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# LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL: LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Se realizó unilateralmente a través de una resolución

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2019-02-12
- **Número:** 201907151003590.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201907151003590.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de repeticion: Por la omisión de pago de salarios y prestaciones sociales
- Accion de repeticion: Marco jurídico
- Accion de repeticion: Tiene como objeto la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública
- Accion de repeticion: Acción u omisión del funcionario o exfuncionario que realice daño antijurídico

## Fundamentos jurídicos

- Ley 678 de 2001
- Ley 80 de 1993, art. 60
- Constitución Política

## Extracto

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Existen tres clases: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Se realizó unilateralmente a través de una resolución LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL-En forma unilateral El apoderado [NOMBRE TACHADO] señaló que no existe la prueba que su poderdante haya sido designada como interventora del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia ni de su obrar con culpa grave. El apoderado de la señora Ángel Bernal sostiene resumidamente que era jurídicamente imposible que su poderdante liquidara el contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia reconociendo derechos labores a terceros ajenos a la relación contractual entre entidad estatal contratante y contratista y dar prelación a los pagos de salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a los subcontratistas sin que mediara orden judicial.

## Descriptores temáticos

LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL, En forma unilateral

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- [Procuraduría General de la Nación — Liquidacion de contrato estatal: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201712060909100.DOC.md)
- [Procuraduría General de la Nación — Liquidacion de contrato estatal: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201711270946210.DOC.md)

## Texto del documento

ACCION DE REPETICION-Por la omisión de pago de salarios y prestaciones sociales
ACCION DE REPETICION-Marco jurídico
ACCION DE REPETICION–Concepto
ACCION DE REPETICION-Tiene como objeto la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública
ACCION DE REPETICION-Acción u omisión del funcionario o exfuncionario que realice daño antijurídico
ACCION DE REPETICION-Acreditación de la condición de servidor público
ACCION DE REPETICION-Acreditación del pago de condena para su prosperidad según sentencia del consejo de estado
ACCION DE REPETICION-Actuación gravemente culposa del servidor público
ACCION DE REPETICION-Actuar doloso y culposo del servidor según jurisprudencia del consejo de estado
ACCION DE REPETICION-Culpa grave
ACCION DE REPETICION-Busca recuperar los dineros del erario público erogados como consecuencia de la acción u omisión de los funcionarios
ACCION DE REPETICION-Conceptos de culpa grave y dolo según regulación legal
ACCION DE REPETICION-Condena impuesta mediante sentencia por responsabilidad administrativa y solidaria
ELEMENTOS DE LA ACCION DE REPETICION-Objetivos y subjetivos
ACCION DE REPETICION-Supuestos de lo que se presume conducta dolosa o culposa
ACCION DE REPETICION-Cuantificación de la condena
ACCION DE REPETICION-Se evidenció la existencia de culpa grave por parte de los demandados
Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público estima que están demostrados los requisitos que estructuran la prosperidad de la responsabilidad patrimonial contra de los demandados por el medio de control de repetición, sin que esté demostrado causal de exoneración de la responsabilidad patrimonial
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Existen tres clases: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Se realizó unilateralmente a través de una resolución
LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL-En forma unilateral
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Definición legal y alcances
SERVIDOR PUBLICO-Tiene el deber legal de cobrar las garantías constituidas a favor del patrimonio de la entidad en la gestión contractual del Estado
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO N° 17
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2019
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Radicado:
05001-23-31-000-2011-01344-01 (62145)
Medio de Control
Repetición.
Demandante:
Departamento de Antioquia.
Demandados:
[NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO].
Trámite:
Apelación del fallo de primera instancia.
El Ministerio Público presenta concepto para el proceso de la referencia, a consideración de la Sala.
ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones.
El departamento de Antioquia demandó a los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] por el medio de control de repetición para que los demandados sean declarados responsables de lo pagó el departamento de Antioquia en cumplimiento de la condena que le impuso el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín el 26 de junio de 2009 en el proceso laboral ordinario número 0500 31 05 015 2006 00120 00 cuya condena fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión, el 14 de mayo de 2010.
1.2. Hechos.
El 31 de diciembre de 2003, el departamento de Antioquia contrató a [NOMBRE TACHADO] para la recuperación de la banca de la carretera Concordia-Betulia, según quedó registrado en el contrato de obra pública número 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia; y la interventora del contrato estatal fue la señora [NOMBRE TACHADO], según su firma en el acta del 23 de enero de 2004 de inicio de obras.
La póliza de seguros número 0466550065 emitida por Seguros del Estado SA amparó por valor de $7.033.847 el riesgo de salarios y las prestaciones sociales que fueran dejadas de pagar por el señor [NOMBRE TACHADO] durante la ejecución del contrato 2003-CO-20-286 y ocurriera entre el 08 de enero de 2004 a 08 de marzo de 2007.
El señor [NOMBRE TACHADO] pagó salarios y prestaciones sociales del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 a un grupo de 25 trabajadores que subcontrató para realizar las obras públicas del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia, la falta de pago conllevó a que el grupo de trabajadores solicitaran al departamento de Antioquia el pago de la obligación laboral en aplicación de la solidaridad laboral establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual quedó registrado en dos reclamaciones de pago que hicieron los subcontratistas al departamento de Antioquia entre el 3 de octubre de 2005 y el 24 de noviembre de 2005.
La señora [NOMBRE TACHADO] rindió el informe final del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia para efectos de la liquidar las cuentas a favor y en contra del contratista en cuyo informe dio cuenta solo de la terminación de las obras, según el informe lo rindió el 22 de febrero de 2006 afirmando que lo rendía ejerciendo el cargo de Técnico Operativo de la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia.
La señora María Margarita Ángel Bernal liquidó del contrato de obra pública n.° 2003-CO-20-0286 del departamento de Antioquia, cuya liquidación fue hecha de manera unilateral ante la no comparecencia del contratista a la liquidación consensuada y tuvo en cuenta las siguientes tres situaciones relacionadas con el contratista [NOMBRE TACHADO]:
El 11 de marzo de 2004 fue recibida orden judicial de embargo por el Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín embargando recursos del señor [NOMBRE TACHADO] por deudas relacionadas con arriendos.
El 03 de mayo de 2004 fue recibido el contrato de cesión de créditos entre el señor [NOMBRE TACHADO] y el señor [NOMBRE TACHADO] en cuyo contrato el segundo le cede al primero el cobro de las actas de pago derivadas la ejecución del contrato de obra pública número 2003-CO-20-286.
Entre el 3 de octubre de 2005 y el 24 de noviembre de 2005, fue recibida la petición del grupo de 25 trabajadores subcontratistas del señor [NOMBRE TACHADO] solicitando al Departamento de Antioquia el pago de los salarios y prestaciones sociales del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 que el contratista del departamento de Antioquia les dejó de pagar, solicitud que fue hecha en virtud de la solidaridad laboral.
Con esos antecedentes, señora María Margarita Ángel Bernal liquidó del contrato de obra pública n.° 2003-CO-20-0286 ordenando pagar primero la orden de embargo del Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín, segundo al contrato cesión de créditos, y luego los salarios y prestaciones sociales de los subcontratista, según como quedó registrado en la liquidación unilateral del contrato estatal 2003-CO-20-0286 que firmó la señora María Margarita Ángel Bernal como Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia del 22 de febrero de 2006.
El Juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín condenó al señor [NOMBRE TACHADO] y solidariamente al departamento de Antioquia al pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de pagar del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004 al grupo de subcontratistas, según consta en la sentencia del juez Séptimo Laboral de Descongestión del Circulo de Medellín de 26 de junio de 2009 dentro del proceso ordinario laboral con el radicado 0500 31 05 015 2006, cuya condena de responsabilidad solidaria fue confirmada 14 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión.
La sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera Laboral de Descongestión indicó que quedó demostrado que el señor [NOMBRE TACHADO] actuó de mala fe: “Considera la Sala, que contrario a lo que se espera por parte de quien incumple el pago de las acreencias labores, de tratar de justificar su omisión para evitar que esa conducta se enmarque en el campo de la mala fe, el señor [NOMBRE TACHADO], no sólo desconoció los derechos laborales de los trabajadores que tuvo a su servicio, sino que ignoró el llamado que se le hizo para hacerse parte en el presente proceso, dejando al desgaire su defensa y por tanto dejando desprovista de más más mínimo asomo de buena fe su conducta como empleador. Por lo tanto, se ha de condenar al empleador del demandado, señor [NOMBRE TACHADO] a cancelar a cada uno de los demandantes la suma de un día de salario por cada día de retardo, indemnización que irá hasta cuando cancele la totalidad de los debido por salarios y prestaciones sociales. Esta condena no se impondrá al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por cuanto la sanción solamente puede analizarse con respecto de quien estaba obligado a cancelar las obligaciones labores no lo hace, y esa persona lo es el señor [NOMBRE TACHADO], pero el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deberá responder como deudor solidario por valor causado”.
El departamento de Antioquia pagó $971.827.331 en cumplimiento de la condena judicial impuesta, cuyo soporte se encuentra en la Resolución 0111708 del 12 de octubre de 2009 del Director de Prestaciones Sociales y Nómina del departamento de Antioquia en la que ordenó el pago de las sentencias judiciales, en la orden de pago número 11560 de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia para el desembolso del dinero, y en los cheques números 045889 del 11 de abril de 2010 por valor de $962.118.121 y 047543 del 18 de febrero de 2011 por valor $9.709.311 del Banco de Occidente a favor del apoderado de los demandantes del proceso laboral número 0500 31 05 015 2006 00120 00 y cada cheque tiene firma de recibido y aceptado por el beneficiario lo mismo que en las órdenes de pago.
1.3. Contestación de la demanda.
La curadora Ad Litem de [NOMBRE TACHADO] señaló que no está acreditado el dolo ni la culpa en dejar pagar los salarios y prestaciones a sus subcontratistas.
El apoderado [NOMBRE TACHADO] señaló que no existe la prueba que su poderdante haya sido designada como interventora del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia ni de su obrar con culpa grave.
El apoderado [NOMBRE TACHADO] señaló que su poderdante no obró con culpa grave si se tiene en cuenta que las determinaciones que adoptó para liquidar el contrato estatal 2003-CO-20-286 fueron las procedentes legalmente y no había alguna otra solución jurídica, tales como trasladar al contratista y a la aseguradora el reclamo laboral de los subcontratista por el no pago de salarios y prestaciones sociales sin declarar el siniestro por incumplimiento del pago de deudas laborales aseguradas con póliza de seguros, y dar prelación al pago a orden judicial por deudas de arriendo y a la cesión del crédito derivado del pago de la actas contractuales sin dar prelación sobre ellas a las deudas labores con los subcontratistas.
1.4. Sentencia de primera instancia.
El 9 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta Mixta condenó a los demandados al estar acreditados y reunidos los requisitos objetivos y subjetivos para que prosperara la declaración de responsabilidad en repetición.
Conforme a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, la conducta del señor [NOMBRE TACHADO] está demostrada como dolosa con la condena judicial en su contra la cual indicó que dejó de pagar la obligación laboral sin justificación: “La actuación del señor [NOMBRE TACHADO], como ex contratista del Estado y, por tanto, particular que ejerció transitoriamente funciones pública, se considera dolosa, en tanto era su obligación el pago y no demostró justificación alguna para no haberlo realizado, por consiguiente, se declarará la prosperidad de la pretensión de repetición adelantada por el departamento de Antioquia contra el demandado ex contratista.”.
Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que está acreditada la culpa grave de la señora Ángel Bernal por dejar de adoptar medidas legalmente viables en la liquidación del contrato estatal en favor de las deudas labores de los subcontratistas: “… Por el contrario, si hubiera actuado oportuna y diligentemente, se hubiera reportado el siniestro de incumplimiento desde el inicio y hecho efectiva la garantía oportunamente, además de haber hecho uso de los mecanismos de que goza la administración, se hubiese por lo menos evitado el incremento ostensible de las sumas adeudadas que precisamente se derivan de la mora en satisfacer este tipo de compromisos, y en consecuencia también hubiera evitado el grave detrimento del patrimonio público. En virtud de lo expuesto, no existen dudas que la Dra. [NOMBRE TACHADO], tenía a cargo, entre otras, la vigilancia y supervisión del contrato, por lo que por omisión contribuyó de una manera determinante en la producción de la condena. (…) Deviene de lo anterior, que en la motivación del acto administrativo se hizo alusión a la reclamación administrativa presentada por el abogado Jorge Humberto Saldarriaga Sánchez,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ial. La apelación indica que haber actuado diferente hubiese sido desconocer el debido proceso administrativo.
El Ministerio Público estima que facultad de liquidar el contrato por vía administrativa permite legalmente adoptar determinaciones en favor del pago de las deudas laborales de los subcontratistas por las siguientes razones:
El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo exonera la responsabilidad laboral solidaridad del departamento de Antioquia en el evento que el subcontratista hubiese ejecutado labores extrañas al giro ordinario y propio del objeto social del dueño de la obra cuya causal de exoneración no sucedió porque las circunstancias del caso evidencian que los subcontratistas reclamaron administrativamente el pago de sus derecho laborales al departamento de Antioquia en razón a que ellos laboraron como subcontratistas para recuperar una vía pública a cargo del departamento de Antioquia.
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 estableció la liquidación del contrato estatal como herramienta legal para determinar si las partes del contrato se encuentran a paz y, salvo por situaciones ocurridas durante la ejecución del contrato, proceder a los pagos. Del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se desprende que la responsabilidad laboral solidaria del departamento de Antioquia, ante la cesación de pagos de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas, opera desde el momento de la causación de la deuda laboral. Conforme a esas dos normas legales, la liquidación administrativa del contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia era la herramienta legal dentro de la gestión contractual para determinar si las partes del contrato se encontraban a paz y salvo por toda deuda laboral a los subcontratistas que hubiera ocurrido durante la ejecución del contrato y ordenar pagos derivados de la responsabilidad solidaria por las deudas laborales causadas.
El numeral 2 del artículo 4 Ley 80 de 1993 ordenó a todo servidor público el cobro de las garantías a favor del patrimonio de la entidad contratante que hayan sido constituidas en la gestión contractual del Estado; y la declaración del siniestro es una herramienta legal que no podría utilizarse sin ella sin llamar al contratista ni a la aseguradora para rendir cuentas y responder por el daño antijurídico, o sin estar soportada probatoriamente la determinación, o sin estar motivada impidiendo su control judicial, cuyos eventos no ocurrieron en el caso de la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 ya que el contrato fue liquidado unilateralmente por vía administrativa teniendo presente que el contratista no compareció al cruce de cuentas, que la compañía aseguradora guardó silencio para reconocer el riesgo laboral consumado, existía la póliza de seguro 0466550065 de Seguros del Estado SA que amparaba el riesgo de no pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas que ocurrió entre el 08 de enero de 2004 al 08 de marzo de 2007, así como que el no pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas existió efectivamente del 13 de septiembre al 12 de diciembre de 2004. En esas circunstancias en las cuales no se evidencia vulneración al debido proceso, procedía la liquidación del contrato estatal 2003-CO-20-286 con la declaratoria administrativa del siniestro por el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas, ya que la liquidación administrativa unilateral del contrato, declarando el siniestro por el incumplimiento de pagos laborales a los subcontratistas, era una herramienta legal de gestión, mas no sancionatoria para hacer efectiva la existente póliza que amparaba el riesgo y garantizaba la protección de los intereses y recursos públicos ante el riesgo fiscal de un mayor pago por la litigiosidad
El pago ordenado en la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 fue primero a la orden de embargo del Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín por deudas relacionadas con arriendos, segundo al contrato de cesión de créditos del pago derivados de la ejecución del contrato con el departamento de Antioquia, y por último el pago debía hacerse para cancelar los salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas. El numeral 4 del artículo 2495 del Código Civil ordenó que los créditos por costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores; las expensas funerales necesarias del deudor difunto, y los gastos de la enfermedad del deudor fallecido si de la enfermedad hubiere durado más de seis meses, son los únicos créditos que prevalecen sobre los créditos laborales por salarios y prestaciones sociales. Por tanto, la liquidación del contrato 2003-CO-20-286 debió tener en cuenta la prelación de pagos a los créditos laborales por salarios y prestaciones sociales a los subcontratistas teniendo como fuente la ley y considerando que la acreencia laboral no era ajena a la relación contractual a liquidar.
El Ministerio Público estima que la señora [NOMBRE TACHADO] momento de liquidar el contrato estatal 2003-CO-20-286 del departamento de Antioquia contaba con herramientas y potestades jurídicas y legales para adoptar decisiones determinaciones en favor del pago de las deudas laborales de los subcontratistas y dejó de utilizarlas y ejercerlas.
Por último, el Ministerio Público estima que la proporcionalidad en la suma que los repetidos deben regresar al Estado en virtud de la condena laboral, bajo la cual corresponde al señor [NOMBRE TACHADO] asumir el 80% de la suma pagada por el departamento de Antioquia y el 10% a las señoras Ángel Bernal y Muñoz Londoño está ajustado a la dosificación de la cuantía de la condena por el grado de participación en la producción del daño lo cual fue establecido por disposición legal en el artículo 14 la Ley 678 de 2001 para la cuantificación de la condena en repetición: ARTÍCULO 14. Cuantificación de la condena. Cuando la autoridad judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio causado al Estado lo fue por el dolo a la culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el monto de la condena correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo a sus condiciones personales y a la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de repetición”.
Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público estima que están demostrados los requisitos que estructuran la prosperidad de la responsabilidad patrimonial contra de los demandados por el medio de control de repetición, sin que esté demostrado causal de exoneración de la responsabilidad patrimonial.
CONCLUSION
El Ministerio Público solicita confirmar el fallo recurrido de conformidad con las consideraciones precedentes, y en tal sentido eleva la solicitud a la honorable Sala de Decisión.
Del honorable Consejo de Estado, respetuosamente,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado
CMVS/NYC

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DE CONTRATO ESTATAL. 2019-02-12. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201907151003590.DOCX).
