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clave: "corte_suprema:providencia:SC996-2024 [2013-00676-01]"
titulo: "Corte Suprema: debe recordarse que el dolo no se presume, y esta hipótesis normativa no corresponde a una de las presumidas legalmente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-31"
radicado: "2013-00676-01"
numero: "SC996-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: debe recordarse que el dolo no se presume, y esta hipótesis normativa no corresponde a una de las presumidas legalmente

- **Título oficial / radicado:** SC996-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-31
- **Radicado:** 2013-00676-01
- **Número:** SC996-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC996-2024%20%5B2013-00676-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC996-2024%20%5B2013-00676-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzUuLSBNYXlvL1NlbnRlbmNpYXMvU0M5OTYtMjAyNCBbMjAxMy0wMDY3Ni0wMV0ucGRm/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

Debe recordarse que el dolo no se presume, y esta hipótesis normativa no corresponde a una de las presumidas legalmente.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 28 de 1932
- Ley 54 de 1990
- Constitución Política

## Extracto

Esa sanción se aplica cuando se oculta o distrae dolosamente un bien de la sociedad conyugal, sin importar el estado en que ésta se encuentre, pues la proposición normativa no establece ninguna restricción temporal. 4.2.3.1.… , el artículo 180 del Código Civil, evoca la existencia de la comunidad de bienes por el simple “hecho del matrimonio”. La elaboración del hito de su despunte real, a la par con la extinción, es a todas luces caprichosa e insostenible. De ahí que la libertad administrativa y dispositiva dichas no es absoluta, sino que encuentra límite en los intereses comunes. Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01 27 SC3771-2022, rad.

## Cita textual

> no solo puede considerarse que está permitida la existencia de la casación dentro de una competencia legislativa general, sino que se encuentra ordenada de manera directa y clara en la Carta

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC996-2024
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
(Aprobado en sesión de dos de mayo dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Yamile Piñeres de Carranza, Kimberlly
Annette Carranza Piñeres y Víctor Ernesto Carranza Piñeres
-quienes actúan como sucesores procesales del fallecido
Víctor Ernesto Carranza Carranza-, frente la sentencia
proferida el 26 de julio de 2022 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil, dentro del proceso de
«restitución de bienes distraídos o sustraídos del haber de la sociedad
conyugal conformada por María Blanca Carranza de Carranza y Víctor
Manuel Carranza Niño», que promovió Ginna Juliana Carranza
Aguirre contra María Blanca Carranza de Carranza, Luz Mery
Carranza Carranza, Hollman Carranza Carranza, Víctor
Ernesto Carranza Carranza y Felipe Andrés Carranza
Carranza.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
2
I.- ANTECEDENTES
1. La parte actora solicitó,1 como pretensiones
principales, declarar: (i) Que María Blanca Carranza de
Carranza, en su propio nombre y como cónyuge supérstite
de Víctor Manuel Carranza Niño, Luz Mery Carranza
Carranza, Hollman Carranza Carranza, Víctor Ernesto
Carranza Carranza y Felipe Andrés Carranza Carranza, como
hijos del causante, para reducir la masa social y, por ende,
la herencia, transfirieron dolosamente los bienes
relacionados en la demanda; (ii) La pérdida de los derechos
de los demandados sobre los bienes sustraídos. (iii) En
consecuencia, se les condene a restituir al haber de la
sociedad conyugal el doble del valor comercial de tales
bienes; que se ordene la cancelación de los respectivos
registros inmobiliarios y las cesiones sobre las acciones y
cuotas de interés, registradas en las correspondientes
cámaras de comercio y sociedades.
En forma subsidiaria, pidió: (i) Declarar que, con
ocasión de varias transferencias realizadas, la masa social y
la herencia sufrió lesión enorme, en detrimento de la
demandante y demás herederos de Víctor Manuel Carranza
Niño. (ii) En consecuencia, se ordene a los convocados a
restituir, en favor de la sociedad conyugal y la masa de la
sucesión, todos los bienes relacionados en las escriturales
descritas en la demanda; que, en caso de que los
demandados se allanen a la rescisión, deberán completar el
1 Archivos: 002Cuaderno1Tomo2Digitalizado.pdf
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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justo precio comercial de esos bienes, en favor de la sociedad
conyugal y de la masa hereditaria; que se ordene la
cancelación de los respectivos registros inmobiliarios y las
cesiones sobre las acciones y cuotas de interés, registradas
en las correspondientes cámaras de comercio y sociedades.
Para respaldar sus pedimentos, manifestó:
El 22 de junio de 1975, Víctor Manuel Carranza Niño y
María Blanca Carranza contrajeron matrimonio católico,
unión en la que procrearon a Víctor Ernesto Carranza
Carranza, Luz Mery Carranza Carranza, Hollman Carranza
Carranza, Jorge Arturo Carranza Carranza y Felipe Andrés
Carranza Carranza.
El 4 de abril de 2013, falleció el mencionado esposo y
padre, disolviéndose la sociedad conyugal, pero en su
vigencia se adquirieron varios bienes, relacionados en la
demanda, que deben ser tenidos en cuenta para el inventario
del activo social y que conforman la masa relicta; bienes que,
hasta el momento, se han localizado, por no tener el dominio
sobre los activos, debido a que su administración y tenencia
están en cabeza de María Blanca Carranza de Carranza y de
sus hijos.
María Blanca Carranza de Carranza y sus hijos
demandaron la apertura de la sucesión del causante, pero,
mediante cesiones y fideicomiso civil, sustrajeron los bienes
que hacían parte del haber conyugal.
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En diferentes escrituras públicas otorgadas en el año
2013, María Blanca Carranza de Carranza, con un valor muy
inferior al comercial, cedió a sus hijos Luz Mery, Hollman,
Víctor Ernesto y Felipe Carranza Carranza: (i) 55.000
acciones de la Ganadería Brisas de Agualinda SCA, por
$1.100.000.000; (ii) Cuotas o partes de interés en la
Empresa Hotelera y Turística del Llano Ltda. Hotel del Llano,
por $29.020.000; (iii) 300.000 cuotas o partes de interés de
la Operadora Turística Lord Pierre Ltda, por $300.000.000;
(iv) 20.000 cuotas o partes de interés de la Ganadería La
Cristalina Ltda., por $20.000.000; (v) 400.000 acciones de
Calizas del Llano «Callanos» SA, por $400.000.000. (vi)
Constituyó a favor de sus hijos un fideicomiso civil sobre los
inmuebles: La Esmeralda, Las Quebradas, El Volcán, El
Diamante, San Mauricio, La Iberia, Ganadería Nare – predio
Santa Teresita, Santa Cecilia, San Francisco y El Bosque,
bienes que superan los $60.000.000.000.
En todas esas operaciones no hubo intención de
enajenar, ya que tuvieron por causa sustraer y ocultar los
bienes de la masa sucesoral, porque los valores fueron
ficticios, los pagos no ingresaron al haber de la sociedad
conyugal y la señora Carranza de Carranza siguió con la
administración de los mismos.
La sustracción de bienes advertida perjudicó a Iliana
Catalina Carranza, Viviana Andrea Carranza Rubio, Ginna
Juliana Carranza Aguirre y a Jorge Arturo Carranza
Carranza.
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2. Notificado el auto admisorio de la demanda, se
obtuvieron estos pronunciamientos2:
(i) Felipe Andrés Carranza Carranza refutó las
aspiraciones de la actora, proponiendo las excepciones que
denominó «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INCOADA POR LA PARTE
ACTORA», «AUSENCIA DE DOLO Y/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS»
y «DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES OFICIOSAS».
(ii) Hollman Carranza, al contestar la demanda, formuló
las exceptivas que tituló «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
INCOADA POR LA PARTE ACTORA», «AUSENCIA DE DOLO Y/O FRAUDE
DE LOS DEMANDADOS» y «DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES
OFICIOSAS».
(iii) María Blanca Carranza de Carranza resistió las
súplicas de la demandante, planteando las defensas que
denominó «INEXISTENCIA DE LAS SUSTRACCIÓN DE BIENES
SUCESORALES», «INEXISTENCIA DE OCULTAMIENTO DE BIENES»,
«INEXISTENCIA DE DISTRACCIÓN DE BIENES», «AUSENCIA DE CAUSA»,
«AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA», «AUSENCIA DE DOLO»,
«BUENA FE», y «EXCPECIÓN GENÉRICA».
(iv) Yamile Piñeres Leal, Kimberly Carranza Piñeres y
Víctor Ernesto Carranza Piñeres, como herederos legítimos
de Víctor Ernesto Carranza Carranza, se opusieron a las
pretensiones de la demanda y propusieron las excepciones
que rotularon «IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y AUSENCIA DE
DOLO Y/O FRAUDE DE LOS DEMANDADOS», «BUENA FE», «CAUSA
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LÍCITA» y «EXCEPCIÓN GENÉRICA».
(v) El Curador Ad litem de los «DEMANDADOS
EMPLAZADOS» manifestó no rechazar ni admitir los hechos,
por su desconocimiento de algunos, y sobre las pretensiones
no se opuso a su prosperidad, salvo que concurriera una de
las excepciones consagradas en el artículo 306 del Código de
Procedimiento Civil.
3. El a quo, en sentencia dictada el 28 de junio de
2021,3 desestimó las excepciones propuestas por los
demandados y declaró que María Blanca Carranza de
Carranza, Hollman, Felipe y Luz Mery Carranza Carranza y
Yamile Piñeres Leal, Kimberly Annette y Víctor Ernesto
Carranza Piñeres, en calidad de herederos determinados de
Víctor Ernesto Carranza Carranza, ocultaron y/o distrajeron
dolosamente de la sociedad conyugal existente entre la
primera de las mencionadas y Víctor Manuel Carranza Niño
las siguientes acciones o cuotas de participación: Ganadería
Brisas de Agualinda SCA (55000), Empresa Hotelera y
Turística del Llano Ltda. Hotel del Llano (1451), Operadora
Turística Lord Pierre (300000), Ganadería La Cristalina Ltda.
(20000), Calizas de Llano S.A. "Callanos S.A. (400000); y los
siguientes inmuebles: Lote La Esmeralda-casalote (154-
27273 Chocontá), Lote Las Quebradas (154-14049
Chocontá), Lote El Volcán (154-24725 Chocontá), Lote El
Diamante (154-10738 Chocontá), Lote El Bosque (176-32601
Zipaquirá), Lote San Mauricio (176-32602 Zipaquirá), Lote
3 Archivos: 066Sentencia202110628.pdf
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Ganadería Nare (176-38793 Zipaquirá), Lote Santa Cecilia
(176-15274 Zipaquirá), Lote San Francisco (154-5348
Chocontá) y Lote La Iberia (154-3568 Chocontá).
También, condenó a María Blanca Carranza de
Carranza, Hollman, Felipe y Luz Mery Carranza Carranza y
Yamile Piñeres Leal, Kimberly Annette y Víctor Ernesto
Carranza Piñeres, en calidad de herederos determinados de
Víctor Ernesto Carranza Carranza, a reintegrar al haber de
la sociedad conyugal de Víctor Manuel Carranza Niño y María
Blanca Carranza de Carranza las referidas acciones o cuotas
de participación y los referidos inmuebles, debidamente
doblados, como lo exige el canon 1824 del CC; además de a
perder los derechos herenciales que tuvieren en dichos
bienes, lo que deberá ser tenido en cuenta al momento de
efectuarse la partida adicional a la sucesión del señor
Carranza Niño.
Asimismo, ordenó cancelar las anotaciones que figuren
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de
Chocontá y Zipaquirá sobre el contrato de fideicomiso civil,
respecto de los bienes mencionados; y las anotaciones que
aparezcan en los certificados de existencia y representación
legal de las aludidas sociedades, referentes a la cesión de
cuotas o acciones.
4. El ad quem, al desatar las apelaciones formuladas,
de un lado, por los demandados y, del otro, por sucesores
procesales de Víctor Ernesto Carranza Carranza, en
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sentencia de 26 de julio de 20224 modificó el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia,
para indicar que «fue ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), y no
sus sucesores YAMILE PIÑERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y VÍCTOR
ERNESTO CARRANZA PIÑERES, quien participó con los demás
demandados en el ocultamiento y/o distracción dolosa de la sociedad
conyugal de VÍCTOR MANUEL CARRANZA NIÑO (qepd) y MARÍA
BLANCA CARRANZA DE CARRANZA de los bienes inmuebles objeto del
fideicomiso civil», y el numeral tercero de dicha providencia «en
el sentido que YAMILE PIÑERES LEAL, KIMBERLY ANNETTE y VÍCTOR
ERNESTO CARRANZA PIÑERES, en sus calidades de sucesores de
VÍCTOR ERNESTO CARRANZA CARRANZA (qepd), no están sujetos a la
sanción de restitución doblada de los bienes inmuebles objeto del
fideicomiso civil».
En lo demás, confirmó la decisión apelada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL
Para soportar su decisión, el juzgador de segunda
instancia expuso estas consideraciones:
1. En cuanto al reparo frente al no reconocimiento de la
transacción como excepción, o por medio de sentencia
anticipada, sostuvo que esa temática fue zanjada en la etapa
procesal respectiva, explicándose en decisiones de dos
instancias, las razones para no culminar la actuación, y en
virtud del principio de preclusión, no era dable reabrir la
controversia.
4 Archivo: 19Sentencia.pdf
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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Pero memoró que, para terminar el proceso por
transacción, se exigía que todas las partes suscribieran ese
convenio, situación que no aconteció, ya que Sandra Victoria
Carranza Ocampo, heredera de Víctor Manuel Carranza Niño
y litisconsorte cuasinecesaria de la parte demandante no
participó en ese acuerdo.
2. Referente a la insistencia del recurrente en la
improcedencia de la acción de ocultamiento o distracción de
bienes sociales, porque -antes de disolverse la sociedad
conyugal- la esposa contaba con libertad de administración
y disposición de los bienes que fueran de su propiedad, el ad
quem advirtió el fracaso de tal reproche, puesto que la
jurisprudencia ha señalado que los actos de administración
y disposición realizados durante la vigencia del matrimonio
también pueden ser sometidos a control.
Punto en el que halló acreditado que María Blanca
Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman, Felipe y Víctor
Ernesto Carranza Carranza actuaron dolosamente en la
distracción de bienes de la sociedad conyugal conformada
por la primera mencionada y Víctor Manuel Carranza;
conclusión constatada con la prueba documental arrimada,
que evidenció que, con ocasión de la cesión de acciones,
cuotas o partes de interés, así como la constitución de
fideicomiso civil sobre ciertos bienes, éstos no pudieron ser
incluidos en la masa partible del causante.
Además, se corroboró la intención de defraudar a las
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hijas extramatrimoniales de Víctor Manuel Carranza Niño y
al litisconsorte Jorge Arturo Carranza Carranza, hijo de éste
con María Blanca Carranza de Carranza, dado que los
negocios jurídicos cuestionados se llevaron a cabo dentro del
mes anterior a la muerte del causante, quien se encontraba
en estado grave de salud, según las confesiones fictas de
María Blanca Carranza de Carranza y Luz Mery, Hollman y
Felipe Carranza Carranza.
De esa f

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

Desligamiento decisional también permitido respecto de
los cambios jurisprudenciales, que, pese a ser de aplicación
general e inmediata, la Corte Constitucional habilitó su
inaplicación por parte de los jueces de instancia, cuando la
nueva interpretación jurídica produzca afectaciones
concretas de las reglas que rigen los trámites
procedimentales que se vienen adelantando, en detrimento
de los derechos fundamentales de los sujetos procesales que
actuaron al abrigo del precedente o de la doctrina vigentes.38
Situación ésta no avizorada en el caso de marras,
puesto que en el cargo no se demostró que correspondiera al
37 «[E]n atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente» (CC
Sentencia SU406/16).
38 Sentencia SU406/16.
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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Tribunal inaplicar el precedente reciente, por afectar
injustificadamente las reglas procesales de la segunda
instancia, en menoscabo de las prerrogativas adjetivas
superiores de los aquí recurrentes. Y si bien éstos fincaron la
acusación analizada en que el ad quem acudió a una
jurisprudencia que no existía para el momento en que
ocurrieron los hechos materia del litigio, nada dijeron, en
concreto, de alguna específica consecuencia procedimental
desfavorable que les habría ocasionado la aplicación de la
interpretación jurídica para establecer el período en que se
configura la sustracción de bienes, y su correspondiente
sanción, descrita en el artículo 1824 del Código Civil.
4.3.4. Es más, pasaron por alto los casacionistas que,
aunque el supuesto fáctico del litigio hubiera iniciado con
unos negocios jurídicos celebrados en el año 2013,
ciertamente la situación aquí debatida no se encontraba
consolidada, para ese entonces, por una sentencia con
efectos de cosa juzgada, por cuanto en la siguiente
anualidad, esto es 2014, se presentó la demanda que dio
lugar a la respectiva actuación para ventilar la discusión que,
en sede de instancia, se definió al desatarse el recurso de
apelación en 2022; realidad procesal que evidencia que, al
encontrarse irresoluta la controversia a la espera de un
pronunciamiento por parte del ad quem, sí era posible decidir
con el precedente jurisprudencial actualmente sentado por
esta Sala, dado que sus efectos generales e inmediatos
irradiaron, con carácter vinculante, la actividad decisoria de
todos los funcionarios judiciales, sin perjuicio del autónomo
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distanciamiento sólidamente motivado que, al respecto, les
asiste.
Por eso, en este caso el Tribunal, tras explicar la línea
interpretativa que se venía aplicando para imponer la
sanción de que trata el artículo 1824 del Código Civil, se
plegó a la postura desarrollada en la sentencia SC4855-
2021, para señalar que las acciones judiciales destinadas a
reclamar por la administración y disposición de bienes de la
sociedad conyugal, no se supeditan a su disolución ni a la
interposición de la demanda respectiva debidamente
notificada, ya que los actos dispositivos efectuados durante
el matrimonio pueden ser sometidos a control.
Posición que realmente se introdujo en la providencia
SC5233-2019, pero, con anterioridad la Corte ya había
sostenido que la sociedad conyugal tiene su origen y
permanencia en el matrimonio, con efectos patrimoniales
comunes (SC 17 abr, 1955. G.J. T. LXXIX, pág. 757; (SC 4
oct., 1982. G.J. T. CLXV No. 2406, pág. 211 a 218; SC 4 oct,
1962. G.J. T. C No. 2261 a 2264, pág. 85 a 94; SC 18 oct,
1973. G.J. T. CXLVII No. 2372 a 2377, pág. 87 a 95;
SC16280-2016, rad. 2001-00233-01); siguiéndose de esto
que el cónyuge afectado con la disposición de un bien
ganancial está legitimado para pedir la protección del haber
social mediante las respectivas acciones judiciales.
(SC16280-2016, rad. 2001-00233-01).
4.3.5. En esas condiciones, no se observa la
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transgresión normativa achacada al fallador de segundo
orden, y menos que, en su decisión, hubiera desconocido los
principios de igualdad, confianza legítima y seguridad
jurídica respecto de los recurrentes, quienes verdaderamente
pretenden que se les aplique, a rajatablas, una postura
jurisprudencial abandonada por la Corte; olvidando que -
siguiendo el pensamiento de Jean Étienne Portalis- «[e]n una
causa principada, en una demanda contestada, el sentido dudoso de la
ley que ha ocasionado el litigio no ofrece a cada parte más que la
expectativa incierta de una interpretación favorable. Todo es litigioso; las
partes no tienen otro derecho que el de obtener una sentencia que
interprete la ley; ni una ni otra tienen derecho a tal o cual
interpretación»;39 sin soslayar, por supuesto, el deber judicial de
decidir un debate actual en igual forma en que se solventaron
previamente casos que guarden semejanza fáctica; carga
resolutiva que no es óbice para que la Corte Suprema de
Justicia -en su calidad de tribunal de casación con funciones
de unificar la jurisprudencia y proteger la unidad e integridad
del ordenamiento jurídico- modifique su propio precedente y
su doctrina probable, con efectos generales e inmediatos, con
la relativa obligatoriedad subsecuente para los jueces de
instancias.
5. Por todo lo anteriormente expresado, el cargo no
prospera.
Como la decisión es adversa a la parte recurrente, se
39 Obras Completas, Tomo XIV, Código Civil, pág. 32. Aparte citado por Andrés Bello,
en su proyecto de Código Civil (1853), reproducido en SC 27 ene, 2000, exp. 6177.
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impondrá condena en costas a su cargo, de conformidad con
el numeral 1° del artículo 365 e inciso 5º del artículo 349 del
Código General del Proceso.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida el 26 de
julio de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá –Sala Civil, dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte
impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la
suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Radicación n° 11001-31-03-042-2013-00676- 01
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC996-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-05-31. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2013-00676-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC996-2024%20%5B2013-00676-01%5D).
