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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC948-2022
Radicación n.º 17001-31-03-001-2018-00227-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso el convocante frente a la sentencia de 16 de abril
de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso
verbal que promovió Elio Fabio Abadía Badillo contra Antonio
Jesús y José Bernardo Gómez Castaño.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
1.1. El actor reclamó, como pretensión principal, «que
se ordene la rescisión de la permuta, que fue el contrato inicial y por ende
las ventas para realizarla, mediante las cuales fueron transferidos
mutuamente los bienes descritos en los hechos y como consecuencia la
cancelación de las escrituras públicas y se hagan los registros
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pertinentes (sic), pues el demandante no ha recibido ni tan siguiera la
mitad del precio real que valen los bienes transferidos a dicho título al
codemandado Antonio Jesús Gómez Castaño, configurándose así la
Lesión Enorme».
Consecuencialmente, pidió «la restitución de los respectivos
bienes, así como la parte demandada (sic) deberá pagar los frutos civiles
producidos por uno de los inmuebles durante todo el tiempo que lo ha
usufructuado (sic)»; lo anterior, a menos de que los convocados
se decanten por «ejercer la opción frente a la rescisión establecida en
para completar actor la suma el artículo 1948 del Código Civil (sic)»,
caso en el cual deberán «completar el justo precio de los bienes (...)
en cuantía de $1.005000.000».
1.2. Como primeras pretensiones subsidiarias, el señor
Abadía Badillo solicitó declarar «que como existe el incumplimiento
del contrato de compraventa por el no pago por la parte demandada del
precio de los bienes entregados por el demandante, opera, como
consecuencia, la Resolución contractual (1932 CC) y la condición
resolutoria tácita (1546 CC)». Adicionalmente, demandó «que se
ordene la cancelación de las escrituras y se hagan los registros
pertinentes», y que «se condene a la parte demandada, a la restitución
de los bienes o su valor, así como a los frutos civiles producidos por éstos
durante todo el tiempo que los ha usufructuado».
1.3. Como segundas pretensiones subsidiarias, suplicó
«que se declare la ineficacia de los actos jurídicos de permuta, por las
compraventas efectuadas mediante las escrituras públicas ya referidas;
según lo narrado en los hechos de este libelo y en consecuencia de la
declaración anterior, son inexistentes tales actos y sin efecto jurídico
alguno, regresando dichos bienes patrimoniales o su valor, al
demandante y al demandado, respectivamente»
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2. Fundamento fáctico.
2.1. El 17 de mayo de 2017, el demandante, «en forma
verbal, se comprometió a transferir mediante venta el día 17 de mayo del
año 2017, al señor Antonio Jesús Gómez Castaño, dos inmuebles rurales
ubicados en el municipio de Palestina», denominados “Villa
Verónica” y “Rancho Krystal”, con un avalúo conjunto de
$2.000.000.000.
2.2. Por su parte, «a título de pago de los bienes mencionados,
el señor Antonio Jesús Gómez Castaño prometió entregarle [al
demandante], por el mismo valor de los predios que recibía», una casa
de habitación ubicada en la Carrera 28 A n.º 10-30 de la
ciudad de Manizales, con folio de matrícula n° 100-63890,
que figuraba registrada a nombre de su hermano José
Bernardo. También ofreció «todo el menaje contenido en esa casa»,
un vehículo de placas FAO-362, y $250.000.000 en efectivo,
de manera que «el inicial contrato de compraventa, por el modo de
pago, se convirtió en permuta».
2.2. El actor transfirió los inmuebles que eran de su
propiedad (las fincas denominadas “Villa Verónica” y
“Rancho Krystal”) mediante escritura pública n.° 1682,
otorgada el 18 de mayo de 2018 en la Notaría Cuarta de
Manizales. Estos predios fueron entregados materialmente al
adquirente en la misma calenda.
2.3. A pesar de que el señor Abadía Badillo cumplió con
las prestaciones a su cargo, su contraparte solo desembolsó
$10.000.000 del total de los $250.000.000 convenidos.
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Además, la heredad de la Carrera 28 A n.º 10-30, que se
transfirió mediante escritura pública de compraventa n°
1694 de 19 de mayo de 2018, fue entregada «totalmente
desvalijada en comparación de lo ofrecido».
2.4. Así las cosas, «queda evidenciado que hay un claro
incumplimiento del inicial contrato de compraventa, convertido por el
demandado en una permuta, pero cuya transferencia de inmuebles se
hizo como ventas separadas, y ni así el demandante ha recibido la mitad
del precio que valen los bienes transferidos».
2.5. Por lo anterior, «el demandado incurrió en la resolución
contractual por incumplimiento de lo pactado, ante la existencia de la
condición resolutoria tacita y la falta del pago del precio (Arts.1932 y
1935 CC), estando obligado a restituir los predios al actor y a
indemnizarlo por los daños causados».
2.6. Con similar orientación, «al existir la lesión enorme,
han de ser declaradas las rescisiones de las ventas o verdaderos
negocios, a fin de que se atiendan los postulados de la equidad, se
prevenga el enriquecimiento sin causa y no se afecte el orden público;
pues por la forma en que se hizo el pago o la parte que se hizo de él, como
se configuró el pago, en bienes, sumado al poco dinero entregado, no
pasa de ser compraventa y no permuta, de ahí la confusión con respecto
a la mención de ambos tipos de contrato».
2.7. Dada «la existencia de la simulación relativa, la real era la
compraventa y no la permuta (sic), aunque con la sola voluntad del
demandado, se hicieron como compraventas individuales, surge
además, pues si lo que pretendía esconder dicha simulación era el valor
de la compraventa, la cual se realizó por valores irrisorios frente al valor
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real de los predios compravendidos (artículo 1958 del C. Civil
colombiano), deviene en nula absolutamente (sic)».
3. Actuación procesal
3.1. La demanda (reformada) se admitió por auto de 18
de septiembre de 2019. Notificados de esa providencia, los
querellados excepcionaron «inexistencia de lesión enorme»;
«desequilibrio en la conmutatividad contractual acordada y
enriquecimiento sin justa causa en favor de la parte demandante»;
«abuso del derecho»; «incongruencia entre hechos y pretensiones» e
«improcedencia de la acción».
3.2. En fallo de 8 de septiembre de 2020, el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Manizales acogió la pretensión
principal y, en consecuencia, «declar[ó] que el demandante Elio
Fabio Abadía Badillo sufrió lesión enorme en el contrato de permuta
celebrado con los demandados y que se materializó en las escrituras
públicas 1682 de 18 de mayo de 2017 y 1694 del 19 de mayo de 2017,
corrida en la notaria cuarta de Manizales».
Por esa vía, ordenó «que cada permutante restituya el bien
inmueble que se les entregó en virtud de la mencionada negociación en
el término de dos meses», y dispuso «cancelar las escrituras públicas
1682 de 18 de mayo de 2017 y 1694 del 19 de mayo de 2017», así
como que el actor devolviera a «Jesús Antonio Gómez Castaño, la
suma de $80.000.000, correspondientes al excedente que cancelaron
para equilibrar las prestaciones, junto con los intereses legales a la tasa
del seis por ciento (6%) anual desde el dos (18) de mayo de mil 2017
hasta cuando se cumpla lo ordenado».
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Por último, advirtió «a los permutantes Jesús Antonio y José
Bernardo Gómez Castaño para que, en el término de un (1) mes,
contabilizado a partir de la fecha en que quede en firme esta decisión, si
quieren perseverar en la negociación completen el justo precio cancelado
a título de faltante la suma de ($846.305.847) junto con los intereses
legales a la tasa del seis por ciento (6%) anual desde el 18 de mayo de
2017 hasta cuando haga el mismo (sic)».
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver los recursos de apelación que interpusieron
ambas partes, el tribunal revocó lo decidido por la
funcionaria a quo y denegó integralmente el petitum, al abrigo
de los siguientes argumentos:
(i) Es pacífico que «el negocio realizado fue una permuta y
sin profundizar en los valores de los bienes involucrados, [se puede dar]
por sentado que esta última fue la negociación celebrada, pues solo una
menor parte del precio es en dinero». Ahora bien, «como en el contrato
de permuta se encuentran involucrados, como parte del precio, bienes
muebles (el vehículo automotor y los enseres que conformaban el menaje
doméstico) e inmuebles, los contratantes deben, de común acuerdo y no
dejando al arbitrio de sólo uno de ellos, determinar el valor de todos y
cada uno de los bienes que hacen parte de la permuta».
(ii) En ese sentido, «no es necesario que los valores que las
partes de común acuerdo asignan a los bienes involucrados coincidan
exactamente con el valor comercial que esos bienes realmente ostenten
al momento de la negociación», aunque ello sería relevante en caso
de que la diferencia sobrepasara los límites fijados por el
legislador para la configuración de la lesión enorme.
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(iii) Al verificar la ocurrencia de ese vicio objetivo (la
lesión enorme), «la Juez a quo reconoce que no existió avalúo
comercial del inmueble urbano en la ciudad de Manizales, pero como
existe dentro del proceso un avalúo catastral por $351.555.000 en
aplicación del numeral 4 del artículo 444 del Código General del Proceso,
concluye que el avalúo comercial es de $527.3332.500; pero a
continuación sostiene que como el demandado estimó el valor comercial
en $600.000.000, ese sería el valor para asignar a este bien».
(iv) Esos métodos de estimación del precio de uno de
los predios no es admisible, porque «si se aceptara la valoración
dada por el demandado a su inmueble, sería tanto como admitir que el
precio puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, contrariando
el inciso 2° del artículo 1865 del Código Civil. Ahora bien, el inciso 4° del
artículo 444 del Código General del Proceso que es admisible para los
procesos ejecutivos, en concepto de este Colegiado no lo es en tratándose
de conflictos como el que se analiza; en primer lugar, la norma acabada
de mencionar no refiere, por ningún lado, al avalúo comercial; en
segundo lugar, en estas controversias el valor que se ha de tener en
cuenta no es el catastral sino el comercial (que viene a ser el justo precio)
y entre uno y otro existen notorias diferencias».
(v) También se equivocó la falladora de primer grado
al calcular el monto de las prestaciones en favor del
convocante, porque no tuvo en cuenta el valor de los
muebles, los enseres y el rodante que le fueron transferidos,
máxime cuando solo incluyó «como adehala la suma de
$10.000.000, suma efectivamente pagada, cuando el alipego era, como
mínimo, $150.000.000; pues si solamente se pagó aquella cantidad
estaríamos frente a un eventual incumplimiento de contrato».
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(vi) La orfandad probatoria sobre puntos relevantes de
la litis es atribuible a los mismos litigantes, pues «no realizaron
el más mínimo esfuerzo para justipreciar la casa de Manizales, los
muebles y enseres que constituían el menaje doméstico y el automotor;
resáltese también que los dictámenes aportados, por ese mismo motivo,
lucen incompletos en este sentido; ergo, no debieron de considerarse. Esa
desidia probatoria influyó para que la Juez del conocimiento realizara
“malabares” para tratar de darle valor a algunos bienes».
(vii) Al intentar establecer el valor que los contratantes
dieron a los bienes permutados, se observa una discrepancia
en cuanto a la suma que los ahora convocados debían
entregar en efectivo, pues estos afirman que solo se obligaron
a desembolsar $150.000.0000, mientras que el actor alega
que la suma realmente pactada ascendía a $250.000.0000.
(viii) Esa divergencia no puede resolverse en favor del
querellante, debido a que, «al ponderar ambos interrogatorios de
parte se infiere, sin hesitación alguna, que los contratantes nunca
estimaron conjuntamente los valores que le iban a dar a los bienes,
muebles e inmuebles, que estaban involucrados en la negociación; que
el precio de $2.000.000.000 de que habla el señor Abadía, no deja de
ser un valor subjetivo, muy del fuero interno del demandante, una
estimación muy personal, pero nunca exteriorizada al momento de la
celebración de la permuta, la que; de ser aceptada, como se dijo en líneas
precedentes, sería permitir que el precio asignado fuera dejado al arbitrio
de uno de los contratantes».
(ix) Por consiguiente, «no se pueda establecer con exactitud
cuál fue el precio pactado por las partes al momento de la celebración de
la negociación», obstáculo que no compromete la validez del
acuerdo, puesto que «el precio, en este evento, si es determinable».
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A ello se añade que, «para verificar la existencia o no del equilibrio
económico, los valores que deben ser comparados son aquellos pactados,
no los pagados».
(x) Entonces, «como las partes no asignaron
mancomunadamente valores a los bienes involucrados en el contrato de
permuta, no es posible encontrar un punto de referencia con el valor
comercial que dichos bienes tenían al momento de la negociación, que
tampoco se acreditó, para determinar la diferencia de ultramitad en esa
precisa época; ergo las pretensiones principales del extremo demandante
están condenadas al fracaso».
(xi) La pretensión resolutoria tampoco podría
prosperar, en consideración a que el demandante no es
contratante cumplido. Téngase en cuenta que «el señor Elio
Fabio Abadía no ha entregado al señor Antonio de Jesús Gómez Castaño
uno de los inmuebles rurales y que este último, a su vez, no ha pagado
a aquel, la suma de $150.000.000 que debió de entregar para equilibrar
económicamente la negociación», a lo que se añade que, «por regla
general, esto es, salvo que se estipule válidamente en contrario el
cumplimiento de las obligaciones en forma diferida, el contrato de venta
–por supuesto también el de permuta– es de ejecución inmediata,
queriéndose decir con ello que las prestaciones se cumplen
inmediatamente; en lenguaje coloquial “dando y dando”».
(xii) En cuanto a la segunda pretensión subsidiaria, se
observa que el demandante «solo esboza la solicitud de ineficacia
sin profundizar los fundamentos de ello, limitándose a rematar diciendo
que son “inexistentes los actos”; es evidente que no está haciendo
referencia al concepto estricto de ineficacia, más bien, alude al concepto
amplio en su modalidad de “inexistencia”». Bajo ese entendimiento,
la segunda petición subsidiaria tampoco puede abrirse paso,
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pues «basta con acudir a los contratos de venta celebrados, que fueron
los instrumentos utilizados por los contratantes para disfrazar la
permuta realmente realizada y de ellos se desprende que no hay
ausencia total de consentimiento, sus objetos están claramente
identificados, dos fundos rurales, un inmueble urbano y un vehículo
automotor; adicionalmente que se pactaron los precios, si bien estos
valores no corresponden a la realidad y lo que se pactaba era una
permuta, esta situación no hace inexistentes los contratos».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su impugnación extraordinaria, el actor
formuló un solo cargo, con fundamento en la causal segunda
del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO ÚNICO
Se denunció la trasgresión indirecta de los artículos
1546, 1609, 1625, 1741, 1850, 1864, 1865, 1928, 1929,
1932, 1934, 1935, 1946 a 1959, 1958 del Código Civil, «como
consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una
norma probatoria y por error de hecho manifiesto y trascendente en la
apreciación de la demanda, su contestación y (…) la confesión del
codemandado Antonio Jesús (sic)».
Para fundamentar ese cuestionamiento, el señor Abadía
Badillo expuso lo siguiente:
(i) En el hecho segundo de la demanda, se afirmó que
la casa de habitación que Antonio Jesús Gómez Castaño
transfirió al convocante en virtud de la controvertida
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permuta tenía un valor de $650.000.000 para la época de la
transferencia, circunstancia que el tribunal debió tener por
confesada, no solo porque al contestar la demanda el opositor
negó ese hecho sin explicar sus razones, sino también
porque, en su declaración de parte, aquel «aceptó expresamente
cuál era el valor de la casa, esto es, $600.000.000».
(ii) El ad quem «desconoce abierta y claramente varias
normas procesales, entre ellas (…) las contenidas en la sección tercera
del título único “pruebas” del código procesal actual, artículos 164 y
siguientes; y mejor se dedicó a rebuscar alegatos y jurisprudencia, cual
parte, primero, para desconocer lo ya probado y de lo que no surgía duda
alguna (…) y, peor aún, a criticar al a quo».
(iii) La magistratura también pasó por alto la manera
vacilante y evasiva con la que el señor Antonio Jesús Gómez
Castaño absolvió su interrogatorio de parte. En esa
oportunidad, aquel manifestó que a la casa transferida por él
«se retiraron las obras de arte. Ya, “solo las obras de arte”, entonces ¿a
qué más hay que darle valor. A muebles viejos y usados que no
representan suma alguna de dinero y que el perito no quiso valorar
porque no servía de prueba? Si representaren algún valor para la parte
demandada, hubiera dado respuesta en tal sentido, pero no lo hizo; solo
se dedicó a evadir o eludir las respuestas a los hechos, trayéndole como
consecuencia que se presuman ciertos los mismos».
(iv) Contrario a lo que coligió el tribunal, del
expediente sí era factible extraer el precio que correspondía
a cada uno de los bienes objeto de permuta. Véase que el
demandado «sabía cuánto era el valor que por sus bienes estaba
pidiendo el actor, pero él estimó “por encima” o, para decirlo mejor,
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decidió que valían $800.000.000, pero ni tan siquiera eso pagó al actor.
Ahí está por demás demostrada la violación a la citada norma
sustancial, por parte del ad quem, que no “la vio”. ¿Entonces, si para el
codemandado, los bienes del actor solo tenían ese valor, y dice que el
valor comercial de la casa es de $600.000.000 y creámosle que el
excedente ofrecido era $150.000.000, en consecuencia, los restantes
$50.000.000 en qué estaban representados?, pues lógicamente en el
vehículo automotor (…). Inicialmente dice la demanda que, a precio de la
revista motor, $35.000.000, pero el documento que no tuvo en cuenta la
a quo y que fue objeto de mención en el recurso de apelación (...), apenas
si determinaba su valor en la mitad del precio de la “revista motor”; y las
obras de arte que sustrajo de la casa que prometió entregarle al actor
con su menaje, cómo había que hacerlas avaluar si estaban y en manos
del codemandado, y para qué, si él fue quien se las sustrajo al actor al
momento de la entrega de la casa?».
(v) Sin mediar negligencia del demandante, la togada
que representaba sus intereses en la fase inicial de este
proceso solo aportó avalúos comerciales de los fundos de su
propiedad, pero no hizo lo propio con el inmueble que debían
transferir los convocados, deficiencia que no impide la
resolución del contrato, por cuanto el fracaso de la demanda
convertía al «artículo 1609 del Código Civil de forzosa aplicación, pues
lo allí dispuesto encaja perfectamente en este caso, del incumplimiento
mutuo o del mutuo disenso tácito».
(vii) De no haberse incurrido en los yerros valorativos
denunciados, «forzosa resultaba para el tribunal la confirmación del
fallo de primera instancia, complementándolo con la condena al pago a
favor de la parte demandante de las sumas actualizadas determinadas
en el juramento estimatorio, dado que no sufrió objeción alguna por la
parte demandada y menos aún por la primera instancia».
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CONSIDERACIONES
1. Violación indirecta de la ley sustancial por
errores de hecho.
El buen suceso de un cuestionamiento fincado en la
violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho,
presupone establecer, de forma fehaciente, que los hechos
deducidos por la colegiatura de segunda instancia a partir
del material probatorio recaudado son manifiestamente
contrarios al contenido objetivo de esa evidencia; es decir,
que el desacierto del tribunal en la labor de valoración de la
prueba es tan notorio, que queda patentizado sin mayores
esfuerzos ni raciocinios.
Adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte
amparadas por una presunción de legalidad y acierto, le
incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar
una crítica concreta, simétrica, razonada y coherente frente
a los aspectos del fallo que considera desacertados, con
indicación de los fundamentos generadores de la infracción
a la ley, amén de hacer evidente la trascendencia del yerro
«en el sentido del fallo» y atacar, de modo eficaz e integral, todos
los pilares de la decisión impugnada.
En esta precisa materia, la jurisprudencia consolidada
de la Sala tiene decantado que,
«(...) partiendo de la base de que la discreta autonomía de los
juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce
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a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de
acierto, los errores de hecho que se les endilga deben ser
ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la
infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se da sino
en tanto quede acreditado que la estimación probatoria propuesta
por el recurrente es la única posible frente a la realidad
procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por
el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del
sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable
apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta
como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se
presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado
(…)» (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01).
En fechas más recientes, esta Corporación ha
considerado que
«(...) el error de hecho (...) ocurre cuando se supone o pretermite la
prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el
juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el
que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la
segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena
en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una
significación contraria o diversa. El error “atañe a la prueba como
elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe
cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por
probado o no probado el hecho” (G. J., t. LXXVIII, pág. 313).
Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador
debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además,
que es trascendente por haber determinado la resolución
reprochada (…).
Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la
Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, “cuando su
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sólo planteamiento haga brotar que el criterio” del juez “está por
completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere,
que repugna al buen juicio”, lo que ocurre en aquellos casos en que
él “está convicto de contraevidencia” (sentencias de 11 de julio de
1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es “de tal entidad que
a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de
la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad
que fluya del proceso” (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006,
exp. 06798-01)» (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-
01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.).
2. La prueba de la lesión enorme en el contrato de
compraventa (y de permuta).
Acorde con los preceptos 1946 y 1947 del Código Civil,
« el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme», vicio
que tiene lugar cuando el precio que recibe el vendedor de un
inmueble «es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende»,
o el que entrega su comprador excede el doble «del justo precio
de la cosa que compra», teniendo en cuenta, en uno u otro caso,
la valuación del bien raíz al tiempo del acuerdo.
El legislador estableció, en ese evento, una restricción a
la autonomía con la que cada contratante desarrolla el juicio
de equivalencia que precede a la celebración de todo contrato
oneroso conmutativo –naturaleza que cabe predicar de la
compraventa–, y que, por regla general, permitiría al
vendedor «fijar libremente el precio de la cosa que pretende enajenar,
y [al] comprador decidir, también con libertad, si está dispuesto a
pagarlo, porque ambas son expresiones lícitas del principio de autonomía
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de la voluntad privada que campea en el ordenamiento patrio» (CSJ
SC4454-2020, 17 nov.).
Dicho de otro modo, si bien el derecho privado reconoce
a las personas amplias potestades a la hora de juzgar la
correspondencia entre lo que deben entregar y lo que
recibirán a cambio en una negociación, motivos de equidad
y de orden público imponen establecer remedios que
permitan salvaguardar un sano equilibrio contractual, al
menos en los acuerdos con mayor relevancia social, como la
compraventa de bienes inmuebles –entre otros ejemplos–.
Así lo explicó la Corte, al analizar un caso semejante:
«La institución en comento, bueno es memorar, fue erigida para
restablecer la llamada justicia conmutativa, pues es de entender
que en los contratos de esa estirpe, en aras de garantizar un
mínimo de equilibrio en las relaciones jurídicas, las recíprocas
prestaciones deben ser, en cierta medida, proporcionales. Si no
existe, por lo tanto, equilibrio entre los beneficios de un acto o
contrato y los sacrificios efectuados tendientes a obtenerlos, nace
el derecho para solicitar la rescisión del negocio, sin perjuicio, claro
está, de que sea consentida o frenada por el contratante contra el
cual se pronuncia. En el contrato de compraventa, concretamente
el caso del vendedor lesionado, que es el planteado en el sub-
judice, el vicio se estructura “cuando el precio que recibe es inferior
a la mitad del justo precio de la cosa que vende” (artículo 1947 del
Código Civil). En ese orden, objetivamente, el precio convenido y el
justo precio, todo obviamente para la época de la compraventa, o
de la promesa de celebrarla, en el evento de que ésta preceda a
aquélla, como lo ha precisado la jurisprudencia, constituyen los
elementos a confrontar en pos de establecer si existe la
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desproporción en la magnitud aludida, porque al fin de cuentas el
sustrato de la acción radica en evitar un recíproco e injusto
empobrecimiento y enriquecimiento de las partes» (CSJ SC, 16
may. 2008, rad. 1995-01977-01; reiterada en CSJ SC,
14 jun. 2013, rad. 2009-00084-01).
El anunciado equilibrio, que puede alcanzarse
rescindiendo el contrato viciado, o reajustando sus
prestaciones, procede en aquellos casos en los que las cargas
asumidas por el vendedor y el comprador resultan
enormemente asimétricas, en la proporción señalada en el
citado precepto 1947, y de cara al valor de mercado que
habría tenido la heredad compravendida para cuando se
ajustó el negocio translaticio. De ahí que, de antaño, la
jurisprudencia de la Sala haya considerado que
«... es base necesaria, elemento indispensable, el establecimiento
en legal forma de ese justo precio al tiempo del contrato que la ley
señala como obligado término de comparación; de suerte que si
éste falta, la comparación no puede hacerse y por lo mismo no
puede saberse si efectivamente hay discordancia entre los dos
precios referidos ni si, al haberla, llega al extremo de determinar
la lesión enorme y con ella la acción rescisoria» (CSJ SC, 29 jul.
1938, G. J. t. XLVII, pág. 40-44).
Ahora bien, como sobre el particular no existen reglas
especiales, el justo precio es susceptible de ser acreditado en
juicio a través de cualquier medio de prueba. Sin embargo,
suelen ser de gran utilidad las evidencias técnicas –como el
dictamen de perito avaluador–, pues estas aportan
información objetiva relevante al debate, y muestran cómo
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
18
correlacionarla de forma armónica con las reglas y los
métodos que guían la actividad de valoración inmobiliaria en
Colombia (Cfr. CSJ SC, 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01).
Como colofón, debe señalarse que las precisiones
anteriores son plenamente aplicables al contrato de permuta
(Cfr. CSJ SC, 15 dic. 2009, rad. 1998-17323-01), conforme
se sigue del artículo 1958 del Código Civil, que dispone que
«las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la
permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este
contrato», y que «cada permutante será considerado como vendedor de
la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará
como el precio que paga por lo que recibe en cambio».
3. Caso concreto.
3.1. Con el propósito de justificar el despacho
desfavorable de la pretensión principal de rescisión por lesión
enorme, el tribunal sostuvo –al menos implícitamente– que
los litigantes en realidad habían ajustado una permuta, que
ocultaron tras el ropaje de dos contratos de compraventa,
instrumentados en las escrituras públicas n.° 1682 y 1694,
otorgadas el 18 y 19 de mayo de 2018, respectivamente.
A continuación, el ad quem advirtió que en esa
negociación ficta (la permuta) el actor se habría obligado a
transferir las fincas “Villa Verónica” y “Rancho Krystal”, cuyo
justo precio aparece adecuadamente acreditado a través de
una prueba pericial, en la que se estableció que, para cuando
se celebró dicha convención, la primera heredad tendría un
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valor comercial de $920.615.538 y la segunda de
$771.996.0561, «para un gran total de $1.692.611.694»
Agregó que, como contraprestación, el señor Abadía
Badillo recibiría dos bienes, la casa de la Carrera 28 A n.º 10-
30 de la ciudad de Manizales «junto con su menaje» y un vehículo
de placas FAO-362, los cuales no se avaluaron
adecuadamente, y una suma en efectivo sobre la que también
hay discrepancias, pues el actor la cuantificó en
$250.000.000, mientras el convocado dijo haberse
comprometido a pagar $150.000.000. Por esa vía, consideró
que el justo precio de las prestaciones a cargo del señor
Gómez Castaño no se había clarificado, haciendo inviable su
comparación con el valor de mercado de aquello que
transfirió el demandante.
Para finalizar, agregó que la orfandad probatoria
relacionada con el avalúo de la última de las referidas
heredades –la casa– no podría superarse en la forma que
propuso la falladora a quo, porque (i) si bien Antonio Jesús
Gómez Castaño declaró en audiencia que «el precio comercial de
esa casa [era] $600.000.000»2, tal manifestación no es suficiente
para acreditar la variable económica por la que se averigua;
y (ii) no era procedente aplicar la regla del artículo 444-4 del
Código General del Proceso3, pues esta no busca establecer
1 Archivo digital denominado «COMPLEMENTO DICTAMEN-DEFLACTACION PREDIOS RANCHO
CRYSTAL Y LOTE No. 1 (LOS ALPES).pdf».
2 Minuto 55:42, audiencia inicial (archivo digital denominado «17001310300120180022700-17-00-
13103001-01.mpg»).
3 A cuyo tenor «Tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo catastral del predio
incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo
para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen
obtenido en la forma indicada en el numeral 1».
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
20
un precio de mercado, sino fijar un valor supletorio, con el
único fin de agilizar el trámite del proceso ejecutivo.
3.2. Con excepción de dos argumentos aislados, que la
Corte analizará más adelante, el grueso de las críticas del
casacionista se dirigieron en contra de la decisión de no dar
por probado el precio del inmueble –«a puerta cerrada»– que
Antonio Jesús Gómez Castaño se habría obligado a
transferirle al señor Abadía Badillo, en desarrollo de la
operación de permuta que previamente se describió.
En el cargo único se acusó al tribunal por haber obviado
que el demandado había negado el hecho segundo de la
demanda reformada, en el que se decía que «la casa de
habitación [tenía] un valor de $650.000.000», pero no dio ninguna
explicación al respecto, de modo que el aludido hecho «debía
tenerse por cierto», en los términos del artículo 96-2 del Código
General del Proceso. También se denunció la pretermisión de
la «confesión» del convocado, quien –se insiste– declaró en el
juicio «el precio comercial de esa casa [era] $600.000.000».
En líneas generales, ese cuestionamiento es
desenfocado, porque se concentra en uno solo de los
componentes de la obligación a cargo de la parte demandada,
y también es incompleto, porque obvia varias de las
consideraciones del tribunal, relacionadas con la escasa
utilidad de la declaración del señor Gómez Castaño para
esclarecer un hecho objetivo y técnico –como el valor
comercial de su propiedad para la fecha del pacto–, y la falta
de claridad sobre el valor del mobiliario y las «obras de arte»
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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que se encontraban al interior del inmueble, y que se
incluyeron como parte del pago a cargo del convocado.
Al margen de esas deficiencias –sobre las que se volverá
a renglón seguido–, lo cierto es que el alegato del casacionista
carece de relevancia, pues admitiendo todas y cada una de
las tasaciones que –sin evidencia de respaldo– se defendieron
al sustentar el recurso de casación, las prestaciones a cargo
de Antonio Jesús Gómez Castaño tendrían un “justo precio”
de $867.500.000, producto de sumar los valores que asignó
el casacionista a la casa de la Carrera 28 A n.º 10-30 de
Manizales ($600.000.000), el vehículo de placas FAO-362
($17.500.000) y el monto en metálico que habría de cubrir el
señor Gómez Castaño ($250.000.000).
Lo anterior equivale a decir que, en el contexto de la
operación de permuta que delineó el ad quem, y teniendo por
ciertas todas las afirmaciones del señor Abadía Badillo, este
se comprometió a entregar dos inmuebles cuyo justo precio
se fijó –sin reproche de las partes– en $1.692.611.694, a
cambio de otros bienes cuyo –hipotético– “valor de mercado”
sería $867.500.000, guarismo que supera la mitad de lo que
el actor transfirió (esto es, $846.305.847).
En síntesis, si los planteamientos del recurrente fueran
acogidos íntegramente por la Corte, no habría lesión enorme,
porque la desproporción entre las prestaciones de los
contratantes no alcanzaría la cota señalada en el artículo
1947 del Código Civil.
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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3.3. El hecho de que este escollo cuantitativo haya
pasado desapercibido para el recurrente, refleja la radical
ausencia de pruebas de la naturaleza, características y
alcances del pacto que ajustaron las partes enfrentadas,
vacío que también impide despejar la incertidumbre acerca
del valor de mercado de lo que el contratante Gómez Castaño
se habría obligado a transferir al señor Abadía Badillo.
Cabe anotar que, al sustentar su único cargo, el
demandante intentó refutar la orfandad probatoria
advertida, acudiendo a algunos apartes de las declaraciones
del demandante y el demandado, así como a la siguiente
conjetura: «ponerle valor a los muebles es muy fácil, $15.000.000, y
para no ir muy lejos, si el vehículo el mismo codemandado en el
documento ante la Oficina de Tránsito dijo que valía $17.000.000, más
los $10.000.000 que entregó el actor, ¿cuánto valen los muebles? Pues
$23.000.000 (sic). Para llegar a tal conclusión no hay necesidad de
contratar a un experto matemático, ¿o sí?».
No obstante, tales argumentos no son aptos para
revelar un yerro fáctico o jurídico en la labor de valoración
del ad quem, pues no podría juzgarse a esa colegiatura por
pretermitir pruebas inexistentes, inconducentes, o con tan
escaso aporte epistémico. Dicho de otro modo, únicamente
con base en las evidencias y razones ofrecidas por el
casacionista, no puede calificarse de manifiestamente errada
la solución a la que se arribó en el fallo de segunda instancia.
Lo anterior sin que pueda dejarse de lado que el citado
contrato de permuta no reposa ni siquiera por escrito,
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obviando que los actos voluntarios de transferencia de
inmuebles están sometidos a una solemnidad ad
substantiam actus como lo señalan los artículos 1659 y 1857
del Código Civil. Recuérdese que, por regla general, la prueba
del contenido de una convención como la anunciada permuta
exige aportar la escritura pública pertinente, sin que sea
viable remplazar ese documento por otras evidencias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Código
General del Proceso, a cuyo tenor «La falta del documento que la
ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o
contrato no podrá suplirse por otra prueba».
Ahora bien, es probable que tras un contrato solemne
se oculte otro, como podría ocurrir aquí con las
compraventas y la permuta. Pero es evidente que revelar la
divergencia entre la voluntad real y la declarada impone un
importante esfuerzo probatorio, así como una mínima
sindéresis argumentativa, elementos que brillan por su
ausencia en este caso, y que, por supuesto, impiden el éxito
de la impugnación extraordinaria.
3.4. Con el fin de responder todos los apartes de la
censura, memora la Sala que el recurrente también quiso
hacer radicar el error de valoración del tribunal en la falta de
alusión al juramento estimatorio que se incluyó en la
demanda, y que no habría sido objetado. Sin embargo,
cualquier inferencia que pudiera extraerse de allí no parece
útil para determinar la procedencia de la lesión enorme
alegada, máxime cuando no se hizo ningún esfuerzo para
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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explicar el vínculo lógico entre ese vicio negocial y la tasación
unilateral de los frutos de una propiedad rural.
Tampoco parece revestir mayor importancia que el
avalúo pericial del predio que fuera de propiedad de José
Bernardo Gómez Castaño no se hubiera aportado «por la
primera apoderada», ni tampoco que «al ser revocado el poder a esa
abogada, el actor se contactó con [su actual apoderado], y en procura de
reformar la demanda antes de fenecer el término, no repar[ó] en la
ausencia del dictamen, lo que no es culpa del actor», porque con
independencia de la causa, esa probanza no obra en el
expediente, por lo que no podía ser valorada.
Y aunque reposara en el dossier, la experticia no habría
cambiado la suerte de la litis; de hecho, haría más
improbable el éxito del petitum de lesión enorme, porque
según el propio recurrente, el avaluador contratado «fijó el
valor comercial del inmueble en $658.750.000», cifra que solo
adicionada con el saldo del precio en metálico que se indicó
en la propia demanda ($250.000.000), también superaría la
mitad del justo precio de las fincas que enajenó el señor
Abadía Badillo.
3.5. En el epílogo de su escrito de sustentación, el
impugnante sostuvo que «como por las causas legales no se ha
podido invalidar el contrato, dada la resistencia del demandado y la
obvia oposición del ad quem, el artículo 1609 del Código Civil es de
forzosa aplicación, pues lo allí dispuesto encaja perfectamente en este
caso particular y concreto, la del incumplimiento mutuo (...)».
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Esta mención aislada pudiera tener un trasfondo
relevante, pero no por ello deja de ser un dicho de paso del
recurrente, que no solamente se encuentra ayuno del
sustento y la fundamentación que es de rigor en esta sede
excepcional, sino que resulta sorpresivo de cara a la
argumentación que defendió el señor Abadía Badillo durante
las instancias ordinarias, lo que impide su análisis en el
marco de este recurso extraordinario.
No se olvide que los argumentos que no fueron
sometidos a consideración del juez y de las demás partes a lo
largo de la litis –como el referido «incumplimiento mutuo»–,
constituyen un “medio nuevo”,
«(...) el cual, como con insistencia lo tienen definido la Sala, es
“inadmisible en casación, toda vez que ‘la sentencia del ad quem
no puede enjuiciarse ‘sino con los materiales que sirvieron para
estructurarla; no con materiales distintos, extraños y
desconocidos. Sería de lo contrario, un hecho desleal, no sólo
entre las partes, sino también respecto del tribunal fallador,
a quien se le emplazaría a responder en relación con hechos
o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y aún respecto
del fallo mismo, que tendría que defenderse de armas para él
hasta entonces ignoradas’ (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin
y al cabo, a manera de máxima, debe tenerse en cuenta que ‘lo que
no se alega en instancia, no existe en casación’ (LXXXIII pág. 57)”
(CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.° 6108).
En tiempo más reciente se precisó que el recurso extraordinario de
casación “no puede basarse ni erigirse exitosamente” en
“elementos novedosos, porque él, ‘cual lo expuso la Corte en
sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, ‘no es propici[o]
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para repentizar con debates fácticos y probatorios de
última hora; semejante irrupción constituye medio nuevo y es
entonces repulsado (…), sobre la base de considerarse, entre otras
razones, que ‘se violaría el derecho de defensa si uno de los
litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o
planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto
de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría
podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el
proceso, la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos,
equivaldría a la pretermisión de las instancias, de las
formas propias del trámite requerido, con quebranto de la
garantía institucional de no ser condenado sin haber sido
oído y vencido en juicio (LXXXIII 2169, página 76)’” (CSJ, SC del
9 de septiembre de 2010, Rad. n.° 2005-00103-01)» (CSJ
SC18500-2017, 9 nov.).
Con similar orientación, recientemente se insistió en la
necesidad de rechazar
«(...) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de
forma novedosa para cuestionar la decisión recurrida (SC,
16 jul. 1965, G. J. n.° 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en
salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio
extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema
decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o
proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una
decisión favorable. “Total que, según el transcrito numeral 3 del
artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el embiste debe ser
preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de
la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de
ellas para traer reflexiones de último minuto o aspectos que
están por fuera de la discusión” (negrilla fuera de texto,
AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.° 2005-00036-02). “Con esta
prohibición también se tutelan los derechos de defensa y
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contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse
sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma fáctica que
varíe la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de
controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que
en los grados jurisdiccionales se discutan las materias
fácticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al
final para izar tópicos con los que se pretende una
resolución favorable” (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019,
rad. 2005-00539-01)» (CSJ SC2779-2020, 10 ago.).
3.6. Dado que la crítica propuesta carece de enfoque,
es incompleta, novedosa e intrascendente de cara a la
resolución que se combate, concluye la Corte que el único
cargo propuesto no puede prosperar.
4. Precisiones adicionales.
A pesar de que la pretensión de rescisión por lesión
enorme estaba condenada al fracaso, el punto pasó
inadvertido para los jueces de ambas instancias, quizá
porque el texto de la demanda reformada, que el tribunal
calificó de «impreciso, vago y oscuro», o la desprolija forma como
los litigantes materializaron su negociación, pudieron
dificultar en gran medida la comprensión de las aristas
fácticas y jurídicas de este conflicto.
En ese contexto, es pertinente clarificar que la juez de
primer grado declaró la lesión enorme porque contrastó el
valor de los bienes transferidos por el actor con lo
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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efectivamente recibido por este, perdiendo de vista que el
justo precio al que alude el artículo 1947 del Código Civil
debe compararse con el contenido obligacional del acuerdo
de voluntades al que arribaron los estipulantes, sin que sea
necesario auscultar cuáles de esa cargas fueron satisfechas
durante la etapa de ejecución del contrato.
El tribunal, a su turno, creyó improcedentemente que
en una permuta las partes deben determinar el valor en
dinero que asignan a las especies que intercambian, cuando
en realidad la conmutatividad del pacto solo se construye
alrededor de esas especies, de modo que lo que un
permutante da al otro es, a la vez, cosa y precio. Cuestión
distinta es que, para verificar el vicio de lesión enorme, sea
necesario cuantificar en dinero las prestaciones a cargo de
cada uno de los estipulantes –lo que ofrecen en permuta–,
pues solo de esta forma se viabiliza su comparación.
Con relación a esta temática, en añosa y pertinente
jurisprudencia se decantó lo siguiente:
«No existen, entre la permuta y la venta, fundamentales
diferencias (...). A este respecto debe anotarse, en primer término,
que la venta no es sino una derivación de la permuta ya que, como
es bien sabido, en la historia de las sociedades este contrato
precede a aquél, que solo surge con la creación del signo
monetario. Por esto se ha dicho y repetido, con razón, que en
realidad la venta es un perfeccionamiento de la permuta, o una
simple derivación de esta. Cierto es que en el contrato de venta se
distinguen nítidamente, el vendedor y el comprador, la cosa
vendida y el precio que por ella se paga, al paso que en el contrato
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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de permuta cada uno de los contratantes es, a la vez, vendedor y
comprador, y cada una de las cosas que se cambian es, a la vez;
cosa y precio; así lo expresa el artículo 1958 del Código Civil. Pero
cierto es también que, no obstante la diferencia anotada, existe
entre tales contratos una profunda semejanza por lo que hace a
los efectos que producen y a las obligaciones que de ellos nacen.
Esto último explica por qué en el Código Civil, obra que contiene
una extensa reglamentación sobre el contrato de venta, solo se
encuentran cuatro textos relacionados con el contrato de permuta,
el último de los cuales ordena: “Las disposiciones relativas a la
compraventa se aplicarán a la permutación en todo le que no se
oponga a la naturaleza de este contrato”. Acertado método
legislativo este, comoquiera que una reglamentación detallada del
contrato de permuta solo hubiera constituido una inútil repetición
de casi todas las disposiciones referentes al contrato de venta.
Debe observarse, además, que en el contrato de permuta hay
precio, lo mismo que en el de venta. No hay, por este aspecto,
diferencia sustancial entre los mencionados contratos. En el de
venta “el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama
precio” (artículo 1849 del Código Civil); en el contrato de permuta
“cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que
da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirar como el
precio que paga por lo que recibe en cambio” (artículo 1958 ibídem),
siendo de advertir que en la compraventa no es esencial que el
precio se pague, en su totalidad, en dinero, como no lo es en la
permuta que el precio consista, íntegramente, en otra cosa. En
ambos contratos el precio puede consistir parte en dinero y parte
en otra cosa, siendo por este aspecto tan semejantes las
situaciones que pueden presentarse (...).
Ahora bien; si en la permuta lo mismo que en la venta, hay precio,
necesario es concluir que las disposiciones referente a la rescisión
por causa de lesión enorme (disposiciones que, como lo expresa el
recurrente, se refieren especialmente al precio) no son
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incompatibles con la naturaleza de aquel contrato. Ninguna
dificultad presenta la aplicación de estas reglas en el contrato de
permuta, contrato en el cual es posible, lo mismo que en el de
venta, determinar si el precio fue justo o injusto. Así como en este
es posible saber, mediante el justiprecio de la cosa vendida en la
fecha del contrato, si alguno de los contratantes sufrió lesión
enorme, en el contrato de permuta la confrontación de los precios
de las cosas cambiadas es suficiente para comprobar si tal lesión
existió en alguno de los permutantes» (CSJ SC, 21 sep. 1954,
G. J. t. LXXVIII, pág. 634-644).
5. Pronunciamiento sobre la solicitud de «casación
oficiosa» elevada por el recurrente.
Según lo tiene decantado el precedente, en la actualidad
la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas
complementarias, relacionadas con el recurso de casación: (i)
la selección negativa, o posibilidad de desprenderse del
conocimiento de una demanda de sustentación formalmente
adecuada, pero que no sirva a los propósitos del remedio
extraordinario (artículo 347, Código General del Proceso); (ii)
la selección positiva, o potestad de estudiar de fondo un
caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (artículo 16,
Ley 270 de 1996); y (ii) la posibilidad de casar de oficio la
sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable
configuración de una de las hipótesis que prevé el inciso final
del artículo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es
«cuando sea ostensible que la [sentencia impugnada] compromete
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos
y garantías constitucionales».
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Estos poderes oficiosos deben ejercerse con prudencia,
y sin perder de vista que el recurso extraordinario de
casación no constituye una suerte de tercera instancia, en la
que puedan replantearse sin cortapisas todas las discusiones
que se ventilaron y definieron ante los falladores ordinarios,
«postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones
excepcionales, encuentran su punto final en el fallo proferido por el
tribunal, el cual llega revestido de la doble presunción de legalidad
y acierto» (SC003-2021, 18 ene.).
En ese sentido, la institución que consagra el precepto
336 del Código General del Proceso no puede convertirse en
un reclamo genérico de parte, que –ante el fracaso de sus
acusaciones– constriña a la Corte a analizar sin restricciones
formales todos y cada uno de los aspectos de la controversia
sometida a su escrutinio; menos aún ensayar soluciones
totalmente diversas a las que se debatieron durante la
primera y segunda instancia.
La aludida facultad es, ni más ni menos, una
prerrogativa otorgada a la Corte, a la que esta debe acudir
autónomamente, siempre que evidencie la imperiosa
necesidad de ampliar el marco de sus competencias para
conjurar alguna de las graves irregularidades que previó el
legislador en la disposición legal precitada. No es una tabla
de salvación a la que pueda aferrarse el inconforme cuando
sus censuras no se abran paso.
5.2. Decantado lo anterior, la Sala de Casación Civil no
advierte que, de forma irrebatible y grave, la decisión
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
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desestimatoria del tribunal comprometa «el orden o el patrimonio
público», ni que atente «contra los derechos y garantías
constitucionales». Al contrario, esa solución parece responder a
la oscuridad y las deficiencias conceptuales de la demanda
reformada, que se suman a la desatención de la carga
probatoria asignada a la parte actora.
Ante ese panorama, cualquier intervención oficiosa de
la Corte se enfrentaría a las dificultades propias de un caudal
demostrativo insuficiente y un marco litigioso ciertamente
limitado, que desaconsejan variar de oficio el fallo del ad
quem, máxime cuando las referidas restricciones son
consecuencia de la incuria y escasa prolijidad con las que el
convocante atendió sus deberes procesales.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 16 de abril de
2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso
verbal que promovió Elio Fabio Abadía Badillo contra Antonio
Jesús y José Bernardo Gómez Castaño.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como
impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta
Radicación n.° 17001-31-03-001-2018-00227-01
33
actuación. En la liquidación inclúyanse $6.000.000, por
concepto de agencias en derecho.
TERCERO. Por secretaría remítase el expediente al
tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda Gonzalez Neira
Álvaro Fernando García Restrepo
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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