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ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC949-2022
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
(Aprobado en sesión virtual del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós
(2022).-
En el proceso ordinario de HUGO BARRAGÁN Y CÍA.
LTDA. contra DEERE & CO. y JOHN DEERE THIBODAUX
INC., antes Cameco Industries Inc., procede la Corte a decidir
los recursos de casación que la primera y la última
interpusieron frente a la sentencia del 25 de octubre de 2017,
complementada el 28 de noviembre siguiente, proveídos
proferidos por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil.
ANTECEDENTES
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso,
obrante en los folios 511 a 562 del cuaderno No. 2, se elevaron
las siguientes pretensiones:
1.1. Principales:
1.1.1. Declarar que la actora, como agente, y las
demandadas, como agenciadas, celebraron un contrato de
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agencia comercial, “cuyo objeto era la representación y promoción
de los productos de Cameco en Colombia”.
1.1.2. Declarar que las segundas incumplieron dicha
convención, por las siguientes causas: (i) “(…) haber distribuido
directamente o a través de terceras personas distintas a (…) Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.], sus productos en la zona asignada al
agente”; (ii) “(…) no haber pagado a Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] la
comisión a la que ést[a] tenía derecho” por dichas ventas directas;
y (iii) “(…) haber adoptado políticas comerciales que deterioraron las
relaciones con los clientes y causaron un perjuicio al nombre
comercial del agente y del producto”.
1.1.3. Declarar que la accionante terminó por justa
causa el mencionado contrato.
1.1.4. Declarar que las convocadas “ejecutaron
actividades tendientes a deteriorar el buen nombre de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.]”.
1.1.5. Condenar a las demandadas a pagar a la gestora
del proceso, los rubros que pasan a indicarse: (i) la “cesantía
comercial” contemplada en el inciso 1º del artículo 1324 del
Código de Comercio; (ii) la “indemnización equitativa”
consagrada en el inciso 2º del precitado precepto; (iii) las
“comisiones pendientes”, incluyendo las de las referidas ventas
directas; (iv) la “indemnización plena de los perjuicios que le
hubiere[n] ocasionado por el
incumplimiento del contrato
de agencia
comercial, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante”; (v) el
“daño que injustificadamente ocasionaron a la imagen de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] por su situación de incumplimiento”; (vi) las
“inversiones efectuadas por Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] para
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explotar o promover el negocio durante la ejecución del [c]ontrato y
que no fueron recuperadas por el agente debido a la terminación del
[mismo] por causa[s] imputables a las sociedades agenciadas”; (vii)
los “costos y gastos” en los que la actora “incurrió al tener que
liquidar su personal por terminación del [c]ontrato por causas
imputables a las demandadas”; (viii) los “costos financieros” que
la accionante asumió, “por el retraso en el pago de las comisiones
y demás cuentas derivadas de la ejecución del [c]ontrato”; (ix) los
“demás costos derivados de la terminación del [c]ontrato de
[a]gencia [c]omercial”; (x) los “perjuicios ocasionados al buen
nombre” de la promotora del litigio; (xi) la “actualización
monetaria sobre las condenas señaladas, desde la fecha en que se
generaron cada una de las obligaciones, o la que el juzgado
considere, hasta la fecha de su pago efectivo”; (xii) los “intereses
moratorios” o, en defecto de éstos, los “intereses comerciales”,
“sobre las condenas señaladas, desde la fecha en que se generaron
cada una de las obligaciones, o la que el juzgado considere, hasta
el fecha del pago efectivo”.
1.1.6. Imponer las costas del proceso al extremo pasivo.
1.2. Primeras subsidiarias.
1.2.1. Declarar que entre la demandante y las
accionadas “se celebró un contrato de distribución exclusiva cuyo
objeto era la venta por parte de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] de
productos de Cameco en Colombia”.
1.2.2. Declarar que las últimas incumplieron dicho
contrato, por las siguientes razones: (i) “(…) haber distribuido
directamente o a través de terceras personas distintas a (…) Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.], sus productos en la zona asignada” a esta
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última; y (ii) “(…) haber adoptado políticas comerciales que
deterioraron las relaciones con los clientes y causaron un perjuicio
al nombre comercial de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] y [al] producto”.
1.2.3. Declarar que la actora terminó el indicado
contrato, por causas imputables a las demandadas.
1.2.4. Declarar que con el referido incumplimiento se
causaron perjuicios a aquélla y que, por lo tanto, las
convocadas están obligadas a indemnizar los mismos.
1.2.5. Declarar que las querelladas “ejecutaron
actividades tendientes a deteriorar el buen nombre” de la
iniciadora de la controversia, y por ende, están obligadas a
resarcirle los perjuicios provocados de esa manera.
1.2.6. Condenarlas, por lo tanto, a pagar a ésta “los
perjuicios” derivados del “incumplimiento” y de la “terminación”
del contrato, así como los que se “ocasionaron [a su] buen
nombre”, junto con la “actualización monetaria” y los “intereses
moratorios a la máxima tasa legal permitida”, y las costas.
1.3. Segundas subsidiarias.
1.3.1. Declarar que entre la accionante y las
demandadas “se celebró un contrato innominado cuyo objeto era la
venta de manera exclusiva por parte de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.]
de productos de Cameco en Colombia”.
1.3.2. Declarar que las segundas incumplieron dicho
contrato, por las siguientes razones: (i) “(…) haber vendido
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directamente o a través de terceras personas distintas a (…) Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.], sus productos en el territorio colombiano”;
y (ii) “(…) haber adoptado políticas comerciales que deterioraron las
relaciones con los clientes y causaron un perjuicio al nombre
comercial de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] y [al] producto”.
1.3.3. Declarar que la accionante “terminó por causas
imputables a Cameco y Deere & Co. el mencionado contrato”.
1.3.4. Declarar que con el referido incumplimiento se
causaron perjuicios a la actora y que, por lo tanto, las
demandadas están obligadas a indemnizarle los mismos.
1.3.5. Declarar que las accionadas “ejecutaron
actividades tendientes a deteriorar el buen nombre de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.]” y, por ende, tienen el deber de resarcirle
los perjuicios así ocasionados.
1.3.6. Condenar a las convocadas a pagar a la
convocante “los perjuicios” provocados por el “incumplimiento” y
la “terminación” del contrato, así como los que se “ocasionaron
al buen nombre” de Hugo Barragán y Cía. Ltda., junto con la
“actualización monetaria” y los “intereses moratorios a la máxima
tasa legal permitida”.
1.3.7. Asignar las costas a las demandadas.
2. En respaldo de esas súplicas, se adujeron los
hechos que a continuación se compendian:
2.1. Entre la demandante, persona jurídica cuyo objeto
es, primordialmente, la representación y agenciamiento de
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empresas nacionales y extranjeras fabricantes de productos y
materias primas para la agricultura y la ganadería, y Cameco
Industries Inc., actualmente John Deere Thibodaux Inc.,
empresa norteamericana dedicada a la fabricación de equipos
para el cultivo de la caña de azúcar, se celebró el 16 de
diciembre de 1977 un contrato de agencia comercial, con el
cual se formalizaron las relaciones de esa índole que venían
sosteniendo desde 1973, el cual fue inscrito como tal en la
Cámara de Comercio de Cali.
2.2. En dicha convención, la última entregó a la primera
“la representación exclusiva de todas las producciones que fabrique
para la República de Colombia”, comprometiéndose ésta “a
dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo necesarios para promover
los productos” de aquélla, la cual, a su turno, se obligó a
“prestar[le] toda la asistencia técnica que (…) demandara para
atender eficientemente las ventas hechas al incremento del mercado
colombiano”.
2.3. En desarrollo de ese acuerdo de voluntades, la
agente promocionó los productos de la agenciada y logró
posicionarlos en el mercado nacional, de modo que, con el
paso del tiempo, la industria azucarera patria reconoció a
Hugo Barragán y Cía. Ltda. como la representante de Cameco
Industries Inc. en Colombia, a tal punto que los clientes, que
eran los ingenios azucareros, entregaban a la primera las
órdenes de compra dirigidas a la segunda, quien una vez las
recibía de aquélla, facturaba la mercancía a nombre del
comprador y éste, que era el importador, pagaba directamente
la maquinaria a la fabricante.
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2.4. Por consiguiente, “Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] obraba
en interés y por cuenta de Cameco [Industries Inc.], toda vez que el
agente contactaba al cliente, acordaba las condiciones del negocio
y, finalmente, el contrato era celebrado entre Cameco y el cliente,
razón por la cual la orden de compra era dirigida al empresario y
directamente a éste se efectuaba el pago”.
2.5. La actora recibía de la mencionada demandada una
comisión correspondiente a un porcentaje sobre el precio de
la mercancía vendida, que variaba según el producto
negociado, la cual era sufragada una vez los clientes pagaban
directamente a la empresaria el precio.
2.6. Dicha relación comercial fue estable y perduró por
25 años, hasta cuando el contrato terminó el 5 de marzo de
2004, tiempo en el que la agente logró la venta de más de 300
máquinas y equipos, así como una cifra superior a
US$8.000.000.oo en repuestos y conquistó el 75% del
mercado nacional para la agenciada, lo que le representó la
consecución de una considerable clientela en el territorio
nacional.
2.7. Para esos logros, la accionante publicitó los
productos de la empresaria, desarrolló múltiples e
importantes actividades de promoción, ofreció cursos de
capacitación para los operarios y técnicos vinculados a los
clientes, realizó la importación temporal de maquinaria
prototipo para darla a conocer en el ámbito nacional y
patrocinó distintos seminarios relacionados con el cultivo de
la caña y/o con la industria azucarera.
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2.8. John Deere Thibodaux Inc. incumplió el contrato de
agencia comercial, como quiera que vendió directamente, sin
conocimiento de la actora, de un lado, dos máquinas
cosechadoras de caña modelo CHT-2500 a Colremaq S.A. y,
de otro, repuestos a esa misma empresa, así como a los
ingenios Manuelita y Mayagüez, sin haber pagado a aquélla
las comisiones a que tenía derecho. Adicionalmente, cambió
las condiciones de la comercialización de sus productos, como
quiera que, en los últimos tres años de la ejecución del
contrato, dilató injustificadamente el despacho de algunos
pedidos; condicionó el envío de la mercancía, por ejemplo, al
pago de un anticipo del 50% del precio; y por intermedio de
terceros, invitó a los clientes para que adquirieran sus
productos en forma directa.
2.9. Deere & Co. es la matriz de John Deere Thibodaux
Inc., antes Cameco Industries Inc., como quiera que es la
dueña del 100% de sus acciones con derecho a voto, y por
ende, la controla, amén que entre ellas existe “unidad de
propósito y dirección”. En tal virtud, “adoptó como política
comercial terminar todos los contratos de agencia de Cameco en
[l]atinoamérica y el [c]aribe y entregar la comercialización de los
productos a la red de distribuidores John Deere, para con ello evitar
la duplicidad de estructuras”.
2.10. Dicha empresa, “en su calidad de sociedad matriz de
Cameco, asumió junto con ésta las obligaciones propias del agente
(sic) y se hizo con sus actuaciones parte del [contrato] o, al menos,
comprometió su responsabilidad civil extracontractual en los
términos que han sido descritos”, como se constata con la
correspondencia cruzada entre las partes.
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2.11. El incumplimiento contractual y las políticas
comerciales adoptadas por las demandadas, condujeron a la
actora a poner fin a la agencia comercial, determinación que
les informó mediante misiva del 26 de diciembre de 2003, en
“la cual les notificó que daba por terminado el [c]ontrato, sesenta
(60) días después de la fecha de recibo de la mencionada
comunicación”, carta en la que les expresó que su decisión “se
debía a causas imputables a Cameco” y les puso de presente “los
reiterados incumplimientos en que incurrió esa [c]ompañía durante
la ejecución” del referido pacto.
2.12. Con fecha 29 de enero de 2004, Cameco
Industries Inc. remitió a la accionante, escrito en el que le
manifestó su desacuerdo con la posición adoptada por
aquélla, desconoció la naturaleza del contrato y afirmó “que el
mismo era sólo parcialmente un [c]ontrato de agencia comercial”,
sin que las dos, pese a intentarlo, lograran solucionar de
mutuo acuerdo sus diferencias.
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Cali, mediante auto del 29 de agosto de
2008 (fl. 564, cd. 2). Notificado el mismo a las accionadas por
aviso, de conformidad con las previsiones del artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil, ellas contestaron el libelo
introductorio, oponiéndose a que se acogieran sus
pretensiones; se pronunciaron de diversa manera sobre los
hechos aducidos y plantearon excepciones, así:
3.1. La señora María Fernanda Conde, que en principio
fue demandada, a más de excepciones meritorias (fls. 592 a
632, cd. 3), propuso la previa de “Ineptitud de la demanda por
(…) indebida acumulación de pretensiones” (fls. 8 a 14, cd. 4),
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que el Juzgado del conocimiento declaró probada en auto del
1º de febrero de 2011 (fls. 26 a 32, cd. 4), adicionado el día 11
siguiente para disponer que la nombrada “queda desvinculada
del present[e] asunto, merced a la prosperidad de la excepción
previa de indebida acumulación de pretensiones” (fl. 44, cd. 4),
determinaciones que el Tribunal Superior de Cali confirmó en
proveído del 5 de julio de 2012 (fls. 73 a 81, cd. 6), lo que
implicó su exclusión definitiva de la controversia.
3.2. Deere & Co., en el escrito que milita en los folios 1
a 7 del cuaderno No. 4, propuso las excepciones previas de
“ineptitud de la demanda” por “indebida acumulación de
pretensiones” y “falta de jurisdicción” y/o “competencia”, que
fueron desestimadas por el a quo en la providencia atrás
citada, decisión igualmente confirmada por el Tribunal, en el
auto arriba registrado.
En la réplica de la demanda, formuló las excepciones
meritorias que rotuló como “[a]usencia de legitimación en la
causa por pasiva”, “[i]ndebida elección de la acción a seguir”,
“[f]alta de [j]urisdicción”, “[i]ndebida acumulación de
acciones”, “la relatividad de los contratos”,
“[e]nriquecimiento [i]njusto” y “[t]emeridad” (fls. 745 a 788, cd.
3).
3.3. Por su parte, John Deere Thibodaux Inc., en la
contestación del libelo introductorio que presentó, formuló las
defensas que denominó “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE
AGENCIA COMERCIAL QUE ALEGA LA PARTE ACTORA”, “EL
PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO ‘VENIRE CONTRA
FACTUM PROPIUM’”, “EL CONTRATO ES LEY PARA LAS
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PARTES: ARTÍCULO 1602 DEL CÓDIGO CIVIL”, “UNA DE LAS
PARTES NO PUEDE CREAR OBLIGACIONES A SU ANTOJO EN
CONTRAVÍA DEL ACUERDO CONTRACTUAL”, “AUSENCIA DE
BUENA FE EXENTA DE CULPA POR PARTE DE LA
DEMANDANTE”, “INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LA SOCIEDAD
CONVOCANTE A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES”,
“RUPTURA ILEGAL Y ANTICIPADA DEL CONTRATO, EXCEPTIO
PLUS PETITO TEMPORE”, “CONTRATO NO CUMPLIDO –
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS”, “INEXISTENCIA DE
CONDUCTAS ABUSIVAS, INDEBIDAS O DE PRESIÓN”,
“INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS ALEGADOS”, “INDEBIDA
ACUMULACIÓN DE ACCIONES” y “COMPENSACIÓN” (fls. 804 a
837, cd. 3).
4. Por aparte, la precitada accionada presentó
demanda de reconvención (fls. 1 a 8, cd. 5), libelo sobre el que
cabe anotar:
4.1. Fueron sus pretensiones:
4.1.1. Declarar que la primigenia accionante y
demandada en reconvención, en relación con “el contrato de
[d]istribución y [r]epresentación celebrado el día 16 de diciembre de
1977 con la sociedad John Deere Thibodaux Inc.”, lo dio por
terminado “sin justa causa”, “de manera anticipada y contrariando
expresamente una provisión contractual”.
4.1.2. Declarar que Hugo Barragán y Cía. Ltda.
incumplió dicho convenio “en la forma y términos precisados en
los hechos” y que, por ende, “es responsable civil y
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contractualmente de todos los daños y perjuicios causados” a la
reconviniente.
4.1.3. Declarar que la nombrada sociedad “está obligada
a cancelar” a la contrademandante “las sumas que le adeuda por
concepto de cartera atrasada respecto de los equipos, partes,
repuestos y otros conceptos”.
4.1.4. Condenar a la reconvenida a pagar a la autora de
la demanda de mutua petición, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, la
cantidad de US $132.107,94, o la que se establezca en el
proceso, “por concepto de cartera adeudada y sus intereses”, junto
con la “correspondiente indexación y/o actualización”, así como
de los “intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal
permitida”, causados una y otros desde “la ejecutoria del fallo y
hasta que [el] pago se realice”.
4.1.5. Declarar “la compensación entre los créditos aquí
reconocidos y los que lo fueren de la demanda principal, en la forma
y términos que finalmente aparezcan debidamente demostrados
(…)”.
4.1.6. Imponer a demandada en reconvención las costas
procesales.
4.2. Dichas súplicas se sustentaron en los hechos que a
continuación se resumen:
4.2.1. Las partes celebraron el 16 de diciembre de 1977
“un [c]ontrato de [d]istribución y [r]epresentación”, con duración
inicial de un (1) año, prorrogable por lapsos similares si las
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partes no daban “aviso con sesenta días de anticipación al
vencimiento de cada período”.
4.2.2. Hugo Barragán y Cía. Ltda. incumplió dicho
acuerdo de voluntades, por las siguientes razones: (i) incurrió
en “[m]ora del pago de sus obligaciones”, como quiera que no
canceló “la cartera que le adeuda a Cameco por concepto de
repuestos, equipos y partes”; (ii) no fue diligente, toda vez que
“no conservaba un stock adecuado de partes y repuestos para
atender las necesidades de los clientes, ni realizaba una gestión de
mercadeo eficaz y permanente con el fin de garantizar un
cubrimiento apropiado del mercado de acuerdo a las obligaciones
que como [d]istribuidor el contrato le imponía”; (iii) vendió
“productos de otros fabricantes que podían competir con los
producidos por Cameco violando con ello la cláusula de exclusividad
pactada”; (iv) fue “negligente en su deber de atención y [de]
garantizar una fluida comunicación con Cameco por medio del
interlocutor válido designado por ésta, evitando con ello el logro de
los propósitos y fines negociales y contractuales esperados”; y (v)
“suspendió el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”,
puesto que “dio por terminado el [c]ontrato e incumplió su
obligación contractual de pagar las sumas correspondientes a los
equipos y partes que adquiría de Cameco para la posterior reventa”.
4.2.3. La accionante procuró obtener infructuosamente
el pago de las sumas adeudadas por la demandada, quien,
pese a su incumplimiento, presentó el libelo con el que se dio
inicio al presente proceso, que incluyó como convocadas a
personas ajenas, por completo, a la relación contractual que
las vincula.
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5. La reconvención fue admitida con auto del 6 de julio
de 2009 (fl. 9, cd. 5), notificada por estado.
6. La contrademandada respondió dicho libelo, escrito
en el que se opuso a sus reclamaciones, expresó lo que estimó
pertinente respecto de los hechos alegados y propuso las
excepciones meritorias que rotuló “[a]usencia de
[r]esponsabilidad” por “[a]usencia de [h]echo [c]ulposo o de
[i]ncumplimiento”, “[c]umplimiento del contrato”,
“[i]nexistencia de [o]blicación”, “[c]obro de lo [n]o [d]ebido”,
“[i]nexistencia de perjuicios”, “[i]ndebida acumulación de
pretensiones”, “[c]ontrato [n]o [c]umplido”, “[c]ompensación” y
“[p]rescripción y caducidad” (fls. 10 a 24, cd. 5).
7. Por descongestión, el proceso pasó a conocimiento
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de
Cali (fl. 1714, cd. 10) y, posteriormente, del Juzgado Dieciséis
Civil del Circuito de esa misma ciudad (fls. 1719 a 1721, cd.
10), el cual le puso fin a la primera instancia con sentencia
del 16 de febrero de 2017 (fls. 1942 a 1962 vuelto, cd.10),
adicionada y corregida mediante proveído del 6 de marzo
siguiente, pronunciamientos en los que, conjugados, resolvió:
7.1. Acogió la objeción por error grave formulada por la
parte demandada frente a uno de los dictámenes periciales
rendidos como prueba.
7.2. Declaró probada la excepción de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” respecto de la accionada
Deere & Co., por lo que ordenó “su desvinculación de este
trámite”.
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7.3. Declaró que entre la actora y John Deere Thibodaux
Inc., antes Cane Machinery and Engineering Co., la primera
como agente y la segunda como agenciada, se celebró un
“contrato de agencia comercial mercantil, que inició el 26 de
diciembre de 1977 y terminó el 5 de marzo de 2004, por justa causa
atribuible al empresario agenciado”.
7.4. Condenó a la precitada convocada a pagarle a la
gestora de la controversia, de un lado, US $1.531.517.72,
“según su equivalencia en pesos colombianos a la TRM vigente para
el momento del pago, a título de compensación de que trata el
numeral 1º del artículo 1324 del Código de Comercio, o ‘cesantía
comercial’”; y de otro, la suma de $3.500.000.000.oo, “a título
de indemnización equitativa de que trata el numeral 2º del artículo
1324 del Código de Comercio”, una y otra obligación junto con
los “intereses de mora” causados “a partir del día siguiente al de
la notificación de esta providencia, a la tasa máxima que señala el
legislador mercantil”.
7.5. Denegó las restantes pretensiones de la demanda
principal, por falta de prueba.
7.6. Declaró que Hugo Barragán y Cía. Ltda. adeuda y
está obligada a pagar a John Deere Thibodaux Inc., antes
Cane Machinery and Engineering Co., por una parte, US
$69.405.59, “según su equivalencia en pesos colombianos a la
TRM vigente para el momento del pago, a título de capital adeudado
incorporado en las facturas relacionadas en el acápite
vigesimocuarto de lo considerativo de esta providencia”, junto con
“los intereses de mora (…), causados a partir del día siguiente a
proferimiento de esta providencia (18 de febrero de 2017), los que
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deberán liquidarse en la forma descrita aquí, a la tasa máxima
legalmente prevista por el legislador mercantil”; y por otro,
US $157.921.18, “según su equivalencia en pesos colombianos a
la TRM vigente al momento del pago, a título de réditos de mora
sobre las obligaciones compendiadas previamente, desde la fecha
de la exigibilidad de cada una de las facturas que la incorporan,
hasta la calenda en la que se profirió esta providencia (17 de febrero
de 2017)”.
7.7. Negó las demás súplicas de la reconvención, “por ser
opuestas a los pedimentos principales acogidos en esta
providencia”.
7.8. Autorizó a las partes “a compensar los créditos
referidos en los ordinales anteriores, en la proporción que
corresponda”.
7.9. Condenó en costas, por la acción principal, a la
actora en favor de Deere & Co. y a John Deere Thibodaux Inc.,
antes Cane Machinery and Engineering Co., en favor de
aquélla, fijando en cada caso la suma de $80.000.000.oo,
como agencias en derecho; y por la reconvención, a Hugo
Barragán y Cía. Ltda. en favor de su promotora, tasando en
$8.000.000.oo las agencias en derecho.
8. Apelado el referido fallo de primera instancia por la
primigenia demandante y por John Deere Thibodaux Inc., el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil,
resolvió las alzadas mediante sentencia del 25 de octubre de
2017 (fls. 15 a 51, cd. del Tribunal), complementada, aclarada
y corregida el 28 de noviembre del mismo año (fls. 98 a 105,
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ib.), pronunciamientos en los que, apreciados en conjunto,
dispuso:
8.1. Adicionó el fallo del a quo, en primer lugar, para
“ACCEDER parcialmente a la demanda de reconvención”, en el
sentido de “DECLARAR que existió, de forma concomitante al de
agencia, un contrato de distribución de repuestos entre las partes”;
y en segundo término, para condenar a John Deere Thibodaux
Inc. a pagar a Hugo Barragán y Cía. Ltda. “la suma de USD
341.731,68, por concepto de comisiones por las ventas directas
realizadas en vigencia del contrato de agencia comercial”, junto
con los “intereses moratorios” causados “a partir de día siguiente
de la ejecutoria de la presente decisión, a la tasa máxima
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia”.
8.2. Modificó los numerales quinto y sexto del proveído
recurrido, en cuanto a que se condena a la precitada
demandada a pagar a la también citada actora, de un lado, “la
suma de USD 846.803.45, según su equivalencia en pesos
colombianos a la TRM vigente para el momento del pago, a título de
compensación de que trata el numeral 1º del artículo 1324 del
Código de Comercio, o cesantía comercial”; y de otro, “la suma de
USD 167.499.58, a título de indemnización equitativa de que trata
el numeral 2º del artículo 1324 del Código de Comercio”, en ambos
casos con los “intereses de mora a partir del día siguiente a la
ejecutoria de esta sentencia, a la tasa máxima señalada por la ley
mercantil de conformidad con las certificaciones que para el efecto
expida la Superintendencia Financiera”.
8.3. Confirmó en lo restante la sentencia apelada.
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8.4. Corrigió la parte considerativa de la primigenia
sentencia, así: el numeral sexto, “en el sentido de indicar que el
porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de
las ventas números 3 y 4, corresponde al 28%, conforme a lo
expuesto en la presente providencia”; y el numeral segundo,
último párrafo, “en el sentido de precisar que dicha consideración
sobre la falta de legitimación por pasiva se efectúa en relación con
la demandada DEERE & CO.” (fallo complementario).
8.5. Condenó, como consecuencia del primero de los
pronunciamientos atrás relacionados, al pago de las costas de
la reconvención a la primigenia accionante en favor de la
contrademandante. Fijó en $6.000.000.oo las agencias en
derecho.
8.6. Se abstuvo de imponer costas en segunda
instancia, por la prosperidad de ambas apelaciones.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Y EL PROVEÍDO COMPLEMENTARIO
Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de referir
los argumentos esenciales de la sentencia del a quo, así como
de las apelaciones, el Tribunal, para arribar a las
determinaciones que adoptó, expuso los argumentos que
pasan a compendiarse.
1. Tras encontrar reunidos los presupuestos
procesales y descartar la existencia de irregularidades que
pudieran afectar lo actuado, asumió el estudio de fondo de la
controversia y puso de presente que, como las dos partes
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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apelaron, la Sala tiene “plena competencia (…) para decidir acerca
de todo el litigio”.
2. Así las cosas, siguió al análisis de la legitimidad de
los intervinientes, y en desarrollo de ello, admitió la de la
demandante y la de John Deere Thibodaux Inc., por
“encontrarse vinculados” en el “acuerdo de voluntades” base de la
acción, “lo cual no constituye tema de discusión”.
En cuanto hace a Deere & Co. aseveró que “no h[izo] parte
del contrato objeto de la presente litis” y que, “por tanto, no se
encuentra legitimada para resistir las pretensiones de la demanda”,
inferencia que reiteró más adelante y en pro de la cual
reprodujo, en parte, un fallo de esta Corporación.
Puntualizó que la adquisición por parte de ella de
Cameco, no habilitó su intervención, como quiera que a partir
de cuando ello ocurrió, se creó la otra persona jurídica
accionada; y que no es admisible que se hubiere adherido a la
mencionada convención o que hubiese impartido las
instrucciones que provocaron la terminación de esa relación
negocial.
Luego de reproducir los argumentos de la sentencia de
primera instancia relacionados con el tema, que avaló, el ad
quem estimó que la única posibilidad para que operara la
vinculación de la nombrada sociedad, era que la referida
operación de compra hubiese tenido por finalidad “perpetrar un
fraude” o un “abuso de su derecho de separación patrimonial” en
desmedro del “patrimonio de la parte actora”, tesis que refrendó
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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con un pronunciamiento del Consejo de Estado, que reprodujo
en lo pertinente.
En tal orden de ideas, añadió:
Puestas así las cosas y teniendo por cierto que la
desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia
en el ordenamiento jurídico colombiano, resulta evidente que
tal sanción solo puede suceder a la acreditación suficiente del
uso indebido de una figura societaria, pues la separación
patrimonial constituye un fin legítimo de las estructuras de
esta naturaleza. Por ello, para que prosperen pedimentos como
el de la parte actora en este juicio[,] es imprescindible
demostrar con la claridad necesaria[,] para dejar de lado un
principio toral del derecho privado, que se han desbordado los
fines para los cuales fueron concebidas las formas
asociativas.
Y es que, por supuesto, el levantamiento del velo corporativo
debe entenderse como una sanción absolutamente
excepcional, y que, por lo mismo, debe venir precedida del
cumplimiento de un estricto gravamen probatorio para quien
quiere prevalerse de tal modo correctivo, derogando siquiera
temporalmente la limitación de responsabilidades, que es una
de las prerrogativas esenciales del derecho de sociedades.
Y, en ese escenario de exigencia probatoria, debe señalarse
que no obran en el expediente medios de prueba que sugieran,
siquiera, los puntales esenciales para dar cabida a la punición
de que se viene hablando, por manera que la pretensión de
condena directa a DEERE como sociedad controlante de JOHN
DEERE no resulta procedente.
3. Tras advertir que las pretensiones principales de la
demanda con la que se dio inicio al proceso propenden por el
reconocimiento de la celebración entre las partes de un
contrato de agencia comercial y que el disentimiento
expresado por Jhon Deere Thibodaux Inc. sobre ellas, se cifró
en el tipo de negocio, pues a su juicio fue “de suministro para la
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distribución”, según lo señaló en la demanda de reconvención
y en la apelación que propuso, el Tribunal concentró sus
esfuerzos en establecer cuál fue, en realidad, el acuerdo de
voluntades convenido, y para ello, en realizar adecuadamente
el “juicio de adecuación típica”, laborío que acometió con ayuda
de la jurisprudencia.
Con ese objetivo, previa reproducción de otro
pronunciamiento de esta Corporación, coligió, de un lado, que
son “elementos distintivos” de la agencia comercial “(i) La
independencia; (ii) La estabilidad, (iii) El encargo de promoción o
explotación de un negocio; (iv) La delimitación territorial”; y de otro,
que el factor en realidad distintivo “es la actuación por cuenta
del tercero (agenciado), lo que de suyo descarta la confusión con la
venta para la reventa, pues en tratándose del contrato de agencia
las contingencias del negocio no son asumidas por el intermediario,
a diferencia de lo que ocurre con el distribuidor, que corre con los
riesgos del negocio”.
Así las cosas, tras tener por acreditados en el sub lite los
referidos elementos de independencia, estabilidad,
representación, promoción y delimitación territorial, insistió
en que “la nota característica de la agencia es, (…), el actuar por
cuenta y riesgo del agenciado”; y observó que esta característica
“también se probó” en el proceso, como quiera que:
(i) La actora carecía de la capacidad económica para
pagar “con su peculio, el precio de los costosos bienes producidos
por JOHN DEERE”, de forma que pudiera pensarse que
compraba para revender.
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(ii) Lo expresado por los testigos Edgardo Díaz y Stevens
Willet, gerentes de ventas regionales de John Deere Thibodaux
Inc., “sugiere que las ventas se realizaban directamente” entre
dicha compañía y “los ingenios azucareros, sin la intermediación
(como distribuidor) de HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]”.
(iii) En la época de celebración del contrato, “la tecnología
no era usual en la labor de corte de caña”, por lo que no lucía
“razonable económicamente que HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]
adquiriera para la reventa unos equipos de altísimo valor económico,
asumiendo el (…) riesgo de conquistar un mercado
hiperespecializado”, planteamiento que sustentó con las
declaraciones de los señores Edgardo Díaz y Fernando Giraldo
Muñoz, otrora Gerente de Campo del Ingenio Manuelita S.A.
(iv) La “facturación, uno de los indicios acogidos por el juez a
quo como soporte de la tesis que el Tribunal comparte, muestra que
la venta de maquinaria se realizaba invariablemente a través de
operaciones directas entre JOHN DEERE y los ingenios azucareros,
tal y como lo muestran las múltiples facturas que obran en el
expediente, y que fueron emitidas por la citada demandada,
mostrando así que HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.], al menos en
principio, no obraba como distribuidor, sino como un intermediario
entre dos extremos negociales que, además, contaban con una
capacidad económica superior a la suya”, acreditación no
desvirtuada con el argumento de que tales ventas eran
simuladas, “con el fin de permitir a los ingenios adquirentes
hacerse a los beneficios del llamado ‘Plan Vallejo’”, pues ni
siquiera en la contabilidad de la prenombrada accionada
aparecen rastros de ello, como quiera que las negociaciones
siempre se registraron de manera concordante con lo
facturado, “al paso que la remuneración de HUGO BARRAGÁN [y
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Cía. Ltda.] se tuvo expresamente como comisión, lo cual, sumado a
los aspectos antes anotados, es un factor que debe ser valorado en
forma negativa a los intereses de la parte demandada”.
(v) John Deere Thibodaux Inc. “asumió siempre como suyo
el mercado colombiano”, como se constata en la comunicación
citada por el juzgador de segunda instancia.
En suma, esa autoridad estimó que “[a] partir de estos
elementos, valorados en conjunto, el juicio de adecuación típico solo
puede llevar a concluir la presencia de una arquetípica agencia, sin
que, por supuesto, algunas menciones tangenciales de las partes a
la ‘distribución’ sean suficientes para entender que fue [é]ste el
contrato que celebraron y no el reseñado recién, no solo por la
inequívoca presencia del elemento diferenciador ‘obrar por cuenta y
riesgo ajeno’, sino porque la similitud entre agencia y distribución
puede generar un efecto inverso al que usualmente ocurre, y es que,
a los ojos del lego, una verdadera agencia aparezca como una
simple distribución. (…). Por ende, el reparo presentado por la
demandada, correspondiente a que el juez de primera instancia
‘encontró probado, sin estarlo, que entre HUGO BARRAGÁN [y Cía.
Ltda.] y JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] existía una agencia
comercial, no puede prosperar”.
4. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación el ad
quem reconoció eco a la alzada de la precitada demandada, en
cuanto hace a que “entre las partes existieron dos relaciones
contractuales de negocios concomitantes (agencia y distribución)”,
coexistencia que a voces de la jurisprudencia de esta Corte es
“perfectamente posible”, como se declaró en la sentencia que
citó, toda vez que es factible que “en un contexto negocial
complejo como el que suele surgir en actividades económicas de gran
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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relevancia, las partes construyan a partir de un vínculo inicial otros
negocios jurídicos accesorios, orientados a generar eficiencias o a
acrecentar ganancias, por poner tan solo algunos ejemplos,
denominándose a los mismos contratos conexos o coligados,
como también se ha indicado por la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de 25 de septiembre de 2007, Exp. 2000-000528-01”.
Destacó que “las pruebas documentales indican que ello fue
lo que ocurrió en este asunto, pues la relación negocial que inició
singular, como agencia mercantil valga añadir, con el tiempo fue
degenerando al menos en dos contratos distintos, (i) el de agencia,
orientado a que HUGO BARRANGÁN [y Cía. Ltda.] mediara (por
cuenta de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]) en la comercialización en
Colombia de maquinaria agroindustrial, y (ii) el de distribución, en
el que [aquélla] (o sus sociedades filiales) adquirían, para revender,
repuestos de la maquinaria en cuya venta medió previamente”,
concurrencia negocial que halló acreditada con los siguientes
elementos de juicio:
(i) Las “facturas impagadas que dan cuenta de operaciones
de compraventa de repuestos, donde JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]
figura como vendedor y HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] como
comprador, documentos que franquearon el paso al éxito parcial de
la demanda de reconvención (Fl. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 C. Documentos Soporte Facturación
4)”, así como las demás expedidas desde 1993, igualmente
contentivas de ventas similares entre Cameco y la primigenia
actora, “negocios que se extendieron hasta el año 2011 (Ver
cuaderno Documentos Soporte Facturación 1, 2, 3 y 4)”.
(ii) La aceptación expresa que la precitada demandante
hizo de adeudar algunas sumas de dinero a la también
mencionada demandada, “carga que no tendría razón en el
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contexto de un negocio de agencia mercantil, pero que parece
encuadrar en la hipótesis de la coexistencia de este negocio con uno
de distribución”.
(iii) La contabilidad, que da cuenta que la actora “vendió
directamente repuestos a los ingenios azucareros del Valle del
Cauca”, incluso, hasta después de la terminación del contrato
de agencia, como se infiere de “la certificación emitida por la
revisoría fiscal del Ingenio Manuelita (fls. 1235 a 1248, C. 4 pruebas
de la parte actora)”, continuidad que “solo puede explicarse a
partir de la venta de un stock de repuestos y partes que habían sido
previamente adquiridos por HUGO BARRAGAN [y Cía. Ltda.] para
su comercialización entre los clientes de JOHN DERRE [Thibodaux
Inc.]”.
(iv) Los documentos con los que se acreditaron las
transacciones efectuadas por la accionante y el Ingenio
Pichichí S.A. “por la venta de materiales, repuestos y accesorios
(Pág. 1 a 13 C. Ingenio Pichichí S.A.)”, complementados con el
cheque que la última giró a la primera para el pago de
repuestos y las facturas de esas negociaciones que van “desde
el año 2000 hasta el 2004 (Ver C. Ingenio Pichichí S.A.)”.
(v) La declaración de la señora Damaris Herrera, “ex
empleada de HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]”, quien “explicó cuál
era el procedimiento de compra para la reventa de repuestos y
partes de maquinarias”.
Fruto del precedente análisis, el Tribunal añadió:
A partir de lo expuesto, y ante la presencia inequívoca de dos
negocios coligados, un[o] de agencia, relativo con las
operaciones de gran calado (venta de maquinaria) y otro de
distribución, que con el tiempo fue desarrollando HUGO
BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] con el fin de comercializar en
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Colombia las partes y repuestos necesarios para el
mantenimiento de las maquinarias producidas por JOHN
DERRE [Thibodaux Inc.], [se] impone declarar la prosperidad
parcial de la demanda de reconvención en relación a la
existencia concomitante de un contrato de distribución de
repuestos entre los litigantes, sin que dicha circunstancia
afecte la condena efectuada por al a quo en torno al pago de
las sumas de dinero contenidas en las facturas que no fueron
pagadas por Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] a favor de JOHN
DEERE [Thibodaux Inc.].
Lo anterior quiere decir que el juez de primera instancia se
percató del incumplimiento por parte de Hugo Barragán [y Cía.
Ltda.] (del contrato de distribución celebrado entre las partes),
y aunque no lo declaró, s[í] [la] condenó (…) al pago de las
facturas que[,] por concepto de repuestos, debía la
demandante a la demandada (…).
En este orden de ideas, luce prístin[a] la prosperidad de los
reparos números 2.2., 2.3., 2.6. y 2.9. propuestos por la
demandada John Deere [Thibodaux Inc.]”.
5. Descartó el reproche de la actora, consistente en
que ella “no debe suma alguna por concepto de repuestos a
CAMECO”, porque “las demandadas reconocieron que no existía
esa obligación” y en el balance aportado por la propia John
Deere Thibodaux Inc. aparece que dicho crédito se compensó
con la comisión que ella, en octubre de 2005, concedió a la
accionante por la venta al Ingenio Riopaila de una máquina
en el 2003, puesto que “revisado el balance de cuentas aducido
por la actora, del mismo, en momento alguno, se puede evidenciar
que la compensación se haya realizado con las facturas (…)
impagadas”, sin que, de otra parte, la declaración rendida por
la señora Lori Trotti, tenga “la virtualidad de acreditar que Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] no le adeuda a John Deere [Thibodaux Inc.],
los valores establecidos en las facturas por concepto de repuestos”.
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A lo anterior se agrega que militan en el proceso pruebas
que desdicen esa alegación de la primigenia demandante,
como “la propia confesión [de su] representante legal” y el
dictamen rendido por la contadora Celmira Duque Solano.
Por consiguiente, “ante el panorama probatorio descrito
previamente, no podría sino reconocerse la existencia de una
obligación a cargo del demandante principal -ahora demandad[a] en
reconvención-, de cuya existencia además da cuenta su propia
confesión, así como el examen de varios documentos, entre ellos las
aludidas facturas, que pasados por el tamiz del juicio experto de un
perito contable soportan el razonamiento expresado por el juez a
quo, esto es, que HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] debe a JOHN
DEERE [Thibodaux Inc.] un capital total de USD $69.406,
incorporados en 17 facturas distintas, con vencimientos
ciertos entre el 3 y el 16 de abril de 2004 (Fl. 1228 C. 5 ppal
Cfr. Títulos valores obrante a folios 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 24[,] 26, 27 y 28 C. Documentos Soporte Facturación
4)”, constatación que no fue desvirtuada por la deudora.
6. Sobre el cuestionamiento atinente a que el a quo
encontró probado, sin estarlo, que la terminación del contrato
de agencia fue por causas imputables a John Deere
Thibodaux Inc., el Tribunal estimó que dicho reparo “no
encuentra respaldo fáctico ni jurídico”, toda vez que en ese
acuerdo de voluntades Cameco entregó a la promotora del
litigio “la representación exclusiva de todas las producciones que
fabrique para la República de Colombia”, previsión que aquélla
incumplió, como quiera que, “en vigencia del contrato, vendió
directamente en Colombia, dos máquinas cosechadoras de caña a
la sociedad COLREMAQ, hecho ratificado por el apoderado judicial
de John Deere [Thibodaux Inc.] al momento de presentar sus
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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alegatos de cierre en primera instancia, y también hasta el momento
de formular y sustentar el recurso de apelación”, actitud que
autorizó a la agente para que pusiera fin a la convención,
“pues, itérese, el incumplimiento del convenio de exclusividad
constituye, sin lugar a dudas, justa causa para la terminación de la
agencia comercial por culpa del empresario, sobre todo, tratándose
de una representación que corría desde hac[ía] más de cinco
lustros”, en tanto que esa conducta riñe con la “buena fe que
debe presidir la ejecución de un contrato con semejante prolongación
en el tiempo (Artículo 1325 numeral 2 literal a)”.
Puntualizó a continuación el Tribunal que el señalado
incumplimiento fue rotundo, habida cuenta que “no solo fueron
dos equipos los que se vendieron directamente por el empresario,
sino que fueron siete, lo cual cierra cualquier posibilidad de
discusión en torno a si era viable para HUGO BARRAGÁN [y Cía.
Ltda.] dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia que
la unía desde hac[ía] 26 años con John Deere Thib[odaux Inc.]”, tras
lo cual relacionó las otras cinco negociaciones así realizadas.
Desechó los argumentos defensivos aducidos al respecto
por la precitada demandada, consistentes en que el artículo
1322 del Código de Comercio autoriza tal tipo de operaciones
y que la actora no cumplió con el deber de promoción que
tenía, toda vez que la citada norma condiciona la realización
de negocios directos al pago de la respectiva comisión al
agente, lo que aquí no tuvo ocurrencia, y porque la duración
del contrato y el volumen de comisiones percibidas por
aquélla, demuestran que sí satisfizo la obligación de
promoción de los productos de la empresaria.
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En orden a lo expuesto, el ad quem acogió el reproche de
la accionante relativo al no pago de las comisiones por esas
ventas directas, razón por la cual pasó a su liquidación,
“teniendo en cuenta los valores establecidos por el perito Federman
Valencia, en su dictamen (Fl. 127 C. 4 Prueba Actora), ya que este
punto no fue objeto de controversia, y en relación con la venta de las
dos máquinas a COLREMAQ se tendrá[n] los valores establecidos
en el reporte de ventas aportado por John Deere [Thibodaux Inc.]
(Fl. 167 C. 5)”, obteniendo la suma total de “USD 341.731,68”.
7. Estimó que la precitada demandada no acreditó los
factores de
incumplimiento del contrato
de agencia comercial
que atribuyó a Hugo Barragán y Cía. Ltda., pues la falta de
pago de repuestos y el no tener un stock suficiente de los
mismos, no concierne con ese negocio jurídico; no se
estableció que la comunicación entre las partes fuera
deficiente; tampoco que la nombrada sociedad se hubiere
negado a vender productos de la agenciada; y menos, que
enajenara productos que competían con los de ésta.
8. Especificó que la afirmación de que la actora terminó
ilegal y anticipadamente el contrato de “distribución” admite
dos interpretaciones: la primera, que se relaciona con el
contrato de agencia, supuesto en el cual “no es de recibo pues
no solo se vendieron dos máquinas sin respetar la exclusividad del
agente sino que fueron siete”; y la segunda, que concierne con el
“contrato de distribución referido en la demanda de reconvención”,
caso en el cual tampoco es atendible, puesto que no se
acreditaron “los términos, condiciones o las cláusulas del
acuerdo” y porque, demostrado como está, que “el contrato de
agencia mercantil se terminó por causa imputable al empresario
John Deere [Thibodaux Inc.], (…) al encontrarse [é]ste coligado a uno
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de suministro, con el que conjuntamente se desarrollaba, es lógico
que este último corría la misma suerte que el primero, sin que dicha
culminación pueda endilgarse por John Deere [Thibodaux Inc.] a
Hugo Barragán [y Cía. Ltda.], pues itérase la terminación del
contrato de agencia es atribuible a la empresa John Deere
[Thibodaux Inc.] y por ende, la del contrato de distribución también
lo es”.
9. La mala fe atribuida a la primigenia accionante, por
haber demandado a la señora María Fernanda Conde, no
haber colaborado con la práctica de la prueba pericial y haber
destruido algunos documentos, el Tribunal la desestimó, en
tanto que la nombrada fue excluida del proceso como
consecuencia de su falta de legitimación, la referida probanza
“fue debidamente recaudada” y el juez de primera instancia, en
la sentencia que profirió, valoró los elementos probatorios y la
conducta de las partes, “de lo cual dedujo indicios y fundó su
decisión en ellos”.
10. Pasó al reproche atinente al monto de la cesantía
comercial, y de entrada, anunció su prosperidad, como quiera
que el a quo, para su cuantificación, tuvo en cuenta las ventas
realizadas en desarrollo del contrato de distribución, con lo
que “distorsionó” su cuantía, razón por la cual el Tribunal, “con
miras a escindir las operaciones de agencia de las de distribución,
no t[uvo] en cuenta (…) el monto de las ventas efectivas (para a partir
de allí, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas
comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE [Thibodaux
Inc.] a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.], las que ascienden, para el
período de tres años inmediatamente anterior a la terminación del
contrato, a USD 328.266,66, según se sigue de la relación de pagos
que obra a folios 1759 a 1767 del cuaderno principal No. 6”,
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cantidad a la que debe sumarse el valor de las comisiones por
las ventas directas atrás referidas, esto es US $341.731,68,
para un total de US $669.998.34.
Así las cosas y teniendo en cuenta que el contrato de
agencia perduró “26 años, 2 meses y 20 días”, se colige, al tenor
de las previsiones del numeral 1º del artículo 1324 del Código
de Comercio, que la demandante tiene derecho “al pago de una
suma equivalente a una doceava parte de USD $223.332.78 (el
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres
últimos años de vigencia del aludido negocio jurídico…), es decir,
USD $18.611.065 multiplicada por el lapso anual antes señalado
(26 años), para una cesantía de USD$483.887.69”, que en
atención a “los principios de equidad y reparación integral (art. 16
de la ley 446 de 1998)” debe indexarse, “por aquello de la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda durante el lapso transcurrido
entre la fecha en que se hizo exigible la prestación… (terminación del
contrato) hasta la fecha actual”, labor que, “siguiendo los
parámetros de variación del IPC certificado por el DANE[,] arroja
como resultado la suma de USD $846.803.45, la cual se condenará
a pagar, pues para el mes de marzo de 2004 el IPC certificado por
el DANE correspondía a 78,38, al paso que para el mes de junio de
2017 ascendía a 137,71”.
11. Tras referirse a la naturaleza de la indemnización
equitativa consagrada en el inciso 2º del artículo 1324 del
Código de Comercio con ayuda de la jurisprudencia, el ad
quem dejó en claro que “no es posible que (…) sea estimada en
‘equidad’, como lo entendió el juez de instancia”; que en el proceso
“se encuentra plenamente establecido, como se vio al cuantificar la
cesantía comercial, que los ingresos anuales que devengaba HUGO
BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] ascendían a la suma de USD
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$223.332.78”; y que, por consiguiente, “la terminación del
contrato privó a la demandante de percibir esa suma de dinero,
durante al menos nueve meses, si tenemos en cuenta que
efectivamente hubiera bastado que el demandado requiriera a la
demandante el 16 de octubre de 2004, para que el contrato no
continuara, de conformidad [con] las reglas contractuales a las que
adhirieron las partes, de donde se sigue que se encuentra
plenamente probado para el proceso que la suma de USD
167.499,58, hubiera ingresado a las arcas del demandado (sic) en
ese tiempo, de no mediar la terminación unilateral a cargo del
demandante por culpa del empresario, los cuales corresponden al
lucro cesante, sin que dentro de la actuación se hayan acreditado
perjuicios adicionales como consecuencia de la terminación
justificada del contrato que realizó el agente”.
Con base en ese análisis, el ad quem desestimó los
reparos que las partes elevaron sobre este preciso aspecto y
coligió que, “si bien es cierto[,] no puede prosperar el reparo en
relación a la fijación de la indemnización equitativa para revocar la
decisión de instancia, se reducirá sustancialmente su cuantía, en
atención a lo expresado en este acápite de la decisión”.
12. Respecto del cuestionamiento formulado en frente
del acogimiento que el a quo hizo de la objeción por error grave
formulada en contra del dictamen pericial rendido por el
experto Federman Valencia Diez, consideró el Tribunal su
fracaso, por cuanto “el descuido del perito al cuantificar las
operaciones sobre la base de documentos que no son idóneos para
ese objetivo”, comportó que tomara “como objeto de estudio una
situación económica totalmente diferente a aquella sobre la que se
le encomendó dictaminar, alterando de forma sensible las
conclusiones de su experticia, a grado tal de hacerlas
contraevidentes al contrastarlas con las cifras de ventas totales de
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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productos de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en Colombia en el lapso
trienal antes señalado”.
13. Sobre los restantes reparos de la demandante inicial,
el sentenciador de segunda instancia observó la falta de
demostración tanto de que estuviere pendiente el pago de
comisiones por ventas realizadas en desarrollo del contrato de
agencia comercial, como de perjuicios diferentes a los
derivados de la terminación de dicha convención; y que no es
viable el reconocimiento de intereses moratorios desde el
finiquito de ese acuerdo de voluntades, puesto que ello no
procede respecto de “una obligación que sólo se viene a delimitar
en su objeto como consecuencia de una declaración judicial”.
14. En cuanto hace a las otras inconformidades de la
accionada, estimó la impertinencia del supuesto trato
desigual dado por el a quo a las partes, habida cuenta que la
condena en costas por la prosperidad de la reconvención es
diez veces menor a la de la demanda principal, como quiera
que ella está referida es al monto de las agencias en derecho,
cuyo valor solamente puede cuestionarse en la forma prevista
en el numeral 5º del artículo 366 del Código General de
Proceso; y que no era pertinente acceder a la compensación
de las obligaciones surgidas a cargo de las partes, toda vez
que “las condenas efectuadas por el juez de primera instancia y
modificadas a través de la presente providencia, no cumplen la
condición de ser exigibles”, pues no se encuentra “en firme o
debidamente ejecutoriada la presente providencia”.
15. En la sentencia complementaria del 28 de
noviembre de 2017, el ad quem negó la adición del fallo atrás
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comentado en cuanto hace: a la actualización de intereses
moratorios “por concepto de repuestos”, como quiera que el a
quo no los reconoció desde la exigibilidad de las respectivas
obligaciones, sino a partir de un día después de la sentencia
que profirió “y la antedicha providencia es exigible una vez se
encuentra en firme (inc. 3 art. 302 del C.G.P.)”; a la condena en
costas, puesto que el planteamiento del peticionario refirió a
una duda sobre la forma de liquidarse las agencias en
derecho, cuestión contemplada en el inciso 1º del artículo 336
del Código General del Proceso; a la condena por cesantía
comercial, toda vez que la inconformidad concierne con el
fondo del juzgamiento efectuado sobre el particular; y a la
cuantía de la indemnización equitativa, en razón a que lo
anticipado por la Sala de Decisión al anunciarse el sentido del
fallo, “no comport[ó] ni remotamente la expresión de una suma de
dinero” y a que el pedimento elevado no versó sobre “una
modificación del sentido del fallo anunciado el día 19 de octubre de
2017, sino en realidad [a] una discrepancia, un reproche, una
protesta, en torno a la cuantía de la indemnización a la que alude el
artículo 1324 del C. de Co., fijada en la sentencia proferida por
escrito, tema que no puede ser objeto de aclaración,
complementación de la sentencia, o nulidad por incursión en un vicio
procesal, ni mucho menos de una incongruencia al compararla con
la audiencia”.
A su turno, en dicho proveído se hicieron las siguientes
aclaraciones: del numeral segundo de la parte resolutiva, para
puntualizar que las comisiones por ventas directas ascienden
a “USD 341.731,68”; del numeral tercero, respecto a que la
cesantía comercial corresponde a la suma de “USD
846.803,45”; del numeral cuarto, en cuanto a que la
indemnización equitativa es de “USD 167.499,58”; del “numeral
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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sexto de la parte considerativa de la sentencia”, para indicar que
“el porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones
de las ventas números 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha
determinación se tuv[ieron] en cuenta los valores establecidos por el
perito Federman Valencia Díaz (sic), en su dictamen (Fl. 127 C. 4 c.
Pruebas Dte)”; del “último párrafo del numeral segundo” también
de la parte motiva, en el sentido de que dicha apreciación hace
“relación con la demandada Deere & Co.”; y de los numerales
primero a cuarto de las disposiciones del fallo emitido, para
especificar “que el nombre del demandado es John Deere
Thibodaux Inc.”.
Adicionalmente, en el comentado proveído se efectuó la
siguiente complementación: los intereses de mora sobre la
suma de USD $341.731.68 a que fue condenada la precitada
demandada, se ordenarán desde “la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia, conforme a lo considerado por esta Sala en el
numeral 11 de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de octubre
de 2017”, determinación que, al tiempo, condujo al Tribunal a
abstenerse “de pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria de
actualización de la plurimencionada suma de dinero”.
LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Tanto la actora, como John Deere Thibodaux Inc.,
recurrieron extraordinariamente. En las demandas con las
que sustentaron sus impugnaciones, aquélla propuso trece
cargos y ésta, uno solo.
La Corte resolverá esa pluralidad de acusaciones, en el
siguiente orden:
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Empezará con las tres primeras de la primigenia actora,
como quiera que versaron sobre la naturaleza jurídica del
contrato base de la acción, de las cuales la inicial refirió un
error in procedendo (incongruencia). Se conjuntarán las dos
últimas, por las razones que en oportunidad se indicarán.
Continuará con los cargos décimo segundo y décimo
tercero de la misma demandada, toda vez que con ellos se
discutió la falta de legitimación de la demandada Deere & Co.
predicada por el ad quem, debiéndose tener en cuenta que en
el primero de ellos, también se afirmó la inconsonancia del
fallo controvertido.
Proseguirá con la censura única de la demandada John
Thibodaux Inc., habida cuenta que cuestionó la cuantificación
de las comisiones pendientes de pago, de la cesantía comercial
(art. 1324, inc. 1º, C. de Co.) y de la indemnización efectiva
(inc. 2º, ib.), que por ende supera en extensión las restantes
de la inicial accionante, todas con un espectro de menor
envergadura.
Pasará al estudio de los reproches cuarto, quinto y sexto
de Hugo Barragán y Cía. Ltda., relacionados con la tasación
de la segunda de las prestaciones atrás mencionadas
(cesantía comercial), aunando los dos últimos, conforme se
explicará en su momento.
Asumirá a continuación los cargos séptimo y octavo de
la precitada actora, conjuntados, por ocuparse de la
indemnización equitativa contemplada en el inciso 2º del
artículo 1324 del Código de Comercio.
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Abordará luego el análisis de las acusaciones novena y
décima del mismo libelo, en tanto que ambas trataron sobre
la mora de John Thibodaux Inc. y por ende, el momento de
causación de los intereses a que fue condenada.
Por último, definirá el reproche décimo primero de la
promotora del proceso, en el que disputó, con base en el
artículo 1609 del Código Civil, la condena al pago de intereses
que se le impuso.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO PRIMERO
Con estribo en la causal tercera del artículo 336 del
Código General del Proceso, se denunció la sentencia del
Tribunal por no estar en consonancia “con las pretensiones de
la [d]emanda de [r]econvención formulada por Cameco”.
En sustento de la acusación, en síntesis, se adujo:
1. Tras reproducir el artículo 281 del Código General
del Proceso y algunos fallos de esta Corporación alusivos a la
incongruencia, la recurrente argumentó, en concreto, que en
el referido libelo “no existe pretensión, hecho o alegato alguno en
relación con la supuesta existencia de dos relaciones comerciales
entre Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] y Cameco”, como tampoco una
solicitud “orientada a que se califique o determine la naturaleza
jurídica del contrato que vinculó a las partes, mucho menos,
pretensión o hecho alguno en que se haga mención a que la
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comercialización de repuestos Cameco por parte de Hugo Barragán
[y Cía. Ltda.] fuera un[a] relación de distribución independiente”.
2. Al efecto, la censora reprodujo las cinco primeras
pretensiones de la contrademanda y comentó las restantes.
Con tal base, añadió que ninguna estuvo dirigida a que se
declarara que entre las partes existieron “dos contratos, ni
tampoco que la comercialización de repuestos por parte de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] hubiese constituido una relación paralela de
distribución”.
3. Destacó que el ad quem resolvió “(…) ‘ACCEDER
parcialmente a la demanda de reconvención (…) y DECLARAR que
existió, de forma concomitante con la agencia, un contrato de
distribución de repuestos’ (…)”; y se preguntó “¿[c]ómo podía tal
decisión enmarcarse como la prosperidad parcial de la [d]emanda
de [r]econvención si ninguna de sus pretensiones solicitaba tal
declaración, ni podía lógicamente conducir a la misma?”.
4. Enfatizó que Cameco se refirió siempre a la
existencia de una única relación convencional y que, por ende,
si bien dicha empresa propuso una interpretación distinta
“sobre la naturaleza” de la misma, no disintió “sobre la existencia
de un solo contrato”, planteamiento que sustentó con la
reproducción de distintos apartes de varios de los hechos del
comentado libelo, y más adelante, con los motivos en que
aquélla fincó el incumplimiento que atribuyó a la reconvenida.
5. Así las cosas, para la recurrente, “el haber declarado
la existencia de dos contratos distintos no solamente falt[ó] a la
consonancia que debe tener la sentencia con los hechos y
pretensiones de la [d]emanda de [r]econvención, sino que implic[ó]
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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que el Tribunal superior falló sobre puntos ajenos a la controversia,
sobre un objeto distinto del pretendido en la demanda y con base en
una causa diferente a la invocada en ésta”.
6. Al cierre, puso de relieve la incidencia del yerro,
pues de no haber incurrido en él, esa Corporación habría
colegido que “la venta de repuestos hacía parte del [c]ontrato de
[a]gencia [c]omercial y, por lo tanto, habría confirmado la decisión
del A Quo”.
CONSIDERACIONES
1. Con apoyo, fundamentalmente, en la demanda
inicial, en la de reconvención y en las contestaciones de las
mismas, el sentenciador de segunda instancia observó que
mientras la actora inicial calificó como de “agencia comercial”
el contrato que celebró con sus demandadas, John Deere
Thibodaux Inc. consideró que se trató de un “suministro para
distribución”, razón por la cual dicha autoridad estimó
necesario efectuar un “juicio de adecuación típica” que le
permitiera establecer la genuina naturaleza del vínculo
obligacional que ató a las partes del proceso.
Tras colegir que dicha relación negocial, en principio,
correspondió a la primera clase de las convenciones arriba
mencionadas, el Tribunal, en atención a “uno de los reparos”
que la mencionada demandada planteó en sustento de la
apelación que propuso contra el fallo de primera instancia,
mediante el cual advirtió que “existieron dos relaciones
contractuales de negocios concomitantes (agencia y distribución)”,
infirió la prosperidad de este reproche, toda vez que halló
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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comprobado que, efectivamente, en lo tocante con la
comercialización de repuestos, la primigenia actora los
compraba para revenderlos.
En tal orden de ideas concluyó que, “[a] partir de lo
expuesto, y ante la presencia inequívoca de dos negocios coligados
un[o] de agencia, relativo con las operaciones de gran calado (venta
de maquinaria) y otro de distribución, que con el tiempo fue
desarrollando HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] con el fin de
comercializar en Colombia las partes y repuestos necesarios para el
mantenimiento de las maquinarias producidas por JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.], [se] impone declarar la prosperidad parcial de la
demanda de reconvención en relación [con] la existencia
concomitante de un contrato de distribución de repuestos entre los
litigantes, sin que dicha circunstancia afecte la condena efectuada
por el a quo en torno al pago de las sumas de dinero contenidas en
las facturas que no fueron pagadas (…)”.
2. Sin perder de vista lo expuesto, es del caso
memorar, adicionalmente, que los principales fundamentos
fácticos de la demanda de mutua petición fueron, en resumen,
la celebración por las partes de un “[c]ontrato de [d]istribución y
[r]epresentación” y que la reconvenida lo terminó anticipada e
injustificadamente, amén que lo incumplió.
También que, con apoyo en esos hechos, se solicitó, en
síntesis, declarar que Hugo Barragán y Cía. Ltda. puso fin al
mentado convenio antes de tiempo y sin mediar justa causa;
que desatendió sus obligaciones contractuales, toda vez que
no pagó los créditos a su cargo, no actuó con diligencia, no
mantuvo una debida comunicación con Cameco y vendió
productos que competían con los fabricados por ella; y que,
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por lo tanto, se la condenara a pagarle a la contrademandante
las sumas de dinero que le adeuda, así como los perjuicios
que le ocasionó con su actuar.
3. Del precedente compendio de las actuaciones
procesales atrás relacionadas se deduce, con absoluta
claridad, que como lo puso de presente el ad quem, las partes
sí contendieron en relación con la naturaleza del contrato que
celebraron, y adicionalmente, que en sustento de la alzada
que John Deere Thibodaux Inc. propuso contra la sentencia
del a quo, adujo la existencia de dos relaciones contractuales,
la agencia comercial, cuyo objeto fue la comercialización de la
maquinaria producida por ella, y la distribución, encaminada
a la venta de los repuestos necesarios para el funcionamiento
de esos equipos.
4. Tal constatación descarta la incongruencia
denunciada por la recurrente, pues como viene de registrarse,
fueron las partes quienes, debido a la disímil postura que
adoptaron en relación con la tipología del negocio que las
vinculó, las que determinaron, en primer lugar, que se tornara
necesario para el sentenciador de segunda instancia, a efecto
de resolver las acciones de responsabilidad contractual que
cada una intentó definir la naturaleza jurídica de ese nexo
convencional; y, en segundo término, que fruto de las
apreciaciones fácticas que realizó, estableciera que fueron dos
los contratos que ellas celebraron, uno de agencia y otro de
distribución, cuyo objeto fue la comercialización de la
maquinaria y de los repuestos de la misma, respectivamente.
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Es que si, como lo consagra el artículo 281 del Código
General del Proceso, toda sentencia debe “estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este Código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley”, mandato con base en el cual esta
Corporación ha sido insistente en sostener que la
incongruencia se presenta cuando el juzgador “decide sobre
puntos ajenos a la [l]itis o deja de solucionar los temas objeto de la
disputa, condena por más de lo pedido u omite proveer sobre alguna
excepción de mérito que debía resolver, así como cuando imagina o
inventa hechos” (CSJ, SC 4127 del 30 de septiembre de 2021,
Rad. n. ° 2001-00565-01), no hay cómo admitir que el fallo
cuestionado adolece de esa anomalía, pues lo cierto es, se
reitera, que la identificación de los tipos contractuales que
realizó el ad quem, devino de las alegaciones de las partes y
que, por lo mismo, ese aspecto de la decisión, no fue extraño
a la controversia sino, por el contrario, un punto esencial de
ella.
5. Ahora bien, que en la demanda de reconvención no
figure una pretensión dirigida al reconocimiento de la
existencia del contrato de distribución sobre el que se fincó,
no era obstáculo para que el Tribunal se pronunciara
expresamente al respecto, pues no hay duda que las
peticiones elevadas en tal libelo, en la medida que apuntaron
a que se declarara que dicho vínculo lo finiquitó la primigenia
actora y demandada en reconvención sin justa causa y a que
ella lo incumplió, como ya se registró, comportaban la
aceptación previa de la existencia del contrato a que aludían,
razón por la cual, mal puede aceptarse, que la señalada
decisión evidencie un desacoplamiento con el indicado libelo.
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6. Adicionalmente, se encuentra que la circunstancia
de que cada parte se hubiere referido a un sólo tipo de
contrato, no desvanece el hecho de que en el proceso las
litigantes hablaron de dos distintos, por lo que esa postura de
ellas no constituía una camisa de fuerza que impidiera al
mencionado juzgador definir la coexistencia y el coligamiento
de la agencia comercial y la distribución, tal y como lo hizo.
7. El cargo auscultado, en consecuencia, no prospera.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la causal de casación de igual
número, se denunció la sentencia confutada por ser
indirectamente violatoria de los artículos 1317, 1324 y 1327
del Código de Comercio, como consecuencia de los errores de
hecho en que incursionó el ad quem, al apreciar las pruebas
del proceso.
La acusación, en suma, se hizo consistir en lo siguiente:
1. El Tribunal se equivocó al concluir que la
comercialización de repuestos por parte de Hugo Barragán y
Cía. Ltda. no fue en desarrollo del contrato de agencia
comercial que existió entre ella y Cameco, sino “de una relación
jurídica diferente, de distribución”, coligada a ese primer nexo,
desatino fruto de un análisis incompleto de los medios de
convicción militantes en el proceso, y más específicamente, de
los siguientes tres yerros: “i. No dar por probado, estándolo, que
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la venta de repuestos hacía parte de la labor de promoción del
[c]ontrato de [a]gencia [c]omercial”; “ii. Dar por probado, sin estarlo,
que una de las modalidades de ejecución de la obligación de
promover la marca Cameco, era un negocio independiente”; y “iii. No
dar por demostrado, estándolo, que entre Hugo Barragán [y Cía.
Ltda.] y Cameco existió una sola relación contractual, esto es, el
[c]ontrato de [a]gencia [c]omercial”.
2. Tras reproducir las consideraciones que, en sentir
de la recurrente, fueron el soporte del reconocimiento de una
doble relación contractual entre las partes y de enumerar las
pruebas sustentantes de esa inferencia, ella denunció:
2.1. El cercenamiento de estos elementos de juicio: el
contrato de distribución y representación del 16 de diciembre
de 1977; los testimonios de Edgardo Díaz, Stevens Willet,
Edgar Augusto Solano Mejía y Álvaro José Correa Borrero; la
carta del 5 de marzo de 2004, suscrita por Cameco y dirigida
a sus clientes; la demanda de reconvención; y la contestación
del libelo introductorio.
2.2. Y la preterición de las pruebas que a continuación
se identifican: interrogatorio de Cameco; el brochure “The
World of Cameco”; los testimonios de María Fernanda Conde,
Hernán Zamorano, Nelly Ochoa y Manuel Bernardo Reyes
Solarte; las certificaciones expedidas por los Ingenios Riopaila
S.A., del 30 de octubre de 2001, Manuelita S.A., del 14 de
febrero de 2004, y Pichichí S.A., del 30 de octubre de 2001; el
documento denominado “Memorandum” del 16 de abril de
1997; las cartas visibles en los folios 27 a 29 del “Cuaderno
Secuencia 5075”, 127 a 131, 144 a 149, 154 a 163, 185 a 189
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y 281 a 282 del cuaderno principal, 11, 37, 41 y 128 del
“Cuaderno 5 Pruebas Parte Actora”; los “Sales Order” Nos. 114906 y
169310; y la orden de compra No. 0016239 del 15 de mayo de
1997.
3. Para sustentar la acusación, la impugnante
desarrolló por separado cada uno de los errores que atribuyó
al sentenciador de segunda instancia.
3.1. No dar por demostrado, estándolo, que la venta de
repuestos sí fue en desarrollo del contrato de agencia
comercial.
Al respecto, la inconforme observó que ello fue así, por
cuanto dichas enajenaciones se efectuaron “con el único objetivo
de cumplir con la obligación de promover y explotar la marca
Cameco” y de garantizar la venta de la maquinaria que ésta
fabricaba, lo que no vio el Tribunal debido al cercenamiento
en que incurrió de los medios de convicción, según pasó a
explicarlo:
3.1.1. Del contrato de distribución y representación
ajustado entre las partes, que reprodujo en lo tocante con las
obligaciones de la primigenia demandante, toda vez que ésta
tenía el deber de promover todos los productos Cameco en
Colombia, sin restricción o distinción alguna, razón por la
cual allí estaban incluidos los repuestos.
Coligió la censora que, “mientras (…) la prueba denota que
mi representada se encontraba obligada a dedicar todos sus
esfuerzos y el tiempo necesario para promover todos los
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productos que fabricara Cameco en el territorio [c]olombiano,
lo cual incluía la comercialización oportuna de repuestos a los
clientes de Cameco, en la [s]entencia de [s]egunda [i]nstancia se
afirmó que respecto de los repuestos se estaba en presencia de un
contrato de distribución”.
3.1.2. El interrogatorio absuelto por Cameco, como
quiera que el ad quem no vio su confesión sobre que “la
obligación de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] prevista en el [c]ontrato
de [a]gencia [c]omercial de dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo
necesario para promover los productos Cameco requería mantener
repuestos disponibles para los clientes” de esta última,
planteamiento en pro del cual transcribió múltiples apartes de
la probanza y enfatizó que era deber de la gestora de la
controversia tener un stock de repuestos para atender
satisfactoriamente sus compromisos posventa.
Así las cosas, aseveró que “es a todas luces evidente que la
comercialización de repuestos era parte necesaria e inescindible del
encargo de promoción y explotación del negocio de Cameco, tanto
así, que llegó el representante legal a afirmar que de la
disponibilidad de repuestos depende ‘[l]a segunda venta o la
siguiente venta de nuestro equipo especializado [máquinas]’. Es
absolutamente clara, se insiste, la necesidad de repuestos
disponibles, como elemento imprescindible e inescindible de la
promoción de este tipo de maquinaria especializada”.
3.1.3. El brochure “The World of Cameco”, con el que se
buscaba la “aproximación de los clientes”, toda vez que allí se
resaltó, como elemento principal, el “servicio posventa” por
parte de Cameco, lo que descartaba que la comercialización
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de repuestos fuera una “empresa independiente y con una
finalidad diferente a la de promocionar la marca”.
3.1.4. Los testimonios de los señores Edgardo Díaz,
Stevens Willet, María Fernanda Conde y Hernán Zamorano,
como quiera que todos dejaron en claro que la venta de
repuestos era una de las obligaciones de Hugo Barragán y Cía.
Ltda. para atender las necesidades de los clientes de Cameco
en Colombia, lo que le imponía el deber de tener un stock
suficiente de los mismos; que esa comercialización redundaba
en la promoción de los otros productos de la última,
particularmente, de la maquinaria; y que la insatisfacción de
este compromiso, afectaba todo el desarrollo del contrato de
agencia, como quiera que la falta de un repuesto podía
implicar la paralización de los equipos, con un costo muy alto
para los ingenios azucareros.
En suma, la recurrente acotó que con las indicadas
versiones se acreditó que la venta de repuestos era parte de la
promoción de los productos Cameco en Colombia.
Al efecto, trajo a colación diversas manifestaciones de los
declarantes en las que, según su opinión, ellos dejaron
plasmadas tales apreciaciones.
3.1.5. La carta del 5 de marzo de 2004 dirigida por
Cameco a sus clientes, que la impugnante reprodujo, pues
pese a referirse a la forma cómo a partir de esa fecha se
atenderían los requerimientos de repuestos, el Tribunal solo
la tuvo en cuenta como prueba de la agencia comercial sobre
la maquinaria, soslayando lo anterior.
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3.1.6. Las certificaciones emitidas por los ingenios
Riopaila S.A., Manuelita S.A. y Pichichí S.A., como quiera que
en todas se advirtió, como cuestión inescindible, sobre la
venta de maquinaria y de repuestos que Hugo Barragán y Cía.
Ltda. había efectuado por muchos años, de lo que se sigue que
la agencia comercial no se limitó, ni podía circunscribirse, a
la comercialización de las primeras, sino que implicó también
la de los segundos.
3.1.7. Los testimonios de Nelly Ochoa, Edgar Augusto
Solano Mejía, Álvaro José Correa Borrero y Manuel Bernardo
Reyes Solarte, personas que estuvieron vinculadas
laboralmente con los ingenios azucareros clientes de Cameco
en Colombia, quienes de forma consonante dejaron en claro
que, entre las labores desarrolladas por Hugo Barragán y Cía.
Ltda., como representante de aquélla, estaba la
comercialización de los repuestos para la maquinaria
adquirida con su intermediación, sin que, por lo tanto,
pudieran escindirse esas dos actividades, como lo entendió el
juzgador de segunda instancia, para excluir la primera de la
agencia comercial.
En cada caso, la censora soportó su planteamiento con
la reproducción de distintos pasajes de las indicadas
declaraciones.
3.1.8. El memorando del 16 de abril de 1997, en el que
Edgardo Díaz, gerente del área de Latinoamérica y el Caribe
de Cameco, dio instrucciones para recuperar el mercado de
repuestos, toda vez que allí se “reconoció expresamente que el
mercado de los repuestos le pertenecía a Cameco (no a Hugo
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Barragán [y Cía. Ltda.]), y que el mismo estaba siendo perdido a
favor de sus competidores”, manifestación demostrativa de que
“en ningún momento el tema de los repuestos fue un negocio
independiente y propio” de la precitada agente.
3.1.9. Cartas o cotizaciones remitidas por Hugo
Barragán y Cía. Ltda. a los diferentes ingenios azucareros en
Colombia, ya que en todas se puso de presente el aumento del
stock de repuestos con que contaba, comprobándose así que
la prenombrada actora “desarrollaba las gestiones comerciales de
promoción y comercialización de venta de maquinaria, de manera
conjunta e integral con la de repuestos Cameco” y que “tan
importante era la disponibilidad de repuestos al momento de
concretar la venta de una máquina (captura de mercado), que desde
la cotización misma de ésta se aseguraba un inventario suficiente
para hacer entregas rápidas”.
3.2. Haber tenido por demostrado, sin estarlo, que una
de las formas de promocionar la marca Cameco, como fue la
venta de repuestos, constituyó un negocio independiente.
A fuerza de insistir en que la mencionada enajenación
fue desarrollada como actividad de promoción de los
productos Cameco, según las obligaciones que adquirió la
agente en el contrato que celebró con aquélla, la impugnante
enrostró al ad quem los yerros que pasan a compendiarse:
3.2.1. El cercenamiento de los testimonios rendidos por
los señores Edgardo Díaz y Stevens Willet, con los que se
acreditó que fueron dos las modalidades que se utilizaron para
la comercialización de repuestos: por una parte, su compra
por parte de Hugo Barragán y Cía. Ltda., que correspondía al
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stock que mantenía en Colombia de las partes más urgentes
o que debían tenerse a la mano; y, de otra, la “venta y
exportación directa por parte de Cameco a los clientes, en virtud de
la cual éstos enviaban órdenes de compra directamente a Cameco,
y por ello se pagaba a [la citada agente] la respectiva comisión”,
aseveraciones que la casacionista respaldó con los segmentos
que reprodujo de las declaraciones.
3.2.2. La preterición de las cartas de 27 de febrero de
2004, contentiva de la devolución de unos repuestos, 5 de
agosto de 1998 y 14 de enero de 2002, cruzadas entre los
ingenios azucareros y Hugo Barragán y Cía. Ltda., en tanto
ellas acreditan la segunda de las modalidades de
comercialización de repuestos atrás aludida.
3.2.3. La falta de ponderación de las órdenes de venta
emitidas por Cameco en favor de sus clientes en Colombia, así
como de la orden de compra No. 0016239 del 15 de mayo de
1997 librada por el Ingenio Carmelita S.A., también
demostrativas de las dos modalidades de comercialización de
repuestos atrás explicadas, como quiera que acreditan que
“Cameco exportó repuestos directamente a ingenios azucareros, sin
que existiera compra por parte de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.]”
más sí su intermediación en el marco del contrato de agencia
comercial.
3.2.4. Las cartas libradas por Hugo Barragán y Cía.
Ltda. los días 7 de noviembre de 2001, 8 de febrero y 8 de
noviembre de 2002, en las que solicitó el reconocimiento de
comisiones por la venta de repuestos efectuada directamente
por Cameco a algunos de sus clientes en Colombia y, en las
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51
dos últimas, adicionalmente, que se compensara el valor
solicitado con el monto de ciertas facturas, misivas que
demuestran que la venta de repuestos también formó parte
del contrato de agencia comercial.
3.3. Pese a estar probado, el Tribunal no admitió que
entre Hugo Barragán y Cía. Ltda. y Cameco existió una sola
relación contractual.
La decisión de esa Corporación consistente en que entre
las mencionadas partes existieron dos contratos
concomitantes y coligados, por una parte, el de agencia para
la comercialización de maquinaria, y por otro, el de
distribución para la de los repuestos, fue producto de los
desatinos que la recurrente enseguida precisó:
3.3.1. Indebida apreciación del libelo inicial, su
contestación, la demanda de reconvención y su réplica, puesto
que en todas estas piezas procesales tanto Hugo Barragán y
Cía. Ltda. como Cameco, “manifestaron y declararon que entre
ellas existió una única relación contractual, sin llegar nunca siquiera
a sugerirse la existencia de una segunda (…)”, pese a que
disintieron sobre la naturaleza jurídica de la misma.
En desarrollo de esta queja, su autora se limitó a poner
de presente que la precitada accionada inicial y gestora de la
reconvención, tanto al responder el escrito iniciador de la
controversia como al formular la contrademanda, afirmó la
existencia de un solo contrato, que calificó como de
distribución y representación, según se infiere de los pasajes
de esas actuaciones que aquélla transcribió.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
52
En definitiva, la acusadora concluyó que “sorprende la
decisión del Ad Quem, no solo porque desconoce una posición
unificada y carente de controversia entre las partes, sino porque,
además, a la luz del artículo 93 del CGP las manifestaciones
contenidas en dichos documentos son susceptibles de confesión. Por
este motivo, es claro que las manifestaciones elevadas por Cameco
en la [c]ontestación de la [d]emanda [i]nicial y en la [d]emanda de
[r]econvención, tenían toda validez y peso probatorio para ratificar
que siempre existió una única relación contractual”.
3.3.2. Distorsión del contrato celebrado por las partes.
El Tribunal, por una extraña razón, no se percató de que
la comercialización de repuestos hacía parte del mismo, como
quiera que era obligación de la distribuidora, promover todos
los productos de Cameco, entre ellos, esos elementos.
4. Finalmente, la recurrente explicó cómo los yerros
detectados por ella, ocasionaron el quebranto de las normas
sustanciales que precisó y trascendieron en la definición del
proceso, puesto que gracias a ellos fue que el ad quem declaró
la coexistencia de los contratos de agencia y distribución que
reconoció.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO TERCERO
Con fundamento en la misma causal invocada en la
acusación anterior, segunda de casación, se denunció la
infracción indirecta de similares normas a las allí señaladas,
esta vez como consecuencia de los errores de derecho
cometidos por el Tribunal, con transgresión de los artículos
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
53
164 y 176 del Código General del Proceso, así como de los
cánones 194, 195 y 198 del Código General del Proceso.
La censura discurrió por el camino que pasa a
delinearse:
1. Se imputó al ad quem no haber, por una parte,
valorado las pruebas en conjunto y con arreglo a las reglas de
la sana crítica, y por otra, declarado la confesión de Cameco.
2. Sobre el primero de esos yerros, la inconforme
adujo:
2.1. El sentenciador de segunda instancia coligió la
existencia del contrato de distribución para la venta de
repuestos con base en solo “ocho pruebas del amplio y
voluminoso caudal probatorio”, sin ponderar panorámicamente
la totalidad de los elementos de juicio de que disponía, defecto
que la recurrente comentó con ayuda de la jurisprudencia.
2.2. Seguidamente, la casacionista identificó las
pruebas que, en su opinión, no fueron valoradas en conjunto,
las cuales corresponden a las mismas sobre las que versaron
los yerros reprochados en el cargo precedente, en relación con
las que plasmó apreciaciones similares a las que allí hizo
sobre su contenido y significación, así:
2.2.1. El contrato celebrado entre las partes, del que
reprodujo las obligaciones de la agente y reiteró que
“demostraba que la venta de repuestos hacía parte del encargo de
promoción y explotación de la marca Cameco”.
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54
2.2.2. El interrogatorio de parte absuelto por el
representante legal de Cameco, en relación con el cual observó
que el ad quem no valoró en conjunto la confesión de que Hugo
Barragán y Cía. Ltda. “se encontraba obligad[a] a mantener un
stock mínimo de repuestos como parte de la obligación de dedicar
todos sus esfuerzos y el tiempo necesario para promover los
productos Cameco”, lo que desvirtuó que la comercialización de
los mismos hubiese sido un negocio independiente de la
agencia comercial.
2.2.3. El brochure “The World of Cameco”, del que reiteró
sus apreciaciones anteriores.
2.2.4. Los testimonios de Edgardo Díaz, Stevens Willet,
María Fernanda Conde, Hernán Zamorano, Nelly Ochoa,
Edgar Augusto Solano Mejía, Álvaro José Correa Borrero y
Manuel Bernardo Reyes Solarte, versiones en torno de las
cuales insistió en el análisis que ya había hecho.
2.2.5. Las certificaciones emitidas por Riopaila S.A.,
Manuelita S.A. y Pichichí S.A.; las cartas del 7 de noviembre
de 2001, 8 de febrero y 8 de noviembre de 2002, 27 de febrero
y 5 de marzo de 2004; el memorando del 16 de abril de 1997;
las cartas o cotizaciones remitidas por Hugo Barragán y Cía.
Ltda. a los distintos ingenios azucareros; y las órdenes de
venta y de compra de repuestos, documentos respecto de los
cuales la recurrente iteró el estudio que, sobre ellos, efectuó
en el cargo segundo.
2.3. A continuación, la censora destacó que si el
Tribunal hubiese apreciado en conjunto dichas pruebas,
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
55
habría colegido que “la venta de repuestos hacía parte del
[c]ontrato de [a]gencia [c]omecial”; que si bien “contablemente
Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] compraba repuestos para su reventa”,
con tal actividad desarrollaba el objeto de esa convención, es
decir, cumplía la obligación que tenía de promover y explotar
la marca Cameco; y que la comercialización de maquinaria y
repuestos era inescindible.
3. En un sub acápite separado, la impugnadora refirió
que el juzgador de segunda instancia “debió haber encontrado
mediante la confesión del representante legal de Cameco que la
comercialización de repuestos por parte de Hugo Barragán [y Cía.
Ltda.] consistía en la ejecución de sus obligaciones de promoción
como agente [suya], concretamente, de la obligación impuesta (…)
de mantener un stock mínimo de repuestos como parte de las labores
de postventa necesarias para fidelizar a los clientes y asegurar
ventas futuras de maquinaria”.
Tildó las conclusiones de esa autoridad de abiertamente
contrarias a los artículos 194, 195 y 198 del Código de
Procedimiento Civil, que estaban vigentes para cuando se
recibió el interrogatorio de parte de la citada demandada, y al
criterio doctrinal que, en relación con la confesión, sostuvo
esta Corporación en los fallos que la recurrente reprodujo.
Advirtió que el absolvente estaba facultado para confesar
y que sus manifestaciones produjeron efectos perjudiciales a
su representada, en pro de lo cual citó varios pasajes de la
probanza, que recayeron sobre hechos de Cameco, en relación
con los cuales la ley no exige otro medio de prueba y fueron
expresas, conscientes y libres.
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56
CONSIDERACIONES
1. En los dos cargos precedentemente compendiados,
se disputó lo mismo: que el Tribunal hubiese colegido que la
comercialización de repuestos la realizó Hugo Barragán y Cía.
Ltda. en desarrollo del contrato de distribución que celebró
con John Deere Thibodaux Inc. y no en virtud del de agencia
que ambas convinieron, el cual, en criterio de la acusadora,
fue el único que existió entre ellas.
Con ese propósito, la impugnante, sustentada en el
numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, le
imputó a esa Corporación la comisión, de un lado, de errores
de hecho, por indebida apreciación y preterición de pruebas
(cargo segundo); y, de otro, de errores de derecho, por falta de
valoración conjunta de los medios de convicción y por no
haberle reconocido efectos a la confesión de la precitada
demandada (cargo tercero), desatinos que la llevaron a
desconocer que la comercialización de repuestos fue una labor
ejecutada por la primera de las atrás nombradas en
cumplimiento de su deber de promoción de los productos de
la última, que adquirió en el contrato de agencia mercantil que
celebraron.
Esa unidad de objeto de los reproches casacionales,
aunada a que, como se verá más adelante, en ninguno de los
dos se combatieron las genuinas razones en las que el ad
quem soportó la existencia del contrato de distribución,
explican su conjunción.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
57
2. Como se indicó al resolverse el cargo primero de la
demanda de casación presentada por la primigenia actora, fue
en virtud de la divergente posición que ella y John Deere
Thibodaux Inc. asumieron frente a la naturaleza jurídica del
negocio que realizaron, que el sentenciador de segunda
instancia estimó necesario definir ese aspecto de la
controversia para poder, ahí sí, resolver las acciones de
responsabilidad contractual que propusieron, en el libelo
generatriz de la controversia y en la demanda de
reconvención, respectivamente.
Con ese objetivo, luego de referirse en abstracto y con
ayuda de la jurisprudencia, sobre el “juicio de adecuación típica”
y los elementos estructurales de la agencia comercial, observó
que “el elemento distinto” de esta tipología de contrato, “es la
actuación por cuenta del tercero (agenciado), lo que de suyo descarta
la confusión con la venta para la reventa, pues en tratándose del
contrato de agencia las contingencias del negocio no son asumidas
por el intermediario, a diferencia de lo que ocurre con el distribuidor,
que corre con los riesgos del negocio”.
Siguiendo muy de cerca el fallo de primera instancia, el
Tribunal coligió que, en cuanto hace a la comercialización de
la maquinaria fabricada por John Deere Thibodaux Inc., el
contrato celebrado fue de agencia mercantil, inferencia que,
según se deduce de la precisión que al inicio de estas
consideraciones se consignó, no fue combatida por la
recurrente en ninguno de los cargos auscultados, y que se
soportó, esencialmente, en que la prenombrada demandante
no tenía la capacidad económica para asumir el costo de tales
equipos; que las ventas siempre fueron directas entre la
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58
prenombrada empresa productora y los adquirentes,
conforme lo declararon los señores Edgardo Díaz y Stevens
Willet y, además, quedó acreditado con la facturación
aportada; que como en la época en que se celebró el contrato,
“la tecnología no era usual” en los cultivos de caña de azúcar,
según lo refirieron el primero de los testigos atrás
mencionados, así como el señor Fernando Giraldo Muñoz, no
parecía razonable que la nombrada intermediaria adquiriera
para la reventa unas máquinas de tan apreciable valor y
corriera con el riesgo de su comercialización; y que la
precitada accionada siempre “asumió como suyo el mercado
colombiano”, como lo evidenció la prueba documental
relacionada por el fallador.
Establecido lo anterior, el ad quem se ocupó de uno de
los reparos que le formuló John Deere Thibodaux Inc. a la
sentencia de primera instancia, según el cual “entre las partes
existieron dos relaciones contractuales de negocios concomitantes
(agencia y distribución)”, cuestionamiento en relación con el
cual, tras admitir la viabilidad de que en contextos negociales
complejos coexistan diversos negocios jurídicos con el fin de
“generar eficiencias o a acrecentar ganancias, para poner tan solo
unos ejemplos”, ese sentenciador concluyó:
Y, en verdad, las pruebas documentales indican que ello fue lo
que ocurrió en este asunto, pues la relación negocial que inició
singular, como agencia mercantil[,] valga añadir, con el
tiempo[,] fue degenerando al menos en dos contratos distintos,
(i) el de agencia, orientado a que HUGO BARRAGÁN [y Cía.
Ltda.] mediara (por cuenta de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.])
en la comercialización en Colombia de maquinaria industrial,
y (ii) el de distribución, en el que HUGO BARRAGAN [y Cía.
Ltda.] (o sus sociedades filiales) adquiría, para revender,
repuestos de la maquinaria en cuya venta medió previamente.
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Esto lo evidencian las siguientes pruebas:
(…) Las facturas impagadas que dan cuenta de operaciones
de compraventa de repuestos, donde JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.] figura como vendedor y HUGO BARRAGÁN [y
Cía. Ltda.] como comprador, documentos que franquearon el
paso al éxito parcial de la demanda de reconvención (Fl. 1, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 C.
Documentos Soporte Facturación 4).
(…) Y no solo las facturas a las que se refiere el párrafo
anterior, sino además todas las facturas que datan desde el
año 1993, las que acreditan la pluralidad de ventas de
repuestos que efectuó CAMECO INDUSTRIES INC. como
vendedor a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] en calidad de
comprador, negocios que se extendieron hasta el año 2011
(Ver cuadernos Documentos Soporte Facturación 1, 2, 3 y 4).
(…) La aceptación expresa de HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]
de adeudar algunas sumas de dinero a JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.], carga que no tendría razón en el contexto de
un negocio de agencia mercantil, pero que parece encuadrar
en la hipótesis de la coexistencia de este negocio con uno de
distribución.
(…) Los soportes contables que señalan que HUGO
BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] vendió directamente repuestos a los
ingenios azucareros del Valle del Cauca, actividad que de
hecho se extendió luego de la terminación del contrato de
agencia, tal y como se sigue de la certificación emitida por la
revisoría fiscal del Ingenio Manuelita (fls. 1235 a 1248, C. 4
pruebas de la parte actora). Esta continuidad en la operación
luego del rompimiento de relaciones comerciales con JOHN
DEERE [Thibodaux Inc.] solo puede explicarse a partir de la
venta de un stock de repuestos y partes que había sido
previamente adquirido por HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]
para su comercialización entre los clientes de JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.]”.
(…) Los documentos que dan cuenta de las transacciones
efectuadas por [el] Ingenio Pichichí S.A., a favor de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] por la venta de materiales, repuestos
y accesorios (Pág[s]. 1 a 13 C. Ingenio Pichichí S.A.).
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(…) El cheque emitido por [el] Ingenio Pichichí S.A. a favor de
Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] para la cancelación de repuestos
(Ver C. Ingenio Pichichí S.A.).
(…) Todas las facturas expedidas por Hugo Barragán [y Cía.
Ltda.] a cargo de[l] Ingenio Pichichí S.A., por la venta de
repuestos, que comprenden desde el año 2000 hasta el 2004
(Ver C. Ingenio Pichichí S.A.).
(…) La declaración de DAMARIS HERRERA, ex empleada de
HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.], (…) que explicó cuál era el
procedimiento de compra para la reventa de repuestos y partes
de maquinarias de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]”.
3. En apretada síntesis, se extracta de lo anterior, que
dos fueron, en esencia, los argumentos en los que el ad quem
soportó su conclusión de que para la comercialización de los
repuestos de la maquinaria producida por John Deere
Thibodaux Inc., ésta y Hugo Barragán y Cía. Ltda. celebraron
un contrato de distribución, a saber:
3.1. En primer lugar, uno de linaje jurídico, consistente
en que, en esta clase de acuerdos, el distribuidor asume el
riesgo de la operación, diferenciándose así del contrato de
agencia comercial, en el que el agente actúa por cuenta del
agenciado, y por ende, nunca corre con las contingencias del
negocio.
3.2. Y, en segundo término, uno eminentemente fáctico,
atinente a que en el proceso se acreditó que ello fue así, esto
es, que en cuanto hace a la comercialización de repuestos,
Hugo Barragán y Cía. Ltda. asumió el referido riesgo, puesto
que se comprobó con los medios de convicción atrás
especificados, apreciados individualmente y en conjunto, que
compraba dichos elementos para revenderlos.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
61
4. Esas que, como viene de explicarse, fueron las
razones basilares para que el Tribunal definiera que la
comercialización de repuestos por parte de la inicial
demandante, ésta la realizó en desarrollo de un contrato de
distribución y no del de agencia mercantil primeramente
acordado por ella y Cameco, actualmente John Deere
Thibodaux Inc., no fueron blanco de ataque en las
acusaciones que ahora ocupan la atención de la Sala.
4.1. Es patente que al venir montados los dos cargos en
estudio en la causal segunda de casación y que, mediante
ellos, lo que se denunció fue la violación indirecta de la ley
sustancial, como consecuencia de los errores de hecho y de
derecho advertidos por la recurrente, como ya se recapituló,
dichos reproches eran inidóneos para cuestionar el
argumento de estirpe jurídica con el que el juzgador de
segunda instancia aperturó su juicio sobre la temática de que
se trata, toda vez que ellos, por su propia naturaleza, sólo
podían abarcar el espectro fáctico del litigio.
No está demás advertir que el cuestionamiento echado
de menos, tampoco se planteó en alguna otra de las
acusaciones lanzadas en la demanda de casación presentada
en nombre de Hugo Barragán y Cía. Ltda., por lo que no hay
forma de pensar en su acumulación a efecto de complementar
el ataque propuesto en las censuras que se revisan.
Así las cosas, la consideración del ad quem relativa a que
es característica identificadora del contrato de distribución
que el intermediario asume el riesgo de la operación, rasgo
especial que, adicionalmente, lo diferencia del contrato de
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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agencia mercantil, pues en éste el agente actúa por cuenta del
agenciado, de modo que es por completo ajeno a las vicisitudes
del negocio, se mantiene enhiesta, y por lo tanto, sigue siendo
soporte idóneo de la sentencia de segunda instancia.
4.2. Ahora, del contraste entre los desatinos probatorios
de hecho y de derecho que en una y otra acusación la
impugnante le enrostró al sentenciador de segunda instancia,
de un lado; y la valoración de los medios de convicción en que
esa Corporación se apoyó para deducir, en primer término,
que la primigenia actora compraba a John Deere Thibodaux
Inc. los repuestos y partes de la maquinaria para revenderlos
a los clientes de ésta aquí en Colombia, y en segundo plano,
que consiguientemente el riesgo de esa operación era
solamente de aquélla, de otro, se establece que este último
laborío del sentenciador no fue confutado, en lo más mínimo.
Es que ninguna de las pruebas fundantes de ese juicio,
fue controvertida.
La actividad impugnativa de la recurrente, como con
insistencia lo señaló a lo largo de los dos cargos estudiados,
se concretó en señalar que si el juzgador de segunda instancia
hubiese apreciado correctamente las probanzas que en el
cargo segundo se dijeron cercenadas, o ponderado las que allí
mismo se afirmaron preteridas, o apreciado en conjunto los
elementos de juicio y reconocido efectos a la confesión de John
Deere Thibodaux Inc., como se advirtió en la otra acusación,
habría admitido que la comercialización de repuestos hacía
parte de la promoción de los productos de esta última a que
estaba obligada Hugo Barragán y Cía. Ltda. según los
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
63
compromisos que adquirió en el único contrato que las dos
celebraron, esto es, el de agencia mercantil y que, por ende,
no se trató de un negocio independiente.
Es ostensible, entonces, que ningún esfuerzo realizó la
impugnante con el fin de desvirtuar que el riesgo de la
operación por la comercialización de repuestos recayó
exclusivamente en la prenombrada demandante, habida
cuenta que compraba para revender los elementos materia de
ese mercadeo, inferencia fáctica del sentenciador de segunda
instancia que también continua en píe e irradiando todos los
efectos que le son propios al fallo objeto del recurso
extraordinario que se desata.
5. Forzoso es, entonces, afirmar el grave desenfoque
de que adolecen las dos censuras examinadas, toda vez que,
como viene de explicarse, ninguna de ellas se ocupó de
combatir los verdaderos argumentos sustentantes del juicio
elaborado por el Tribunal en relación con la coexistencia de
un contrato de distribución celebrado por la primigenia actora
y John Deere Thibodaux Inc., antes Cameco, al lado del de
agencia mercantil también acordado por ellas, que tuvo por
fin la comercialización en Colombia por parte de Hugo
Barragán y Cía. Ltda. de los repuestos de la maquinaria
producida por la primera.
Al respecto, debe señalarse que según las previsiones del
numeral 2º del artículo 344 del Código General del Proceso,
toda acusación propuesta en casación debe contener la
exposición de sus fundamentos “en forma clara, precisa y
completa”, imposición que el mismo precepto, más adelante,
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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en el inciso 3º del su literal a), reiteró en frente de los cargos
por violación indirecta de la ley sustancial, y más
precisamente, de aquellos en los que se denuncie la comisión
de errores hecho, al decir que los yerros probatorios “se
singularizará[n] con precisión y claridad”.
Esas exigencias, según lo tiene decantado la Sala desde
hace apreciable tiempo, “en una de sus aristas, impone[n] que el
ataque se dirija atinadamente hacia el centro de los argumentos que
sirvieron de apoyo al fallo, controvirtiéndolos en integridad”, puesto
que el impugnador “tiene la carga de derruir todos los cimientos
de la sentencia censurada” porque, “de lo contrario[,] la resolución
se mantendrá en los estribos no discutidos y a partir de los mismos
conservará su vigor jurídico, amén de las presunciones de acierto y
legalidad de los cuales está investid[a]” (CSJ, SC 2222 del 13 de
julio de 2020, Rad. n.° 2010-01409-01; se subraya).
En adición a lo anterior, esta Corporación también ha
sido insistente en sostener que le corresponde al censor
“plantear una crítica concreta y razonada de las partes de la
sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando
asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de
impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito
quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que
esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de
la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se
refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas
en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia,
habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los
supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente
y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la
providencia, se configura un notorio defecto técnico por
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente
(sentencia 06 de 26 de marzo de 1999)” (Casación Civil, sentencia
de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)”
(CSJ, SC del 20 de septiembre de 2013, Rad. n.° 2007-00493-
01; se subraya).
6. Consecuencia de esa pérdida de dirección en que
cayó la recurrente, es la absoluta imposibilidad de reconocer
éxito a las acusaciones auscultadas, pues así se admitiera, en
gracia de discusión, que la correcta y completa valoración de
las pruebas precisadas en ellas, permite aceptar que la
comercialización de los repuestos formó parte de la labor de
promoción que correspondía a Hugo Barragán y Cía. Ltda.,
como agente, esa constatación, al continuar vigente la
inferencia del Tribunal relativa a la coexistencia del contrato
de distribución, habría que entenderla paralela y no
contrapuesta a ésta, lo que es posible a la luz de los
planteamientos de esa autoridad, pues no puede dejarse de
lado que ella predicó el coligamiento de los dos contratos que
halló comprobados, y por ende, reconoció la íntima y estrecha
relación de ambos, sin que, entonces, nada se oponga a
estimar que el de distribución sirvió a los fines del de agencia.
Colocados así, uno a lado del otro, los planteamientos de
las censuras y los del ad quem, fácil es notar que aquéllos
carecen de virtud para derruir éstos y que, por lo tanto, como
acaba de decirse, no pueden provocar la rotura del fallo de
este sentenciador.
7. En definitiva, se establece el naufragio de las
censuras examinadas.
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66
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO DÉCIMO SEGUNDO
Soportada en el numeral 3º del artículo 366 del Código
General del Proceso, la impugnante calificó el fallo combatido
de incongruente, por no estar en consonancia con las
pretensiones de la demanda con la que se dio apertura a la
presente controversia judicial.
Al respecto explicó:
1. El Tribunal, con total alejamiento del libelo
especificado en precedencia, negó la condena solidaria que se
solicitó respecto de Deere & Co., en razón a que no se
acreditaron “los presupuestos para decretar el levantamiento del
velo corporativo de Cameco”, pese a que la actora inicial “nunca
formuló pretensiones ni argumentos en ese sentido”.
2. Tras recordar lo expuesto por el ad quem al respecto
y lo pedido en el escrito introductorio del litigio, la censora
reiteró que su representada no elevó pedimentos, ni planteó
hechos, dirigidos a obtener la aplicación de la mencionada
figura, tanto que “siempre ha reconocido la separación jurídica y
patrimonial entre las dos entidades jurídicas demandadas, al punto
que hizo referencia a Deere & Co. como un co-contratante”.
3. Puntualizó que la vinculación de la precitada
accionada, Hugo Barragán y Cía. Ltda. la soportó en que ella
se “adhirió como parte al [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial desde la
compra de Cameco, al punto que, incluso, se probó que fue Deere &
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
67
Co. quien provocó la terminación de la relación” con aquélla; y que
en la apelación que propuso frente al proveído decisorio de la
instancia inicial, advirtió la falta de congruencia del mismo en
este aspecto, soportada en similares argumentos.
4. Añadió que, pese a lo anterior, el juzgador de nivel
superior “también desconoció el alcance de la [d]emanda y falló con
base en la [s]entencia de [p]rimera [i]nstancia, al mencionar que el
A-Quo había determinado con acierto que la única posibilidad de
vincular a Deere & Co. al pago de las obligaciones de Cameco, era
bajo la teoría del levantamiento del velo corporativo”, estimación
con la que, de un lado, resolvió “aplicando presupuestos de
derecho que no habían sido reclamados ni argumentados a lo largo
del proceso” y, de otro, convirtió en inconsonante en proveído
que emitió.
CONSIDERACIONES
1. Para poner las cosas en la perspectiva que les
corresponde, se impone advertir, en primer lugar, que fue el a
quo el que, en la sentencia de primera instancia, estimó que
Hugo Barragán y Cía. Ltda. propendió por “descorrer el velo
corporativo de CAMECO”, con miras a conseguir el
reconocimiento de la responsabilidad de Deere & Co.
Al respecto, dicha autoridad manifestó:
Entontes, conviene recordar los puntales fácticos a partir de
los cuales pretende HB [Hugo Barragán y Cía. Ltda., aclara la
Corte] descorrer el velo corporativo de CAMECO (para
comprometer la responsabilidad de DEERE [& Co.] en la
reparación de los perjuicios que reclama…), los que se
encuentran comprendidos en el literal n) del acápite de hechos
de la demanda (fl. 522, c. 2 ppal.) así:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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a) DEERE [& Co.] adquirió a CAMECO.
b) DEERE [& Co.], como matriz de CAMECO, asumió
obligaciones propias del agenciado.
c) DEERE [& Co.], conjuntamente con CAMECO, tomaba
las decisiones relacionada[s] con la ejecución y desarrollo
del contrato, ‘y principalmente las relativas a las políticas
comerciales que llevaron al deterioro de las relaciones con
los clientes’.
Y, en segundo lugar, que el ad quem avaló el análisis que
el funcionario cognoscente del litigo realizó sobre esa
temática, pues consideró acertados los razonamientos que
expuso, en particular, que “la única posibilidad de vincular a
dicha entidad al pago de las obligaciones a cargo de JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.] era concluir que aquella se valió de esta para
perpetrar un fraude, es decir, que abusó de su derecho de
separación patrimonial en forma lesiva para el patrimonio de la
parte actora, intentando si se quiere evadir efectos como los
señalados en el fallo apelado”.
2. Significa lo expuesto, que el Tribunal hizo suyos los
planteamientos expresados por el a quo, entre ellos, el
entendimiento que este último juzgador hizo de la demanda
con la que se dio inicio al proceso, que lo llevó a colegir, como
ya se consignó, que fue la primigenia accionante la que buscó
descorrer el velo corporativo de las demandadas.
Se suma a lo anterior que, para el propio sentenciador
de segunda instancia, fue Hugo Barragán y Cía. Ltda. la que
procuró la obtención de ese resultado, según consta en el
siguiente aparte de su fallo:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
69
Puestas así las cosas y teniendo por cierto que la
desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia
en el ordenamiento jurídico colombiano, resulta evidente que
tal sanción solo puede suceder a la acreditación suficiente del
uso indebido de una figura societaria, pues la separación
patrimonial constituye un fin legítimo de las estructuras de
esta naturaleza. Por ello, para que prosperen pedimentos como
el de la parte actora en este juicio[,] es imprescindible
demostrar con la claridad necesaria[,] para dejar de lado un
principio toral del derecho privado, que se han desbordado los
fines para los cuales fueron concebidas las formas
asociativas.
3. En este orden de ideas, se establece el desacierto
del cargo estudiado, pues habiendo inferido el juzgado del
conocimiento, y por rebote, su superior jerárquico, según
acaba de verse, que en el escrito generatriz de la controversia
su gestora, con la invocación de los hechos que aquél
identificó plenamente, recurrió a la aludida figura del derecho
societario, propio es colegir que el abordaje que el segundo
hizo en el fondo de ella, fue resultado de tal interpretación de
la demanda inicial y que, por ende, no comportó la
incongruencia del fallo recurrido en casación, independiente
de que se comparta o no el entendimiento que de tal libelo se
efectuó, cuestión que no es factible establecer en desarrollo
del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulación
se denunció la comisión de un error in procedendo, mas no
uno de juzgamiento.
4. Sobre el particular debe recordarse, y con ello
insistirse, en que “[d]ada la facultad de interpretación de la
demanda que tiene el juez, éste puede concluir, recurriendo incluso
a los fundamentos de hecho, cuál es la acción impetrada o que la
pretensión es una y no otra o, en fin, cuáles son sus alcances; de tal
manera que si al proceder de este modo incurre en yerro de
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
70
apreciación, deduciendo lo que realmente no se le ha pedido, y a
consecuencia de ello resuelve de manera diferente de como se le
solicitó no comete incongruencia sino un vicio in judicando, que debe
ser atacado por la causal primera de casación [hoy en día, por la
causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso,
aclara la Corte]. Cosa distinta es que, no obstante entender con
certeza el alcance de la pretensión o el de la excepción, el
sentenciador resuelva sobre lo que ellas no contienen, o se pronuncie
ciertamente en relación con lo que incumbe hacerlo, pero con
larguezas o defectos que no debe. En este último evento es lógico
que la decisión obedece a un motivo puramente formal que
estructura, desde luego, el vicio de inconsonancia” (CSJ, SC del 6
de julio de 1981, texto reproducido en CSJ, SC del 17 de
marzo de 1993, G.J. CCXXII, p. 202. Cita efectuada en SC 775
del 15 de marzo de 2021, Rad. n.° 2004 00160 01; se subraya).
5. La acusación examinada, por lo tanto, naufraga.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO DÉCIMO TERCERO
Con sustento en la segunda causal de casación, se
denunció el proveído combatido por ser indirectamente
violatorio del artículo 825 del Código de Comercio, por falta de
aplicación, debido a los manifiestos y trascendentes errores de
hecho en que incurrió el Tribunal, al apreciar las pruebas del
proceso.
En pro de este reproche, su proponente, en síntesis,
esgrimió:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
71
1. Debido a que Deere & Co. no celebró el contrato de
agencia comercial base de la primigenia acción, el ad quem
coligió su falta de legitimación pasiva, razón por la que optó
por confirmar, en este aspecto, el fallo de primera instancia.
2. Esa conclusión decisoria fue resultado de la
preterición de las pruebas con las que se acreditó que la
nombrada demandada “ejecutó las obligaciones del [c]ontrato de
[a]gencia [c]omercial junto con Cameco y, por lo tanto, deb[ía]
ten[é]r[sele] como solidariamente responsable por el pago de la
cesantía comercial y de la indemnización equitativa” adeudadas a
la gestora del litigio.
3. Los elementos de juicio soslayados por dicho
sentenciador, corresponden a los siguientes:
3.1. La declaración rendida por la señora Lori Trotti el 8
de agosto de 2016, en la que “certificó la existencia de pago de
comisiones a Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] por parte de Deere &
Co.”.
3.2. Los extractos de las cuentas bancarias de la
prenombrada actora donde eran consignadas las comisiones
y figuran los pagos relacionados en el punto anterior.
3.3. El interrogatorio absuelto por el representante legal
de Deere & Co., donde admitió que una vez dicha empresa
adquirió a Cameco, “envió varios de sus empleados a desarrollar
actividades de dirección y administración” en esta última; y que
esos funcionarios fueron aproximadamente diez (10), los
cuales “contaban con la experiencia y habilidades” que la primera
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
72
quería implementar en la segunda, de lo que se sigue que no
fue casualidad que a partir de entonces se modificara “el
término de pago de los equipos y repuestos”, se realizaran “ventas
directas a espaldas de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] sin reconocerle
comisión por ello” y se “desgastara tanto” la relación entre ellas,
hasta el punto de provocar que la agente pusiera fin al
contrato que las unía, trasladándose la representación de
aquélla a otra empresa con quien, según lo expuesto en la
misma probanza, Cameco tenía relaciones comerciales desde
60 años atrás, aproximadamente.
En esa declaración de parte su absolvente,
adicionalmente, “confesó que Cameco y Deere & Co. eran parte de
un mismo grupo empresarial”; y que era tal la importancia de
aquélla para ésta, que la última era la que “reportaba las
pérdidas y ganancias de la operación” de la primera.
3.4. El testimonio de la señora María Fernanda Conde,
quien relató que el cargo que ella ocupó en Cameco, no existía
antes de que la misma fuera comprada por Deere & Co.,
momento en el que cambiaron las políticas rectoras de la
nueva sociedad, entre ellas, como otro ejemplo, el recorte del
plazo para sus representantes, de 90 a 60 días.
4. En opinión de la recurrente, “fue tan clara la
estrategia trazada por Deere & Co. que desde antes de la
terminación de la relación comercial empezó a realizar las
actuaciones tendientes al desplazamiento de Hugo Barragán [y Cía.
Ltda.], entre esas, el nombramiento de la señora María Fernanda
Conde, como su supuesto ‘apoyo’ de las ventas en Colombia, pero
quien en realidad debía implementar el cambio de las políticas
comerciales de Cameco bajo las instrucciones de Deere & Co.”.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
73
5. Agregó que el desconocimiento de esas pruebas y
de lo que de ellas se desprendía, según quedó atrás
relacionado, provocó que el Tribunal no aplicara el artículo
825 del Código de Comercio y dejara de ver la legitimación
pasiva de Deere & Co.
CONSIDERACIONES
1. El ad quem, en punto de la falta de legitimación de
la demandada Deere & Co., en síntesis, adujo:
1.1. Que dicha sociedad no hizo parte “del contrato objeto
de la presente litis” y que, por lo tanto, no estaba llamada a
“resistir las pretensiones”.
1.2. Que pese a su adquisición de Cameco, “persona
jurídica con la cual la demandante celebró el contrato indicado en la
demanda”, es lo cierto que a partir de cuando ello tuvo
ocurrencia, “se creó una nueva sociedad denominada JOHN
DEERE THIBODAUX INC., (…) totalmente diferente” de aquélla.
1.3. Que no son de recibo los planteamientos de la
primigenia actora, relacionados a que la primera de las
nombradas “se adhirió como parte al contrato de agencia comercial
y[,] de hecho, produjo las instrucciones para provocar la terminación
de la relación comercial con la demandante”, habida cuenta las
precedentes razones y, además, las que esgrimió el a quo al
respecto, aserción que lo condujo a reproducir, en lo que
estimó pertinente, el fallo de éste, entre ellas, que “el pago de
las obligaciones de la sociedad por uno de los socios no compromete
la responsabilidad de este último, como tampoco lo hace el
direccionamiento del ente en uno y otro sentido, pues esas
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conductas no permiten servir como evidencia de un proceder de mala
fe, fraudulento, o en abuso de derecho de DEERE [& Co.] al momento
de constituir un ente autónomo para atender la rama de los negocios
de que se ocupa JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]”.
1.4. Y, finalmente, que no estaban dados los
presupuestos necesarios para levantar el velo corporativo de
las accionadas, cuestión en la que también ratificó las
apreciaciones del juzgado del conocimiento.
2. En el cargo ahora examinado, su proponente, sobre
la base de la comisión por parte del sentenciador de segunda
instancia de protuberantes errores de hecho en la apreciación
de las pruebas, le reprochó haber desconocido que la
mencionada demandada se adhirió al contrato base de la
acción, como quiera que pagó obligaciones a cargo de Cameco
derivadas del mismo y, adicionalmente, direccionó las
políticas comerciales que esta última empresa implementó
desde cuando aquélla la adquirió, modificaciones que
provocaron la terminación del referido acuerdo de voluntades.
3. Del contraste entre unos y otros argumentos, es
decir, los del Tribunal, por un lado, y los de la acusación, por
el otro, surgen patentes las siguientes conclusiones:
3.1. En primer lugar, la inexactitud de la afirmación que
sirvió como punto de partida para la formulación del cargo que
ahora se analiza, esto es, que la razón para que esa
Corporación negara la legitimación de Deere & Co., fue que no
celebró el contrato de agencia mercantil base de la acción,
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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puesto que, como viene de verse, ese no fue el único sustento
esgrimido por dicha autoridad para arribar a tal deducción.
3.2. Y, en segundo término, que el mencionado fallador
sí se pronunció sobre el planteamiento de la actora inicial,
consistente en que la precitada accionada se adhirió a la
susodicha convención, en virtud a que atendió obligaciones de
la agenciada y direccionó cambios en sus políticas comerciales
que condujeron a la terminación de dicho acuerdo de
voluntades.
Al respecto, se encuentra que el Tribunal, en la medida
que refrendó los argumentos esgrimidos por el a quo sobre el
particular, sí contempló que Deere & Co. asumió obligaciones
surgidas del contrato de agencia comercial a cargo de Cameco,
ahora John Deere Thibodaux Inc., y participó en la toma de
decisiones sobre un nuevo direccionamiento de esta última,
que bien pudieron incidir en la terminación de ese contrato.
Cosa bien distinta fue, ello es toral, que negó a esas
conductas el efecto de provocar la adhesión contractual
predicada por la promotora del proceso.
4. Se sigue de lo precedentemente expresado, el
rotundo fracaso de la acusación examinada, por cuanto no es
verdad que el sentenciador de segundo nivel hubiese
soslayado los hechos advertidos en ella, lo que descarta que
esa Corporación incursionó en los yerros fácticos que se le
imputaron, independientemente de que en su fallo no
mencionara expresamente las pruebas relacionadas en el
cargo, omisión que por sí sola no permite colegir la falta de
apreciación de las mismas.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
76
5. Adicionalmente, también se advierte el desenfoque
de la censura, pues si fue fundamento basilar para que el ad
quem predicara la falta de legitimación de Deere & Co., como
ya se dijo, que la circunstancia de haber ella sufragado
obligaciones cuya titular era Cameco y direccionado las
nuevas políticas comerciales de la última no comportó la
adhesión por parte de aquélla al contrato de agencia comercial
fundamento de la acción promovida por Hugo Barragán y Cía.
Ltda., este debió ser el objetivo de la acusación, cuestión que
la recurrente no atacó y que, al mantenerse en firme, impide
el desmoronamiento del fallo de segunda instancia en el punto
analizado.
Con otras palabras, se imponía a la censora establecer
que, ciertamente, la realización de esas conductas -pago de
obligaciones y diseño de políticas comerciales, se reitera-,
tanto desde el punto de vista jurídico, como fáctico,
implicaban la referida adhesión contractual, lo que ella no
hizo.
6. El cargo, por consiguiente, no tiene buen suceso.
DEMANDA DE CASACIÓN
JHON DEERE THIBODAUX INC.
CARGO ÚNICO
Con invocación de la causa segunda de casación, se
enrostró a la sentencia del Tribunal ser indirectamente
violatoria de los artículos 1317, 1322 y 1324 del Código de
Comercio, por indebida aplicación, como consecuencia de
error de derecho consistente en la apreciación del dictamen
rendido por el perito Federman Valencia Diez, que comportó
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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la infracción de los artículos 174, 238, 239 y 241 del Código
de Procedimiento Civil.
En sustento de la queja, su proponente expuso los
razonamientos que enseguida se condensan.
1. De entrada, precisó que el yerro del juzgador de
segunda instancia se materializó en la apreciación de la
referida experticia y en “haber tenido por probados con
fundamento” en ella, “los montos porcentuales y monetarios de
unas comisiones supuestamente adeudadas por la [d]emandada a
la [d]emandante por unas ventas directas que el ad quem consideró
realizadas en vigencia del [c]ontrato”, pese a que, en relación con
ese elemento de juicio, “se confirmó la prosperidad de la objeción
por error grave” planteada por la primera, determinación que
tornó ese medio de convicción en “ineficaz, inatendible e
inadmisible”.
2. El recurrente reseñó con detalle las razones en las
que el a quo sustentó el acogimiento que hizo de la referida
objeción y que lo condujeron a desestimar el concepto del
experto, como prueba de la cesantía comercial, la
indemnización equitativa y de los perjuicios reclamados por la
demandante. Y por aparte, reprodujo los argumentos del
Tribunal que lo condujeron a confirmar esa determinación.
3. Aparejadamente destacó, en primer lugar, que la
precitada Corporación, para liquidar las mencionadas
comisiones por unas ventas directas que la nombrada
accionada hizo, durante la vigencia del contrato de agencia
comercial, “a Fredy Molina, (…) Aicardo Molina y a los ingenios
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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Riopaila, Central Castilla y Manuelita S.A.”, tuvo “(…) ‘en cuenta
los valores establecidos por el perito Federman Valencia, en
su dictamen (fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya que este punto
no fue objeto de controversia (…)’”; y que, además, en la
sentencia complementaria, corrigió el numeral 6º de la parte
motiva del fallo inicial, “en el sentido de indicar que el porcentaje
utilizado para determinar el valor de las comisiones de las ventas
números 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha
determinación se tuvo en cuenta los valores establecidos por
el perito Federman Valencia Díaz (sic), en su dictamen (Fl. 127
C. 4 c. Pruebas Dte.)’ (Subrayado y negrilla como énfasis)”.
En segundo término, que para calcular la cesantía
comercial sumó el valor de las comisiones por ventas directas
que había calculado en precedencia, con base en el comentado
dictamen, como ya se explicó.
Y, por último, que “el yerro del ad quem no terminó ahí, ya
que para cuantificar la indemnización equitativa a favor de la
[d]emandante, nuevamente apreció la experticia rendida por
Federman Valencia Diez, pues para su tasación, el Tribunal tomó la
cifra de USD $223.332.78 como ingresos anuales devengados por
Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] en vigencia del [c]ontrato, suma que,
como se vio atrás, incluyó el monto porcentual y monetario de las
comisiones extraídas del dictamen pericial (…), respecto del cual, se
repite, fue confirmada la objeción por error grave formulada por mi
representada”.
4. Con el propósito de desvirtuar la apreciación del
sentenciador de segunda instancia, relativa a que el
comentado dictamen pericial no fue cuestionado en los
aspectos en los que lo apreció, el censor aseveró que, “a
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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diferencia de lo sostenido por el Tribunal, el peritaje de Federman
Valencia Diez sí fue controvertido en integridad por John Deere
Thibodaux [Inc.] al proponer la mentada objeción”, en pro de lo
cual reprodujo a espació las argumentaciones en las que se
sustentó la misma.
Añadió que del escrito contentivo del comentado
cuestionamiento, se desprende que su proponente “atacó todo
lo relativo a la metodología, los fundamentos y las conclusiones del
dictamen pericial en punto a las comisiones supuestamente
adeudadas y sus valores porcentuales y monetarios, quedando
entonces todo el contenido de la prueba pericial y sus conclusiones
afectadas por los crasos errores evidenciables en ella”, sin que se
hubieren “excluido algunos de los puntos o de las conclusiones” de
la misma, amén que los jueces de instancia “tampoco hicieron
salvedad o exclusión alguna” al declarar probada la objeción.
5. A continuación, con reiteración de los anteriores
argumentos, el impugnante se ocupó de explicar, por una
parte, cómo resultaron violadas las normas de disciplina
probatoria y sustanciales indicadas al inicio de la acusación
y, por otra, la trascendencia de los yerros cometidos por el ad
quem.
6. Al final, solicitó casar la sentencia recurrida
extraordinariamente y que la Corte, en sede de segunda
instancia, profiera sentencia sustitutiva “en la que se ajuste el
valor de las comisiones, de la cesantía comercial y de la
indemnización equitativa que fueron reconocidas a favor de Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.], de conformidad con lo expuesto en la
fundamentación del cargo único formulado (…)”.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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CONSIDERACIONES
1. Concretamente, el recurrente reprochó al Tribunal
haber cometido error de derecho al apreciar la experticia
rendida por el perito Federman Valencia Diez, para determinar
el monto de las comisiones insolutas derivadas de las ventas
directas que John Thibodaux Inc., antes Cameco, realizó
durante la vigencia del contrato de agencia comercial que
tenía celebrado con Hugo Barragán y Cía. Ltda., toda vez que
tal dictamen no podía ser valorado como prueba, habida
cuenta que la objeción que, en relación con él, formuló la
citada demandada, fue declarada próspera en el fallo de
primera instancia, determinación que, pese a los reparos que
frente a ella planteó la también nombrada actora inicial, el ad
quem mantuvo en el de segunda.
Agregó que como dicha Corporación utilizó esa
estimación para calcular tanto la cesantía comercial, como la
indemnización equitativa, contempladas en los incisos 1º y 2º
del artículo 1324 del Código de Comercio, el desatino
probatorio advertido cobró materialidad también en la
cuantificación de estos rubros.
2. En relación con dicha acusación, sea lo primero
dejar en claro que, no obstante la aparente amplitud con que
se propuso, su alcance es en verdad restringido, como quiera
que el acusador acogió la determinación de las comisiones por
las dos enajenaciones efectuadas a Colremaq S.A., cada una
fijada en la suma de US $46.343.64, para un total de US
$92.687.28, en la medida que al ocuparse de la trascendencia
del yerro imputado, como se detallará más adelante, tomó esa
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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cuantía como definitiva y, mediante nota puesta a pie de
página, puntualizó que “John Thibodaux [Inc.] no [la] ha
disputado”.
3. Delimitado así el cargo, esto es, que él sólo
concierne con la definición de las comisiones generadas por
las ventas efectuadas a Fredy Molina, Aicardo Molina, Ingenio
Riopaila S.A., Ingenio Central Castilla S.A. e Ingenio
Manuelita S.A., debe reconocerse con total contundencia la
incursión por parte del ad quem en el yerro que se le atribuyó,
pues no hay duda que el trabajo pericial presentado por el
mencionado auxiliar de la justicia fue objetado, respecto de
todos sus fundamentos y conclusiones por John Deere
Thibodaux Inc. y, adicionalmente, que los reparos que se
formularon fueron acogidos, sin restricciones o salvedades,
por el juzgado del conocimiento, en el punto primero de la
parte resolutiva de la sentencia que profirió el 16 de febrero
de 2017, determinación que la precitada Corporación
confirmó íntegramente en el ordinal quinto de su fallo.
4. Como se desprende del escrito de objeciones,
militante en los folios 1270 a 1302 del cuaderno No. 9, y lo
dejó cabalmente sustentado el impugnante, los reparos
esgrimidos en frente de la comentada experticia fueron
comprensivos de la cuantificación tanto de la cesantía
comercial, como de la indemnización equitativa, dentro de la
cual efectuó el “CÁLCULO DE COMISIONES PENDIENTES DE
CANCELAR”, así como las actualizaciones que de esos valores
el experto realizó por el sistema de intereses y de corrección
monetaria.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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Véase cómo, en cuanto concierne con el cálculo indicado
en precedencia, el objetante, haciendo referencia a los
porcentajes aplicados por el perito con ese fin, puso de
presente que las comunicaciones de las que extrajo los
mismos, “consisten en cruces de correo electrónico entre
funcionarios [que] al parecer son de Cameco ([John] Deere
Thibodaux [Inc.]) y Hugo Barragán y Cía. Ltda.”; que en la misiva
del 28 de julio de 2001 se alude es a “[l]os descuentos para la
distribución”; y que, “[c]omo se puede evidenciar de los apartes del
dictamen pericial y de sus soportes (algunos de ellos transcritos
atrás), el perito toma los descuentos que Cameco (…) hacía a Hugo
Barragán y Cía. Ltda. por la venta de equipos y los asimila a
honorarios o comisiones utilizándolos en consecuencia para calcular
la cesantía comercial. El problema radica justamente en la confusión
del perito entre dos figuras absolutamente diferentes como son (i) el
descuento hecho a un precio de venta y (ii) la comisión u honorario.
Ambos, como pasaré a explicar, surgen de fenómenos
absolutamente distintos por lo que no es posible equipararlos como
lo hace el perito en su dictamen para deducir la existencia de uno
(esto es, de los honorarios y comisiones) a partir del otro (es decir,
del precio de venta y los descuentos aplicados por Cameco […] a
favor de Hugo Barragán y Cía. Ltda.)”.
Por consiguiente, cuando el Tribunal, con el propósito de
liquidar “las comisiones por las ventas directas realizadas por John
Deere [Thibodaux Inc.] en vigencia del contrato” de agencia
comercial, tuvo en cuenta “los valores establecidos por el perito
Federman Valencia en su dictamen (Fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya
que este punto no fue objeto de controversia”, ponderación que
corrigió en la sentencia complementaria, en el sentido de “el
porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de la
ventas números 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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determinación se tuv[ieron] en cuenta los valores establecidos por el
perito Federman Valencia Díaz (sic), en su dictamen (Fl. 127 C. 4 …
Pruebas Dte)”, concedió a esa experticia un mérito demostrativo
que no tenía, pues como ya se destacó, había sido, de un lado,
cuestionada en todos sus aspectos y, de otro, declarada
próspera la objeción sin ninguna restricción en el fallo del a
quo, pronunciamiento que revisado por el juzgador de
segundo grado, debido a la crítica que le formuló la gestora de
la controversia, no fue materia de modificación alguna en este
punto.
Evidente es, entonces, que el ad quem vulneró las
normas disciplinantes de la prueba pericial, en particular, los
artículos 238 y 241 del Código de Procedimiento Civil, estatuto
vigente cuando el dictamen de que se trata se presentó y
objetó, pues de los dos en conjunto se deduce que la experticia
respecto de la cual prospera la objeción aducida en su contra,
no puede ser apreciada por el juez en todo aquello materia del
reproche aceptado.
5. No obstante lo anterior, la ocurrencia del
comentado error de derecho es insuficiente para ocasionar el
quiebre de la sentencia impugnada por la vía del recurso de
casación que se desata, toda vez que su denunciante no
estableció en debida forma la trascendencia de ese desafuero,
como pasa a dilucidarse.
5.1. El último inciso del literal a) del numeral 2º del
artículo 344 del Código General del Proceso establece:
Cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas
probatorias que se consideren violadas, haciendo una
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
84
explicación sucinta de la manera en que ellas fueron
infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se
singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué
consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que
recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y
señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia (se
subraya).
5.2. En tratándose de la violación indirecta de la ley
sustancial, ya sea que sobrevenga como consecuencia de un
error de hecho, ora de derecho, la Sala ha sido enfática en
sostener que para que el yerro tenga la virtud de resquebrajar
el fallo cuestionado en casación, debe ser trascedente, esto es,
repercutir en la decisión adoptada de modo que, de no haberse
cometido, otra hubiese la solución que se habría dado al
proceso, la cual, indiscutiblemente, vendría a ser favorable al
impugnante o, en el peor de los escenarios, menos
desfavorable a sus intereses, lo que él debe establecer.
5.3. Ahora bien, la satisfacción de ese deber, no puede
realizarse de cualquier manera y, menos, en contravía de
decisiones contenidas en el propio fallo de segunda instancia
que, por no haber sido controvertidas en desarrollo del
recurso extraordinario interpuesto, son vinculantes para las
partes y para la Corte, como juez de casación.
Es que, si la argumentación de la trascendencia forma
parte de la fundamentación del cargo, debe cumplir los
requisitos de precisión, claridad y completitud que la primera
parte del ya citado numeral 2º del artículo 344 del Código
General Proceso impone y que, como ya se señaló al desatarse
los cargos segundo y tercero de la demanda de casación
propuesta por Hugo Barragán y Cía. Ltda., exigen del censor
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
85
actuar en coherencia con los aspectos cardinales del fallo
combatido.
5.4. En el caso del reproche auscultado, su proponente,
consciente de que le correspondía argumentar la
trascendencia del error de derecho denunciado, adujo con ese
fin que tomaba como valor total y definitivo de las comisiones
pendientes de pago por la ventas directas realizadas por su
representada, el cálculo que el Tribunal hizo de las dos
enajenaciones verificadas a la empresa Colremaq S.A., que no
fueron objeto de disputa por su parte, estimadas en la suma
total de US $92.687.28, y aplicó esa cuantía para recalcular,
siguiendo el mismo procedimiento adoptado por el ad quem,
las cesantía comercial, que ya indexada tasó en US
$529.048.21, suma muy inferior, dijo, a la establecida por esa
autoridad en US $846.803.45; y la indemnización equitativa,
que fijó en US $105.238.48, cantidad por debajo de
contabilizada en el fallo de segunda instancia (US
$167.499.58).
5.5. Esos cálculos del recurrente son inadmisibles, en la
medida que contradicen frontalmente o, por lo menos,
desconocen, sin ninguna justificación, cuestiones decididas
por dicha autoridad, que son firmes por no haber sido
controvertidas en casación, y de las que, por lo mismo, no
podía apartarse aquél.
Ciertamente, el sentenciador de segunda instancia dejó
establecido que “no sólo fueron dos equipos los que se vendieron
directamente por el empresario, sino que fueron siete, lo cual cierra
cualquier posibilidad de discusión en torno a si era viable para
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
86
HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] dar por terminado unilateralmente
el contrato de agencia que lo unía desde ha[cía] 26 años con John
Deere [Thibodaux Inc.]. (…). En efecto, obsérvese que aparece
demostrado en la actuación que la sociedad demandante, además
de las dos máquinas mencionadas -se refirió a las vendidas a
Colremaq S.A., aclara la Corte-, en la ejecución del contrato, efectuó
otras ventas directas en el territorio colombiano, en relación con
cinco máquinas, como se encuentra acreditado [con] la información
de importaciones (de la subpartida 8433591000 de enero de 1997
a noviembre de 2005) remitida por la DIAN, donde aparecen
registradas las mencionadas importaciones”, tras lo cual
relacionó las enajenaciones efectuadas a “Fredy Manuel
Molina”, “Aicardo Molina Agroco”, “Ingenio Riopaila S.A.”, “Ingenio
Central Castilla” y “Manuelita S.A.”.
En consonancia con esa inferencia, adicionó la sentencia
de primera instancia y, en tal virtud, condenó “a JOHN DEERE
THIBODAUX INC. a pagar a Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] la suma
de USD 341.731,68, por concepto de las comisiones por ventas
directas realizadas en vigencia del contrato de agencia comercial,
conforme lo expuesto en esta providencia” (se subraya), es decir,
que esa determinación fue comprensiva de la totalidad de las
enajenaciones que dejó identificadas en la parte motiva del
fallo.
De suyo, entonces, no podía el censor sustraerse de esas
conclusiones decisorias del Tribunal y, en procura de
demostrar la trascendencia del error materia del cargo que se
analiza, excluir sin ninguna explicación, cinco de las ventas
directas que halló acreditadas ese juzgador para, en definitiva,
como se indicó, contabilizar como comisión total la suma
correspondiente a solo dos operaciones y, con tal base, ajustar
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
87
las cuentas de la cesantía comercial y de la indemnización
equitativa.
5.6. La correcta acreditación de la trascendencia del
error soporte de la acusación, considerada la fundamentación
que se expuso en respaldo de la misma, exigía del recurrente
fijar el correcto valor de la comisión de las siete ventas directas
relacionadas por el ad quem, con explicación detallada de las
bases del cálculo que hiciera e indicación de las pruebas
soportantes de tal cuantificación, y establecer así que el
monto de esa manera determinado, le era beneficioso, por ser
menor al fijado por esa autoridad, laborío que no hizo y que
implicó dejar el cargo a mitad de camino.
5.7. Es que siendo la casación un recurso extraordinario
sometido al principio dispositivo, razón por la cual solamente
lo que exponga su proponente es lo que la Corte puede
considerar para resolverlo, sin serle dable, por ende,
completar la acusación y, menos, identificar a su antojo las
pruebas que sirven a los propósitos de lo aducido por el
censor, no hay cómo, en este caso, ante el dislate propuesto
por el impugnante, establecer la verdadera la trascendencia
del yerro denunciado, omisión que por sí sola impide
reconocerle eficacia casacional.
6. Así las cosas, el cargo, pese a haberse comprobado
el yerro en que se fundamentó, no merece acogimiento.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
88
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO CUARTO
Fincada en la causal primera del artículo 336 del Código
General del Proceso, la recurrente enrostró a la sentencia
combatida ser directamente violatoria de los cánones 1324 y
1327 del Código de Comercio, por interpretación errónea,
imputación que sustentó de la manera que a continuación se
resume:
1. El primero de los referidos preceptos consagra que
la cesantía comercial corresponde “(…) ‘a la doceava parte del
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los últimos
tres años, por cada uno de vigencia del contrato’ (…)”, habiendo
entendido el Tribunal que la expresión resaltada “equivale
estrictamente a las comisiones efectivamente pagadas y no a las
que tiene derecho el agente”.
2. Muestra de ello, es que esa Corporación, al calcular
el valor del indicado rubro, “no tuvo en cuenta el valor de las
ventas realizadas, sino el de las comisiones efectivamente pagadas
a Hugo Barragán [y Cía. Ltda.]”, apreciación con la que “excluyó,
automáticamente y sin más, cualquier otro alcance para efectos de
estimar la [c]esantía [c]omecial, concretamente, las comisiones
causadas, es decir, a las que efectivamente tenía derecho” la
agente, “con independencia de haber sido éstas pagadas o no por
parte de Cameco”.
3. Con esa interpretación, se abrió la puerta para que
el agenciado no pague las comisiones, o lo haga por un valor
inferior al que en realidad corresponda, entendimiento
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
89
equivocado que, adicionalmente, contradice el criterio
expuesto por la Corte en la sentencia citada parcialmente por
la impugnante.
CONSDERACIONES
1. Previamente a asumir el estudio en concreto del
cargo en cuestión, se hace necesario hacer una nueva
incursión en el fallo de segunda instancia.
1.1. Antes de ocuparse de la cesantía comercial, el
Tribunal discurrió sobre otros temas, de los cuales interesa
destacar aquí los dos siguientes:
1.1.1. Tras definir que para la comercialización de la
maquinaria industrial producida por Cameco, actualmente
John Deere Thibodaux Inc., esta empresa y Hugo Barragán y
Cía. Ltda. celebraron un prototípico contrato de agencia
mercantil, y aparejadamente, que para la de los repuestos,
convinieron uno de distribución, el ad quem evaluó si ese
inicial acuerdo fue incumplido por la citada agenciada, y por
ende, si la nombrada agente le puso fin al mismo con justa
causa.
Sobre el particular concluyó que en efecto ello fue así,
pues la primera vendió directamente en Colombia, sin pagar
a la primigenia actora la comisión a que tenía derecho, siete
equipos en total, dos a Colremaq S.A, y uno a Fredy Molina,
Aicardo Molina, Ingenio Riopaila S.A., Ingenio Central Castilla
S.A. e Ingenio Manuelita S.A., respectivamente.
1.1.2. Establecido lo anterior, procedió a liquidar el
valor de las comisiones derivadas de esas negociaciones, que
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
90
consideró adeudadas por John Deere Thibodaux Inc. a Hugo
Barragán y Cía. Ltda., lo que hizo en los siguientes términos:
En este orden de ideas esta Sala procede a efectuar la
liquidación para efectos del reconocimiento de las comisiones
por las ventas directas realizadas por John Deere [Thibodaux
Inc.] en vigencia del contrato, teniendo en cuenta los valores
establecidos por el perito Federman Valencia, en su dictamen
(Fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya que este punto no fue objeto
de controversia, y en relación con la venta de las dos máquinas
a COLREMAQ se tendrá[n] los valores establecidos en el
reporte de ventas aportado por John Deere [Thibodaux Inc.]
(Fl. 167 C. 5), así:
Importador Valor de la venta Comisión en dólares Porcentaje En pesos
1. COLREMAQ S.A. USD 220.684.00 USD 46.343.64 (21%) $132.818.092
2. COLREMAQ S.A. USD 220.684.00 USD 46.343.64 (21%) $132.818.092
3. FREDY MOLINA USD 231.598.00 USD 64.847.44 (24%) $164.613.281.02
4. AICARDO MOLINA USD 231.598.00 USD 64847.44 (24%) $164.613.281.02
5. INGENIO RIOPAILA USD 170.968.17 USD 41.032.36 (24%) $116.485.948.43
6. I. CENTRAL
CASTILLA
USD 170.968.17 USD 41.032.36 (24%) $111.965.002.91
7. I. MANUELITA S.A. USD 159.520.00 USD 38.284.80 (24%) $104.945.145.22
Total por comisiones dejadas de pagar a Hugo Barragán [y
Cía. Ltda.]: USD 341.731,68.
1.2. Ya en punto de la cesantía comercial, el ad quem
señaló:
(…): Esta condena fue tasada por el fallador de primer grado
a partir de la cuantificación de presuntas comisiones relativas
al total de las ventas de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en
Colombia, desconociendo que parte de esas ventas eran
realizadas directamente a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]
para la distribución de productos en el territorio nacional. Esto
distorsionó, por supuesto, el monto de la comisión que tuvo por
cierta el juez a quo, que difiere de manera sustancial respecto
de las comisiones efectivamente pagadas que consignó en su
declaración juramentada (affidavit) la señora Lori Trotti, en
respuesta a una probanza oficiosa decretada en el marco de
la primera instancia.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
91
Es por ello que, con miras a escindir las operaciones de
agencia de las de distribución, no tendrá en cuenta esta
Corporación el monto de las ventas efectivas (para a partir de
allí, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas
comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE
[Thibodaux Inc.] a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.], las que
ascienden, para el período de tres años inmediatamente
anterior a la terminación del contrato, a USD 328.266,66,
según se sigue de la relación de pagos que obra a folios 1759
a 1767 del cuaderno principal No. 6.
Cantidad a la cual se le debe sumar el valor de las comisiones
que John Deere [Thibodaux Inc.] dejó de cancelar a Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] por las ventas directas que realizó en
el territorio colombiano, en vigencia del contrato de agencia
comercial, el que corresponde a la suma de USD 341.731,68,
que sumados a la anterior cifra (USD 328.266,66), arroja un
resultado de USD 669.998.34.
Luego de reproducir el mandato del inciso 1º del artículo
1324 del Código de Comercio y de dejar en claro que el agente
tiene derecho a la cesantía comercial independientemente de
la causa de terminación del contrato, planteamiento que
sustentó con la reproducción parcial de un fallo de esta Corte,
el sentenciador de segunda instancia añadió:
En tal sentido, insiste el Tribunal, a la terminación del contrato
de agencia que ató a ambos litigantes por espacio de 26 años,
2 meses y 2 días, el demandante tendría derecho al pago de
una suma equivalente a una doceava parte de USD
$223.332.78 (el promedio de la comisión, regalía o utilidad
recibida en los tres últimos años de vigencia del aludido
negocio jurídico por HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]), es decir,
USD $18.611,065 multiplicada por el lapso anual antes
señalado (26 años), para una cesantía de USD $483.887.69.
A continuación, el sentenciador de segundo nivel, con
fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, indexó la
anterior suma de dinero “durante el lapso transcurrido entre la
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
92
fecha en que se hizo exigible la prestación de marras (terminación
del contrato) hasta la fecha actual”, para lo cual aplicó la
variación del índice de precios al consumidor certificada por
el DANE, obteniendo la suma total y definitiva de US
$846.803.45.
2. La acusación objeto de estas consideraciones trató
sobre el quebranto directo de los artículos 1324 y 1327 del
Código de Comercio, habida cuenta que para liquidar la
cesantía comercial a que en este caso tiene derecho la
primigenia demandante, el ad quem solamente tuvo en cuenta
las comisiones efectivamente pagadas y no todas a las que
aquélla ella tenía y tiene derecho, independientemente de si
fueron o no atendidas, actitud con la que, en opinión de la
recurrente, esa autoridad restringió el sentido y verdadero
alcance del primero de esos preceptos, amén que entronizó un
entendimiento propicio para que los agenciados adopten como
práctica no sufragar las comisiones, o lo hagan por menor
valor al que legalmente corresponda, buscando con ello
obstaculizar el reconocimiento de la prestación de que se trata
o reducir de forma importante su monto.
3. Apreciado en todo su contexto el fallo confutado,
propio es advertir, desde ya, que él no presenta la deformación
jurídica que le atribuyó la censura, pues si bien es verdad el
Tribunal, ex profeso, no tuvo en cuenta la totalidad de las
ventas que Hugo Barragán y Cía. Ltda. realizó en Colombia en
el período de los tres años anteriores a la terminación del
contrato para el cálculo de la cesantía comercial, ello obedeció
a que en ese valor, que fue la base de la que partió el a quo
para la cuantificación de la misma, se incluían las
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
93
negociaciones derivadas de la comercialización de repuestos,
que no fueron parte del contrato de agencia, sino del coligado
de distribución que esa autoridad igualmente halló celebrado
entre las partes, por lo que estimó que, tomar como
fundamento para establecer el quantum de la prestación en
comento aquel rubro -total de ventas, se itera-, implicaba
inflar impropiamente la cuantía de la misma.
Es que, como se vio, con anterioridad a cuando el
sentenciador de segunda instancia se ocupó del tasar la
cesantía comercial en favor de la primigenia actora, ya había
definido que para el mercadeo de los repuestos de la
maquinaria producida por John Deere Thibodaux Inc. por
parte de Hugo Barragán y Cía. Ltda. ellas, paralelamente a la
agencia comercial, implementaron un contrato de
distribución, razón por la que se vio obligado a excluir del
cálculo de la prestación en referencia, el resultado económico
de ese otro negocio jurídico, es decir, la venta de repuestos
efectuada por la segunda a los clientes de la primera, en el
territorio nacional.
Por consiguiente, cuando el ad quem expresó que “no [se]
tendrá en cuenta (…) el monto de las ventas efectivas (para a partir
de allí, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas
comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE [Thibodaux
Inc.] a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.]”, no realizó ninguna
interpretación restrictiva del artículo 1324 del Código de
Comercio, sino que simplemente dio alcance al error del
sentenciador de primera instancia, el cual tasó el aludido
rubro “a partir de la cuantificación de presuntas comisiones
relativas al total de las ventas de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en
Colombia, desconociendo que parte de esas ventas eran realizadas
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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directamente a HUGO BARRAGÁN [y Cía. Ltda.] para la distribución
de productos en el territorio nacional”, con lo que “distorsionó”
sensiblemente el valor de la misma.
4. Para abundar en razones, pertinente es acotar que,
como igualmente ya se consignó, luego de explicitar esas
consideraciones, el Tribunal concretó la cesantía comercial y,
para determinar su monto, sumó a las comisiones
“efectivamente pagadas” aquellas que ni siquiera habían sido
liquidadas y, por lo mismo, que no habían sido satisfechas por
la agenciada, correspondientes a las derivadas de las ventas
directas que John Deere Thibodaux Inc. realizó en el país
durante la vigencia del contrato, cuyo valor ya había
establecido, inclusión que desmiente que el entendimiento
que este juzgador dio a las normas disciplinantes de la
cesantía comercial, fue el que la recurrente indebidamente
infirió y, consecuencialmente, reprochó.
5. Por lo expuesto, el cargo, no se abre camino.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO QUINTO
Con respaldo en la causal segunda de casación, se
denunció la sentencia materia de la censura extraordinaria
por ser indirectamente violatoria de los artículos 1318, 1322,
1324 y 1327 del Código de Comercio, debido al error de
derecho cometido “al calcular el valor de la [c]esantía [c]omercial”,
que comportó la infracción del artículo 176 del Código General
del Proceso.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
95
La promotora de la acusación, en su respaldo, expresó:
1. Para el referido cálculo, el ad quem se apoyó,
fundamentalmente, en la declaración juramentada rendida
por la señora Lori Trotti el 24 de marzo de 2016, relativa a las
comisiones pagadas por John Deere Thibodaux Inc. a Hugo
Barragán y Cía. Ltda. durante los tres años anteriores a la
terminación del contrato de agencia comercial, estimadas allí
en la suma de US $328.266.66, y en el dictamen rendido por
el perito Federman Valencia Diez, en el que se liquidó el valor
de las comisiones derivadas de las ventas directas realizadas
en vigencia del contrato de agencia por dicha empresa, monto
que dicho sentenciador apreció para fijar la cuantía de la
cesantía comercial, según se desprende de los pasajes del fallo
de segunda instancia reproducidos por la recurrente.
2. Ese comportamiento decisorio significó la falta de
valoración conjunta de esos medios probatorios, entre sí, y de
ellos en asocio con las declaraciones juramentadas que la
misma señora Lori Trotti efectuó los días 19 de septiembre de
2013 y 8 de agosto de 2016, que de haber realizado el Tribunal
lo habría llevado a calcular de manera diferente la prestación
en comento.
3. En efecto, la ponderación panorámica de los medios
de convicción hubiese permitido a dicho sentenciador
establecer que la señora Lori Trotti, en la declaración inicial
que rindió (19 de septiembre de 2013), se refirió al pago tardío
de una comisión por “USD 130.249,28” que no relacionó en la
segunda versión mencionada (24 de marzo de 2016),
diferencia que ella explicó y aclaró en la última (8 de agosto
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
96
de 2016), que la recurrente reprodujo en lo que estimó
pertinente.
4. Ya en lo que hace a las comisiones estimadas en la
aclaración y complementación de la experticia presentada por
el perito Valencia Diez, que ascienden a US $250.044.40, la
precitada Corporación no apreció que su estimación se hizo
“tomando como base los precios FOB (Franco a Bordo)” que
incluían, “además del precio en sí del producto, (…) costos
adicionales como el del embalaje, el de transporte y el de abordaje
en el puerto de origen”, razón por la cual, entre otros factores,
el dictamen fue objetado por error grave, habiendo prosperado
dicho cuestionamiento, de lo que se sigue que es “evidente que
los valores tomados por el Honorable Tribunal por concepto de
comisiones pendientes por pagar, se calcularon con base en precios
superiores a los que correspondía, situación que de hecho ya había
sido [materia] de reproche por el propio Tribunal en otro punto”.
5. Finamente, la recurrente observó que en la
sumatoria de las comisiones pagadas a Hugo Barragán y Cía.
Ltda. que efectuó el Tribunal en su fallo, incurrió en un error
aritmético, pues esa operación totalizaba US $342.731.68 y
no US $341.731.68, como lo señaló esa autoridad.
6. Terminó explicando la forma cómo los advertidos
errores ocasionaron la infracción de las normas sustanciales
mencionadas al inicio del cargo y la incidencia de los mismos,
como quiera que fue, a consecuencia de ellos, que se tasó la
cesantía comercial en US $483.887.69.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
97
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO SEXTO
Soportada también en la segunda causal de casación, la
impugnante reprochó que la providencia objeto de
inconformidad vulneró indirectamente los artículos 1324 y
1327 del Código de Comercio, en atención a trascendentes y
manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas,
que llevaron al Tribunal a concluir que “durante los últimos 3
años de la relación comercial, Cameco pagó efectivamente a Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] la suma de USD 328.266,66 por concepto de
comisiones, cuando lo cierto es que dicho valor correspondió
realmente a la suma de USD 458.515,20”.
Los fundamentos de la queja, admiten el siguiente
resumen:
1. Tras reiterar que para el cálculo de la cesantía
comercial el ad quem se respaldó en las pruebas especificadas
en el cargo anterior, la acusadora, en pro del ataque de que
ahora se trata, esgrimió similares argumentos a los que
expuso en la primera parte de esa censura, esto es, los
relacionados con las declaraciones juramentadas rendidas
por la señora Lori Trotti, pero aquí ya no adujo la falta de
valoración conjunta de ellas, sino el cercenamiento de la
versión que la nombrada suministró el 19 de septiembre de
2013, toda vez que el precitado sentenciador no tuvo en
cuenta el pago tardío de una comisión por valor de US
$130.249,28 que la exponente allí refirió.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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2. Adicionalmente, la impugnante denunció la
preterición de la declaración del 8 de agosto de 2016, en la
que la exponente explicó las razones para que en sus dos
declaraciones anteriores hubiere mencionado valores
diferentes.
CONSIDERACIONES
1. Se extracta del compendió precedente, que el error
de derecho denunciado en el cargo quinto, consistente en la
falta de apreciación conjunta de las pruebas indicadas en el
desarrollo de la censura, repercutió en dos frentes diversos:
1.1. De un lado, en que el Tribunal, para la concreción
de la cesantía comercial que reconoció en favor de la
primigenia demandante, únicamente tuvo en cuenta las
comisiones señaladas por la testigo Lori Trotti en la
declaración juramentada rendida en el exterior el 24 de marzo
de 2016 (fls. 1759 a 1774., cd. 10), que totalizaron la suma de
US $328.266.66, y dejó de lado la adicional por valor de US
$130.249.28, que la misma deponente había relacionado en
una declaración similar rendida con anterioridad, el 19 de
septiembre de 2013 (fls. 160 a 167, cd. 5, Pruebas de la Parte
Actora), ignorando a la vez las explicaciones que sobre esa
diferencia ofreció la misma deponente en otra declaración que
data del 8 de agosto de 2016, militante en los folios 1921 a
1929 también del cuaderno No. 10.
1.2. Y, de otro, en que al tomar el valor fijado por el
perito Valencia Diez a las comisiones causadas por las ventas
directas que realizó John Deere Thibodaux Inc. durante la
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
99
vigencia del contrato de agencia comercial, el ad quem no se
percató que el mismo se determinó con base en los “precios
FOB (Franco a Bordo)”, es decir, en “valores que además del precio
en sí del producto, inclu[ían] costos adicionales como el de embalaje,
el de transporte y el de abordaje en el puerto de origen”, desatinó
que, en parte, motivó la prosperidad de la objeción que se
formuló contra dicha experticia, y que significó un indebido
incremento de las mismas, que se trasladó al cálculo de la
cesantía comercial, toda vez que dicha autoridad tuvo en
cuenta tales comisiones en la determinación de esta última.
2. A su turno, en el cargo sexto se adujo el mismo
desacierto sobre el que versó la primera parte del cargo
anteriormente comentado, pero como consecuencia de la
indebida apreciación y la preterición de las primera y última
declaraciones rendidas por la señora Lori Trotti,
respectivamente.
3. La proximidad de los reproches contenidos, por una
parte, en el primer segmento del cargo quinto y, por otra, en
el cargo sexto, justifican la acumulación de estas acusaciones,
a lo que se añade que unas mismas razones conducirán a
colegir el fracaso de ambas, como pasa a elucidarse:
3.1. Por disposición del artículo 164 de Código General
del Proceso, “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso”, precepto del que
se deriva que los únicos elementos de juicio en los que pueden
sustentarse las sentencias, son aquellos obtenidos con plena
satisfacción de las normas disciplinantes de su aportación,
solicitud, decreto, práctica y valor demostrativo.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
100
Por consiguiente, la ponderación individual e integral a
que se refiere el artículo 176 del mismo estatuto, al prever que
“[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo a las
reglas de la sana crítica”, y que “[e]l juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”, debe
armonizar con aquel mandato, de modo que, en definitiva, las
pruebas regulares y oportunas, sean las que orienten el juicio
del fallador y a las que no cumplan esas condiciones, se les
niegue tal efecto.
3.2. Mediante auto del 12 de febrero de 2016, el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Cali, por una parte, avocó el
conocimiento del presente asunto litigioso y, por otro, decretó
de oficio, entre otras pruebas, que “las demandadas John Deere
Thibodaux Inc. y Deere & Co., (…), procedan a informar a este
Despacho lo siguiente: a) El monto total de las sumas de dinero
pagadas, por cualquier concepto, a la sociedad aquí demandante,
esto durante el período de tres años que antecedió a la fecha de
fenecimiento de la relación comercial a la que alude Hugo Barragán
y Cía. Ltda. en su demanda. (…). Esta información deberá
presentarse de manera que pueda individualizarse la fuente y el
concepto de todos los pagos que hubieren tenido lugar en el contexto
negocial y temporal antes mencionado” (fls. 1719 a 1721, cd. 10).
En cumplimiento de esa determinación, las accionadas,
por intermedio de su apoderado judicial, allegaron, entre otros
documentos, la declaración juramentada rendida en el
exterior por la señora Lori Trotti el 24 de marzo de 2016, en
su condición de “Supervisora de Contabilidad” de John Deere
Thibodaux Inc., acompañada de una relación de la cuenta de
Hugo Barragán y Cía. Ltda. correspondiente al período
comprendido entre el 5 de marzo de 2001 e igual día de 2004,
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
101
así como de la explicación de la misma, en la que figura que
los pagos por comisiones se efectuaron los días 25 de julio, 23
de septiembre, 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2001;
24 de marzo, 23 de junio, 28 de julio, 25 de agosto y 24 de
noviembre de 2002; y 1º de febrero, 23 del mismo mes, 28 de
septiembre y 30 de noviembre de 2003, por una suma total de
US $328.266.66, documentos todos traducidos debidamente
del idioma inglés al castellano (fls. 1759 a 1774, cd. 10).
De esa declaración, así como de los restantes
documentos allegados por las demandadas, el a quo corrió
traslado a la parte actora mediante auto del 13 de abril de
2016 (fl. 1849, cd. 10), oportunidad en la que ésta manifestó
reparos respecto de la información suministrada,
particularmente, porque no correspondía a la que con
anterioridad había suministrado la misma persona (fls. 1850
a 1853, cd. 10).
3.3. Sin mediar ninguna otra determinación del
juzgado, las demandadas allegaron una nueva declaración
juramentada de la señora Lori Trotti, que data del 8 de agosto
de 2016, mediante la cual explicó, en resumen, que la
información dada por ella los días 19 de septiembre de 2013
y 24 de marzo de 2016, corresponde a períodos diferentes,
razón por la cual no incluye los mismos datos, amén de otras
precisiones (fls. 1919 a 1929, cd. 10).
En relación con esta declaración no figura que se hubiere
corrido traslado alguno, toda vez que a continuación de su
recepción se profirió el auto del 26 de agosto de 2016,
mediante el cual se declaró precluido el término probatorio y
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
102
se convocó a las partes para la audiencia prevista en el
artículo 373 del Código General del Proceso (fl. 1930, cd. 10).
3.4. En la audiencia en la que el representante legal de
John Deere Thibodaux Inc., señor Luis Enrique Rodríguez,
absolvió el interrogatorio de parte decretado a instancia de la
parte actora, verificada el 8 de noviembre de 2013, éste, frente
a la pregunta: “En respuesta anterior [U]sted señaló que en el caso
de IMECOL después de la venta que realizó la señora MAR[Í]A
FERNANDA CONDE se habría definido un margen o ganancia y
supuestamente, dicho margen o ganancia se le habría consignado a
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. [Ltda.]. Sírvase indicarle al despacho a
qué porcentaje sobre el valor de la venta ascendió el margen o
ganancia que [U]stedes, según su dicho[,] habrían definido y
consignado al distribuidor”, luego de responder que “[l]os
márgenes de ganancia los variaba el distribuidor dependiendo de la
negociación”, aportó, según constancia dejada por el despacho,
un documento en 8 folios y añadió que “[l]o que quiero demostrar
es los diferentes márgenes que tenía y de acuerdo a este documento
había márgenes del 4.2% hasta el 35%” (fls. 146 a 159, cd. 5,
Pruebas Parte Actora).
A continuación del acta contentiva de la prueba, figura
un documento titulado “Affidavit Of Lori T. Trotti”, fechado el
“19th day of September, 2013”, acompañado de otro rotulado
como “Statement of Explanation For Account of Hugo Barrag[á]n &
C[í]a[.] Ltda[.]” y de un cuadro denominado “Annex 1 – Hugo
Barrag[á]n & C[í]a[.] Ltda[.]”, todos en copia informal y en idioma
inglés.
3.5. Significa lo expuesto, que el único de los elementos
de juicio atrás relacionados que puede calificarse como
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
103
regular y oportunamente allegado al proceso, es el primero,
pues su aportación obedeció al decreto oficioso de pruebas
adoptado por el a quo, satisfizo las formalidades de obrar en
original y haberse traducido al castellano en legal forma y
cumplió el requisito de contradicción.
Por el contrario, los otros dos no.
La declaración del 19 de septiembre de 2013, si bien es
cierto fue aportada dentro del interrogatorio del parte absuelto
por el representante legal de John Deere Thibodaux Inc., lo
que autorizaba el inciso 5º del artículo 208 del Código de
Procedimiento Civil, norma rectora de la prueba por ser la que
estaba vigente al momento de su práctica, se allegó en
fotocopia informal y no cuenta con la respectiva traducción.
Por su parte, la versión fechada el 8 de agosto de 2016
no está respaldada por solicitud, ni decreto del juez, amén que
no gozó de oportunidad alguna para ser debatida.
3.6. Siendo ello así, como en efecto lo es, la falta de
ponderación, individual y de conjunto, de esas
manifestaciones y documentos, mal pudo configurar el error
de hecho denunciado en el cargo sexto, o el de derecho
advertido en la primera parte del cargo quinto, pues la
ocurrencia de uno y otro yerro exige, como presupuesto
indispensable, que las pruebas sobre las que versen, sean
jurídicamente apreciables.
Precisamente, refiriéndose al yerro fáctico, la Sala
insistentemente ha predicado que su acaecimiento “exige, como
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
104
mínimo, según lo tiene igualmente decantado esta Corporación, que
la prueba exista en el proceso y que pueda apreciarse válidamente”
(CSJ, SC 3368 del 23 de agosto de 2019, Rad. n.° 2009-00167-
01).
3.7. Por lo dicho, las referidas acusaciones, no están
llamadas a acogerse.
4. Fijada la atención en el segundo reproche del cargo
quinto, se establece:
4.1. A voces del artículo 333 del Código General del
Proceso, uno de los fines del recurso de casación es “reparar
los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia
recurrida”, propósito que guía el interés que debe existir en
quien lo propone.
Por tal virtud, es doctrina jurisprudencial de esta Sala
que, en tratándose de esa forma de impugnación, quien acude
a ella “actúe legitimado” y, además, que “tenga la facultad de
plantear cada uno de los cargos que aduzca con el propósito de
combatir la sentencia blanco de su ataque, posibilidad que deriva
de que las especificas decisiones cuestionadas a través de ellos, le
irroguen en verdad un perjuicio suficiente que habilite su
cuestionamiento impugnativo (CSJ, SC 19884 del 28 de
noviembre de 2017, Rad. n.° 2009-00422-01; se subraya).
Tal exigencia, como de antaño lo tiene clarificado la Sala,
traduce que “frente a la resolución cuya infirmación se propone
obtener, considerada esta última desde el punto de vista de sus
efectos prácticos determinados por las providencias en ella
adoptadas por el órgano jurisdiccional en orden a juzgar sobre el
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
105
fundamento del litigio, ha de encontrarse [el] recurrente en una
relación tal que le permita conceptuarse perjudicado y así justificar
su actuación encaminada a pedir la tutela que el recurso de casación
dispensa” (CSJ, SC del 7 de septiembre de 1993, Rad. n.°
3475, G.J., T. CCXXV, pág. 433; se subraya).
4.2. En el indicado cuestionamiento, su proponente
censuró la liquidación de las comisiones de las ventas directas
que realizó John Deere Thibodaux Inc. durante la vigencia del
contrato de agencia, que el Tribunal definió, a su decir,
acogiendo el dictamen pericial rendido por el señor Federman
Valencia Diez, toda vez que fueron excesivas, en la medida que
éste, para su cálculo, tomó los valores FOB de las máquinas
enajenadas, que incluían componentes diferentes a su valor,
como embalaje, transporte y abordaje; y que ese mayor valor
el ad quem lo trasladó al de la cesantía comercial, pues para
su determinación tuvo en cuenta esa primera cuantificación.
4.3. Tal comprensión de la censura, deja en evidencia la
falta de interés de Hugo Barragán y Cía. Ltda. para plantearla,
pues la concreción, por una parte, de las comisiones derivadas
de las señaladas enajenaciones directas de equipos por parte
de la premencionada demandada y, por otra, de la cesantía
comercial, fueron en su favor, de modo que si se incurrió en
error por exceso de su monto, tal desafuero del sentenciador
de segunda instancia no irrogó un perjuicio a los derechos de
la precitada recurrente sino de su contraria, a la que,
precisamente, se impuso el pago de esos rubros, de donde la
única interviniente asistida de legitimación para elevar tal
censura era John Deere Thibodaux Inc., accionada que como
se vio al desatarse el cargo único que propuso en casación, no
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
106
denunció dicho exceso, propiamente dicho, sino que enrostró
al Tribunal un yerro de características diferentes.
4.4. Así las cosas, se colige, en cuanto hace a la
analizada acusación, que su proponente no está asistida de
interés para proponerlo.
5. En suma, ninguno de los dos cargos en precedencia
explorados merece reconocimiento, debiéndose agregar que
los errores aritméticos no son susceptibles de corregirse en
casación, toda vez que para su enderezamiento la ley procesal
prevé un mecanismo diferente (art. 286, Código General del
Proceso).
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO SÉPTIMO
Con estribo en el primero de los motivos que sirve al
recurso extraordinario de casación, se atribuyó a la sentencia
de segunda instancia ser directamente violatoria de los incisos
2º y 3º del artículo 1324 del Código de Comercio, por
interpretación errónea.
La recurrente, luego de transcribir la precitada norma,
expuso los planteamientos que enseguida se compendian:
1. El Tribunal erró al sostener, en relación con dicho
precepto, que la indemnización equitativa en él contemplada,
no puede ser cuantificada en equidad, esto es, que dicho
criterio “no es (…) válido para la estimación” de ese factor, pese a
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
107
que “la propia norma establece que se pagará en favor del agente
‘una indemnización equitativa’”.
Al respecto, la impugnante aseveró que cuando el sentido
de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, so
pretexto de consultar su espíritu; que desconocer el indicado
elemento auxiliar como determinador idóneo del indicado
rubro, implicó traicionar el genuino sentido de la disposición
legal que se comenta; que equidad, según el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, significa “(…) ‘[j]usticia
natural, por oposición a la letra de la ley positiva’ (…)”; que por
consiguiente, la indemnización equitativa en mención, “es
aquella que se reconoce con base en una justicia natural, y no con
base en disposiciones positivas y objetivamente prestablecidas”; y
que, en consecuencia, “[s]e trata, pues, de la fijación de una
retribución que, no estando expresamente tarifada por la ley,
atiende al principio moral según el cual debe darse a cada uno lo
que corresponde”.
En apoyo de esos planteamientos, la recurrente
reprodujo en parte la sentencia C-990 de 2006 de la Corte
Constitucional y añadió que el Tribunal descontextualizó la
cita jurisprudencial que invocó, pues en ese fallo, los factores
que esta Corporación consideró no susceptibles de fijarse con
base en la equidad, fueron el daño emergente y el lucro
cesante, completamente diferentes a la indemnización
equitativa.
2. También se equivocó el ad quem cuando, para tener
en cuenta la extensión del contrato, a efecto de la tasación de
la indemnización equitativa, exigió la demostración de los
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
108
costos en que incurrió el agente, o el incremento progresivo de
las ventas y el mercado, en tanto que el inciso 3º del artículo
1324 del Código de Comercio establece que “(…) ‘[p]ara la
fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la
extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente
adelantó en desarrollo del contrato’ (énfasis añadido)”, sin sujetar
estos factores a “ningún tipo de condicionamiento o exigencia
mayor”, siendo más reprochable su actitud, por cuanto las
restricciones que impuso, las hizo actuar en contra de la parte
que “la ley busca proteger o favorecer (el agente), obstaculizando o
dificultando la materialidad o efectividad de sus derechos”.
Sobre el particular, la recurrente acotó que, conforme lo
enseña el artículo 1324 del estatuto mercantil, con la
indemnización equitativa lo que se busca es retribuir los
“esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los
servicios”, razón por la cual a “mayor esfuerzo en el tiempo, mayor
debe ser la [i]ndemnización [e]quitativa, pues se saldría de todo
concepto de justicia tratar como iguales, por ejemplo, 1 año de
esfuerzo y 30 años de esfuerzo”.
Destacó que fue doble el error del ad quem, toda vez que
no solo impuso restricciones donde el legislador nada previó,
sino que los condicionamientos que exigió no guardan
relación, ni son coherentes con la materia regulada, pues
nada tiene que ver la duración del contrato o el esfuerzo
desplegado por el agente, con “el costo en que esa actividad
disminuyó [su] patrimonio”.
3. A fuerza de insistir en que la indemnización
equitativa propende por retribuir los esfuerzos del agente para
acreditar la marca, productos o servicios objeto del contrato,
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
109
la impugnante reprochó al Tribunal que para su cálculo,
hubiese dado la mayor importancia a la facultad del
empresario de poder dar por terminado el vínculo negocial, ya
que en el caso sub lite condicionó la cuantía de la misma “no
al tiempo de labor efectivamente ejecutada, sino al que faltaba para
que se cumpliera la vigencia de la prórroga en curso, término dentro
del cual, debe decirse, el agente ni siquiera desplegó labor alguna,
precisamente por la terminación anticipada”.
Clarificó la censora que “no se puede negar que, ante un
contrato terminado anticipadamente, el término que restare para su
culminación, se presenta como un elemento objetivo que puede
tomarse como referencia a efectos de estimar daños y perjuicios. No
es, entonces, la decisión de tomar tal elemento (tiempo restante)
como factor incidente lo que se ataca; no, lo que particularmente se
reprocha es que, en términos temporales, el Honorable Tribunal
haya limitado la [i]ndemnización [e]quitativa únicamente a este
elemento”.
Así las cosas, la casacionista coligió que “[t]al
entendimiento del artículo 1324 del Código de Comercio es
claramente errado, pues no solo desconoció lo que verdaderamente
retribuye la ley (el tiempo efectivo de ejecución del contrato), sino que
agregó un elemento que, si bien puede llegar a ser válido, en los
términos restringidos que lo hizo el Tribunal, resulta abiertamente
violatorio de la norma en comento”.
En refuerzo de su idea, cuestionó lo que ocurriría si la
terminación injustificada del contrato se da una semana antes
del vencimiento de la última prórroga, cuando la relación
perduró por diez o más años.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
110
4. En definitiva, para la recurrente los desatinos
interpretativos señalados, condujeron al sentenciador de
segunda instancia a tasar indebidamente la indemnización de
que trata, en el caso sub judice.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO OCTAVO
Con soporte también en la causal segunda de casación,
se asignó a la sentencia combatida ser indirectamente
violatoria de los artículos 1324 y 1327 del Código de Comercio,
en razón de los errores de hecho cometidos al apreciar las
pruebas del proceso.
El ataque se cifró en los argumentos que enseguida se
resumen:
1. De entrada, se reprocharon al ad quem tres yerros
específicos: no tener por demostrado el crecimiento de las
ventas y de la participación en el mercado colombiano de la
marca Cameco, como consecuencia de la labor desplegada por
Hugo Barragán y Cía. Ltda.; tener por acreditadas otras
causas de ese crecimiento; y no tener por comprobados daños
diferentes al lucro cesante, en concreto, los “perjuicios
derivados”.
2. Sobre el primero de esos desatinos, la recurrente
explicó:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
111
2.1. Fincada en los testimonios de Stevens Willett,
Edgardo Díaz, Francisco Villegas, Oscar Ospina, Manuel
Bernardo Reyes, Nidia del Carmen Pinillos, César Hernán
Zamorano, Adolfo León Vélez, Fernando Giraldo Muñoz, Edgar
Augusto Solano Mejía, Álvaro José Correa Borrero, Alfonso
Muñoz Córdoba, María Fernanda Conde; el interrogatorio de
parte absuelto por el representante legal de Cameco; y la
declaración jurada de Mark Renner, probanzas de las que
reprodujo distintos apartes, aseveró, en síntesis, que con tales
elementos de juicio se acreditó “en forma contundente (i) la casi
inexistente participación de Cameco en el mercado colombiano antes
de que iniciara la [r]elación [c]omercial, (ii) la forma en que se
incrementaron las ventas de Cameco y su participación en el
mercado colombiano como resultado de las labores de promoción
realizadas por Hugo Barragán [y Cía. Ltda.], y (iii) el significativo
volumen de ventas y participación en el mercado que entregó Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] a Cameco a la terminación del contrato de
agencia”.
2.2. En refuerzo de lo anterior, adelante, entre otros
argumentos, puso de presente que conforme las referidas
pruebas, en los últimos tres años de la agencia comercial
(marzo de 2001 a marzo de 2004), las ventas realizadas por
Cameco en Colombia fueron de US $4.741.843.52 y que en los
cuatro años posteriores a la terminación de dicho vínculo
(marzo de 2004 a marzo de 2008), ascendieron a US
$14.028.286.61, evidenciándose así el total y absoluto
posicionamiento de la marca en el mercado nacional, fruto de
la promoción que por espacio de 26 años realizó la gestora del
litigio.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
112
3. Respecto del segundo yerro, esto es, haber admitido
otras causas de crecimiento de las ventas y de la participación
de Cameco en el mercado local, señaló:
3.1. A decir de la recurrente, el Tribunal estimó que ello
no se debió “exclusivamente a la actividad del agente, sino también
a la propia marca y a la calidad del producto”, así como a la
“ausencia de similares productos que le [fueran] competitivos”.
3.2. Con la primera de esas inferencias, dicha autoridad
incurrió en dos errores fácticos, a saber, “suponer” la
demostración de la misma, al punto que el sentenciador no
citó las pruebas que la respaldaban; y “omitir pruebas que
demostraban precisamente lo contrario, esto es, que el crecimiento
había sido resultado de la una inmensa labor de promoción por parte
de Hugo Barragán [y Cía. Ltda.]”, en pro de lo cual se remitió a
sus precedentes argumentaciones y, añadió, que el ad quem
pasó por alto que nadie diferente a la actora representó y
agenció los negocios de la demandada en Colombia, como
quedó demostrado con los testimonios de Stevens Willet,
Edgardo Díaz, Fernando Giraldo Muñoz, Guillermo Alberto
Orozco Hormaza, Edgar Augusto Solano Mejía, Cecil Gutiérrez
Valencia, Álvaro José Correa Botero y Alfonso Muñoz Córdoba,
cuya manifestaciones reprodujo en lo que consideró
apropiado.
3.3. La segunda deducción arriba precisada, sobre la
inexistencia en el país de productos que compitieran con los
de Cameco, comportó la preterición de las siguientes pruebas,
demostrativas de lo contrario: el oficio 1156 de 3 de julio de
2012 emitido por la DIAN y las declaraciones de los señores
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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Steven Willet, Edgardo Díaz, Francisco Villegas, Guillermo
Alberto Orozco Hormaza, César Hernán Zamorano y Fernando
Giraldo Muñoz, que igualmente reprodujo en lo pertinente.
4. Finalmente, sobre el último desatino imputado al
sentenciador de segunda instancia, no haber tenido por
comprobado, estándolo, perjuicios adicionales al lucro
cesante, en concreto, los perjuicios derivados, la censura
apuntó lo que esa Corporación estimó al respecto y que ella,
con tal postura, omitió la ponderación del dictamen pericial
rendido por Federman Valencia Diez, pues de haberla
apreciado habría colegido la demostración de “los perjuicios
ocasionados por concepto de inventario de repuestos”, aspecto que
no fue materia de la objeción que contra la misma se propuso
y que resultó próspera, siguiendo en esto el criterio del mismo
Tribunal, cuando la valoró para determinar el porcentaje de
las comisiones pendientes de pago.
5. Para terminar, la recurrente explicó por qué los
errores contemplados en el cargo, trajeron como consecuencia
la inaplicación de los artículos 1324 y 1327 del Código de
Comercio, así como la trascendencia de esos desatinos.
CONSIDERACIONES
1. De distinto temperamento fueron los argumentos
expresados por el Tribunal para modificar y, con ello, reducir
de forma importante, el valor de la “indemnización equitativa”
que el a quo fijó en su fallo:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
114
1.1. En primer puesto, se identifican los jurídicos,
dirigidos, en esencia, a definir la naturaleza y perfiles de dicha
contraprestación los cuales, como se verá más adelante,
orientaron los segundos, es decir los fácticos, cuya
determinación se hará a continuación de éstos.
1.1.1. Con ayuda de la jurisprudencia, en ad quem
advirtió que la señalada indemnización responde “a la
realización de un daño sin excluir perjuicios adicionales; y que (…)
no puede fijarse con fundamento en las comisiones del nuevo
agente”, en pro de lo cual citó y transcribió, en lo que estimó
pertinente, la sentencia de esta Corporación que data del 6 de
julio de 2007.
1.1.2. Destacó seguidamente que, en consonancia con
lo anterior y conforme lo expresado en el fallo del 22 de junio
de 2011, “el Juez no está facultado para otorgar esta indemnización
basado puramente en la ‘equidad’, sino que debe basarse en los
medios probatorios recaudados en el proceso”.
1.1.3. Y añadió que ese “[c]ontenido resarcitorio del
perjuicio (…) fue reiterado posteriormente, precisándose que se
pueden pedir perjuicios adicionales dentro de la misma”,
apreciación que sustentó con el fallo del 2 de junio de 2010,
expedido igualmente por esta Sala.
1.2. En segundo lugar, figuran los planteamientos de
orden factual, que compendiados, corresponden a los
siguientes:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
115
1.2.1. Como al calcularse la cesantía comercial, quedó
plenamente establecido que los ingresos anuales devengados
por la primigenia actora ascendían a US $223.332.78,
pertinente es entender que “la terminación del contrato privó” a
ésta “de percibir esa suma de dinero, durante al menos nueve
meses, si tenemos en cuenta que efectivamente hubiere bastado que
el demandado [la] requiriera (…) el 16 de octubre de 2004, para que
el contrato no continuara, de conformidad con las reglas
contractuales a las que adhirieron las partes, de donde se sigue que
se encuentra plenamente probado para el proceso que la suma de
USD 167.449,58, hubiera(…) ingresado a [sus] arcas (…) en ese
tiempo, de no mediar la terminación unilateral a cargo del
demandante por culpa del empresario, los cuales corresponden a
lucro cesante (…)”.
1.2.2. En el proceso no se acreditaron “perjuicios
adicionales como consecuencia de la terminación justificada del
contrato que realizó el agente”.
1.2.3. El fundamento más contundente invocado por el
a quo para tasar la indemnización de que se trata en
$3.500.000.000.oo, fue que las ventas realizadas por John
Deere Thibodaux Inc. con posterioridad a la terminación del
contrato de agencia, esto es, entre 2004 y 2007, ascendieron
a US $5.000.000.oo, el cual no puede “ser atendido, por cuanto,
de conformidad [con el] inciso 3º del artículo 1324 del C. Co., solo se
pueden tener en cuenta ‘los negocios que el agente adelantó en
desarrollo del contrato’, por lo demás, tal valoración según la
jurisprudencia citada al comienzo de este numeral, desconocería la
infraestructura y los esfuerzos realizados bien por el empresario o
el nuevo agente”.
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116
1.2.4. La “duración del contrato de agencia, tampoco puede
ser ante sí y por sí mismo criterio para otorgar la indemnización,
pues se debió comprobar a través de cualquiera de los medios
probatorios con los que cuenta el ordenamiento adjetivo, el costo con
que esa actividad disminuyó el patrimonio del agente, la forma en
que se incrementaron y proyectaron paulatinamente las ventas del
empresario dentro de su territorio durante esos 26 años, en fin,
cualquier elemento de juicio que permitiera(…) avizorar al [j]uez de
instancia que había lugar a perjuicios adicionales al lucro cesante
que se ha estimado dentro del presente proceso, los cuales no se
aquilataron dentro de la actuación”.
1.2.5. En “muchos eventos el incremento del volumen[,]
extensión o importancia del producto (sic) no se debe exclusivamente
a la actividad del agente, sino también a la propia marca y a la
calidad del producto, a la ausencia de similares productos que le
sean competitivos, de donde se sigue que al menos para la Sala no
se acreditó ningún daño adicional que merezca ser indemnizado a
través de la indemnización en estudio”.
1.2.6. No siendo el contrato de agencia mercantil
“perenne” y habiendo acordado las partes, en el que
celebraron, la posibilidad de su terminación “con un preaviso
que en este caso se especificó (…) en sesenta días, (…) no es posible
reclamar perjuicios por un término superior al señalado también por
el juez de instancia”.
2. Los primeros razonamientos atrás enlistados
fueron, en línea de principio, combatidos en el cargo séptimo;
y los segundos, en el octavo. Ello y la ya observada
interdependencia de unos y otros, justifica la acumulación de
las acusaciones.
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117
3. En lo que se refiere a la indemnización de que ahora
se trata, el artículo 1324 del Código de Comercio, en los
incisos 2º y 3º, establece:
Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando
el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el
contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente
una indemnización equitativa, fijada por peritos, como
retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea
de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla
se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa
causa imputable al empresario.
Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en
cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios
que el agente adelantó en desarrollo del contrato (se
subraya).
4. Con el propósito de sentar las bases conceptuales
que orientarán la definición de los cargos que se resuelven,
son pertinentes las siguientes apreciaciones:
4.1. En relación con dicho precepto debe señalarse,
desde ya, que la expresión resaltada (“fijada por peritos”), fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-990 del 29 de noviembre de 2006.
4.2. Así mismo, destacarse el carácter indemnizatorio de
la prestación allí contemplada, no solo porque así se
desprende de su propia denominación, sino porque, como
surge patente en la disposición, su causación está ligada a la
terminación del contrato de agencia, de un lado, por el
empresario “sin justa causa comprobada” o, de otro, por el
agente debido a “justa causa imputable” a aquél.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
118
No hay duda entonces que, con esa previsión, el
legislador patrio, en el caso de la agencia comercial, impuso
expresamente, a cargo del extremo que ocasione su
terminación abrupta e injustificada, el deber de reparar los
perjuicios que con ese comportamiento le haya ocasionado al
otro contratante.
Sobre el particular, la Sala tiene precisado que “dicha
indemnización tiene por fin, resarcir a la demandante el perjuicio
que sufrió como consecuencia de la injustificada finalización del
contrato de agencia comercial que la vinculaba con la demandada”
(CSJ, SC del 6 de julio de 2007, Rad. n.° 7504; se subraya),
4.3. Adicionalmente a lo anterior, es patente que, a
términos del mismo precepto, con la tantas veces mencionada
indemnización, aparejadamente, se busca resarcir al
intermediario “sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de
productos o los servicios objeto del contrato” (inciso 2º), cuando es
él quien finiquita el nexo negocial por causa imputable al
agenciado, y que, por lo tanto, para la “fijación” de su “valor”,
debe tenerse “en cuenta la extensión, importancia y volumen de los
negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato” (inciso
3º).
Es que como en ocasión pretérita lo memoró la Corte, “en
los antecedentes de la indemnización por terminación unilateral del
contrato de agencia, concretamente en la exposición de motivos de
la redacción inicial del artículo 1324 del C. de Co., se dijo que aquélla
‘se provee para evitar la revocación intempestiva o abusiva de la
agencia y a la retribución del enriquecimiento sin causa por parte
del principal, como secuela del ‘good-will’ adquirido por el crédito de
la marca de su empresa o de sus productos, gracias a las
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
119
actividades del agente’” (CSJ, SC del 22 de junio de 2011, Rad.
n.° 2000-00155-01; se subraya).
La Corporación, en procura de resaltar la diferente
naturaleza de las dos prestaciones contempladas en la norma
que ocupa ahora su atención y que, por ello, no deben
confundirse, puntualizó:
En efecto, la prestación remuneratoria prevista en el inciso
primero del artículo 1324 del Código de Comercio, según se
precisó, es pertinente en todo caso y por cualquier causa de
terminación del contrato de agencia. En cambio, la prestación
indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del
precepto, se origina sólo en la hipótesis de terminación
unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o con
justa causa imputable a éste por el agente, y es una
indemnización ‘equitativa’ y ‘retributiva’.
Justamente, la prestación indemnizatoria conforme al sentido
genuino de su expresión, procura reparar un daño singular
atribuible al agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales
o suplementarios, considerando los esfuerzos para acreditar
la marca, línea de productos o servicios, la extensión,
importancia y volumen de los negocios desarrollados, en cuyo
caso, como reza el precepto, además de esta prestación estará
obligado al pago de la otra (CSJ, SC del 2 de julio de 2010,
Rad. n.° 2001-00847-01).
En tiempo más reciente y con mayor detenimiento (CSJ,
SC del 22 de junio de 2011, Rad. n.° 2000-00155-01), la Sala,
en cuanto hace a las dos prestaciones contempladas en la
precitada norma mercantil y, fundamentalmente, a la
segunda, observó:
Visto desprevenidamente ese pasaje de la sentencia, podría
dar a entender que la prestación prevista en el artículo 1324
inciso 1º tiene naturaleza indemnizatoria, reclamable en los
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
120
eventos de terminación del contrato ‘por justa causa’; no
obstante, lo cierto es que la cesantía comercial tiene por
finalidad retribuir el esfuerzo del [a]gente por las ventas
efectivamente realizadas o la gestión dirigida a la conclusión
infructuosa de aquella (artículo 1323 del C. Co.) y no es una
indemnización[;] por el contrario la prestación consagrada
en el inciso segundo ibídem, sí es una indemnización y
tiene sustento en el restablecimiento del patrimonio
quebrantado por obra de la ruptura intempestiva,
unilateral y abusiva ya sea del empresario o del agente.
En efecto, es de rememorar que el agente se obliga a disponer
de los medios necesarios para acreditar el producto, pero en
manera alguna se compromete a concluir negocios, por ende,
a la finalización del contrato, con independencia de los motivos
que la precedieron, se deberá al [a]gente el promedio de las
ventas de que trata el numeral 1º del artículo 1324 o el precio
de la ventaja económica que hubiere reportado su gestión al
[e]mpresario, cuando dichas ventas quedaren truncadas por
razones ajenas a la gestión del intermediario, incluso los
eventos de que trata el artículo 1322 del C. de Co., pues nada
justificaría un enriquecimiento sin causa del empresario.
En su lugar, a la terminación abrupta e injusta del
contrato, se deberá al promotor de los negocios el daño
emergente y el lucro cesante ocasionado por la ruptura,
sin tener por referente ninguna venta o inminente proyecto de
venta en particular, y sí con sustento en el mayor valor que
reportó al [e]mpresario, la inversión concreta en las
labores de promoción del producto efectuada por el
intermediario vgr., mercadeo o búsqueda de canales de
comercialización, estudios de costos, publicidad,
posicionamiento, así como aquéllas con venero en la
ruptura, como podría ser la liquidación intempestiva de los
trabajadores del agente, entre otros (negrillas fuera del
texto).
En ese mismo fallo, al desatarse el primer cago propuesto
por quien fungió como agente en el contrato de agencia
comercial sobre el que versó ese asunto litigioso, dirigido a
reprocharle al Tribunal que hubiere negado la indemnización
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
121
equitativa por deficiencias probatorias, cuando su tasación
podía y debía hacerse con base en la equidad,
cuestionamiento que fue denegado, la Sala observó:
(…), en este caso, el censor se limitó a probar los gastos de su
propia organización, y se despreocupó de acreditar la utilidad
que al [e]mpresario pudo generar[le] el negocio encomendado,
en especial la labor promocional, que aunque estéril en
términos de ventas, sí se desplegó, y evidentemente, esta
última no ha sido cuantificada, de manera que sin
establecerse quedó el valor de la ventaja que reportaron para
la [a]genciada, vgr., las gestiones de acercamiento del
intermediario con entidades públicas y privadas, y si ello
incrementó el conocimiento comercial en el medio sobre los
productos de (…); tampoco se demostró el valor que tendría la
reducción del esfuerzo del ingreso del producto a Colombia por
obra de la promoción y posicionamiento de una marca, en fin,
lo que por virtud de esa gestión debe compensar el
[e]mpresario, para conservar el equilibrio de las prestaciones
pactadas y las ejecutadas, de manera que con ella se evite un
enriquecimiento sin causa (…).,
(…)
Así las cosas, si dichos rubros deben concretarse y
acreditarse, no le asiste razón al actor en el sentido de que es
potestad discrecional del juzgador, determinar a su arbitrio el
daño emergente y el lucro cesante, menos aún es cierto, que
para estos no haya exigencia probatoria, por el contrario, tales
conceptos sí son susceptibles de prueba y un medio idóneo
para ello sería el dictamen pericial como se deduce de los
antecedentes normativos del artículo 1324 del Código de
Comercio, que en otra época defería el asunto a ‘la fijación por
peritos’ (se subraya).
Tras reiterar que los factores que integran la actividad
promocional y, por ende, la indemnización equitativa de que
trata el inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio, sí
deben probarse, la Sala concluyó:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
122
En suma, si el dictamen pericial es un medio idóneo, entre
otros, para probar el daño emergente y el lucro cesante, así
como su cuantía, lejos se encuentra el juez de hallarse
facultado para dar contenido a dichos conceptos apenas con
sujeción a la equidad y los principios que informan la
reparación integral previstos en el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, sin acudir a la prueba de la existencia de los perjuicios
y su magnitud económica (se subraya).
De otra parte, en el fallo que ahora se comenta, la Corte
trajo a colación un pronunciamiento anterior suyo, en el que
se hizo referencia a “la actividad promocional que ejecuta el
agente” y que constituye la base “para la estimación de los
perjuicios derivados de la terminación unilateral e injusta del
contrato” de agencia comercial, proveído en el que se dijo:
Es así como el artículo 1317 del Código de Comercio, al definir
el referido contrato, resalta que en dicho convenio un
comerciante -el agente- asume ‘en forma independiente y
estable’ el encargo de promover o explotar negocios de un
empresario -el agenciado-, en un determinado ramo y dentro
de una zona prefijada en el territorio nacional, despuntando,
entre estas características, aquella que predica la estabilidad
del negocio jurídico, cuya importancia -sustancial- se advierte
con solo reparar en la labor que se le encomienda el agente, es
decir, en la actividad que a favor del agenciado despliega,
quien no se limita a perfeccionar o concluir determinados
negocios -así sean numerosos-, hecho lo cual termina su tarea,
sino que su labor es de promoción, lo que de suyo
ordinariamente comprende varias etapas que van desde la
información que ofrece a terceros determinados o al público en
general, acerca de las características del producto que
promueve, o de la marca o servicio que promociona, hasta la
conquista del cliente; pero no solo eso, sino también la atención
y mantenimiento o preservación de esa clientela y el
incremento de la misma, lo que implica niveles de satisfacción
de los consumidores y clientes anteriores, receptividad del
producto, posicionamiento paulatino o creciente; en fin, tantas
aristas propias de lo que hoy se conoce -en sentido lato- como
‘mercadeo’, que, en definitiva, permiten concluir que la agencia
es un arquetípico contrato de duración, característica que se
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123
contrapone a lo esporádico o transitorio, pero que -hay que
advertirlo- no supone tampoco y de modo inexorable, un
contrato a término indefinido o de duración indefectible y
acentuadamente prolongada.
Dicho en otros términos, lo determinante en la agencia
comercial no son los contratos que el agente logre perfeccionar,
concluir o poner a disposición del agenciado, sino el hecho
mismo de la promoción del negocio de éste, lo que supone una
ingente actividad dirigida -en un comienzo- a la conquista de
los mercados y de la potencial clientela, que debe -luego- ser
canalizada por el agente para darle continuidad a la empresa
desarrollada -a través de él- por el agenciado, de forma tal que,
una vez consolidada, se preserve o aumente la clientela del
empresario, según el caso. De allí la importancia que tienen en
este tipo de negocios jurídicos las cláusulas que establecen un
plazo de duración, pues ellas, amén de blindar el vínculo
contractual frente a terminaciones intempestivas, le otorgan
estabilidad a la relación, no sólo en beneficio del agente, sino
también del agenciado (CSJ, SC del 28 de febrero de 2005,
Rad. n.° 7504; se subraya).
4.4. Se sigue de todo lo en precedencia expuesto, en
resumen, que la indemnización equitativa prevista en los
incisos 2º y 3º del artículo 1324 del Código de Comercio puede
descomponerse en dos elementos que, aunque íntimamente
ligados, tiene fisonomía propia:
4.4.1. En primer lugar, los perjuicios derivados de la
terminación abrupta e injustificada del contrato de agencia
por alguna de las partes.
4.4.2. Y, en segundo término, el detrimento derivado
para el agente, por razón de las actividades de promoción que
realizó en beneficio del agenciado, cuando es por culpa de éste
que finaliza anticipadamente la convención.
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124
4.5. Ahora bien, si por disposición del artículo 1613 del
Código Civil, toda “indemnización de perjuicios comprende el daño
emergente y el lucro cesante”, propio es entender que cada uno
de los componentes precisados en el punto anterior, a su
turno, está integrado por estos dos factores -daño emergente
y lucro cesante, se repite- derivados, para el primero, de la
terminación antelada y arbitraria de la agencia y, para el
segundo, de las labores promocionales que, en desarrollo del
acuerdo de voluntades, el intermediario realizó en favor del
empresario.
5. En este orden de ideas, pertinente es colegir que los
fundamentos jurídicos esgrimidos por el Tribunal en su fallo,
si bien es verdad acusan imprecisión y cortedad, defectos que
en puridad la recurrente no denunció en el cargo séptimo, no
lucen equivocados en los aspectos que ella recabó.
5.1. No es cierto que el ad quem hubiese aseverado que
la equidad, como criterio auxiliar previsto en el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998 para la valoración de los daños cuya
reparación se depreque ante la administración de justicia, no
tenga ningún papel en la concreción de la indemnización
equitativa contemplada en el inciso 2º del artículo 1324 del
Código de Comercio.
Lo que esa autoridad sostuvo fue que “el [j]uez no está
facultado para otorgar esta indemnización basado puramente en la
‘equidad’, sino que debe basarse en los medios probatorios
recaudados en el proceso” (se subraya), es decir, que la
cuantificación de la misma, no puede efectuarse única y
exclusivamente con apoyo en la equidad y que, por lo tanto,
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125
los ítems objetivos que la compongan, deben demostrarse a
través de cualquiera de los medios de convicción que la ley
consagra.
Ese fue el sentido, hay que decirlo con total claridad, del
análisis que realizó la Corte en la sentencia del del 22 de julio
de 2011, frente al cargo primero de la allí demandante, como
ya se analizó. Que la Sala hubiese hablado de daño emergente
y lucro cesante, como en efecto lo hizo, no significa que se
hubiere referido a una indemnización distinta de la
establecida en el inciso 2º del artículo 1324 del estatuto
mercantil, como pareció entenderlo la recurrente. Ninguna
duda existe, en cuanto a que esa contraprestación fue el tema
tratado al desatarse la indicada acusación.
Por ende, debe ratificarse la conclusión allí expuesta, en
el sentido de que cuando se trata de la indemnización
equitativa prevista en el precepto antes citado, “lejos se
encuentra el juez de hallarse facultado para dar[le] contenido (…)
apenas con sujeción a la equidad y los principios que informan la
reparación integral previstos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998,
sin acudir a la prueba de la existencia de los prejuicios y su
magnitud económica”.
5.2. Tampoco es exacto que el sentenciador de segunda
instancia hubiese “entendido que la extensión del contrato
únicamente incide en la determinación de la [i]ndemnización
[e]quitativa, si se demuestran los costos incurridos o el
incremento progresivo de las ventas y el mercado”.
Lo que esa autoridad estimó, apreciados los términos
que utilizó y el contexto en el que se expresaron, es que el
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126
tiempo de vigencia del contrato no es un factor suficiente “para
otorgar la indemnización” y que el reconocimiento de la misma
requería de la comprobación, durante la duración del vínculo
negocial, por una parte, de los costos en que incurrió el agente
para el desempeño de su actividad y, por otra, las ventas
efectuadas o “cualquier elemento de juicio que permitiera(…)
avizorar al [j]uez de instancia que había lugar a perjuicios
adicionales al lucro cesante que se ha estimado dentro del presente
proceso”.
Sin desconocer que esa consideración denota, como ya
se señaló, cierta imprecisión, en esencia, no se muestra
contraria al genuino entendimiento del artículo 1324 del
Código de Comercio, pues como ya lo analizó la Sala con
ayuda de la jurisprudencia, es verdad que el éxito de la
reclamación de la indemnización en comento requiere la
demostración, por cualquiera de los medios probatorios, del
perjuicio específico cuyo resarcimiento se persigue y de la
dimensión, en términos económicos, del mismo.
5.3. Tampoco resulta admisible la crítica de la
impugnante, consistente en que el Tribunal privilegió el
tiempo que siguió a la terminación del contrato y que faltaba
para el vencimiento de la prórroga que estaba en curso (9
meses) frente al de toda la duración del contrato (26 años).
Cuestión bien distinta fue que ese juzgador, habida
cuenta que solamente halló comprobado el lucro cesante, para
concretar su valor, y sólo para esos fines, hubiese tomado el
lapso que faltaba para la finalización de la prórroga que corría
cuando el contrato terminó.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
127
6. En el campo de los hechos se encuentra que,
independientemente de las particulares razones esgrimidas en
el fallo cuestionado, la inferencia a la que, en esencia, arribó
el sentenciador, fue que el único perjuicio acreditado en el
proceso correspondía al lucro cesante que tasó y condenó.
Ahora bien, esa deducción no se avizora equivocada,
pues para andar sin rodeos, propio es admitir que en la
actuación no se acreditó la inversión realizada por la agente
en las labores de promoción que ciertamente adelantó, ni el
valor del intangible que la agenciada adquirió como
consecuencia de las actividades de mercadeo que por tantos
años desarrolló la gestora de esta controversia.
Al respecto, basta señalar que, si bien es cierto, la
primigenia actora solicitó en la demanda con la que dio inicio
a la controversia, la práctica de un dictamen pericial para que
se determinara, entre otros puntos, “[e]l valor de la
indemnización equitativa a que se refiere el inciso segundo del
artículo 1324 del Código de Comercio” y, específicamente, “[l]as
inversiones que Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] efectuó para explotar
o promover el negocio que no fueron amortizadas a la fecha de
terminación del contrato y que no pued[e] utilizar en el futuro”,
también lo es que, como se analizó al desatarse el cargo único
que propuso en casación John Thibodaux Inc., la experticia
rendida al respecto fue objetada en todos sus fundamentos y
conclusiones por dicha accionada, cuestionamiento que salió
avante en el fallo de primera instancia, sin que tal
determinación sufriera variación en el de segunda, pese a la
protesta que en torno de ella elevó en la apelación la precitada
actora, razón por la cual no podía apreciarse como prueba.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
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Así las cosas, hay que refrendar, entonces, la conclusión
del ad quem, de que en el proceso no se demostraron
perjuicios adicionales y, mucho menos, su valor, distintos al
lucro cesante reconocido por esa autoridad, toda vez que no
se acreditó el gasto en que incurrió Hugo Barragán y Cía. Ltda.
para realizar la actividad promocional que desplegó de la
marca y productos de John Thibodaux Inc. y que, como
consecuencia de la terminación abrupta e injustificada del
contrato de agencia que las dos tenían celebrado, no pudo
recuperar, ni la cuantía de la ventaja comercial que se derivó
para la última de ese trabajo de mercadeo efectuado por la
primera.
7. Se suma a lo anterior que, en frente de la orfandad
probatoria advertida por el Tribunal, inferencia que, en
precedencia, halló razonable la Corte, ningún alcance tienen
los errores de hecho que la recurrente denunció en el cargo
octavo.
7.1. Total certidumbre hay respecto a que, con las
pruebas relacionadas en la indicada censura, se acreditó
suficientemente que para cuando la primigenia demandante
inició las labores de promoción, la marca y los productos
Cameco tenían una participación mínima en el mercado
colombiano; que fue fruto, precisamente, de esa actividad, que
una y otros, poco a poco, ganaron terreno, hasta adquirir un
posicionamiento importante en el mercado nacional; que en
tal virtud, fue progresivo el incremento de las ventas que la
citada agenciada, actualmente John Thibodaux Inc., logró en
el país; y que ese asenso de los negocios continuó luego de la
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129
terminación del contrato de agencia que existió entre dicha
empresaria y Hugo Barragán y Cía. Ltda.
No obstante ello ser así, es ostensible que de esas
comprobaciones, no surge la demostración del valor, por una
parte, de la inversión realizada y no recuperada por la agente,
en las labores promocionales que, vuelve y se repite, no queda
duda que desarrolló y, por otra, del intangible comercial
radicado en cabeza de la agenciada como consecuencia de
ellas, derivado del buen nombre ganado por su marca y
productos, o del posicionamiento de una y otro, o de la
clientela conseguida, para mencionar solamente los más
importantes factores que pueden componer dicho activo.
7.2. Se añade a lo expuesto, que la comentada
deducción del Tribunal tampoco resulta incidida o menguada
si se acepta que dicha Corporación erró al considerar que los
buenos resultados comerciales registrados con anterioridad,
no se debieron a la gestión de la nombrada intermediaria, sino
a la marca misma objeto de promoción, o a la buena calidad
de los productos de la agenciada o, por último, a la
inexistencia en el mercado patrio de otros que le hicieran
competencia.
Es que de la remoción de estos argumentos no surge la
comprobación echada de menos atrás.
7.3. Finalmente, se advierte la sinrazón del último de los
planeamientos blandidos en el cargo octavo.
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
130
Si como ya se dijo, el dictamen rendido por el perito
Valencia Diez no podía ser apreciado en ninguno de sus
aspectos, habida cuenta la prosperidad de las objeciones que
por error grave propuso la demandada John Thibodaux Inc.,
mal podría reconocerse que con dicha experticia se
acreditaron “perjuicios adicionales al lucro cesante;
particularmente, los perjuicios derivados”, como lo propuso
la recurrente.
Adicionalmente, se establece que estando referida la
acusación al “VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR [EL]
INVENTARIO DE REPUESTOS” que quedó en poder de la
primigenia demandante, es notario su desatino, pues como ya
quedó suficientemente analizado, la comercialización de
repuestos no fue materia de la agencia comercial. sino del
contrato de distribución que igualmente existió entre las
partes.
8. En suma, los reproches objeto de las anteriores
consideraciones fracasan.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO NOVENO
Con estribo en la primera causal de casación, se aseveró
que la sentencia cuestionada es directamente violatoria de los
artículos 65 de la Ley 45 de 1990, 884 y 1324 del Código de
Comercio, por falta de aplicación.
La censura se cimentó en los planteamientos que
enseguida se reseñan:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
131
1. La falla del Tribunal se derivó de su negativa a
reconocer los intereses solicitados en la demanda con la que
se dio comienzo a la controversia, desde cuando se puso fin al
contrato de agencia comercial por parte de la primigenia
accionante, sobre la base de que las obligaciones generadoras
de los mismos, solo se delimitaron en dicho fallo; que por
consiguiente, no procede el reconocimiento de tales réditos,
pues acceder a ello implicaría aplicarlos “con efecto retroactivo”;
y que para cuando finalizó la mencionada convención, “las
condenas a título de cesantía comercial y la indemnización
equitativa, [eran] inciertas”.
2. La recurrente explicó que el inciso 1º del artículo
1324 es claro en señalar que el agente “tiene derecho al pago de
la cesantía comercial a la terminación del contrato”, momento en
el que surge la correlativa obligación a cargo del empresario;
que como el ad quem coligió que desde cuando ello aconteció,
“se hizo exigible la obligación de pago de la cesantía comercial, esto
es el 5 de marzo de 2004”, era obligatorio inferir que el deudor
incurrió en mora desde ese momento, sin que fuera necesario
reconvenirlo con dicho fin, como lo prevé el artículo 1608 del
Código Civil; y que según este último precepto, el término para
que el deudor cumpla “puede ser fijado convencionalmente por las
partes o (…) por la ley”, como aquí aconteció.
3. Tildó de errada la conclusión de esa Corporación,
consistente en que las referidas prestaciones, hasta antes de
ser concretadas en la sentencia de segunda instancia, eran
inciertas, como quiera que con ella contradijo frontalmente el
mandato del inciso 1º del artículo 1324 del Código de
Comercio, en tanto que allí se consagra la cesantía comercial
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
132
como un derecho cierto del agente y se establece su valor, sin
que fuera necesario que estuviera liquidada, en tanto que la
ley así no lo estipula.
4. A continuación, la impugnante señaló las razones
por las que los fallos en que el Tribunal apoyó su inferencia,
no son inaplicables al caso sub lite.
5. Al cierre, tras poner de presente, con ayuda de la
jurisprudencia, que el reconocimiento de la corrección
monetaria y de los intereses comerciales moratorios es
incompatible, advirtió que “como consecuencia de la prosperidad
de este cargo” deberá, en la sentencia sustitutiva, “modificase la
(…) de [s]egunda [i]nstancia en cuanto concedió actualización
monetaria sobre la suma fijada por concepto de cesantía comercial
y condenarse al pago de los correspondientes intereses moratorios
desde la terminación del [c]ontrato de [a]gencia, esto es desde el 6
de marzo de 2004, y hasta la fecha de su pago efectivo a Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.]”.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO DÉCIMO
Con invocación del primero de los motivos del artículo
336 del Código General del Proceso, se endilgó al fallo de
segunda instancia ser directamente violatorio de los cánones
90 del Código de Procedimiento Civil y 884 del Código de
Comercio, por falta de aplicación, conforme las siguientes
razones:
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00269-01
133
1. Tras advertir que la primera de las normas en
precedencia mencionadas era la que estaba vigente para
cuando se presentó la demanda con la que se dio inicio al
proceso y reproducir en integridad las dos, la censora afirmó
el quebranto de ellas por parte del ad quem cuando, en
relación con la cesantía comercial, la indemnización equitativa
y las comisiones pendientes de pago, dispuso “el reconocimiento
de intereses de mora a partir del día siguiente de la ejecutoria de la
[s]entencia de [s]egunda [i]nstancia”.
2. Explicó que la ordenación de esos réditos era
procedente “desde la notificación de la demanda, fecha en la cual
la [p]arte [d]emandada fue constituida en mora”, como quiera que
tal efecto estaba previsto en el inciso 2º del precitado artículo
90 del Código de Procedimiento Civil; que en el libelo
introductorio Hugo Barragán y Cía. Ltda. requirió de las
accionadas el pago de los mencionados rubros, como quedó
plasmado en las pretensiones que la impugnante transcribió;
y que el enteramiento del auto admisorio del indicado escrito
a John Deere Thibodaux Inc. y Deere & Co. “se surtió mediante
los avisos recibidos por dichas sociedades en mayo de 2009”.
3. En tal orden de ideas, recabó en que, “[d]e acuerdo
con lo anterior, contrario a lo ocurrido, el Tribunal Superior debió
concluir que existe mora en el cumplimiento de las obligaciones
antes referidas desde la notificación del auto admisorio de la
[d]emanda y, en ausencia de disposición legal que exija que Hugo
Barragán [y Cía. Ltda.] debía liquidar tales sumas como condición
para que fuera procedente la mora, debió ordenarse a Cameco
reconocer y pagar intereses moratorios” desde la realización del
señalado enteramiento y hasta “la fecha de[l] pago efectivo”.
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4. Como en el caso del cargo anterior, ante la
incompatibilidad de reconocer corrección monetaria e
intereses comerciales moratorios, como quiera que estos
incorporan aquella, la inconforme señaló que ante la
prosperidad del cargo sólo deberán ordenarse los últimos,
desde la notificación del auto admisorio de la demanda.
CONSIDERACIONES
1. Pese a que en el cargo noveno se adujo el
surgimiento de la mora desde la terminación del contrato de
agencia que vinculó a la primigenia demandante con sus
accionadas, mientras que en el cargo décimo se afirmó que
ello tuvo ocurrencia a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda, en los términos del inciso 2º del
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que era el que
estaba vigente para entonces, unas mismas razones servirán
para el despacho negativo de ambas acusaciones, razón por la
cual procede su conjunción.
2. Según el expreso mandato del artículo 1608 del
Código Civil, “[e]l deudor está en mora: 1º) Cuando no ha cumplido
la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos
especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora”
(se subraya).
Cumplir la obligación, por regla de principio, equivale a
pagar, que “es la prestación de lo debido” (art.1626, C.C.), y que
debe hacerse “bajo todos los respectos en conformidad al tenor de
la obligación” (art. 1627, ib.; se subraya), razón por la cual, “si,
como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es dineraria, lo
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debido será dinero. De modo que sólo entregando la cantidad de
signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de
cuenta, constituya el objeto de la prestación, el deudor quedará
liberado de la obligación” (CSJ, SC del 18 de noviembre de 1991.
Proceso ordinario de María Helena Olivares de Sassu contra
Álvaro Darío Téllez Caro y María del Socorro González de
Téllez; se subraya).
3. Se sigue de lo anterior, que para que el deudor no
incursione en mora, debe serle posible realizar el pago de la
obligación y, por ende, cuando es dineraria, debe conocer la
cantidad de signos monetarios que habrá de entregar, para
liberarse de ella.
Y, mutatis mutandis, que para la ocurrencia de la mora
son presupuestos indispensables, de un lado, que la
respectiva obligación exista y, de otro, que esté determinada,
en procura de que aquél pueda pagarla dentro del término
estipulado. Por ende, si su objeto es una suma de dinero, se
impone la cuantificación del crédito, porque sólo así es dable,
al llamado a satisfacerla, solucionarla.
4. Ahora bien, la existencia de la obligación supone la
certidumbre de la misma, en el sentido de que se trate de un
débito indisputable, a lo que se añade, como en precedencia
se apuntó, la medida del crédito, esto es, que estén definidos
sus contornos, al punto que tanto el acreedor como el deudor
sepan, a ciencia cierta, la magnitud del derecho y del
compromiso de que son titulares, respectivamente.
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5. Como es fácil comprenderlo, esos requisitos no
hacen presencia cuando el reconocimiento de la obligación
constituye la pretensión de una demanda judicial y, mucho
menos, cuando el demandado controvierte tal solicitud y, para
ello, entre muchas hipótesis, niega la deuda, o discute su
alcance, por poner los ejemplos más comunes y, si se quiere,
más significativos, por extremos.
En ese supuesto, solamente la sentencia favorable a la
súplica del actor, torna cierto y determinado el crédito y, por
ende, sólo a partir de la firmeza del pronunciamiento
jurisdiccional en donde así se resuelva, es que pude
predicarse que el débito materia de condena, está revestido de
las advertidas características.
En tal virtud es que la Corte, desde vieja data, tras
advertir que una cosa es la exigibilidad de la obligación y otra,
bien distinta, la mora, tiene establecido que:
(…) Sin embargo, en manera alguna puede aseverarse que el
acreedor se encuentre entonces impedido para exigir el
cumplimiento de la prestación que se le debe, pues este
derecho surge de la exigibilidad de la obligación pactada en el
contrato y no de la existencia de la mora, que son sin duda,
fuentes diferentes. Porque desde aquel momento pueden los
contratantes reclamar el cumplimiento de la obligación
contractual cuya certeza jurídica resulta indiscutible, o bien,
en caso de falta de certeza jurídica sobre su existencia o sobre
alguno de sus elementos, pueden los contratantes solicitar
previamente la declaración de su existencia jurídica y su
posterior cumplimiento, o simplemente solicitar este último,
bajo la condición implícita de que se establezca dicha certeza.
(…) En ese orden de ideas, resulta claro que la mora, si la
obligación es dineraria supone, necesariamente, que se
encuentre plenamente determinada, es decir, que con certeza
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se halle establecido cuál es su monto, asunto éste sobre el
cual, desde antiguo, tiene dicho la Corte que ‘la mora en el
pago solo llega a producirse cuando exista en firme una suma
liquida’ (Sentencia Casación 27 de agosto de I930 G.J. T.
XXXVIII. Pág. 128) (CSJ, SC del 10 de julio de 1995, Rad.
n.° 4540; se subraya).
En tiempo mucho más reciente, en un caso en el que el
Tribunal estimó que la constitución en mora se produjo por la
notificación del auto admisorio del libelo introductorio al
demandado (art. 90, C. de P.C.), la Sala avaló dicho criterio,
al decir que:
Por lo demás, no debe pasarse por alto que la constitución en
mora supone la existencia cierta e indiscutida de la respectiva
obligación, lo cual no puede predicarse cuando, para la época
de las facturas, se controvertían sus elementos, en concreto, el
quantum de la misma. De ahí que la Corte tiene explicado que
la ‘mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en
firme una suma líquida’, proyectada, obviamente, como es
natural entenderlo, a la fecha de notificación de la demanda,
según el artículo 90, inciso 2º del Código de Procedimiento
Civil, en los casos en que no ha mediado reconvención judicial
previa o se establece que no se trata de una mora automática
(CSJ, SC del 3 de noviembre d 2010, Rad. n.° 2000-
03315-01; se subraya).
6. En el escrito con el que se dio inicio al presente
proceso, su gestora solicitó, de forma principal, en síntesis,
declarar: la existencia del contrato de agencia comercial que
celebró con las demandadas, su incumplimiento por parte de
éstas y que ella lo terminó por justa causa; y que se condenara
a las convocadas a pagarle, sin especificar suma alguna de
dinero: la cesantía comercial prevista en el inciso 1º del
artículo 1324 del Código de Comercio; las comisiones
insolutas; y los perjuicios que experimentó como
consecuencia del referido incumplimiento, incluido el daño
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emergente (inversiones que efectuó, costos y gastos por la
liquidación de su personal, costos financieros por la sumas de
dinero que las convocadas le adeudan y los demás costos por
la terminación del contrato) y el lucro cesante, así como los
daños derivados de la afectación de su imagen y de su buen
nombre.
John Deere Thibodaux Inc., en frente de la que, en
definitiva, resultaron prósperas esas pretensiones, tanto en la
contestación que presentó, como en la reconvención que
formuló, adujo, en esencia, la inexistencia de la agencia
comercial base de la acción; que el negocio jurídico que celebró
con la primigenia actora fue un contrato de distribución; que
esta última incumplió el mismo, razón por la cual no había
lugar a imponerle ninguna de las condenas impetradas en el
libelo inicial; y que, por el contrario, se ordenara a aquélla
resarcirle todos los perjuicios que le ocasionó con su
desatención convencional.
Adicionalmente, en la comentada réplica, propuso una
pluralidad de excepciones meritorias, dirigidas a enervar la
acción planteada en su contra.
7. Es patente, entonces, el carácter incierto de la
acción intentada por Hugo Barragán y Cía. Ltda. y la
indeterminación en el libelo introductorio de las obligaciones
que pretendió se impusieran a las accionadas, condiciones
que, por la férrea defensa que éstas ejercieron,
particularmente, John Deere Thibodaux Inc., empresa que,
incluso, como acaba de reseñarse, contrademandó, se
mantuvieron a lo largo de las dos instancias, hasta el
proferimiento de la sentencia del ad quem, en la que se dio
certidumbre al derecho de la nombrada accionante y se
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concretaron las obligaciones impuestas a la citada
demandada.
8. Así las cosas, ninguna razón le asiste a la
recurrente al sostener que la obligada al pago de las
prestaciones que especificó en los dos cargos que ahora se
desatan -cesantía comercial, indemnización efectiva y
comisiones pendientes de pago-, incurrió en mora de atender
esos compromisos, desde cuando el contrato de agencia
terminó (cargo noveno), o desde cuando se notificó el auto
admisorio de la demanda, habida cuenta que a voces del
inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil
dicho enteramiento comportó la constitución en mora del
deudor, pues tratándose de un derecho incierto y de créditos
indeterminados en la demanda, ello no tuvo ocurrencia.
9. Corolario de lo que se deja expuesto, es que el
Tribunal no incurrió en los desatinos jurídicos que se le
enrostraron en los cargos examinados, cuando señaló que
“para que sobre una suma de dinero (…) haya lugar al
reconocimiento de intereses (art. 1617 del C.C.), resulta
indispensable que el deudor se encuentre constituido en mora de
pagar un capital determinado, de donde se desprende la
imposibilidad de declaración [d]el pago de intereses de una
obligación que sólo se viene a delimitar en su objeto como
consecuencia de una declaración judicial, de hacerlo así, se estarían
concediendo intereses moratorios con efecto retroactivo”,
planteamiento que sustentó con diferentes pronunciamientos
emitidos por esta Corporación.
Y, menos aún, cuando concluyó: “En este entendido, queda
claro que no es posible condenar a la demandada al pago de
intereses de mora desde la terminación del contrato de agencia
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comercial, pues como viene de verse, las condenas a título de
cesantía comercial y la indemnización equitativa, son inciertas, es
decir hasta el momento no existe obligación determinada a cargo de
la parte demandada, y por lo tanto ésta última no ha entrado en
mora de su pago, consecuencialmente este reparo tampoco puede
prosperar”.
10. Las acusaciones estudiadas, por consiguiente, no
se abren paso.
DEMANDA DE CASACIÓN
HUGO BARRAGÁN Y CÍA. LTDA.
CARGO DÉCIMO PRIMERO
También con fundamento en la causal primera de
casación, se imputó a la sentencia fustigada ser directamente
violatoria del artículo 1609 del Código Civil, por falta de
aplicación.
La protesta se edificó sobre las siguientes bases:
1. La sentencia de segunda instancia confirmó la
determinación adoptada por el a quo, en virtud de la demanda
de reconvención, de que la primigenia actora debe pagar a
Cameco la suma de US $157.921,18, representada en algunas
facturas que quedaron insatisfechas, junto con los intereses
moratorios establecidos en el artículo 884 del Código de
Comercio, sin atender los motivos de inconformidad que
aquélla planteó frente a ese pronunciamiento.
2. Esa posición decisoria del ad quem implicó la
inaplicación de la norma precisada como fundamento de la
acusación en examen, que la reconvenida invocó en sustento
de la excepción de “contrato no cumplido” que propuso en frente
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de la acción intentada en el referido libelo, puesto que para
definir la procedencia de los mencionados intereses, debió
analizarse si John Thibodaux Inc. se encontraba en mora de
cumplir con obligaciones a su cargo, estudio que ninguno de
los falladores de instancia realizó, puesto que si lo hubieran
hecho, habrían comprobado, a la luz del citado artículo 1609
del Código Civil, que “no existe mora” y que, por lo tanto, “la
condena por intereses de mora” era “improcedente”.
3. Como lo alegó Hugo Barragán y Cía. Ltda. al
replicar la contrademanda y se admitió en las sentencias de
primera y segunda instancia, “el [c]ontrato de [a]gencia fue
incumplido por Cameco” antes de que ella “pudiera llegar a
incumplir obligación alguna que se desprendiera de las facturas
emitidas por Cameco en el año 2004 sobre las cuales se impuso la
condena por intereses de mora”.
4. Así las cosas, de conformidad con la norma de que
se trata, “el incumplimiento previo de Cameco implicó que, aún de
encontrarse que Hugo Barragán [y Cía. Ltda.] debe suma alguna
(…), (…) no está en mora frente a la demandante en reconvención y,
por lo mismo, es totalmente improcedente una condena por intereses
moratorios sobre tales sumas”.
5. Afirmó la recurrente la trascendencia del yerro,
toda vez que a consecuencia de él fue que el Tribunal
“desconoció la configuración de la excepción de contrato [no]
cumplido”, y solicitó que en la sentencia sustitutiva se revoque
la condena al pago de los referidos intereses que se hizo en el
numeral octavo, literal b), de la parte resolutiva del fallo de
primera instancia.
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CONSIDERACIONES
1. Fruto del fracaso de las tres primeras acusaciones
que Hugo Barragán y Cía. Ltda. propuso en casación, quedó
establecido, según lo resuelto por el Tribunal en la sentencia
de segunda instancia, que fueron dos los contratos que ella
celebró con John Deere Thibodaux Inc., antes Cameco: de un
lado, el de agencia comercial, en lo que respecta a la
comercialización de la maquinaria producida por esta última;
y de otro, el de distribución, en desarrollo del cual se verificó
el mercadeo de los repuestos.
También que el aspecto cardinal para que ello hubiese
sido así, consistió en que la primera de las mencionadas
empresas compraba a la segunda, para revender, las partes
de los equipos que aquélla fabricaba.
Y, adicionalmente, que el incumplimiento atribuido a la
precitada accionada, lo fue del primero de esos negocios
jurídicos, itérase, la agencia comercial, mientras que el
impago de facturas, constitutivo de la desatención contractual
denunciada en la reconvención, recayó en frente del segundo
de los señalados nexos, esto es, la distribución.
2. Así las cosas, mal podía el ad quem hacer actuar el
artículo 1609 del Código Civil en frente de la acción
contractual ejercida en la demanda de mutua petición, que
como viene de registrarse, versó sobre el contrato de
distribución en desarrollo del cual Hugo Barragán y Cía. Ltda.
adquiría a Cameco, actualmente John Deere Thibodaux Inc.,
los repuestos de su maquinaria para revenderlos a los clientes
de ella en Colombia, fincado en que esta última previamente
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había incumplido el contrato de agencia comercial que entre
las dos también existía.
3. Ello pone en evidencia el absoluto descarrío del
cargo para confutar la condena al pago de intereses
moratorios que, en relación con las facturas adeudadas por la
accionada en reconvención a la contrademandante, impuso el
ad quem.
LAS COSTAS EN CASACIÓN
En recíproco fracaso de los recursos de casación
presentados, de un lado, por la primigenia actora -Hugo
Barragán y Cía. Ltda.- y, de otro, por la demandada John
Thibodaux Inc., traduce la impertinencia de condenar en
costas a alguna de ellas en beneficio de la otra.
No ocurre lo mismo frente a la accionada Deere & Co., la
cual no formuló impugnación extraordinaria. Así las cosas, se
impondrá el pago de ese rubro a la gestora del litigio en favor
de la prenombrada accionada. Como la misma guardo silenció
dentro del término del traslado de la demanda de casación
presentada por aquélla, se fijará como agencias en derecho la
suma de $3.000.000.oo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2017, complementada
el 28 de noviembre siguiente, proveídos proferidos por el
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en
el proceso plenamente identificado en el inicio del presente
fallo.
Costas en casación a cargo de Hugo Barragán y Cía.
Ltda., pero sólo frente Deere & Co. Fíjanse las agencias en
derecho, en la suma de $3.000.000.oo.
La Secretaría de la Sala, practique la respectiva
liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda Gonzalez Neira
Álvaro Fernando García Restrepo
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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