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NULIDAD ELECTORAL CONTRA CONCEJALES-Contra acto de elección de concejal del Municipio de San José de Cúcuta por inhabilidad tras contratación dentro del año anterior
INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL-No podrá ser inscrito ni elegido quien en el año anterior a la elección haya intervenido en celebración de contratos a ejecutarse en el municipio/INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios al candidato o a terceros
INHABILIDAD POR GESTIÓN DE NEGOCIOS-Busca evitar que el particular gestor saque provecho de su aspiración popular o se muestre en detrimento de la igualdad entre los candidatos/INHABILIDAD POR GESTIÓN DE NEGOCIOS-Participación o realización de diligencias con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio
INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Se surte con la celebración efectiva independientemente de su ejecución y si es dentro del periodo inhabilitante
INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La prueba conducente para determinar si un contrato nació o no a la vida jurídica es su suscripción
REPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS-Omisión de la organización política al avalar e inscribir candidato sin revisar si esta incurso en causales inhabilitantes
EXHORTACION-Llamado de diligencia a agrupaciones políticas para revisión previa al otorgamiento de avales de causales de inelegibilidad en candidatos
Bogotá D.C., 15 de abril de 2021
Concepto No. 2021-04-NE-85
Doctora
[NOMBRE TACHADO] ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 54001-23-33-000-2020-00012-01
DEMANDANTE: Luis Alfredo Vargas Torres
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO] – concejal de Cúcuta para el periodo 2020-2023
Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
Hechos
El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.
Mediante formulario E-26 CON de 18 de noviembre de 2019, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Cúcuta para el período 2020-2023, por el Partido Liberal Colombiano.
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Luis Alfredo Vargas Torres solicitó que se declare la nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] y se ordene la cancelación de su credencial.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 14 de enero de 2021, declaró la nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] como CONCEJAL DE CÚCUTA para el período 2020-2023.
En dicha providencia, el Tribunal indicó que la fijación del litigio realizó en los siguientes términos:
“…determinar si se encuentra viciada la elección del señor [NOMBRE TACHADO] como Concejal electo del Municipio de San José de Cúcuta, para el periodo constitucional 2020-2023, por la causal subjetiva de anulación invocada en la demanda, contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, de encontrarse incurso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.”
El Tribunal indicó que las tesis para dar solución a dicho problema son las siguientes:
Tesis de la parte actora: el demandado está incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto entre el demandado y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebraron dos contratos de prestación de servicios dentro del año anterior a la elección del concejal, con lugar de ejecución y domicilio contractual en San José de Cúcuta.
Tesis de la parte demandada: no está inhabilitado por el solo hecho de haber perfeccionado la orden de prestación de servicios 176 el primero de noviembre de 2018; y en cuanto a la orden de prestación de servicio 018 de 2019, ésta no nació a la vida jurídica y por tanto nunca se ejecutó, razón suficiente para concluir que tampoco existe la inhabilidad.
La tesis del Tribunal es que [NOMBRE TACHADO] se encuentra incurso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Se refirió a las generalidades y requisitos para la configuración de la causal de inhabilidad alegada y luego analizó el caso concreto.
Indicó que en el expediente obra:
Copia del contrato de prestación de servicios 176-2018 de 31 de octubre de 2018 celebrado entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, representada legalmente por [NOMBRE TACHADO], y el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con C.C. [IDENTIFICACIÓN TACHADA].
Acta de inicio del primero de noviembre de 2018.
Acta de liquidación de 13 de febrero de 2019.
Órdenes de pago 57735 de 30 de noviembre; 57743 de 3 de diciembre y 57833 de 26 de diciembre, todas de 2018.
Informes de registros de actividades y de certificaciones de cumplimiento satisfactorio de obligaciones.
Resolución de supervisión 0094 de 9 de noviembre de 2018.
Dichos documentos, a juicio del Tribunal, acreditan que entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebró el contrato de prestación de servicios 176 el 31 de octubre de 2018, con el siguiente objeto: “contratar el PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DELA REA (sic) OPERATIVA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA – LTDA.”.
Añadió que obra en el expediente:
Copia del contrato de prestación de servicios 018-2019 de 25 de enero de 2019 celebrado entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, representada legalmente por [NOMBRE TACHADO], y el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con C.C. [IDENTIFICACIÓN TACHADA].
Acta de inicio de 28 de enero de 2019.
Acta de liquidación de la misma fecha.
Resolución de supervisión 043 de 25 de enero de 2019.
El Tribunal concluyó, a partir de dichas pruebas, que está demostrado que entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebró el contrato de prestación de servicios 018 el 25 de enero de 2019, con el siguiente objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS RTM Y EC DEL CEDAC LTDA.”.
También obran como pruebas las siguientes:
Respuesta a derecho de petición elevado por la parte accionante ante el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA en el que se señala que su naturaleza jurídica es la de Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, cuyos socios son el Ministerio de Transporte con participación del 82.55% y la Alcaldía de Cúcuta con participación del 17.75%.
Testimonios de las siguientes personas:
[NOMBRE TACHADO]. Quien hizo las veces de Contratante dentro de los contratos de Prestación de Servicios No. 176 de 2018 y 018 de 2019; se pronunció sobre circunstancias relacionadas con la suscripción y ejecución de dichos contratos en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
ADRIANA LIZCANO LEAL. Quien hizo las veces de Supervisora dentro del contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con la supervisión de dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
DIEGO SNEIDER PEREZ RUEDA. Quien hizo las veces de Supervisor dentro del contrato de Prestación de Servicio No. 176 de 2018; se pronunció sobre los hechos en relación con la supervisión de dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
ZULLY DANIELA CARVAJAL CHAVEZ. En calidad de Contratista y quien proyectó el Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
SANDY XIOMARA ORTEGA SALAZAR. En calidad de Contratista y quien revisó el Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 20 de noviembre de 2020 (MP4 052. AudPruebas 20-00012).
GUSTAVO ALFONSO MORALES SANCHEZ. Quien funge como Oficinista I del CEDAC y cumple con las funciones de pagador; y se pronunció sobre los hechos en relación con el contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019. Testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 20 de noviembre de 2020 (MP4 055. AudPruebas 20-00012).”
A partir de lo expuesto, el Tribunal concluyó que “se cumplen los elementos objetivo, temporal y subjetivo de la causal de inhabilidad bajo análisis, puesto que está acreditado que el señor [NOMBRE TACHADO], celebró con una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, que por tal adquiere la connotación de entidad pública, (2) dos contratos de prestación de servicios el 31 de octubre de 2018 y el 25 de enero de 2019, con el objeto contractual de apoyar la gestión documental en el área de archivo, dentro del año anterior a los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, donde resultó elegido concejal del Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander para el período Constitucional 2020-2023. Así lo reportó la respectiva Comisión Escrutadora en el Formulario E-26 CON suscrito el 18 de noviembre de 2019”.
Agregó que la causal de inhabilidad se configura cuando entre las fechas de suscripción del contrato y de la elección transcurre un tiempo igual o menor a un año. Además, “se entiende que el demandado intervino en el negocio jurídico en aras de satisfacer un interés propio, que se deduce de su calidad de contratista.”
En cuanto al argumento del demandado consistente en que el contrato de prestación de servicios 018-2019 suscrito el 25 de enero de 2019 no nació a la vida jurídica y por tanto no puede ser tenido en cuenta para el estudio de la inhabilidad, el Tribunal precisó que “sobre la intelección que se debe dar a la conjugación de los elementos “material” y “territorial, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 30 de mayo de 2019, acotó que “de acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación”.” (Negrilla del Tribunal).
Agregó que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la conducta que materializa la inhabilidad objeto de análisis, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la cual se entiende que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal, dentro del lapso de tiempo contemplado por la norma, independientemente del momento de su ejecución o liquidación.
Indicó que está acreditado que el demandado intervino en la celebración del contrato de prestación de servicios 018-2019 de 25 de enero de 2019, dado que fue quien lo suscribió, por ende, el argumento de defensa no puede ser aceptado puesto que según el artículo 41 de la Ley 80 de 199315 los contratos estatales se perfeccionan cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
Adujo que, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que el instrumento contractual existió sin que se puede predicar de éste su invalidez o inexistencia, por el hecho de no haberse ejecutado a cabalidad, como lo señalaron los testigos, más aún cuando de la copia del contrato que reposa en el expediente digital se tiene certeza de que cumplió los requisitos de perfeccionamiento establecidos en la ley contractual, esto es, el acuerdo de voluntades elevado a escrito y su contraprestación, incluso el 28 de enero de 2019 se suscribió entre las partes acta de iniciación, lo cual coincide con lo manifestado por los declarantes que laboran en la empresa contratante, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-.
El Tribunal trajo a colación la sentencia de 6 de octubre de 2005, radicados acumulados: 200012331000200303617-01, 200012331000200303784-01 y 200012331000200303786-01 (3557), proferida por la Sección Quinta, en la que se dijo que “…de las distintas etapas del contrato estatal, como son la precontractual, la contractual y la poscontractual, aquella donde se logra el perfeccionamiento del contrato es una sola, atinente al momento en que la administración y su colaborador, el contratista, llegan a un acuerdo en cuanto al objeto de ese negocio jurídico, la contraprestación correspondiente, y ese concierto de voluntades se reduce a un escrito; en otras palabras, cuando las partes firman o suscriben el contrato estatal.”
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la terminación del contrato por mutuo disenso sólo procede ante un contrato del que se predica su existencia, ello por cuanto, no se puede terminar algo que no ha nacido a la vida jurídica.
Este punto resulta de vital importancia pues del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se puede extraer, que la configuración de la inhabilidad no está sujeta al cumplimiento o no de las obligaciones o que se reciba la contraprestación por el servicio prestado, por cuanto, la ejecución del respectivo contrato es ajena a la inhabilidad en materia de nulidad electoral, ello se debe a que se estructura a partir de la configuración de unos elementos objetivos claramente establecidos en la norma que la contiene, por lo que basta demostrar la celebración del contrato para así predicar la inelegibilidad del sujeto.
Agregó que lo anterior significa que, en el caso concreto, “a pesar que los declarantes respaldan la afirmación acerca de que el contrato de prestación de servicios 018 de 2019 “no nació a la vida jurídica”, para la Sala se estructura el elemento temporal y material de la inhabilidad endilgada al demandado, comoquiera que entre la fecha de las elecciones (27 de octubre de 2019) y la suscripción de los contratos 176 de 2018 y 018 de 2019 (31 de octubre de 2018 y el 25 de enero de 2019, respectivamente) transcurrió menos de un año, ya que el período inhabilitante consagrado en el artículo 40.3 de la Ley 617 de 2000, es de 12 meses anteriores a ésta, es decir, hasta el 27 de octubre de 2018, inclusive”.
Por último, en lo atinente al elemento territorial de la inhabilidad, el Tribunal manifestó que, para poder establecer el lugar en donde debía ejecutarse o cumplirse el contrato en este caso, es necesario revisar la cláusula contractual que se refiera de manera concreta al lugar de ejecución o cumplimiento.
Se tiene entonces que, de la simple lectura de los contratos de prestación de servicios 176-2018 de 31 de octubre de 2018 y 018-2019 de 25 de enero de 2019, se desprende con claridad que el contrato debía ser ejecutado en las instalaciones del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA- en el Municipio de San José de Cúcuta.
En ese orden, el demandado está incurso en la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos contemplada en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
1.3.1. Aclaración de sentencia
Mediante providencia de 19 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, rechazó por extemporánea, la solicitud de aclaración de la sentencia, presentada por la parte actora.
1.3. Recurso de apelación
El demandado interpuso recurso de apelación contra el fallo con fundamento en los siguientes argumentos:
Adujo que, a lo largo del proceso, ha señado que no se le puede endilgar ninguna inhabilidad por haber perfeccionado un contrato el 31 de octubre de 2018 y haberlo legalizado el primero de noviembre, por cuanto el artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, en su último inciso del parágrafo 3, hace remisión al numeral 3 del artículo 179 de la Constitución y esta norma establece que son seis meses antes de las elecciones donde ningún candidato puede aspirar, si ha celebrado contratos con la administración pública.
Sostuvo que “[e]n cuanto al contrato 018/2019 que inicio el 28 de enero del 2019 y finalizó el 30 de julio del 2019, como lo dice el demandante, debo manifestarle a su despacho de manera categórica que dicho contrato no nació a la vida jurídica. Honorable Magistrado, con la suscripción del contrato el 01 de noviembre del 2018, y terminado el 31 de diciembre del 2018, yo no me encontraba dentro del periodo INHABILITANTE de que habla la ley y que el demandante hace sobresalir en esta demanda”.
Resaltó que, frente a la orden de prestación de servicios 176 del primero de noviembre de 2018, los testigos fueron unánimes al señalar que se llevó a cabo un procedimiento reglado por la Ley 80 de 1993 y, antes de la formalidad o de la celebración propiamente dicha, existió un acuerdo de voluntades entre contratante y contratista.
Es decir, según el apelante, la orden mencionada “se consensualizo (sic) mucho antes del 27 de octubre del 2018, fecha que debe tener en cuenta el Honorable Magistrado, en este negocio jurídico. Por lo tanto, yo no estoy inhabilitado como hace referencia la parte demandante por el solo hecho de haber perfeccionado la Orden de Prestación de Servicio el 1 de noviembre del año 2018”.
Afirmó el demandado que, según la sentencia de 19 de enero de 2010, expediente: 11001-03-15-000-2009-00708-00 del Consejo de Estado, “el tiempo que se debe tener en cuenta es desde que se pacto (sic) el acuerdo de voluntades y este hecho está plenamente probado de acuerdo con los testimonios rendidos por los Señores [NOMBRE TACHADO], ADRIANA LIZCANO LEAL, ZULY CARVAJAL, SANDY ORTEGA, GUSTAVO ALFONSO MORALES SANCHEZ Y DIEGO SNEIDER PEREZ RUEDA. Que fue antes del 27 de octubre del año 2018”. (Negrilla del texto original).
Acerca de la orden de prestación de servicios 018 de 2019, el recurrente manifestó que, de acuerdo con los testimonios, dicha orden no nació a la vida jurídica y, por lo tanto, nunca se ejecutó, razón por la que tampoco existe inhabilidad.
Agregó que se ratifica en el principio de buena fe y confianza legítima y que se inscribió como candidato al concejo de Cúcuta “amparado en el último parágrafo del artículo 29 del (sic) la Ley 1475 del 2011, esta norma la consulte con un amigo abogado y me dijo que no tenía problema, por eso me inscribí, por eso participe y con mi esfuerzo Salí elegido Concejal de la Ciudad y no estimo razonable Honorable Magistrado, que a estas alturas de la vida y del periodo Constitucional se me venga a decir que yo cometí un error porque estaba inhabilitado.”
Manifestó el demandado que, en virtud de dicha orden, realizó funciones de archivo y que esa actividad, así como sus estudios, no tiene la capacidad de estar al tanto de la jurisprudencia “y por ello tampoco para que se me prive de un Derecho Fundamental de poder elegir y poder ser elegido. Si yo [NOMBRE TACHADO], hubiese conocido que una norma descrita en una Ley de la República me inhabilitaba o me imposibilitaba, lo juro por Dios que no me hubiese inscrito como Candidato al Concejo de la Ciudad de Cúcuta…”.
El recurrente mencionó que el Tribunal afirmó que no es posible terminar un contrato por mutuo disenso. Al respecto, indicó que “el mismo día en que consensue con el Gerente sobre mi contrato también horas más tarde del mismo día, acordamos la NO realización de este contrato y por lo tanto así digan ustedes lo contrario este contrato NO nació a la vida jurídica. Además también Honorable Magistrado, tanto quienes me demandaron como mi impugnador solicitamos las pruebas testimoniales de los funcionarios que tienen que ver con esta materia y en la Sentencia ustedes no se refirieron a lo que ellos expresaron, esto lo considero lesivo Honorable Magistrado y por ello mi Recurso de Alzada para que el superior inmediato tenga en cuenta este hecho y si tiene ha (sic) bien revoque la decisión por ustedes emanada y se me respete el Derecho a elegir y ser elegido y no se me apliquen normas que no deben ser tenidas en cuenta para esta clase de procesos”.
El señor CASTELLANOS CÁRDENAS solicitó que se le aclare lo siguiente: “si yo celebro un contrato consensuado antes del 27 de octubre del año 2018, donde se me expide una disponibilidad presupuestal el 25 de octubre del año 2018, siendo la entidad contratante una empresa industrial y comercial del Estado, donde no se rige por la ley 80 de 1993, por que se me aplica el rasero de las inhabilidades de la Ley 617 del 2000?”
Luego de trascribir extensamente apartes de la sentencia de 19 de enero de 2010 antes referida, concluyó que su elección no tiene por qué sufrir mengua y por tanto, solicitó se revoque el fallo de primera instancia.
ó egurdicho programa. ante por la de egresado, al haber culminado la formacibtenidos por los candidatos. i
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de negar las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Cúcuta para el período 2020-2023 por estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar la inhabilidad endilgada, para poder determinar si, en el caso demandado, no se configuró como lo señaló el tribunal de instancia.
2.2. La inhabilidad del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 617 de 2000
El texto de la inhabilidad por el que se demandó al concejal CASTELLANOS CÁRDENAS es el siguiente:
Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)”.
La primera parte del numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la primera, la gestión de negocios; la segunda, la celebración de contratos.
El último apartado, consagra una inhabilidad adicional, esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.
En cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, que fue atribuida al demandado, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes. Veamos:
Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.
Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal.
Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electo.
Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extra patrimoniales al candidato o a terceros.
Refiriéndose a inhabilidad por celebración de contratos, consagrada en el artículo 179, numeral 3 constitucional para los congresistas, con elementos similares a la que el legislador estipuló para los concejales, la Sección Quinta señaló que “la conducta prohibida es “celebrar”; por ello, actividades relacionadas con la ejecución y/o liquidación del contrato se entienden ajenas a la inhabilidad”. (Negrilla fuera de texto).
En pronunciamiento reciente, la Sección reiteró, refiriéndose a esta causal de inhabilidad para los concejales, que “la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación”. (Negrilla del texto original).
Respecto a la inhabilidad por gestión de negocios, que impide el acceso a varios cargos de elección popular, conviene destacar que ha sido justificada, por la Sección Quinta, en la necesidad de evitar dos circunstancias: i) que el particular que gestiona el negocio saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y ii) que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular.
La conducta, de acuerdo con la Sección, “consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extra patrimonial de parte de una entidad del Estado”.
Además, ha sido descrita como la participación o realización de diligencias por parte del candidato, ante entidades públicas, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio que puede o no, tener carácter lucrativo, es decir, el interés del candidato puede consistir en la imagen preponderante que puede otorgarle ante el electorado el hecho de tomar parte en diligencias y trámites antes las entidades públicas.
Ha resaltado la jurisprudencia que la gestión i) debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.”
Conviene destacar que la Sección, de manera contundente ha indicado que las actividades posteriores a la celebración de un contrato no constituyen gestión de negocios:
“… la jurisprudencia ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio, aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete.
Siendo así, mucho menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su ejecución o liquidación.” (Negrillas añadidas)
La jurisprudencia ha indicado que los elementos de la gestión de negocios son:
Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.
Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extra patrimonial de parte de una entidad del Estado o participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de terceros.
Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe efectuarse la elección.
Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.
Debe destacarse que “[l]a gestión de negocios también ha sido definida por esta Sala Electoral como ‘(…) las tratativas precontractuales sin que se requiera en efecto la culminación o logro de la celebración del contrato o negocio jurídico de que se trate (…)’.” (Negrilla añadida).
Ahora bien, es relevante señalar que, una vez celebrado el contrato, la causal de inhabilidad será, valga la redundancia, la celebración de contratos y no la intervención en la gestión, como se evidencia a continuación:
“Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión de negocios propiamente dicha.
Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en interés propio o de terceros”. (Negrilla del texto original).
Bajo estos parámetros, el Ministerio Público analizará la procedencia o no de la nulidad del acto acusado a partir de los argumentos planteados en el recurso de apelación y que determinan la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado como juez de segunda instancia.
2.3. Análisis del caso concreto
En este acápite el Ministerio Público se referirá a los argumentos de la apelación, que se resumen a continuación:
2.3.1. Adujo el demandado que no se le puede endilgar ninguna inhabilidad por haber perfeccionado un contrato el 31 de octubre de 2018 y haberlo legalizado el primero de noviembre, por cuanto el artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, en su último inciso del parágrafo 3, hace remisión al numeral 3 del artículo 179 de la Constitución y esta norma establece que son seis meses antes de las elecciones donde ningún candidato puede aspirar, si ha celebrado contratos con la administración pública.
La norma invocada por el apelante de la Ley 1475 de 2011 señala que: “Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.
En la sentencia C-490 de 2011, la Corte declaró la exequibilidad condicionada en los siguientes términos:
“(…) Undécimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión, bajo el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política. (…)”.
En sentencia de unificación, la Sección Quinta, analizó las modificaciones introducidas por la Ley 1475 de 2011, en relación con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular distintos de los Congresistas, por el inciso en cuestión. De dicha providencia, conviene destacar los siguientes apartes:
“(…) Este inciso fue declarado exequible bajo la interpretación restrictiva según la cual se debe entender o circunscribir sólo a la inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución para los congresistas, es decir, la referida al ejercicio de autoridad o jurisdicción política, civil, administrativa o militar dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.
Indicó la Corte: “La Corte declarará la exequibilidad del artículo 29 del Proyecto de Ley Estatuaria objeto de revisión, en el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política”.
Esta interpretación se hizo con el fin de no vaciar la competencia que tiene el legislador para establecer un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los cargos de elección popular en las entidades territoriales, artículos 299 y 312 de la Constitución Política, al tiempo de impedir que, a futuro, este inciso se aduzca para que el órgano de representación popular pueda formular o estructurar inhabilidades o incompatibilidades diversas a las que se contemplaron para los congresistas.
Señaló la Corte:
“… el término de comparación que prescribe el inciso final del citado parágrafo no puede aplicarse de manera plena, en razón a que no todas las causales de inhabilidad establecidas en la Constitución para los congresistas se pueden predicar en general de todos los servidores públicos de elección popular, pues en su mayoría no aplican en el nivel territorial y el mandato legal no puede desconocer la facultad conferida por el constituyente al legislador para establecer distintos regímenes de inhabilidades en el acceso a cargos de elección popular distintos a los de los senadores y representantes, para quienes el constituyente consagró un estatuto especial y unas prohibiciones específicas.”
Es imprescindible precisar que cuando la Corte Constitucional declara la exequibilidad condicionada de un precepto, implica que cualquier interpretación diferente que se haga de él, es contraria a la Carta, es decir, es inexequible.” (Negrillas y subrayas del texto original).
De acuerdo con lo dicho por la Sección Quinta, a partir de la sentencia de constitucionalidad, se debe concluir que la postura del apelante no es de recibo, en tanto, la interpretación del parágrafo tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se circunscribe a la inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución para los congresistas, es decir, la referida al ejercicio de autoridad o jurisdicción política, civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, la cual no es objeto de controversia en el presente proceso.
2.3.2. En cuanto al contrato 018/2019, que inicio el 28 de enero del 2019 y finalizó el 30 de julio del 2019, el demandado sostuvo que no nació a la vida jurídica.
El recurrente mencionó que el Tribunal afirmó que no es posible terminar un contrato por mutuo disenso. Al respecto, indicó que “el mismo día en que consensué con el Gerente sobre mi contrato también horas más tarde del mismo día, acordamos la NO realización de este contrato y por lo tanto así digan ustedes lo contrario este contrato NO nació a la vida jurídica. Además también Honorable Magistrado, tanto quienes me demandaron como mi impugnador solicitamos las pruebas testimoniales de los funcionarios que tienen que ver con esta materia y en la Sentencia ustedes no se refirieron a lo que ellos expresaron, esto lo considero lesivo Honorable Magistrado y por ello mi Recurso de Alzada para que el superior inmediato tenga en cuenta este hecho y si tiene ha (sic) bien revoque la decisión por ustedes emanada y se me respete el Derecho a elegir y ser elegido y no se me apliquen normas que no deben ser tenidas en cuenta para esta clase de procesos”.
Para el Ministerio Público, basta señalar que la inhabilidad en comento no se configura con la ejecución del contrato, como lo sugiere el apelante, porque los extremos temporales son i) la celebración del contrato y ii) la fecha de la elección.
Recuérdese que la Sección ha sostenido que “la conducta prohibida es “celebrar”; por ello, actividades relacionadas con la ejecución y/o liquidación del contrato se entienden ajenas a la inhabilidad” .
Recientemente, la Sección Quinta se pronunció en términos similares al ocuparse de la demanda de nulidad de la elección de un concejal por la misma causal. Veamos:
“Cabe decir que, esta Sala, refiriéndose a la intelección que se debe dar a la conjugación de los elementos “material” y “territorial, en fallo de 30 de mayo de 2019 acotó que “de acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación”.” (Negrilla y cursivas del texto original).
Es claro que, el contrato 018-2019 de 25 de enero de 2019, fue celebrado dentro del período inhabilitante que, para este caso, corrió entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019.
Ahora bien, conviene mencionar que, recientemente la Sección se ocupó de un caso similar en el que el contrato no se ejecutó porque las partes, de mutuo acuerdo, decidieron terminar el vínculo contractual, las cuales se trascriben por ser pertinentes para el presente caso:
“96. A partir de la anterior circunstancia el demandado alegó, que debido a la resciliación el contrato no produjo efectos, ni se acreditó en el trámite judicial que los hubiere producido, por lo que bajo una interpretación finalista de la causal de inhabilidad, no puede considerarse que con ocasión del mismo se vulneraron los principios que el régimen de inhabilidades pretende garantizar, y por consiguiente, no resulta válido bajo una perspectiva sustancial y no meramente formal, que el mismo se tenga en cuenta para justificar la configuración de la causal de inelegibilidad, particularmente, en lo que al elemento objetivo se refiere.
97. Siguiendo el mismo razonamiento argumentó, que como el contrato no se ejecutó, tampoco puede sostenerse que de él se derivó algún provecho patrimonial o extrapatrimonial, por lo que tampoco se configuró el elemento subjetivo de la inhabilidad.
98. Frente a los motivos de inconformidad, lo primero que debe considerarse como se explicó líneas atrás respecto a la caracterización del artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, es que la causal de inelegibilidad por la celebración de contratos en el periodo inhabilitarte, se configura con ocasión del perfeccionamiento de éstos, es decir, como resultado del acuerdo de voluntades (respetando las formalidades que exige la ley) entre la entidad estatal y el ciudadano que con posterioridad resultó elegido, y no por el hecho de que el pacto se ejecutó.
99. Bajo el mismo razonamiento, no constituye uno de los elementos de la causal de inhabilidad, que el contrato en cuestión haya surtido los efectos esperados, sino simplemente (en cuanto el elemento objetivo) que se haya suscrito entre quien a la postre resultó designado en un cargo de elección popular y una entidad estatal, de manera tal que no son de recibo las consideraciones que desarrolla el demandado, so pena de desconocer las situaciones que por disposición de la Constitución y la ley, constituyen condiciones para el acceso a los cargos públicos y el ejercicio de derechos políticos.
100. En ese punto vale la pena precisar, como de manera pertinente y suficiente lo hizo el a quo, que la rescisión de los contratos no tiene la virtualidad de devolver las cosas al estado anterior a su perfeccionamiento; de manera tal que el señor [NOMBRE TACHADO] y el municipio de Caucasia hayan desistido de común acuerdo de las obligaciones adquiridas, en forma alguna significa que el pacto es inexistente, ni siquiera porque el mutuo disenso haya tenido lugar al poco tiempo del perfeccionamiento de aquél y/o sin que se hubiere ejecutado. Todo lo contrario, la rescisión parte de reconocer que el contrato nació a la vida jurídica con todo lo que ello conlleva, lo que en un momento dado justifica que las partes acudan a dicha alternativa para terminar su relación contractual.
101. Efectivamente, cuando las partes de común acuerdo estiman que deben terminar el vínculo contractual, están reconociendo que en virtud del contrato se generaron derechos y obligaciones, susceptibles de ejercerse y exigirse en el marco del acuerdo de voluntades, lo que da cuenta que el pacto correspondiente tiene como efecto principal la creación de una relación jurídica, que precisamente es el que se pretende terminar por vía del mutuo disenso.
(…)
104. En virtud de las razones expuestas, que el municipio de Caucasia y el demandado hayan rescindido el contrato que suscribieron y/o que éste no se haya ejecutado, en modo alguno impide considerar que el mismo se celebró, por ende, que existió una relación contractual entre una entidad estatal y quien posteriormente fue candidato a un cargo de elección popular, por lo que también se advierte la configuración del elemento objetivo de la causal de inhabilidad invocada.”
En ese orden, no es de recibo la afirmación del demandado según la cual, el hecho de que horas después de celebrado el contrato, este haya sido terminado, implica que este no nació a la vida jurídica.
Asimismo, tampoco puede considerarse que los testimonios sean la prueba conducente para determinar si un contrato nació o no a la vida jurídica, como lo planteó el apelante, dado que este caso, se suscribió un documento que evidencia la suscripción por parte de los contratantes.
Llama la atención a esta delegada, la expresión del demandado en su escrito de apelación, al manifestar que ¨Si yo [NOMBRE TACHADO], hubiese conocido que una norma descrita en una Ley de la República me inhabilitaba o me imposibilitaba, lo juro por Dios que no me hubiese inscrito como Candidato al Concejo de la Ciudad de Cúcuta…”; asunto que revela, por un lado, el desconocimiento del candidato, ahora Concejal, respecto del marco normativo aplicable, lo que en manera alguna lo exime de responsabilidad, habida cuenta de la aplicación del principio “ignorantia juris non excusat”, que determina que la ignorancia de la Ley no sirve de excusa.
Ahora bien, existen dentro del ordenamiento jurídico en materia penal, unas circunstancias que eximen de responsabilidad cuando se incurre en un error de tipo o error de prohibición, cuando se actúa bajo error invencible de que la conducta no constituye algún delito o que su conducta no satisface los elementos de la prohibición; no obstante, en el sub judice, dichas alegaciones no resultan procedentes dada la naturaleza del escenario judicial.
Por otra parte, lo que sí considera de mayor gravedad esta delegada, es que, de ser cierta la afirmación, nos encontramos frente a un caso de omisión de la organización política que avaló e inscribió al candidato cuya elección se cuestiona, reflejada en incumplimiento de sus deberes de revisar previamente que su candidato cumple con los requisitos del cargo y que no está incurso en causales inhabilitantes. Debe recordarse que, por mandato de los artículos 8, 10 y 12 de la Ley 1475 de 2011, las organizaciones que actúan en contravención a dicha norma, - en este caso concreto, por omisión-, pueden hacerse acreedoras a sanciones que incluso pueden ir hasta la pérdida de la personería jurídica.
Así lo prescriben las precitadas normas:
“ARTÍCULO 8o. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS. Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.”
“ARTÍCULO 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:
(…)
5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad…”
“ARTÍCULO 12. SANCIONES APLICABLES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción:
(…)
4. Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10…”
En este orden de ideas, se debe hacer un llamado a la diligencia con que deben actuar las agrupaciones políticas previo al otorgamiento de los avales a sus candidatos, por cuanto, son responsables de conformidad con el ordenamiento jurídico por otorgar avales e inscribir candidatos que se encuentren en causales de inelegibilidad.
2.3.3. El apelante invocó la sentencia de 19 de enero de 2010, expediente: 11001-03-15-000-2009-00708-00 del Consejo de Estado, para sostener que se debe tener en cuenta la fecha en que se realizó el acuerdo de voluntades, la cual no precisó, y no la de suscripción del contrato.
Al respecto, advierte el Ministerio Público que, la interpretación de la Sección Quinta ha sido pacífica y reiterada en sostener que la inhabilidad en cuestión se materializa con la celebración o suscripción del contrato, como se expuso anteriormente.
Además, recientemente, la Sección Quinta, sostuvo:
“7.2.5. En este orden, se reitera que para que se configure esta causal de inhabilidad, en la hipótesis bajo estudio, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de tales elementos definitorios (temporal, territorial, objetivo y subjetivo), al margen de las condiciones de tiempo y modo para la ejecución o liquidación del contrato que se analice, en cuanto que «De acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.»” (Negrilla del texto original).
Al destacar la celebración efectiva del contrato, en pie de página, la Sala Electoral sostuvo: “En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 2010 proferida en el marco de la pérdida de investidura de la entonces senadora Martha Lucía Ramírez radicado 11001-03-15-000-2009-00708-00 M.P. Gerardo Arenas Monsalve determinó que para que la conducta prohibitiva de dicha inhabilidad era la “Celebración” de contratos con entidades públicas.”
Por lo expuesto, no cabe duda que la interpretación vigente es que la inhabilidad endilgada al demandado, se configura por la suscripción del contrato dentro del periodo inhabilitante, de modo que este argumento de la apelación no está llamado a prosperar.
2.3.4. Alegó el apelante que con la suscripción del contrato el 01 de noviembre del 2018, y terminado el 31 de diciembre del 2018, no se encontraba dentro del periodo inhabilitante de que habla la ley.
Resaltó que, frente a la orden de prestación de servicios 176 del primero de noviembre de 2018, los testigos fueron unánimes al señalar que se llevó a cabo un procedimiento reglado por la Ley 80 de 1993 y, antes de la formalidad o de la celebración propiamente dicha, existió un acuerdo de voluntades entre contratante y contratista.
Frente a este reproche, basta señalar que dicho contrato de 31 de octubre de 2018 sí fue celebrado dentro del periodo inhabilitante que, para este caso, corrió entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019, por lo que no es de recibo este argumento
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de 14 de octubre de 2020, mediante la cual DECLARÓ LA NULIDAD de la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Cúcuta para el período 2020-2023, avalado por el Partido Liberal Colombiano.
Cordialmente,
(Original Firmado)
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado