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titulo: "INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS: la terminación del contrato por mutuo disenso sólo procede ante un contrato del que se predica su existencia"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2021-04-15"
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# INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS: la terminación del contrato por mutuo disenso sólo procede ante un contrato del que se predica su existencia

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2021-04-15
- **Número:** 202108191524410.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 11: SEPTIMA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202108191524410.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

La terminación del contrato por mutuo disenso sólo procede ante un contrato del que se predica su existencia, no se puede terminar algo que no ha nacido a la vida jurídica.

## Puntos clave

- Nulidad electoral contra concejales: Contra acto de elección de concejal del Municipio de San José de Cúcuta por inhabilidad tras contratación dentro del año anterior
- Inhabilidad para ser concejal: No podrá ser inscrito ni elegido quien en el año anterior a la elección haya intervenido en celebración de contratos a ejecutarse en el municipio/INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios al candidato o a terceros
- Inhabilidad por gestión de negocios: Busca evitar que el particular gestor saque provecho de su aspiración popular o se muestre en detrimento de la igualdad entre los candidatos/INHABILIDAD POR GESTIÓN DE NEGOCIOS-Participación o realización de diligencias con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio
- Inhabilidad por celebración de contratos: Se surte con la celebración efectiva independientemente de su ejecución y si es dentro del periodo inhabilitante

## Fundamentos jurídicos

- Ley 136 de 1994
- Ley 617 de 2000
- Ley 80 de 1993

## Extracto

INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La prueba conducente para determinar si un contrato nació o no a la vida jurídica es su suscripción En cuanto al argumento del demandado consistente en que el contrato de prestación de servicios 018-2019 suscrito el 25 de enero de 2019 no nació a la vida jurídica y por tanto no puede ser tenido en cuenta para el estudio de la inhabilidad, el Tribunal precisó que sobre la intelección que se debe dar a la conjugación de los elementos material y territorial, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 30 de mayo de 2019, acotó que de acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.

## Descriptores temáticos

INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, La intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios al candidato o a terceros

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## Texto del documento

NULIDAD ELECTORAL CONTRA CONCEJALES-Contra acto de elección de concejal del Municipio de San José de Cúcuta por inhabilidad tras contratación dentro del año anterior
INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL-No podrá ser inscrito ni elegido quien en el año anterior a la elección haya intervenido en celebración de contratos a ejecutarse en el municipio/INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios al candidato o a terceros
INHABILIDAD POR GESTIÓN DE NEGOCIOS-Busca evitar que el particular gestor saque provecho de su aspiración popular o se muestre en detrimento de la igualdad entre los candidatos/INHABILIDAD POR GESTIÓN DE NEGOCIOS-Participación o realización de diligencias con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio
INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-Se surte con la celebración efectiva independientemente de su ejecución y si es dentro del periodo inhabilitante
INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-La prueba conducente para determinar si un contrato nació o no a la vida jurídica es su suscripción
REPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS-Omisión de la organización política al avalar e inscribir candidato sin revisar si esta incurso en causales inhabilitantes
EXHORTACION-Llamado de diligencia a agrupaciones políticas para revisión previa al otorgamiento de avales de causales de inelegibilidad en candidatos
Bogotá D.C., 15 de abril de 2021
Concepto No. 2021-04-NE-85
Doctora
[NOMBRE TACHADO] ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 54001-23-33-000-2020-00012-01
DEMANDANTE: Luis Alfredo Vargas Torres
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO] – concejal de Cúcuta para el periodo 2020-2023
Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
Hechos
El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.
Mediante formulario E-26 CON de 18 de noviembre de 2019, se declaró la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Cúcuta para el período 2020-2023, por el Partido Liberal Colombiano.
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Luis Alfredo Vargas Torres solicitó que se declare la nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] y se ordene la cancelación de su credencial.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 14 de enero de 2021, declaró la nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] como CONCEJAL DE CÚCUTA para el período 2020-2023.
En dicha providencia, el Tribunal indicó que la fijación del litigio realizó en los siguientes términos:
“…determinar si se encuentra viciada la elección del señor [NOMBRE TACHADO] como Concejal electo del Municipio de San José de Cúcuta, para el periodo constitucional 2020-2023, por la causal subjetiva de anulación invocada en la demanda, contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, de encontrarse incurso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.”
El Tribunal indicó que las tesis para dar solución a dicho problema son las siguientes:
Tesis de la parte actora: el demandado está incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto entre el demandado y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebraron dos contratos de prestación de servicios dentro del año anterior a la elección del concejal, con lugar de ejecución y domicilio contractual en San José de Cúcuta.
Tesis de la parte demandada: no está inhabilitado por el solo hecho de haber perfeccionado la orden de prestación de servicios 176 el primero de noviembre de 2018; y en cuanto a la orden de prestación de servicio 018 de 2019, ésta no nació a la vida jurídica y por tanto nunca se ejecutó, razón suficiente para concluir que tampoco existe la inhabilidad.
La tesis del Tribunal es que [NOMBRE TACHADO] se encuentra incurso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Se refirió a las generalidades y requisitos para la configuración de la causal de inhabilidad alegada y luego analizó el caso concreto.
Indicó que en el expediente obra:
Copia del contrato de prestación de servicios 176-2018 de 31 de octubre de 2018 celebrado entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, representada legalmente por [NOMBRE TACHADO], y el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con C.C. [IDENTIFICACIÓN TACHADA].
Acta de inicio del primero de noviembre de 2018.
Acta de liquidación de 13 de febrero de 2019.
Órdenes de pago 57735 de 30 de noviembre; 57743 de 3 de diciembre y 57833 de 26 de diciembre, todas de 2018.
Informes de registros de actividades y de certificaciones de cumplimiento satisfactorio de obligaciones.
Resolución de supervisión 0094 de 9 de noviembre de 2018.
Dichos documentos, a juicio del Tribunal, acreditan que entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebró el contrato de prestación de servicios 176 el 31 de octubre de 2018, con el siguiente objeto: “contratar el PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DELA REA (sic) OPERATIVA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA – LTDA.”.
Añadió que obra en el expediente:
Copia del contrato de prestación de servicios 018-2019 de 25 de enero de 2019 celebrado entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, representada legalmente por [NOMBRE TACHADO], y el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con C.C. [IDENTIFICACIÓN TACHADA].
Acta de inicio de 28 de enero de 2019.
Acta de liquidación de la misma fecha.
Resolución de supervisión 043 de 25 de enero de 2019.
El Tribunal concluyó, a partir de dichas pruebas, que está demostrado que entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-, se celebró el contrato de prestación de servicios 018 el 25 de enero de 2019, con el siguiente objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS RTM Y EC DEL CEDAC LTDA.”.
También obran como pruebas las siguientes:
Respuesta a derecho de petición elevado por la parte accionante ante el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA en el que se señala que su naturaleza jurídica es la de Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, cuyos socios son el Ministerio de Transporte con participación del 82.55% y la Alcaldía de Cúcuta con participación del 17.75%.
Testimonios de las siguientes personas:
 [NOMBRE TACHADO]. Quien hizo las veces de Contratante dentro de los contratos de Prestación de Servicios No. 176 de 2018 y 018 de 2019; se pronunció sobre circunstancias relacionadas con la suscripción y ejecución de dichos contratos en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
 ADRIANA LIZCANO LEAL. Quien hizo las veces de Supervisora dentro del contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con la supervisión de dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
 DIEGO SNEIDER PEREZ RUEDA. Quien hizo las veces de Supervisor dentro del contrato de Prestación de Servicio No. 176 de 2018; se pronunció sobre los hechos en relación con la supervisión de dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
 ZULLY DANIELA CARVAJAL CHAVEZ. En calidad de Contratista y quien proyectó el Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 24 de noviembre de 2020. (MP4 055. AudPruebas 20-00012).
 SANDY XIOMARA ORTEGA SALAZAR. En calidad de Contratista y quien revisó el Contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019; se pronunció sobre los hechos en relación con dicho contrato en testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 20 de noviembre de 2020 (MP4 052. AudPruebas 20-00012).
 GUSTAVO ALFONSO MORALES SANCHEZ. Quien funge como Oficinista I del CEDAC y cumple con las funciones de pagador; y se pronunció sobre los hechos en relación con el contrato de Prestación de Servicios No. 018 de 2019. Testimonio practicado durante la audiencia de pruebas del 20 de noviembre de 2020 (MP4 055. AudPruebas 20-00012).”
A partir de lo expuesto, el Tribunal concluyó que “se cumplen los elementos objetivo, temporal y subjetivo de la causal de inhabilidad bajo análisis, puesto que está acreditado que el señor [NOMBRE TACHADO], celebró con una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, que por tal adquiere la connotación de entidad pública, (2) dos contratos de prestación de servicios el 31 de octubre de 2018 y el 25 de enero de 2019, con el objeto contractual de apoyar la gestión documental en el área de archivo, dentro del año anterior a los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, donde resultó elegido concejal del Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander para el período Constitucional 2020-2023. Así lo reportó la respectiva Comisión Escrutadora en el Formulario E-26 CON suscrito el 18 de noviembre de 2019”.
Agregó que la causal de inhabilidad se configura cuando entre las fechas de suscripción del contrato y de la elección transcurre un tiempo igual o menor a un año. Además, “se entiende que el demandado intervino en el negocio jurídico en aras de satisfacer un interés propio, que se deduce de su calidad de contratista.”
En cuanto al argumento del demandado consistente en que el contrato de prestación de servicios 018-2019 suscrito el 25 de enero de 2019 no nació a la vida jurídica y por tanto no puede ser tenido en cuenta para el estudio de la inhabilidad, el Tribunal precisó que “sobre la intelección que se debe dar a la conjugación de los elementos “material” y “territorial, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 30 de mayo de 2019, acotó que “de acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación”.” (Negrilla del Tribunal).
Agregó que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la conducta que materializa la inhabilidad objeto de análisis, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la cual se entiende que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal, dentro del lapso de tiempo contemplado por la norma, independientemente del momento de su ejecución o liquidación.
Indicó que está acreditado que el demandado intervino en la celebración del contrato de prestación de servicios 018-2019 de 25 de enero de 2019, dado que fue quien lo suscribió, por ende, el argumento de defensa no puede ser aceptado puesto que según el artículo 41 de la Ley 80 de 199315 los contratos estatales se perfeccionan cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
Adujo que, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que el instrumento contractual existió sin que se puede predicar de éste su invalidez o inexistencia, por el hecho de no haberse ejecutado a cabalidad, como lo señalaron los testigos, más aún cuando de la copia del contrato que reposa en el expediente digital se tiene certeza de que cumplió los requisitos de perfeccionamiento establecidos en la ley contractual, esto es, el acuerdo de voluntades elevado a escrito y su contraprestación, incluso el 28 de enero de 2019 se suscribió entre las partes acta de iniciación, lo cual coincide con lo manifestado por los declarantes que laboran en la empresa contratante, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA –CEDAC LTDA-.
El Tribunal trajo a colación la sentencia de 6 de octubre de 2005, radicados acumulados: 200012331000200303617-01, 200012331000200303784-01 y 200012331000200303786-01 (3557), proferida por la Sección Quinta, en la que se dijo que “…de las distintas etapas del contrato estatal, como son la precontractual, la contractual y la poscontractual, aquella donde

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

taba o me imposibilitaba, lo juro por Dios que no me hubiese inscrito como Candidato al Concejo de la Ciudad de Cúcuta…”; asunto que revela, por un lado, el desconocimiento del candidato, ahora Concejal, respecto del marco normativo aplicable, lo que en manera alguna lo exime de responsabilidad, habida cuenta de la aplicación del principio “ignorantia juris non excusat”, que determina que la ignorancia de la Ley no sirve de excusa.
Ahora bien, existen dentro del ordenamiento jurídico en materia penal, unas circunstancias que eximen de responsabilidad cuando se incurre en un error de tipo o error de prohibición, cuando se actúa bajo error invencible de que la conducta no constituye algún delito o que su conducta no satisface los elementos de la prohibición; no obstante, en el sub judice, dichas alegaciones no resultan procedentes dada la naturaleza del escenario judicial.
Por otra parte, lo que sí considera de mayor gravedad esta delegada, es que, de ser cierta la afirmación, nos encontramos frente a un caso de omisión de la organización política que avaló e inscribió al candidato cuya elección se cuestiona, reflejada en incumplimiento de sus deberes de revisar previamente que su candidato cumple con los requisitos del cargo y que no está incurso en causales inhabilitantes. Debe recordarse que, por mandato de los artículos 8, 10 y 12 de la Ley 1475 de 2011, las organizaciones que actúan en contravención a dicha norma, - en este caso concreto, por omisión-, pueden hacerse acreedoras a sanciones que incluso pueden ir hasta la pérdida de la personería jurídica.
Así lo prescriben las precitadas normas:
“ARTÍCULO 8o. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS. Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.”
“ARTÍCULO 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:
(…)
5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad…”
“ARTÍCULO 12. SANCIONES APLICABLES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción:
(…)
4. Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10…”
En este orden de ideas, se debe hacer un llamado a la diligencia con que deben actuar las agrupaciones políticas previo al otorgamiento de los avales a sus candidatos, por cuanto, son responsables de conformidad con el ordenamiento jurídico por otorgar avales e inscribir candidatos que se encuentren en causales de inelegibilidad.
2.3.3. El apelante invocó la sentencia de 19 de enero de 2010, expediente: 11001-03-15-000-2009-00708-00 del Consejo de Estado, para sostener que se debe tener en cuenta la fecha en que se realizó el acuerdo de voluntades, la cual no precisó, y no la de suscripción del contrato.
Al respecto, advierte el Ministerio Público que, la interpretación de la Sección Quinta ha sido pacífica y reiterada en sostener que la inhabilidad en cuestión se materializa con la celebración o suscripción del contrato, como se expuso anteriormente.
Además, recientemente, la Sección Quinta, sostuvo:
“7.2.5. En este orden, se reitera que para que se configure esta causal de inhabilidad, en la hipótesis bajo estudio, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de tales elementos definitorios (temporal, territorial, objetivo y subjetivo), al margen de las condiciones de tiempo y modo para la ejecución o liquidación del contrato que se analice, en cuanto que «De acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.»” (Negrilla del texto original).
Al destacar la celebración efectiva del contrato, en pie de página, la Sala Electoral sostuvo: “En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 2010 proferida en el marco de la pérdida de investidura de la entonces senadora Martha Lucía Ramírez radicado 11001-03-15-000-2009-00708-00 M.P. Gerardo Arenas Monsalve determinó que para que la conducta prohibitiva de dicha inhabilidad era la “Celebración” de contratos con entidades públicas.”
Por lo expuesto, no cabe duda que la interpretación vigente es que la inhabilidad endilgada al demandado, se configura por la suscripción del contrato dentro del periodo inhabilitante, de modo que este argumento de la apelación no está llamado a prosperar.
2.3.4. Alegó el apelante que con la suscripción del contrato el 01 de noviembre del 2018, y terminado el 31 de diciembre del 2018, no se encontraba dentro del periodo inhabilitante de que habla la ley.
Resaltó que, frente a la orden de prestación de servicios 176 del primero de noviembre de 2018, los testigos fueron unánimes al señalar que se llevó a cabo un procedimiento reglado por la Ley 80 de 1993 y, antes de la formalidad o de la celebración propiamente dicha, existió un acuerdo de voluntades entre contratante y contratista.
Frente a este reproche, basta señalar que dicho contrato de 31 de octubre de 2018 sí fue celebrado dentro del periodo inhabilitante que, para este caso, corrió entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019, por lo que no es de recibo este argumento
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de 14 de octubre de 2020, mediante la cual DECLARÓ LA NULIDAD de la elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Cúcuta para el período 2020-2023, avalado por el Partido Liberal Colombiano.
Cordialmente,
(Original Firmado)
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — INHABILIDAD POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. 2021-04-15. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202108191524410.DOCX).
