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ACCION DE REPETICION-Por la omisión de pago de salarios y prestaciones sociales
ACCION DE REPETICION-Marco jurídico
ACCION DE REPETICION–Concepto
ACCION DE REPETICION-Tiene como objeto la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública
ACCION DE REPETICION-Acción u omisión del funcionario o exfuncionario que realice daño antijurídico
ACCION DE REPETICION-Acreditación de la condición de servidor público
ACCION DE REPETICION-Acreditación del pago de condena para su prosperidad según sentencia del consejo de estado
ACCION DE REPETICION-Actuación gravemente culposa del servidor público
ACCION DE REPETICION-Actuar doloso y culposo del servidor según jurisprudencia del consejo de estado
ACCION DE REPETICION-Culpa grave
ACCION DE REPETICION-Busca recuperar los dineros del erario público erogados como consecuencia de la acción u omisión de los funcionarios
ACCION DE REPETICION-Conceptos de culpa grave y dolo según regulación legal
ACCION DE REPETICION-Condena impuesta mediante sentencia por responsabilidad administrativa y solidaria
ELEMENTOS DE LA ACCION DE REPETICION-Objetivos y subjetivos
ACCION DE REPETICION-Supuestos de lo que se presume conducta dolosa o culposa
ACCION DE REPETICION-Cuantificación de la condena
ACCION DE REPETICION-Se evidenció la existencia de culpa grave por parte de los demandados
Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público estima que están demostrados los requisitos que estructuran la prosperidad de la responsabilidad patrimonial contra de los demandados por el medio de control de repetición, sin que esté demostrado causal de exoneración de la responsabilidad patrimonial
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Existen tres clases: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Se realizó unilateralmente a través de una resolución
LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL-En forma unilateral
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Definición legal y alcances
SERVIDOR PUBLICO-Tiene el deber legal de cobrar las garantías constituidas a favor del patrimonio de la entidad en la gestión contractual del Estado
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO N° 17
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2019
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Radicado:
05001-23-31-000-2011-01344-01 (62145)
Medio de Control
Repetición.
Demandante:
Departamento de Antioquia.
Demandados:
[NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO].
Trámite:
Apelación del fallo de primera instancia.
El Ministerio Público presenta concepto para el proceso de la referencia, a consideración de la Sala.
ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones.
El departamento de Antioquia demandó a los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] por el medio de control de repetición para que los demandados sean declarados responsables de lo pagó el departamento de Antioquia en cumplimiento de la condena que le impuso el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín el 26 de junio de 2009 en el proceso laboral ordinario número 0500 31 05 015 2006 00120 00 cuya condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión, el 14 de mayo de 2010.
1.2. Hechos.
El 31 de diciembre de 2003, el departamento de Antioquia contrató a [NOMBRE TACHADO] para la recuperación de la banca de la carretera Concordia-Betulia, según quedó registrado en el contrato de obra pública número 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia; y la interventora del contrato estatal fue la señora [NOMBRE TACHADO], según su firma en el acta del 23 de enero de 2004 de inicio de obras.
La póliza de seguros número 0466550065 emitida por Seguros del Estado SA amparó por valor de $7.033.847 el riesgo de salarios y las prestaciones sociales que fueran dejadas de pagar por el señor [NOMBRE TACHADO] durante la ejecución del contrato 2003-CO-20-286 y ocurriera entre el 08 de enero de 2004 a 08 de marzo de 2007.
El señor [NOMBRE TACHADO] pagó salarios y prestaciones sociales del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 a un grupo de 25 trabajadores que subcontrató para realizar las obras públicas del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia, la falta de pago conllevó a que el grupo de trabajadores solicitaran al departamento de Antioquia el pago de la obligación laboral en aplicación de la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual quedó registrado en dos reclamaciones de pago que hicieron los subcontratistas al departamento de Antioquia entre el 3 de octubre de 2005 y el 24 de noviembre de 2005.
La señora [NOMBRE TACHADO] rindió el informe final del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia para efectos de la liquidar las cuentas a favor y en contra del contratista en cuyo informe dio cuenta solo de la terminación de las obras, según el informe lo rindió el 22 de febrero de 2006 afirmando que lo rendía ejerciendo el cargo de Técnico Operativo de la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia.
La señora María Margarita Ángel Bernal liquidó del contrato de obra pública n.° 2003-CO-20-0286 del departamento de Antioquia, cuya liquidación fue hecha de manera unilateral ante la no comparecencia del contratista a la liquidación consensuada y tuvo en cuenta las siguientes tres situaciones relacionadas con el contratista [NOMBRE TACHADO]:
El 11 de marzo de 2004 fue recibida orden judicial de embargo por el Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín embargando recursos del señor [NOMBRE TACHADO] por deudas relacionadas con arriendos.
El 03 de mayo de 2004 fue recibido el contrato de cesión de créditos entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el señor [NOMBRE TACHADO] en cuyo contrato el segundo le cede al primero el cobro de las actas de pago derivadas la ejecución del contrato de obra pública número 2003-CO-20-286.
Entre el 3 de octubre de 2005 y el 24 de noviembre de 2005, fue recibida la petición del grupo de 25 trabajadores subcontratistas del señor [NOMBRE TACHADO] solicitando al Departamento de Antioquia el pago de los salarios y prestaciones sociales del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 que el contratista del departamento de Antioquia les dejó de pagar, solicitud que fue hecha en virtud de la solidaridad laboral.
Con esos antecedentes, señora María Margarita Ángel Bernal liquidó del contrato de obra pública n.° 2003-CO-20-0286 ordenando pagar primero la orden de embargo del Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín, segundo al contrato cesión de créditos, y luego los salarios y prestaciones sociales de los subcontratista, según como quedó registrado en la liquidación unilateral del contrato estatal 2003-CO-20-0286 que firmó la señora María Margarita Ángel Bernal como Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia del 22 de febrero de 2006.
El Juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín condenó al señor [NOMBRE TACHADO] y solidariamente al departamento de Antioquia al pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de pagar del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 al grupo de subcontratistas, según consta en la sentencia del juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín de 26 de junio de 2009 dentro del proceso ordinario laboral con el radicado 0500 31 05 015 2006, cuya condena de responsabilidad solidaria fue confirmada 14 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión.
La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión indicó que quedó demostrado que el señor [NOMBRE TACHADO] actuó de mala fe: “Considera la Sala, que contrario a lo que se espera por parte de quien incumple el pago de las acreencias labores, de tratar de justificar su omisión para evitar que esa conducta se enmarque en el campo de la mala fe, el señor [NOMBRE TACHADO], no sólo desconoció los derechos laborales de los trabajadores que tuvo a su servicio, sino que ignoró el llamado que se le hizo para hacerse parte en el presente proceso, dejando al desgaire su defensa y por tanto dejando desprovista de más más mínimo asomo de buena fe su conducta como empleador. Por lo tanto, se ha de condenar al empleador del demandado, señor [NOMBRE TACHADO] a cancelar a cada uno de los demandantes la suma de un día de salario por cada día de retardo, indemnización que irá hasta cuando cancele la totalidad de los debido por salarios y prestaciones sociales. Esta condena no se impondrá al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por cuanto la sanción solamente puede analizarse con respecto de quien estaba obligado a cancelar las obligaciones labores no lo hace, y esa persona lo es el señor [NOMBRE TACHADO], pero el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deberá responder como deudor solidario por valor causado”.
El departamento de Antioquia pagó $971.827.331 en cumplimiento de la condena judicial impuesta, cuyo soporte se encuentra en la Resolución 0111708 del 12 de octubre de 2009 del Director de Prestaciones Sociales y Nómina del departamento de Antioquia en la que ordenó el pago de las sentencias judiciales, en la orden de pago número 11560 de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia para el desembolso del dinero, y en los cheques números 045889 del 11 de abril de 2010 por valor de $962.118.121 y 047543 del 18 de febrero de 2011 por valor $9.709.311 del Banco de Occidente a favor del apoderado de los demandantes del proceso laboral número 0500 31 05 015 2006 00120 00 y cada cheque tiene firma de recibido y aceptado por el beneficiario lo mismo que en las órdenes de pago.
1.3. Contestación de la demanda.
La curadora Ad Litem de [NOMBRE TACHADO] señaló que no está acreditado el dolo ni la culpa en dejar pagar los salarios y prestaciones a sus subcontratistas.
El apoderado [NOMBRE TACHADO] señaló que no existe la prueba que su poderdante haya sido designada como interventora del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia ni de su obrar con culpa grave.
El apoderado [NOMBRE TACHADO] señaló que su poderdante no obró con culpa grave si se tiene en cuenta que las determinaciones que adoptó para liquidar el contrato estatal 2003-CO-20-286 fueron las procedentes legalmente y no había alguna otra solución jurídica, tales como trasladar al contratista y a la aseguradora el reclamo laboral de los subcontratista por el no pago de salarios y prestaciones sociales sin declarar el siniestro por incumplimiento del pago de deudas laborales aseguradas con póliza de seguros, y dar prelación al pago a orden judicial por deudas de arriendo y a la cesión del crédito derivado del pago de la actas contractuales sin dar prelación sobre ellas a las deudas labores con los subcontratistas.
1.4. Sentencia de primera instancia.
El 9 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta Mixta condenó a los demandados al estar acreditados y reunidos los requisitos objetivos y subjetivos para que prosperara la declaración de responsabilidad en repetición.
Conforme a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, la conducta del señor [NOMBRE TACHADO] está demostrada como dolosa con la condena judicial en su contra la cual indicó que dejó de pagar la obligación laboral sin justificación: “La actuación del señor [NOMBRE TACHADO], como ex contratista del Estado y, por tanto, particular que ejerció transitoriamente funciones pública, se considera dolosa, en tanto era su obligación el pago y no demostró justificación alguna para no haberlo realizado, por consiguiente, se declarará la prosperidad de la pretensión de repetición adelantada por el departamento de Antioquia contra el demandado ex contratista.”.
Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que está acreditada la culpa grave de la señora Ángel Bernal por dejar de adoptar medidas legalmente viables en la liquidación del contrato estatal en favor de las deudas labores de los subcontratistas: “… Por el contrario, si hubiera actuado oportuna y diligentemente, se hubiera reportado el siniestro de incumplimiento desde el inicio y hecho efectiva la garantía oportunamente, además de haber hecho uso de los mecanismos de que goza la administración, se hubiese por lo menos evitado el incremento ostensible de las sumas adeudadas que precisamente se derivan de la mora en satisfacer este tipo de compromisos, y en consecuencia también hubiera evitado el grave detrimento del patrimonio público. En virtud de lo expuesto, no existen dudas que la Dra. [NOMBRE TACHADO], tenía a cargo, entre otras, la vigilancia y supervisión del contrato, por lo que por omisión contribuyó de una manera determinante en la producción de la condena. (…) Deviene de lo anterior, que en la motivación del acto administrativo se hizo alusión a la reclamación administrativa presentada por el abogado Jorge Humberto Saldarriaga Sánchez, en representación de Luz Leticia Tangarife Cifuentes y otros, en su calidad de empleados del contratista [NOMBRE TACHADO], indicándose al respecto, y que la de la misma se dio traslado (tardíamente) a la aseguradora Seguros del Estado, por ser quien otorgó pólizas de amparo al contrato. De otra parte, con base en la normatividad expuesta en el acto de liquidación, y teniendo en cuenta el concepto de la Dirección Técnica Jurídica del Departamento, se concluyó que debía darse prelación a la orden de embargo ‘son pena de incurrir en sanciones de orden legal’, dejando anotado, que ´en caso de persistir remanentes, estos sean retenidos a favor del Departamento de Antioquia con el fin de cubrir las obligaciones señaladas en el numeral 20 de la Resolución”.
Adicionalmente, Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que está acreditada la culpa grave de la señora Patricia Muñoz Londoño por dejar de informar el incumplimiento de la obligación contractual y laboral del contratista para con los subcontratistas: “La condemandada Adriana Patricia no aportó pruebas contundentes sobre la diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones como interventora del contrato estatal, y lo cierto es, que en los aspectos puntuales en los que se censura su comportamiento no se evidencia que haya cumplido oportuna y eficientemente su labor, como tampoco que hubiera advertido a la entidad contratante o solicitado tomar acciones o medidas para conjurar la situación de no pago de los trabajadores, incumplimiento determinante en la condena, de tal manera que atendida su función, resulta inexcusable y por constitutiva de culpa grave”.
1.5. Recurso de apelación.
El Curador Ad Litem del señor [NOMBRE TACHADO] no presentó apelación.
El apoderado de la señora Muñoz Londoño sostiene que no está demostrado que su poderdante obró con culpa grave por infracción manifiesta e inexcusable de normas de derecho y deberes funcionales como interventora contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia porque no existe la prueba que fue designada como interventora del contrato ni se demostró que tuvo conocimiento que el contratista cesó en los pagos de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas.
El apoderado de la señora Ángel Bernal sostiene resumidamente que era jurídicamente imposible que su poderdante liquidara el contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia reconociendo derechos labores a terceros ajenos a la relación contractual entre entidad estatal contratante y contratista y dar prelación a los pagos de salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a los subcontratistas sin que mediara orden judicial.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
2.1. Problema jurídico.
El problema jurídico consiste en establecer si están acreditados los presupuestos necesarios y suficientes para la prosperidad de la declaración de la responsabilidad patrimonial contra los demandados por el medio de control de repetición.
2.2. Marco Jurídico.
La responsabilidad patrimonial en el medio de control de repetición prosperará cuando estén acreditados las siguientes condiciones, según el Consejo de Estado: Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena. La actuación u omisión de los agentes del Estado de ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación a pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquiera forma de terminación de un conflicto. iii) El pago realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de prueba que, en caso de ser documental, generalmente suele constituirse por acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.
La culpa grave se presume para el medio de control de repetición cuando servidor público obre con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, artículo 6 de la Ley 678 de 2001: “CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.”
A todo servidor público le es exigible el obrar para proteger los derechos de las partes contratantes y también de los terceros que puedan verse afectados en la gestión contractual del Estado, numeral primero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: “DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
A todo servidor público le es exigible la conducta del cobro de las garantías a favor del patrimonio de la entidad contratante que hayan sido constituidas en la gestión contractual del Estado, numeral 2 del artículo 4 Ley 80 de 1993 “LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.”
El contrato estatal se liquida para determina si las partes del contrato están a paz y salvo teniendo en cuenta las situaciones ocurridas durante la ejecución del contrato, artículo 60 del texto original de la Ley 80 de 1993: Artículo 60. De Su Ocurrencia y Contenido Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.”
El dueño de la obra pública es responsable solidario con el pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo: “1) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos (empleadores) y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.”
La responsabilidad laboral solidaria con los terceros subcontratistas no procede cuando lo ejecutado por el subcontratista sea extraño al giro ordinario y propio del objeto social del dueño de la obra, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo: 1) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos (empleadores) y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.”.
La interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que trascribió el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión para condenar en responsabilidad solidaria al departamento de Antioquia, señaló que el dueño es el garante del pago de la deuda laboral: “La H. Corte Suprema de Justicia, al referirse al tema, dijo: "Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en (a decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (artículo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para efectos de la sanción del artículo 65 del C.S.T., por lo que era atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen. "El artículo 34 del C. S. del T. no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432). "Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante."En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario. "Como tuvo oportunidad de analizarse, al ser despachado el cargo anterior, el Tribunal al confirmar la decisión del a quo sin ninguna consideración al respecto, acogió sin reservas los planteamientos de éste con relación a la conducta injustificada del empleador contratista, que lo llevaron a concluir su falta de buena fe al abstenerse de cancelar oportunamente las acreencias de su extrabajador. Fundamento fáctico éste que no ataca el cargo y que es suficiente para mantener la decisión. "Es, en consecuencia, irrelevante para la decisión, que la conducta asumida por la obligada solidaria hubiere estado o no revestida de buena fe, por lo que la acusación se torna infundada.".
Los créditos por costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores; las expensas funerales necesarias del deudor difunto; y los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, son los únicos créditos que prevalecen sobre los créditos laborales por salarios y prestaciones sociales, numeral 4 del artículo 2495 del Código Civil: “ARTICULO 2495. <CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE>. La primera clase de crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran: 1. Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores. 2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto. 3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. 4. <Numeral subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes de contrato de trabajo. 5. Los artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor y a su familia durante los últimos tres meses. El juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar este cargo si le pareciere exagerado. Los créditos por alimentos en favor de menores pertenecen a los créditos de primera clase y se regulan por las normas del presente capitulo y, en lo allí no previsto, por las del Código Civil y de Procedimiento Civil. 6. Lo créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados.”.
2.3. Verificación los requisitos para que prospere la declaratoria de la condena de repetición.
2.3.1. La calidad de servidores públicos de los demandados para la época de los hechos.
El señor [NOMBRE TACHADO] tuvo la calidad de servidor público entre septiembre y diciembre de 2004 cuando dejó de pagar los salarios y prestaciones sociales a sus subcontratistas teniendo como prueba de su calidad de servidor el contrato de obra pública número 2003-CO-20-286 que celebró el señor [NOMBRE TACHADO] con el departamento de Antioquia que estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 2003 hasta al 22 de febrero de 2006 (cuando fue liquidado), el cual acredita la calidad de contratista del Estado, lo que conlleva a catalogarlo como servidor público en virtud de la disposición legal del parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 que ordenó tener al contratista del Estado como servidor público para los efectos del medio de control de repetición: “ACCIÓN DE REPETICIÓN. (…) PARÁGRAFO 1o. Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo contemplado en esta ley.”.
La señora [NOMBRE TACHADO] tuvo la calidad de servidora pública para la época cuando se causó la deuda laboral a los subcontratistas (de septiembre a diciembre de 2004) y para la época de la reclamación administrativa de los subcontratistas al departamento de Antioquia para el pago de la deuda laboral en responsabilidad solidaria (ocurrida desde octubre de 2005 con la petición administrativa de los subcontratistas hasta febrero de 2006 cuando se ordenó pagos sin dale de pago a la deuda laboral con los subcontratistas), teniendo como prueba de su calidad de servidora pública que la señora Adriana Patricia Muñoz desempeñó el cargo de profesional universitario, código 340, nivel 4, grado 6, en la Dirección de Conservación de Vías de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia del 6 de diciembre de 2001 al 2 de noviembre de 2004, y también con el hecho que desempeñó el cargo de Técnico Operativo, código 401, grado 3, de la Dirección de Desarrollo y de Evaluación de la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, del 13 de diciembre de 2004 al 30 de julio de 2006 según lo certificó la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Dirección de Personal de la Gobernación de Antioquia el 21 de julio de 2011.
El Ministerio Público estima que existe mérito persuasivo probatorio para afirmar razonablemente que la señora Muñoz Londoño ejerció labores de interventoría para el contrato 2003-CO-20-286 las cuales ejercicio hasta el 2 de noviembre de 2004 teniendo como indicios para llegar a la conclusión el hecho que ella firmó el inicio de obras del contrato 2003-CO-20-286 indicando su calidad de interventora cuya firma como interventoría las plasmó al haber estado desempeñando el cargo de profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia cuya dependencia fue la encargada del control y vigilancia del contrato 2003-CO-20-286 según la cláusula décima contrato, y a cuya dependencia ella estuvo asignada hasta el 2 de noviembre de 2004.
En relación con la autenticidad del acta de inicio de obra del contrato 2003-CO-20-286 que permite afirmar que la señora Muñoz Londoño fue interventora del contrato 2003-CO-20-286 hay que precisar que el documento no fue cuestionado de falso lo que conduce a que se presuma autentico en su contenido y firmas, artículo 244 de Código General del Proceso.
La señora María Margarita Ángel Bernal tuvo la calidad de servidora pública para la época que se causó la deuda laboral a sus subcontratistas (de septiembre a diciembre de 2004) y para la época de la reclamación administrativa laboral de los subcontratistas al departamento de Antioquia (de octubre de 2005 a febrero de 2006) teniendo como prueba de su calidad de servidora pública el hecho que ejerció el cargo de Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia del 16 de enero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2007 según lo certificó la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Dirección de Personal de la Gobernación de Antioquia el 21 de julio de 2011.
2.3.2. La condena judicial que generó la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.
La existencia de la condena contra del departamento de Antioquia imponiéndole la obligación de pagar los salarios y las prestaciones sociales causados entre el 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 a los subcontratistas del señor [NOMBRE TACHADO] está acreditada con la sentencia de 26 de junio de 2009 del Juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín dentro del proceso laboral ordinario con el número 0500 31 05 015 2006 00120 00, cuya sentencia fue confirmada el 14 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, que declararon la responsabilidad solidaria laboral del departamento de Antioquia por la deuda laboral.
2.3.3. El pago efectivo de la condena.
El departamento de Antioquia pagó $971.827.331 en cumplimiento de la condena judicial impuesta, cuyo pago efectivo está soportado con la Resolución 0111708 del 12 de octubre de 2009 del Director de Prestaciones Sociales y Nómina del departamento de Antioquia ordenando el pago en cumplimiento de la sentencia judicial; la orden de pago número 11560 de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia para el desembolso del dinero, y los cheques números 045889 del 11 de abril de 2010 por valor de $962.118.121 y 047543 del 18 de febrero de 2011 por valor $9.709.311 del Banco de Occidente pagando las sumas de dinero a favor del apoderado de los demandantes del proceso laboral ordinario número 0500 31 05 015 2006 00120 00, y cada cheque tiene la firma de recibido y aceptado por el beneficiario lo mismo que en las órdenes de pago.
2.3.4. La culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho de las apelantes.
El apoderado de la señora [NOMBRE TACHADO] afirmó que a su poderdante no le podrían atribuir infracción manifiesta e inexcusablemente de normas de derecho y de deberes como interventora sin estar demostrado que haya conocido que el señor [NOMBRE TACHADO] había cesado en el pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas entre septiembre y diciembre de 2004.
El Ministerio Público estima que por disposición legal contenida en el numeral primero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 todo servidor público debe proteger los derechos de las partes contratantes y también de los terceros que puedan verse afectados en la gestión contractual del Estado, y está acreditado que la señora Muñoz Londoño fue interventora del contrato estatal de obra del contrato 2003-CO-20-286. Por tanto, es exigible legalmente la señora Muñoz Londoño como interventora del contrato estatal de obra del contrato 2003-CO-20-286 no esperar a que los subcontratistas le informen sobre los incumplimientos del contratista en cuanto a pagos de salarios y prestaciones sociales sino el obrar proactivo de verificación de esos pagos que es labor propia e inherente al ejercicio como interventor que participa en la gestión contractual de la entidad estatal.
La señora Muñoz Londoño como servidora pública que participó en la gestión contractual del contrato de obra 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia tuvo dos oportunidades para informar el incumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas y no lo hizo, a saber:
Entre septiembre y noviembre de 2004 porque no existe informe de interventoría de ella dando cuenta de la cesación de pagos laborales a los subcontratistas cuando ella aún era la interventora del contrato estatal.
El 22 de febrero de 2006 cuando rindió informe final del contrato para liquidarlo determinando el paz y salvo entre las partes contratantes cuyo informe no da cuenta de la deuda laboral del contratista con los subcontratistas.
El Ministerio Público estima que la señora Muñoz Londoño obró con culpa grave al no haber actuado para proteger los derechos de los terceros que puedan verse afectados a pesar de serle exigible el obrar en favor de terceros por disposición legal del numeral primero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: “ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”.
El apoderado de la señora María Margarita Ángel Bernal sostiene que era jurídicamente imposible para que su poderdante liquidar el contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia reconociendo derechos labores de terceros ajenos a la relación contractual entre la entidad estatal contratante y contratista, y dar prelación a los pagos de salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a los subcontratistas sin que mediara orden judicial. La apelación indica que haber actuado diferente hubiese sido desconocer el debido proceso administrativo.
El Ministerio Público estima que facultad de liquidar el contrato por vía administrativa permite legalmente adoptar determinaciones en favor del pago de las deudas laborales de los subcontratistas por las siguientes razones:
El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo exonera la responsabilidad laboral solidaridad del departamento de Antioquia en el evento que el subcontratista hubiese ejecutado labores extrañas al giro ordinario y propio del objeto social del dueño de la obra cuya causal de exoneración no sucedió porque las circunstancias del caso evidencian que los subcontratistas reclamaron administrativamente el pago de sus derecho laborales al departamento de Antioquia en razón a que ellos laboraron como subcontratistas para recuperar una vía pública a cargo del departamento de Antioquia.
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 estableció la liquidación del contrato estatal como herramienta legal para determinar si las partes del contrato se encuentran a paz y, salvo por situaciones ocurridas durante la ejecución del contrato, proceder a los pagos. Del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se desprende que la responsabilidad laboral solidaria del departamento de Antioquia, ante la cesación de pagos de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas, opera desde el momento de la causación de la deuda laboral. Conforme a esas dos normas legales, la liquidación administrativa del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia era la herramienta legal dentro de la gestión contractual para determinar si las partes del contrato se encontraban a paz y salvo por toda deuda laboral a los subcontratistas que hubiera ocurrido durante la ejecución del contrato y ordenar pagos derivados de la responsabilidad solidaria por las deudas laborales causadas.
El numeral 2 del artículo 4 Ley 80 de 1993 ordenó a todo servidor público el cobro de las garantías a favor del patrimonio de la entidad contratante que hayan sido constituidas en la gestión contractual del Estado; y la declaración del siniestro es una herramienta legal que no podría utilizarse sin ella sin llamar al contratista ni a la aseguradora para rendir cuentas y responder por el daño antijurídico, o sin estar soportada probatoriamente la determinación, o sin estar motivada impidiendo su control judicial, cuyos eventos no ocurrieron en el caso de la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 ya que el contrato fue liquidado unilateralmente por vía administrativa teniendo presente que el contratista no compareció al cruce de cuentas, que la compañía aseguradora guardó silencio para reconocer el riesgo laboral consumado, existía la póliza de seguro 0466550065 de Seguros del Estado SA que amparaba el riesgo de no pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas que ocurrió entre el 08 de enero de 2004 al 08 de marzo de 2007, así como que el no pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas existió efectivamente del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004. En esas circunstancias en las cuales no se evidencia vulneración al debido proceso, procedía la liquidación del contrato estatal 2003-CO-20-286 con la declaratoria administrativa del siniestro por el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas, ya que la liquidación administrativa unilateral del contrato, declarando el siniestro por el incumplimiento de pagos laborales a los subcontratistas, era una herramienta legal de gestión, mas no sancionatoria para hacer efectiva la existente póliza que amparaba el riesgo y garantizaba la protección de los intereses y recursos públicos ante el riesgo fiscal de un mayor pago por la litigiosidad
El pago ordenado en la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 fue primero a la orden de embargo del Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín por deudas relacionadas con arriendos, segundo al contrato de cesión de créditos del pago derivados de la ejecución del contrato con el departamento de Antioquia, y por último el pago debía hacerse para cancelar los salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas. El numeral 4 del artículo 2495 del Código Civil ordenó que los créditos por costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores; las expensas funerales necesarias del deudor difunto, y los gastos de la enfermedad del deudor fallecido si de la enfermedad hubiere durado más de seis meses, son los únicos créditos que prevalecen sobre los créditos laborales por salarios y prestaciones sociales. Por tanto, la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 debió tener en cuenta la prelación de pagos a los créditos laborales por salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas teniendo como fuente la ley y considerando que la acreencia laboral no era ajena a la relación contractual a liquidar.
El Ministerio Público estima que la señora [NOMBRE TACHADO] momento de liquidar el contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia contaba con herramientas y potestades jurídicas y legales para adoptar decisiones determinaciones en favor del pago de las deudas laborales de los subcontratistas y dejó de utilizarlas y ejercerlas.
Por último, el Ministerio Público estima que la proporcionalidad en la suma que los repetidos deben regresar al Estado en virtud de la condena laboral, bajo la cual corresponde al señor [NOMBRE TACHADO] asumir el 80% de la suma pagada por el departamento de Antioquia y el 10% a las señoras Ángel Bernal y Muñoz Londoño está ajustado a la dosificación de la cuantía de la condena por el grado de participación en la producción del daño lo cual fue establecido por disposición legal en el artículo 14 la Ley 678 de 2001 para la cuantificación de la condena en repetición: ARTÍCULO 14. Cuantificación de la condena. Cuando la autoridad judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio causado al Estado lo fue por el dolo a la culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el monto de la condena correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo a sus condiciones personales y a la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de repetición”.
Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público estima que están demostrados los requisitos que estructuran la prosperidad de la responsabilidad patrimonial contra de los demandados por el medio de control de repetición, sin que esté demostrado causal de exoneración de la responsabilidad patrimonial.
CONCLUSION
El Ministerio Público solicita confirmar el fallo recurrido de conformidad con las consideraciones precedentes, y en tal sentido eleva la solicitud a la honorable Sala de Decisión.
Del honorable Consejo de Estado, respetuosamente,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado
CMVS/NYC