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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC996-2024
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
(Aprobado en sesión de dos de mayo dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Yamile Piñeres de Carranza, Kimberlly
Annette Carranza Piñeres y Víctor Ernesto Carranza Piñeres
-quienes actúan como sucesores procesales del fallecido
Víctor Ernesto Carranza Carranza-, frente la sentencia
proferida el 26 de julio de 2022 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil, dentro del proceso de
«restitución de bienes distraídos o sustraídos del haber de la sociedad
conyugal conformada por María Blanca Carranza de Carranza y Víctor
Manuel Carranza Niño», que promovió Ginna Juliana Carranza
Aguirre contra María Blanca Carranza de Carranza, Luz Mery
Carranza Carranza, Hollman Carranza Carranza, Víctor
Ernesto Carranza Carranza y Felipe Andrés Carranza
Carranza.
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I.- ANTECEDENTES
1. La parte actora solicitó,1 como pretensiones
principales, declarar: (i) Que María Blanca Carranza de
Carranza, en su propio nombre y como cónyuge supérstite
de Víctor Manuel Carranza Niño, Luz Mery Carranza
Carranza, Hollman Carranza Carranza, Víctor Ernesto
Carranza Carranza y Felipe Andrés Carranza Carranza, como
hijos del causante, para reducir la masa social y, por ende,
la herencia, transfirieron dolosamente los bienes
relacionados en la demanda; (ii) La pérdida de los derechos
de los demandados sobre los bienes sustraídos. (iii) En
consecuencia, se les condene a restituir al haber de la
sociedad conyugal el doble del valor comercial de tales
bienes; que se ordene la cancelación de los respectivos
registros inmobiliarios y las cesiones sobre las acciones y
cuotas de interés, registradas en las correspondientes
cámaras de comercio y sociedades.
En forma subsidiaria, pidió: (i) Declarar que, con
ocasión de varias transferencias realizadas, la masa social y
la herencia sufrió lesión enorme, en detrimento de la
demandante y demás herederos de Víctor Manuel Carranza
Niño. (ii) En consecuencia, se ordene a los convocados a
restituir, en favor de la sociedad conyugal y la masa de la
sucesión, todos los bienes relacionados en las escriturales
descritas en la demanda; que, en caso de que los
demandados se allanen a la rescisión, deberán completar el
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justo precio comercial de esos bienes, en favor de la sociedad
conyugal y de la masa hereditaria; que se ordene la
cancelación de los respectivos registros inmobiliarios y las
cesiones sobre las acciones y cuotas de interés, registradas
en las correspondientes cámaras de comercio y sociedades.
Para respaldar sus pedimentos, manifestó:
El 22 de junio de 1975, Víctor Manuel Carranza Niño y
María Blanca Carranza contrajeron matrimonio católico,
unión en la que procrearon a Víctor Ernesto Carranza
Carranza, Luz Mery Carranza Carranza, Hollman Carranza
Carranza, Jorge Arturo Carranza Carranza y Felipe Andrés
Carranza Carranza.
El 4 de abril de 2013, falleció el mencionado esposo y
padre, disolviéndose la sociedad conyugal, pero en su
vigencia se adquirieron varios bienes, relacionados en la
demanda, que deben ser tenidos en cuenta para el inventario
del activo social y que conforman la masa relicta; bienes que,
hasta el momento, se han localizado, por no tener el dominio
sobre los activos, debido a que su administración y tenencia
están en cabeza de María Blanca Carranza de Carranza y de
sus hijos.
María Blanca Carranza de Carranza y sus hijos
demandaron la apertura de la sucesión del causante, pero,
mediante cesiones y fideicomiso civil, sustrajeron los bienes
que hacían parte del haber conyugal.
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En diferentes escrituras públicas otorgadas en el año
2013, María Blanca Carranza de Carranza, con un valor muy
inferior al comercial, cedió a sus hijos Luz Mery, Hollman,
Víctor Ernesto y Felipe Carranza Carranza: (i) 55.000
acciones de la Ganadería Brisas de Agualinda SCA, por
$1.100.000.000; (ii) Cuotas o partes de interés en la
Empresa Hotelera y Turística del Llano Ltda. Hotel del Llano,
por $29.020.000; (iii) 300.000 cuotas o partes de interés de
la Operadora Turística Lord Pierre Ltda, por $300.000.000;
(iv) 20.000 cuotas o partes de interés de la Ganadería La
Cristalina Ltda., por $20.000.000; (v) 400.000 acciones de
Calizas del Llano «Callanos» SA, por $400.000.000. (vi)
Constituyó a favor de sus hijos un fideicomiso civil sobre los
inmuebles: La Esmeralda, Las Quebradas, El Volcán, El
Diamante, San Mauricio, La Iberia, Ganadería Nare – predio
Santa Teresita, Santa Cecilia, San Francisco y El Bosque,
bienes que superan los $60.000.000.000.
En todas esas operaciones no hubo intención de
enajenar, ya que tuvieron por causa sustraer y ocultar los
bienes de la masa sucesoral, porque los valores fueron
ficticios, los pagos no ingresaron al haber de la sociedad
conyugal y la señora Carranza de Carranza siguió con la
administración de los mismos.
La sustracción de bienes advertida perjudicó a Iliana
Catalina Carranza, Viviana Andrea Carranza Rubio, Ginna
Juliana Carranza Aguirre y a Jorge Arturo Carranza
Carranza.
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2. Notificado el auto admisorio de la demanda, se
obtuvieron estos pronunciamientos2:
(i) Felipe Andrés Carranza Carranza refutó las
aspiraciones de la actora, proponiendo las excepciones que
denominó «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INCOADA POR LA PARTE
ACTORA», «AUSENCIA DE DOLO Y/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS»
y «DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES OFICIOSAS».
(ii) Hollman Carranza, al contestar la demanda, formuló
las exceptivas que tituló «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
INCOADA POR LA PARTE ACTORA», «AUSENCIA DE DOLO Y/O FRAUDE
DE LOS DEMANDADOS» y «DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES
OFICIOSAS».
(iii) María Blanca Carranza de Carranza resistió las
súplicas de la demandante, planteando las defensas que
denominó «INEXISTENCIA DE LAS SUSTRACCIÓN DE BIENES
SUCESORALES», «INEXISTENCIA DE OCULTAMIENTO DE BIENES»,
«INEXISTENCIA DE DISTRACCIÓN DE BIENES», «AUSENCIA DE CAUSA»,
«AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA», «AUSENCIA DE DOLO»,
«BUENA FE», y «EXCPECIÓN GENÉRICA».
(iv) Yamile Piñeres Leal, Kimberly Carranza Piñeres y
Víctor Ernesto Carranza Piñeres, como herederos legítimos
de Víctor Ernesto Carranza Carranza, se opusieron a las
pretensiones de la demanda y propusieron las excepciones
que rotularon «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y AUSENCIA DE
DOLO Y/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS», «BUENA FE», «CAUSA
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LÍCITA» y «EXCEPCIÓN GENÉRICA».
(v) El Curador Ad litem de los «DEMANDADOS
EMPLAZADOS» manifestó no rechazar ni admitir los hechos,
por su desconocimiento de algunos, y sobre las pretensiones
no se opuso a su prosperidad, salvo que concurriera una de
las excepciones consagradas en el artículo 306 del Código de
Procedimiento Civil.
3. El a quo, en sentencia dictada el 28 de junio de
2021,3 desestimó las excepciones propuestas por los
demandados y declaró que María Blanca Carranza de
Carranza, Hollman, Felipe y Luz Mery Carranza Carranza y
Yamile Piñeres Leal, Kimberly Annette y Víctor Ernesto
Carranza Piñeres, en calidad de herederos determinados de
Víctor Ernesto Carranza Carranza, ocultaron y/o distrajeron
dolosamente de la sociedad conyugal existente entre la
primera de las mencionadas y Víctor Manuel Carranza Niño
las siguientes acciones o cuotas de participación: Ganadería
Brisas de Agualinda SCA (55000), Empresa Hotelera y
Turística del Llano Ltda. Hotel del Llano (1451), Operadora
Turística Lord Pierre (300000), Ganadería La Cristalina Ltda.
(20000), Calizas de Llano S.A. "Callanos S.A. (400000); y los
siguientes inmuebles: Lote La Esmeralda-casalote (154-
27273 Chocontá), Lote Las Quebradas (154-14049
Chocontá), Lote El Volcán (154-24725 Chocontá), Lote El
Diamante (154-10738 Chocontá), Lote El Bosque (176-32601
Zipaquirá), Lote San Mauricio (176-32602 Zipaquirá), Lote
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Ganadería Nare (176-38793 Zipaquirá), Lote Santa Cecilia
(176-15274 Zipaquirá), Lote San Francisco (154-5348
Chocontá) y Lote La Iberia (154-3568 Chocontá).
También, condenó a María Blanca Carranza de
Carranza, Hollman, Felipe y Luz Mery Carranza Carranza y
Yamile Piñeres Leal, Kimberly Annette y Víctor Ernesto
Carranza Piñeres, en calidad de herederos determinados de
Víctor Ernesto Carranza Carranza, a reintegrar al haber de
la sociedad conyugal de Víctor Manuel Carranza Niño y María
Blanca Carranza de Carranza las referidas acciones o cuotas
de participación y los referidos inmuebles, debidamente
doblados, como lo exige el canon 1824 del CC; además de a
perder los derechos herenciales que tuvieren en dichos
bienes, lo que deberá ser tenido en cuenta al momento de
efectuarse la partida adicional a la sucesión del señor
Carranza Niño.
Asimismo, ordenó cancelar las anotaciones que figuren
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de
Chocontá y Zipaquirá sobre el contrato de fideicomiso civil,
respecto de los bienes mencionados; y las anotaciones que
aparezcan en los certificados de existencia y representación
legal de las aludidas sociedades, referentes a la cesión de
cuotas o acciones.
4. El ad quem, al desatar las apelaciones formuladas,
de un lado, por los demandados y, del otro, por sucesores
procesales de Víctor Ernesto Carranza Carranza, en
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sentencia de 26 de julio de 20224 modificó el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia,
para indicar que «fue ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), y no
sus sucesores YAMILE PIÑERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y VÍCTOR
ERNESTO CARRANZA PIÑERES, quien participó con los demás
demandados en el ocultamiento y/o distracción dolosa de la sociedad
conyugal de VÍCTOR MANUEL CARRANZA NIÑO (qepd) y MARÍA
BLANCA CARRANZA DE CARRANZA de los bienes inmuebles objeto del
fideicomiso civil», y el numeral tercero de dicha providencia «en
el sentido que YAMILE PIÑERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y VÍCTOR
ERNESTO CARRANZA PIÑERES, en sus calidades de sucesores de
VÍCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), no están sujetos a la
sanción de restitución doblada de los bienes inmuebles objeto del
fideicomiso civil».
En lo demás, confirmó la decisión apelada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL
Para soportar su decisión, el juzgador de segunda
instancia expuso estas consideraciones:
1. En cuanto al reparo frente al no reconocimiento de la
transacción como excepción, o por medio de sentencia
anticipada, sostuvo que esa temática fue zanjada en la etapa
procesal respectiva, explicándose en decisiones de dos
instancias, las razones para no culminar la actuación, y en
virtud del principio de preclusión, no era dable reabrir la
controversia.
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Pero memoró que, para terminar el proceso por
transacción, se exigía que todas las partes suscribieran ese
convenio, situación que no aconteció, ya que Sandra Victoria
Carranza Ocampo, heredera de Víctor Manuel Carranza Niño
y litisconsorte cuasinecesaria de la parte demandante no
participó en ese acuerdo.
2. Referente a la insistencia del recurrente en la
improcedencia de la acción de ocultamiento o distracción de
bienes sociales, porque -antes de disolverse la sociedad
conyugal- la esposa contaba con libertad de administración
y disposición de los bienes que fueran de su propiedad, el ad
quem advirtió el fracaso de tal reproche, puesto que la
jurisprudencia ha señalado que los actos de administración
y disposición realizados durante la vigencia del matrimonio
también pueden ser sometidos a control.
Punto en el que halló acreditado que María Blanca
Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman, Felipe y Víctor
Ernesto Carranza Carranza actuaron dolosamente en la
distracción de bienes de la sociedad conyugal conformada
por la primera mencionada y Víctor Manuel Carranza;
conclusión constatada con la prueba documental arrimada,
que evidenció que, con ocasión de la cesión de acciones,
cuotas o partes de interés, así como la constitución de
fideicomiso civil sobre ciertos bienes, éstos no pudieron ser
incluidos en la masa partible del causante.
Además, se corroboró la intención de defraudar a las
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hijas extramatrimoniales de Víctor Manuel Carranza Niño y
al litisconsorte Jorge Arturo Carranza Carranza, hijo de éste
con María Blanca Carranza de Carranza, dado que los
negocios jurídicos cuestionados se llevaron a cabo dentro del
mes anterior a la muerte del causante, quien se encontraba
en estado grave de salud, según las confesiones fictas de
María Blanca Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman y
Felipe Carranza Carranza.
De esa forma, vio reunido los presupuestos axiológicos
para la prosperidad de la acción de ocultamiento o
distracción de bienes sociales, en los términos del artículo
1824 del Código Civil.
3. Por último, estimó que Yamile Piñeres Leal de
Carranza, Kimberlly Annette Carranza Piñeres y Víctor
Ernesto Carranza Piñeres no debían restituir doblados los
bienes raíces objeto del fideicomiso civil, porque la muerte de
Víctor Ernesto Carranza Carranza sucedió con anterioridad
a la verificación de la condición fiduciaria, lo que supuso que
no se transmitió a sus herederos.
III.- LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
En providencia AC3643-2023 se inadmitieron todos los
cargos formulados por los demandados, así como las
acusaciones elevadas por Yamile Piñeres de Carranza,
Kimberlly Annette Carranza Piñeres y Víctor Ernesto
Carranza Piñeres -sucesores procesales del fallecido Víctor
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Ernesto Carranza Carranza-, con excepción del cargo
primero, que fue admitido a trámite y será analizado en esta
oportunidad.
CARGO PRIMERO
PRESENTADO POR LOS SUCESORES PROCESALES
Con apoyo en el numeral 1º del artículo 336 del Código
General del Proceso, se acusó al Tribunal de violar
directamente los artículos 1824 y 2469 del Código Civil, así
como el canon 1º de la Ley 28 de 1932, porque, para resolver
el debate, aplicó una «jurisprudencia no existente al momento en que
se efectuó cesión y fiducia (año 2013), y sin tener en cuenta que, a partir
de años después de acaecidos los hechos que originaron esta demanda
(cesión y fiducia), fue que la Corte Suprema de Justicia cambió la línea
jurisprudencial relacionada con la libre administración de bienes de
cada cónyuge, y del momento en que nacía la legitimación para
demandar en caso de posible simulación, por actos de disposición de
bienes de alguno de los cónyuges».
En ese sentido, afirmaron los impugnantes que el ad
quem indicó que, según pronunciamientos de la Corte, el
período en el que se puede predicar el ocultamiento o la
distracción de los bienes pertenecientes a la sociedad
conyugal correspondía al comprendido entre su disolución y
liquidación, ya que la libre administración y disposición de
tales efectos únicamente se restringe para la época en que
aquella se disuelva, dado que a partir de ese momento surge
la comunidad de gananciales, indivisión que impide a los
cónyuges disponer individualmente de los bienes sociales,
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pero si se desconoce esa situación, se puede activar la
sanción establecida en el artículo 1824 del Código Civil,
según se expresó en sentencia proferida el 16 de diciembre
de 2003 [SC-149-2003], exp. 7593.
Y esa era la línea jurisprudencial aplicable al caso
litigado, por ser la vigente para la época en que ocurrió la
disposición de bienes (cesión y fiducia), esto es, en el año
2013; doctrina reforzada con las sentencias que indicaban
que la sociedad se actualizaba con su disolución, pues antes
permanecía en un estado de latencia (fallos de 20 de octubre
de 1937, 7 de septiembre de 1953, 7 de marzo de 1955, 8 de
junio de 1967, 4 de octubre de 1982, 30 de octubre de 1998
y 5 de septiembre de 2001, 102 de 25 de abril de 1991, entre
otros). Y, según el artículo 1° de la Ley 28 de 1932, los
cónyuges tienen libertad de administrar y disponer de sus
bienes adquiridos antes del matrimonio y los aportados con
posterioridad, por lo que el interés de uno de los consortes
para demandar la simulación de los actos de su pareja surgía
con la disolución efectiva de la sociedad, o cuando se hubiera
notificado la demanda para lograr su terminación
(Sentencias CSJ SC de 30 de octubre de 1998, Rad. 4920,
reiterada CSJ SC de 5 de septiembre de 2001, rad. 5868 y
CSJ SC de 13 de octubre de 2011, Rad. 2007-0100-01, y
SC3864-2015).
Sin embargo, para fundamentar su decisión, el fallador
sostuvo que esta Corporación, en su nueva postura doctrinal
adoptada en sentencia SC4855-2021, expuso que, si bien los
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cónyuges tienen la libre administración y disposición de los
bienes propios, al tenor de la Ley 28 de 1932, esa libertad no
es absoluta y está limitada a los intereses comunes, por lo
que se pueden controlar los actos administrativos y
dispositivos realizados desde iniciado el vínculo matrimonial;
considerando que ni la sociedad conyugal ni la patrimonial
nacen con su disolución, sino al momento del matrimonio o
de la unión marital de hecho. De ahí que las acciones para
reclamar al respecto, no dependen de la disolución de la
sociedad conyugal ni de la marcha de un trámite procesal,
notificado, como venía señalando la Corte. Por eso, los
cónyuges tienen legitimación para ejercer control sobre los
actos de administración y de disposición de los bienes
adquiridos, a título oneroso, durante el matrimonio. En
consecuencia, «de conformidad con la nueva postura doctrinal de la
Corte Suprema de Justicia, se infiere que carece de fundamento la
inconformidad del extremo pasivo atinente a la improcedencia de esta
acción de ocultamiento o distracción de bienes sociales, con base en que
la cónyuge MARÍA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA gozaba de la
libertad de administración y disposición de los bienes que fueren de su
propiedad antes de la disolución de la sociedad conyugal».
Entonces, -anotó la parte recurrente- del mismo modo
en que las leyes rigen a partir su promulgación y deben
aplicarse para la época en que sucedan los supuestos
fácticos regulados, sobre la línea jurisprudencial decantada
por la Corte Suprema de Justicia también se impone su
aplicación en el momento de la ocurrencia de los respectivos
hechos, en atención a las decisiones de la Corte
Constitucional referentes a la irretroactividad de la ley
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(Sentencia T-233/95) y a la aplicación del precedente judicial
y de la doctrina probable (Sentencias C-836/01 y C-621/15).
Por consiguiente, a la luz de esa posición
jurisprudencial, los casacionistas sostuvieron que el
Tribunal «i) transgredió el debido proceso, ii) violó el principio y/o el
derecho de y a la igualdad ante la ley, al aplicar, en la misma época, la
ley de manera diferente; iii) pone en duda la seguridad jurídica, iv)
agrede la legítima confianza en el estamento judicial, v) además de
vulnerarse la correcta aplicación del precedente judicial vertical vigente
al momento de la ocurrencia de los hechos, o como lo decía algún
entendido “sorprendiendo a los usuarios del servicio de justicia con
cambios inopinados e injustificados sin darles la oportunidad de
adaptarse a los nuevos criterios jurisprudenciales”».
CONSIDERACIONES
Debido a que el núcleo argumentativo del cargo está
constituido por la imposición de la sanción contemplada en
el artículo 1824 del Código Civil, la aplicación en el tiempo
de la jurisprudencia, así como el carácter vinculante del
precedente judicial y la doctrina probable, es necesario
abordar primeramente estos temas, para resolver la
acusación planteada.
1. Sanción por ocultamiento o distracción de bienes
de la sociedad conyugal.
1.1. Al tenor del artículo 1824 del Código Civil, «[a]quel
de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado
o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma
cosa, y será obligado a restituirla doblada».
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Ese precepto consagra una sanción para el consorte
que, prevalido de la libertad de administración y disposición
conferida por la Ley 28 de 1932, realiza actos fraudulentos
sobre los bienes sociales, a fin de afectar la masa partible
resultante del régimen de gananciales.
Se castigan las conductas claramente antijurídicas del
cónyuge o compañero permanente, orientadas a disponer,
mediante maquinaciones defraudatorias, de un bien o
derecho durante la existencia de la sociedad conyugal o
patrimonial,5 cuyo «contenido (…) en lo económico es exactamente
igual (…) pues [el artículo 7º de la Ley 54 de 1990] remite a los capítulos
I al VI del Título 2XXII del código civil, y allí está el contenido económico
de la sociedad, luego son lo mismo». (CSJ SC005-2021, rad. 2012-
01335-01).
Y pese a que, autorizado por la Ley 28 de 1932, cada
cónyuge o compañero puede obrar sin intervención de su
pareja, por cuanto cada cual cuenta con capacidad jurídica
para adquirir bienes, para sí o para la sociedad, y para
decidir sobre los propios o sobre los sociales que estén a su
nombre, tal facultad dispositiva debe ser ejercida dentro del
5 La Corte Constitucional, en sentencia C117/21, reiteró que, aunque «persisten
notables diferencias en la sociedad conyugal, que surge con el matrimonio, y la
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en caso de existir. Desde ningún
punto de vista, esto supone desconocer que tanto el matrimonio como las uniones
maritales de hecho “son creadoras de la institución familiar” [sentencia C-014/98] y,
por tanto, “merecen una misma protección constitucional” [sentencia C-014/98]», y
recordó que, en «la sentencia C-456 de 2020, al conocer de la demanda formulada
contra algunas expresiones del Código Civil referidas a la palabra “cónyuge”, “casada”
y “cónyuges”, declaró de forma unánime la exequibilidad condicionada de las
disposiciones demandadas “bajo el entendido de que estas expresiones se refieren, en
igualdad de derechos y deberes, a los cónyuges y a los compañeros permanentes de
las uniones maritales de hecho, tanto de parejas de distinto sexo como de parejas del
mismo sexo”».
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marco de la lealtad y solidaridad que rige la administración
de la sociedad de gananciales o la sociedad patrimonial.
Esa libre administración deriva de la igualdad de
derechos de los cónyuges o compañeros permanentes, que
permite la participación equilibrada de cada consorte, para
garantizar la protección de los derechos e intereses comunes
e individuales; pero, si uno de ellos dispone dolosamente de
esos bienes, en detrimento del otro, éste puede hacer uso de
su potestad jurídica para solicitar la reconstrucción del
patrimonio social, así como la aplicación de la sanción
contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, por
desdeñarse la armonía que debe imperar en el
desenvolvimiento de los vínculos maritales y filiares, dado
que, a la letra del artículo 42 de la Constitución Política, «[l]as
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de
la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes», con
independencia de que se originen en «vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre… de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla».
Sobre el particular, esta Sala sostuvo:
El precepto previene o disuade a los consortes a preservar las
ganancias del trabajo recíproco y propugna porque su reparto sea
equitativo. Evita que uno de ellos se enriquezca a espaldas del
esfuerzo del otro. Castiga, en palabras de la Corte, la “intención
fraudulenta o dolosa atribuida a uno de los cónyuges, orientada a
hacer que el otro tenga o se le dificulte tener lo que le corresponda
a propósito de la liquidación de la sociedad conyugal”6.
El art. 1824 del Código Civil consulta la buena fe, la lealtad, la
sinceridad, el auxilio, el apoyo y la solidaridad que debe existir en
6 CSJ. Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 1990, reiterada en fallo de 1º de abril
de 2009, expediente 13842, entre otros.
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una pareja, o sus herederos; de modo tal que censura las conductas
que procuren distraer u ocultar los haberes sociales o hereditarios,
los engaños maliciosos, las maquinaciones insidiosas para obtener
un resultado en contravía de las normas y principios que guían la
vida de pareja en relación con el patrimonio social, y por regla
general, cuando exista régimen de gananciales entre los consortes.
Cuando ello ocurra, el autor o partícipe en tan censurable
comportamiento, su posición se agrava, porque es sancionado por
la ley perdiendo su porción en la cosa, y es obligado a restituirla
doblada, mutándose en deudor de la sociedad. La norma adopta un
criterio de reprensión, por llevarse a cabo una conducta contraria a
derecho, a las costumbres y a la ética en las relaciones familiares.
Este comportamiento necesariamente debe ser ejecutado por uno de
los consortes y en contra del otro, porque afecta la participación del
otro en el patrimonio social, cuando existe sociedad de gananciales.
(SC4855-2021, rad. 2014-00011-01).
1.2. Dicha consecuencia jurídica -que también recae
sobre los herederos que dolosamente adelanten operaciones
jurídicas para engañar a uno de los cónyuges o a los demás
causahabientes-, exige, para su configuración, la
concurrencia de un elemento objetivo y otro subjetivo.
1.2.1. El primero consiste en la materialización de
velados actos colusorios, con el propósito de «evitar que se
conozca puntualmente el activo real de la sociedad conyugal o
patrimonial que se ha disuelto»; comportamiento que también se
cristaliza con la desviación fraudulenta de efectos sociales,
«para impedir que sean incorporados a la masa partible». (CSJ
SC2379-2016, rad. 2002-00897-01, reiterada en SC3771-
2022, rad. 2008-00634-01).
En ese sentido, esta Corporación ha manifestado:
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española l, el vocablo
«ocultar», significa «esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la
vista», o «callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir,
o disfrazar la vedad», mientras que «distraer», guarda relación
con «apartar, desviar, alejar» y en especial, «apartar la atención de
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alguien del objeto a que la aplicaba o a que debía aplicarla». A
partir de estos conceptos, y en orden a desentrañar la
hermenéutica del artículo 1824 del Código Civil, vale precisar que,
tratándose de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal,
su ocultamiento concierne a las conductas de uno de los
cónyuges o de sus herederos que propendan por esconderlos del
otro miembro de la pareja o de sus causahabientes, o de mantener
su existencia por fuera del ámbito del conocimiento de aquellos,
con la intención mal intencionada de que no ingresen en la
partición; mientras que la distracción, en tanto busca alejar la
atención respecto de algunos bienes, generalmente va más allá del
simple ocultamiento y se traduce en verdaderos actos dispositivos,
al amparo de la prerrogativa de la libre administración y
disposición «tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los
demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera» (art.
1° Ley 28 de 1932), con la idéntica finalidad de impedir su
incorporación a la masa partible, que en esa medida queda
disminuida por un acto defraudatorio. (Negrillas fuera de texto).
(SC4137-2021, rad. 2015-00125-01).
1.2.2. De otro lado, el efecto sancionatorio establecido
en el artículo 1824 del Código Civil también requiere, para
su estructuración, un elemento subjetivo que refiere al dolo,
el cual debe ser acreditado por quien lo alega, pues no es
suficiente, para consolidar la conducta descrita en la norma,
que concurran la calidad de cónyuge o heredero, el
ocultamiento y la distracción aludidas, así como la condición
de social del bien, sino que, en esos actos dispositivos ha de
evidenciarse la intención de causar daño, puesto que, acorde
con en el artículo 1516 del Código Civil, esas artimañas
maliciosas y deshonestas solo se presumen en los casos
especialmente previstos en la ley. De suerte que, si no se
prueba ese elemento subjetivo, traducido en maquinaciones
fraudulentas efectivamente materializadas, habrá de
entenderse que el cónyuge o compañero al disponer de algún
bien social, procedió de forma legítima y responsable, en
ejercicio de la libertad de administración y disposición que le
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otorga la ley. (CSJ SC 1° abr, 2009, exp. 2001-13842-01; SC
10 ago, 2010, exp. 1994-04260-01; SC2379-2016, rad.
2002-00897-01; SC12469-2016, rad. 1999-00301-01;
SC4137-2021, rad. 2015-00125-01; SC4855-2021, rad.
2014-00011-01; SC3771-2022, rad. 2008-00634-01).
1.2.3. Y aunque la Corte ha afirmado, de manera
constante, que no es posible entender el acto que sirve de
conducto para disponer de un bien social, como constitutivo,
en sí mismo, de un comportamiento doloso, llegó a presumir
ese designio fraudulento en algunos eventos, a saber:
Al respecto, bueno es subrayar que, ciertamente, por expresa
mención del precepto que se comenta [artículo 1824 del Código
Civil], la ocultación o distracción de bienes sociales que allí se
sanciona, debe ser dolosa, esto es, siguiendo las voces del inciso
final del artículo 63 de la misma obra, realizada con “la intensión
positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”,
elemento que en casos como el presente, debe comprobarse
cabalmente y que, además, ello es toral, no puede confundirse con
el acto jurídico mismo del que se haya servido el respectivo
cónyuge para sustraer o esconder bienes pertenecientes a la
sociedad conyugal.
(…)
No obstante, se deja advertido que aunque la sola declaración de
simulación no es suficiente para dar por demostrado el dolo como
lo pretende el recurrente, pues siempre se ha sostenido por la
doctrina y la jurisprudencia nacionales, que la sola venta del bien
perteneciente a la sucesión o a la sociedad conyugal disuelta a
sabiendas de que ya se ha formado la masa de bienes o
patrimonio social ilíquido hace presumir dicho dolo. Es decir, que
el dolo no se constituye con la sola disposición del bien, como se
dijo en la jurisprudencia citada, pero sí cuando ésta se realiza con
conocimiento y voluntad, es decir, se sabe que la sociedad ya fue
disuelta y sea realiza el acto dispositivo a pesar de ese saber.
(SC12469-2016, rad. 1999-00301-01).
Pero, posteriormente, la Corporación fue enfática en
señalar la necesidad de demostrar el dolo, de modo
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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contundente, porque el supuesto descrito en el artículo 1824
del Código Civil no es de aquéllos en que la ley presume dicho
elemento subjetivo; posición expresada con el siguiente tenor
literal:
[L]a sola ocurrencia del acto, sin el ingrediente subjetivo del dolo,
carece de efecto jurídico para dar alcance a la sanción prevista en
el artículo 1824, porque precisamente debe demostrarse “(…) la
intención positiva de inferir injuria a la personas o propiedad del
otro” (art. 63 del C.C.). Además, debe recordarse que el dolo no se
presume, salvo en los casos previstos por ley (artículo 1516), y esta
hipótesis normativa no corresponde a una de las presumidas
legalmente. (SC4855-2021, rad. 2014-00011-01).
[E]s claro que, salvo en aquellos eventos en los que a la presunción
general de la buena fe se impone la del dolo, vr. gr., los
consagrados en los preceptos 1025 (num. 5), 1358 y 2284 ibídem,
quien alegue el dolo debe probarlo, efecto para el cual rige el
principio de libertad probatoria, por lo que deberá valerse de los
distintos medios de convencimiento admitidos legalmente para
cumplir dicha carga.
Desde esa perspectiva, comoquiera que el artículo 1824 del Código
Civil no consagra ninguna presunción respecto del dolo, quien por
la vía jurisdiccional alegue que el otro cónyuge o sus herederos
ocultaron o distrajeron bienes pertenecientes a la sociedad
conyugal en desmedro de sus intereses, para sacar avante sus
aspiraciones queda compelido a probar el actuar doloso que les
endilga. (SC4137-2021, rad. 2015 00125 01).
Ciertamente, el artículo 1824 del Código Civil no
contempló algún evento de presunción de dolo para
configurar el ocultamiento o distracción allí descritos; pero,
habrá casos en los que determinadas conductas podrían
constituir indicios serios de disposición fraudulenta de
bienes para afectar el activo de la sociedad conyugal o
patrimonial, como cuando uno de los consortes, conociendo
la disolución de aquélla o de ésta, enajena un objeto social o
no informa de su existencia; proceder que deberá ser
valorado por el juzgador «en conjunto, teniendo en consideración su
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gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás
pruebas que obren en el proceso”», según las previsiones del
artículo 242 del Código General del Proceso; y, de ese modo,
lograr «la inferencia indiciaria [que] es aquella mediante la cual “se
logra, por inducción lógica, el resultado de dar por conocidos, con base
en hechos firmemente acreditados en el plenario, otros que no lo están.”
(Sentencia de casación civil de 21 de mayo de 1992. Exp.: 3345)». (CSJ
SC 19 dic, 2013, rad. 1998-15344-01).
1.3. En cuanto al período dentro del cual el
ocultamiento y la distracción en comento son sancionables,
según el artículo 1824 del Código Civil -y, por ende, emerge
la legitimación del cónyuge o compañero afectado para
reclamar al respecto- se han adoptado diferentes posiciones
jurisprudenciales sobre el tema.
1.3.1. En algún momento, esta Sala consideró que
antes de disolverse la sociedad conyugal no resultaba
procedente imponer la sanción prevista en la citada norma,
por ser de aplicación restrictiva.
Así, en el fallo de 16 de diciembre de 2003, exp. 7593,
reiteró:
Otro tanto puede decirse de la aplicación para el caso del artículo
1824 del código civil, conforme al cual "aquel de los dos cónyuges
o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído
alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa
y será obligado a restituirla doblada". Por cuanto, en razón de la
multicitada autonomía que para el manejo económico de sus
bienes tienen los cónyuges, mal podría hablarse de que "durante
el matrimonio" puedan éstos en estricto sentido ocultar o distraer
cosa alguna de la sociedad; o, para mejor decirlo, tales ocultación
o distracción resultarían inanes en tanto la sociedad no sea más
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que potencial, desde luego que es a su disolución cuando cada
cónyuge pierde la facultad de administrar y disponer de los bienes
y sería entonces y no antes cuando surgiría eventualmente su
obligación de restituirlos a la masa social, de suerte que apenas
en ese momento se concretaría respecto de ella esa pretendida
sustracción.
De allí que la Corte haya enfatizado que la facultad de administrar
y disponer libremente sólo se ve recortada al disolverse la
sociedad, que es por este hecho que “emerge la indivisión o
comunidad de gananciales, y mientras perdure ese estado, o sea,
entretanto se liquide y se realicen la partición y adjudicación de
bienes, cada cónyuge pierde la facultad que tenía de administrar
y disponer libremente de los bienes sociales. El desconocimiento
de esta situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda
un bien que tiene la condición de social (…), puede desencadenar
la sanción contemplada por el artículo 1824 del código civil ..."
(Cas. de 25 de abril de 1991). Antes, pues, de dicha disolución no
cabe la sanción que se comenta, la que, como tal, como sanción, es
de aplicación restrictiva.
Pensamiento refirmado en la sentencia de 10 agosto de
2010, rad. 1994-04260-01, al indicarse:
[C]ada consorte antes de la disolución tiene la libre administración
y legitimación dispositiva de los que figuran a su nombre (art. 1º
Ley 28 de 1932), sin perjuicio de aquellos actos que por norma
expresa exigen la firma de ambos, y mientras no se disuelva ni
esté llamada a la liquidación ‘se encuentra en un estado potencial
o de latencia que sólo a la disolución del matrimonio o cuando
deba ella liquidarse, se convierte en una realidad jurídica
incontrovertible’, de donde, ‘en razón de la multicitada autonomía
que para el manejo económico de sus bienes tienen los cónyuges,
mal podría hablarse de que ‘durante el matrimonio’ puedan éstos
en estricto sentido ocultar o distraer cosa alguna de la sociedad;
o, para mejor decirlo, tales ocultación o distracción resultarían
inanes en tanto la sociedad no sea más que potencial, desde luego
que es a su disolución cuando cada cónyuge pierde la facultad de
administrar y disponer de los bienes y sería entonces y no antes
cuando surgiría eventualmente su obligación de restituirlos a la
masa social, de suerte que apenas en ese momento se concretaría
respecto de ella esa pretendida sustracción. De allí que la Corte
haya enfatizado que la facultad de administrar y disponer
libremente sólo se ve recortada al disolverse la sociedad, que es
por este hecho que ‘emerge la indivisión o comunidad de
gananciales, y mientras perdure ese estado, o sea, entretanto se
liquide y se realicen la partición y adjudicación de bienes, cada
cónyuge pierde la facultad que tenía de administrar y disponer
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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libremente de los bienes sociales. El desconocimiento de esta
situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda un bien
que tiene la condición de social (…), puede desencadenar la
sanción contemplada por el artículo 1824 del código civil (...)’ (Cas.
de 25 de abril de 1991). Antes, pues, de dicha disolución no cabe
la sanción que se comenta, la que, como tal, como sanción, es de
aplicación restrictiva’ (cas. civ. sentencia de 16 de diciembre de
2003 [SC-149-2003], exp. 7593).
Naturalmente, liquidada la sociedad conyugal, se extingue la
indivisión, los bienes se adjudican a cada consorte y pasan a su
patrimonio propio, autónomo e independiente, por lo cual, se
entiende por razones lógicas elementales, que el acto doloso de
ocultación o distracción debe efectuarse mientras perdure el
estado de indivisión, esto es, disuelta la sociedad conyugal y
antes de su liquidación (cas. civ. sentencia de 25 de abril de 1991).
Criterio que sirvió para sustentar la sentencia SC2379-
2016, rad. 002-00897-01, en la que se anotó:
El artículo 1824 del Código Civil, fundamento de la acción
promovida, hace parte del título XXII libro IV del Código Civil, en lo
relativo a «la disolución de la sociedad conyugal y partición de
gananciales», norma según la cual «[a]quél de los dos cónyuges o
sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído
alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa,
y será obligado a restituirla doblada».
La disposición citada propugna por garantizar la exactitud y la
buena fe en la elaboración del inventario de los bienes de la
sociedad conyugal o patrimonial al momento de su disolución, en
pos de lo cual contempla una drástica sanción pecuniaria civil,
contra el cónyuge o los herederos (no frente a terceros), que oculten
o distraigan de manera dolosa elementos del activo patrimonial de
aquella.
1.3.2. Sin embargo, la Corte, en sentencia SC5233-
2019, rad. 2011-00518-01, cambió su postura
jurisprudencial, al precisar:
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1824 del Código
Civil, «aquel de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente
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hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá
su porción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada».
Esa sanción se aplica cuando se oculta o distrae dolosamente un
bien de la sociedad conyugal, sin importar el estado en que ésta
se encuentre, pues la proposición normativa no establece ninguna
restricción temporal.
Para la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la norma
sólo se requiere que se cumpla el supuesto de hecho que ella
describe, es decir que uno de los cónyuges o sus herederos oculte
o distraiga con dolo un bien de la sociedad; sin que al respecto sea
admisible introducir requisitos que la ley no contempla, como que
la ocultación o distracción del bien social ocurra «entre la disolución
de la sociedad conyugal y su liquidación», pues tal exigencia no
está prevista en aquella disposición; ni en el artículo 1 de la Ley
28 de 1932 –que se citó como infringido–; ni se deduce de la
normatividad que regula esa materia, lo que resulta suficiente
para descartar las bases de la acusación.
(…)
La sociedad conyugal nace con el matrimonio —no antes ni
después—, y su administración se encuentra a cargo de ambos
cónyuges, quienes están facultados para conservar, gestionar y
disponer de los bienes que figuran a su nombre.
No es cierto, como ha llegado a afirmarse, que durante el tiempo
del matrimonio la sociedad conyugal no existe y que los cónyuges
forman patrimonios independientes, o que aquélla solo surge al
momento de liquidarse. Tal entendimiento es contrario a lo que
establecen las normas que regulan esa institución.
El cónyuge que tiene a su nombre cualquiera de los bienes que
integran el patrimonio común detenta la facultad para
administrarlos y disponer de ellos con responsabilidad, pero al
mismo tiempo representa los intereses del otro cónyuge y, por esa
misma razón, tiene la obligación de responder por su gestión.
La sociedad conyugal existe desde el momento del matrimonio y
hasta cuando queda en firme su disolución, por lo que, si la
ocultación o distracción dolosa de sus bienes se materializa dentro
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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de dicho lapso, procede la sanción de que trata el artículo 1824 del
Código Civil (…).
Posición imperante desde entonces, que ha sido
reiterada en los siguientes fallos:
SC4855-2021, rad. 2014-00011-01, en la que se afirmó:
(…) [C]onforme al canon 180 del Código Civil, el nacimiento,
coetáneamente con el matrimonio, de una “sociedad de bienes
entre los cónyuges”, cuya existencia, en línea de principio, se
presume (artículo 1774, ibídem). Esto mismo se predica de la unión
marital de hecho, en cuanto, bajo ciertas circunstancias, el
legislador también supone la vida de la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, al tenor del texto 2º de la Ley 54 de
1990, modificado por el 1º de la Ley 979 de 2005.
(…)
4.2.2. La regla 1ª de la Ley 28 de 1932, aplicable por remisión a
la unión marital de hecho (artículo 7º de la Ley 54 de 1990),
establece que durante el matrimonio cada cónyuge tiene la libre
administración y disposición de los bienes propios y de los que
haya adquirido o adquiera.
(…)
4.2.3.1. (…), el artículo 180 del Código Civil, evoca la existencia de
la comunidad de bienes por el simple “hecho del matrimonio”. En
igual sentido, el canon 1774, ibídem, señala que “[a] falta de pacto
escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída
la sociedad conyugal”; y el precepto 1º de la Ley 28 de 1932, la
pregona “desde la celebración del matrimonio”.
Ninguna de las disposiciones citadas asocia el origen de la
sociedad conyugal con su terminación. Tampoco existe norma
alguna limitándola en esa dirección. La elaboración del hito de su
despunte real, a la par con la extinción, es a todas luces
caprichosa e insostenible.
(…)
4.2.3.3. El entorno del ordenamiento, en suma, alude
indistintamente a la vigencia de la sociedad conyugal o
patrimonial y enfatiza su existencia real o material en forma
coetánea con el matrimonio o con la unión marital de hecho bajo
determinadas circunstancias. Ciertamente, para derivar unas
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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consecuencias jurídicas, nada de lo cual tendría resultados
prácticos si se interpreta que nace y muere con el fenómeno de la
disolución.
(…)
4.2.6. Frente a lo discurrido, claramente se colige que ni la
sociedad conyugal ni la patrimonial surgen con su disolución.
Salvo pacto escrito que las excluya (art. 1774 del C.C.), tienen vida
real y propia desde el mismo momento del matrimonio o con la
unión marital de hecho una vez satisfechos sus requisitos.
(…)
Se presume, desde luego, que el manejo de los bienes, distintos a
los propios, los cónyuges los realizan con lealtad y
responsabilidad, so pena de las consecuencias señaladas en el
ordenamiento. De ahí que la libertad administrativa y dispositiva
dichas no es absoluta, sino que encuentra límite en los intereses
comunes. Por lo mismo, las acciones para reclamar al respecto no
se supeditan a la disolución de la sociedad conyugal ni a la
existencia de un proceso en curso, notificado, dirigido a ese mismo
propósito, como en pretéritas oportunidades lo ha sostenido la
Corte.
4.2.7. Establecido que cualquiera de los cónyuges se encuentra
legitimado para controlar los actos de administración y de
disposición de los bienes adquiridos a título oneroso durante el
matrimonio, el Tribunal, en el caso, se equivocó al concluir que las
disputas al respecto se reducían a los hechos acaecidos entre la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
(…)
4.3.1. Las sanciones reclamadas las contempla el canon 1824 del
Código Civil. En su tenor, “[a]quel de los dos cónyuges o sus
herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna
cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será
obligado a restituirla doblada”.
(…)
4.3.3.1. Lo primero a advertirse es que la disposición de los bienes
descritos (muebles, inmuebles, semovientes y dineros), antes y
luego de disolverse la sociedad conyugal, no admite discusión. Es
el supuesto imprescindible a fin de establecer si los negocios
tuvieron por mira ocultarlos o distraerlos dolosamente.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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SC3771-2022, rad. 2008-00634-01, en la que se
expresó:
1.- En cuanto a la aplicación de la consecuencia jurídica
consagrada en el artículo 1824 del Código Civil, el Tribunal negó
tal petición comoquiera que «al momento en que Jorge Plested
Delgado simuló los contratos contenidos en las Escrituras 1751 y
1671 suscritas en los años 2003 y 2004, la sociedad conyugal que
tenía con la demandante aún no había sido disuelta (ello ocurrió
apenas en el año 2007), es decir, aquel podía libremente disponer
de lo que mantenía en su haber». Como fundamento de su postura,
trajo a cuenta el artículo 1 de la Ley 28 de 1932 y la sentencia
proferida el 16 de diciembre del 2003 (exp. 7593) por esta Sala de
Casación Civil.
Sobre este punto, el hecho de que los negocios simulados hubieran
sido efectuados con anterioridad a la disolución de la sociedad
conyugal, no implica per se, la exclusión de la aludida sanción. En
efecto, la norma en comento consagra que «aquel de los dos
cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o
distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la
misma cosa, y será obligado a restituirla doblada».
Ha de tenerse en cuenta que la sociedad conyugal surge al
momento en que se contrae el vínculo marital. Así lo tienen
dispuesto los artículos 180 y 1774 del Código Civil. De manera que
los actos dolosos a los que se refiere la norma pueden presentarse
en toda la vigencia de la sociedad conyugal, con independencia de
que cada cónyuge tenga la libre administración de sus negocios.
Al respecto, esta Sala de Casación Civil aclaró el tema en los
siguientes términos: [Se trascriben apartes de la sentencia
SC5233-2019, exp. 2011-00518-01].
1.4. En ese orden, se tiene que si uno de los cónyuges
o compañeros demuestra que su pareja o su heredero
dispuso dolosamente de un bien, durante la existencia de la
sociedad conyugal o patrimonial, con el propósito de afectar
derechos de su consorte u otros causahabientes en la
partición del haber social o de la herencia, resulta procedente
aplicar a quien obró de esa manera maliciosa, la sanción
consagrada en el artículo 1824 del Código Civil, consistente
en la pérdida de su participación en la cosa ocultada o
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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distraída, con la carga adicional de restituirla materialmente
o su valor, en cualquier caso en proporción doblada.
Repercusión legal sobre la que esta Corporación
puntualizó:
[e]n caso de estructurarse alguno de los mencionados supuestos,
al culpable del ocultamiento o distracción dolosa de uno o varios
bienes sociales, se le sanciona decretando la pérdida de la porción
o cuota a que tuviere derecho en ellos, y además se le obliga
restituir a la víctima doblemente los mismos, esto es, mediante la
devolución material de la cosa y una suma equivalente a su valor
comercial en dinero, y si tales elementos del activo patrimonial, ya
no existen, o es imposible su recuperación, el reintegro comprende
el doble de su precio en la moneda de curso legal. (SC2379-
2016, rad. 2002-00897-01).
2. Obligatoriedad relativa de las sentencias de
casación civil para los jueces de instancia.
2.1. La Carta Política, en su artículo 230, determina que
los jueces, en sus providencias, únicamente están
supeditados al imperio de la ley;7 además de establecer, como
criterios auxiliares de la actividad judicial, a la equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina. De otro lado, el artículo 228, ibidem, dispone que
la administración de justicia es una función pública, cuyas
decisiones son independientes y su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.
El concepto de sometimiento del juez a la ley, frente a
7 «[L]a expresión “Ley” del artículo 230 “ha sido entendida “en un sentido material” de
manera que comprende todas las normas (i) adoptadas por las autoridades a quienes
el ordenamiento jurídico les reconoce competencias para el efecto y (ii) siguiendo el
procedimiento o las formas fijadas con ese propósito.”». (CC sentencia C- 284/15,
reiterada en sentencia C-621/15).
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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su nivel de autonomía e independencia para interpretar el
ordenamiento, es una labor cuyo cumplimiento se enmarca
dentro de los límites legales y constitucionales, que le
permiten dar sentido a las instituciones jurídicas, mediante
la construcción y ponderación de principios de derecho, para
atribuir al texto normativo un significado concreto, coherente
y útil, con el propósito de realizar los fines de la Carta
Fundamental.
Facultad interpretativa que no puede ser vista como la
libertad del sentenciador para aplicar, en todos los casos, su
entendimiento literal del cuerpo legal, sino como una función
desempeñada de manera autónoma e independiente que
«suponen que la igualdad de trato frente a casos iguales y la desigualdad
de trato entre situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces».8
2.2. El artículo 234 Superior asigna a la Corte Suprema
de Justicia la calidad de máxima autoridad de la jurisdicción
ordinaria, que, al tenor del numeral 1º del artículo 235,
ibidem, tiene la atribución de actuar como tribunal de
casación, con la especial facultad de conocer de impugnación
de sentencias mediante el recurso extraordinario, a fin de
defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico,
lograr la eficacia de los instrumentos internacionales
suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los
derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos,
unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios
irrogados a las partes con ocasión de la providencia
8 CC. Sentencia C836/01.
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recurrida; según las previsiones del artículo 16 de la ley 270
de 1996 -modificado por el canon 7º de la ley 1285 de 2009-
en concordancia con el artículo 333 del Código General del
Proceso.
Función jurisdiccional cuyo ejercicio permite dar
cohesión al conjunto normativo integrador del Derecho y una
hermenéutica homogénea a las disposiciones legales que lo
conforman, evitando la dispersión interpretativa frente a la
multiplicidad de entendimientos normativos, surgidos
naturalmente en la práctica judicial, para, así, brindar
seguridad a la forma unificada en que los jueces han de
resolver los litigios;9 conformidad intelectiva necesaria,
puesto que, como lo han indicado algunos doctrinantes, «[l]a
diversidad de las jurisprudencias crea una perturbación en el
ordenamiento jurídico, no solamente porque destruye la igualdad del
derecho respecto de los sujetos de las relaciones controvertidas
diversamente juzgadas, (…), sino también porque amenaza destruir en
el porvenir la certeza del derecho, constituyendo no solo para los otros
jueces, sino también para los asociados, un ejemplo fácilmente
9 A decir de la Corte Constitucional, esa función «es más de orden sistémico, para
proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual
ha sido denominado por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como
´nomofilaquia´. (…). [L]a competencia de la Corte Suprema de Justicia para actuar como
tribunal de casación, no es aséptica al influjo de la Constitución” (…). En este sentido,
con fundamento en decisiones anteriores, esta corporación ha expresado que “no solo
puede considerarse que está permitida la existencia de la casación dentro de una
competencia legislativa general, sino que se encuentra ordenada de manera directa y
clara en la Carta”, recabando que la relación originada en el propio texto de la
Constitución entre la Corte Suprema de Justicia y la casación, convierte a aquella en
“una institución encargada de una función pública del mayor rango, al disponer, de
manera implícita, que a través del recurso se pongan correctivos a la diversidad de las
interpretaciones del derecho por los distintos jueces de la república, y a las
transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación. Ejercicio (…) de
interpretación y control de legalidad que consulta la fundamental característica unitaria
del Estado colombiano (…). Se define así, ese máximo tribunal, con una especialísima
función político-jurídica que, además de amparo de la legalidad, traduce, el sapiente y
bien probado mecanismo judicial, como medio para construir la certeza jurídica en el
plano de las decisiones judiciales”». (Sentencia C-210/21).
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
31
contagioso de discordancia acerca del modo de interpretar determinado
precepto jurídico».10
2.3. En su tarea de resolver el recurso de casación, esta
Sala profiere sus sentencias en la modalidad de precedente
judicial -que no se circunscribe a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, pues abarca a todas las Altas Cortes-11
y de doctrina probable; categorías cuyas características
fueron precisadas por esta Corporación en SC10304-2014,
2006-00936-01, las cuales constituyen dos caminos
diferentes para fortalecer la decisión judicial, que permiten
hacer efectiva la seguridad jurídica y garantizar el principio
de igualdad.12
2.3.1. En ese sentido, cabe acotar que la Corte
Constitucional ha dicho que «el precedente judicial establece reglas
sobre la aplicación de las normas en casos precisos, afecta por lo tanto
aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y están
dirigidos a la parte resolutiva de la decisión»,13 y ha definido, en
forma reiterada, «el precedente judicial como la sentencia o sentencias
que se expidieron con anterioridad a un caso y que por su similitud con
el problema jurídico que con posterioridad le corresponde resolver a una
autoridad judicial (singular o colegiada) debe ser considerado por esta
en el análisis y decisión del nuevo fallo».14
Por eso, es dable entender por precedente la decisión
jurisdiccional, o grupo de estas, dictadas previamente para
10 Morales Molina, Hernando. Técnica de Casación Civil. Ediciones Academia
Colombiana de Jurisprudencia. Colección Clásicos. Bogotá, 2014. Pág. 55
11 CC Sentencia C-621/15.
12 Corte Constitucional, idem.
13 Corte Constitucional, idem.
14 CC. Sentencias SU053/15, SU354/17 y SU027/21
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
32
resolver un determinado asunto, que debe ser tenida en
cuenta posteriormente por los juzgadores para zanjar
controversias análogas.
Definición en la que debe destacarse que,
conceptualmente, el precedente puede estar integrado
solamente por una sentencia contentiva de la regla que
constituye la razón fundamental de una específica decisión
judicial, o puede estar conformado por varias sentencias que
reafirman una tesis decisoria; supuestos que, en últimas,
comprenden la noción de providencia antecedente a un caso
similar que se va a resolver en sentido análogo a aquélla;
como ha sido explicado por algunos tratadistas, a saber:
Así como los enunciados jurídicos (en el sentido de perecientes al
Derecho) son (en su mayoría) enunciados (más o menos) generales
y aplicables a un número de indeterminado de casos individuales,
con el precedente no ocurre lo mismo, pues éste puede consistir
bien en la ratio decidendi de un (o varios) caso o bien en la solución
dada a un caso individual. En el primer caso, el precedente se
puede formular de la misma manera que un enunciado jurídico,
mientras que, en el segundo, el precedente consiste en la
descripción de un caso individual y la solución dada al mismo.
Es por esa razón por lo que, en el primer caso, el concepto de
precedente puede expresarse como enunciado jurídico, sin hacer
mención alguna a casos individuales, mientras que en el segundo
caso no puede establecerse qué constituye precedente sin hacer
mención a dos casos individuales: el anterior ya decidido (caso
pasado) y el posterior objeto de decisión (caso presente).
De ahí que, aunque los significados del término “precedente” son
múltiples, los más relevantes pueden reconducirse a los
siguientes.
Pr1) Una sentencia relativa a un caso individual, caso que es
similar al caso individual objeto de decisión judicial.
Pr2) La ratio decidendi de una decisión judicial; esto es, la razón
(o razones) justificativa de la decisión expresada en términos de
regla general.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
33
A su vez, estos dos significados pueden ser referidos a una
multiplicidad de sentencias con lo que nos encontraríamos con los
significados Pr3 y Pr4.
Pr3) Varias sentencias relativas a casos individuales diferentes,
similares al caso individual objeto de decisión.
Pr4) una misma ratio decidendi reiterada por una pluralidad [de]
decisiones.15
2.3.2. Y la doctrina probable es definida por el artículo
4º de la Ley 169 de 1896, como tres decisiones uniformes
dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación
sobre un mismo punto de derecho, cuya aplicación puede ser
adoptada por los jueces de la república para dirimir casos
análogos, sin perjuicio de que dicha Corporación modifique
su doctrina cuando estime equivocadas las decisiones
anteriores. Noción sobre la que jurisprudencialmente se ha
indicado que «la doctrina probable establece una regla de
interpretación de las normas vigentes, que afecta la parte considerativa
de la decisión judicial».16
La norma citada fue antecedida por la Ley 61 de 1886,
en cuyo artículo 39 preceptuaba que «[e]s doctrina legal la
interpretación que la Corte Suprema de unas mismas leyes en tres
decisiones uniformes. También constituyen doctrina legal las
declaraciones que la misma Corte haga, en tres decisiones uniformes,
para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad
de que una cuestión dada no quede sin resolver por no existir leyes
apropiadas al caso».
15 Iturralde Sema, Victoria. Igualdad en la aplicación de la ley, precedente y
universalidad. Capítulo dentro del libro titulado RAZONAR SOBRE DERECHOS,
coordinada por Juan Antonio García Amado. Editorial tirant lo blanch, Valencia, 2016.
Págs. 265 y 266.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-621/15.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
34
De ese modo, con la fórmula del derecho español, se
consagró la doctrina legal,17 con carácter fuertemente
vinculante, al punto que su inobservancia por parte de los
jueces, se estableció como un motivo para configurar la
causal primera «de nulidad, para el efecto de interponer recurso de
casación», por «[s]er la sentencia, en su parte dispositiva, violatoria de
ley sustantiva o de doctrina legal o fundarse en una interpretación
errónea de la una o de la otra».
Posteriormente, el artículo 10º de la Ley 153 de 1887
determinó que «[e]n casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina
legal más probable. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte
Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho,
constituyen doctrina legal más probable»; sin catalogar su
infracción como una razón autónoma para la procedencia del
recurso de casación.
Sin embargo, con la ulterior promulgación de la Ley 169
de 1896, se introdujo, en su artículo el artículo 4° - hoy
vigente-, el concepto de doctrina probable, que inicialmente
tuvo una connotación de criterio auxiliar y facultativo, pero
17 Según Antonio Serrano, en España «[l]a doctrina legal constituye una acepción sin
equivalentes en otros ordenamientos que se introduce por vez primera en un decreto de 1838 que
venía a implantar el llamado recurso de nulidad, precedente procesal de la casación. (…). Este
estaba pensado sólo para aquellas sentencias de vista que fueran contrarias a la ley de una
forma clara y terminante, pero para interponerlo se disponía que el recurrente tenía que citar la
ley o doctrina legal infringida. Posteriormente, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (…)
[dispuso] en el mismo plano de la ley, que la infracción de la doctrina legal establecida por los
tribunales constituía por sí sola motivo para admitir un recurso de casación. La doctrina legal
surgió así a la vida jurídica española de un modo muy discreto –en una norma procesal y no
material– pero con indudables poderes, pues su relevancia a efectos de la casación le venía a
otorgar una sanción legal semejante a la de las leyes promulgadas en el parlamento. (…). De un
modo progresivo, (…) [la] jurisprudencia [del Tribunal Supremo] vino a establecer lo siguiente: a)
en un primer momento, consideró que sólo era doctrina legal la derivada de la jurisprudencia de
los tribunales; b) más tarde, que ya sólo podía entenderse como tal la dictada por su propia
jurisprudencia; c) finalmente, decidió que la regla de derecho establecida en dos o más de sus
sentencias bastaba para formar una doctrina legal». (Serrano González, A. (1991). Dogmática
jurídica y análisis sociológico: el Derecho histórico de la doctrina legal. Doxa. Cuadernos De
Filosofía Del Derecho, (10), 173–199).
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
35
la Corte Constitucional, en sentencia C–836/01, le atribuyó
valor de fuente normativa de obligatorio cumplimiento,18 al
deducir su vinculatoriedad relativa, con posibilidad de su
apartamiento por parte de los juzgadores, siempre que
cumplan la carga de motivar seriamente su discrepancia, en
razón de que esas decisiones reiteradas provienen del órgano
jurisdiccional de cierre y en aras de garantizar la igualdad de
las personas para recibir un mismo trato en la interpretación
judicial de la ley.
Posición jurisprudencial positivada en el artículo 7º del
Código General del Proceso, al disponer: «Cuando el juez se
aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De
la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con
sus decisiones en casos análogos».
2.4. En cualquiera de esas categorías, las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
resultan de obligatorio seguimiento para los jueces de
instancia, porque, a voces de esta Corporación, «en virtud del
expreso mandato constitucional de unificación de la jurisprudencia
asignado a la Corte [Suprema de Justicia], es esta Sala la encargada de
establecer la correcta interpretación del ordenamiento jurídico en su
especialidad, hermenéutica que constituye un criterio vinculante para los
juzgadores ordinarios, quienes no pueden desconocerla de manera
caprichosa sin vulnerar con ello el derecho a la igualdad de los
ciudadanos». (SC407-2023, rad. 2013-00022-01).
Pronunciamiento que acompasa el criterio de la Corte
18 Reiterada en sentencia C-621/15, entre otras.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
36
Constitucional, conforme con el cual «[l]a fuerza vinculante de las
decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición
constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les
impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas
jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente
dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden
específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante
de sus decisiones judiciales superiores».19
2.5. De ahí que las sentencias de casación civil deban
ser aplicadas obligatoriamente por los falladores de
instancia, para resolver casos posteriores que involucren un
sustrato factual análogo al asunto previamente examinado
por la Corte Suprema de Justicia, ya que, de ese modo, se
garantizan principios constitucionales como la igualdad de
trato en la actividad judicial, la seguridad jurídica y la
confianza legítima, al tiempo que se preserva la línea
jurisprudencial trazada por el órgano judicial de cierre sobre
la situación concreta analizada.20
2.5.1. Conclusión extensiva a los eventos en que el
máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria -por vía de
ejemplo- decida por vez primera un caso mediante una
determinada sentencia, en la que se advierta su postura
consolidada y unánime respecto de una materia, haga una
aclaración o rectificación doctrinaria,21 efectúe la
19 CC Sentencia C-816/11.
20 CC Sentencia C861/01, reiterada en sentencias C-621/15 y SU406/16.
21 CSJ SC5176-2020, rad. 2006-00466-01; SC4791-2020, rad. 2011-00495-01;
SC5060-2016, rad. 2001-00177-02.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
37
interpretación actualizada de una norma, 22 interprete
correctamente una disposición,23 unifique su
jurisprudencia,24 realice un cambio de precedente o postura
jurisprudencial;25 o cuando zanje un litigio uniformemente
en dos fallos que contengan su reafirmada posición sobre
una específica controversia, aunque con su segunda
reiteración no alcance la categoría jurídica de que trata el
artículo 4º de la ley 169 de 1896; ya que, de todos modos,
esas providencias constituyen precedentes que no pueden
ser desconocidos por los jueces de nivel funcional inferior, al
momento de resolver un problema jurídico que guarde
estrecha similitud con el asunto decido por la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural en un momento dado,
teniendo en cuenta que, en palabras de esta Corporación, «la
interpretación normativa que la Sala realiza a través de sus sentencias
de casación constituye precedente vinculante para los jueces de la
especialidad, pues es en cumplimiento de su función de tribunal de
casación que se concretan los objetivos de unificación jurisprudencial y
protección de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, propios
del recurso extraordinario». (SC407-2023, rad. 2013-00022-01).
2.5.2. La referida obligatoriedad también es predicable
de aquellos pronunciamientos proferidos por la Corte
Suprema de Justicia que estén revestidos con la connotación
de doctrina probable, en los términos del artículo 4 de la Ley
169 de 1896, dado que su uniformidad y reiteración
refuerzan, con mayor vigor, el deber jurídico de ser acatados
22 CSJ SC444-2023, rad. 2013-00280-01.
23 CSJ SC5040-2021, rad. 2019-00279-01.
24 CSJ SC2879-2022, rad. 2018-72845-01.
25 CSJ SC231-2023, rad. 2016-00280-01.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
38
por parte de los funcionarios judiciales; sumado a que su
fuerza normativa se consolida por: (i) provenir del órgano de
cierre de la jurisdicción ordinaria, que tiene, dentro de sus
funciones constitucionales, como tribunal de casación, la
unificación jurisprudencial; (ii) el deber judicial de hacer
efectiva la igualdad ante la ley y dar un trato igualitario a las
personas; (iii) la confianza legítima generada en las
actuaciones de las autoridades estatales; (iv) la reiterada
interpretación jurídica que constantemente realiza la Corte,
respecto del ordenamiento legal frente al contexto social
regulado en la norma.26
2.6. Sin embargo, el carácter vinculante de tales
sentencias «debe mirarse con un valor relativo» (SC10304-2014,
rad.2 006-00936-01), pues no se traduce en un ineludible
seguimiento por parte del juzgador, debido a que -por virtud
de la autonomía e independencia judicial prevista en el
artículo 228 constitucional-, a éste le asiste la facultad de
distanciarse de su contenido, expresando, de forma clara y
razonada, las serias y sólidas motivaciones jurídicas que
sustentan su apartamiento, de conformidad con el artículo
7º del Código General del Proceso. Posibilidad que se abre
tanto para la Corte Suprema de Justicia, a efecto de variar
sus propias decisiones, como para los jueces de jerarquía
funcional inferior, quienes afrontan una mayor carga
argumentativa en la justificación de su disentimiento,
respecto de la fundamentación que debe asumir el órgano
judicial de cierre en su modificación jurisprudencial;27
26 CC. Sentencia SU-053/15, reiterada en sentencias SU-354/17 y SU027-21.
27 CC Sentencia C861/01, reiterada en sentencia C-621/15.
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desligamiento decisional habilitado por el artículo 228 de la
Constitución Política, que otorga independencia a las
determinaciones de la Administración de Justicia y ordena
que su funcionamiento se desarrolle en forma autónoma; sin
pasar por alto que «una decisión judicial que desconozca
caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos
previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la
autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el
cumplimiento de un deber constitucional».28
El juez cuenta con habilitación constitucional y legal
para variar sus propios criterios decisionales y para
apartarse de la jurisprudencia emanada del órgano de cierre,
siempre y cuando su proceder responda a una operación
intelectiva que soporte firmemente su giro resolutivo, el cual
ha de ser potencialmente utilizado para decidir otros casos y
no solamente uno seleccionado de manera antojadiza para
aplicar la prenotada modificación de postura, porque esto
quebrantaría, entre otros principios, la igualdad que «(…)
prohíbe (…) en la aplicación de la ley (…) el cambio irreflexivo o arbitrario,
lo cual equivale a sostener que el cambio es legítimo cuando es razonado,
razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido
con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas
que excluyan todo significado de resolución ad personam, siendo
ilegítimo si constituye tan sólo una ruptura ocasional en una línea que se
viene manteniendo con normal uniformidad antes de la decisión
divergente o se continúa con posterioridad».29
28 CC Sentencia C861/01, reiterada en sentencia C-621/15.
29 Ollero Tassara, A., «La igualdad en la aplicación de la ley en la doctrina del Tribunal
Constitucional», en Colmenero Menéndez de Luarca, M. (Dir.), «La casación: unificación
de doctrina y descentralización. Vinculación de la doctrina del Tribunal Constitucional
y vinculación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Cuadernos de Derecho
Judicial», Madrid, CGPJ, 2006, pp. 234 y ss.; y Fernández Segado, F., «Los overruling
de la jurisprudencia constitucional», Foro, Nueva época, núm.ncial 3/2006, pp. 27 y
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40
2.7. En suma, los fallos de la Corte Suprema de Justicia
proferidos en sede de casación civil, ya sean calificados como
precedente o doctrina probable, son de cumplimiento
mandatorio para los juzgadores de nivel funcional inferior,
sin perjuicio del razonado y motivado apartamiento que les
permite su autonomía e independencia judicial, para apoyar
la adopción de un criterio distinto al construido por el órgano
de cierre; conclusión que encuentra respaldo no solo en
providencias de esta Sala, tales como SC10304-2014, rad.
2006-00936-01 y SC407-2023, rad. 2013-0002-01, sino
también en decisiones de la Corte Constitucional, mediante
las cuales ha señalado que «[a] los jueces de instancia les asiste el
deber de aplicar los precedentes de las altas cortes a la resolución de
casos concretos, así como de aplicar la jurisprudencia vinculante (...).
[pudiéndose apartar de tales decisiones] siempre que cumplan una
carga argumentativa estricta tendiente a demostrar, adecuada y
suficientemente, las razones por las cuales toman tal determinación».30
3. Aplicación general e inmediata de los cambios
jurisprudenciales adoptados por la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural.
3.1. Los cambios jurisprudenciales, que, en opinión de
algunos juristas, responden a «consideraciones de conveniencia,
de utilidad y de los más profundos sentimientos de justicia»,31 son una
consecuencia lógica de la adaptabilidad del derecho al
devenir fáctico y normativo que se presenta en un contexto
ss.
30 CC Sentencia SU067/23
31 Cadozo, Benjamín N. La Naturaleza de la Función Judicial. Traducido por Eduardo
Possa, ed. Arayú 1955, págs. 119-120. Conferencia en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Yale, en 1921, transcrita por Garay, Alberto F., en El precedente
judicial en la Corte Suprema. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Págs. 92
y 93.
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41
histórico, que, inevitable y constantemente, se ve expuesto a
transformaciones que conducen a variar una determinada
intelección jurídica dada al texto legal, cuyo anterior
entendimiento parecía inamovible, como si se tratara de una
prerrogativa o situación consolidada, que no pudiera ser
desconocida por una posterior interpretación judicial;
pensamiento sobre el que se ha señalado que «las exigencias de
seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima de los
litigantes no generan un derecho adquirido a una determinada
jurisprudencia, por más que hubiera sido constante (…), pues la
evolución de la jurisprudencia no es en sí contraria a la correcta
administración de justicia, ya que lo contrario impediría cualquier cambio
o mejora en la interpretación de las leyes (…)».32
3.2. La obligatoriedad de las sentencias dictadas para
resolver el recurso extraordinario de casación civil no apareja
que las interpretaciones jurisprudenciales efectuadas por la
Corte Suprema de Justicia, conduzcan a la petrificación del
derecho aplicable a determinadas situaciones litigiosas,
porque el sentido y alcance del texto legal precisados en esa
labor hermenéutica es el mecanismo jurídico que, por
antonomasia, permite brindar respuesta a los cambios
sociales y normativos; puesto que, de antaño, ha dicho esta
Corporación que, «[e]n rigor, la jurisprudencia tiene una misión que
rebasa los marcos de la gramática y de la indagación histórica: el de
lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad
y las urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos,
32 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “STEDH de 18 de diciembre de 2008,
caso Unédic contra Francia, § 74” y “STEDH de 14 de enero de 2010, caso Atanasovski
contra la ex República Yugoslava de Macedonia, § 38”, citado por Domínguez Luelmo,
Andrés, en “Los derechos de los ciudadanos ante los cambios de criterio jurisprudencial
y su aplicación en el tiempo”, Revista de Estudios Europeos, n.º Extraordinario
monográfico 2(2023): 182-206.
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42
que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su
servicio, permitiendo así una evolución jurídica sosegada y firme, a todas
luces provechosa». (CSJ SC 17 Dic, 1968. GJ. T. CXXIV No 2297
a 2299, pág. 151 a 162; reiterada en SC 31 ene, 2005,
rad.7872; SC5040-2021, rad. 2019-00279-01 y SC444-
2023, rad. 2013-00280-01).
Cometido que también puede lograrse mediante la
modificación razonada y justificada que haga la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de sus decisiones judiciales,
en la modalidad de precedentes o de doctrina probable;
variación cuya aplicación procede de manera general e
inmediata y con carácter vinculante para la Administración
de Justicia, como garantía a los principios constitucionales
de igualdad, buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima, cuya observancia evita la discrecionalidad en la
variación de posturas decisorias que informan las sentencias
de la Corte Suprema de Justicia.
Ese efecto retrospectivo del cambio jurisprudencial33 es
un asunto que no ha sido ajeno a esta Sala, pues, en algunas
oportunidades ha hecho pronunciamiento expreso al
respecto, como cuando, en forma reiterada, precisó que la
protección reconocida en la Sentencia C-075/07, para las
parejas del mismo sexo -sobre el surgimiento de la sociedad
patrimonial-, aplica a vínculos iniciados antes de proferido
33 Algunos doctrinantes han dicho que tal efecto retrospectivo implica «la aplicación
del nuevo criterio al caso actual enjuiciado y a cualquier otro caso que haya de ser
resuelto con posterioridad donde resultara aplicable la misma fuente del Derecho
seleccionada o interpretada con el nuevo criterio jurisprudencial» (Orozco Muñoz,
Martín. La creación judicial del derecho y el precedente vinculante. Editorial Aranzadi.
Pamplona, España, 2011. P. 248.
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dicho fallo y que posteriormente se disolvieron. (CSJ
SC17162-2015, rad. 2010-00026-01; SC128-2018, rad.
2008-00331-01; SC4183-2020, rad. 2012-01010-01; entre
otras).
3.3. No obstante que la mutación de una posición
jurisprudencial realizada por dicho órgano jurisdiccional de
cierre, comporta la aplicación general e inmediata de la
nueva interpretación jurídica, así como su obligatoriedad
para los funcionarios judiciales, no es dable desconocer que
esa modificación, en ciertos casos, puede conllevar
afectaciones concretas de las reglas que rigen procesos en
curso; resultando, por tanto, agraviados los derechos
fundamentales de los sujetos procesales que actuaron al
amparo del precedente o de la doctrina vigentes, y con la
confianza legítima de que se aplicarían las consecuencias que
venían derivándose con anterioridad al cambio del criterio o
regla de derecho que fundaba la resolución de determinadas
controversias; circunstancia que -tras examinarse las
particularidades del asunto debatido- en principio, impediría
entronizar, de una vez, la nueva postura interpretativa
adoptada por el fallador, para evitar que sus efectos
desfavorables menoscaben prerrogativas y garantías
superiores.
Sobre el cambio del precedente jurisprudencial y su
aplicación en el tiempo, la Corte Constitucional indicó:
(…). [E]l cambio de una determinada posición jurisprudencial por
el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en la
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición y que, en atención al carácter
vinculante general e inmediato del precedente, determina la
aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho
sustancial o procesal, según sea el caso. (…). [L]os cambios de
precedente pueden dar lugar a afectaciones precisas de las
reglas aplicables en procesos judiciales que estén en
trámite, con lo cual los sujetos procesales y el mismo funcionario
se encuentran frente a dos interpretaciones, en donde una ha
sucedido a la otra. Incluso, el anterior escenario cobra mayor
relevancia cuando el cambio de precedente afecta una
actuación procesal que se inició al amparo del precedente
anterior. (…). En este contexto, puede resultar que los sujetos
procesales actúen con la confianza legítima de que serán
aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales vigentes, que luego
serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del nuevo
precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría
derivar en el desconocimiento de derechos fundamentales. (…).
(…). Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien
la regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos
inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales
que deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad
judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios
concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar
determinada por la jurisprudencia vigente para entonces, por lo
que el fallador, al momento de proferir su decisión, debe
establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de
jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de
derechos fundamentales al modificar las reglas procesales
con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los
sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento
puede, como excepción a la regla general de aplicación de la
jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor
al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que
resultó determinante de la conducta procesal de las partes.
(Negrillas fuera de texto).34
3.4. De la transcripción antecedente se colige que la
variación de una posición jurisprudencial por parte de la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural tiene carácter vinculante
general e inmediato para la Administración de Justicia, cuyo
seguimiento se impone de manera perentoria para los
funcionarios judiciales de instancia, quienes, según las
34 CC Sentencia SU406/16, reiterada en sentencia T-044/22 y T-263/22.
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particularidades de cada caso, deberán analizar -para efectos
de su inaplicación- si el nuevo alcance y sentido que dicha
Corporación atribuyó a la norma, conlleva afectaciones
injustificadas de derechos fundamentales de los sujetos
procesales, al modificarse las reglas del proceso judicial que
actualmente se viene adelantado y que tuvo inicio bajo la
égida de la interpretación precedente, que generó en aquéllos
la confianza legítima de que se aplicarían sus efectos en ese
trámite.
Ponderación que corresponde llevarse a cabo a la luz del
artículo 11 del Código General del Proceso, que preceptúa
que «[a]l interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos
reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente código deberán aclararse
mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del
derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho
de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos
constitucionales fundamentales»; y sobre los precisos
lineamientos del artículo 7º, ibidem, en cuya virtud «[l]os
jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley.
Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la
jurisprudencia y la doctrina. Cuando el juez se aparte de la doctrina
probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en
casos análogos».
3.5. Entonces, no es cualquier afectación la que
autoriza la inaplicación del nuevo criterio jurisprudencial,
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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sino aquel agravio injustificado a las garantías adjetivas
superiores de los sujetos procesales -como derechos al
acceso a la administración de justicia, debido proceso,
defensa, etc.- ocurrido durante el decurso de las diligencias
que se están tramitando; distanciamiento decisorio cuya
adopción exige al juzgador respectivo considerar los
específicos contornos fácticos de cada caso, y motivar, en
forma clara y razonada, el sustento jurídico que da lugar a
su apartamiento, en ese particular asunto, de la reciente
interpretación jurídica sentada por la Corte Suprema de
Justicia; tal como lo hizo esta Corporación, en sede de tutela,
al precisar que «un cambio [jurisprudencial] no puede generar
sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jurídico
o la situación social de un país o de una comunidad, aniquilando lo ya
juzgado y sentenciado. (…). Por esa razón se dejarán intactas las
situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con cosa juzgada, que
de removerse quedarían incursas en causal de nulidad, consistente en
“(…) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (…)”; de modo que la nueva
doctrina se aplicará desde su adopción el 1º de diciembre de 2018 en
sentido genérico». (CSJ STC236-2019, rad. 2018-01088-01).Y
en otra oportunidad, con similar orientación, afirmó que «los
cambios jurisprudenciales no pueden alterar aquellas controversias
resueltas con anterioridad; admitir tal circunstancia, (…),
desestabilizaría el orden jurídico y el entorno social, al retrotraer
discusiones ya zanjadas, generando sobresaltos, ambivalencias y crisis,
situación que resulta inadmisible, porque ello implicaría desconocer los
principio de seguridad jurídica y confianza legítima que imponen la
prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado (…)». (CSJ
STC16967-2019, rad. 2019-04016-00, reiterada en
STC16359-2021, rad. 2021-04015-00).
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
47
4. Resolución del cargo.
4.1. Cuando se invoca el numeral 1º del artículo 336
del Código General del Proceso, para alegar la transgresión
de la ley sustancial, la controversia se centra exclusivamente
en la interpretación errónea, inaplicación o aplicación
indebida efectuada por el ad quem, respecto de una norma
jurídica de naturaleza material, sin que sea dable refutar las
valoraciones probatorias o conclusiones factuales extraídas
por el juzgador.
Pero no es suficiente que el impugnante solo identifique
la infracción erigida como puntal de su recurso, porque se
exige que, en su labor refutatoria, evidencie sólidamente en
que consiste la vulneración normativa denunciada y su
incidencia en la decisión de segunda instancia reprobada;
siendo medular, para este cometido, que la disposición que
se dice quebrantada haya sido -o ha debido ser- el sustento
basilar de la decisión censurada porque no fue tenida en
cuenta para resolver el litigio, o se aplicó pese a ser ajena al
asunto objeto del debate, o se le imprimió un alcance que se
desvía de su correcto entendimiento.
Particularmente, cabe precisar que, aunque esta Sala,
en el pasado, respaldó la improcedencia del recurso
extraordinario para infirmar una sentencia que desconociera
su jurisprudencia, por no ser ley sustantiva (CSJ SC 26 ago.,
1955. G.J. T. LXXXI No 2157-2158, págs. 58 a 67; SC 27 feb.,
1957. G.J. T. LXXXIV No. 2177-2178, págs. 100 a 106; SC 7
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
48
sep., 1961. G.J. T. XCVII No 2246-2249, págs. 50 a 55),
actualmente la Corporación ha considerado que la
inobservancia, por parte de los falladores de instancia, de
decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia,
carente de razones claras y sólidas que justifiquen tal
distanciamiento, puede configurar la causal de casación
establecida en el numeral 1º del artículo 336 del Código
General el Proceso, (SC407-2023, rad. 2013-0002-01);
porque la violación directa de una norma material por
haberse desconocido la jurisprudencia, es una acusación que
recae sobre «la interpretación errónea de las normas de derecho
sustancial, como causal de casación, [que] puede resultar, no sólo del
entendimiento contraevidente del precepto interpretado por el Tribunal,
como se ha dicho históricamente, sino también del desconocimiento de la
doctrina jurisprudencial vinculante emanada del órgano de cierre, esto
es, “[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como
tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho” (artículo 4º de
la ley 169 de 1896)». (CSJ SC2930-2021, rad. 2012-00542-01);
y «[e]l precedente (…) [debe] observarse, porque al ser el resultado de la
aplicación e interpretación de la ley positiva, ésta se ve reflejada en esa
laboriosidad, razón por la cual debe servir de obligada herramienta de
decisiones venideras, mayormente cuando proviene del órgano
constitucionalmente encargado de unificar la jurisprudencia. Así se
garantiza, de un lado, la aplicación del principio de igualdad de trato de
las personas frente a la ley, y de otro, la consistencia del ordenamiento
jurídico». (CSJ SC10304-2014, rad. 2006-00936-01).
4.2. En el presente asunto los recurrentes denuncian la
violación de los artículos 1824 y 2469 del Código Civil,
además del canon 1º de la Ley 28 1932, por inadvertir la
jurisprudencia vigente para la época en que se concretaron
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
49
los actos jurídicos dispositivos que, según el ad quem, dieron
lugar a la sanción establecida en la primera norma citada.
Planteamiento sobre el que debe acotarse, de entrada,
que el artículo 2469 del Código Civil no tienen la connotación
de norma material, por cuanto «no es atributivo de un derecho
sustancial, sino meramente descriptivo del fenómeno de la transacción».
(CSJ SC 6 may, 1966. G. J.: T. CXVI No. 2281, pág. 84 a 98),
sumado a que los impugnantes no expresaron en que
consistió su vulneración, pese a ser de su resorte exponer los
fundamentos de su acusación, de acuerdo con el artículo
334, numeral 2º, del Código General del Proceso; sin perder
de vista que, según el parágrafo 1º de dicha disposición,
«[c]uando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será
suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que,
constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido
serlo, a juicio del recurrente haya sido violada»; sustancialidad que
sí recae en el artículo 1824 del Código Civil (CSJ AC745-
2020, rad. 2014-00352-01; AC5722-2021, rad. 2009-00595-
01; AC3643-2023; rad. 2013-00676-01) y en el artículo 1º de
la Ley 28 de 1932 (CSJ SC3864-2015, rad. 2001-00509-01).
4.3. Hechas las anteriores precisiones, dígase de una
vez que el cargo no tiene vocación de éxito, comoquiera que
no se advierte que el Tribunal hubiera incurrido en la
infracción normativa que se le endilga, pues no desconoció la
jurisprudencia vigente de esta Sala, atinente a la sanción
prevista en el artículo 1824 del Código Civil, específicamente
sobre el período en el que se concreta su aplicación.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
50
4.3.1. Al efecto, nótese que, en su sentencia, el juzgador
de segunda instancia manifestó que «en lo referente al período en
el que se puede predicar el ocultamiento o la distracción de los bienes
que pertenecen a la sociedad conyugal la Corte Suprema de Justicia
había dicho que correspondía al comprendido entre su disolución y
liquidación»; afirmación que respaldó en varias decisiones en
las que esta Corporación sostuvo que la libre administración
y disposición que legalmente se otorga a los cónyuges
encuentra limitaciones cuando se disuelve la sociedad,
porque, en ese momento, nace una comunidad de
gananciales que impide a cada consorte disponer
individualmente de los bienes constitutivos del haber social,
posibilidad que se abre paso una vez se efectúe la partición y
adjudicación respectivas (Sentencias del 10 de agosto de
2010, rad. 1994-04260-01, reiterada en la providencia
SC2379-2016; en las que se citaron los fallos de 25 de abril
de 1991, 16 de diciembre de 2003 [SC-149-2003], exp. 7593,
y 25 de abril de 1991).
Y, a renglón seguido, el ad quem señaló que, pese a lo
anterior, «en pronunciamientos recientes la Corte Suprema de Justicia
ha expuesto que, si bien los cónyuges tienen la libre administración y
disposición de los bienes propios, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 28 de 1932, esa libertad no es absoluta y está limitada a los
intereses comunes, por lo que se pueden controlar los actos
administrativos y dispositivos realizados desde [que] inicia el vínculo
matrimonial»; conclusión que apoyó en la sentencia SC4855-
2021, en la que se indicó que las acciones para reclamar por
la administración y disposición de bienes de la sociedad
conyugal, no están sujetas a que ésta se disuelva ni al
adelantamiento de un proceso judicial notificado.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
51
Con esa nueva postura doctrinal, el fallador de segundo
orden infirió que «carece de fundamento la inconformidad del extremo
pasivo atinente a la improcedencia de esta acción de ocultamiento o
distracción de bienes sociales, con base en que la cónyuge MARÍA
BLANCA CARRANZA DE CARRANZA gozaba de la libertad de
administración y disposición de los bienes que fueren de su propiedad
antes de la disolución de la sociedad conyugal, puesto que la
jurisprudencia ha precisado que los actos administrativos y dispositivos
realizados durante la vigencia del matrimonio también pueden
sometidos a control».
4.3.2. De lo expuesto en líneas antecedentes, se
observa que el Tribunal, en últimas, siguió el criterio
jurisprudencial que había sido adoptado por la Corte en la
sentencia SC5233-2019, rad. 2011-00518-01, donde se
precisó que «[l]a sociedad conyugal existe desde el momento del
matrimonio y hasta cuando queda en firme su disolución, por lo que, si
la ocultación o distracción dolosa de sus bienes se materializa dentro de
dicho lapso, procede la sanción de que trata el artículo 1824 del Código
Civil»; pensamiento refirmado en el fallo SC4855-2021, rad.
2014-00011-01, que sirvió de soporte a la decisión del ad
quem.
Precedente judicial que resultaba relativamente
obligatorio para el sentenciador de instancia -porque podía
apartarse de su contendido, pero decidió seguirlo-, no
obstante que, para la época en que se emitió el fallo de
segundo grado, esto es, 26 de julio de 2022, el cambio de
postura interpretativa de esta Corporación no se había
constituido en doctrina probable, de conformidad con el
artículo 4º de la Ley 69 de 1896, pues solo alcanzó ese
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
52
carácter con la sentencia SC3771-2022, rad. 2008-00634-
01, proferida el 9 de diciembre de 2022, y que reprodujo
literalmente la providencia SC5233-2019; para completarse,
de ese modo, «[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema
como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho», con el
fallo SC4855-2021, emitido el 2 de noviembre de 2011.35
Siendo suficientes las sentencias SC5233-2019 y
SC4855-2021 para imponer, en forma inmediata con su
ejecutoria, su apremiante observancia a los juzgadores de
instancia, dado que el precedente de la Corte Suprema de
Justicia «adquiere un carácter ordenador y unificador que busca
realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad,
confianza, certeza del derecho y debido proceso. Adicionalmente, se
considera indispensable como técnica judicial para mantener la
coherencia del ordenamiento»;36 decisiones judiciales
antecedentes cuya obligatoriedad dimana -según lo ha
reiterado esta por Corporación- de la función interpretativa
atribuida, por la Carta Política, al órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria, como tribunal de casación, con
competencia constitucional para llevar a cabo la unificación
jurisprudencial y la protección de la unidad e integridad del
ordenamiento jurídico, en aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas frente a la ley. (CSJ
SC10304-2014, rad. 2006-00936-01 y SC407-2023, rad.
35 Aunque en la sentencia SC4137-2021, rad. 2015 00125 01, se trató en extenso la
sanción establecida en el artículo 1824 del Código Civil, y, al respecto, se precisó que
«es menester demostrar que los bienes hacen parte de la masa de la sociedad
conyugal», nada se dijo de la anterior posición jurisprudencial, referente a que ésta
surgía de su estado de latencia con su disolución, o si tenía existencia desde la
celebración del matrimonio, según la nueva postura; para, así, definir el período
concreto en el que opera la aludida consecuencia jurídica.
36 CC Sentencia C-816/11
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
53
2013-0002-01).
4.3.3. Es que, como se dejó establecido previamente, de
conformidad con los pronunciamientos de esta Sala y de la
Corte Constitucional, las sentencias de casación civil -en la
modalidad de precedente (una o dos providencias) o de
doctrina probable- son vinculantes para los falladores de
instancia, quienes deben darles aplicación inmediata37 para
decidir casos posteriores, con similar facticidad involucrada
en el asunto resuelto por la Corte Suprema de Justicia, con
anterioridad; sin perjuicio del posible distanciamiento de
tales decisiones, autorizado por la autonomía e
independencia judicial consagradas en los artículos 228
Superior y 7º del Código General del Proceso.
Desligamiento decisional también permitido respecto de
los cambios jurisprudenciales, que, pese a ser de aplicación
general e inmediata, la Corte Constitucional habilitó su
inaplicación por parte de los jueces de instancia, cuando la
nueva interpretación jurídica produzca afectaciones
concretas de las reglas que rigen los trámites
procedimentales que se vienen adelantando, en detrimento
de los derechos fundamentales de los sujetos procesales que
actuaron al abrigo del precedente o de la doctrina vigentes.38
Situación ésta no avizorada en el caso de marras,
puesto que en el cargo no se demostró que correspondiera al
37 «[E]n atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente» (CC
Sentencia SU406/16).
38 Sentencia SU406/16.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
54
Tribunal inaplicar el precedente reciente, por afectar
injustificadamente las reglas procesales de la segunda
instancia, en menoscabo de las prerrogativas adjetivas
superiores de los aquí recurrentes. Y si bien éstos fincaron la
acusación analizada en que el ad quem acudió a una
jurisprudencia que no existía para el momento en que
ocurrieron los hechos materia del litigio, nada dijeron, en
concreto, de alguna específica consecuencia procedimental
desfavorable que les habría ocasionado la aplicación de la
interpretación jurídica para establecer el período en que se
configura la sustracción de bienes, y su correspondiente
sanción, descrita en el artículo 1824 del Código Civil.
4.3.4. Es más, pasaron por alto los casacionistas que,
aunque el supuesto fáctico del litigio hubiera iniciado con
unos negocios jurídicos celebrados en el año 2013,
ciertamente la situación aquí debatida no se encontraba
consolidada, para ese entonces, por una sentencia con
efectos de cosa juzgada, por cuanto en la siguiente
anualidad, esto es 2014, se presentó la demanda que dio
lugar a la respectiva actuación para ventilar la discusión que,
en sede de instancia, se definió al desatarse el recurso de
apelación en 2022; realidad procesal que evidencia que, al
encontrarse irresoluta la controversia a la espera de un
pronunciamiento por parte del ad quem, sí era posible decidir
con el precedente jurisprudencial actualmente sentado por
esta Sala, dado que sus efectos generales e inmediatos
irradiaron, con carácter vinculante, la actividad decisoria de
todos los funcionarios judiciales, sin perjuicio del autónomo
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
55
distanciamiento sólidamente motivado que, al respecto, les
asiste.
Por eso, en este caso el Tribunal, tras explicar la línea
interpretativa que se venía aplicando para imponer la
sanción de que trata el artículo 1824 del Código Civil, se
plegó a la postura desarrollada en la sentencia SC4855-
2021, para señalar que las acciones judiciales destinadas a
reclamar por la administración y disposición de bienes de la
sociedad conyugal, no se supeditan a su disolución ni a la
interposición de la demanda respectiva debidamente
notificada, ya que los actos dispositivos efectuados durante
el matrimonio pueden ser sometidos a control.
Posición que realmente se introdujo en la providencia
SC5233-2019, pero, con anterioridad la Corte ya había
sostenido que la sociedad conyugal tiene su origen y
permanencia en el matrimonio, con efectos patrimoniales
comunes (SC 17 abr, 1955. G.J. T. LXXIX, pág. 757; (SC 4
oct., 1982. G.J. T. CLXV No. 2406, pág. 211 a 218; SC 4 oct,
1962. G.J. T. C No. 2261 a 2264, pág. 85 a 94; SC 18 oct,
1973. G.J. T. CXLVII No. 2372 a 2377, pág. 87 a 95;
SC16280-2016, rad. 2001-00233-01); siguiéndose de esto
que el cónyuge afectado con la disposición de un bien
ganancial está legitimado para pedir la protección del haber
social mediante las respectivas acciones judiciales.
(SC16280-2016, rad. 2001-00233-01).
4.3.5. En esas condiciones, no se observa la
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
56
transgresión normativa achacada al fallador de segundo
orden, y menos que, en su decisión, hubiera desconocido los
principios de igualdad, confianza legítima y seguridad
jurídica respecto de los recurrentes, quienes verdaderamente
pretenden que se les aplique, a rajatablas, una postura
jurisprudencial abandonada por la Corte; olvidando que -
siguiendo el pensamiento de Jean Étienne Portalis- «[e]n una
causa principada, en una demanda contestada, el sentido dudoso de la
ley que ha ocasionado el litigio no ofrece a cada parte más que la
expectativa incierta de una interpretación favorable. Todo es litigioso; las
partes no tienen otro derecho que el de obtener una sentencia que
interprete la ley; ni una ni otra tienen derecho a tal o cual
interpretación»;39 sin soslayar, por supuesto, el deber judicial de
decidir un debate actual en igual forma en que se solventaron
previamente casos que guarden semejanza fáctica; carga
resolutiva que no es óbice para que la Corte Suprema de
Justicia -en su calidad de tribunal de casación con funciones
de unificar la jurisprudencia y proteger la unidad e integridad
del ordenamiento jurídico- modifique su propio precedente y
su doctrina probable, con efectos generales e inmediatos, con
la relativa obligatoriedad subsecuente para los jueces de
instancias.
5. Por todo lo anteriormente expresado, el cargo no
prospera.
Como la decisión es adversa a la parte recurrente, se
39 Obras Completas, Tomo XIV, Código Civil, pág. 32. Aparte citado por Andrés Bello,
en su proyecto de Código Civil (1853), reproducido en SC 27 ene, 2000, exp. 6177.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
57
impondrá condena en costas a su cargo, de conformidad con
el numeral 1° del artículo 365 e inciso 5º del artículo 349 del
Código General del Proceso.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida el 26 de
julio de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá –Sala Civil, dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte
impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la
suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
58
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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