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CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS-Incumplimiento del objeto contractual
COMPETENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA-Comprende la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos/COMPETENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA-Regulación legal
Se puntualiza que la resolución del recurso de apelación opera conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que comprende únicamente la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos.
ESTUDIOS PREVIOS- El objeto pactado no se cumplió a cabalidad
Concluyó la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que los estudios previos no especificaron los detalles del objeto contractual en lo pertinente a la duración de las capacitaciones, en dónde tendrían lugar, quiénes serían los asistentes, etc, a la vez, que no se verificó que con el personal de planta de la entidad se hubiese podido desarrollar el objeto contractual, así mismo, que no existen constancias de la capacitación brindada a los miembros del Ejército Nacional.
EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Se censuró que el certificado de disponibilidad presupuestal no estuviera suscrito/ EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Inexistencia de actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones realizadas en la Policía y en el Ejército Nacional/EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-No se respetaron los derechos de autor al no haber realizado el contratista las respectivas citas dentro del texto del tema materia de capacitación
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Se reprochó el que se hubiera suscrito el acta de liquidación cuando no consta que el objeto se hubiera cumplido a cabalidad
CULPA GRAVISIMA-Por desatención elemental
CULPA GRAVE-Por la falta de cuidado
Que debió tener al momento de suscribir el contrato para verificar su clausulado lo que le hubiera permitido evidenciar que no se ajustaba a los requerimientos legales en cuanto a detallar el objeto del contrato y realizar la adecuada descripción de la necesidad a satisface
CALIFICACION DE LA FALTA-Gravísima por desconocimiento de los principios de transparencia/CALIFICACION DE LA FALTA-Gravísima por trasgresión del principio de responsabilidad, por haber suscrito el acta de liquidación sin estar demostrado que se cumplió a cabalidad el objeto del contrato
CULPABILIDAD-Con culpa grave por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común hubiera tenido con sus propios asuntos.
La culpabilidad, en definitiva, se valora a título de culpa grave pues se estima, como lo valoró la primera instancia, que el disciplinado al momento de suscribir tal documento, así contara con el aval del supervisor, debió tener el cuidado suficiente de verificar que a la misma se acompañaran las constancias de cumplimiento del contrato.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Aprobado en Acta de Sala nro. 11
Radicación No:
161-6461 – IUS 2012-468994 – IUC 2015-58-575117
Disciplinado:
[NOMBRE TACHADO]
Cargo y entidad:
Alcalde - Alcaldía de Quibdó
Quejoso:
De oficio
Fecha queja:
17 de septiembre de 2012
Hechos
Celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios n.° 953 de 2011 con desconocimiento del principio de planeación y del deber de selección objetiva
Fecha hechos:
29 de junio de 2011
Asunto:
Decide recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.
P.D PONENTE: Dr. [NOMBRE TACHADO] TRATAR
La Sala Disciplinaria con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 4°, del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada del disciplinado contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 1° de abril de 2016 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.
HECHOS
El Contralor General del Departamento del Chocó mediante comunicación del 17 de septiembre de 2012 informó al Procurador Regional de ese departamento, entre otros hallazgos con connotación disciplinaria, el relativo al contrato de prestación de servicios de apoyo a la administración municipal, N.° 953 del 29 de junio de 2011, celebrado entre [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Quibdó (Chocó) y el señor [NOMBRE TACHADO], con el objeto de realizar dos ciclos de capacitación sobre derechos humanos a los integrantes de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional), por valor de $ 24.000.000.
Se dijo en el citado hallazgo que respecto de dicho contrato se observó incumplimiento del objeto contractual toda vez que en su cláusula segunda se estableció que el contratista debía realizar cuando menos 1 a 2 capacitaciones a miembros de la Policía Nacional y 2 a servidores del Ejército Nacional, sobre lo cual se evidenció que obran dos documentos que relacionan los nombres, cédulas y firmas de quienes participaron en las capacitaciones que se hicieron a 38 miembros de la Policía, sin que repose ninguna respecto del Ejército.
Se indicó que pese a que en dicho informe obra registro fotográfico, no hay constancia de los asistentes a dichas capacitaciones y, sin embargo, la administración pagó el valor total del contrato, sobre lo cual el mayor William Suárez Caicedo, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería n.° 12 reportó que se solicitó información a la sección jurídica de esa entidad, en donde manifestaron que no asistieron a ninguna capacitación en el tema de derechos humanos, lo cual constituye una presunta violación al principio de eficiencia.
TRÁMITE PROCESAL
3.1. Indagación preliminar
Por los hechos en referencia a través de auto del 2 de octubre de 2014 la Procuraduría Regional del Chocó ordenó indagación preliminar en contra del señor [NOMBRE TACHADO].
3.2. De la remisión por competencia
La Procuraduría Regional del Chocó través de providencia del 25 de agosto de 2015 remitió las diligencias, por competencia, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto), las que fueron asignadas a la primera de estas delegadas, que a su vez las envió, por competencia, mediante proveído del 8 de octubre siguiente a las delegadas para la contratación estatal (reparto), por lo que correspondió a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal conocer de este asunto.
3.3. Auto de citación a audiencia
Por medio de providencia del 25 de enero de 2016 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso adecuar las diligencias al procedimiento verbal y citar a audiencia al señor [NOMBRE TACHADO] con sustento en el inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, al determinarse que existían suficientes elementos de prueba que podían comprometer su responsabilidad, por lo cual se le imputaron los siguientes tres cargos:
Primer cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual al celebrar el contrato de prestación de servicios n.° 953 del 29 de junio de 2011, por valor de $ 24.000.000, suscrito (sic) con el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía n.° 11.814.775 de Quibdó, con el objeto de apoyo a la administración mediante la realización de dos (2) ciclos de capacitación a los integrantes de la fuerza pública (Policía y Ejército) sobre derechos humanos, con presunta violación de los deberes de selección objetiva y de planeación, lo que podría haber vulnerado los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal.
Como normas trasgredidas se relacionaron los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, 24 y 25 de la Ley 80 de 1993, 5° de la Ley 1150 de 2007, 3 y 82 del Decreto 2474 de 2008, 3° del Decreto 1737 de 1998 y numerales 2, 9 y 15 del Decreto Municipal 507 de 2009 – del manual de funciones del Alcalde de Quibdó.
Sobre el desconocimiento de los principios de transparencia y de economía se explicó que se pudieron haber vulnerado en razón a que al suscribir el mencionado contrato no estableció el perfil del contratista conforme a lo requerido por la entidad en lo pertinente a los títulos, los conocimientos y la experiencia, pues ni en los estudios previos ni en el contrato se precisaron los factores de escogencia con el fin de seleccionar la oferta más favorable.
La falta se evaluó como gravísima conforme con lo estipulado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La forma de culpabilidad fue calificada con culpa gravísima por desatención elemental al no realizar el disciplinado lo que le resultaba obvio e imprescindible, esto es: análisis de la necesidad, justificación de la modalidad de la contratación, descripción del objeto a contratar, análisis del mercado, justificación del valor a pagar y la idoneidad del contratista.
Segundo cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual del negocio jurídico n.° 953 de 2011 al suscribir el acta de liquidación final el 9 de agosto de 2010 sin que existiera evidencia del cumplimiento del objeto contractual, por lo cual, al parecer, no buscó el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, con lo cual posiblemente trasgredió el principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993.
Como normas trasgredidas se enunciaron las siguientes: artículos 2° y 315 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y 4, 3 y 26 numeral 1° de la Ley 80 de 1993.
Se indicó que en el informe del contratista no se enunciaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten la ejecución del contrato, pues solo se allegó un registro fotográfico que no tiene referencia temporal para establecer la fecha de tales capacitaciones.
La falta se calificó como gravísima al tenor del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por desconocimiento del principio de responsabilidad. La forma de culpabilidad se valoró con culpa grave, por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Tercer cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual del negocio jurídico n.° 953 de 2011 al suscribir el acta de liquidación final el 9 de agosto de 2010 y al ordenar el pago del contrato mediante la Resolución n.° 3692 del 2 de noviembre de 2011, sin contar con todos los documentos, requisitos y apropiaciones presupuestales necesarios para la ejecución del objeto de contractual, trasgrediendo, al parecer, el principio de economía de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el disciplinado pudo con el comportamiento antes descrito incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con desconocimiento del principio de economía que regula la contratación estatal.
Las normas violadas tuvieron sustento en los artículos 315 numerales 1 y 3 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, 25 numeral 13 y 41 inciso segundo de la Ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996.
La falta se calificó como gravísima, a título de culpa gravísima por la desatención elemental al no solicitar el disciplinado al momento de liquidar el contrato la documentación que demostrara su cumplimiento y, no obstante, se dio por ejecutado y liquidado.
DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Brevemente se reseñaran los planteamientos contenidos en el fallo de primera instancia respecto del disciplinado, bajo el siguiente contexto:
.- El contrato n.° 953 de 2011 fue suscrito por contratación directa, por un valor de $ 24.000.000.oo, por lo que de acuerdo con el manual de contratación del Municipio de Quibdó, numeral 2.9, a la unidad jurídica de esa entidad le correspondía aprobarlo teniendo en cuenta que allí se estipuló que todos los actos jurídicos de orden contractual, de esa administración, que superaran los quince (15) salarios mínimos mensuales debían surtir tal trámite en esa dependencia, sin embargo no ocurrió así conforme se evidencia del texto del contrato , que no cuenta con el visto bueno de jurídica, sino del secretario de gobierno municipal, señor [NOMBRE TACHADO].
.- Lo anterior es corroborado con el testimonio la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Quibdó, para la época de los hechos, quien expuso que una vez proyectado el contrato era revisado en su integridad por esa dependencia para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, luego de lo cual se expedía un oficio o se consignaba un visto bueno en el texto del acuerdo.
.- En testimonio el señor Vivas Lloreda expuso que la revisión que surtió dicho acuerdo en la dependencia a su cargo se circunscribió al tema de la viabilidad de la contratación derivada de los compromisos establecidos con la fuerza pública en el marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Indicó igualmente, que el perfil del capacitador se estableció bajo el entendido que un abogado podía explicar el tema de derechos humanos, sin que fuera necesario que tuviera mayor experticia en ello, razón por la cual no se encuentra soporte de la justificación del valor del contrato.
.- Dijo así mismo el declarante que dejó al contratista en libertad en cuanto al número de horas, los temas a abordar y la logística, lo que indica que la celebración del cuestionado contrato no obedeció a un análisis previo y detallado de la necesidad.
.- No se verificó que al interior de la entidad existiera personal idóneo que estuviera en capacidad de prestar el servicio requerido en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 1737 de 1998, sobre lo cual se estableció que la Alcaldía de Quibdó contaba con ocho abogados, por lo que cualquiera de ellos hubiera podido realizar la capacitación.
.- En visita administrativa llevada a cabo a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Quibdó se verificó que en los archivos de esa dependencia no existía un plan de acción o actas en las cuales constara en qué fechas se trató en el Consejo de Seguridad el tema de la capacitación en derechos humanos a la Policía y al Ejercito Nacional.
.- Se hace evidente que el disciplinado no observó que el contrato no fue revisado por la oficina jurídica, lo que se demuestra con los estudios previos, en donde se hizo referencia, de manera equivocada, a que la capacitación estaba dirigida al cuerpo de bomberos. Además, se omitió consignar allí el número de horas que comprendía dicha capacitación, así como la disponibilidad y el perfil del personal de la Policía y el Ejército al cual se le brindaría la capacitación. Igualmente, no se definieron las condiciones técnicas, académicas y operacionales, lo que vulneró el principio de economía conforme a lo estipulado los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
.- Se desconoció el principio de transparencia al no haber procurado escoger al contratista de forma objetiva en aras de satisfacer la necesidad planeada, en cuanto a que se tratara de un profesional en el tema de los derechos humanos, pues a quien se contrató ostentaba el título de abogado, pero conforme a su hoja de vida no contaba con formación académica ni experiencia en el tema, a pesar de que en los estudios previos se consignó sobre el tema, lo siguiente:
Descripción de la necesidad.
[…]
Pero para que estos organismos de seguridad y de justicia puedan realizar la labor ajustada a la ley a nuestra norma de normas es necesario realizar sendas capacitaciones encaminadas al conocimiento de los derechos humanos, la importancia del respeto de dichos derechos, como también, cómo actuar para evitar trasgredir dichos derechos. Para lo antes expuesto se requieren de los servicios de un profesional en materia de derechos humanos, el cual pueda ilustrar a los miembros de la fuerza pública que presta el servicio en el Municipio de Quibdó.
.- Se evidenció falta de coordinación entre el municipio— representado por el investigado— y la Policía y el Ejército Nacional para efectos de direccionar la necesidad de la capacitación, sobre lo cual los comandante de la Policía y del Ejército manifestaron que no recordaban nada.
.- Si bien por la modalidad de selección no se requería la comparación de ofertas, se debía, en aplicación del deber de selección objetiva, cotejar la oferta contra el mercado y con la necesidad diagnosticada.
.- Se desconoció el principio de transparencia en razón a que la contratación de prestación de servicios se sustenta en la experiencia, capacidad y cualidades del futuro contratista, que lo hacen idóneo para prestar el servicio, lo que no se ve en el caso cuestionado cuando el disciplinado no respetó los derechos de autor al no efectuar las citas pertinentes, lo que significa que no era idóneo para suscribir y ejecutar tal negocio jurídico.
.- En lo pertinente al análisis que soporte el valor del contrato conforme a los requerimientos del numeral 4° del artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 se tiene que el disciplinado hubiera podido advertir de las falencias que presentaban los estudios previos, por ello, se desconoce cuál es el sustento del valor de los honorarios a reconocerle.
.- No existe análisis en los estudios previos acerca de los riesgos previsibles ni se refiere cuáles son las garantías que debía constituir el contratista, por lo cual se considera que los estudios no fueron completos y serios para garantizar la escogencia objetiva del contratista.
En cuanto a la falta relativa al primer cargo se calificó como gravísima, cometida con culpa gravísima por desatención elemental al no haberse verificado por parte del disciplinado que la oficina jurídica había revisado la carpeta contractual.
Respecto del segundo cargo la falta se calificó como gravísima, a título de culpa grave por la inobservancia por parte del disciplinado del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones pues al suscribir el acta de liquidación del contrato no verificó que la oficina jurídica la hubiera revisado, para así constatar que el contratista no había cumplido con las obligaciones a su cargo.
En lo pertinente al tercer cargo, alusivo a la suscripción del acta de liquidación del contrato sin que contara con el respectivo registro presupuestal pues fue expedido con posterioridad, la delegada absolvió al disciplinado en consideración a que este no tuvo injerencia o función alguna en dicho trámite.
Definió la Delegada que la sanción a imponer conforme al criterio previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, por la infracción de varias disposiciones de la ley disciplinaria por parte del investigado, es la destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.
DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada del implicado sustentó el recurso de apelación, concisamente, bajo los siguientes argumentos:
1.- Respecto del primer cargo no se está de acuerdo pues si bien el contrato no tiene visto bueno de la oficina jurídica, se encuentra numerado, por lo cual se puede predicar, de buena fe, que fue revisado por dicha dependencia, pues no resulta lógico que se numere de manera mecánica y no se revise. Adicionalmente, los reproches hacen alusión a los estudios previos, los cuales fueron elaborados por un profesional en derecho, no obstante, se le atribuye al disciplinado que debió verificarlos con las normas pertinentes, lo que significaría ir en contra de los principios de la buena fe y de confianza, por lo que no existe fundamento para calificar la falta como gravísima y la forma de culpabilidad a título de culpa gravísima, soportado en una desatención elemental toda vez que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha referido con relación a dicho principio la inexistencia de responsabilidad cuando el hecho no ha sido provocado dolosamente o por la deficiencia en la vigilancia debida, lo cual no tuvo lugar por parte del señor [NOMBRE TACHADO], por lo que se solicita que se le absuelva de responsabilidad.
2.- El contrato fue producto de la coordinación entre entidades, pues no resulta lógico que en una estación de policía se permita el ingreso de personal ajeno a la misma con fines de capacitar servidores de esa entidad, si previamente no se ha concertado sobre el tema.
3.- El sargento Estrada manifestó con relación al documento en el cual obran unas firmas de quienes asistieron a la referida capacitación, que él lo firmó y que los demás que lo suscribieron eran servidores que pertenecían a su escuadrón, por lo cual no está bien que se hable de vulneración al principio de coordinación.
4.- El cargo imputado hizo alusión al perfil que debía cumplir el contratista en cuanto a tener especialización en derecho humanos, sin embargo, lo exigido era que fuese profesional en derecho, situación que correspondía verificar a quien elaboró los estudios previos.
5.- Con relación al contrato cuestionado se le reprocha al disciplinado no haber expedido la certificación exigida en el Decreto 1737 de 1998 sobre la no existencia de personal de planta que pudiera cumplir el objeto del contrato, situación sobre lo cual no puede concluir la delegada que dicho requerimiento, que es tan específico, debía ser conocido por este como ordenador del gasto, lo que sí puede inferirse de la Secretaría de Hacienda o de la Oficina Jurídica.
6.- El que el contratista no haya respetado los derechos de autor por no efectuar las citas pertinentes no constituye una obligación y, además, no implica que se pueda predicar que este no tenía la idoneidad, el conocimiento o la experiencia para dictar una charla en derechos humanos.
7.- En cuanto al valor del contrato dentro de los estudios previos se plasmó dicho requerimiento, por lo cual no hay razones para afirmar que no se escogió la oferta más favorable, pues adicionalmente, en este tipo de contratos no se requiere la comparación de ofertas.
8.- Referente a la inscripción del objeto del contrato en el banco de proyectos obra en el expediente prueba de que ello se cumplió antes de que tuviera lugar el pago del mismo.
9.- En lo alusivo a la suscripción del acta de liquidación del contrato, sin que existiera evidencia del cumplimiento del objeto contractual, ello no es de recibo, pues el secretario de Gobierno de Quibdó declaró que le dio certeza al señor [NOMBRE TACHADO] sobre el cumplimiento del contrato 0953 de 2011. Fue así que dicho servidor firmó el acta de liquidación, lo que obedeció a que obraba prueba en el expediente de que el señor García Maturana acudió a las instalaciones del Comando de Policía del Chocó a dictar la mencionada capacitación, como igualmente, reposaba la certificación suscrita por el comandante (sic), señor [NOMBRE TACHADO], de manera telefónica, de que se realizó capacitación a los miembros del Ejército Nacional.
10.- Refirió la Delegada que si bien es cierto no le era imposible al señor [NOMBRE TACHADO] realizar el seguimiento a dicho acuerdo y, que por ello designó un supervisor, no le era imposible y, en cambio, sí obligatorio revisar los documentos que soportaban el acta de liquidación, lo cual efectivamente se hizo pues reposa un registro fotográfico de los asistentes a la capacitación, así como, el respectivo listado y el informe del contratista. Por tanto, no puede afirmar la Delegada que el contrato no se cumplió pues el secretario de gobierno, que fungió como supervisor, así lo certificó, de donde se desconoce el principio de la buena fe.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 10 de octubre de 2016 se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, por lo que se libró el oficio n.° 843 del 10 octubre de 2016 a la apoderada con el fin de enterarla de la decisión, sobre lo cual se dejó constancia del 19 de octubre siguiente en cuanto a que no se recibieron alegatos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA
7.1. Competencia de la Sala Disciplinaria
Es competente la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación conforme al numeral 2° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 para conocer y resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada del disciplinado contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 1° de abril de 2016 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.
Se puntualiza que la resolución del recurso de apelación opera conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que comprende únicamente la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos.
Toda vez que el recurso de apelación fue presentado dentro de la oportunidad legal fue concedido dentro de la audiencia que se llevó a cabo el 1° de abril de 2016.
7.2. De la situación fáctica cuestionada
Fue objeto de hallazgo disciplinario por parte de la Contraloría General del Departamento del Chocó el contrato 953 del 29 de junio de 2011, sobre lo cual se destacó que no se cumplió a cabalidad el objeto pactado. Por lo anterior, una vez perfeccionadas las presentes diligencias por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal se detectaron otras inconsistencias tanto en la etapa precontractual, como en la ejecución y su liquidación.
Constituye así el objeto de esta investigación la suscripción del contrato N.° 953 del 29 de junio de 2011 entre [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Quibdó (Chocó) y el señor [NOMBRE TACHADO], con el fin de realizar dos ciclos de capacitación sobre derechos humanos a los integrantes de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional) por valor de $ 24.000.000, sobre lo cual concluyó la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que los estudios previos no especificaron los detalles del objeto contractual en lo pertinente a la duración de las capacitaciones, en dónde tendrían lugar, quiénes serían los asistentes, etc, a la vez, que no se verificó que con el personal de planta de la entidad se hubiese podido desarrollar el objeto contractual, así mismo, que no existen constancias de la capacitación brindada a los miembros del Ejército Nacional.
De igual manera, se reprochó el que el tema del contrato no se encontrara inscrito en el banco de proyectos, el que no se hubiera realizado un estudio de las variables que justificaban su valor y el que no se hubiesen evaluado los riesgos.
En lo que corresponde a la ejecución de dicho acuerdo, se censuró que el certificado de disponibilidad presupuestal no estuviera suscrito, la inexistencia de las actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones llevadas a cabo en la Policía y en el Ejército Nacional, como así mismo, el que no se respetaron los derechos de autor al no haber realizado el contratista las respectivas citas dentro del texto del tema materia de capacitación. Respecto a la liquidación, se reprochó el que se hubiera suscrito el acta de liquidación cuando no consta que el objeto se hubiera cumplido a cabalidad.
7.3. Decisión sobre los argumentos de apelación
Procede la Sala Disciplinaria a desarrollar los argumentos de apelación planteados por la defensa, de la siguiente manera:
1.- Dijo la defensa respecto del primer cargo que si bien no obra prueba de la radicación del contrato en la oficina jurídica y de su numeración en dicha dependencia, no se hizo lo pertinente para lograr copia del libro en donde constara dicha situación.
Tenemos que la primera instancia atribuyó al disciplinado en el primer cargo el haber omitido verificar, al momento de suscribir el contrato 953 de 2011, que se hubiera revisado por la Oficina Jurídica conforme a las competencias establecidas en la Alcaldía de Quibdó. Sin embargo, en la adecuación típica del auto de citación a audiencia, tal situación no fue recogida en una precisa disposición legal o reglamentaria ni explicada de manera concreta en el concepto de la violación, siendo que esta Sala Disciplinaria, de las muchas normas enunciadas en dicha imputación, no encuentra ninguna venga a lugar con relación a este tema.
En lo pertinente a la censura que se hizo por la Delegada de la falta de revisión de dicho acuerdo por parte de la oficina jurídica, conforme a las competencias funcionales, tenemos que aparece que este fue numerado, situación ante la cual, lo que se puede deducir por esta Sala, es que la minuta del contrato ingresó a dicha dependencia porque de no haber sido así no tendría la numeración, por tanto, lo lógico es que se recibió allí con tales fines, sin que se encuentre explicación del porqué no tenía al final de dicho texto las iniciales de quien lo verificó.
Sobre el particular se cuenta con la declaración rendida el 11 de febrero de 2016 por la doctora [NOMBRE TACHADO], que se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Quibdó, para la fecha de los hechos, quien dijo que una vez se proyectaba el contrato se allegaba a la oficina jurídica y se revisaba de principio a fin con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. Así mismo, cuando se le preguntó sí algún contrato era suscrito por el alcalde, sin que previamente fuera revisado por esa dependencia, expuso que no.
Se le indagó así mismo, qué área se encargaba de verificar que el contrato cumpliera con los requisitos de ejecución y a ello manifestó que lo hacía la secretaría a la cual le competía la actividad contratada. En cuanto a las garantías y al registro presupuestal indicó que se tramitaban en la Secretaría de Hacienda.
Expuso la señora Serna Mena que el contrato se registraba en el libro de la oficina jurídica al ingresar para su revisión, resultado de lo cual se estampaba el vo bo, o el nombre Martha S. en la minuta. Con relación a las actas de liquidación manifestó que no se revisaban en esa dependencia sino en la secretaría correspondiente.
Para esta instancia, ante la circunstancia de que dicho documento fue numerado resulta coherente deducir que ingresó a la oficina jurídica para ser revisado y luego numerado, pues no se comprende, que sí esta era la función, solo se haya registrado el número. No obstante, se determinó que no fue revisado, pero no se estableció la trazabilidad del documento.
Consta en la providencia de fallo que en el Manual de contratación de la Alcaldía de Quibdó, artículo primero, item 2.9. De la Unidad Jurídica, le correspondía, entre otros, revisar y numerar los contratos.
Se deduce entonces, que es viable asumir que el disciplinado entendió que sí el contrato estaba numerado, había sido revisado, siendo comprensible que no se haya detenido a verificar la existencia del visto bueno sobre el texto del contrato en razón de sus múltiples ocupaciones y de la confianza que tenía de que dicho trámite debió cumplirse conforme a la asignación de tareas a las diferentes dependencias de la alcaldía, por lo cual se deberá dar aplicación, en su favor, al principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 9° de la Ley 734 de 2002 y absolverlo de responsabilidad en lo pertinente.
Debe destacarse por esta instancia que la imputación legal del cargo primero tuvo sustento en el artículo 209 y numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política; numerales 7 y 8 del artículo 24 y numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007; artículos 3° y 82 del Decreto 2474 del 2008; artículo 3° del Decreto 1737 de 1998 y, Decreto municipal 507 de 2009 en el cual se establecen las funciones del alcalde de Quibdó.
En cuanto a la falta, fue calificada como gravísima, acorde con lo estipulado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cometida con culpa gravísima, por desatención elemental, de conformidad con las previsiones del artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
Sobre el particular, encuentra la Sala Disciplinaria inconsistencia al haber consignado la Delegada en el mismo cargo primero el desconocimiento de principios de la contratación respecto de algunas conductas y para otras faltas el incumplimiento de disposiciones constitucionales y reglamentarias (manual de funciones y de contratación), contentivas de deberes y obligaciones indeterminadas que requieren de remisión a otras normas que las complementen o delimiten para concretar la acción o la omisión endilgada.
Para el caso, en el folio 84 vuelto del cuaderno n.° 2 aparece el análisis que se hace de la imputación relativa al artículo 209 de la Constitución Política, se dice así, que dicha disposición fue trasgredida por el disciplinado al celebrar el mencionado contrato toda vez que no reposa en ninguna de las entidades involucradas constancia de requerimientos sobre la citada capacitación, lo que desconoció el deber de coordinación.
Adicionalmente en el fallo, respecto del primer cargo, se aludió al desconocimiento del manual de contratación para enfocarlo en la división de tareas que respecto del trámite de los contratos existía en la Alcaldía de Quibdó, concretamente, para la Oficina Jurídica, cuando dicha disposición reglamentaria no se trajo en referencia en el auto de cargos.
Así mismo, se relacionó en el auto de cargos y en el fallo que el certificado de disponibilidad presupuestal no se hallaba formalizado en el momento en que se suscribió el contrato, situación de la que, evidentemente, durante la investigación no se dio explicación valedera por parte del disciplinado, no obstante, en dichas providencias no se trajo en referencia la norma violada, que corresponde al artículo 25, numeral 6 de la Ley 80 de 1993, que prevé que se iniciaran los procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestas, disposición que debe ir en consonancia con las normativas presupuestales contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto sobre el tema.
Se materializan tales inconsistencias del fallo, con relación al primer cargo, en cuanto a la tipicidad, pues se define que la falta se concreta como gravísima con sustento en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por desconocimiento de los principios de la contratación estatal, dejando de lado las demás normas y situaciones fácticas que fueron relacionadas.
En dichas condiciones, por la forma en que fue imputado el cargo, que incluyó la trasgresión de los manuales de funciones y de contratación y de los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, situaciones que pueden constituir falta leve o grave según las circunstancias, de conformidad con los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, para efectos de la sanción estas corrieron la misma suerte de las faltas gravísimas.
2.- Indicó la defensa que los estudios previos fueron elaborados por un profesional en derecho y, que no obstante, se le atribuye al disciplinado—desconociendo así los principios de la buena fe y de confianza— que debió verificarlos con las normas pertinentes dada su experiencia en el desempeño de otros cargos.
Tenemos que la responsabilidad que se le deduce al disciplinado en el fallo recurrido respecto de los estudios previos hace alusión a que no confrontó que el objeto del contrato se ajustara, entre otros, a las exigencias de los artículos 24 numerales 7 y 8 de la Ley 80 de 1993 y 25 numerales 7 y 12 de la misma normatividad.
De la lectura de la cláusula primera del contrato 953 del 29 de junio de 2011 se lee textualmente: “El objeto de este contrato es prestar por parte del contratista los servicios de apoyo a la administración municipal mediante la realización de dos ciclos de capacitación a los integrantes de la fuerza pública (policía y ejército) sobre derechos humanos” y en la cláusula segunda— del alcance del objeto—, se tiene que se plasmó como compromiso a cargo del contratista realizar dos capacitaciones a miembros de la Policía Nacional y dos a servidores del Ejército, así como, todas aquellas actividades que a juicio de la administración se requirieran para el cabal logro de los objetivos.
La anterior situación, en los términos del numeral 7° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, del principio de transparencia, en cuanto a motivar en forma detallada y precisa los actos administrativos que se expidan durante la actividad contractual, como lo valoró la primera instancia, implica que respecto del objeto del contrato no se indicó en el contexto del mismo el número de horas que conformaban cada una de las capacitaciones, como tampoco se dijo a cuántos servidores se impartiría y dentro de qué rango o con qué formación académica, como igualmente, no se delimitó el tema por capacitar y, como consecuencia, dicha inconsistencia conllevó a que el proponente no hubiera valorado adecuadamente el alcance de lo requerido, como efectivamente ocurrió.
Por tanto, dicha falencia en lo que corresponde a la etapa contractual, que es la imputada al disciplinado con relación a la suscripción del contrato 953 del 29 de junio de 2011, se concreta para esta Sala Disciplinaria al contenido de la cláusula primera de dicho acuerdo, alusiva al objeto.
Al respecto se interrogó al señor [NOMBRE TACHADO], que se desempeñó como supervisor del citado contrato, sobre cómo se establecieron las condiciones para el cumplimiento del contrato en cuanto al lugar, la jornada y la temática, sobre lo cual manifestó que el tema quedó plasmado en el contrato y el lugar se concertó entre el contratista y los comandantes Bello y Jaramillo y, dado que él tenía muchas ocupaciones, delegó a un funcionario para que verificara la realización de dichas capacitaciones, sin que recuerde a quién, en razón a que tenía a su cargo entre 30 y 40 funcionarios.
Se le indagó al referido declarante si como supervisor del contrato le impartió instrucciones al contratista y a esto manifestó que se comunicó permanentemente con los servidores antes citados y con el funcionario que delegó para el efecto, pero que casi no tuvo contacto con el contratista, pues el lugar en donde se realizó la capacitación estaba a dos horas de Quibdó.
Se le preguntó también sí tuvo participación en la etapa precontractual del citado contrato, a lo cual expuso que participó en la elaboración de los estudios previos, lo que obedeció a la solicitud que hicieron el teniente Bello, de la Policía Nacional y el Mayor Jaramillo, mando del “Batallón Julio Londoño Londoño”, quienes solicitaron que en razón de las diferentes quejas de la ciudadanía se les capacitara en el tema de los derechos humanos.
Sobre el particular infiere la Sala Disciplinaria que respecto del objeto del contrato le resultaba diáfano al señor [NOMBRE TACHADO] observar las referidas inconsistencias y deducir que se ponía en riesgo el cumplimiento del objetivo propuesto con la contratación, a partir de lo cual ha debido cerciorarse que los miembros de la Policía y del Ejército Nacional que recibieran dicha capacitación quedaran lo suficientemente ilustrados en los temas de derechos humanos en los cuales presentaban falencias conforme a la necesidad evaluada. Por ello, aunque en virtud del principio de confianza el que los estudios previos se hubieran elaborado por un profesional del derecho le permitía entender al disciplinado que se encontraban acordes a la reglamentación antes referida, debió ser cuidadoso y, previo a la firma del contrato, revisar, cuando menos, la definición del objeto del contrato pues ello implicaba la eficacia de dichas capacitaciones.
Así las cosas, no acoge esta Sala Disciplinaria lo esbozado por la defensa referente a que en este tema no le asiste responsabilidad a su representado, pues lo que se observa es que dicho acuerdo no es complejo en su clausulado y, por ende, no le demandaba al disciplinado mayor análisis ni dedicación el verificar cómo se había detallado el objeto del contrato y su alcance, no obstante, no se deduce culpa gravísima por desatención elemental, sino culpa grave por la falta de cuidado que debió tener al momento de suscribir el contrato para verificar su clausulado, lo que le hubiera permitido evidenciar que no se ajustaba a los requerimientos legales en cuanto a detallar el objeto del contrato y realizar la adecuada descripción de la necesidad a satisfacer.
La degradación de la forma de culpabilidad en lo que a esto se refiere viene a lugar en consideración a que se entiende, de manera lógica, que como alcalde del Municipio de Quibdó eran muchas las cuestiones de las cuales el señor [NOMBRE TACHADO] debía estar al tanto, pues dicha población, además de ser la capital del departamento, como es ampliamente conocido, presenta muchas dificultades desde bastante tiempo atrás, las cuales el mandatario local debe atender, siendo unas más prioritarias que otras, entre ellas, el tema de la salud, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana, etc, agregado a la confianza que le brindaba el que los estudios estaban adecuados a las exigencias legales porque quien elaboró era un profesional del derecho.
3.- Del argumento de defensa alusivo a que, contrario a lo afirmado por la Delegada, hubo gestión previa a la celebración del contrato con relación al objeto del mismo y que ello no constituía letra muerta por el hecho de que en forma casi concomitante, con el inicio del desempeño del cargo por parte del Secretario de Gobierno del Chocó se hubiera suscrito el contrato, lo que le impidió tener conocimiento previo del tema, se encuentra lógico el planteamiento de la defensora pertinente a que de no haberse tratado el tema con anterioridad no hubiese sido factible que el contratista se presentara en las respectivas entidades a impartir la capacitación y, así mismo, que estas hubieran dispuesto que sus servidores asistieran a ella.
Además, para la Sala Disciplinaria no es coherente deducir que por el hecho de que el Secretario de Gobierno recién se hubiera posesionado cuando se suscribió el contrato, no se hubieran retomado los temas que en esa dependencia se estuvieran gestionando, dentro de ellos, el que fue objeto del contrato materia de esta investigación y que esto hubiera sido conocido por el señor [NOMBRE TACHADO], por lo cual no se evidencia responsabilidad de este último con relación a esto.
4.- En lo atinente a que no se valoró durante la fase precontractual de dicho acuerdo cuáles servidores de la Alcaldía de Quibdó podían haber impartido la referida capacitación en derechos humanos, argumentó la defensa que los cargos de la planta de la Alcaldía de Quibdó, que se traen en referencia por parte de la Procuraduría Delegada, cumplían unas precisas funciones y ello no implicaba que contaran con la disponibilidad de tiempo para ejecutar dicha actividad.
Al respecto, se evidencia que la imputación se concreta al hecho de que no obra constancia suscrita por el señor [NOMBRE TACHADO], como alcalde del Municipio de Quibdó, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1737 de 1998, de la inexistencia de personal suficiente para cumplir la actividad contratada, situación que contrario al argumento de defensa, para la Sala Disciplinaria no tiene explicación en razón a que aunque dicho mandatario no tuviera formación en derecho, sí debía estar al tanto de las exigencias legales para la formalidad de los contratos.
En el caso particular de los contratos de prestación de servicios, teniendo en cuenta que la precitada disposición prevé que dichos acuerdos de voluntades solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan, el disciplinado en cumplimiento del Decreto 1737 de 1998 debía acreditar para su suscripción la inexistencia de personal suficiente, sin que venga a lugar como justificación alegar el desconocimiento de esta previsión legal, toda vez que la Alcaldía de Quibdó contaba con la oficina jurídica, a la cual el alcalde [NOMBRE TACHADO] pudo acudir en consulta sobre el tema, el que por demás, en una actitud diligente y cuidadosa debía tener ya decantado, pues seguramente, no fue este el único contrato de esta naturaleza que había suscrito y, además, le era fácil al interior de su despacho impartir las instrucciones pertinentes para tener al alcance, en forma didáctica, los diferentes requisitos de formalización de los contratos.
5.- En lo que corresponde a la imputación que se hizo por el hecho de que el contratista no tenía especialización en el tema de los derecho humanos, como así mismo, por el valor que se pactó por el contrato, dijo la defensa que la convocatoria solo exigió que fuese profesional del derecho y, que además, tal situación debió ser verificada por quien elaboró los estudios previos, tema del cual la Sala Disciplinaria observa que en estos se requirió que la capacitación estuviera a cargo de un profesional en derechos humanos.
Para el caso, el contrato se celebró con el señor [NOMBRE TACHADO], de cuya hoja de vida no se observa que tenga especialización en materia de derechos humanos.
Se consignó en los estudios previos, en el capítulo pertinente a la descripción de la necesidad, que la Policía Nacional fue creada para satisfacer las necesidades de seguridad y tranquilidad pública y cumple su misión con el apoyo de las demás autoridades del departamento y de la comunidad en general, por lo que era deber del gobierno municipal poner en alto la labor de las instituciones, que como la Policía, cumplen con valor, lealtad, pulcritud y compromiso las funciones encomendadas, por lo que para el cumplimiento de tales objetivos se hacía necesario realizar sendas capacitaciones encaminadas al conocimiento de los derechos humanos, la importancia y el respeto de los mismos y el actuar para evitar transgredir dichos derechos.
Confrontados así la necesidad o justificación de la contratación, con la exigencia profesional de quien brindaría la capacitación, se evidencia que el tema por capacitar no resultaba complejo, pues debía circunscribirse a conocer qué son los derechos humanos, su importancia y respeto, así como, el prevenir su trasgresión por parte de las autoridades de policía, por lo que cualquier profesional del derecho estaba en condiciones de capacitar en el tema sin necesidad de contar con especialización en el tema, cuando además, como lo dijo la defensa, no consta en las diligencias que aquellos a quienes se les capacitó hayan expuesto su inconformidad por los conocimientos recibidos.
Reposa el testimonio de [NOMBRE TACHADO], que se desempeñó como supervisor del citado contrato, quien indicó que elaboró los estudios previos pertinentes y que dicho acuerdo se originó por la solicitud que hizo el mayor Jaramillo, miembro del batallón Julio Londoño, en razón de las múltiples quejas recibidas por el trato dado por los policiales a los ciudadanos con ocasión de sus actividades propias.
Se le interrogó al declarante cómo se estableció el perfil del capacitador y el valor de los honorarios y sobre ello refirió que se consideró que la capacitación debía darse por parte de un abogado en razón a que no se requería de mayor experticia, pues bastaba que se entendiera el tema. Agregó que el valor se estimó con sustento en otras capacitaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno, como igualmente, considerando el material empleado y el transporte requerido por el contratista.
Sobre este asunto entiende la Sala Disciplinaria que la circunstancia en referencia no reviste connotación pues no está demostrado que el hecho de que el contratista no fuera especialista en derechos humanos haya afectado la calidad de la capacitación recibida por la Policía Nacional. Adicional a esto, no se infiere responsabilidad en el tema por parte del entonces alcalde de Quibdó, señor [NOMBRE TACHADO], pues contrario a lo referido por la primera instancia, para esta Sala Disciplinaria no le asistía el deber de confrontar los estudios y el contexto del contrato, con las correspondientes disposiciones legales. Además, que en su condición de máxima autoridad del Municipio del Quibdó y, dadas sus múltiples ocupaciones, no contaba con la disponibilidad necesaria, para lo cual los diferentes tramites de la actividad contractual se ejecutaban en las distintas dependencias de la administración municipal, quienes en dado caso deben responder disciplinariamente por sus omisiones.
6.- Para terminar lo alusivo al primer cargo es del caso referirse a los análisis y documentos que debieron soportar los estudios previos, teniendo en cuenta que dicha imputación se sustentó en lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, numerales 1 a 7, que dichas gestiones precontractuales, funcionalmente, no le competían al señor [NOMBRE TACHADO] y estuvieron a cargo del entonces Secretario de Gobierno, respecto de quien en el auto de citación de citación a audiencia se dispuso la expedición de copias para la respectiva investigación ante la Procuraduría Regional del Chocó.
Es así, que se define la responsabilidad del señor [NOMBRE TACHADO], en lo que a esta imputación se refiere, en su falta de cuidado en verificar, por una parte, que la cláusula primera del objeto del contrato cuestionado, como ya se explicó, no estaba debidamente detallada y, por otra, en no aportar la constancia pertinente a la inexistencia de personal en la Alcaldía de Quibdó que pudiera cumplir con la actividad prevista en el objeto de dicho acuerdo.
7.- Sobre la suscripción del acta de liquidación del contrato sin que existiera evidencia del cumplimiento del objeto contractual, situación contenida en el segundo cargo, expuso la defensa que su representado firmó dicho documento en tanto se le dio la certeza por parte del supervisor de que el objeto contractual se había cumplido.
Al respecto reposa en las diligencias copia de la referida acta, la que fue suscrita el 9 de agosto de 2011 entre [NOMBRE TACHADO], en su condición de interventor, [NOMBRE TACHADO], como contratista y [NOMBRE TACHADO], como alcalde de Quibdó, con el objeto de llevar a cabo el balance y su entrega final. Se hace referencia allí a que el contrato se encuentra ejecutado en un 100% pues el servicio fue entregado por el contratista al municipio de Quibdó.
Así mismo, obra el informe de la capacitación brindada con ocasión del mencionado contrato, en cual se describe como objetivo el impulsar y promover mecanismos de protección de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales. Consigna dicho documento definiciones acerca de los derechos humanos, su clasificación, su evolución histórica, la evolución de su concepto, la declaración universal de los derechos humanos y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.
Para el caso, se solicitó al Comando de Policía del Departamento del Chocó que certificara sí el contrato de prestación de servicios 953 de 2011 contó con la participación de agentes de la Policía Nacional adscritos al mismo, sobre lo cual se informó que revisados los archivos de esa unidad no se evidenciaron soportes documentales que permitieran aseverarlo.
En lo alusivo reposa la declaración del coronel Luis Antonio Duarte Ravelo, que para la fecha de los hechos se desempeñaba como sub comandante de Policía del Departamento del Chocó, a quien se le puso de presente el oficio S-2012 005538,3.7.6.3.2.4-29, del 9 de mayo de 2012, suscrito por él y que obra en folios 4 a 7 del cuaderno n.° 1, quien manifestó que la firma que allí obra es la suya como comandante (e) de la Policía de Chocó.
Se le preguntó al señor Duarte Ravelo sobre lo allí informado, consistente en que no existían registros en ese departamento sobre la mencionada capacitación en derechos humanos, de lo cual dijo que lo consignado era cierto para la fecha en que se certificó, en cuanto a que para entonces no se encontraron tales registros, los cuales generalmente consistían en fotografías o videos.
Se le indagó así mismo, sí recordaba la fecha y la temática de la mencionada capacitación en derechos humanos, pues no obstante lo por él informado en el oficio en cuestión, en declaración el teniente Anibal estrada expuso que suscribió un listado de asistencia a una capacitación— el que se le puso de presente— en el cual no aparece el tema y la fecha, pero reconoció que las demás firmas que allí obraban eran de aquellos servidores que estaban a su cargo.
Al respecto el señor Duarte Ravelo manifestó que no recordaba nada, pero que lo cierto era que llegaban muchas capacitaciones al Comando y que los encargados de tales procesos eran quienes guardaban los registros, por lo que para el caso, de acuerdo al tema, el coordinador de derechos humanos de ese Departamento de Policía debió realizar tal gestión. A vez, indicó que existía la posibilidad de que se haya dictado dicha capacitación porque ese tema era imperioso.
Igualmente, se le interrogó sí conoció al teniente Bello en ese comando y respondió que sí, que según recordaba era el comandante de policía de Chocó y que pudo ser este quien coordinó tal capacitación.
Se le preguntó por la defensa en qué unidad se revisaron los archivos con el fin de ubicar la información pertinente a la mencionada capacitación, respecto de lo cual depuso que debería consultarse a quienes se encargaron de ubicar tal información en el comando del Departamento y en el comando de la estación.
En cuanto al teniente Anibal Estrada se le interrogó sí reconocía a las personas que aparecen en las fotografías que se le pusieron de presente y que reposan en esta actuación como sustento de la asistencia a las capacitaciones objeto del contrato 953 de 2011, sobre lo cual enunció que eran los miembros de su escuadra de vigilancia que asistieron a una capacitación que tuvo lugar en el club de la Policía del municipio de Quibdó en razón de la convocatoria que se realizó, de manera verbal, por la oficina de talento humano del distrito de Policía.
El teniente Anibal Estrada refirió que laboró de diciembre de 2010 hasta febrero de 2012 como jefe de una escuadra de vigilancia en el Departamento de Policía del Chocó. En lo que corresponde al registro de la asistencia a tales capacitaciones explicó que creía que tales reportes debieron quedar en el área de talento humano, sin que conozca más sobre el tema, pues lo procedente era que el listado reposara en la entidad que llevó a cabo la capacitación.
Así las cosas, no se cuenta con una constancia en la que repose el tema que en la Policía Nacional se trató con ocasión de la ejecución del contrato n.° 953 de 2011 y la fecha en que tuvo lugar tal capacitación, esto para dilucidar si se llevaron a cabo dos capacitaciones, sin embargo, la existencia del precitado listado indica que tal evento se desarrolló en parte, pues a pesar de que el entonces Comandante de Policía de Chocó no haya recordado el tema, lo cierto es, que el teniente Anibal estrada manifestó que tal lista fue suscrita por él y por los servidores que se hallaban a su cargo, por lo que para la Sala Disciplinaria dicho documento soporta lo referente a la capacitación de la Policía Nacional, más no indica que se hayan impartido allí las dos capacitaciones
En lo referente a la capacitación brindada a miembros del Ejército Nacional se tiene que al final del informe del contratista— que se adicionó al acta de liquidación—, se anotó que lo ejecutado respecto de la capacitación a los miembros de las fuerzas militares fue un encuentro familiar en el cual se les ilustró que la base de la sociedad colombiana es la familia, sobre lo cual observa la Sala Disciplinaria que contraviene lo pactado en la cláusula segunda del mencionado contrato, que definió el alcance del mismo en cuanto a que comprendía dos capacitaciones a miembros de la Policía y dos a miembros del Ejército, situación que fácilmente pudo ser percibida por el disciplinado, si hubiera obrado con el cuidado que cualquier persona del común tiene con sus asuntos.
Por lo expuesto, la Sala Disciplinaria encuentra que el señor [NOMBRE TACHADO] desconoció el principio de responsabilidad pues los fines estatales no se cumplieron, esto es, la capacitación de miembros de la fuerza pública en el tema de los derechos humanos con el propósito de disminuir las trasgresiones de dichos postulados por parte de estos servidores, pues el objeto del contrato 953 del 29 de junio de 2011 no se cumplió en su totalidad.
En estas condiciones, efectivamente, la falta debe ser calificada como gravísima, a título de culpa grave por desconocimiento del principio de responsabilidad, originada en la falta de cuidado del disciplinado en verificar que al acta de liquidación, que suscribió, se acompañaran las debidas constancias de cumplimiento del objeto contractual.
7.- Referente al tema de la suscripción del acta de liquidación sin que a la misma se hubieran anexado las correspondientes apropiaciones presupuestales, particularmente el registro presupuestal, lo que fue objeto de un tercer cargo, la primera instancia definió en la consideraciones del fallo que tal situación no es de responsabilidad del disciplinado y, por tanto, dio por no probado el cargo.
Sin embargo, en la parte resolutiva se definió lo correspondiente al primer y segundo cargo que se dieron por probados, no obstante, no se trató lo pertinente a la absolución que tuvo lugar con relación al tercer cargo.
Por tanto, teniendo en cuenta que esta Sala Disciplinaria, igualmente encuentra que al disciplinado no le asiste responsabilidad disciplinaria por tal imputación, conforme a lo evaluado de la declaración rendida por la señora [NOMBRE TACHADO], que para la fecha de los hechos se desempeñaba como jefe de presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Quibdó, toda vez que de sus explicaciones se deduce que el procedimiento de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales no era de competencia del despacho del alcalde de Quibdó, sino de la Oficina Administrativa y Financiera, ante la omisión de la Delegada se definirá este tema en la parte resolutiva de esta decisión.
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SU FORMA DE CULPABILIDAD
1.- Para el primer cargo la falta se califica en definitiva como gravísima por desconocimiento de los principios de transparencia y economía, cometida con culpa grave por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común hubiera tenido con sus propios asuntos.
Esto respecto de las exigencias que se debieron cumplir por el disciplinado al suscribir el contrato de prestación de servicios n.° 953 del 29 de junio de 2011 con relación a la definición o descripción del objeto contractual pues las falencias de las cuales se ha dado cuenta a lo largo de esta decisión conllevaron a que no se tenga precisión sobre la forma en que se cumplió dicho acuerdo y sí efectivamente la finalidad que se buscaba con esta contratación quedó plenamente satisfecha.
Así mismo, se denota falta de cuidado al no verificar el disciplinado que el contrato cuestionado contara con la certificación prevista en el Decreto 1737 de 1998, sobre inexistencia de personal en la entidad que pudiera cumplir con la actividad allí pactada.
2.- Para el segundo cargo la falta se define como gravísima por trasgresión del principio de responsabilidad, por haber suscrito el acta de liquidación sin estar demostrado que se cumplió a cabalidad el objeto del contrato. La culpabilidad, en definitiva, se valora a título de culpa grave pues se estima, como lo valoró la primera instancia, que el disciplinado al momento de suscribir tal documento, así contara con el aval del supervisor, debió tener el cuidado suficiente de verificar que a la misma se acompañaran las constancia de cumplimiento del contrato.
DE LA SANCIÓN A IMPONER
Teniendo en cuenta que en definitiva las faltas, que taxativamente están definidas como gravísimas, son valoradas con culpa grave, con sustento en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en sede de culpabilidad, se degradan a falta grave, la sanción a imponer en los términos del artículo 44 numeral 3° de la misma normatividad es la suspensión en el ejercicio del cargo.
Para efectos de determinar el término de la suspensión se deben tener en cuenta los criterios que de acuerdo con el artículo 43 tienen aplicación para graduar la sanción, de los cuales se determinan como procedente el previsto en el literal i), referente al conocimiento de la ilicitud, en tanto el señor [NOMBRE TACHADO], como alcalde de Quibdó y máxima autoridad del municipio, conocía que el no acatar las leyes y decretos constituye falta disciplinaria, sobre lo cual no tuvo el cuidado suficiente para prevenir con relación al mencionado contrato que se acataran las disposiciones legales pertinentes a la justificación de la contratación y a que los actos que se expidieron en desarrollo de la misma contaran con la debida motivación, como así mismo, para verificar que dicho acuerdo contara con la certificación estipulada en el Decreto 1737 de 1998 y que el acta de liquidación estuviera debidamente soportada en lo pertinente al cumplimiento del objeto.
En consecuencia, de conformidad con el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 la sanción a imponer al señor [NOMBRE TACHADO] suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, la cual se convertirá en salarios devengados para la fecha de los hechos toda vez que no se encuentra en ejercicio del cargo.
En mérito de lo expuesto la Sala Disciplinaria, de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus atribuciones legales,
RESUELVE
PRIMERO.- Modificar el numeral primero del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se declaró probado el primer cargo imputado al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó y, en consecuencia, responsable de las conductas investigadas y, en su lugar, declarar probado parcialmente el cargo y, por tanto, determinar que la responsabilidad del disciplinado viene a lugar por lo siguiente: i). por la suscripción del contrato 953 del 29 de junio de 2011 sin verificar que en la cláusula primera, del objeto contractual, este no se detalló conforme a las exigencias del numeral 7° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ii). por no haberse allegado al contrato la certificación prevista en el Decreto 1737 de 1998 y iii). Por suscribir el acta de liquidación sin verificar que esta contara con las certificaciones pertinentes al cumplimiento del objeto del contrato.
PARAGRAFO. Respecto de las demás imputaciones efectuadas en dicho cargo se absuelve al disciplinado de responsabilidad disciplinaria de conformidad con lo esbozado en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Confirmar el numeral segundo del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (16) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se declaró probado el segundo cargo imputado al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó.
TERCERO: Modificar el numeral tercero del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (16) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se sancionó al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años, para en su lugar imponer la sanción de suspensión por el término de tres (3) meses en el ejercicio del cargo, la cual, de conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 se convertirá en salarios de los devengados por el disciplinado para la fecha de los hechos teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejercicio del cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: Absolver de responsabilidad disciplinaria al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó en lo pertinente al cargo tercero a el imputado, de acuerdo con lo enunciado en la parte motiva de esta decisión.
QUINTO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria notificar personalmente de esta decisión al disciplinado y a su defensora advirtiéndoles que contra la misma no procede ningún recurso.
SEXTO: Concluido lo anterior devolver esta actuación a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal para los fines pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JAIME MEJÍA OSSMAN
Procurador Primero Delegado
Presidente
ANDRES MUTIS VANEGAS
Procurador Segundo Delegado
Expediente 161-6461 – IUS 2012- 468994 – IUC- D -2015-58-575117
AMV/mlgg