.- Indagación Preliminar
Mediante Auto del 19 de septiembre de 2017 la Procuraduría Regional del Magdalena ordenó el inicio de la indagación preliminar contra el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de ocurrencia de los hechos, por las presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución No. 0822 del 11 de julio de 2017. Dicho auto fue notificado por edicto fijado el día 2 de agosto de 2018
2.2.2.- Investigación Disciplinaria
Por encontrar mérito para ello, a través de Auto del 3 de agosto de 2018 la Procuraduría Regional del Magdalena dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, para la época de ocurrencia de los hechos. La citada decisión fue notificada personalmente al señor [NOMBRE TACHADO], el día 6 de agosto de 2018, y al señor [NOMBRE TACHADO], el día 16 de agosto de 2018; y por edicto desfijado el día 23 de agosto de 2018, a la señora [NOMBRE TACHADO].
Seguidamente mediante auto del 19 de marzo de 2019, la Procuraduría Regional del Magdalena reconoció personería a la Doctora [NOMBRE TACHADO], en su condición de apoderada de confianza del señor [NOMBRE TACHADO].
2.2.3.- Cierre de Investigación Disciplinaria
Mediante Auto de fecha 26 de agosto de 2019, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 160 A del Código Disciplinario Único, la Regional de Instrucción del Magdalena ordenó el cierre de la investigación disciplinaria adelantada contra los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos. La decisión de cierre fue notificada por el Estado No. 56 fijado el día 20 de septiembre de 2019.
2.2.4.- Pliego de Cargos
Luego de evaluar el mérito de la investigación la Procuraduría Regional del Magdalena a través de Auto del 02 de junio de 2020 formuló pliego de cargos contra los disciplinados así:
2.2.4.1.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe:
Haber omitido su deber como Delegado de la Gobernadora del Magdalena de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato.
La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE.
2.2.4.2.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe:
Haber omitido su deber como miembro del comité especial de decisión y apoyo de la de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Decimotercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato
La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE.
2.2.4.3.- [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena formuló el cargo único que a continuación se transcribe:
Haber omitido su deber como miembro del comité especial de decisión y apoyo de la de tasar la multa impuesta al [NOMBRE TACHADO] en la Resolución N° 0822 del 11 de Julio de 2017 y la Resolución N° 1705 del 26 de octubre de 2017 de conformidad a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato 617 de 2013, incluyendo en su lugar variables o criterios distintos no contemplados en el Contrato
La Regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta como GRAVE a título de CULPA GRAVE.
Para todos los disciplinados se adecuó la conducta a la falta establecida en el artículo 34 numeral 1 y 2 y el artículo 35 numeral 2 la Ley 734 de 2002 en consonancia con lo contemplado en el artículo 1494, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano y el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017 “Manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de empleados de la Gobernación del Magdalena”
Esta providencia fue notificada a través de medios electrónicos a los sujetos procesales así; al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación Departamental del Magdalena, el 30 de junio de 2020, a la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena el 10 de julio de 2020, y al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación Departamental del Magdalena a través de su apoderado de confianza la Doctora [NOMBRE TACHADO] el 10 de julio de 2020 .
2.2.5.- Descargos
En cumplimiento de lo anterior, los sujetos procesales presentaron los memoriales de descargos, en las siguientes fechas: el día 13 de julio de 2020, por el señor [NOMBRE TACHADO]; el día 22 de julio de 2020, por la señora [NOMBRE TACHADO], y el día 28 de julio de 2020, por el señor [NOMBRE TACHADO], por conducto de su apoderada de confianza.
De los argumentos rendidos en los descargos se extrae lo siguiente:
1.- El señor [NOMBRE TACHADO] manifestó en sus descargos el insuficiente acervo probatorio que demostrara la responsabilidad más allá de la duda razonable. Sostuvo que el órgano instructor no consideró que la imposición de la multa más que sancionatorio es conminatorio; a efectos de que el contratista cumpla con un temporal retraso en algunas de las obligaciones a las que se hizo responsable.
Refirió que la jurisprudencia sobre la imposición de la multa señal que esta busca es inducir el acatamiento, y por tanto, no persigue obtener una suma o monto para contener o reparar un menoscabo patrimonial de la administración contra

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ectación del deber funcional, sin embargo no se expuso cuáles eran aquellos principios de la función administrativa que había inobservado.
Conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Disciplinario Único (CDU), debe recordarse ahora que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución Política (artículo 6°) y las leyes, sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, a la par que se les exige una conducta ética conforme la investidura que ostentan (especial relación de sujeción). Es así, que al incurrir en la falta disciplinaria que se le reprocha, se deben valorar los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, que inobservó el disciplinado (s) a efectos de juzgar la legalidad de su conducta.
En el caso que nos ocupa, se observa que en el pliego de cargos no se mencionó ningún principio, tampoco se ahondó en la afectación del deber funcional, o en otros términos, como con el despliegue de la conducta de los disciplinados se produjo la afectación ostensible del buen funcionamiento del Estado y de sus fines.
Ciertamente, la Regional del Magdalena se limitó a señalar que los disciplinados desconocieron las funciones al apoyar y decidir el proceso sancionatorio de conformidad con lo previsto en la Ley y al contrato mismo, procurando salvaguardar los intereses de la entidad y del fin mismo de la contratación, cuando por el contrario, del plenario se desprende que la entidad contratante a través del Comité Especial hizo uso de las facultades legales y contractuales, y utilizó un mecanismo de apremio al contratista, el cual conforme a los testimonios rendidos y los decisiones judiciales, cumplió con su cometido que era pues, conminar al contratista a culminar las labores que se encontraban pendientes por ejecutar.
Así, aun cuando el órgano instructor cuestiona la tasación de la multa como presunta irregularidad, no existe plena prueba que corrobore el reproche frente a la interpretación de la cláusula decimotercera del Contrato 617 de 2013, puesto que los actos administrativos en los que se sustentan la sanción contienen el fundamento normativo basado en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, argumentos que fueron ampliamente dilucidados por los disciplinados y su defensa, y que guardan consonancia con los que ha venido debatiéndose en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado frente a lo que implica el uso de las facultades del Ius Puniendi y la aplicación del debido proceso en los procesos contractuales. Tan es así, que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 consagra que “el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, y que le otorga a la administración la facultad de imponer las multas con el único fin de que se garantice el interés general que se busca con todo contrato estatal.
Por ende, tal como se expuso en líneas anteriores y como sustentaron en su defensa los disciplinados, el propósito de la multa no es la imposición de sanción o el resarcimiento de perjuicios, pues no es esta la figura para ello, lo que se pretende es garantizar el cumplimiento de los fines del contrato, por lo que aplicación a “raja tabla” de una multa que implicaba la posibilidad de insolventar al contratista y afectar la ejecución del contrato desnaturalizaba la figura de la que se pretendía hacer uso, y además, habría afectado aún el interés general al no poder materializar el contrato.
Es así, que no resulta plausible reprochar a los disciplinados la interpretación de cláusulas contractuales con observancia de los principios constitucionales al debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad con el argumento de la ausencia de aplicación de acuerdos pactados entre las partes, cuando fue probado que se trataba de un contrato que habría sufrido modificaciones y variaciones que incidían en la aplicación de ese clausulado. Es así, que si en alguna medida se identificó una conducta reprochable por parte de los disciplinados, ella se enmarcaría en la aplicación del debido proceso y garantías dentro del proceso administrativo sancionatorio al contratista, y no en la consecuencia de ello, a saber, la imposición de la sanción.
En síntesis, conforme los anteriores presupuestos conceptuales y luego de examinar la conducta de los señores [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gerente de Proyectos Especiales, y [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación Departamental del Magdalena, al momento de ocurrencia de los hechos, surge como evidente que su comportamiento carece de elementos estructurales de la falta disciplinaria como son la tipicidad y la ilicitud sustancial; situación que impone a esta Procuraduría el deber legal de absolver a los investigados del cargo formulado según el cual incumplió los deberes en el artículo 34 numeral 1 y 2 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con lo contemplado en el artículo 1494, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano y el Decreto 0235 del 08 de junio de 2017, así como por incurrir en las prohibiciones del artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
En mérito de lo expuesto la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,
8.- RESUELVE:
PRIMERO: ABSOLVER a los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, [NOMBRE TACHADO], identificado con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta y la señora [NOMBRE TACHADO] identificada con la cedula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Santa Marta, de la responsabilidad disciplinaria que se le atribuyó, disponiendo el archivo definitivo de las presentes diligencias.
SEGUNDO: Notificar el contenido de esta providencia al disciplinado de manera personal, conforme lo señala el artículo 101, 102 y 103 de la ley 734 de 2002, por intermedio de la Secretaría común de esta Procuraduría Regional. En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del código único disciplinario.
Como quiera que las diligencias tuvieron su origen por informe de servidor no procede la comunicación a quejoso.
TERCERO: LIBRAR por intermedio de la Secretaría Común de esta Regional las anotaciones, comunicaciones y registros de rigor, y una vez agotados los trámites procesales y administrativos que pongan fin al presente proceso disciplinario, archívese el expediente si a ello hubiere lugar
CUARTO: Por el funcionario responsable realizar los registros que correspondan en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN DAVID MORALES BARBOSA
PROCURADOR REGIONAL DE JUZGAMIENTO DEL ATLÁNTICO
IUS: E-2017-695430
Proyectó: FLM

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — INDEBIDA ADECUACIÓN TÍPICA. 2023-10-05. Rad. D 2018-1061384. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202503101138500.DOCX).
