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ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES -Nulidad resolución INVIAS que declaró ocurrencia de siniestro de buen manejo de anticipo contrato de obra publica
RECLAMACION DE SINIESTRO-Para hacer efectiva la responsabilidad de la compañía de seguro por la póliza de cumplimiento/RECLAMACION DE SINIESTRO-Para hacer efectiva la responsabilidad de la compañía de seguro por la póliza de cumplimiento
POLIZA DE CUMPLIMIENTO-Es suficiente demostrar que el siniestro se presentó dentro de la vigencia del amparo de la póliza
COMPAÑIA DE SEGUROS-Para hacer efectiva la responsabilidad de ésta, es suficiente demostrar que el siniestro se presentó dentro de la vigencia del amparo de la póliza.
PRUEBAS-Documentales
GARANTIA DEL CONTRATO ESTATAL-Fundamento legal
POLIZA DE CUMPLIMIENTO-Aquellos que garantizan que serán resarcidos al acreedor los daños que pueda provocar el incumplimiento de las obligaciones del deudor, dentro del marco de una relación contractual
Para comenzar debemos señalar que atendiendo que la parte actora es la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO en la que solicita la nulidad de las mencionadas resoluciones expedidas por el INVIAS, es importante tener presente el tipo de seguro que amparaba este contrato estatal y nos encontramos que el seguro de cumplimiento son aquellos que garantizan que serán resarcidos al acreedor los daños que pueda provocar el incumplimiento de las obligaciones del deudor, dentro del marco de una relación contractual, tal y como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 12 de febrero de 2015 ya referenciada. Entonces el riesgo asegurado lo constituye el incumplimiento, por lo tanto la póliza debe cobijar todas las obligaciones a cargo del contratista, tal y como lo dispone el art. 25 de la Ley 80 de 1993, pues lo que hace el tomador es trasladar el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía de seguros, por lo que al momento de que se presenta el hecho constitutivo de incumplimiento a cargo del deudor, incumplimiento que ocasiona perjuicios al patrimonio del acreedor (entidad estatal), surge la obligación de la compañía de seguros de resarcir los daños ocasionados al beneficiario hasta el valor de la suma asegurada.
GARANTIA UNICA-Frente a las aseguradoras, relativos a la reclamación por parte del asegurado/GARANTIA UNICA-La reclamación se suple con el acto administrativo mediante el cual se declara ocurrido el siniestro y se ordena hacer efectiva la garantía
CONCEPTO No. 100/2019
Bogotá, D.C. 16 de julio de 2019
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 13001233300020130032801 (62324)
ACCIÓN: Contractual
ACTOR: Seguros del Estado S.A.
DEMANDADO: Instituto Nacional de Vías – INVIAS y otros
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida / / El seguro de cumplimiento amparaba el buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de Obra 620 de 2010 // Se materializó el riesgo asegurado y con fundamento en la póliza misma, ese riesgo resultó exigible a la compañía aseguradora, por haberse materializado el riesgo de no inversión y mal manejo del anticipo. // No se demostró la violación del derecho de defensa de la Compañía Aseguradora.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.
ANTECEDENTES
1.1. La Demanda.
La compañía de seguros, SEGUROS DEL ESTADO S.A. por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual contra el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y otros, con el fin de que se declare:
Primera. La nulidad de las Resoluciones No. 2908, 4089 y 5193 de 2011 emitidas por el INVIAS, por medio de las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contra de obra pública No. 620 de 2010 y se impuso multa a la demandante.
Segunda. La nulidad de la Resolución 4266 de 2001 por medio de la cual se ordenó hacer efectiva la póliza de seguros No. 21-44-101072909.
Tercera. Que SEGUROS DEL ESTADO no debe suma alguna de dinero a INVIAS por concepto de amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, lo anterior a título de restablecimiento del derecho.
Que se condene a INVIAS a:
Primero. Restituir a SEGUROS DEL ESTADO S.A. en pesos actualizados toda suma de dinero que hasta el momento del fallo reciba en razón de las Resoluciones 2908, 4089 y 5193 de 2011.
Segundo. Al pago de la suma de $124.483.197,50 estimada en juramento, más la actualización e intereses moratorios comerciales liquidados desde el 4 de noviembre de 2011 hasta el día del pago.
Tercero. Al pago de las costas
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Bolivar, en sentencia del 24 de agosto de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 02908, 4089 y 5193 de 2011 emitidas por el INVIAS, únicamente con el alcance de determinar que la multa que allí se impuso al Contratita Consorcio U-M 035 por valor de $60.864.505.80 no lo es exigible a SEGUROS DEL ESTADO S.A., en virtud de la Póliza de seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 21-44-101072909 expedida por dicha compañía.
Como consecuencia se declaró que al no ser exigible a dicha compañía aseguradora la multa por $60.864.505.80 impuesta al contratista Consorcio U-M 035 y en el evento que SEGUROS DEL ESTADO hubiere cancelado la misma al INVIAS, esta última entidad deberá devolver lo recibido por dicho concepto a SEGUROS DEL ESTADO, previa actualización de ese monto a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
Se condenó a ambas partes al pago de costas procesales y se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las presuntas irregularidades que pudieron existir en torno a la disposición, pago, desembolso, manejo bancario y amortización del valor del anticipo que fuera entregado en desarrollo del contrato estatal objeto de la presente demanda.
Hechos probados
Que el 10 de septiembre de 2011 se suscribió el contrato de Obra No. 620 de 2010 entre el INVIAS y el consorcio U-M 035 cuyo objeto fue la Construcción de accesos y obras complementarias para el Puente Botón de Leyva en la carretera Mompos – Guamal, ruta 7804, por un valor estimado de $1.217.290.116 y se señaló como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2010, a partir de la orden de iniciación, la cual se impartirá por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del Instituto previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y de la aprobación de los documentos del Num. 7.2 del pliego de condiciones. Parágrafo. El Plazo se divide de la siguiente forma: a) etapa de actualización y unificación de estudios y diseños de las obras a ejecutar (15 días calendario) dentro de los 15 días calendario a partir de la fecha de orden de inicio, el Contratista deberá elaborar la actualización y unificación de estudios y diseños de las obras a ejecutar. En la Cláusula Quinta del contrato se dispuso que el INVIAS vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, por conducto de un interventor contratado por la entidad, igualmente en torno al anticipo del contrato y su manejo se dispuso lo siguiente: Cláusula Novena. Anticipo. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Instituto entregará un anticipo de hasta el 50% del valor básico del contrato, previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega. Parágrafo Primero. Manejo del Anticipo. Para el manejo del anticipo. El contratista o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al Instituto y el Interventor del contrato, abrirán a nombre de la obra una Cuenta Corriente de manejo conjunto, de tal forma que los cheques que se giren con cargo a ella necesiten, para ser pagados, la firma del Contratista o su designado y la del Interventor. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. Parágrafo Quinto. La Iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones no están supeditadas en ningún caso, a la entrega del anticipo. El INVIAS a través de la interventoría revisará, aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría.
Que mediante oficio del 30 de septiembre de 2010 el gerente del Banco de Colombia sucursal Normandía, certificó con destino a INVIAS que la empresa Consorcio U- M 035 tiene una cuenta corriente en esa entidad desde el 30 de septiembre de 2010, que dicha cuenta está activa y vigente y está destinada para el manejo de los recurso del anticipo del contrato de Obra No. 620 de 2010. Que dicha cuenta se maneja de manera conjunta entre NIDYA MAGALY MALAVER SOTO, representante legal del Consorcio U-M 035 y por IGNACIO ALVAREZ REYES, representante del Consorcio IAR Ingeniería, como interventor del contrato.
Que la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO el 15 de septiembre de 2010, expidió la póliza de seguro de cumplimiento con vigencia 14 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de 2015, siendo el tomador de la misma la empresa Consorcio UM 035 y el beneficiario el INVIAS, correspondiente al contrato No. 620 de 2010, en la que se ampararon los siguientes riesgos: Cumplimiento con vigencia desde el 14 de septiembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, por un monto de $121.729.011.60 y Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo, con vigencia 14 de septiembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, por un monto de $606.645.058.00. La vigencia de estos amparos fue ampliada hasta el 30 de agosto de 2011, luego hasta el 30 de octubre de 2011 y luego hasta el 30 de noviembre de 2011.
Que el INVIAS mediante oficio del 23 de septiembre de 2010 aprobó la póliza de cumplimiento que ampara el contrato No. 620 de 2010.
Que la firma Consorcio IAR Ingeniería ejerció la interventoría de conformidad con el contrato 616 de 2010.
Que el 5 de octubre de 2010 se suscribió el acta de inicio del contrato No. 620 de 2010
Que el 11 de octubre de 2010 se suspendió el contrato de común acuerdo, por el término de 2 meses, desde el 11 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2010, que la causa de la suspensión eran las inundaciones de la zona.
Que el 23 de diciembre de 2010 se suspendió nuevamente por 2 meses desde el 23 de diciembre de 2010 hasta el 22 de febrero de 2011 nuevamente la causa fueron las inundaciones de la zona.
Que el 21 de febrero de 2011 fue nuevamente suspendido el contrato por 2 meses más hasta el 22 de abril de 2011, por cuanto se hace necesario la gestión social y compra de predios por parte del INVIAS en virtud de la afectación predial que los terraplenes y demás obras sobre viviendas aledañas. También se encuentran inundadas algunas posibles fuentes de materiales.
Que el 15 de abril de 2011, el contrato fue nuevamente suspendido por 2 meses esto es, hasta el 22 de junio de 2011 por cuanto se hace necesario compra de predios por parte del INVIAS en virtud de la afectación predial que los terraplenes y demás obras sobre viviendas aledañas.
Que el 15 de abril de 2011 el representante legal del Consorcio IAR Ingeniería en calidad de interventor presentó informe a INVIAS sobre anomalías en el manejo del anticipo del contrato, por lo que solicitó hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo (póliza de cumplimiento) por valor de $576.099.828, equivalente al 100% del anticipo entregado, teniendo en cuenta que no existen actas de recibo que respalden la amortización del anticipo y la aplicación de multa por mal manejo o la inversión incorrecta, equivalente al 5% del valor total del contrato, es decir la suma de $60.864.506.
Que de acuerdo a extractos bancarios expedidos por Bancolombia, correspondiente a la cuenta corriente No. 58963033420 a la fecha del 20 de octubre de 2010 existía un saldo de $547.294.836.60 y el 28 de febrero el saldo era de $14.661.50
Que mediante oficio del 28 de abril de 2011 el INVIAS le informó a la compañía SEGUROS DEL ESTADO el inicio del proceso administrativo sancionatorio en virtud del incumplimiento por parte del contratista Consorcio U- M 035 en relación con la obligación de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato No. 620 de 2010 y con la finalidad de que rindiera descargos dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación y aportara las pruebas que considerara necesarias.
El 10 de mayo del 2011 el INVIAS citó a la compañía SEGUROS DEL ESTADO a audiencia para el día 16 de mayo del 2011 y señaló que mediante comunicación enviada por el representante legal del Consorcio UM -035 en el que informa que se abstendrá de presentar descargos.
Que el día 26 de mayo el INVIAS citó a la compañía de SEGUROS DEL ESTADO a audiencia para el día 31 de mayo de 2011.
Que mediante Resolución del 17 de junio de 2011 el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 620 de 2010, por la suma de $576.085.176.00, por la ocurrencia del siniestro la suma de $60.864.505.80, como sanción. Que en la parte considerativa de la mencionada resolución se señaló que el Consorcio U- M 035 y/o sus integrantes deberán pagar los valores señalados, de lo contrario el INVIAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que se adeude al contratista o exigirá su pago a la compañía de SEGUROS DEL ESTADO en virtud del amparo de cumplimiento y buen manejo de anticipo de la póliza única de cumplimiento de entidades estatales.
Con ocasión del recurso de reposición interpuesto por la compañía de SEGUROS DEL ESTADO, el INVIAS expidió la Resolución 04089 del 17 de agosto de 2011, en la cual se dispuso confirmar la Resolución 02908 del 17 de junio de 2011.
Que mediante Resolución del 4 de octubre de 2011 el INVIAS dispuso aclarar el contenido del art. 2º de la Resolución No. 2908 de junio de 2011, el cual quedará así: Por el mal manejo y la incorrecta inversión del anticipo del contrato de Obra No. 620 de 2010 imponer la multa de $60.864.505.80.
Que mediante oficio del 9 de agosto de 2011 el INVIAS invitó a la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO a realizar audiencia dentro del proceso sancionatorio adelantado en el marco de la Ley 1474 de 2011 al contrato de Obra No. 620 de 2010 para el día 18 de agosto de 2011, en dicho oficio se le informó que podrá presentar los descargos de los hechos que configuran el procedimiento sancionatorio, rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad, así mismo se le informó que proferida la decisión, mediante acto administrativo, el cual será notificado en la misma audiencia, contra dicha decisión procede le recurso de reposición, el cual se interpondrá, sustentará y decidirá en la mencionada audiencia.
Que mediante oficio del 19 de agosto del 2011 el INVIAS realizó nueva citación a audiencia del contrato 620 de 2010 a la compañía de SEGUROS DEL ESTADO, en el que se le informó que con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa, se suspendió el desarrollo de la audiencia del 18 de agosto y se le informó que será reanudada el 25 de agosto de 2011 a las 8 a.m., que en dicho oficio aparecen 3 constancia de recibido de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, del 26 de agosto, del 30 de agosto y del 6 de septiembre, todas del 2011.
Que el 25 de agosto de 2011 el INVIAS expidió la Resolución No. 04266 en la que se dispuso declarar la caducidad y la consecuente terminación del contrato No. 620 de 2010, por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato que condujeron a su paralización, por lo que se ordenó que se proceda a la liquidación del mismo. Que se impone al contratista CONSORCIO U-M 035 como sanción a título de cláusula penal la suma de $121.729.011, correspondiente al 10% del valor total del contrato de conformidad con la cláusula XV del contrato. Que el contratista deberá cancelar la sanción impuesta, que de no hacerlo se le descontará de los saldos pendientes que el INSTITUTO le adeude o haciendo efectiva la garantía única de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales, expedido por la compañía de seguros, como respaldo del cumplimiento del contrato estatal en cuestión. Que en la mencionada resolución se señala que la compañía de seguros no se hizo presente. Que aparece constancia de ejecutoria de dicha Resolución a partir del 26 de agosto de 2011
Que en Memorando del 9 de noviembre de 2011 el INVIAS señaló que LA COMPAÑÍA DE SEGUROS consignó a favor de INVIAS la suma de $124.483.197.50 por concepto de pago de caducidad declarada al contrato No. 620 de 2010.
Que en memorando del 19 de abril de 2012 el INVIAS señaló que la COMPAÑÍA DE SEGUROS consignó la suma de $608.645.058 correspondiente al siniestro de Anticipo declarado al contrato No. 620 de 2010.
Argumentos de la apelaciones
Recurso de la parte demandante – Seguros del Estado
El apoderado de la parte demandante solicitó revocar el fallo en lo desfavorable a la recurrente y en su lugar acceder a las súplicas de la demanda. Para lo cual se basó en los siguientes argumentos:
Para iniciar señala que para el Tribunal basta con que el siniestro ocurra dentro de la vigencia de los amparos otorgados por la compañía de seguros para que el correspondiente pronunciamiento de la administración sea legítimo. De ahí su idea de que el contrato de seguro opera bajo el sistema de ocurrencia entendido por tal el simple hecho de que basta con que le siniestro ocurra dentro del periodo de vigencia del seguro.
Lo cual si bien es cierto, no es la única condición a tener en cuenta, pues el hecho de que se cumpla, no implica que la obligación condicional a cargo del asegurador se torna exigible, pues de lo contrario la presente acción no tendría sentido.
Pues la responsabilidad a cargo de la compañía de seguros que expida seguro de fianza de contrato estatal No es objetiva, ni se reduce a la simple constatación de examinar la vigencia del amparo de la respectiva póliza. El contrato de seguro tiene unas connotaciones particulares sin las cuales o no nace a la vida jurídica, o nace viciado de nulidad, o habiendo nacido válidamente, termina de modo anticipado y en ninguno de ellos la compañía de seguros es jurídicamente responsable, así el supuesto siniestro ocurra dentro del aparente término de vigencia de la póliza y el beneficiario sea una persona jurídica de derecho público.
Respecto de la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro relacionado con el buen manejo y correcta inversión del anticipo. La suspensión del contrato de obra y del correspondiente amparo.
Señala el Tribunal que el contrato estuvo suspendido en cuanto a obras, pero no en el ítem de estudios y diseños, para cuya realización el contratista requería del anticipo, que no existe disposición alguna, legal ni contractual, que impidiera la orden de pago y subsiguiente entrega del anticipo.
Que la suspensión del contrato no conlleva la suspensión de los amparos, pues es claro. Que el amparo del buen manejo del anticipo se encontraba entonces vigente, esto es, que el siniestro ocurrió dentro de ese término de vigencia del seguro.
Como réplica a lo dicho por el Tribunal señaló: que las partes al suspender el contrato de obra no limitaron esa suspensión a unas pocas y determinadas obligaciones a cargo de una de ellas, ni a una parte de su objeto, ni a las obligaciones de solo una de ellas dos, ni hicieron distinción alguna, por lo cual la suspensión del contrato comprendió la exigibilidad de la totalidad de las obligaciones en él pactadas, esto es, fue íntegra.
Por lo tanto, no “…por el hecho de que en el contrato (Cláusula Novena) se diga que la obligaciones de pagar el anticipo se haría exigible al cumplirse los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esa misma obligación mantuvo su exigibilidad luego de que con posterioridad a tal pacto las partes hubieran suspendido la totalidad del contrato, pues tal aseveración va directamente en contra de lo dicho sobre el sentido de la suspensión del contrato. La exigibilidad de la obligación de pagar el anticipo, como la exigibilidad de todas las demás obligaciones pactadas en el mismo contrato, se encontraba suspendida, aplazada en el tiempo, al igual que el contrato en sí.”
Por lo tanto no es afortunada la afirmación del Tribunal al señalar que el contratista requería el dinero del anticipo para realizar estudios y diseños, ni la referente a que ésta obligación no se suspendió al suspender el contrato. Pues la obligación de pagar el anticipo, a cargo del INVIAS como la de realizar estudios y diseños a cargo del contratista, en atención a la suspensión del contrato, eran inexigibles, por lo tanto la entrega del dinero que la entidad contratante hizo al contratista no corresponde, en estricto rigor al pago del anticipo, sino a un pago de lo no debido cuya malversación no estaba asegurada por la demandante, o si se quiere corresponde a un pago prematuro o anticipado del anticipo, cuya malversación tampoco se encontraba asegurada.
Entonces al afirmar el Tribunal que no existe disposición legal ni contractual que impidiera la orden de pago y entrega del anticipo, señala el apelante que si existe y es el acuerdo de voluntades al suspender el Contrato
Atendiendo que el contrato de seguro es accesorio al de Obra, pues solo existe en función de este y por ello corre su suerte, al haberse suspendido el contrato de obra, se suspendió el de seguro, por mera sustracción de materia, pues tan cierto es que como consecuencia de la suspensión del contrato de obra fue necesario recomponer el plazo del contrato de seguro, extendiendo la vigencia de su amparo.
Y en este orden la ocurrencia del siniestro a ojos del Tribunal, amparado por la demandante, como es, el uso indebido del dinero del anticipo, no corresponde al riesgo asegurado y ello es así, no porque el anticipo no se hubiera perdido, sino porque las circunstancias en que ello ocurrió no se encontraban aseguradas por la demandante.
Pues al expedir el seguro la demandante afirmó que respondería por el dinero del anticipo solo si a lo largo de la ejecución del contrato se mantuviesen las circunstancias bajo las cuales expidió su póliza, entre las cuales y con relación al amparo relativo al anticipo, vale la pena señalar que la referente a que su malversación ocurriese por causa o con ocasión de la ejecución normal de las obligaciones a cargo de parte y parte y no como consecuencia del cumplimiento anticipado de obligaciones no exigibles.
En ninguna parte de la póliza se dice que la parte demandante respondería por el uso indebido del anticipo, incluso cuando este hubiese sido pagado al contratista prematuramente, esto es, sin ser exigible dicha obligación, o por fuera del contrato. Y como ello no se dijo, tal circunstancia (la del uso indebido del anticipo) no torna exigible la obligación del asegurador, entonces, la malversación del anticipo así pagado, por lamentable que resulte, no encaja dentro del amparo otorgado, ni a ojos del seguro constituye siniestro alguno.
Entones el hecho de que un aparente, pero no real, siniestro ocurra dentro del término de vigencia de una póliza, no es razón suficiente para concluir que se ha hecho exigible la obligación condicional del asegurador, sencillamente porque en tales circunstancias hace falta la realización concreta del riesgo asegurado, esto es, del siniestro. Art. 1045 C.Co.
II. Respecto de la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro relacionado con el buen manejo y correcta inversión del anticipo. La terminación del contrato de seguro por no mantener el estado del riesgo asegurado. La cuenta conjunta.
Otra de las razones para pedir la nulidad de las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro relativo al anticipo, consiste en que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1060 del C.Co., el contrato de seguro termino anticipadamente cuando se alteró el estado de riesgo, sin notificar de ello a la compañía de seguros, toda vez que el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, fue otorgado bajo la premisa, incluida en el contrato de obra, de que el dinero del anticipo sería manejado en cuenta corriente conjunta, esto es, que los cheques girados contra ella, requerirían las firmas del interventor y del contratista, lo cual no ocurrió, porque el dinero del anticipo fue retirado de esa cuenta por el contratista, con solo su firma.
Por lo anterior desde la demanda se dijo al INVIAS que debía reclamar al Banco de Colombia por pago irregular de los cheques girados en dicha cuenta.
Para el Tribunal uno de los modos en los que se concreta el siniestro amparado es el del uso indebido del dinero del anticipo, el cual ocurrió por el solo hecho del retiro del dinero.
La contradicción del argumento del Tribunal es evidente. El estado de riesgo, esto es, una de las condiciones bajo las cuales la demandante otorgó su amparo era el referente a que todos los intervinientes (INVIAS, Contratista, Interventor y aseguradora) tenía la tranquilidad que el dinero del anticipo necesariamente se iría a invertir en la obra objeto del contrato No. 620/2010, en tanto que no existía la posibilidad jurídica de que el dinero saliera de la cuenta corriente conjunta, sin la firma del interventor , lo cual constituía la garantía de buen uso. Ese era repito, el estado del riesgo.
Es decir, la aseguradora respondería del uso indebido del dinero del anticipo, solo en la medida de que dichos recurso salieran debidamente de la cuenta corriente, con la firma de las personas encargadas y fueran utilizados de manera contraria a los fines del contrato.
Entonces, si el estado de riesgo cambió con o sin responsabilidad de las partes o del Banco, el contrato de seguro terminó en el momento en que se cambió ese estado de riesgo y no fue comunicado a la aseguradora, tal y como lo dispone el art. 1060 del C.Co.
Se reitera el demandante No aseguró el pago irregular de los cheques.
Respeto de la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro relacionado con el buen manejo y correcta inversión del anticipo. Sin liquidarse el contrato, no es factible establecer quien debe a quién y cuánto.
Otra de las razones para pedir la nulidad de las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro relativo al anticipo consiste en que INVIAS, sin haber liquidado el contrato de obra No. 620 de 2010, no tenía como determinar quién debía a quién y cuánto.
El Tribunal encontró ajustado la cuantificación del anticipo no ajustado hecha por INVIAS, incluso antes de que se terminara el contrato, esto es, en junio del 2011 con la expedición de la Resolución 2908, donde consta el monto del anticipo no amortizado, mientras que con la Resolución 4266 que lo declarar terminado por caducidad es de agosto del 2011.
Agrega el Tribunal que no existen actas de recibo que respalde la amortización del anticipo, pero con la certificación del interventor en al que se señala que el dinero fue retirado de la cuenta, en la mayoría de los casos, sin su firma, acredita el uso indebido u ocurrencia del siniestro amparado.
Los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 2993 dispone que todo contrato estatal que sea de tracto sucesivo debe liquidarse, cuando por cualquier razón se le ponga término.
En el presente caso INVIAS no liquido el contrato No. 620 de 2010 y sin hacerlo determinó que el contratista no amortizó el anticipo, lo que implica afirmar que no lo devolvió en obra ejecutada. Es decir que hizo dicha afirmación sin fundamento alguno.
Por lo que se firma que al expedir las Resoluciones violó las disposiciones citadas y al propio tiempo incurrió en falsa motivación.
Resultan contradictorias afirmaciones hechas por el Tribunal al señalar que al negar el primero de los cargos formulados en la demanda contra los actos acusados, referente a que en anticipo estuvo mal pagado por el INVIAS, toda vez que el contrato estaba suspendido, pero que a pesar de dicha suspensión el contratista si requería del dinero del anticipo, para realizar los estudios y diseños, pero para rechazar este otro cargo señaló que el contratista hizo uso indebido del anticipo, por lo que la seguradora debe responder.
Afirma el Tribunal, basado en el informe presentado por la interventoría, en el que señala que el contratista adelantado actividades de estudios y diseños a su cargo; que el contrato si se suspendió pero no en todo, dando así legitimidad al pago del anticipo.
Para negar este otro cargo, respecto a la necesidad de liquidar el contrato, el Tribunal señala que no hubo actas de obra entrega y que el anticipo no se amortizó, es decir, olvida su afirmación anterior.
Continua el Tribunal señalando que el contratista no acreditó esa inversión en la audiencia de caducidad para lo cual fue previamente citado, pero dicha audiencia es posterior a la Resolución 2908, donde se cuantificó el uso indebido del anticipo, además que su citación y realización tuvo por objeto declarar la caducidad y no examinar el destino del anticipo.
En cuanto al amparo de cumplimiento y a la cláusula penal
En la demanda se acusó la Resolución 4266 del 2001 de haber sido expedida con violación del derecho al debido proceso de la COMPAÑÍA DE SEGUROS, puesto que INVIAS no la citó a la audiencia dentro de la cual se produjo dicha Resolución, pues la citación la recibió a las 11 a.m. del 25 de agosto de 2011 cuando la audiencia se realizaría a las 8 a.m. del mismo día.
El Tribunal rechazó dicho cargo porque las aludidas comunicaciones con sellos de recibido de la compañía de seguros poseen múltiples fechas de recibido y porque otra de ellas es ilegible.
Al respecto señala que si bien la comunicación OAJ35612 tiene tres fechas la más antigua, esto es la del 26 de agosto, es posterior a la fecha de realización de la audiencia y las demás se refieren a las fechas en las que se recibió en las diferentes dependencias.
Respecto a la comunicación borrosa, la No. OAJ35907 señaló que a fecha es del 25 de agosto del 2011 y la hora de recibido fue las 11:30 a.m.
Lo anterior para señalar que efectivamente se le violó el derecho de defensa a la COMPAÑÍA DE SEGUROS.
Recurso de la parte demandada - INVIAS
Solicita revocar la sentencia y condenar al actor al pago de la multa, para lo cual se basó en los siguientes argumentos:
No comparte la posición del Tribunal al declarar la nulidad parcial de las resoluciones en relación con el alcance de determinar que la multa que allí se impuso al contratista CONSORCIO U- M 035 por valor de $60.864.505.80 no es exigible a Seguros del ESTADO, en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales, pues existe un yerro o indebida interpretación de la obligatoriedad de las coberturas.
Pues las pólizas de cumplimiento involucraban la multa al contratista en caso de incumplimiento y buen manejo y correcta inversión del anticipo en el contrato de obra y al probarse el siniestro y estar cobijado en las coberturas, no había razón para el no pago de la multa por ese suceso, pues al ocurrir el hecho detonante de la responsabilidad aseguraticia SIC (incumplimiento y uso indebido del buen manejo y correcto inversión del anticipo) ésta era sumida por el contratista, lo mismo que la multa por tal riesgo y exigible al segurador.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público:
Para hacer efectiva la responsabilidad de la compañía de seguro por la póliza de cumplimiento, es suficiente demostrar que el “siniestro” se presentó dentro de la vigencia del amparo de la póliza?
¿El contrato de seguro sigue vigente a pesar de que el contrato de obra este suspendido?
Si el contrato de obra se encuentra suspendido, son exigibles las obligaciones de las partes?
2.2. Las pruebas obrantes
Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes foliaturas, consideradas como pertinentes para el análisis del presente caso.
Contrato No. 620 de 2010 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el contratista CONSORCIO U-M 035 el 10 de septiembre de 2010 cuyo objeto era la Construcción de Accesos y Obras complementarias para el puente Bolton de Leyva en la carretera Mompos- Guamal, Ruta 7804, de acuerdo con el pliego de condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del contratista aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. Cláusula segunda. VALOR DEL CONTRATO. Es la suma de Mil Doscientos Diecisiete Millones Doscientos Noventa Mil Ciento Dieciséis Pesos ($1.217.290.116.00) moneda corriente. Cláusula Cuarta PLAZO el plazo para la ejecución de los trabajos será hasta el 31 de diciembre de 2010 a partir de la Orden de iniciación que impartirá el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del Instituto, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y de la aprobación de los documentos del numeral 7.2. del pliego de condiciones. Parágrafo. El plazo se divide de la siguiente forma a) Etapa de actualización y unificación de estudios y diseños de obras a ejecutar (15 días calendario) dentro del cual se realizaran las siguientes actividades 1. Elaborar y justar el PAGA (programa de adaptación de la guía de Manejo ambiental. 2 Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso intervención y aprovechamiento de los recursos naturales. b) etapa de construcción: se contará el tiempo total especificado menos los 15 días calendario previstos en la etapa de diagnóstico del estado de la estructura actual y diseño de las obras a ejecutar. Cláusula Quinta VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El INSTITUTO Vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, Por conducto de in INTERVENTOR Contratado por la entidad. Así mismo. Supervisará el presente contrato a través del Director de la Dirección Territorial Bolivar o por quien este designe como Gestor Técnico de Contrato y el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras designará un Gestor Técnico de proyecto…”. “…Cláusula Novena ANTICIPO Una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el INSTITUTO entregara un anticipo de hasta el cincuenta (50%) del valor básico del contrato previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el subdirector de la Red Nacional de carreteras del INVIAS debe solicitar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicará para el trámite con sus respectivos anexos. Parágrafo Primero MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo del anticipo el CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al INSTITUTO y el Interventor del contrato abrirán a nombre de la Obra una Cuenta Corriente de manejo conjunto de tal forma que los cheques que se giren con cargo a ella necesiten, para ser pagados, la firma del CONTRATISTA o su designado y la del INTERVENTOR. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato…”. “Cláusula Decima Quinta. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, INVIAS aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia INVIAS podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de cláusula penal….” “Cláusula Décima Octava. GARANTÍA UNICA. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento el contratista se compromete a constituir a favor del INSTITUTO una garantía que ampare lo siguiente a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las sanciones que se le imponga, por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis meses más. b) el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al 100% de dichos fondos, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato…” Folio 52- 59
Póliza de cumplimiento No. 21-44-101072909 del 15 de septiembre del 2010 en la que se establece dentro de los amparos: 1. Cumplimiento con vigencia hasta de 30 de junio de 2011 por el valor de $121.729.011.60, 2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2011, por el valor de $608.645.058.00, 3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, por el valor de $243.458.023.20. 4. Estabilidad y calidad de la obra con vigencia de 5 años y 1 día, por el valor de $365.187.034.80 y 5. Calidad del servicio, con vigencia 14 de septiembre de 2015, por el valor de $17.400.000.00. La cual se encuentra aprobada por INVIAS el 23 de septiembre de 2010. Folio 82 C. 1
Certificación expedida por Bancolombia del 30 de septiembre de 2010 mediante la cual se informa que se abrió una cuenta conjunta para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de obra No. 620 de 2010 y que dicha cuenta se maneja de manera conjunta entre el presentante del consorcio y el representante de la interventoría. Folio 60
Acta de suspensión No. 1 de común acuerdo, del 11 de octubre del 2010, suscrita por el representante legal del Contratista, el representante legal de la interventoría, por el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS y por el Gestor técnico del contrato INVIAS DT Bolivar. En la que se estableció como causales inundaciones en la zona del proyecto. En dicha acta se lee que la fecha de iniciación fue el 5 de octubre de 2010. Además se lee que “el presente documento se regirá por las disposiciones que regulan el contrato principal y las siguientes: 2) que el contratista se obliga a mantener vigente la garantía única y el seguro constituidos en el contrato No. 620 de 2010.”. Folio 209-210.
Acta de suspensión No. 2 del 23 de diciembre del 2010, la cual aparece suscrita por el representante legal del Contratista, el representante legal de la interventoría, por el Subdirector (E) de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS y por el Gestor técnico del contrato INVIAS DT Bolivar. En la que se estableció como causales inundaciones en la zona del proyecto. En dicha acta se lee que la fecha de iniciación fue el 5 de octubre de 2010. Además se lee que “el presente documento se regirá por las disposiciones que regulan el contrato principal y las siguientes: 2) que el contratista se obliga a mantener vigente la garantía única y el seguro constituidos en e contrato No. 620 de 2010.” Folio 211- 212
Acta de suspensión No. 3 del 21 de febrero del 2011, la cual aparece suscrita por el representante legal del Contratista, el representante legal de la interventoría, por el Secretario General Técnico de INVIAS y por el Gestor técnico del contrato INVIAS DT Bolivar. Se señala como causa de la suspensión, que se hace necesario la gestión social y compra de predios por parte de INVIAS, en virtud de la afectación predial que los terraplenes y demás obras sobre viviendas aledañas. También se encuentran inundadas algunas posibles fuentes de materiales. En dicha acta se lee que la fecha de iniciación fue el 5 de octubre de 2010. Además se lee que “el presente documento se regirá por las disposiciones que regulan el contrato principal y las siguientes: 2) que el contratista se obliga a mantener vigente la garantía única y el seguro constituidos en e contrato No. 620 de 2010.”. Folio 213 – 214
Extractos bancarios expedidos por Bancolombia en los que señala que el 20 de octubre de 2010 la cuenta disponía de un saldo de $547.294.836.60 y para el 28 de febrero la cuenta disponía de $14.661.50, así mismo señala las fechas de retiro, como fueron 22 de noviembre, 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17 y 20 de diciembre de 2010, 25, 26 de enero y 2 de febrero de 2011. Folios 61- 65
Acta de suspensión No. 4 del 15 de abril de 2011, la cual aparece suscrita por el representante legal del Contratista, el representante legal de la interventoría, por el Secretario General Técnico de INVIAS y por el Gestor técnico del contrato INVIAS DT Bolivar. Se señala como causa de la suspensión, que se hace necesario la gestión social y compra de predios por parte de INVIAS, en virtud de la afectación predial que los terraplenes y demás obras sobre viviendas aledañas. También se encuentran inundadas algunas posibles fuentes de materiales. En dicha acta se lee que la fecha de iniciación fue el 5 de octubre de 2010. Además se lee que “el presente documento se regirá por las disposiciones que regulan el contrato principal y las siguientes: 2) que el contratista se obliga a mantener vigente la garantía única y el seguro constituidos en e contrato No. 620 de 2010.” Folio 215- 216
Informe del Interventor del 15 de abril de 2011 presentado al INVIAS sobre anomalías en el manejo del anticipo del contrato de la referencia en el que señala que con base en la certificación expedida por Bancolombia en la que se hace constar que se abrió la cuenta No. 589630334020 a nombre del Consorcio U-M- 035 y se dejó establecido las condiciones de manejo conjunto de la misma por parte del representante legal del Consorcio y de la Interventoría. Que una vez allegada a INVIAS dicha certificación el INVIAS autorizó el 12 de octubre del desembolso del anticipo por valor de $576.099.828 documento que fue radicado como cuentas por pagar el 14 de octubre del mismo año. Que la orden de iniciación es del 5 de octubre de 2010. Pero que el contrato ha estado suspendido la mayor parte del tiempo debido a la temporada invernal, pero que sin embargo durante ese tiempo se han adelantado actividades de estudio y diseños por parte del contratista. Que el 7 de febrero de 2011 el Contratista U-M-035 solicitó el desembolso de $21.915.000 como anticipo para adelantar estudios y diseños del proyecto, por lo que el cheque fue autorizado y devuelto por la interventoría. Que este cheque fue el único solicitado y autorizado por la interventoría, pero que al solicitarle el 7 de febrero al Banco un estado de movimiento de la cuenta, se enteró que existe un saldo de $14.661. Que ante esta situación anómala solicita hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, por valor de $576.099.828 y la aplicación de la multa por el mal manejo de la inversión incorrecta del Anticipo equivalente al 5% del valor total del contrato, es decir, la suma de $60.864.506. Folio 234-235
Oficio del 28 de abril de 2011 mediante el cual INVIAS le informa a la compañía de seguros el inicio del proceso administrativo sancionatorio en virtud del incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO U – M 035 en relación con la obligación de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato 620 de 2010. Folio 227
Resolución 02908 del 17 de junio de 2011 mediante la cual el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de Obra No. 620 de 2010. Segundo Por la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 620 de 2010 la suma de $60.684.505.80. Tercera EL CONSORCIO U- M-025 y/o sus integrantes deberán pagar los valores señalados, el INVIAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que le adeude al contratista. O exigirá su pago a la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A. en virtud del amparo de cumplimiento y de buen manejo de anticipo de la Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales. Folio 22 a 28
Resolución 4089 del 17 de agosto de 2011, mediante la cual INVIAS confirmó en todas sus partes la Resolución 02908 del 17 de junio de 2011. Folio 35 – 42
Oficio No. 35612 del 19 de agosto de 2011 dirigido al vicepresidente de Fianzas de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO por medio del cual INVIAS realiza nueva citación a audiencia del contrato 620 de 2010 la cual se reanudará el 25 de agosto de 2011 a las 8 a.m., por cuanto el interventor informó que el representante legal del Consorcio UM-035 hizo llegar el cambio de su dirección de correspondencia. Dentro del texto se encuentran 3 sellos de recibido de la compañía de seguros con fechas del 26 y 30 de agosto y otra del 6 de septiembre, todas del 2011. Folio 66
Oficio No. 35907 del 22 de agosto de 2001 dirigido al vicepresidente de Fianzas de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO por medio del cual INVIAS realiza nueva citación a audiencia del contrato 620 de 2010 la cual se reanudará el 25 de agosto de 2011, por cuanto el interventor informó que el representante legal del Consorcio UM-035 hizo llegar el cambio de su dirección de correspondencia y en texto se encuentran sellos de recibido de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO con fechas el día no es legible de agosto de 2011, hora 11.30 a.m. y la otra, 6 de septiembre Folio 67
Resolución 4266 del 25 de agosto de 2011, por medio de la cual INVIAS declaró la caducidad y consecuente terminación del contrato No. 620 de 2010, por incumplimiento grave de las obligaciones de contrato que condujeron a su paralización, Segundo ordenó se proceda a la liquidación del contrato. Tercero impuso al contratista CONSORCIO U-M- 035 como sanción a título de cláusula penal pecuniaria la suma de $121.729.011, correspondiente al 10% del valor total del contrato. Folio 200
Resolución 5193 del 4 de octubre de 2011 por medio de la cual el INVIAS aclaró el contenido del art. 2º de la Resolución No. 2908 del 17 de junio de 2011, señalando que por el mal manejo y la incorrecta inversión del anticipo del Contrato de Obra se impone una multa equivalente a los $60.864.505.80. Folio 50-51
Memorando del 9 de noviembre del 2011 mediante el cual se deja constancia por parte de INVIAS que la COMPAÑÍA DE SEGUROS consignó a favor de INVIAS la suma de $124.483.197.50 por concepto de pago de caducidad declarada al contrato 620 de 2010. Folio 241
Memorando del 19 de abril del 2012 por medio del cual INVIAS hace constar que la COMPAÑIA DE SEGUROS consignó a favor de INVIAS la suma de $608.645.058 correspondiente al siniestro de anticipo declarado al contrato 620 de 2010. Folio 243
Análisis Jurídico.
Marco teórico
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público:
2.4.1.1. La acción de controversias contractuales.
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, que señala:
“ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.
2.4.1.2. El objeto de los Contratos Estatales.
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.”
Por su parte la ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en su artículo 32 establece:
“Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad…”
2.4.1.3. Las Garantías de los Contratos Estatales
El Decreto 4828 de 2008 expide el régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública, que regularán los mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, por medio de los cuales se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades públicas con ocasión de la presentación de los ofrecimientos, y los contratos y su liquidación; así como los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades públicas contratantes derivados de la responsabilidad extracontractual que para ellas pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, sin perjuicio de las disposiciones especiales propias de cada uno de los instrumentos jurídicos previstos. Los representantes legales de las compañías aseguradoras están en la obligación de adecuar los clausulados de sus pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil a las disposiciones del presente decreto, por lo que deberán depositar ante la Superintendencia Financiera, dentro de los 60 días calendario siguientes a la fecha de su entrada en vigencia, los clausulados correspondientes.
Subrayado fuera de texto
2.4.1.4. SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Noción. Definición. Concepto. Regulación de la Ley 80 de 1993 / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Incumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del deudor / SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ESTATALES - Póliza de seguro de cumplimiento/ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Cubrimiento de obligaciones a cargo del contratista. Amparos / TOMADOR DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Traslada el riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía aseguradora / INCUMPLIMIENTO QUE OCASIONA DAÑOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DEL ACREEDOR - Obligación de la compañía aseguradora de resarcir los daños al beneficiario hasta la concurrencia de la suma asegurada
“Con fundamento en el contenido del artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993 se puede decir que los seguros de cumplimiento, específicamente, el de contratos estatales, son aquellos que garantizan al acreedor (entidad estatal) que serán resarcidos los daños que pueda provocar el incumplimiento de las obligaciones del deudor (contratista) dentro del marco de una relación contractual. Así, pues, el riesgo asegurado en esta categoría de seguros, visto de manera general, lo constituye el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del deudor (contratista), quien a su vez es el tomador de la póliza, de modo que el objeto de las obligaciones garantizadas es lo que determina o particulariza el riesgo asegurado. En el caso de los contratos estatales, la garantía de cumplimiento y, por ende, la póliza de seguro de cumplimiento de contratos estatales debe cobijar todas las obligaciones a cargo del contratista, tal como lo dispone el artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993; por ende, en una única póliza se contemplan distintos amparos, dependiendo de las obligaciones y prestaciones emanadas del contrato asegurado (artículo 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1993), así: (i) buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado, (ii) cumplimiento del contrato, (iii) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (donde se requiera personal para ejecutar las obligaciones), (iv) estabilidad de la obra, (v) calidad del bien o servicio y (vi) correcto funcionamiento de los equipos (en el caso de los suministros, por ejemplo). El tomador del seguro en este tipo de contratos no hace cosa distinta que trasladar el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía aseguradora, de modo que, cuando se presenta el hecho constitutivo de incumplimiento a cargo del deudor y ese incumplimiento ocasiona daños que afectan el patrimonio del acreedor (generalmente la entidad estatal contratante), surge la obligación de la compañía aseguradora de resarcir los daños ocasionados al beneficiario, hasta la concurrencia de la suma asegurada.”
Subrayado fuera de texto
2.4.1.5. SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Categoría especial del seguro de daños. Regulación normativa / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Finalidad / SEGUROS DE DAÑOS - Clasificación. Código de Comercio / SEGUROS DE DAÑOS REALES - Noción. Definición. Concepto / SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES - Noción. Definición. Concepto / SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTATALES - Seguro de daños de carácter patrimonial / SEGURO DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE UN CONTRATO ESTATAL - Contrato de mera indemnización que no puede constituir fuente de enriquecimiento
“El seguro de cumplimiento de contratos estatales se clasifica como una categoría especial del seguro de daños, tal como se desprende del artículo 1083 del Código de Comercio, pues su finalidad no es otra que proteger el patrimonio público del daño o del perjuicio que le puede ocasionar a la entidad pública el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. En los términos del artículo 1082 del Código de Comercio, los seguros de daños puede ser reales o patrimoniales, los primeros son aquellos cuyo objeto recae sobre una cosa determinada o determinable, susceptible de valoración en dinero y los segundos son los que amparan el débito que produce la ocurrencia del siniestro en el patrimonio del asegurado, lo que, dicho en otros términos, significa que son aquellos que indemnizan las consecuencias patrimoniales derivadas del hecho constitutivo del siniestro. Bajo esa óptica, el seguro de cumplimiento de contratos estatales es un seguro de daños, de carácter patrimonial,, porque, tal como se dijo, a través de esta especial categoría de seguro el asegurador ampara el patrimonio del asegurado contra el incumplimiento de obligaciones que emanan del contrato estatal o, lo que es lo mismo, garantiza la satisfacción oportuna de las obligaciones emanadas de otro negocio jurídico y garantiza el pago de los perjuicios que experimente la entidad estatal por la falta de cumplimiento, total o parcial, por parte del contratista, de la obligación asegurada (en alguno de sus amparos). (…) el seguro de cumplimiento que ampara las obligaciones emanadas de los contratos del Estado, por ser una especie del seguro de daños, de carácter patrimonial, está inspirado en el principio consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual, respecto del asegurado, este tipo de seguro es contrato de mera indemnización y no puede constituir fuente de enriquecimiento; en otras palabras, los seguros de daños tienen como última finalidad indemnizar al asegurado o al beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la realización del riesgo asegurado y esto es, precisamente, lo que se conoce en materia de seguros como el principio de la indemnización. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 14667
FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERIO - ARTICULO 1082 / CODIGO DE COMERIO - ARTICULO 1083
2.4.1.6. CUMPLIMIENTO DE PÓLIZA DE SEGURO POR SINIESTRO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO – No hace parte de potestad sancionatoria administrativa / CUMPLIMIENTO DE PÓLIZA DE SEGURO POR SINIESTRO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO – Se predica como un deber de cumplimiento por parte de entidad / CUMPLIMIENTO DE PÓLIZA DE SEGURO POR SINIESTRO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO – Debe estar ajustada al debido proceso para ser válida
Conviene distinguir la actuación administrativa en la que no se declara el incumplimiento del contrato, sino únicamente la ocurrencia del siniestro por anticipo, puesto que la decisión de declarar el siniestro y ordenar su pago por el valor correspondiente, no se configura como el resultado de un procedimiento sancionatorio frente a la compañía de seguros, toda vez que no está destinado a imponer una sanción, ni una restricción o limitación de la posición contractual. Esa actuación estatal, cuando se adelanta frente a la compañía de seguros, se apoya en el ejercicio de un derecho, el de reclamar o hacer valer la póliza de seguro, el cual no tiene naturaleza sancionatoria. Lo anterior no quiere decir que la antedicha actividad pueda pasar por alto el debido proceso, toda vez que el mismo es un presupuesto exigible de toda actuación administrativa, a la cual aplican las normas generales del procedimiento administrativo.”
2.4.2 Caso Concreto
De los medios de prueba obrantes al interior del proceso en estudio, se encuentran que el 10 de septiembre del 2010 se celebró contrato de Obra No. 620 entre el INSTITUTO DE VIAS - INVIAS y el Consorcio U-M-035 cuyo objeto era la Construcción de Accesos y Obras complementarias para el puente Bolton de Leyva en la carretera Mompos- Guamal, Ruta 7804. Que el valor de dicha obra era la suma Mil Doscientos Diecisiete Millones Doscientos Noventa Mil Ciento Dieciséis Pesos ($1.217.290.116.00) y el plazo de ejecución era hasta el 31 de diciembre del 2010.
Que el 15 de septiembre se suscribió póliza de cumplimiento con la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO por parte del Consorcio U-M-035 a favor de INVIAS, la cual fue aprobada por INVIAS el 23 de septiembre de 2010.
El 30 de septiembre de 2010 Bancolombia expidió certificación a INVIAS en la que manifiesta que se abrió una cuenta corriente No. 589630334020 para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de obra No. 620 de 2010 y que dicha cuenta se maneja de manera conjunta entre el presentante del consorcio y el representante de la interventoría.
Que el 5 de octubre de 2010 se dio el inicio del contrato, según quedó establecido en las actas de suspensión del contrato de obra y en el informe presentado por el interventor el 15 de abril de 2011.
Que el 11 de octubre de 2011 y el 15 de abril se suscribieron 4 actas de suspensión del contrato de obra por 2 meses cada una bajo el argumento de problemas de inundaciones en la zona proyecto y en las 2 últimas porque INVIAS debía adquirir unos predios, en virtud de la afectación predial de los terraplenes y demás obras sobre las viviendas aledañas.
Que el 14 de Octubre el INVIAS en cumplimiento a una de las obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 620 de 2010 giró el anticipo por valor de $576.099.828, tal y como se estableció en el informe presentado por el interventor el 15 de abril de 2011.
Que desde el 22 de noviembre de 2010 hasta el 2 de febrero del 2011 el contratista hizo retiros de la cuenta de Bancolombia asignada para la ejecución del contrato de Obra No. 620 de 2010 y para finales de febrero el saldo de dicha cuenta era de $14.661.50., tal y como se pudo establecer con los extractos entregados por el Banco.
Que el 7 de febrero de 2011 el Contratista UM-035 solicitó al Interventor, el desembolso de $21.915.000 como anticipo para adelantar estudios y diseños del proyecto, por lo que el cheque fue autorizado y devuelto por la interventoría. Que este cheque fue el único solicitado y autorizado por la interventoría, según se estableció en el informe presentado por el interventor a INVIAS el 15 de abril de 2011.
Que el 7 de febrero de 2011 el interventor le solicitó al Bancolombia un estado de movimiento de la cuenta y se enteró que existe un saldo de $14.661.
Que el 15 de abril de 2011 el interventor presentó un informe a INVIAS sobre anomalías en el manejo del anticipo del contrato No. 620 de 2010. Que a pesar de que el contrato ha estado suspendido caso desde su iniciación 5 de octubre se han adelantado actividades de estudio y diseños por parte del contratista. Que ante esta situación anómala solicita hacer efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, por valor de $576.099.828 y la aplicación de la multa por el mal manejo de la inversión incorrecta del Anticipo equivalente al 5% del valor total del contrato, es decir, la suma de $60.864.506.
Que mediante Resolución del 2908 del 17 de junio de 2011 el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 620 de 2010, resolución que fue confirmada mediante Resolución del 17 de agosto de 2011 INVIAS.
Que mediante resolución del 25 de agosto de 2011 INVIAS declaró la caducidad y consecuente terminación del contrato No. 620 de 2010, por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato que condujeron a su paralización, por lo tanto se ordenó la liquidación del mismo e impuso como sanción a título de cláusula penal pecuniaria la suma de $121.729.011, correspondiente al 10% del valor total del contrato.
Que mediante Resolución del 4 de octubre del 2011 INVIAS aclaró el contenido del artículo 2º de la resolución 2908 del 2011, señalando que se impone una multa por el mal manejo y la incorrecta inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 620 de 2010, por el valor de $60.864.505.80.
Una vez hecho el recuento de los hechos principales que sucedieron en el desarrollo del contrato de Obra No. 620 de 2010, el cual conllevó a la expedición de las Resoluciones por parte del INVIAS, mediante las cuales declaró la ocurrencia del siniestro, la caducidad y la terminación del contrato y se impuso una multa de $60.864.505.80 y una sanción a título de cláusula penal pecuniaria la suma de $121.729.011, por el incumplimiento y mal manejo del anticipo entregado.
Para comenzar debemos señalar que atendiendo que la parte actora es la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO en la que solicita la nulidad de las mencionadas resoluciones expedidas por el INVIAS, es importante tener presente el tipo de seguro que amparaba este contrato estatal y nos encontramos que el seguro de cumplimiento son aquellos que garantizan que serán resarcidos al acreedor los daños que pueda provocar el incumplimiento de las obligaciones del deudor, dentro del marco de una relación contractual, tal y como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 12 de febrero de 2015 ya referenciada. Entonces el riesgo asegurado lo constituye el incumplimiento, por lo tanto la póliza debe cobijar todas las obligaciones a cargo del contratista, tal y como lo dispone el art. 25 de la Ley 80 de 1993, pues lo que hace el tomador es trasladar el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía de seguros, por lo que al momento de que se presenta el hecho constitutivo de incumplimiento a cargo del deudor, incumplimiento que ocasiona perjuicios al patrimonio del acreedor (entidad estatal), surge la obligación de la compañía de seguros de resarcir los daños ocasionados al beneficiario hasta el valor de la suma asegurada.
En el presente caso tenemos que la póliza de cumplimiento No. 21-44-101072909 expedida por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO a favor de INVIAS dentro del contrato de Obra No. 620 de 2010 contemplaba dentro de sus amparos 1. El cumplimiento y 2. El buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Que el hecho de que el dinero consignado en la cuenta de Banco Colombia,Bancolombia por concepto de anticipo hubiera sido retirado, sin el cumplimiento de las condiciones establecidas inicialmente en el contrato de Obra, como era la firma tanto del representante legal del Consorcio -contratista, como la del Consorcio – interventor, no significa, como lo señala el apelante que hubiera habido una “alteración en el estado del riesgo asegurado” y que por lo tanto dicha situación no estaba cubierta, sino que lo que se presentó fue un incumplimiento de la obligación contractual por parte del contratista, en la que se establecía que para retirar el dinero del banco se requería la firma conjunta de los 2 representantes legales, adicionalmente debemos tener presente lo estipulado en el decreto 4828 de 2008 artículo 4.2.1 que establece que el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante incluso de la apropiación indebida que el contratista haga de los dineros o bienes dados en anticipo, por ende esta disposición legal es suficiente para entender que independientemente de cómo fue retirado el dinero de la cuenta bancaria constituida para el manejo del anticipo, cualquiera que fuera las circunstancias, este es un riesgo amparado por dicho tipo de pólizas.
En igual sentido para este Despacho que no es procedente la afirmación hecha por el apelante de la ASEGURADORA al señalar que el INVIAS al entregar el anticipo el 14 de octubre del 2010 hizo “el pago de lo no debido”, pues el contrato se encontraba suspendido 3 días atrás, esto es, desde el 11 de octubre, y que por lo tanto el contrato de seguro también se encontraba suspendido.
A lo que señala este Despacho que ese anticipo se entregó en cumplimiento a una de las obligaciones establecidas en el contrato, como era, que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se deberá entregar por parte del INVIAS el 50% del valor del contrato, según se consignó en la cláusula novena del contrato de obra, independientemente de si habían suspensiones o no del contrato, pues las suspensiones son algo más o menos frecuente de los contratos de obra máxime si existen condiciones adversas climáticas que impidan adelantar en forma debida la ejecución del contrato, pero esto por sí solo no implica necesariamente la suspensión de pagos al contratista.
Además en las actas de suspensión del contrato siempre se estableció que el contratista se obligaba a mantener vigente la garantía única y el seguro constituidos en el contrato No. 620 de 2010, por lo que no se puede afirmar como lo hizo el apelante de la ASEGURADORA, que el seguro se encontrara suspendido.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el apelante de la ASEGURADORA manifiesta otra de sus inconformidades al señalar que en el presente asunto INVIAS no realizó la liquidación del contrato, la cual tiene por objeto definir quién debe a quien y cuánto y que a pesar de no haberse realizado dicha liquidación INVIAS determinó que el contratista no amortizó el anticipo, lo que implica afirmar que no lo devolvió en obra ejecutada.
Al respecto debemos afirmar que en materia de contratación estatal el procedimiento para hacer exigible alguno de los amparos comprendidos en la garantía única frente a las aseguradoras, relativos a la reclamación por parte del asegurado, la reclamación se suple con el acto administrativo mediante el cual se declara ocurrido el siniestro y se ordena hacer efectiva la garantía y por lo tanto la objeción presentada por la aseguradora se surte a través de la imposición de los recursos procedentes contra los mencionados actos administrativos.
Pues claramente el Decreto reglamentario 4828 de 2008 por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública estableció el procedimiento por medio del cual debe hacerse efectiva dichas garantías:
“Artículo 14. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma:
14.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
14.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
14.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro
Respecto a las garantías cubiertas en este Decreto están el art. 4º así:
Artículo 4°. Riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones. La garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de manera enunciativa se señalan en el presente artículo:
(…)
4.2. Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, así:
4.2.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato.”
(…)”
Subrayado fuera de texto
En el caso en cuestión tenemos que efectivamente INVIAS en cumplimiento a dicho procedimiento señalado en el Decreto 4828 del 2008 profirió la Resolución No. 2908 de 2011 en la que declaró la ocurrencia del siniestro, pues tal y como señaló el Consejo de Estado en sentencia del 5 de julio de 2018, ya referenciada, “la actuación administrativa en la que se declara únicamente la ocurrencia del siniestro por anticipo, no se configura como el resultado de un procedimiento sancionatorio frente a la compañía de seguros, toda vez que no está destinado a imponer una sanción, ni una restricción o limitación de la posición contractual. La actuación estatal, cuando se adelanta frente a la compañía de seguros, se apoya en el ejercicio de un derecho, el de reclamar o hacer valer la póliza de seguro, el cual no tiene naturaleza sancionatoria.
Y en ese orden no se requería que se adelantara la liquidación del contrato de obra, como lo señaló el apelante de la ASEGURADORA, que sin esta liquidación el INVIAS determinó que el contratista no amortizó el anticipo, y en consecuencia hizo una afirmación sin fundamento alguno, pues retomando lo dicho por el Consejo de Estado, se trataba de ejercer un derecho al hacer efectiva la póliza de cumplimiento que garantizaba dicho amparo, o de adelantar un proceso sancionatorio.
En relación con la violación al derecho de defensa por parte de INVIAS al no haber notificado a tiempo a la ASEGURADORA la fecha de la diligencia mediante la cual se expidió la Resolución No. 4266 del 2011, mediante la cual se declaró la caducidad y la terminación del contrato, así como se ordenó su liquidación y se impuso la sanción a título de cláusula penal por el valor de $121.729.011.00, pues señala el apelante que dicha comunicación fue recibida después de la hora de fijación de dicha audiencia, al respecto debe decirse que para este Despacho no es claro que el oficio No. 35907 del 22 de agosto de 2011 haya sido entregado la ASEGURADORA de forma extemporánea, pues como lo señaló la primera instancia el sello respecto del día de recibido es ilegible por lo tanto no puede afirmarse que con este trámite se haya violado el derecho de defensa de la ASSEGURADORA al no haber podido asistir a dicha diligencia en la que se notificó por estrados.
Respecto a la sanción impuesta por INVIAS a la Aseguradora mediante la expedición de la Resolución 2908 de 2011, aclarada con la Resolución 5193 de 2011 mediante la cual se fijó la suma de $60.864.505 correspondiente a la multa por el mal manejo e inversión del anticipo, debe señalarse que en atención a lo dispuesto en el mencionado Decreto 4828 de 2008 en el que establece en su art. 4.2.3., dentro del acápite relacionado con los Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
4.2.3 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.
Subrayado fuera de texto
Que existe amparo diferenciado para asegurar los montos concernientes al pago de las multas y de la cláusula penal, los cuales no pueden confundirse con ningún otro, en este caso con el del buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cual en este caso, tenía una cobertura del 10% del valor total del contrato de obra, valor que ya había sido cancelado por la ASEGURADORA, a través de la cláusula penal por incumplimiento, impuesto por la Resolución No 4266 del 25 de agosto de 2011; por lo que no es posible que el INVIAS haga exigible dicha suma al contratista correspondiente al valor de $60.864.505.80, el cual también ya fue cancelado por la ASEGURADORA, en noviembre del 2011.
Por lo anterior, este despacho comparte la decisión de la primera instancia al declarar la nulidad parcial de las Resoluciones proferidas por el INVIAS, respecto de la multa que le fue impuesta a la COMPAÑÍA DE SEGUROS, pues como se señaló, dentro de los amparos cubiertos por la póliza de cumplimiento expedida sobre el contrato de obra No. 620 de 2010 la cual no se pactó de manera expresa como debiera de haberse hecho, por lo que fue necesario hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por el mal manejo del anticipio, mas no estaba obligada la ASEGURADORA al pago por multa sobre el mismo hecho, pues esta no se pactó.
Y en este orden de ideas no se comparte la posición expuesta por el apelante de INVIAS quien manifestó que en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales, existe un yerro o indebida interpretación de la obligatoriedad de las coberturas, por parte del Tribunal, pues al probarse el siniestro y estar cobijado en las coberturas, no había razón para el no pago de la multa por ese suceso.
Pues como ya se señaló, el Decreto 4828 de 2008 en el que establece en su art. 4.2.3. que existe amparo diferenciado para asegurar los montos concernientes al pago de las multas y de la cláusula penal, y en este caso, estaba cubierto por la póliza de cumplimiento expedida sobre el contrato de obra No. 620 de 2010, “el de buen manejo y correcta inversión del anticipo” el cual ya se había exigido a la ASEGURADORA, pero los valores correspondientes a las multas no fueron amparados en la póliza.
En estas condiciones se solicitará al H. Consejo de Estado CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolivar de fecha 24 de agosto de 2015, dentro de la presente Acción Contractual, pues tal y como quedó expuesto se materializó el riesgo asegurado y con fundamento en la póliza misma, ese riesgo resultó exigible a la compañía aseguradora, por haberse materializado el riesgo de mal manejo del anticipo.
Por lo que era procedente expedir las Resoluciones No. 2908, 4089 y 5193 de 2011 por parte de INVIAS, por medio de las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contra de obra pública No. 620 de 2010 y se impuso la sanción de la cláusula penal pecuniaria a la demandante, por el valor de $121.729.011.00.
CONCLUSIÓN
Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo de Bolivar, pues tal y como se pudo establecer no hay lugar a declarar la nulidad total de las Resoluciones expedidas por el INVIAS con ocasión del contrato de Obra 620 de 2010.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado