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titulo: "EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: se indicó que en el informe del contratista no se enunciaron las circunstancias de tiempo"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2018-02-27"
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# EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: se indicó que en el informe del contratista no se enunciaron las circunstancias de tiempo

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-02-27
- **Radicado:** IUS 2012-468994
- **Número:** 201810221738270.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201810221738270.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Contrato de prestacion de prestacion de servicios: Incumplimiento del objeto contractual
- Competencia de la segunda instancia: Comprende la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos/COMPETENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA-Regulación legal
- Estudios previos: El objeto pactado no se cumplió a cabalidad
- Ejecucion del contrato estatal: Se censuró que el certificado de disponibilidad presupuestal no estuviera suscrito/ EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Inexistencia de actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones realizadas en la Policía y en el Ejército Nacional/EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-No se respetaron los derechos de autor al no haber realizado el contratista las respectivas citas dentro del texto del tema materia de capacitación

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Decreto Ley 262 de 2000
- Ley 1474 de 2011

## Extracto

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Se censuró que el certificado de disponibilidad presupuestal no estuviera suscrito/ EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Inexistencia de actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones realizadas en la Policía y en el Ejército Nacional/EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-No se respetaron los derechos de autor al no haber realizado el contratista las respectivas citas dentro del texto del tema materia de capacitación Celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios n.° 953 de 2011 con desconocimiento del principio de planeación y del deber de selección objetiva En consecuencia, el disciplinado pudo con el comportamiento antes descrito incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con desconocimiento del principio de economía que regula la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL, Inexistencia de actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones realizadas en la policía y en el ejército nacional

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## Texto del documento

CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS-Incumplimiento del objeto contractual
COMPETENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA-Comprende la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos/COMPETENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA-Regulación legal
Se puntualiza que la resolución del recurso de apelación opera conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que comprende únicamente la revisión de los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados a estos.
ESTUDIOS PREVIOS- El objeto pactado no se cumplió a cabalidad
Concluyó la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que los estudios previos no especificaron los detalles del objeto contractual en lo pertinente a la duración de las capacitaciones, en dónde tendrían lugar, quiénes serían los asistentes, etc, a la vez, que no se verificó que con el personal de planta de la entidad se hubiese podido desarrollar el objeto contractual, así mismo, que no existen constancias de la capacitación brindada a los miembros del Ejército Nacional.
EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Se censuró que el certificado de disponibilidad presupuestal no estuviera suscrito/ EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Inexistencia de actas que demostraran la totalidad de las capacitaciones realizadas en la Policía y en el Ejército Nacional/EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-No se respetaron los derechos de autor al no haber realizado el contratista las respectivas citas dentro del texto del tema materia de capacitación
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Se reprochó el que se hubiera suscrito el acta de liquidación cuando no consta que el objeto se hubiera cumplido a cabalidad
CULPA GRAVISIMA-Por desatención elemental
CULPA GRAVE-Por la falta de cuidado
Que debió tener al momento de suscribir el contrato para verificar su clausulado lo que le hubiera permitido evidenciar que no se ajustaba a los requerimientos legales en cuanto a detallar el objeto del contrato y realizar la adecuada descripción de la necesidad a satisface
CALIFICACION DE LA FALTA-Gravísima por desconocimiento de los principios de transparencia/CALIFICACION DE LA FALTA-Gravísima por trasgresión del principio de responsabilidad, por haber suscrito el acta de liquidación sin estar demostrado que se cumplió a cabalidad el objeto del contrato
CULPABILIDAD-Con culpa grave por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común hubiera tenido con sus propios asuntos.
La culpabilidad, en definitiva, se valora a título de culpa grave pues se estima, como lo valoró la primera instancia, que el disciplinado al momento de suscribir tal documento, así contara con el aval del supervisor, debió tener el cuidado suficiente de verificar que a la misma se acompañaran las constancias de cumplimiento del contrato.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Aprobado en Acta de Sala nro. 11
Radicación No:
161-6461 – IUS 2012-468994 – IUC 2015-58-575117
Disciplinado:
[NOMBRE TACHADO]
Cargo y entidad:
Alcalde - Alcaldía de Quibdó
Quejoso:
De oficio
Fecha queja:
17 de septiembre de 2012
Hechos
Celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios n.° 953 de 2011 con desconocimiento del principio de planeación y del deber de selección objetiva
Fecha hechos:
29 de junio de 2011
Asunto:
Decide recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.
P.D PONENTE: Dr. [NOMBRE TACHADO] TRATAR
La Sala Disciplinaria con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 4°, del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada del disciplinado contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 1° de abril de 2016 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.
HECHOS
El Contralor General del Departamento del Chocó mediante comunicación del 17 de septiembre de 2012 informó al Procurador Regional de ese departamento, entre otros hallazgos con connotación disciplinaria, el relativo al contrato de prestación de servicios de apoyo a la administración municipal, N.° 953 del 29 de junio de 2011, celebrado entre [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Quibdó (Chocó) y el señor [NOMBRE TACHADO], con el objeto de realizar dos ciclos de capacitación sobre derechos humanos a los integrantes de la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional), por valor de $ 24.000.000.
Se dijo en el citado hallazgo que respecto de dicho contrato se observó incumplimiento del objeto contractual toda vez que en su cláusula segunda se estableció que el contratista debía realizar cuando menos 1 a 2 capacitaciones a miembros de la Policía Nacional y 2 a servidores del Ejército Nacional, sobre lo cual se evidenció que obran dos documentos que relacionan los nombres, cédulas y firmas de quienes participaron en las capacitaciones que se hicieron a 38 miembros de la Policía, sin que repose ninguna respecto del Ejército.
Se indicó que pese a que en dicho informe obra registro fotográfico, no hay constancia de los asistentes a dichas capacitaciones y, sin embargo, la administración pagó el valor total del contrato, sobre lo cual el mayor William Suárez Caicedo, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería n.° 12 reportó que se solicitó información a la sección jurídica de esa entidad, en donde manifestaron que no asistieron a ninguna capacitación en el tema de derechos humanos, lo cual constituye una presunta violación al principio de eficiencia.
TRÁMITE PROCESAL
3.1. Indagación preliminar
Por los hechos en referencia a través de auto del 2 de octubre de 2014 la Procuraduría Regional del Chocó ordenó indagación preliminar en contra del señor [NOMBRE TACHADO].
3.2. De la remisión por competencia
La Procuraduría Regional del Chocó través de providencia del 25 de agosto de 2015 remitió las diligencias, por competencia, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto), las que fueron asignadas a la primera de estas delegadas, que a su vez las envió, por competencia, mediante proveído del 8 de octubre siguiente a las delegadas para la contratación estatal (reparto), por lo que correspondió a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal conocer de este asunto.
3.3. Auto de citación a audiencia
Por medio de providencia del 25 de enero de 2016 la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso adecuar las diligencias al procedimiento verbal y citar a audiencia al señor [NOMBRE TACHADO] con sustento en el inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, al determinarse que existían suficientes elementos de prueba que podían comprometer su responsabilidad, por lo cual se le imputaron los siguientes tres cargos:
Primer cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual al celebrar el contrato de prestación de servicios n.° 953 del 29 de junio de 2011, por valor de $ 24.000.000, suscrito (sic) con el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía n.° 11.814.775 de Quibdó, con el objeto de apoyo a la administración mediante la realización de dos (2) ciclos de capacitación a los integrantes de la fuerza pública (Policía y Ejército) sobre derechos humanos, con presunta violación de los deberes de selección objetiva y de planeación, lo que podría haber vulnerado los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal.
Como normas trasgredidas se relacionaron los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, 24 y 25 de la Ley 80 de 1993, 5° de la Ley 1150 de 2007, 3 y 82 del Decreto 2474 de 2008, 3° del Decreto 1737 de 1998 y numerales 2, 9 y 15 del Decreto Municipal 507 de 2009 – del manual de funciones del Alcalde de Quibdó.
Sobre el desconocimiento de los principios de transparencia y de economía se explicó que se pudieron haber vulnerado en razón a que al suscribir el mencionado contrato no estableció el perfil del contratista conforme a lo requerido por la entidad en lo pertinente a los títulos, los conocimientos y la experiencia, pues ni en los estudios previos ni en el contrato se precisaron los factores de escogencia con el fin de seleccionar la oferta más favorable.
La falta se evaluó como gravísima conforme con lo estipulado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La forma de culpabilidad fue calificada con culpa gravísima por desatención elemental al no realizar el disciplinado lo que le resultaba obvio e imprescindible, esto es: análisis de la necesidad, justificación de la modalidad de la contratación, descripción del objeto a contratar, análisis del mercado, justificación del valor a pagar y la idoneidad del contratista.
Segundo cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual del negocio jurídico n.° 953 de 2011 al suscribir el acta de liquidación final el 9 de agosto de 2010 sin que existiera evidencia del cumplimiento del objeto contractual, por lo cual, al parecer, no buscó el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, con lo cual posiblemente trasgredió el principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993.
Como normas trasgredidas se enunciaron las siguientes: artículos 2° y 315 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002 y 4, 3 y 26 numeral 1° de la Ley 80 de 1993.
Se indicó que en el informe del contratista no se enunciaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten la ejecución del contrato, pues solo se allegó un registro fotográfico que no tiene referencia temporal para establecer la fecha de tales capacitaciones.
La falta se calificó como gravísima al tenor del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por desconocimiento del principio de responsabilidad. La forma de culpabilidad se valoró con culpa grave, por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Tercer cargo: el señor [NOMBRE TACHADO] participó en la actividad contractual del negocio jurídico n.° 953 de 2011 al suscribir el acta de liquidación final el 9 de agosto de 2010 y al ordenar el pago del contrato mediante la Resolución n.° 3692 del 2 de noviembre de 2011, sin contar con todos los documentos, requisitos y apropiaciones presupuestales necesarios para la ejecución del objeto de contractual, trasgrediendo, al parecer, el principio de economía de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el disciplinado pudo con el comportamiento antes descrito incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con desconocimiento del principio de economía que regula la contratación estatal.
Las normas violadas tuvieron sustento en los artículos 315 numerales 1 y 3 de la Constitución Política, 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, 25 numeral 13 y 41 inciso segundo de la Ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996.
La falta se calificó como gravísima, a título de culpa gravísima por la desatención elemental al no solicitar el disciplinado al momento de liquidar el contrato la documentación que demostrara su cumplimiento y, no obstante, se dio por ejecutado y liquidado.
DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Brevemente se reseñaran los planteamientos contenidos en el fallo de primera instancia respecto del disciplinado, bajo el siguiente contexto:
.- El contrato n.° 953 de 2011 fue suscrito por contratación directa, por un valor de $ 24.000.000.oo, por lo que de acuerdo con el manual de contratación del Municipio de Quibdó, numeral 2.9, a la unidad jurídica de esa entidad le correspondía aprobarlo teniendo en cuenta que allí se estipuló que todos los actos jurídicos de orden contractual, de esa administración, que superaran los quince (15) salarios mínimos mensuales debían surtir tal trámite en esa dependencia, sin embargo no ocurrió así conforme se evidencia del texto del contrato , que no cuenta con el visto bueno de jurídica, sino del secretario de gobierno municipal, señor [NOMBRE TACHADO].
.- Lo anterior es corroborado con el testimonio la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Quibdó, para la época de los hechos, quien expuso que una vez proyectado el contrato era revisado en su integridad por esa dependencia para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, luego de lo cual se expedía un oficio o se consignaba un visto bueno en el texto del acuerdo.
.- En testimonio el señor Vivas Lloreda expuso que la revisión que surtió dicho acuerdo en la dependencia a su cargo se circunscribió al tema de la viabilidad de la contratación derivada de los compromisos establecidos con la fuerza pública en el marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Indicó igualmente, que el perfil del capacitador se estableció bajo el entendido que un abogado podía explicar el tema de derechos humanos, sin que fuera necesario que tuviera mayor expertic

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

que de sus explicaciones se deduce que el procedimiento de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales no era de competencia del despacho del alcalde de Quibdó, sino de la Oficina Administrativa y Financiera, ante la omisión de la Delegada se definirá este tema en la parte resolutiva de esta decisión.
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SU FORMA DE CULPABILIDAD
1.- Para el primer cargo la falta se califica en definitiva como gravísima por desconocimiento de los principios de transparencia y economía, cometida con culpa grave por la falta del cuidado necesario que cualquier persona del común hubiera tenido con sus propios asuntos.
Esto respecto de las exigencias que se debieron cumplir por el disciplinado al suscribir el contrato de prestación de servicios n.° 953 del 29 de junio de 2011 con relación a la definición o descripción del objeto contractual pues las falencias de las cuales se ha dado cuenta a lo largo de esta decisión conllevaron a que no se tenga precisión sobre la forma en que se cumplió dicho acuerdo y sí efectivamente la finalidad que se buscaba con esta contratación quedó plenamente satisfecha.
Así mismo, se denota falta de cuidado al no verificar el disciplinado que el contrato cuestionado contara con la certificación prevista en el Decreto 1737 de 1998, sobre inexistencia de personal en la entidad que pudiera cumplir con la actividad allí pactada.
2.- Para el segundo cargo la falta se define como gravísima por trasgresión del principio de responsabilidad, por haber suscrito el acta de liquidación sin estar demostrado que se cumplió a cabalidad el objeto del contrato. La culpabilidad, en definitiva, se valora a título de culpa grave pues se estima, como lo valoró la primera instancia, que el disciplinado al momento de suscribir tal documento, así contara con el aval del supervisor, debió tener el cuidado suficiente de verificar que a la misma se acompañaran las constancia de cumplimiento del contrato.
DE LA SANCIÓN A IMPONER
Teniendo en cuenta que en definitiva las faltas, que taxativamente están definidas como gravísimas, son valoradas con culpa grave, con sustento en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en sede de culpabilidad, se degradan a falta grave, la sanción a imponer en los términos del artículo 44 numeral 3° de la misma normatividad es la suspensión en el ejercicio del cargo.
Para efectos de determinar el término de la suspensión se deben tener en cuenta los criterios que de acuerdo con el artículo 43 tienen aplicación para graduar la sanción, de los cuales se determinan como procedente el previsto en el literal i), referente al conocimiento de la ilicitud, en tanto el señor [NOMBRE TACHADO], como alcalde de Quibdó y máxima autoridad del municipio, conocía que el no acatar las leyes y decretos constituye falta disciplinaria, sobre lo cual no tuvo el cuidado suficiente para prevenir con relación al mencionado contrato que se acataran las disposiciones legales pertinentes a la justificación de la contratación y a que los actos que se expidieron en desarrollo de la misma contaran con la debida motivación, como así mismo, para verificar que dicho acuerdo contara con la certificación estipulada en el Decreto 1737 de 1998 y que el acta de liquidación estuviera debidamente soportada en lo pertinente al cumplimiento del objeto.
En consecuencia, de conformidad con el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 la sanción a imponer al señor [NOMBRE TACHADO] suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, la cual se convertirá en salarios devengados para la fecha de los hechos toda vez que no se encuentra en ejercicio del cargo.
En mérito de lo expuesto la Sala Disciplinaria, de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus atribuciones legales,
RESUELVE
PRIMERO.- Modificar el numeral primero del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (2016) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se declaró probado el primer cargo imputado al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó y, en consecuencia, responsable de las conductas investigadas y, en su lugar, declarar probado parcialmente el cargo y, por tanto, determinar que la responsabilidad del disciplinado viene a lugar por lo siguiente: i). por la suscripción del contrato 953 del 29 de junio de 2011 sin verificar que en la cláusula primera, del objeto contractual, este no se detalló conforme a las exigencias del numeral 7° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ii). por no haberse allegado al contrato la certificación prevista en el Decreto 1737 de 1998 y iii). Por suscribir el acta de liquidación sin verificar que esta contara con las certificaciones pertinentes al cumplimiento del objeto del contrato.
PARAGRAFO. Respecto de las demás imputaciones efectuadas en dicho cargo se absuelve al disciplinado de responsabilidad disciplinaria de conformidad con lo esbozado en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Confirmar el numeral segundo del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (16) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se declaró probado el segundo cargo imputado al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó.
TERCERO: Modificar el numeral tercero del fallo de primera instancia proferido el primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (16) por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por el cual se sancionó al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años, para en su lugar imponer la sanción de suspensión por el término de tres (3) meses en el ejercicio del cargo, la cual, de conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 se convertirá en salarios de los devengados por el disciplinado para la fecha de los hechos teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejercicio del cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: Absolver de responsabilidad disciplinaria al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde del Municipio de Quibdó en lo pertinente al cargo tercero a el imputado, de acuerdo con lo enunciado en la parte motiva de esta decisión.
QUINTO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria notificar personalmente de esta decisión al disciplinado y a su defensora advirtiéndoles que contra la misma no procede ningún recurso.
SEXTO: Concluido lo anterior devolver esta actuación a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal para los fines pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JAIME MEJÍA OSSMAN
Procurador Primero Delegado
Presidente
ANDRES MUTIS VANEGAS
Procurador Segundo Delegado
Expediente 161-6461 – IUS 2012- 468994 – IUC- D -2015-58-575117
AMV/mlgg

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL. 2018-02-27. Rad. IUS 2012-468994. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201810221738270.DOCX).
