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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra oficio del Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio que niega vínculo laboral
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Declaró nulidad y existencia de relación laboral durante el tiempo en que se mantuvo el vínculo contractual/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones del trabajo/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Consideró que no procede reintegro por no ser empleada pública
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Se estructuran en el sub lite los elementos del [NOMBRE TACHADO]
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Naturaleza y finalidad según marco legal
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Características/PRINCIPIO PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES-Configuración en contratos de prestación de servicios/RELACION LABORAL-Elementos
El contrato de prestación de servicios se caracteriza porque goza de completa independencia y autonomía, no se cumple un horario y tampoco se imparten órdenes directas de un jefe inmediato, solamente se está sujeto a la coordinación necesaria y supeditado a rendir informes de ejecución que revisa el supervisor o interventor para cada caso, según la designación de la administración, de ahí que cuando se dan las especiales características de subordinación en el desarrollo del contrato, se configura una asimilación con la labor que cumplen los servidores que se encuentran vinculados a través de una relación legal y reglamentaria (empleados públicos) o mediante un contrato de trabajo (trabajadores oficiales), en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre la formalidad
Por lo tanto, el contratista está compelido a demostrar los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, es decir, que le corresponde probar que los sucesivos contratos u órdenes de prestación disfrazaron una relación laboral; igualmente, debe probar que la labor ejecutada corresponde al giro normal de las actividades que desarrollan los servidores de planta
CONSTITUCION POLITICA-No puede existir un empleo sin funciones definidas en la ley o reglamento
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Figura del contrato estatal se puede desvirtuar al demostrarse elementos de la relación laboral/PRINCIPIO PRIMACIA DE REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES-Aplicación otorga derecho de indemnización a favor del contratista
[NOMBRE TACHADO]-Tratándose de la autonomía e independencia de personal médico según Consejo de Estado
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Prohibición de celebración para ejercicio de funciones de carácter permanente según Corte Constitucional/CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No puede suscribirse para ejecutar una relación laboral/CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No puede suscribirse para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración
[NOMBRE TACHADO]-Se configura en el sub judice
De acuerdo con lo precedente, considera esta Delegada que la sentencia recurrida se debe confirmar, dado que al a quo le asiste razón cuando precisó que la actora celebró contratos de prestación de servicios de manera discontinua entre el 29 de marzo de 2002 al 26 de noviembre de 2009, para prestar los servicios personales como Técnico en RX, configurándose el [NOMBRE TACHADO] en atención al cumplimiento habitual de una jornada de trabajo, la subordinación a un superior inmediato y el pago de una remuneración, lo que desvirtúa la autonomía que caracteriza a los contratistas del Estado, puesto que si bien es cierto que la administración debe orientar al contratista en el cumplimiento del objeto contractual, también lo es que debe otorgarle autonomía y no se puede sostener que las labores que cumplió fueron autónomas, por cuanto, adicionalmente, sus superiores le señalaban el turno a cumplir, las funciones a desarrollar, las cuales no fueron ocasionales sino permanentes y, de contera, necesarias en el giro ordinario de las actividades misionales del Hospital Departamental de Villavicencio, Empresa Social del Estado, institución que disfrazó la verdadera relación laboral que tuvo con la accionante, a través de vinculaciones en condición de contratista de prestación de servicios
RELACION LABORAL-Presupuestos de acreditación para reconocimiento de su existencia según Consejo de Estado/RELACION LABORAL-Reconocimiento no otorga calidad de empleada pública/RELACION LABORAL-Reconocimiento conlleva al pago de todos los emolumentos/RELACION LABORAL-Reconocimiento otorga reintegro de las sumas canceladas por concepto de salud y pensión
RELACION LABORAL-Acreditada en el sub judice
[NOMBRE TACHADO]-Interrupción de la prescripción en el sub judice
Esta agencia del Ministerio Público acoge la tesis del a-quo, en el sentido que está acreditado que la terminación de la vinculación de la actora con la ESE demandada, se configuró el 31 de diciembre de 2009, fecha en que culminó de ejecutarse la orden de prestación de servicios No. 5657 de 2009, entre tanto efectuó la reclamación el 11 de agosto de 2010, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas por haber prestado los servicios personales como Técnico en Rayos X, lo que conllevó a que se interrumpiera la prescripción en cuanto a las prestaciones ordinarias que involucraban la celebración y ejecución de las ordenes de prestación de servicio suscritas entre el 29 de marzo de 2002 y el 31 de diciembre de 2009, por ser presentada dicha petición dentro del lapso de los tres años siguientes a la finalización de su vinculación
SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL-Reglas de prescripción del [NOMBRE TACHADO] según Consejo de Estado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-Debe confirmar sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
|PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO No. 279
IUS PGN E-2019-744524
Bogotá, D.C., diciembre de 2019
Doctor
[NOMBRE TACHADO]
[NOMBRE TACHADO]
Sección Segunda-Subsección “A”
Consejo de Estado
E. S. D.
Referencia: Expediente No. 50001-23-31-000-2011-00012-01
No. Interno: 3028-2019
Demandante: [NOMBRE TACHADO]
Demandado: Hospital Departamental del Villavicencio –E.S.E.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Asunto: Apelación sentencia - Ley 1437 de 2011
ANTECEDENTES
La señora [NOMBRE TACHADO], mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó la nulidad del oficio sin número del 18 de agosto de 2010, recibido el 19 de agosto del citado año, suscrito por el Gerente de la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio en el cual manifestó: “(…) usted fue vinculado inicialmente como supernumerario, y posteriormente usted tuvo una relación contractual con el Hospital a través de órdenes de prestación de servicios como Auxiliar de Imágenes Diagnósticas. (…), no hay lugar a reconocimiento de algún concepto económico diferente de los Honorarios estipulados, lo antes manifestado por esta institución en virtud del principio básico del derecho civil específicamente relacionado con los contratos “pacta sunt servanda” “lo pactado obliga”, (…)”.
Que en contencioso de interpretación, solicitó que las ordenes de prestación de servicios Nos. 390 de 2002, 526 de 2002, 589 de 2002, 666 de 2002, 838 de 2002, 962 de 2002, 1089 de 2002, 1265 de 2002, 1278 de 2002, 243 de 2003, 628 de 2003, 803 de 2003, 893 de 2003, 2252 de 2003, 2296 de 2003, 0988 de 2004, 1125 de 2004, 1378 de 2004, 1668 de 2004, 2160 de 2004, 2404 de 2004, 3423 de 2004, 0476 de 2005, 859 de 2005, 1331 de 2005, 1841 de 2005, 2327 de 2005, 2805 de 2005, 3291 de 2005, 3803 de 2005, 4276 de 2005, 4790 de 2005, 5277 de 2005, 5787 de 2005, 411 de 2006, 9920 de 2007, 10427 de 2007, 10943 de 2007, 11462 de 2007, 12034 de 2007, 12240 de 2007, 284 de 2008, 1341 de 2008, 2221 de 2008, 2968 de 2008, 3724 de 2008, 5050 de 2008, 5647 de 2008, 277 de 2009, 0284 de 2009 y 5657 de 2009, y las que haya firmado el actor, den lugar a que se declare por vía de interpretación, que la accionante goza del status de empleada pública, teniendo en cuenta que la administración solo pretendía dejar de pagar prestaciones sociales.
“Que como consecuencia de la pretensión primera, se declare que la vinculación inicial de la accionante era de carácter indefinido y sin fecha previa de retiro y terminó por decisión voluntaria de la actora”.
A título de indemnización, solicitó $35.012.153 o la suma que resultare probada por la diferencia salarial entre lo recibido mensualmente por una funcionaria de planta que se desempeñó como Técnica en Radiología de Planta (carrera), y lo que se le canceló en el periodo transcurrido desde el 01º de febrero de 2002 hasta el 31 de marzo de 2009, además de los siguientes emolumentos causados en dicho periodo: $ 13.667.679 por el auxilio de cesantía causado durante la vinculación. $5.280.000 por interés de cesantías como le corresponde a una Técnica en Radiología de Planta (carrera) en el citado periodo. $13.667.679 por las primas de servicios causadas en el periodo. $12.616.319 por las primas de navidad. $11.200.000 por las primas técnicas. $4.666.667 por las vacaciones causadas. $11.389.733 por las primas de vacaciones. $6.833.840 por vacaciones causadas en el periodo laborado. $13.667.679 por las bonificaciones a que hubo lugar. $13.771.766 por aportes por concepto de salud, pensión y ARP. $19.134.751 por recargos dominicales y festivos causados. $12.900.000 por dineros retenidos rete fuente y demás conceptos. $3.877.100 por auxilio de transporte. $19.662.326 por la indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no haber consignado el auxilio de cesantías. $42.547.743 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías correspondientes al año 2008. $58.433.160 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías del año 2007. $88.318.576 por indemnización del numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no haber consignado el auxilio de cesantías correspondiente al año 2006. $111.203.993 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías del año 2005. $134.089.410 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías del año 2004. $156.974.826 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías del año 2003. $179.860.243 por indemnización contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no haber consignado el auxilio de cesantías del año 2002.
Así mismo, pidió el pago de cualquier otro beneficio que resultare a su favor, cuyo valor también se le cancele a quienes desempeñan el empleo de Técnicas en Radiología de planta (carrera) de la ESE demandada, y que no haya sido incluido en el libelo. De igual forma, la indexación de las sumas anteriores.
También solicitó el pago de perjuicios morales en cuantía de 500 SMLM vigentes al momento del pago, así como los intereses de mora correspondientes, al igual que ordenar liquidar interés de mora, y cumplimiento de la sentencia aplicando los artículos 176 y 177 del C.C.A.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
“PRIMERA SUBSIDIARIA.- Que se declare que, tanto las órdenes como las adiciones de las mismas, en referencia, son nulas, en todas sus partes, por haber sido expedidos de manera irregular y con desvío de poder.
SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que, en firme la decisión, se declare que mi poderdante estuvo vinculada a la administración demandada como servidora pública, no contratista, mediante el estatuto de situación legal y reglamentaria, con los efectos jurídicos que aluden a las pretensiones principales, y en los términos y condiciones que en ellas se consigan”.
1.1. HECHOS
Refirió el escrito de demanda que:
La actora fue vinculada a través de órdenes de prestación de servicios para desempeñar actividades equivalentes a las que ejercían quienes ejercían el cargo de Técnico de Rayos X en la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio, desde el 1º de marzo de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2009; sin embargo, con antelación a este período laboró en calidad de supernumeraria entre el 12 y el 28 de febrero de 1997, del 25 de marzo al 16 de abril de 1999 y del 24 al 25 de abril de 2002, realizando actividades que en nada diferían de las efectuadas por los funcionarios de planta.
La actora volvió a laborar entre el 1 y el 31 de diciembre de 2009. La demandante prestó sus servicios en el laboratorio de Rayos X del Hospital Departamental de Villavicencio.
La actora cumplía sus labores en la ESE al lado de funcionarios que no eran contratistas sino servidores públicos, activadas asignadas por la Coordinadora del Departamento de Imágenes Diagnósticas, Ana Abigail Hernández Reina, y cumplía labores propias de esa área correspondientes a un Técnico en Imágenes Diagnósticas de planta.
El horario de Trabajo era establecido por la demandada, por medio de agentes de trabajo y era de obligatorio cumplimiento para la actora, quien no tenía ninguna clase de autonomía, pues cuando necesitaba retirarse de sus labores, durante la jornada de trabajo establecida por la ESE, tenía que pedirle permiso al jefe inmediato.
Las ordenes de prestación de servicio suscritas por la actora eran elaboradas por la demandada en forma unilateral y no le era permitido hacer ninguna clase de sugerencias sobre su contenido, y al momento del retiro no le cancelaron los derechos o prestaciones sociales que le correspondían.
Señaló el apoderado que la ESE accionada incurrió en desviación de atribuciones, por cuanto a pesar de que las funciones que cumplió su representada eran de carácter permanente, no procedió a la vinculación en la forma que correspondía o a crear, si fuera el caso, el cargo, sino que la mantuvo con el disfraz del contrato u orden de prestación de servicios, para no pagarle prestaciones sociales y, en general, los derechos (prestaciones) sociales que le asisten por la función desarrollada.
Indicó que las órdenes de prestación de servicios arriba anotadas, correspondían efectivamente a vinculación laboral con la entidad, de donde resulta contrario a derecho el término fijo en ellas señalado, puesto que la relación contractual entre las partes fue ficticia, cuando en realidad correspondía a una situación legal y reglamentaria por la naturaleza de la función encomendada.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
La demandante citó como normas infringidas, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 53, 95, 125, 127, 209 y 277 de la Carta Política; 8º de la Ley 4ª de 1992; 5° y 71 del Decreto 1250 de 1970; 26 inciso 2°, 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de 1968; 108, 180, 215, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1973; la Ley 790 de 2002; el Decreto 1333 de 1986, la Ley 65 de 1946; la Ley 6ª de 1945, artículos 1° y ss; la Ley 100 de 1993; la Ley 10 de 1990; artículos 2, 3, 36 y 84 del Decreto 01 de 1984; Ley 50 de 1990 y Decreto 1582 de 1998.
Indicó que la demandada incurrió en violación de la norma superior, por falta de aplicación de la norma obligatoria, aplicación indebida e interpretación errónea.
Igualmente, sostuvo que el hospital accionado incurrió en falsa motivación, dado que su representada se encontraba desempeñando funciones permanentes en la entidad, las cuales fueron asignadas mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, cumpliendo un horario, bajo la continua subordinación laboral, siendo que sus funcionarios tienen la calidad de empleados públicos, lo que demuestra claramente que lo que se configuró fue un contrato de trabajo, con derecho al pago de prestaciones sociales, así se haya dado la denominación de contrato de prestación de servicios, pues no solo desempeñó funciones que también ejercían las funcionarios de planta, sino que las mismas no fueron transitorias sino permanentes.
Resaltó que está plenamente demostrado el cumplimiento de los elementos que constituyen una relación laboral y no contractual, por lo que a la demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones sociales y la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas.
Adujo que a través de los contratos de prestación de servicios, cuando las labores son permanentes, lo que busca la administración es evitar el pago de prestaciones sociales.
Precisó que, en el caso que nos ocupa, solo opera la prescripción a partir de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios. (fls. 1-30).
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El apoderado de la E. S. E. Hospital Departamental de Villavicencio se opuso a las súplicas de la demanda, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.
Resaltó que no existe una petición referida a declarar la existencia del [NOMBRE TACHADO] con ocasión de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, de modo que no se puede condenar al hospital demandado al pago de prestaciones sociales, sin que previamente se declare la existencia de la relación laboral de carácter reglamentaria, porque se estaría demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda.
Expuso que entre las partes en litigio su relación siempre se ha soportado en un contrato de prestación de servicios profesionales, en los términos de la Ley 80 de 1993 y que en el contrato se dispuso que este no generaba relación laboral entre el contratista y el Hospital Departamental de Villavicencio, y por ello no se reconocerían prestaciones sociales.
Indicó que aceptar el reconocimiento de las prestaciones reclamadas, sería tanto como reconocer el status de empleado público a la demandante, además desconocer el contrato que es ley para las partes, e ignorar la consagración de esta figura en la Ley 80 de 1993, como mecanismo para suplir las necesidades de la administración.
Argumentó que controvirtiendo los argumentos de la actora, si lo que se considera es que los contratos suscritos entre las partes ocultaran una verdadera relación laboral, entonces seria improcedente la acción instaurada, ya que implica el desconocimiento de los contratos signados y se requiere invalidarlos a la luz de lo previsto en el artículo 87 del C.C.A., y no ejercer la acción invocada.
Propuso las excepciones de ineptitud de demanda por indebida acumulación de pretensiones y prescripción de la acción, pues la actora pretende obtener el status de empleada pública y a la vez los beneficios convencionales, que son propios de los trabajadores oficiales.
Anotó que la accionante presentó reclamación escrita el 11 de agosto de 2010, para el pago de las prestaciones correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, julio y agosto de 2007, es decir, cuando ya habían transcurrido más de tres años respecto a dichas vigencias.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo –Sala Transitoria-, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2018, declaró la nulidad del acto acusado, declarando en consecuencia la existencia de una relación laboral entre las partes, durante el tiempo en que se mantuvo el vínculo contractual.
El a quo, después de revisar el marco normativo y jurisprudencial del [NOMBRE TACHADO] y confrontar la prueba documental obrante en el plenario, coligió que el contrato de prestación de servicios en el sector salud puede ser desvirtuado demostrando el ejercicio de funciones administrativas propias de la administración, con subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones del trabajo, consagrado en el artículo 53 Superior.
Advirtió que la actividad desarrollada por la demandante se trataba de un trabajo, con vocación de permanencia, que quiso ser enmarcado bajo la figura del contrato de prestación de servicios, prevaleciendo los derechos del trabajador (primacía de la realidad) sobre la modalidad de vinculación que utilizó el hospital demandado.
Señaló que la potestad de contratación otorgada a las Empresas Sociales del Estado para prestar los servicios de salud, mediante la contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando i) no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, ii) cuando estas funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o iii) cuando se requiera conocimientos especializados, toda vez que para prestar los servicios inherentes a su responsabilidad, las ESE deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.
Expuso que la deslaborización de las relaciones de trabajo desarrolladas por las ESE, para “disfrazar” u “ocultar” la verdadera relación laboral que subyace entre la entidad y el tercero que desempeña la labor subordinada, permanente y propia de la entidad, son inconstitucionales, porque atenta contra el derecho al trabajo, el derecho a acceder a la carrera administrativa, la permanencia y continuidad del servicio público y el respeto a los principio de la función pública.
Consideró que cuando media un contrato de trabajo o se ostenta la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en cuanto al sistema de riesgo profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el evento de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, estos deben realizasen por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes de ley, y que frente a este último aspecto el restablecimiento del derecho no puede ser por la totalidad de dicho monto, sino la cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar a las entidades de seguridad social.
En conclusión, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la E. S. E. Hospital Departamental de Villavicencio a pagar todas las acreencias laborales a que tiene derecho un empleado de la planta de personal que desempeñe los mismos servicios que la actora ejercía, con la excepción del trabajo suplementario, toda vez que debe considerarse que durante la vinculación contractual, la actora no estuvo sujeta a la jornada ordinaria laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en el entendido de que su condición no era la propia de un empleado público.
De la misma manera, el a quo consideró que no procede la solicitud de reintegro al cargo, en razón a que no ostenta la condición de empleada pública y, por ende, no desempeñó un empleo en los términos del artículo 122 de la Carta Política.
En cuanto al análisis del fenómeno de la prescripción, consideró que está plenamente acreditado que la terminación de la vinculación laboral de la actora se produjo el 31 de diciembre de 2009 y presentó derecho de petición el 11 de agosto de 2010 ante la ESE Hospital Departamental de Villavicencio (Meta), reclamación orientada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas con ocasión de los servicios prestados como Técnico en Rayos X, razón por la cual es posible establecer que la misma tuvo la virtualidad de interrumpir el fenómeno extintivo de la prescripción, respecto de las prestaciones ordinarias vinculadas a las órdenes de servicio celebradas entre el 29 de marzo de 2002 y el 31 de diciembre de 2009, al ser presentada dentro del término de los tres (3) años siguientes a su última vinculación.
1.5. RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de la E. S. E. Hospital Departamental de Villavicencio interpuso recurso de alzada contra la decisión de primera instancia, al considerar que el a quo incurrió en errónea valoración de las pruebas, puesto que consideró que la subordinación o dependencia no se encuentra acreditada dentro del plenario, ya que de la lectura de los contratos se puede evidenciar el cumplimiento de una agenda de actividades y su cumplimiento a través de unos cuadros de seguimiento llevados por la Subgerencia Asistencial de la entidad; en su lugar, lo que realmente se prueba con tales pruebas es la necesaria coordinación para realizar la actividad contratada, mientras que el cumplimiento de turnos, en sí mismo, no conlleva implícita ningún tipo de subordinación y por la naturaleza del servicio que se presta por los profesionales del sector de la salud en una institución hospitalaria, resulta apenas natural que se esté sujeto a turnos u horarios especiales según las necesidades de la entidad contratante.
Expuso que efectivamente la relación que existió entre la actora y la ESE fue de índole contractual, cuyo objetivo era prestación de servicios profesionales como Técnico de RX, para ser ejecutados bajo la modalidad de turnos en la Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico y Apoyo Terapéutico de la accionada.
Concluyó indicando que finiquitada la relación contractual, la interesada debe reclamar la declaración de la existencia de una relación laboral en un término no mayor a tres años, so pena de que prescriba el derecho; de igual forma, mencionó que la vinculación con la entidad se dio el 28 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2009, pero como hubo periodos donde no existió contrato alguno entre las partes, se configura la solución de continuidad y la demandante presentó reclamación el 11 de agosto de 2010, cuando ya había transcurrido más de tres años respecto de las vigencias 2007 al 2002. (Fls.737-739).
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA
Para esta agencia del Ministerio Público, el problema jurídico se contrae en determinar si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones solicitadas, en virtud de la estructuración de los elementos del [NOMBRE TACHADO], o si su vinculación con la entidad accionada estaba regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
2.1. Del [NOMBRE TACHADO].
Como punto de partida, se debe tener presente que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza la celebración de contratos de prestación de servicios, para cumplir las labores de administración o funcionamiento de la entidad, cuando no pueden ser realizadas por servidores de planta, o cuando requieren conocimientos especializados, es decir, que son excepcionales y transitorias, porque si tienen el carácter de permanentes y similares a las que desempeñan los empleados públicos, se desdibuja la figura contractual y queda probada la relación laboral; reza la citada disposición.
“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)
1. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
El contrato de prestación de servicios se caracteriza porque goza de completa independencia y autonomía, no se cumple un horario y tampoco se imparten órdenes directas de un jefe inmediato, solamente se está sujeto a la coordinación necesaria y supeditado a rendir informes de ejecución que revisa el supervisor o interventor para cada caso, según la designación de la administración, de ahí que cuando se dan las especiales características de subordinación en el desarrollo del contrato, se configura una asimilación con la labor que cumplen los servidores que se encuentran vinculados a través de una relación legal y reglamentaria (empleados públicos) o mediante un contrato de trabajo (trabajadores oficiales), en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre la formalidad.
Por lo tanto, el contratista está compelido a demostrar los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, es decir, que le corresponde probar que los sucesivos contratos u órdenes de prestación disfrazaron una relación laboral; igualmente, debe probar que la labor ejecutada corresponde al giro normal de las actividades que desarrollan los servidores de planta.
Por otra parte, el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia ha previsto que no puede existir un empleo sin funciones definidas en la ley o reglamento. Entonces, si las labores que se contratan mediante la figura de órdenes o contratos de prestación de servicio son de carácter permanente, y son desempeñadas por personal distinto a los denominados empleados públicos o trabajadores oficiales, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sostenido que la figura del contrato estatal se puede desvirtuar al demostrarse los elementos de la relación laboral, en particular el aspecto relativo a la temporalidad del servicio contratado. Surge, en este evento, el derecho a una indemnización a favor del contratista, en aplicación del principio de “prevalencia de la realidad” o “primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo”, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política.
El H. Consejo de Estado, en sentencia del 28 de enero de 2010, rad. (0782-08), C.P. Dr. [NOMBRE TACHADO], sostuvo:
“Aun cuando el objeto del contrato haya sido la prestación de servicios médicos, al demostrarse la inexistencia de la autonomía e independencia características del mismo, desvirtuada su temporalidad -es decir, demostrada la permanencia y continuidad del servicio- y probados los elementos de una relación laboral en los términos inicialmente esbozados, se habilita el reconocimiento del [NOMBRE TACHADO] en tales casos. Ahora bien, tratándose de la autonomía e independencia que ostenta el personal médico para aplicar sus conocimientos científicos específicamente a cada caso, no descarta la existencia de una relación de subordinación y dependencia, en tanto dicho elemento puede configurarse en otros aspectos de índole administrativo, como el cumplimiento de horario, la recepción de ordenes en los diversos aspectos que componen la prestación del servicio, el cumplimiento del servicio bajo las mismas condiciones de los demás empleados de planta etc., lo que a su vez supone que tratándose de un verdadero contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia deba abarcar aun los aspectos anteriormente referidos. Desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que la Administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que, se configura en este caso el [NOMBRE TACHADO] en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante prestó el servicio público de salud en el Hospital “San Rafael de Girardot E.S.E” de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la Entidad”.
Por su parte, en la sentencia C-614 de 2009, respecto a la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios, precisó la Corte Constitucional:
“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos”.
Es decir, para que se declare la relación laboral se requiere probar la actividad personal, la subordinación, el pago, sin dejar de demostrar que los servicios contratados correspondían a un instrumento para atender funciones permanentes, que hacían parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad.
2.2. Caso concreto
La actora suscribió las siguientes órdenes de prestación de servicios con la E. S. E. demandada, entre el 29 de marzo de 2002 y el 26 de noviembre de 2009:
O PS
Plazo de ejecución
Objeto
N° 390 de 2002.
10 días
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 526 de 2002.
10 días
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 589 de 2002.
8 días
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 666 de 2002.
22 días
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 838 de 2002.
24 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 962 de 2002.
8 días
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1089 de 2002.
66 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1265 de 2002.
72 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1278 de 2002.
24 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 243 de 2003.
36 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 628 de 2003.
12 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 803 de 2003.
36 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 893 de 2003.
48 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2252 de 2003.
6 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2296 de 2003.
6 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 0988 de 2004.
90 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1125 de 2004
102 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1378 de 2004,
300 horas
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1668 de 2004
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2160 de 2004
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2424 de 2004.
2 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 3423 de 2004.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 0476 de 2005
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 859 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1331 de 2005
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1841 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2327 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2805 de 2005
1 mes.
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 3291 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 3803 de 2005.
1 mes.
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 4276 de 2005.
1 mes.
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 4790 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 5277 de 2005
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 5787 de 2005.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 411 de 2006
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 9920 de 2007
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 10427 de 2007
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 10943 de 2007.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 11462 de 2007.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 12034 de 2007.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 12240 de 2007.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 284 de 2008.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 1341 de 2008.
2 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2221 de 2008.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 2968 de 2008.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 3724 de 2008.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 5050 de 2008.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 5647 de 2008.
3 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 277 de 2009.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 0284 de 2009.
2 meses
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
N° 5657 de 2009.
1 mes
Objeto: Prestación de servicio Técnico en Rayos X en la ESE Hospital Departamental de Villavicencio.
Igualmente, a folios 35 a 52 obra constancia suscrita por el profesional especializado de la Unidad Funcional de Talento Humano del Hospital accionado, en la que se relacionan las ordenes celebrados con la demandante, que es coincidente con el cuadro anteriormente expuesto.
También obran en el plenario las declaraciones testimoniales de Betsy Andrea Buitrago (fl. 358 c.2), y Alba Nubia Piñeros Huérfano (fl. 366 c.2), quienes también desempeñaron labores en el área de Rayos X del Hospital Departamental de Villavicencio y fueron compañeras de la demandante, siendo coincidentes en sostener que ésta debía cumplir el horario de trabajo en los turnos señalados, que no tenía autonomía o independencia para ejecutar la labor de rayos X, pues estaban sujetas a una coordinación de la Jefe del Área de Rayos X.
De acuerdo con lo precedente, considera esta Delegada que la sentencia recurrida se debe confirmar, dado que al a quo le asiste razón cuando precisó que la actora celebró contratos de prestación de servicios de manera discontinua entre el 29 de marzo de 2002 al 26 de noviembre de 2009, para prestar los servicios personales como Técnico en RX, configurándose el [NOMBRE TACHADO] en atención al cumplimiento habitual de una jornada de trabajo, la subordinación a un superior inmediato y el pago de una remuneración, lo que desvirtúa la autonomía que caracteriza a los contratistas del Estado, puesto que si bien es cierto que la administración debe orientar al contratista en el cumplimiento del objeto contractual, también lo es que debe otorgarle autonomía y no se puede sostener que las labores que cumplió fueron autónomas, por cuanto, adicionalmente, sus superiores le señalaban el turno a cumplir, las funciones a desarrollar, las cuales no fueron ocasionales sino permanentes y, de contera, necesarias en el giro ordinario de las actividades misionales del Hospital Departamental de Villavicencio, Empresa Social del Estado, institución que disfrazó la verdadera relación laboral que tuvo con la accionante, a través de vinculaciones en condición de contratista de prestación de servicios.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en un caso similar al que nos ocupa, respecto a la relación laboral de una enfermera, sostuvo:
“(…)Es así, como la ejecución de las varias órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios, que de manera continuada suscribió con el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.SE., encontró soporte en la certificación emitida por el subgerente administrativo de la entidad. Y según los testimonios que obran en el expediente, surge evidente, que en el cumplimiento de la labor asignada en calidad de enfermera jefe, la actora adelantó todo el esfuerzo personal que la misma requería, situación que permite corroborar la presencia del elemento prestación personal del servicio.
De igual modo, percibió una remuneración o contraprestación económica por la labor personal que realizó al servicio del Hospital, según las pruebas documentales y testimoniales referidas, que estaba sujeta a la apropiación presupuestal de la entidad.
Así mismo, se configuró el elemento subordinación y dependencia, comprobado en la intemporalidad de la relación, en el cumplimiento de funciones y horarios de trabajo propios de la entidad, con desarrollo de idénticas funciones a las asignadas a los servidores de planta, y con el compromiso de tener que rendir informes acerca de las actividades adelantadas en el ejercicio de la labor de enfermería.
En efecto, las probanzas evidencian que la función desplegada por la accionante no fue de carácter transitorio o esporádico -característica propia del contrato de prestación de servicios-, sino que por el contrario, se trató de una relación prolongada en el tiempo, como lo demuestran los diversos contratos y órdenes suscritas de manera sucesiva entre ambas partes desde el año 2004 hasta el año 2008 -cuando se suscribió la última orden de trabajo-, que permiten entrever que la contratación se adelantó con el ánimo de emplearla de modo permanente, pero, en franco desconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales de carácter irrenunciable y en abierta pugna no sólo con la ley y con la jurisprudencia sino también con el principio constitucional de igualdad.
También cumplió con el horario de trabajo y las órdenes y obligaciones impuestas, entre otros, por el Coordinador de turnos y la jefe de enfermeras del hospital, que comprendían, desempeñar sus funciones en el servicio de pediatría en urgencias, suministrar medicamentos a los pacientes, toma de paraclínicos, recibo y entrega de turno, sometimiento a los protocolos y reglamentos impuestos por la entidad y dar cuenta de todos los procedimientos realizados.
Ligado a que desarrolló idénticas funciones a las adelantadas por los enfermeros jefes de planta vinculados laboralmente, de lo que fehacientemente dan cuenta los testimonios de las señoras Adriana Rocío Borda Vargas médico general y Rosa Inés Muñoz Bernal. (fl. 134 y s.s. cdn. ppal.)
Situaciones de las que claramente se infiere, que no existía ninguna diferencia entre las enfermeras jefe contratistas y las de planta, habida cuenta que prestaban los mismos servicios y cumplían las mismas funciones, con asignación de horarios, debiendo obedecer tanto las instrucciones como las órdenes de los médicos que asistieran y coordinadores de turno, lo que implicaba incluso, la necesidad de solicitar el permiso correspondiente para ausentarse de su labor.
En suma, desvirtuadas como se encuentran tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio por parte de la actora como la transitoriedad u ocasionalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios y probados todos los elementos característicos de la relación laboral, concluye la Sala, que en el presente asunto, contrario a lo argumentado por la demandada en el escrito de alzada, se configuró el [NOMBRE TACHADO], porque evidentemente la administración utilizó la figura contractual, de manera por demás equivocada, para encubrir la naturaleza real de la actividad laboral.
A esta altura se pone de presente, que las diferentes situaciones administrativas y necesidades del servicio no se pueden convertir en evasivas o excusas para vincular al personal de manera irregular con el fin de desempeñar funciones públicas en forma permanente; pues, tal vínculo deviene en precario e ilegal ante el franco desconocimiento de las formas sustanciales del derecho público, las modalidades previstas en la Constitución y la ley para el ingreso al servicio público y aún más, las garantías laborales y los derechos fundamentales de quienes así resultan vinculados -artículos 13 y 53 de la Carta Política-. En otras palabras, la Administración Pública no está legitimada, bajo ninguna circunstancia, para omitir el carácter laboral de las relaciones de trabajo.
En este asunto es menester precisar, que si bien es cierto, por el hecho de reconocer la existencia de la relación laboral a la demandante no se le puede otorgar la calidad de empleada pública, pues para ostentar la misma se requiere del respectivo nombramiento y posesión, tal como lo ha reiterado esta Corporación, también lo es, que al ser desvirtuado el contrato de prestación de servicios, la relación laboral produce plenos efectos, lo que conlleva al pago de todos los emolumentos, incluidas no solo las prestaciones sociales que son asumidas directamente por el empleador tales como vacaciones, cesantías, prima de servicios y todas las que se encuentren pactadas, sino además, las que se reconocen en dinero por el Sistema de Seguridad Social Integral, en la proporción correspondiente, como aquellas por concepto de salud y pensión.
Con lo anterior se tiene que en este punto no le asiste razón al a quo cuando decidió negar la pretensión referida al reconocimiento en favor de la accionante de estas últimas prestaciones, por lo que se estima que tiene derecho a que se le reintegren las sumas que ella canceló y que le correspondía sufragar al hospital, por concepto de salud y pensión, según la normativa vigente, para lo cual, deberá allegar la prueba que soporte los pagos efectivamente realizados por tales conceptos”.
Así las cosas, es claro que en el sub judice no estamos en presencia de una relación contractual, sino eminentemente laboral.
2.3. Prescripción
Esta agencia del Ministerio Público acoge la tesis del a-quo, en el sentido que está acreditado que la terminación de la vinculación de la actora con la ESE demandada, se configuró el 31 de diciembre de 2009, fecha en que culminó de ejecutarse la orden de prestación de servicios No. 5657 de 2009, entre tanto efectuó la reclamación el 11 de agosto de 2010, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas por haber prestado los servicios personales como Técnico en Rayos X, lo que conllevó a que se interrumpiera la prescripción en cuanto a las prestaciones ordinarias que involucraban la celebración y ejecución de las ordenes de prestación de servicio suscritas entre el 29 de marzo de 2002 y el 31 de diciembre de 2009, por ser presentada dicha petición dentro del lapso de los tres años siguientes a la finalización de su vinculación.
El H. Consejo de Estado, en sentencia de unificación de la Sección Segunda, de fecha 25 de agosto de 2016, rad. 23001233300020130026001 (00882015), C. P. Dr. [NOMBRE TACHADO], precisó respecto a la prescripción del [NOMBRE TACHADO]:
“(…) 3.5 Síntesis· de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto de las controversia relacionas con el [NOMBRE TACHADO], en particular en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin· embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos· laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación ·con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del [NOMBRE TACHADO], por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de· nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias ([NOMBRE TACHADO]) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que· a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la .relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.
De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho, y (ii) el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el maestro-contratista corresponderá a. los honorarios pactados”.
Por lo anterior, considera esta agencia del Ministerio Público que el fallo recurrido debe ser confirmado.
CONCEPTO
Por lo antes expuesto, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la H. Sala, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
Del Señor [NOMBRE TACHADO], atentamente.
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado
DMVV. MDBZ. CFRA