Texto del documento 248.730 caracteres
1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC941-2025
Radicación n.° 05034-31-12-001-2016-00256-01
(Aprobado en sesión celebrada en la ciudad de Cali- Valle del Cauca el
veintisiete de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Diana
María Muñoz Tobón y Margarita de Jesús Tobón Paniagua
frente a la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por la
Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia. Dentro del proceso verbal que
instauró Manuel Felipe Ramírez Peláez en contra de las
impugnantes y otros.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión1
1 Páginas 10-13 del PDF «Demanda hasta inicio de Anexo No. 10», cuaderno de primera
instancia y páginas 29-31 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de
primera instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
2
Manuel Felipe Ramírez pidió la declaratoria de
simulación relativa del contrato de compraventa de acciones
contenido en la escritura pública No. 305 del 9 de marzo de
2009. En consecuencia «se hagan prevalecer los efectos de la
declaración oculta y se extingan los del contrato aparente, en el sentido
que el verdadero propietario de las acciones es el señor Manuel Felipe
Ramírez en virtud de la donación que le hiciese su señora madre».
Además, solicitó que se reconociera la simulación
absoluta del contrato de compraventa contenido en la
escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaría Única del Círculo de Jardín – Antioquia «en lo que
respecta a la transferencia de Manuel Felipe y de manera relativa en lo
que respecta de la transferencia de Gabriel Darío Múnera Agudelo». Así,
rogó que se diga en la sentencia que el propietario único del
inmueble objeto de dicho acto – la finca La Glorieta - es
Manuel Felipe Ramírez.
Asimismo, pretendió la simulación absoluta del «contrato
de compraventa de acciones (cesión de acciones) celebrado mediante
acta No. 5 del 2 de julio de 2009 de la Junta de socios de Power Motors
Yamaha Ltda. protocolizada mediante escritura pública No. 1995 del 22
de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín». Y en virtud de
ello «se declare inválida absolutamente la transferencia de las acciones
que hiciere posteriormente Luis Eduardo Ramírez a Margarita Tobón
mediante escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín». También requirió la simulación absoluta
de los contratos de arrendamiento suscritos sobre la finca La
Glorieta.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
3
Con todo, peticionó la cancelación de los registros
respectivos. Solicitó condenar a la demandada, como
poseedora de mala fe, a la restitución de los bienes objeto de
las transacciones antes referidas y al pago de los frutos
civiles desde el año 2015 hasta la fecha de las restituciones.
E instó a condenarla en costas y agencias en derecho.
Subsidiariamente, suplicó que se declarara rescindido
por lesión enorme el contrato de compraventa contenido en
la escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009. Que
se condenara «a la demandada a completar el justo precio o a restituir
el inmueble con las consiguientes prestaciones, ordenándose además la
cancelación de la escritura y su registro más el pago de las costas del
proceso».
En defecto de lo anterior, demandó la simulación del
contrato de compraventa de acciones contenido en la
escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014.
Subsiguientemente, peticionó la prevalencia de la
declaración oculta «en el sentido de que el verdadero propietario de
las acciones es el señor Luis Eduardo Ramírez». Solicitó la
cancelación de la escritura y su registro. Y condenar a la
pasiva, como poseedora de mala fe, «al pago de los frutos civiles
producidas por las acciones desde el año 2015 hasta el momento que se
registre en el libro de accionistas la sentencia que ponga fin al presente
proceso».
2. La causa petendi2
2 Páginas 2-9 del PDF «Demanda hasta inicio de Anexo No. 10», cuaderno de primera
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
4
El señor Manuel Felipe Ramírez Peláez adujo que
conoció a Diana María Muñoz en el año 2002. Que
sostuvieron una relación sentimental en el marco de la cual
convivieron «desde febrero del 2004 hasta el noviembre del año 2009».
Narró que junto con Diana María Muñoz y Rosalía Peláez de
Ramírez constituyó la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.
– hoy Power Motors Yamaha S.A.S. - mediante escritura
pública No. 551 del 18 de abril de 2005 otorgada en la
Notaría 22 de Medellín y registrada en la Cámara de
Comercio de Medellín el 20 de abril de 2005.
Indicó que «los aportes de cada accionista fueron: 1. Manuel
Felipe Ramírez, capital y trabajo. 2. Diana María Muñoz Tobón, trabajo.
3. Rosalía Peláez de Ramírez facilitó un inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 004-13769 como garantía a Incolmotos
Yamaha S.A.». Añadió que la composición accionaria inicial de
la sociedad era de 5.000 cuotas sociales de titularidad de
Manuel Felipe, 2.500 cuotas sociales a favor de Diana María
y 2.500 de propiedad de Rosalía Peláez. Relató que «el 29 de
enero de 2007 se reunió la junta de socios de la sociedad Power Motors
Yamaha LTDA. y aprobó estados financieros del año 2006 y la “cesión”
de las cuotas de la señora Rosalía Peláez de Ramírez a la señora Diana
María Muñoz Tobón». Señaló que en el acta se consignó como
valor de la cesión la suma de $3.000.000 y se reportó como
utilidad del año 2006 la suma de $56.312.830. Invocó que
dicha cesión «realmente fue un negocio simulado (simulación relativa)
que tuvo por fin ocultar una donación de la señora Rosalía a su hijo
Manuel, no realizar el proceso de insinuación ni pagar los impuestos que
acarrea este tipo de actos». Y aseguró que era indicativo de la
simulación, el precio pactado y el medio de pago –
$3.000.000 en efectivo por un 25% de participación en una
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
5
sociedad que había arrojado como utilidad para el año 2006
$56.312.830- ; la cercanía entre Rosalía y quien era su
nuera, Diana María Muñoz y la continuidad del aporte de
Rosalía, puesto que pese a perder su vinculación con la
sociedad, dejó su inmueble como garantía de Incolmotos
Yamaha S.A.
Por otra parte, manifestó que Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo «fueron socios en distintos
proyectos productivos en terrenos arrendados y en bienes propios, como
finca La Glorieta, Las Macanas, Las Florestas y Serranías». Que esta
sociedad terminó de mutuo acuerdo a principios del 2009.
En virtud de ello, hicieron una liquidación en donde Manuel
quedó a cargo de unas deudas propias y que le correspondían
pagar a Gabriel. En cuanto a los activos, a Manuel le
correspondió «además de algunos bienes muebles, el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-33002, denominado La
Glorieta». A su vez, «el señor Manuel le transfirió al señor Gabriel,
además de algunos bienes muebles, su participación en la finca Las
Macanas, mediante la escritura pública No. 362 del 15 de octubre de
2009 de la Notaría Única del Círculo de Jardín - Antioquia». Sin
embargo, con «fines de precautelar todo lo posible su patrimonio por
las deudas que tenía a su nombre pero que por la liquidación le
correspondía pagar a su ex socio», Manuel le solicitó a Gabriel que
pasara su 50% de titularidad en la finca La Glorieta a Diana
Muñoz. Y en la misma escritura y con el mismo fin, Manuel
transfirió su 50% sobre el mismo inmueble a favor de Diana
Muñoz. De esta forma, el 100% del predio pasó a ser de
propiedad de Diana Muñoz.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
6
El anterior acto quedó consignado en la escritura
pública de compraventa No. 361 del 15 de octubre de 2009
de la Notaría Única del Círculo de Jardín – Antioquia. Frente
al cual se afirmó que «la simulación fue absoluta respecto del señor
Manuel y relativa respecto del acto del señor Gabriel». Relacionó como
hechos indicadores: i) el precio pactado de $45.700.000 y su
forma de pago en efectivo, teniendo en cuenta que el valor
catastral del inmueble ascendía para el año 2009 a la suma
de $45.680.00 y el valor que fue asignado en la liquidación
hecha por Manuel y Gabriel fue de $500.000.000. ii) la
cercanía entre Manuel y Diana. Iii) La continuidad de la
explotación económica y de inversión en el predio por parte
de Manuel, por ejemplo, a través de la construcción de
pesebrera, cultivo de curuba, banano y limón; construcción
de beneficio de café; arreglo de la casa del mayordomo;
construcción de tanques y acueducto; arreglos de la casa
principal; pago del impuesto predial; entre otros. Iv) y el
hecho de que «los trabajadores de la finca siguieron teniendo como
propietario y patrono al señor Manuel».
Adicionalmente, el actor esgrimió que dentro del plan
para proteger su patrimonio, «acordó simular la cesión de sus
acciones en la compañía Power Motors Yamaha Ltda». Por lo que el 2
de julio de 2009 «se reunió la junta de socios de la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda. y decidió aprobar la “cesión” de las 140.000
cuotas sociales que el señor Manuel tenía en la compañía a la señora
Diana, 126.000 y al señor Luis Eduardo Ramírez 14.000». Acto que se
instrumentalizó en la escritura pública del 22 de octubre de
2009 de la Notaría Quinta de Medellín. Del que también
reputó su simulación por el precio a valor nominal pactado,
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
7
su forma de pago en efectivo, la cercanía entre las partes y la
continuidad de Manuel Felipe en la representación de la
sociedad, su participación en las utilidades, la construcción
de obras y el manejo de la compañía.
Asimismo, indicó que la simulación se mantuvo en el
tiempo «debido al largo plazo de las deudas hipotecarias, la confianza
entre las partes, el respeto del acuerdo oculto y el lamentable accidente
de tránsito del que Manuel fue encontrado responsable y se convirtió en
un riesgo considerable para su patrimonio». Anotó que el pacto
oculto no se alteró. Razón por la cual el inmueble que
garantizaba obligaciones de Incolmotos Yamaha S.A. fue el
mismo desde la creación de Power Motors Yamaha Ltda.
hasta el 25 de julio de 2014 cuando a razón de un embargo
se solicitó el cambio de la garantía. Adicionó que simuló
absolutamente celebrar un contrato de arrendamiento con
Diana Muñoz sobre la finca La Glorieta «al solicitar un crédito al
banco Davivienda», entidad en donde le exigieron que «como no
aparecía como dueño, aportara un contrato de arrendamiento para
concederle un crédito agropecuario». Pero «no se cuidó de guardar una
copia al considerarlo innecesario». Y que luego, producto de
problemas con algunos trabajadores en Power Motors
Yamaha y en la finca en el año 2013, Diana le sugirió que
firmaran un «segundo contrato de arrendamiento respecto a la finca
La Glorieta ya que del primero ni ella había conservado copia». El cual
suscribieron en el año 2014, con la advertencia de que su
ejecución había iniciado «desde el momento de la compraventa
simulada» y contentivo de un canon de $1.500.000. No
obstante, «para las partes era claro que Manuel era el dueño de la
finca», nunca se pagó el canon pactado, Manuel Felipe siguió
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
8
ejerciendo el dominio sobre el predio, «las ventas en su mayoría
se hacían a nombre de Diana quien le entregaba el dinero a Manuel, lo
mismo con las facturas de materiales que podían salir a nombre de
Diana o la sociedad, pero eran pagadas por Manuel».
Por último, señaló que en febrero de 2014 le solicitó a
Luis Eduardo «que le entregara a Diana las acciones que le habían
“cedido”». De este modo, «Manuel decidió que se simulara otra cesión
esta vez de su hermano Luis Eduardo a la mamá de Diana, la señora
Margarita de Jesús Tobón». Consignada en la escritura pública
No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría 16 de Medellín.
Al igual que en las demás transacciones que se reputan
simuladas, alegó que el precio acordado fue el valor nominal
en efectivo y que la cesión se hizo «a la mamá de una persona a la
que se le tenía absoluta confianza».
3. Posición de la parte demandada
Diana María Muñoz Tobón se opuso a las pretensiones
de la demanda. En su defensa, esgrimió las siguientes
excepciones de mérito3: i) «INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN,
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN COMERCIAL Y PRESCRIPCIÓN Y
RENUNCIA DE LA ACCIÓN POR LESIÓN ENORME»; ii) «LEGALIDAD Y
DEBIDA CELEBRACIÓN DE ACTOS DE COMERCIO»; iii) «INEXISTENCIA
DE LA SIMULACIÓN». Iv) «MALA FE Y FRAUDE PROCESAL».
A su vez, Margarita de Jesús Tobón Paniagua se opuso
a las peticiones del líbelo introductor. Como medios
3 Páginas 81-83 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
9
exceptivos planteó4: i) «Inexistencia del acto simulado, o la acción
simulatoria»; ii) «Validez de los contratos celebrados»; iii) «Ausencia de
perjuicio a acreedores». Iv) «Prescripción ordinaria de la acción de
simulación, pues han trascurridos más de cinco años, entre la realización
del acto que se pretende sea declarado simulado y el ejercicio de la
actividad procesal»; y V) «Falta de legitimación por activa, ya que solo
los contratantes y sus acreedores quienes recíprocamente pueden
intentar la invalidación de un contrato, sea por simulación, lesión enorme
o cualquier contrato celebrado, es decir el demandante no fue parte de
ninguno de los contratos celebrados y que pretende se declaren
simulados».
Por su parte, Luis Eduardo Ramírez Peláez contestó la
demanda en el sentido de admitir los actos simulados y
estarse a lo probado frente a cada una de las pretensiones5.
En cuanto a Gabriel Darío Múnera Agudelo, aceptó la
simulación respecto a la finca La Glorieta y se atuvo a lo que
se acreditara en lo relacionado con el petitum6. Finalmente, la
curadora ad-litem de los herederos indeterminados de Rosalía
Peláez dijo no constarle la mayoría de los hechos y someterse
a lo que se probara en el proceso7.
4. Sentencia de primera instancia
4 Página 105 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
5 Página 120 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
6 Página 123 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
7 Páginas 129-132 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de
primera instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
10
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Andes –con
sentencia del 20 de noviembre de 20188- negó las
pretensiones de la demanda. Condenó al actor al pago del 3%
de lo pedido, a título de agencias en derecho. Y ordenó
cancelar y levantar las medidas cautelares decretadas en el
trámite.
5. Sentencia de segunda instancia
Al resolver la alzada presentada por el demandante, la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia -con sentencia del 28 de febrero de 2022- revocó
parcialmente el fallo impugnado. En su lugar, declaró la
simulación del contrato de compraventa sobre la finca “La
Glorieta”, contenido en la escritura pública No. 361 del 15 de
octubre de 2009. De manera absoluta con respecto a la
transferencia del señor Manuel Felipe Ramírez a Diana María
Muñoz Tobón y de manera relativa en lo concerniente a la
transferencia realizada por Darío Múnera Agudelo a favor de
Diana María Muñoz Tobón «puesto que la verdadera intención del
precitado Múnera Agudelo era transferirle su derecho sobre el predio en
comento al señor Manuel Felipe Ramírez Peláez (…). De tal suerte que
debe tenerse como propietario del 100% del inmueble con matrícula
inmobiliaria Nº 004-33002 al referido Manuel Felipe Ramírez Peláez (…)
empero, se mantienen incólumes los derechos de los terceros ajenos al
acuerdo simulatorio, como las garantías civiles contenidas en las
escrituras públicas Nº 972 del 21 de septiembre de 2006 y Nº 539 del 4
de junio de 2012, ambas de la Notaría de Andes, mediante las cuales se
constituyó hipoteca a favor de Bancolombia S.A.». Además, el ad-quem
8 Página 221 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
11
desestimó el pago de los frutos civiles desde el año 2015
hasta la entrega material del inmueble.
Igualmente, declaró la simulación absoluta de la «cesión
ficticia de las cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda. por parte
de Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz Tobón y Luis
Eduardo Ramírez Peláez contenida en la Escritura Pública Nº 1995 del
22 de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín. Asimismo, de
manera consecuencial, se declara probada la simulación de la cesión
ficticia de las cuotas sociales efectuada por Luis Eduardo Ramírez Peláez
a la señora MARGARITA DE JESUS TOBON PANIAGUA llevada a cabo
mediante escritura pública 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín». En consecuencia, ordenó a Diana María
Muñoz Tobón pagar a Manuel Felipe Ramírez la suma de
$126.000.000 por concepto de valor simulado de la cesión de
las 126.000 cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda.
Suma que deberá actualizase conforme al IPC desde el 22 de
octubre de 2009 hasta cuando se efectúe el pago. También,
dispuso que Margarita de Jesús Tobón debía pagar al
demandante la suma de $14.000.000 «equivalente al valor
simulado de la cesión de las 14.000 cuotas sociales de Power Motors
Yamaha Ltda. y cuyo valor deberá actualizarse conforme al IPC desde
la fecha de celebración de la escritura pública última mencionada (5 de
marzo de 2014) hasta cuando se haga efectivo el pago». Y condenó en
costas en ambas instancias a Diana María Muñoz Tobón y a
Margarita de Jesús Tobón Paniagua.
Contra esta decisión, se presentó recurso de casación.
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
12
El ad-quem estableció como problemas jurídicos a
resolver los siguientes: «si ¿La juez de la causa violó de manera
indirecta la ley sustancial, al incurrir en “ERROR DE HECHO POR FALSO
JUICIO DE EXISTENCIA”, “ERROR DE HECHO POR FALSO JUICIO DE
IDENTIDAD”, ¿y “ERROR DE DERECHO POR FALTA DE VALORACIÓN
EN CONJUNTO Y DE ACUERDO CON LA SANA CRÍTICA”?»9. Inició su
análisis con la revisión de la figura de la simulación
contractual. Explicó que esta tiene consagración legal en el
artículo 1766 del Código civil. Puede ser absoluta, cuando las
partes crean un contrato ficticio sin efectos reales, o relativa,
cuando el contrato simulado oculta otro negocio jurídico
distinto. Indicó que para que la simulación sea declarada, se
requiere probar la «a) Falta de concordancia entre la voluntad real y
la voluntad declarada o pública; b) La connivencia o consenso
simulatorio entre los partícipes y c) La causa o móvil “cumplido” por las
partes que intervienen en el negocio, de engañar a terceros»10. Luego
procedió a citar la sentencia del 30 de noviembre de 2010,
rad. 2005-00181-01 de esta Corporación, sobre la
simulación relativa por interposición ficticia de persona.
Destacó que «el sustrato de la acción de simulación radica en el poder
revelar el acto secreto que contenga la verdadera expresión de la
voluntad de los contratantes, bien sea que esta consista en la ausencia
de todo vínculo jurídico (simulación absoluta), o bien en la realización de
un acto jurídico de diferente naturaleza o revestido con condiciones
diferentes a las que aparenta el acto ostensible (simulación relativa). Y
precisamente hacia ese objetivo deben apuntalar las pruebas, siendo así
como para acceder a las pretensiones perseguidas mediante dicha
acción se requiere: que el demandante tenga derecho para proponer la
acción, que se demuestre la existencia del contrato ficticio y que los
9 Páginas 62-63 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
10 Página 63 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
13
medios probatorios sean lo suficientemente eficaces y conducentes para
formar plena convicción sobre la ficción»11.
Tras citar varios precedentes jurisprudenciales de esta
Sala sobre el alcance de la interpretación judicial en asuntos
simulatorios, el ad-quem se propuso analizar «la ratio decidendi
expuesta en la parte motiva del fallo recurrido, los argumentos
esgrimidos por el extremo recurrente, la normatividad y la jurisprudencia
que regulan la materia objeto de debate y los medios probatorios
oportuna y legalmente arrimados al proceso»12. Para empezar, indicó
que para el fallador de primer grado «la parte actora no cumplió
con la carga probar la simulación de los actos jurídicos demandados»13.
Por lo que procedió a estudiar los motivos de reparo
expuestos en la alzada.
Así, frente a los reproches relacionados con la falta de
valoración de la experticia decretada y practicada en el
proceso, el Tribunal constató que «la sentencia apelada no valoró
la prueba pericial; empero, tal omisión per se no conlleva a revocar la
providencia, pues para ello requiere comprobarse que este medio
probatorio, confrontado con el restante conjunto probatorio sirve de
sustento para variar favorablemente la situación del impugnante»14.
Para analizar la admisibilidad de dicho medio suasorio el
sentenciador recapituló que «con la demanda se aportó como
prueba el dictamen pericial elaborado por la Contadora Pública Gloria
Marina Londoño Ciro, “…respecto al valor real de las acciones de la
11 Página 66 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
12 Página 69 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
13 Ibidem.
14 Página 71 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
14
sociedad Power Motors para el año 2006”»15. Memoró que en
audiencia inicial del 10 de octubre de 2017 se decretó prueba
pericial en los siguientes términos «bajo los parámetros del
artículo 265 y siguientes del código general del proceso, se requiere a la
señora DIANA MARÍA MUNOZ TOBÓN, para que facilite la práctica del
estudio pericial que requiere la parte actora a folio 16 así como los libros
y papeles de comercio a folio 17 y 18 (…) La prueba pericial será
presentada al menos 10 días ante de la fecha que se señale a la
audiencia de instrucción y juzgamiento con requerimiento a la parte
demandada para facilitar la documentación, permitir el ingreso al perito
que esta relacionadas GLORIA MARINA LONDOÑO CIRO y RICARDO
CASTRILLÓN, estas dos personas. RICARDO CASTRILLÓN es quien
queda autorizado para ingresar al inmueble y GLORIA MARIA LONDOÑO
puede tener acceso a la documentación que se requiera” (fls. 133 a 135
C-1)»16.
Relató que cuando la perito contadora Gloria Marina
Londoño Ciro presentó la experticia solicitada por el
demandante manifestó que, aunque no había sido designada
por las partes o sus apoderados en ningún otro dictamen,
había colaborado con los abogados del actor en temas de
consultoría contable y tributaria. Aspecto que en criterio del
Colegiado «significa que actuó como dependiente del referido
apoderado, en un asunto diferente al objeto del dictamen presentado en
el proceso de la referencia (Nº 5 art. 141 CGP), circunstancia que conlleva
a restar credibilidad a este dictamen, puesto que la circunstancia
descrita genera prevención respecto a tal probanza, en razón a que ello
15 Ibidem. Dictamen que tenía por objeto establecer «a) ¿Cuál es el EBITDA de la
compañía para el año 2009 y en adelante? b) ¿Cuál es el valor intrínseco de las acciones
o cuotas sociales en los años 2009 en adelante? c) ¿Cuál sería el valor real de las
acciones o cuotas sociales si se hubieran vendido en el año 2009 y siguientes? d) ¿Cuál
es la curva de resultados de la sociedad Power Motors Yamaha Ltda. desde 2009 hasta
hoy?».
16 Página 74 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
15
puede afectar la imparcialidad de la misma, a favor del apoderado que
representa la parte actora (…) en otras palabras, el perito en su calidad
de auxiliar judicial está sujeto a la misma garantía de independencia
que el juez, y no debe estar subordinado a nadie, solo a su conocimiento
y a la lex artis, garantías que no se cumplieron en el caso de la referencia
por la perito Gloria Marina Londoño Ciro, en razón a que no cumple el
principio de la neutralidad»17. Lo que llevó al Tribunal a restarle
fuerza demostrativa al dictamen pericial.
Ahora bien, en cuanto a la valoración probatoria, el
juzgador revisó los elementos de juicio presentados y destacó
que en la primera instancia no se hizo una adecuada
ponderación de ciertos indicios relevantes. Así, una vez
relacionados los antecedentes procesales sobre la prueba
pericial estimó que «la juez de primera instancia no analizó la
conducta omisiva de Diana María Muñoz Tobón para colaborar con la
producción de la prueba pericial, pese a que, en el proceso civil, las
partes tienen el deber de cooperar en toda la actividad probatoria. En
relación a lo anterior, el artículo 233 del CGP establece que las partes
tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos
necesarios para el desempeño de su cargo, y si no lo hicieren, tal omisión,
se hará constar así en el dictamen y el juez apreciará tal conducta como
indicio en su contra; asimismo, el juez deberá tener en cuenta las razones
que las partes aduzcan para justificar su negativa a facilitar datos,
cuando lo pedido no se relacione con la materia del litigio o cuando la
solicitud implique vulneración o amenaza de un derecho propio o de un
tercero. En concordancia con lo anterior, los artículos 241 y 242 ibidem
prescriben que el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de
las partes; y apreciará los indicios en conjunto, teniendo en
17 Páginas 75-76 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
16
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, así como su
relación con las demás pruebas que obren en el proceso»18.
En ese orden de ideas, el Colegiado precisó que aunque
constató la conducta omisiva de la pasiva «resulta necesario
analizar las otras censuras planteadas por la parte recurrente, pues la
falta de análisis del juez respecto a la conducta procesal de Diana María
Muñoz Tobón, por sí sola, no tiene el alcance de demostrar la simulación
de los negocios jurídicos demandados y para tales efectos resulta
imperioso la apreciación del conjunto probatorio, tal y como lo establece
el artículo 176 del CGP»19. Por demás aclaró que «la presunta
contradicción en el interrogatorio de la señora Muñoz no constituye un
indicio en su contra, como lo adujo la parte recurrente, situación que
únicamente se presenta en los casos establecidos en el inciso final del
artículo 205 del CGP, esto es, “Si las preguntas no fueren asertivas o el
hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta
evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en
contra de la parte citada”»20. Y en lo atinente a la alegada
influencia ejercida por Diana Muñoz sobre los testigos
advirtió que «in casu, refulge nítido que en la sentencia se aceptó la
tacha de falsedad (art. 211 CGP) de la testigo Aleida Luz Posada Ríos,
en razón al vínculo laboral que tenía con Diana María Muñoz Tobón y
debido a que la juez de la causa observó que cuando la testigo respondía
miraba a la demandada, quien le hacía gestos de asentimiento»21. No
obstante, indicó que «la juez de la causa al valorar la conducta
procesal de la convocada Diana María Muñoz Tobón, no la integró al
proceso como una prueba indiciaria y por ende no permitió su
contradicción, por tanto, no resulta procedente en sede de segunda
18 Páginas 77-78 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
19 Página 79 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
20 Página 81 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
21 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
17
instancia apreciar tal conducta como un indicio, pues ello conllevaría a
violentar el derecho fundamental del debido proceso de la codemandada
Muñoz Tobón.22
Seguidamente, analizó lo concerniente a la capacidad
económica de la demandada y concluyó que no se aportaron
pruebas suficientes para demostrar que contaba con los
recursos necesarios para adquirir los bienes en cuestión.
Esto en tanto i) «la juez de la causa le dio credibilidad al contrato de
obra suscrito el 20 de octubre de 2012, por Diana María Muñoz Tobón,
en calidad de Representante Legal de Power Motors Yamaha Ltda., y
Carlos Andrés Zapata Zorrilla, en calidad de contratista, por una
duración de 10 meses, el cual tenía por objeto: “CONSTRUCCION
BODEGA Y ALMACEN DIG 53 N 50- 26” (fls. 110 a 111 C-4), y contrastó
esta prueba documental con la declaración del contratista, relacionada
con el periodo en el cual se ejecutó la referida obra civil y el proveedor de
los materiales; sin embargo, no valoró la integralidad del testimonio
sobre el conocimiento de los hechos relevantes del caso, tal y como lo
prescribe el artículo 176 del CGP»23. Ii) «al escuchar la totalidad de la
declaración de Luis Eduardo Ramírez Peláez obrante en el Min. 58:00 a
1:06:00 CD-C1 audiencia inicial, se advierte por esta Colegiatura que tal
declaración no fue valorada íntegramente, conforme lo establecen los
artículos 176 y 191 del CGP y en razón de ello, la motivación de la
sentencia recurrida presenta una deficiencia en la justificación fáctica, lo
que conllevó a que la decisión adoptada no haya efectuado un análisis
correcto o aceptable de las negociaciones contenidas en las escrituras
públicas N° 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaria Quinta de
Medellín y N° 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis de
Medellín, en las que intervino el codemandado Luis Eduardo Ramírez
Peláez»24.
22 Página 82 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
23 Página 85 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
24 Páginas 86-87 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
18
Prosiguió con una valoración probatoria de cara al caso
concreto. Para lo cual recapituló las pretensiones de la
demanda. Luego, encontró como hechos pacíficos los
siguientes: «i) Manuel Felipe Ramírez Peláez y Diana María Muñoz
Tobón se conocieron en el año 2002, mantuvieron una relación
sentimental, y en razón de ella convivieron juntos desde 2004 el año al
mes de noviembre de 2008, fecha en la cual terminó dicha relación
amorosa; ii) La constitución de la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.
por parte de Diana María Muñoz Tobón, Manuel Felipe Ramírez Peláez y
la fenecida Rosalía Peláez de Ramírez (fl. 914 C-3). Este hecho se puede
corroborar mediante la escritura pública N° 551 del 18 de abril de 2005
otorgada ante la Notaría 22 de Medellín y el certificado de existencia y
representación legal del referido ente societario (fls. 1 fte. a 5 vto. y 8 fte.
a 10 fte. C-3) (…). La responsabilidad de los socios se encontraba
limitada al monto de sus aportes; asimismo, se establece el
procedimiento para negociar las cuotas sociales; las facultades del
presentante legal; el objeto social; la junta general y reuniones de la
junta de socios; la duración de la sociedad; las utilidades o perdidas, y
su distribución; la disolución y liquidación; los nombramientos: Manuel
Felipe Ramírez Peláez (Gerente) y Diana María Muñoz Tobón
(Subgerente) por un periodo de dos años (fls. 1 fte. a 5 vto. C-3)»25. Y
apuntó que «es un hecho cierto que Incolmotos Yamaha S.A. requería
una garantía real para otorgar un cupo de crédito, y la fenecida Rosalía
Peláez de Ramírez hipotecó su heredad identificada con la matrícula
inmobiliaria N° 004-13769, acto jurídico que benefició la ejecución del
objeto social de Power Motors Yamaha Ltda.; empero, ello no significa
que Rosalía Peláez de Ramírez hubiese aportado tal predio a Power
Motors Yamaha Ltda.»26.
25 Páginas 89-90 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
26 Página 91 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
19
A continuación, se pronunció frente a cada una de las
pretensiones de la demanda. Frente a la primera, esto es, la
simulación relativa de la cesión de las cuotas o partes de
interés social de Power Motors Yamaha Ltda. por parte de
Rosalía Peláez de Ramírez a Diana María Muñoz Tobón,
estudió la escritura pública No. 551 del 18 de abril de 2005,
mediante la cual se constituyó la sociedad Power Motors
Yamaha Ltda. por parte de Diana María Muñoz Tobón,
Manuel Felipe Ramírez Peláez y la fenecida Rosalía Peláez de
Ramírez; los documentos del 2 de diciembre de 2006
remitidos por Rosalía Peláez de Ramírez a Manuel Felipe
Ramírez Peláez; del 4 de diciembre de 2006 dirigido por
Manuel Felipe Ramírez Peláez, en calidad de Gerente de
Power Motors Yamaha Ltda. a Rosalía Peláez de Ramírez; del
5 de diciembre de 2006, dirigido por Manuel Felipe Ramírez
Peláez, en calidad de Gerente de Power Motors Yamaha Ltda.
a Diana María Muñoz Tobón; del 12 de diciembre de 2006,
dirigido por Manuel Felipe Ramírez Peláez, en calidad de
Gerente y Socio de Power Motors Yamaha Ltda. a Diana
María Muñoz Tobón; del 17 de diciembre de 2006, dirigido
por Diana María Muñoz Tobón a Manuel Felipe Ramírez
Peláez; del 20 de diciembre de 2006, dirigido por Manuel
Felipe Ramírez Peláez, en calidad de Gerente y Socio de Power
Motors Yamaha Ltda. a Rosalía Peláez de Ramírez y con copia
a Diana María Muñoz Tobón; del 2 de enero de 2007 dirigido
por Manuel Felipe Ramírez Peláez, en calidad de Gerente y
Socio de Power Motors Yamaha Ltda. a Rosalía Peláez de
Ramírez y Diana María Muñoz Tobón; el acta de reunión
extraordinaria de junta de socios de Power Motors Yamaha
Ltda. del 29 de enero de 2007; la escritura pública No. 305
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
20
del 9 de marzo de 2007 de la Notaría Única del Círculo de
Andes, mediante la cual Rosalía Peláez de Ramírez cedió a
Diana María Muñoz Tobón el 25% del capital social de Power
Motors Yamaha Ltda. por valor de $3.000.000; documentos
relacionados con la sucesión de Rosalía Peláez de Ramírez,
tramitada en el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes (rad.
05- 034-31-84-001-2009-00134-00).
Cuando analizó el interrogatorio de parte de Manuel
Felipe atisbó que «su dicho ratifica la hipótesis de la demanda, pues
si bien no hizo referencia expresa a que el fin perseguido con el acto
simulado era engañar a terceros, en este caso al Estado por la presunta
recolección de impuestos que requería la donación; el demandante, sí
aludió a la existencia del concierto simulatorio y a la divergencia entre la
voluntad real y la voluntad declarada, al manifestar que entre su madre,
Rosalía Peláez de Ramírez, su compañera sentimental para ese
momento, Diana María Muñoz Tobón y él pretendían ocultar que Manuel
Felipe Ramírez Peláez disponía del capital social de su progenitora en
Power Motors Yamaha Ltda., pues realizó un pacto con esta última,
debido a que ella repartió su patrimonio en vida a sus hijos y el actor
decidió ceder a Diana María Muñoz Tobón a través de su madre, el 25%
del capital social de Power Motors Yamaha Ltda., pero la compradora no
pagó el precio. Sobre el presunto pacto entre la fenecida Rosalía Peláez
de Ramírez y Manuel Felipe Ramírez Peláez para repartir en vida el
patrimonio de la señora Peláez, procede precisar que acorde al material
probatorio que reposa en el expediente, no está evidenciado que el aquí
pretensor haya renunciado o repudiado la herencia de su madre
conforme a los arts. 1282 y s.s. del C.C.; empero, lo que refulge probado
es que el aquí reclamante vendió los derechos herenciales a su hermano
Luis Eduardo Ramírez Peláez mediante la escritura pública Nº 423 de la
Notaría Única de Jardín, tal como consta en el trabajo de partición y
adjudicación de la sucesión de Rosalía Peláez de Ramírez que se tramitó
en el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes bajo el radicado Nº 05-
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
21
034-31-84-001-2009-00134-00. En consecuencia, el dicho del
accionante en dicho aspecto no ofrece credibilidad»27.
Al valorar la declaración de Diana Muñoz subrayó que
«ésta no confesó, al tenor del art. 191 CGP, la presunta simulación
relativa de la negociación realizada con la fenecida Rosalía Peláez de
Ramírez por el 25% de las cuotas sociales de Power Motors Yamaha
Ltda. Y, a contrario sensu, con su dicho ratificó la hipótesis planteada al
contestar la demanda, esto es, que la mencionada negociación fue real.
No obstante, encuentra esta Sala que su declaración genera dudas frente
a las condiciones de fondo para la existencia de la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda., específicamente sobre los aportes en capital o
especie de la fallecida Rosalía Peláez de Ramírez, pues la codemandada
manifestó que la señora Peláez de Ramírez aportó la garantía real
aceptada por Incolmotos Yamaha S.A.; empero, no hizo referencia a su
aporte en dinero, el cual conforme a la escritura pública Nº 551 del 18 de
abril de 2005 de la Notaría 22 de Medellín, se estableció que todos los
socios de Power Motors Yamaha Ltda. eran capitalistas; que el capital
social era de $10’000.000, pagado en efectivo, dividido en 10.000 cuotas
o partes de interés social, de un valor nominal de $1.000 cada una»28.
Teniendo en cuenta que según el artículo 354 del
Código de Comercio el capital social de las sociedades de
responsabilidad limitada se pagará íntegramente al
constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier
aumento del mismo, el ad-quem resaltó que el solo dicho de la
señora Diana María Muñoz Tobón no es suficiente para
comprobar que los aportes en capital de Rosalía Peláez de
Ramírez no fueron pagados íntegramente. Por lo que procedió
a valorar la declaración de Luis Eduardo Ramírez Peláez. De
27 Páginas 102-103 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de
segunda instancia.
28 Página 104 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
22
la cual exaltó que «éste no hizo referencia alguna a que el fin
perseguido en la negociación de las cuotas o partes de interés social de
Power Motors Yamaha Ltda. por parte de Rosalía Peláez de Ramírez a
Diana María Muñoz Tobón era engañar al fisco, como se afirmó en la
demanda. De otro lado, tal declarante no fue claro en relación al concierto
simulatorio, pues inicialmente indicó que la cesión fue por voluntad de la
causante, debido a que no quería hacer parte de la sociedad, y
consideraba justo que Diana María Muñoz Tobón y Manuel Felipe
Ramírez Peláez tuvieran cada uno el 50% de la sociedad; empero,
posteriormente indicó que fue su hermano, Manuel Felipe Ramírez Peláez
quien le “insinuó” a su madre que le cediera las cuotas sociales a
Diana»29. Al cotejar la declaración de Luis Eduardo y Manuel
Felipe Ramírez Peláez el juzgador estimó que no eran
coincidentes, «ni en los dichos de estos con la afirmación de la
demanda sobre el fin perseguido con el acto presuntamente simulado, ni
con los documentos relevantes relacionados con los fundamentos
fácticos de la primera pretensión principal de la demanda, razón por la
cual resulta necesario valorar las declaraciones de parte de los señores
Gabriel Darío Múnera Agudelo, y Margarita de Jesús Tobón Paniagua»30.
Deponentes que, en criterio del Tribunal, no aportaron
ningún elemento de juicio en relación a los hechos en litigio
relacionados con la cesión de las cuotas de interés social de
Power Motors Yamaha Ltda. por parte de la señora Rosalía
Peláez de Ramírez a Diana María Muñoz Tobón. Igual
racionamiento aplicó respecto de los demás testigos. En
definitiva, el Colegiado encontró que «la parte demandante no
demostró la simulación relativa de la cesión de las cuotas o partes de
interés social de Power Motors Yamaha Ltda. por parte de Rosalía Peláez
de Ramírez a Diana María Muñoz Tobón, pues los medios probatorios no
permiten concluir que efectivamente los contratantes tenían como
29 Página 107 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
30 Página 108 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
23
objetivo o propósito ocultar con la falsa declaración, un acuerdo
genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, ya sea en cuanto
a su naturaleza, sus condiciones particulares o respecto de la identidad
de las partes»31.
En cuanto a la segunda pretensión principal, a saber,
que es simulado el contrato de compraventa contenido en la
escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009, de
manera absoluta en lo que respecta a la transferencia de
Manuel Felipe Ramírez y de manera relativa en lo que
respecta de la transferencia de Gabriel Darío Múnera
Agudelo, «al efectuar un análisis de la contestación de la demanda por
parte de Diana María Muñoz Tobón de cara al art. 193 CGP, atisba este
Tribunal que de la misma se desgaja una confesión por medio de su
apoderado judicial, en razón a que la precitada convocada reconoció que
el precio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 004-
33002 no fue el pactado en la escritura pública Nº 361 del 15 de octubre
de 2009 otorgada ante la Notaría Única de Jardín, por cuanto además
del dinero, se acordó que la compradora asumía el pago de las
obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor de Bancolombia.
Asimismo, confesó que el precio pactado en la referida escritura no fue
el real, debido a que se recurrió una práctica “común” de fijar el precio
del inmueble conforme al avalúo catastral para evadir impuestos y que
ello se demuestra con un documento suscrito por Gabriel Darío Múnera
Agudelo y Manuel Felipe Ramírez Peláez declaran haber recibido un pago
mayor por el bien inmueble y renuncian a la acción por lesión enorme»32.
Por su parte, Gabriel Darío Múnera confesó la simulación
planteada en el escrito de contestación de demanda.
Adicionalmente, el fallador de segundo grado, apreció las
31 Páginas 114-115 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de
segunda instancia.
32 Páginas 120 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
24
siguientes documentales: escritura pública No. 361 del 15 de
octubre de 2009; documento privado suscrito por Manuel
Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo sin
fechar en donde renunciaron a la acción resolutoria por
lesión enorme; certificado de tradición del inmueble con
matrícula inmobiliaria No. 004-33002; escritura pública No.
362 del 15 de octubre de 2009 mediante la cual Manuel
Felipe Ramírez Peláez dijo vender a Gabriel Darío Múnera
Agudelo el 50% de la cuota proindivisa que posee en un lote
de terreno identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-
24611 estableciendo como precio $12.700.000; certificado de
tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 004-
24611; certificado de tradición del inmueble con matrícula
inmobiliaria No. 004-21909; declaraciones de renta
presentadas por Manuel Felipe Ramírez Peláez en los años
2008 y 2009 y por Diana María Muñoz Tobón en los años
2009 a 2014; contrato de arrendamiento del predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 004-33002
suscrito entre Diana María Muñoz Tobón como arrendadora
y Manuel Felipe Ramírez Peláez como arrendatario desde el
15 de octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014; y
listado de facturas de venta y diferentes cuentas de cobro
expedidas en el periodo 2009 a 2014, y los documentos que
las respaldan.
De todo lo anterior y de las declaraciones recibidas en
el plenario, coligió que «las declaraciones de Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo coinciden en lo que tiene que ver
con el acuerdo al que llegaron como copropietarios de quedar cada uno
de ellos con el 100% de sendas propiedades, hecho que se verifica con el
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
25
negocio jurídico contenido en la escritura pública Nº 362 del 15 de
octubre de 2009 de la Notaría Única de Jardín, a través de la cual Manuel
Felipe Ramírez Peláez vendió a Gabriel Darío Múnera Agudelo, la cuota
proindiviso del 50% del bien identificado con matrícula inmobiliaria Nº
004-24611»33. Referente a la absolución de parte de Diana
Muñoz refirió que «el no haber efectuado afirmaciones adversas en
su absolución de parte, ello no desvirtúa la prueba de confesión que se
desprende de lo que se puso de manifiesto en la contestación de la
demanda efectuada por dicha señora, a través de apoderado judicial, en
la que se admitió que el precio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria Nº 004-33002 pactado en la escritura pública Nº 361 del 15
de octubre de 2009 de la Notaria Única de Jardín, no fue real, puesto
que además del valor allí señalado, se acordó que la compradora
asumiría el pago de las obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor
de Bancolombia y que el precio se fijó conforme al avaluó catastral, para
evadir impuestos, hecho éste que además se demuestra con el
documento que reposa en el folio 18 del cuarto cuaderno del expediente.
De tal manera, lo expresado por la absolvente en comento en relación con
el precio del referido predio constituye prueba de confesión por
apoderado judicial al tenor del art. 193 CGP»34. Luego de valorar los
testimonios de Rodrigo Osorio Agudelo, Sonia Milena
Carmona Restrepo, Gabriel Aníbal López Agudelo, Luis
Octavio ángel Díaz, Juan Guillermo Montoya, arribó al
raciocinio de los hechos indicadores de la simulación con
relación al precio. De esta forma, apuntaló que «algunos de los
hechos indicadores de la simulación en relación al precio son: la falta de
capacidad económica de los compradores; el no pago del precio; la
ausencia de movimientos bancarios; el pago en dinero efectivo; que el
precio del negocio sea irrisorio frente al comercial o que sea el mismo
33 Página 132 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
34 Páginas 132-133 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de
segunda instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
26
precio por el cual el vendedor adquirió el bien años atrás. De tal guisa,
procederá esta Colegiatura a analizar dichas inferencias»35.
Señaló que «en la escritura pública Nº 361 del 15 de octubre de
2009 otorgada ante la Notaria Única de Jardín, se dijo que los señores
Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo vendieron
a Diana María Muñoz Tobón, el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria Nº 004-33002, pactando el precio en $45’700.000, suma de
dinero que los vendedores declararon haber recibido de contado, en
efectivo y entera satisfacción de manos de la compradora (fls. 37 a 40 C-
3 y 2 a 6 C-4). Al respecto, llama la atención de esta Sala las condiciones
en las que se efectuó el pago en el referido negocio jurídico y en la cesión
de acciones protocolizada en la escritura pública Nº 1995 del 22 de
octubre de 2009 otorgada ante la Notaría Quinta de Medellín, por valor
de $140’000.000, en donde se indica que la señora Diana María Muñoz
Tobón realizó el pago en efectivo, hecho que se torna inverosímil, si se
tiene en cuenta que los valores pactados como precio en dichos contratos
corresponden a una suma que para su pago en efectivo resulta
cuantiosa, lo que riñe con los altos índices de inseguridad y de hurtos
existentes en nuestro país. Lo anterior, pese a que los contratantes se
dedicaban a actividades comerciales, y contaban con cuentas bancarias,
tal y como se evidencia en las declaraciones de renta del accionante y la
señora Muñoz Tobón, aportadas al proceso. Aunado a lo anterior, las
escritura públicas Nº 361 del 15 de octubre de 2009 de la Notaria Única
de Jardín y Nº 1995 del 22 de octubre de 2009, de la Notaría Quinta de
Medellín, demuestran la venta en bloque de bienes que integraban el
patrimonio de Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz
Tobón, enajenación simultánea que permite inferir, con alto grado de
probabilidad, que la finalidad del convocante era insolventarse, máxime,
si se tiene en consideración que al momento de realizarse las
negociaciones (2009), conforme a los folios de matrícula inmobiliarias Nº
004-33002, Nº 004-24611 y Nº 004-21909, el demandante tenía
35 Página 143 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
27
acreencias con Bancolombia S.A., Bancafé S.A. (hoy Davivienda) y la
Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda»36.
También el juzgador tuvo en consideración que en la
contestación de la demanda, la codemandada Diana María
Muñoz Tobón confesó por medio de su apoderado judicial que
el precio de la finca La Glorieta no fue real, pues además del
dinero, se acordó que la compradora asumía el pago de las
obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor de
Bancolombia, y se fijó el precio conforme al avaluó catastral,
para evadir impuestos. Lo que evidencia la disconformidad
intencional de las partes contratantes y su acuerdo de
ocultar ante terceros, la realidad del convenio real en relación
al precio. Adicionalmente, del certificado de tradición y
libertad del mencionado inmueble extrajo que «el predio se
encontraba afectado con una garantía real desde el año 2006, a favor
de Bancolombia, pero ello no demuestra que el precio pactado entre las
partes incluyó que la compradora asumiera la obligación garantizada por
la hipoteca, pues las declaraciones de parte, los testimonios, y la prueba
documental, especialmente, las declaraciones de renta no permiten
verificar tal hecho, resultando evidente que el presunto acuerdo oculto
frente al precio, no contaba con respaldo en la precitada escritura pública
Nº 361 de la Notaría Única de Jardín y, por ende, no podía presentarse
ningún respaldo documental ante la DIAN»37. Asimismo, el
documento privado suscrito por los señores Manuel Felipe
Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo «no demuestra
la existencia y pago efectivo del precio oculto de la compraventa de la
heredad identificada con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 004-33002
y, por el contrario, la pone en duda, pues evidencia el conflicto entre la
36 Páginas 144-145 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de
segunda instancia.
37 Página 146 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
28
declaración pública consignada en la escritura pública Nº 361 del 15 de
octubre de 2009 de la Notaria Única de Jardín y la voluntad real de los
contratantes frente al precio de la negociación (…). Aunado a lo anterior,
el documento privado que viene de reseñarse resulta sospechoso por las
siguientes razones a saber: i) no fue suscrito por la compradora, quien
se obligó a pagar, por el predio, dinero; ii) no se estableció el precio que
presuntamente se pagó por el bien inmueble, sino que únicamente se hizo
referencia al “justo precio” y iii) los vendedores renunciaron a la rescisión
contractual por lesión enorme, cláusula que favorece a la compradora,
quien aportó tal documento como prueba al proceso judicial de la
referencia. En tal sentido, debe indicarse que a la luz del artículo 1950
del C.C., tal cláusula resulta ineficaz»38. Añadió que el contrato de
arrendamiento de la finca La Glorieta «suscrito entre Diana María
Muñoz Tobón como arrendadora y Manuel Felipe Ramírez Peláez como
arrendatario, el 15 de octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014,
demuestra que pese a que la relación sentimental entre Diana María
Muñoz Tobón y Manuel Felipe Ramírez Peláez terminó en el año 2008,
perduró entre ellos una relación negocial, pues en el año 2009 decidieron
suscribir el referido contrato de arrendamiento por más de cinco años y
en razón de ello el demandante no perdió ni por un solo día la posesión
sobre la finca»39. Las declaraciones de Gabriel Aníbal López
Agudelo y Juan Guillermo Montoya Arias coincidieron en
manifestar que tanto Manuel Felipe como Diana María
impartían órdenes, hacían presencia en la propiedad y que
el dinero que producía la finca era entregado a Diana en el
local comercial de Yamaha, o si ésta no se encontraba a una
de las personas que trabajaba allí. Lo cual cotejó el fallador
con documentales aportadas al proceso por ambas partes.
38 Página 147 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
39 Página 148 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
29
Conforme a la apreciación suasoria el ad-quem consideró
que en «la presente causa procesal se pueden reconocer los siguientes
indicios de la simulación demandada: la venta en bloque de los bienes
que integran el patrimonio de Manuel Felipe Ramírez Peláez en el año
2009; las condiciones en las que se efectuó el pago aparente, pues es
inverosímil que se convenga pagar el valor total de un contrato cuantioso
en efectivo, lo anterior, sumado a que la resistente Diana María Muñoz
confesó desde la contestación de la demanda misma que el precio
pactado en la compraventa no fue el pagado, y no se demostró el pago
del precio; la estrecha relación negocial entre el demandante y la señora
Diana María Muñoz después de terminar su relación sentimental; al
momento de realizarse el negocio, Manuel Felipe Ramírez Peláez tenía
como acreedores entidades bancarias y cooperativas y fue objeto de
embargos en razón de ello»40. Razones por la cuales accedió a
declarar la simulación absoluta en lo que respecta a la
transferencia de Manuel Felipe Ramírez a Diana Muñoz y la
simulación relativa por interpuesta persona en la
transferencia de Gabriel Darío Múnera Agudelo a Diana
Muñoz, sobre la finca La Glorieta.
En cuanto a la valoración de los frutos civiles, el
Colegiado determinó que la parte actora no cumplió con la
carga probatoria necesaria para demostrar el monto de los
frutos reclamados, razón por la cual negó esta pretensión.
Finalmente, ante la solicitud de declaratoria de
simulación absoluta del contrato de compraventa de
acciones (cesión de acciones) celebrado mediante acta No. 5
del 2 de julio de 2009 de la Junta de socios de Power Motors
40 Página 152 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
30
Yamaha Ltda. protocolizada mediante la escritura pública
No. 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de
Medellín, el Tribunal estudió el acta No. 5 de Power Motors
Yamaha Ltda. del 2 de julio de 2009; la escritura pública No.
1995 del 22 de octubre de 2009; el certificado de tradición
correspondiente al bien con folio de matrícula inmobiliaria
No. 004-13769; el certificado de tradición correspondiente al
predio con matrícula inmobiliaria No. 004-12901; la
sentencia No. 62 del 28 de marzo de 2012 proferida por el
Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de
Andes, en el proceso de radicado No.
050346100080201180610, por el delito de homicidio
culposo agravado imputado a Manuel Felipe Ramírez Peláez;
las piezas del proceso laboral rad. 2013-74, tramitado en el
Juzgado Laboral del Circuito de Andes, instaurada por Luis
Aurelio Gutiérrez contra Manuel Felipe Ramírez Peláez; el
contrato de obra suscrito el 20 de octubre de 2012 entre
Diana María Muñoz Tobón, en calidad de contratante y
representante legal de Power Motors Yamaha Ltda. y Carlos
Andrés Zapata Zorrilla, como contratista; las declaraciones
de renta presentadas por Manuel Ramírez y Diana Muñoz; el
certificado de existencia y representación legal de Power
Motors Yamaha S.A.S expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia en el que consta que hubo una
reforma social; la misiva del 21 de octubre de 2016 librada
por Bancolombia S.A. a Power Motors Yamaha; el acta No. 1
e Power Motors Yamaha Ltda. del 5 de marzo de 2014; la
escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014; los
interrogatorios de parte y los testimonios de Gabriel Aníbal
López Agudelo, Juan Guillermo Montoya Arias, Diego León y
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
31
Carlos Andrés Zapata Zorrilla. De dichas probanzas
evidenció «el acuerdo entre Manuel Felipe Ramírez Peláez y Diana
María Muñoz, de un lado y entre el primero citado y Luis Eduardo
Ramírez Peláez por otra parte para realizar el negocio aparente (cesión
de cuotas sociales) y fingir ante terceros (acreedores) la realidad de su
convenio»41.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar el recurso extraordinario de casación, la
convocante presentó cuatro cargos. Se emprenderá el
análisis del tercer reparo, por tratarse de una censura de
actividad. A continuación, se estudiarán los demás ataques.
Los cargos primero y segundo se fundamentan en la vía
indirecta y se estudiarán de manera conjunta debido a su
unidad temática.
CARGO TERCERO
Con sustento en el motivo tercero, acusó a la sentencia
de «no estar… en consonancia con las pretensiones de la demanda,
concretamente en lo que se refiere a la tercera pretensión principal y sus
consecuenciales»42.
1.- Sostuvo que el Tribunal «al momento de analizar las
pretensiones dijo lo siguiente: “asimismo, de manera consecuencial, se
declara probada la simulación de la cesión ficticia de las cuotas sociales
41 Página 179 del PDF «0019_Sentencia15demarzo.pdf», del cuaderno de segunda
instancia.
42 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 46.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
32
efectuada por Luis Eduardo Ramírez Peláez a la señora Margarita de
Jesús Tobón Paniagua llevada a cabo mediante escritura pública 821 del
5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis de Medellín”»43. Y que, «no
tuvo en cuenta lo establecido en la pretensión Décima Tercera de la
demanda, en la cual se atacaban eran la validez del negocio jurídico
como consecuencial de la declaratoria de la simulación de otra cesión de
acciones, y no estaba pidiendo la simulación del mismo»44. Lo cual se
advierte en la pretensión décimo tercera que señala: «“décima
tercera. Pretensión segunda consecuencial de la tercera principal. Que
también como consecuencia de la anterior declaración se declare
inválida absolutamente la transferencia de las acciones que hiciere
posteriormente Luis Eduardo Ramírez a Margarita Tobón mediante
escritura pública no. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis
de Medellín, por la cual se solemniza el acta de la junta de socios de la
sociedad Power Motor Yamaha Ltda. del mismo día”»45.
2. Sostuvo que «de esta forma el fallador de segunda instancia,
claramente se pronuncia sobre una situación totalmente ajena a lo
pretendido en la demanda y que fue objeto del recurso de apelación,
considerándose este un fallo extrapetita el cual no está cubierto por las
facultades oficiosas que tiene el juez»46.
CONSIDERACIONES
1. En el sub judice, el casacionista acusó al Colegiado
de haber incurrido en incongruencia objetiva: la demandante
deprecó declarar la invalidez de un acto, pero el Colegiado
resolvió declararlo absolutamente simulado.
43 Ibidem. pág. 49.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
33
2. En virtud del inciso primero del artículo 281 del
Código General del Proceso, la actividad de los jueces se
circunscribe -en su ámbito decisional- de conformidad con
los límites que las partes definen en la demanda y su
contestación, sin perjuicio de las declaraciones que procedan
de manera oficiosa47. En atención a ello, adolece de
incongruencia la providencia que resuelva la controversia
con apoyo en hechos distintos de aquellos que integran la
plataforma fáctica del asunto48. Y cuando la providencia va
más allá, o se ubica fuera de las peticiones de la demanda,
pues se incurriría en su orden en decisión «ultrapetita» o
«extrapetita». Adicionalmente, se debe proveer sobre todas las
pretensiones y excepciones propuestas, so pena de incurrir
en «mínima petita o citra petita»49. La congruencia, entonces,
quiere decir que la actividad del juez se halla limitada a las
cuestiones de hecho planteadas por las partes en sus
47 Artículo 281 C.G.P. (…) «En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados
los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán
alegarse en la contestación de la demanda».
48 De manera que los fundamentos de la sentencia deben existir, por regla general, al
tiempo de la interposición de la demanda, porque aquella decide una situación
anterior a esta, por lo cual no puede resolver sobre hechos posteriores. Con todo, este
principio se flexibiliza con la posibilidad que tienen las partes de reformar la demanda
y de que el juez tenga en cuenta «cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el que versa el proceso, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y alegado antes de la
sentencia en cualquiera de las instancias o que la ley permita considerarlo de oficio»
(Art. 281).
49 Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena
Edición. (Editorial ABC, 1985), Bogotá. Pág. 480. Huelga recordar que tales límites
en la actividad del juez no se ciñen exclusivamente a lo que ocurra en la primera
instancia. Véase que el artículo 328 del ordenamiento adjetivo prevé que «[e]l juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley» (énfasis de la Sala), lo que implica, por supuesto, que la autoridad
judicial debe atenerse a lo que es objeto de reparo en la pretensión impugnaticia,
salvo los casos en que deba fallar de oficio por previsión expresa de la ley. Sobre este
tema, la Sala razonó que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una
disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que
también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación
del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una
invocación del derecho sustancial controvertido» (CSJ. SC4415 de 2016, rad. 2012-
02126, citada en SC3918-2021 del 08 de sept.).
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
34
diferentes actos procesales. De manera que al variar estas,
varía la causa petendi. Se incurre, por tanto, en
incongruencia, sin perjuicio de la interpretación sobre la
naturaleza del acto o contrato que le corresponde50.
3. La alegada incongruencia no se presentó.
3.1. En el acápite de los hechos de la demanda, la activa
señaló que «en febrero del año 2014 el señor Manuel le solicitó al señor
Luis Eduardo que le entregara a Diana las acciones que le habían
“cedido”»51 -hecho cuadragésimo-; que, «para ello el señor Manuel
decidió que se simulara otra cesión esta vez de su hermano Luis Eduardo
a la mamá de Diana, la señora Margarita de Jesús Tobón»52 -
cuadragésimo primero-; y que «dicha simulación absoluta se
protocolizó mediante la escritura pública no. 821 del 5 de marzo de 2014
de la Notaría Dieciséis de Medellín, mediante la cual se solemniza el acta
de la junta de socios de la sociedad Power Motors Yamaha Ltda. del
mismo día»53 -cuadragésimo segundo-. También adujo que «la
cesión fue un negocio simulado absolutamente…»54 y refirió los
indicios de tal negocio aparente en el hecho cuadragésimo
tercero. Finalmente, en el hecho cuadragésimo cuarto, señaló
que, «una vez efectuadas las dos últimas simulaciones la situación
cambió totalmente, la señora Diana dijo que no reconocía ningún acuerdo
privado y que era la propietaria de todo lo que aparecía a su nombre»55.
Como pretensión tercera principal, la activa deprecó que se
declarara «Que es simulado, de manera absoluta, el contrato de
compraventa de acciones (cesión de acciones) celebrado mediante acta
50 CSJ, SC775-2021.
51 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Demanda. Fl. 9.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
35
No. 5 del 2 de julio de 2009 de la Junta de socios de Power Motors
Yamaha Ltda. protocolizada mediante la Escritura Pública No. 1995 del
22 de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín»56; que -a
título de pretensiones consecuenciales de la tercera
principal- se declarara «que ese contrato ostensible, en virtud de la
contraestipulación, nunca estuvo llamado a producir efectos jurídicos,
por lo que, entre las partes nunca los produjo»57 y que, «también como
consecuencia de la anterior declaración se declare invalida
absolutamente la transferencia de las acciones que hiciere
posteriormente Luis Eduardo Ramírez a Margarita Tobón mediante
escritura pública no. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis
de Medellín, por la cual se solemniza el acta de la junta de socios de la
sociedad Power Motors Yamaha Ltda. del mismo día»58. No obstante,
como pretensión segunda subsidiaria, la accionante pidió
que se declarara «que es simulado el contrato de compraventa de
acciones (cesión de acciones) protocolizado mediante escritura pública
no. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis de Medellín, por
la cual se solemniza el acta de la junta de socios de la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda. del mismo día»59 y que -como pretensión
primera consecuencial de la segunda subsidiaria- se
declarara «que, como consecuencia de la precedente declaración, se
hagan prevalecer los efectos de la declaración oculta y se extingan los
del contrato aparente, en el sentido que el verdadero propietario de las
acciones es el señor Luis Eduardo Ramírez»60. Al contestar el libelo,
Luis Eduardo Ramírez aceptó como ciertos los referidos
hechos de la demanda. Indicó que -frente al hecho
cuadragésimo- «Es cierto, Manuel en ese momento le solicitó a mi
poderdante que le entregara las acciones a Diana, o a quien Diana
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem. Escrito de subsanación de la demanda. Fl. 28.
60 Ibidem. fl. 29.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
36
quisiera»61. Y -frente al cuadragésimo tercero- agregó que «mi
poderdante nunca recibió de Diana, ni de Margarita, ni de nadie dinero
por esas acciones, el negocio lo hizo porque las acciones eran de Manuel
y el así se lo indicó»62.
El a quo denegó todas las pretensiones del demandante,
quien recurrió en apelación. Al resolver la alzada, frente a la
pretensión tercera principal, el Tribunal se pronunció en los
siguientes términos:
«Sobre el particular, no se puede echar de menos que el objeto de
la referida prueba pericial guarda relación con la tercera
pretensión principal de la demanda y, por tanto, la conducta
procesal omisiva de Diana María Muñoz permite constituir un
indicio frente a la simulación absoluta de la cesión de 126.000
cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda., pues ocultó
información que permitía establecer lo siguiente: i) los indicadores
financieros que mostraban la capacidad operativa para generar
ganancias de la sociedad y ii) el valor de las cuotas sociales;
omisión que, en este tópico específico, resulta grave, pues la
señora Muñoz ocultó información que permitía establecer
racionalmente la verdad en relación a la explotación obtenida por
el negocio atacado como simulado, indicio que sumado a la
restante prueba directa e indirecta, resulta concordante y
convergente para tener por demostrada la simulación absoluta del
contrato contenido en la Escritura Pública Nº 1995 del 22 de
octubre de 2009 otorgada ante la Notaría Quinta de Medellín frente
a la cesión de las cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda.
por parte de Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz
Tobón (126.000) y a su hermano Luis Eduardo Ramírez Peláez
(14.000), pues se evidenció lo siguiente: i) La existencia de
concierto simulatorio. Los medios probatorios analizados,
evidenciaron el acuerdo entre Manuel Felipe Ramírez Peláez y
Diana María Muñoz, de un lado y entre el primero citado y Luis
Eduardo Ramírez Peláez por otra parte para realizar el negocio
aparente (cesión de cuotas sociales) y fingir ante terceros
(acreedores) la realidad de su convenio. ii) Que el fin perseguido
con el acto sea engañar terceros. Resulta evidente la declaración
engañosa de voluntad de Manuel Felipe Ramírez y los señores
Diana María Muñoz y Luis Eduardo Ramírez Peláez para producir
efectos diversos del ostensiblemente indicado en la cesión de
cuotas sociales, con intención de violar derechos de terceros, como
61 Ibidem. fl. 29.
62 Ibidem. fl. 29.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
37
fueron los acreedores del señor Ramírez. iii) Divergencia entre la
voluntad real y la voluntad declarada. Se demostró la
discordancia entre la voluntad declarada en el contrato contenido
en la Escritura Pública Nº 1995 del 22 de octubre de 2009 de la
Notaría Quinta de Medellín frente a la mencionada cesión de
cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda. por parte de
Manuel Felipe Ramírez Peláez a los codemandados Diana María
Muñoz Tobón y Luis Eduardo Ramírez Peláez, y la voluntad real
de los contratantes de no pactar y pagar un precio, lo que denota
la inexistencia del acto jurídico. En otras palabras, las partes no
deseaban celebrar contrato alguno, pero exteriorizaron o
mostraron al público, la celebración de una compraventa ilusoria
que disimulara su real y oculta voluntad. En este orden de ideas,
tanto la cesión de 14.000 cuotas sociales de Power Motors
Yamaha Ltda. por parte de Manuel Felipe Ramírez Peláez a Luis
Eduardo Ramírez Peláez, como la cesión de 126.000 cuotas
sociales de dicha sociedad por parte de Manuel Felipe Ramírez
Peláez a Diana María Muñoz Tobón contenidas ambas cesiones en
Escritura Pública Nº 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría
Quinta de Medellin obedeció a una simulación absoluta»63.
Con todo, el Colegiado advirtió que esta declaración de
simulación absoluta podría tener efectos frente a terceros. De
modo que, «en aras del respeto al principio de la buena fe de los
acreedores y clientes de la sociedad Power Motors Yamaha S.A.S. y los
efectos negativos que podría generar para estos dejar sin efecto el
acuerdo simulado contenido en la Escritura Pública No. 1995 del 22 de
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín, no se surtirán los
efectos generales de la simulación absoluta, devolviendo las cosas a su
estado anterior, sino que se ordenará restituir por parte de Diana María
Muñoz Tobón los derechos defraudados en la simulación a Manuel Felipe
Ramírez Peláez, pagándole a éste la suma de $126’000.000 equivalente
al valor simulado de la cesión de las 126.000 cuotas sociales de Power
Motors Yamaha Ltda. y cuyo valor deberá actualizarse conforme al IPC
desde la fecha de celebración del referido acto escriturario (22 de octubre
de 2009) hasta cuando se efectúe el pago; orden esta que, en cambio, no
se emitirá respecto del señor Luis Eduardo Ramírez Peláez, habida
consideración que, en primer lugar, de lo atrás analizado quedó probado
fehacientemente que pese a que dicho señor figuró como socio de Power
63 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. pág. 179.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
38
Motors Yamaha Limitada, lo cierto es que simplemente fue un testaferro
que ninguna injerencia ni participación societaria tuvo en dicho ente, por
lo que no participó de las posibles utilidades o dividendos que hubiere
reportado dicha sociedad, a más que, con los documentos relacionados
en los numerales 2.4.3.6.3.1.11) y 2.4.3.6.3.1.12) de este proveído a los
que se remite, también se acreditó fehacientemente que desde el 5 de
marzo de 2014, dicho codemandado se despojó en favor de la señora
MARGARITA DE JESÚS TOBÓN PANIAGUA de las cuotas sociales que
figuraban en su cabeza mediante escritura pública 821 de tal calenda
otorgada ante la Notaría Dieciséis de Medellín, por lo que la cesión de
cuotas sociales efectuada mediante este último acto escriturario, por
cuya virtud además se solemnizó el acta de la junta de socios de la
sociedad Power Motors Yamaha Ltda. del mismo día, en principio estaba
llamado igualmente a quedar sin efecto; empero, con la misma
consideración que se efectuó frente al acto anterior de garantizar el
respeto al principio de la buena fe, no se surtirán los efectos generales
de la simulación absoluta, devolviendo las cosas a su estado anterior,
sino que se ordenará a la señora MARGARITA DE JESUS TOBON
PANIAGUA a restituir al señor MANUEL FELIPE RAMIREZ PELAEZ, quien
a la postre fue la persona que resultó defraudada en sus derechos con
la simulación de que da cuenta el precitado instrumento escritural 821
del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis de Medellín, pagándole
MANUEL FELIPE RAMIREZ PELAEZ la suma de catorce millones de pesos
($14’000.000) equivalente al valor simulado de la cesión de las 14.000
cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda. y cuyo valor deberá
actualizarse conforme al IPC desde la fecha de celebración de la
escritura pública última mencionada (5 de marzo de 2014) hasta cuando
se haga efectivo el pago»64. Y resolvió: «revocar en cuanto denegó la
tercera pretensión principal de la demanda para en su lugar disponer lo
siguiente: Declarar la simulación absoluta de la cesión ficticia de las
cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda. por parte de Manuel
Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz Tobón y Luis Eduardo
Ramírez Peláez contenida en la Escritura Pública Nº 1995 del 22 de
64 Ibidem. pág. 180.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
39
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín. Asimismo, de manera
consecuencial, se declara probada la simulación de la cesión ficticia de
las cuotas sociales efectuada por Luis Eduardo Ramírez Peláez a la
señora MARGARITA DE JESUS TOBON PANIAGUA llevada a cabo
mediante escritura pública 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín»65.
3.2. Como ha señalado esta Sala, el sentenciador goza
de cierta libertad para darle sentido al texto de la demanda,
dentro de los límites de la razonabilidad y la lógica66. En este
orden de ideas, el sentenciador de segundo grado advirtió que
en los hechos de la demanda se aludió a que la escritura
pública No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín contenía un acto de compraventa de
acciones de Luis Eduardo Ramírez Peláez a Margarita de
Jesús Tobón Paniagua que era absolutamente simulado. En
la pretensión segunda consecuencial de la tercera principal
se deprecó que se declarara «inválida absolutamente» la referida
transferencia de acciones. Al declarar la prosperidad de la
pretensión tercera principal el Tribunal resolvió las
consecuenciales y declaró la simulación absoluta de la
compraventa de acciones contenida en la referida escritura,
65 Ibidem. pág. 188.
66 «Por ello, esta Corte de tiempo atrás se ha opuesto a criterios restrictivos, por ejemplo,
si, en materia de responsabilidad la víctima demanda equivocadamente bajo la cuerda
de la extracontractual, debiendo seguir el curso de la contractual, compete al juez
interpretar las circunstancias en causa, para resolver el fondo de la controversia
otorgando el derecho de acuerdo a los hechos probados a quien corresponda y no
arroparse en fórmulas estériles para subyugar el derecho material. Ha acontecido, otro
tanto, en el ámbito de la simulación edificada en nuestro sistema jurídico el marco del
art. 1766 del C.C., de modo que el juez debe superar los equívocos en la formulación
de la pretensión, para buscar el sentido de lo realmente querido, escrutando desde lo
fáctico cuál es el tipo de simulación buscada, al margen de su nomenclatura, si absoluta
o relativa, con independencia de los yerros de las partes, por cuanto la tarea del juez
constitucional no es atarse a formulismos muchas veces vacuos, prescindiendo de
auscultar qué es cuanto realmente se halla ventilado y probado para hacer justicia».
CSJ, SC3729-2020. También, en fallo reciente, en el mismo sentido, Cfr. CSJ,
SC2954-2024.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
40
pues constató que Luis Eduardo Ramírez Peláez actuó como
testaferro de su hermano, el demandante Manuel Felipe
Ramírez Peláez en todos los actos anteriores y en este en
específico. Hechos que, por lo demás, Luis Eduardo Ramírez
Peláez admitió como ciertos al contestar la demanda. De
modo que el ad quem interpretó de manera razonable lo pedido
por el demandante y falló en consonancia con los hechos
debidamente acreditados en el plenario y las pretensiones de
la demanda. Con todo, sea que se comparta o no la
interpretación de la demanda hecha por el Tribunal, lo cierto
es que la pretensión segunda subsidiaria del libelo pedía
expresamente la declaración de simulación absoluta del acto
referido. En esta medida, el eventual yerro del Tribunal sería
intrascendente, pues en ese escenario habría denegado la
pretensión segunda consecuencial de la tercera principal,
pero hubiese declarado la prosperidad de la segunda
subsidiaria.
4. En suma, el cargo no prospera.
CARGO PRIMERO
Con sustento en la causal segunda, acusó a la sentencia
de quebrantar los artículos 1618 y 1766 del Código Civil
como consecuencia de haber incurrido en yerros fácticos
manifiestos.
En apoyo de su embate, presentó los siguientes
razonamientos:
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
41
1.- Adujo que el Tribunal valoró equivocadamente los
siguientes medios de prueba: «i) Prueba documental que figura en
los folios de matrículas inmobiliarias No. 004-330032; No. 004-24611 y
No. 004-21909 (fls 25 a 32 c-3) ii) Escritura pública No. 1995 del 22 de
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín (flbs 752 a 753 c-3) iii)
Escritura pública de compraventa 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaria Única de Jardín (fls. 37 a 40 c-3) iv) Documento privado suscrito
por los Srs. Manuel Felipe Ramírez y Gabriel Darío Múnera (f. 18 c-3) v)
Testimonio de la Sra. Sonia Milena Carmona Restrepo (Minuto 09:30 –
Audio CP_0926134111209) vi). y error manifiesto en la apreciación de la
demanda. (f. 2 a 21 c-1)»67. Y que, dejó de valorar «i) Despacho
comisorio No. 086 del 26 de julio de 2012 del secretario del Juzgado 11
Civil del Circuito de Medellín (fls. 20 c-4), ii) oficio No, 790 del 26 de julio
de 2012 del secretario del Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín
(fls.22 c-4).c-1)»68. Estimó, pues, que por haber incurrido en
estos dislates, el sentenciador dio por demostrado, sin
estarlo, «el indicio de la “causa simulandi”»69 y los indicios de «(i) la
venta en bloque de bienes del demandante, (ii) las condiciones en que se
efectuó el pago aparente y (iii) la estrecha relación negocial entre el
demandante y la señora Diana María Muñoz»70. Asimismo,
denunció yerro consistente en no dar por demostrado,
estándolo, «la calidad de arrendatario del demandante frente al
inmueble y la calidad de poseedora de la señora Diana María Muñoz del
mismo»71 y la «ausencia de acuerdo trilateral de la pretensión de
simulación relativa»72.
67 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 7.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem. pág. 8.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
42
2. El censor indicó que el Tribunal «incurrió en este error al
resolver la segunda pretensión principal revocando la sentencia de
primera instancia»73. En efecto, refirió, «el fallador de segunda
instancia, se ocupó de dicha pretensión en su sentencia… sin realizar
una diferencia en su actividad valorativa de las pruebas, entre las que
indicaban la supuesta simulación absoluta de la transferencia del 50%
del inmueble o finca “la Glorieta” entre el señor Manuel Felipe Ramírez
Peláez y la señora Diana María Muñoz Tobón y la supuesta simulación
relativa del otro 50% del referido predio, la cual para que necesariamente
prospere se debe acreditar el concierto estipulado de manera deliberada
y consciente entre los contratantes efectivos y el aparente, vale decir, un
“acuerdo trilateral”, del cual en la demanda ni se refieren y en la
sentencia no mereció una sola línea probatoria…»74. Adujo que
«tomando el fallador indiscriminadamente los dos actos jurídicos
supuestamente simulados, que constan en la escritura pública No. 361
del 15 de octubre de 2009 de la Notaría Única del círculo de Jardín
(Antioquia), encuentra en común para ambos los siguientes (4) indicios y
con ellos revoca la sentencia, (i) la venta en bloque de los bienes del
demandante, (ii) las condiciones en que se efectuó el pago aparente, (iii)
la estrecha relación negocial entre el demandante y la señora Diana
María Muñoz y (iv) las acreencias del demandante al momento de la
negociación (causa simulandi-engañar terceros)»75.
3. Con respecto al yerro en la estructuración de la causa
o motivo de la simulación, el casacionista señaló que «para
demostrar la simulación es necesario acreditar, por cualquier medio, el
motivo de la simulación, vale decir, la razón por la cual las partes
acordaron celebrar el negocio simulad, sin causa simulandi no existe la
simulación…»76. Y añadió que «para nuestro caso, es necesario
entonces verificar cual fue el fundamento de hecho expresado por la
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Ibidem. pág. 10.
76 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
43
parte actora para solicitar la simulación absoluta del 50% de la venta y
la relativa del otro 50% debiéndose entonces confrontar estos hechos,
con las pruebas que llevaron al Tribunal a la certeza de dichos hechos»77.
Adujo que «solamente los hechos “décimo sexto” al “vigésimo primero”
se refieren a la simulación absoluta y a la relativa que pretende sobre la
venda de la finca “la Glorieta”»78. Estimó que en el décimo sexto
no se especifica «de manera clara y concreta cuáles eran las deudas
que tenía el demandante para el día 15 de octubre de 2009, que le llevara
a “precautelar todo lo posible su patrimonio”»79. Y que «este hecho fue
interpretado por el Tribunal como el motivo para la simulación»80. No
obstante, sostuvo, «es necesario realizar el barrido de la sentencia
de segunda instancia, para detectar, al 15 de octubre de 2009 cuales
eran las acreencias del señor Ramírez que halló el fallador probadas,
que justificaran la causa de la simulación, encontrándose únicamente
que en “los folios de matrícula inmobiliarias No. 004-330032, No. 004-
24611 y No. 004-21909, el demandante tenía acreencias con
Bancolombia S.A., Bancafé S.A. (hoy Davivienda) y la Cooperativa de
Caficultores de Andes Ltda.” (p. 145), no existe dentro del expediente
ninguna otra prueba que demuestre para ese día alguna acreencia del
demandante, al punto que en la sentencia impugnada solo se refieren
dichos documentos»81. Con todo, señaló, en Tribunal incurrió en
yerro al valorar «los folios de matrículas inmobiliarias No. 004-
330032; No. 004-24611 y No. 004-21909»82. En efecto, indicó, «de la
prueba documental matrícula inmobiliaria No. 004-330032… no se
observa para el 15 de octubre de 2009 ninguna acreencia en contra del
señor Manuel Felipe Ramírez, pues únicamente de la anotación No. 2 de
dicho folio aparece la constitución de una hipoteca abierta con cuantía
indeterminada, constituida por los señores Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo a favor de Bancolombia S.A.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Ibidem. pág. 11.
80 Ibidem.
81 Ibidem. pág. 12.
82 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
44
mediante la escritura pública No. 972 del 21 de septiembre de 2006 de
la Notaría de Andes»83. Y, «de la prueba documental matrícula
inmobiliaria No. 004-24611… no se observa para el 15 de octubre de
2009 ninguna acreencia en contra del Sr. Manuel Felipe Ramírez, pues
únicamente de la anotación No. 5 de dicho folio aparece la constitución
de una hipoteca abierta con cuantía indeterminada, constituida por los
señores Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo
a favor de Bancafé S.A. mediante la escritura pública No. 172 del 17 de
mayo de 2004 de la Notaría de Jardín. Es decir, de dicha anotación solo
se deduce que se entrega por parte de los constituyentes la garantía real
para obtener créditos, los cuales de resultar insolutos Bancafé persigue
la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título
que la haya adquirido, por lo cual está permitido la circulación comercial
del predio, sin que la transferencia o venta del mismo, pueda cumplir con
el propósito de “precautelar dicho patrimonio”»84. No obstante,
refirió, «en el referido folio No. 004-24611… aparece como anotación
No. 007 del 8 de septiembre de 2008 una medida cautelar en contra de
los derechos del demandante Manuel Felipe Ramírez Peláez solicitada
por la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda – Cooperan Ltda.- por
proceso ejecutivo, pero mediante la subsiguiente anotación No. 008 del
19 de febrero de 2009 se cancela dicho embargo ejecutivo, significando
conforme la sana crítica siguiendo las reglas de la lógica y la experiencia,
que para el mes de febrero de 2009, es decir, más de OCHO (8) meses
antes de la venta a la Sra. Diana María Muñoz ya no existía dicha
deuda»85. De otra parte, «de la documental matrícula inmobiliaria No.
004-21909… no se observa para el 15 de octubre de 2009 ninguna
acreencia en contra del Sr. Manuel Felipe Ramírez, pues únicamente de
la anotación No. 11 de dicho folio aparece la constitución de una hipoteca
abierta con cuantía indeterminada, constituida por su único due��o de
ese entonces Gabriel Darío Múnera Agudelo a favor de Bancafé mediante
la escritura pública No. 215 del 28 de junio de 2003 de la Notaría de
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem. pág. 13.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
45
Jardín»86. Adujo que en dicho certificado de tradición y
libertad, «como anotación No. 12 figura la adquisición del 50% por parte
del demandante Manuel Felipe Ramírez al Sr. Gabriel Darío Múnera
Agudelo y en la anotación No. 014 del 8 de septiembre de 2008 una
medida cautelar en contra de los derechos del demandante Manuel
Felipe Ramírez Peláez solicitada por la Cooperativa de Caficultores de
Andes Ltda.-Cooperan Ltda.- por proceso ejecutivo, pero mediante la
subsiguiente anotación No. 015 del 21 de enero de 2009 se cancela dicho
embargo ejecutivo, significando conforme la sana crítica siguiendo las
reglas de la lógica y la experiencia, que para el mes de enero de 2009,
es decir, más de NUEVE (9) meses antes de la venta a la Sra. Diana
María Muñoz ya no existía dicha deuda»87. De modo que, apuntaló,
«de las pruebas documentales matrículas inmobiliarias No. 004-330032
; No. 004-24611 y No. 004-21909 solo se deduce que se entrega por parte
de los constituyentes la garantía real para obtener créditos, los cuales
de resultar insolutos Bancolombia y Bancafé persiguen las fincas
hipotecadas, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la
haya adquirido, por lo cual está permitido la circulación comercial del
predio, sin que la transferencia o venta de dichos bienes, pueda cumplir
con el propósito de “precautelar dicho patrimonio”, sin que aparezca
deuda alguna en dichos folios por parte del demandante Manuel Felipe
Ramírez, puesto que además, las medidas cautelares por parte de
Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda- Cooperan Ltda.- fueron
canceladas muchos meses antes de la venta que este realizara a la Sra.
Diana María Muñoz Tobón sin que esté probado para el 15 de octubre de
2009 ninguna acreencia en contra del Sr. Manuel Felipe Ramírez
existiendo manifiesto y trascendente error en la apreciación de dichas
pruebas, al dar por demostrado, sin estarlo, la existencia de acreencias
en contra del demandante como causa de la simulación»88. Agregó
que, en el hecho décimo séptimo del escrito inicial se señala
«el motivo o causa para la simulación absoluta… sin que en ningún otro
86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
46
hecho de la demanda especifique de manera clara y concreta cual era el
acuerdo privado que tenía con la señora Diana, sin que el Tribunal en su
sentencia se preocupara por auscultar el mismo, como tampoco existe
dentro del proceso prueba documental de dicho acuerdo ni prueba no
documental que indique los referidos términos»89. Estimó, pues, que
el yerro es trascendente porque, de no haberlo cometido, el
sentenciador «hubiera observado que al contener hipotecas que
recaían sobre dichos inmuebles, la venta de los mismos, no representan
para el acreedor ningún riesgo como tampoco ninguna protección para
quien con los mismos garantiza sus acreencias, toda vez que siendo,
como es, un derecho real, lleva inmerso el derecho de persecución en
cabeza de quien se encuentre los derechos de propiedad, sin que dicha
maniobra sirva en lo absoluto el “precautelar todo lo posible el patrimonio
por las deudas”. Como también hubiere apreciado que con los mismos
lejos está de acreditar para el 15 de octubre de 2009 fecha de la
compraventa impugnada, cualquier acreencia a favor de la Cooperativa
y por lo tanto no existe causa para la simulación ni absoluta ni relativa.
Por tanto, de no haber mediado el referido error, con ello bastaría para
confirmar la sentencia de primera instancia en este punto»90.
4. El censor también denunció yerro en la inferencia del
indicio de venta en bloque. Adujo que el Tribunal pasó por
alto «tres aspectos, (i) si aprecia la demanda sin errores en la misma no
aparece como soporte de las peticiones dicho indicio; (ii) de encontrarse
acreditado dicho hecho conocido, se concluye erróneamente atentando
contra la lógica, el hecho desconocido de que la enajenación simultánea
permite inferir que la finalidad del convocante era insolventarse, pues
como se demostró en el punto anterior sobre la causa de la simulación,
no se encuentra acreditado conforme los folios de matrícula inmobiliaria
No. 004-33002, No. 004-24611 y No. 004-210909 ninguna de las
acreencias referidas en la sentencia, del demandante y a favor de
89 Ibidem.
90 Ibidem. pág. 15.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
47
Bancolombia, Bancafé S.A. (Hoy Davivienda) y la Cooperativa de
Caficultores de Andes, y (iii) no existió la referida “enajenación
simultánea”»91. En efecto, en la demanda no se hizo referencia
a tal indicio, pues «únicamente [se plantean] seis (6) indicios de
simulación de la compraventa del inmueble, los que se describen en el
hecho vigésimo como: a. El precio, b. forma de pago, c. cercanía, d.
Continuidad de la explotación económica, e. Continuidad de la inversión
y f. Relación patronal»92. Señaló también que, en el hecho décimo
cuarto de la demanda, «se confiesa que al demandante le quedaron
además algunos bienes muebles de la supuesta liquidación realizada
con el Sr. Gabriel Darío Múnera, confesión cercenada por el fallador, lo
que lo llevó a dar por acreditado el referido indicio»93. Indicó que el
sentenciador hizo una «apreciación errónea de la escritura pública
No. 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín…
toda vez que del texto de la referida escritura se desprende que (i) no fue
simultánea con la escritura 361 de 2009, aquella fue del 15 de octubre
y esta del 22 de octubre; (ii) del texto de la misma página 2 se desprende
que fue en “reunión celebrada el día 02 de julio de 2009” que se “autorizó
la cesión de las cuotas o partes de interés social que consta en esta
escritura”, por lo que el negocio se realizó más de tres (3) meses antes de
la compraventa del inmueble y (iii) al tratarse de la protocolización de la
cesión de cuotas de una sociedad limitada, como se desprende del texto
de la escritura, la misma no produce efectos referente de terceros y de la
sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita in el registro
mercantil, por lo tanto, no se pueden predicar como erradamente lo hace
el Tribunal, de la simultaneidad de enajenación del inmueble y de las
cuotas sociales»94.
91 Ibidem.
92 Ibidem. pág. 16.
93 Ibidem.
94 Ibidem. pág. 17.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
48
5. El casacionista también denunció yerro en lo atinente
«al indicio de las condiciones en que se efectuó el pago aparente»95.
Estimó que el Tribunal aceptó «que el valor que figura en la
escritura pública de compraventa y equivalente a la suma de
$45.700.000 fue el valor total del contrato y pagado en efectivo o acepta
la confesión de que el precio total no fue ese sino el tomado como
confesión, pero, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, para
construir un indicio»96. Señaló, pues, que «del material probatorio
valorado sin error alguno se desprende, (i) que no es inverosímil que los
$45.700.000 se pague en efectivo; (ii) el precio acordado fue únicamente
la suma de $45.700.000 pero además se pagó la hipoteca, lo que no
constituye una confesión y (iii) que evidentemente se acreditó el pago»97.
Con respecto al primer punto, adujo que «El fallador de segunda
instancia parte del hecho que el pago en efectivo “riñe con los altos
índices de inseguridad y de hurtos existentes en nuestro país”, llevando
los índices de inseguridad y de hurtos de nivel nacional a un pequeño
Municipio del Suroeste Antioqueño “Jardín” que cuenta escasamente con
7.659 habitantes, cuya principal fuente de ingresos es turismo y
agropecuaria, lo cual implica movimientos de dinero en efectivo y no
Bancarios, contrario a lo que ocurre en las grandes ciudades»98. No
obstante, confutó, «el movimiento de efectivo está acreditado dentro
del expediente»99 con los testimonios de Gabriel López Agudelo
y Juan Guillermo Montoya Arias quienes «son claros en afirmar
que el producido de la cosecha lo reclamaban en efectivo y lo llevaban a
dicho Almacén de Yamaha en el Municipio de Jardín, infiriéndose que el
producido de una cosecha que es el que mueve la economía de la región
no son sumas despreciables…»100. Y que, «basta con observar sin error
alguno los documentos anexos a la declaración de renta de la
demandada Diana María Muñoz… años 2009 a 2014 donde se observan
95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem. pág. 19.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
49
ingresos por venta de café, plátano y banano, como por ejemplo por
valores de $10.401.000, $37.839.000, $47.108.000, $11.876.000,
$38.388.000 y $16.450.000»101. De modo que, apuntaló,
«valorados en debida forma los anteriores testigos y documentos, se
concluye que en el Municipio de Jardín y especialmente en el Almacén
de la demandada de Yamaha el movimiento de dinero en efectivo es
normal, sin que ello se vea afectado por los índices de inseguridad y
hurtos que se presentan en el país y con total independencia de si se
tiene cuentas bancarias»102. Asimismo, señaló, «el precio acordado
fue únicamente la suma de $47.700.000 pero además se pagó la
hipoteca, lo que no constituye una confesión»103. Refirió la demanda
y su contestación, y advirtió que «Lo anterior, no significa como
erradamente lo manifiesta el Tribunal, ni que el precio expuesto en la
escritura pública no fue el real, ni tampoco que el precio pactado no fue
el pagado. Significa que el precio del acto fue el avalúo catastral y que
además la mayor parte del pagó del inmueble fue la hipoteca por parte
de Diana María Muñoz a Bancolombia. Es que una cosa es el precio del
inmueble y otra cosa es lo que se tenga que pagar por él. Lo normal de
los negocios jurídicos para la adquisición de un inmueble nos indican,
que si se adquieren con préstamo hipotecario se pacta el precio del
inmueble en una cantidad determinada, pero el pago que se realiza por
el mismo es muy superior por las UVR o por los intereses que tenga que
cancelar»104. Y precisó que, «en nuestro caso las cosas fueron
simples, se pactó el precio del inmueble en la suma de $45.700.000 que
fue el precio acordado y pagado, pues el inmueble estaba hipotecado y
la Sra. Muñoz Tobón además del precio pagó la hipoteca que recaía sobre
el mismo, y ello, no constituye una confesión, pues no implica que el
precio no sea real como tampoco que el precio pactado en la compraventa
no fue el pagado»105. Denunció que el Tribunal ignoró «la prueba
documental aportada por la demandada compradora, consistente el
101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 Ibidem. pág. 20.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
50
Comisorio No. 086 del 26 de julio de 2012 del secretario del Juzgado 11
Civil del Circuito de Medellín (fls. 20 c-3), dirigido al Notario Único de
Andes, donde se le hace saber, que dentro del proceso Hipotecario
iniciado por Bancolombia en contra de Diana María Muñoz Tobón, se
ordenó la cancelación de la hipoteca que grava el inmueble No. 004-
0033002 constituida por escritura 972 del 21 de septiembre de 2003,
suscrita por Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera. Lo
que evidentemente acredita el pago del crédito hipotecario por parte de
la compradora demandada»106. Y que, «el Tribunal tampoco observó la
prueba documental aportada por la demandada compradora,
consistente en el oficio No. 790 del 26 de julio de 2012 del secretario del
Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín… dirigido a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Andes Antioquia donde se le hace
saber, que dentro del proceso hipotecario iniciado por Bancolombia en
contra de Diana María Muñoz Tobón, se decretó levantar la medida de
embargo y secuestro que recae sobre el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 004-0033002. Lo que evidentemente acredita
el pago del crédito hipotecario por parte de la compradora»107. De modo
que, adujo, «evidentemente se acreditó el pago»108. Así, «con la
escritura pública de compraventa 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaria Única de Jardín (fls. 37 a 40 c-4), donde en la cláusula tercera
los vendedores manifiestan “Que hacen la venta en la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($45.700.000), moneda corriente, suma que los tradentes declaran tener
recibida de contado en efectivo y a entera satisfacción de manos de la
compradora”»109. Y es que, «Dicha escritura fue apreciada
erróneamente por el Tribunal, puesto que frente a dicha declaración
cualquier manifestación realizada por los vendedores Srs. Manuel Felipe
Ramírez y Gabriel Darío Múnera frente al no pago del precio, debe estar
soportada en pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso,
pues les beneficiaria únicamente a ellos y perjudicaría a la compradora
106 Ibidem. pág. 21.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem. pág. 22.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
51
y demandada Sra. Diana María Muñoz, ya que a nadie le esta permitido
crear su propia prueba y no se les puede creer por el mero hecho de
hablar»110. También hubo apreciación errónea de «documento
privado suscrito por los Srs. Manuel Felipe Ramírez y Gabriel Darío
Múnera (f. 18 c-4) donde afirman que frente al inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria número 004-33002 enajenado a título de venta a
la Sra. Diana María Muñoz “RECIBIMOS EL JUSTO PRECIO, que el
inmueble tenia, no obstante la declaración que se hiciera en la escritura
arriba anotada, por $45.700.000, atendió avalúo catastral TOTAL del
inmueble y tuvo como único fin hacer menos onerosos para las partes
contratantes los trámites fiscales, notariales y de registro”»111. Señaló
que «El fallador al apreciar dicho documento (p.147) afirma que el mismo
“no demuestra la existencia y pago efectivo del precio oculto de la
compraventa … y por el contrario, la pone en duda, pues evidencia el
conflicto entre la declaración pública … y la voluntad de los contratantes
frente al precio de la negociación, es decir, la declaración pública no fue
verdadera …” continua afirmando que es sospechoso por no haber sido
firmado por la compradora, que no se estableció el precio que
presuntamente se pagó y que renunciaron a la rescisión por lesión
enorme lo que resulta ineficaz”»112. Estimó, pues, que «Dicha
interpretación es caprichosa, amañada, sin sentido y atropella el
contenido objetivo del texto, por lo siguiente: Cuando se afirma en
mayúsculas sostenidas y negrillas “RECIBIMOS EL JUSTO PRECIO” no
tiene otra interpretación diferente a lo literal de las palabras y es que a
los firmantes del documento se les entregó el precio del dinero y lo
recibieron, según el diccionario de la real academia española “recibimos”
significa “tr. Dicho de una persona: tomar lo que le dan o le envían”, vale
decir, si demuestra la existencia y pago efectivo del precio, con
independencia de si existe un precio oculto o si existe contradicción entre
lo manifestado en la escritura o declaración pública y lo acordado
privadamente, pues en aras de la discusión, si existe un precio oculto no
110 Ibidem.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
52
manifestado en el documento, ello no desvirtúa que se recibió”»113.
Añadió que «el recibo de un precio justo lo debe firmar quien recibió,
vale decir, los vendedores y no lo tiene que firmar quien pago, vale decir,
la compradora, por tanto, si el documento no está firmado por la Sra.
Diana María Muñoz Tobón eso no tiene nada de sospechoso, puesto que
lo sospechoso sería que ella lo firmara»114. Y que «la manifestación de
“recibimos el justo precio” sin especificar cuanto fue, no hace sospechoso
el documento como tampoco lo desvirtúa la renuncia a la rescisión por
lesión enorme, puesto que lo único ineficaz sería dicha renuncia, pero no
queda desvirtuado el recibo del precio justo»115. Refirió que «tampoco
queda desvirtuado el recibo del pago del precio del inmueble con la única
prueba testimonial que se refirió al tema… Existe un error en la
valoración de la prueba testimonial de la Sra. Sonia Milena Carmona
Restrepo, esposa de Gabriel Darío Múnera quien efectivamente es un
testigo de oídas como lo afirma el Tribunal, cuando al ser interrogada
sobre el negocio de la finca la Glorieta dijo que “No recuerdo exactamente
qué fecha. Pero si me di cuenta de cuando hicieron la escritura, porque
mi esposo me lo comentó, que quedó todo el 100% a nombre de Diana”
(Minuto 09:30 - CP_0926134111209). Por lo tanto, lo que está
comunicando la testigo es la manifestación de su esposo,
manifestaciones que lo benefician como vendedor y perjudican a Diana
María Muñoz como compradora, pero además manifestaciones verbales
del Sr. Múnera, que van en contravía con lo expuesto por él mismo de
manera escrita tanto en documento público como en privado, y sin ningún
otro respaldo, fuera de su propio dicho»116.
5. Señaló yerro en la apreciación del «indicio de la estrecha
relación negocial entre el demandante y la señora Diana María
Muñoz»117 porque «(i) si aprecia la demanda sin errores en la misma
no aparece como soporte de las peticiones dicho indicio; (ii) de
113 Ibidem.
114 Ibidem. pág. 23.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
53
encontrarse acreditado dicho hecho conocido, no se indica mediante la
inferencia lógica que hecho desconocido se infiere y (iii) no se soporta ni
probatoria ni argumentativamente en que consistió la estrecha relación
negocial»118. Adujo que en la demanda se presentó la cercanía
como indicio, «lo cual quedó efectivamente desvirtuado con la
confesión del propio demandante, pero nunca dentro del texto de la
demanda se afirma como indicio una supuesta estrecha relación negocial
entre el demandante y la compradora del inmueble, luego de terminar su
relación sentimental. Es más, la estrecha relación negocial que figura es
entre Manuel Felipe Ramírez y Gabriel Darío Múnera»119. Relató que,
«Luego de la separación del demandante con la Señora Diana María
Muñoz en el año 2008, celebraron dos negocios instantáneos la
compraventa de las cuotas sociales y la compraventa de la finca La
Glorieta, que implicó a reglón seguido, un contrato de arrendamiento
sobre la misma, sin presentarse ningún otro negocio relevante entre las
partes, pero de existir, lo único que dicha relación negocial “estrecha”
puede indicar, es un trato comercial que no conlleva o implica la
confianza necesaria para que Manuel Felipe Ramírez deposite
desprevenidamente y de manera simulada una parte de su patrimonio
en la Señora Muñoz Tobón, pues a tal punto se había terminado dicha
confianza, que se vieron en la necesidad de separarse incluso de la
sociedad Power Motors Yamaha, con la compraventa de las cuotas
sociales en parte a ella y en parte a su hermano Luis Eduardo
Ramírez»120.
6. A continuación, el censor refirió que «existen dentro de
la demanda otros tres supuestos indicios consistentes en la “continuidad
de la explotación económica”, la “continuidad de la inversión” y la
“relación patronal”»121. Indicios que, adujo, «se derrumban con la
valoración correcta del contrato de arrendamiento del inmueble
118 Ibidem. pág. 24.
119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 Ibidem. pág. 25.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
54
identificado con matrícula inmobiliaria No. 004-33002… suscrito entre
Diana María Muñoz como arrendadora y Manuel Felipe Ramírez Peláez
como arrendatario, por el periodo comprendido entre el 15 de octubre de
2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, pues el error del Tribunal al
apreciar dicha prueba consiste en afirmar que “pues en el año 2009
decidieron suscribir el referido contrato de arrendamiento por más de
cinco años y en razón de ello el demandante no perdió ni por un solo día
la posesión sobre la finca”…»122. Estimó que, «basta con observar el
contrato para descubrir que el señor Manuel Felipe Ramírez Peláez actúa
como arrendatario y en tal calidad recibe el inmueble… y la señora Diana
María Muñoz Tobón en su calidad de arrendador le entrega el mismo,
por lo tanto, el demandante ingresa como tenedor y no como poseedor.
Con la firma de dicho contrato está reconociendo dominio ajeno»123. Con
respecto al indicio de relación laboral, objetó que en el
contrato de arrendamiento se consignó que «las relaciones
laborales son la consecuencia inmediata y directa de la calidad de
arrendatario del demandante y no de una inexistente posesión sobre la
finca»124. A lo cual se suma que la demandada declaró esos
ingresos por arrendamiento en su declaración de renta. En
suma, confutó que «si partimos del hecho conocido y debidamente
probado de que “Felipe Ramírez Peláez y Diana María Muñoz Tobón
participaron de manera conjunta en la administración y ganancias de la
finca La Glorieta” esto llevaría a un solo hecho desconocido en contra de
las simulaciones y es que ello “evidencia que la señora Diana María
Tobón no se desprendió de la posesión del fundo ni por un solo día luego
de la compraventa”. Siendo un error manifiesto del Tribunal el no haber
observado este indicio en contra de las simulaciones, pues nadie que no
sea realmente dueña de una finca no la posee»125. Con todo, el
censor se dolió de que el Tribunal hubiese inferido indicio en
contra de la demandada por el hecho de no haber
122 Ibidem.
123 Ibidem.
124 Ibidem. pág. 26.
125 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
55
suministrado información documental para la práctica de un
dictamen pericial, «más teniendo en cuenta que la supuesta omisión
de la demandante (sic) nada tiene que ver con la pretensión de
simulación frente a la compraventa del inmueble finca La Glorieta»126.
Yerros manifiestos y trascendentes, apuntaló, porque de no
haber incurrido en ellos el Colegiado hubiera tenido por
acreditada la calidad de poseedora y arrendatario que tenían
la pasiva y la activa, respectivamente, sobre el inmueble.
7. En lo referente al «acuerdo trilateral»127, el censor adujo
que «el fallador de segunda instancia no apreció correctamente el
interrogatorio de parte absuelto por el Sr. Gabriel Darío Múnera, donde
salta a la vista la ausencia absoluta de acuerdo simulatorio entre el
deponente y la señora Diana María Muñoz…»128, pues «el vendedor
recibió una directriz del que ha considerado su hermano de pasarle el
50% a la compradora y no sabe si efectivamente Diana le pagó o no
dinero alguno a Manuel Felipe»129. La ausencia de acuerdo
trilateral debió haber llevado al Tribunal a confirmar el fallo
de primera en el sentido de declarar el fracaso de la
pretensión de simulación relativa.
8. En suma, «de no haberse incurrido en los errores de hecho en
la apreciación de las pruebas enrostrados en este cargo, el Tribunal en
su fallo no hubiera aplicado para el caso los artículos 1618 y 1766 del
Código Civil, pues ni la simulación absoluta ni la relativa ni sus
consecuencias se abren paso, violando entonces de manera indirecta los
referidos artículos»130. Pidió, en consecuencia, casar
parcialmente el fallo impugnado y «confirmar la de primera
126 Ibidem. pág. 27.
127 Ibidem.
128 Ibidem. pág. 29.
129 Ibidem.
130 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
56
instancia en lo referente a la pretensión segunda principal,
absteniéndose de librar los oficios a la Notaría Única de Jardín y a la
Oficina de Instrumentos Públicos de Andes»131.
CARGO SEGUNDO
Con sustento en la causal segunda, acusó a la sentencia
de quebrantar las mismas normas referidas en el cargo
anterior, como consecuencia de haber incurrido en yerros
fácticos manifiestos.
En apoyo de su embate, presentó los siguientes
razonamientos:
1.- Adujo que el Tribunal valoró equivocadamente los
siguientes medios de prueba: «i) Prueba documental que figura en
los folios de matrículas inmobiliarias No. 004-330032; No. 004-24611 y
No. 004-21909 (fls 25 a 32 c-3) ii) Escritura pública No. 1995 del 22 de
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín (flbs 752 a 753 c-3) iii)
Escritura pública de compraventa 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaria Única de Jardín (fls. 37 a 40 c-3) iv) Documento privado suscrito
por los Srs. Manuel Felipe Ramírez y Gabriel Darío Múnera (f. 18 c-3) v)
Anexos a la declaración de renta del año 2009 del demandante (fl. 125
c-4) v) Testimonio de la Sra. Sonia Milena Carmona Restrepo (Minuto
09:30 – Audio CP_0926134111209), vi) Testimonio de la Sra Juliana
Andera Diez Muñoz (p 177), vii) Testimonio del Sr. José Mauricio Moreno
(p177) vi). y error manifiesto en la apreciación de la demanda. (f. 2 a 21
c-1), vii) De la respuesta a la demanda del Sr. Gabriel Darío Múnera
Agudelo (Fls 113 – 117 C-1)»132. Y que, en consecuencia, incurrió
en yerros fácticos manifiestos consistentes en: i) tener por
131 Ibidem. pág. 30.
132 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 31.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
57
acreditado, sin estarlo, el motivo o causa de simulación; ii)
tener por demostrados, sin estarlo, los indicios de venta en
bloque, condiciones del pago aparente y estrecha relación
negocial entre las partes; y, tener por acreditadas, sin estarlo,
«las labores del demandante en la compañía»133.
2. Adujo que el sentenciador «incurrió en este error al resolver
la tercera pretensión principal revocando la sentencia de primera
instancia y “declarar la simulación absoluta de la cesión ficticia de las
cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda. por parte de Manuel
Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz Tobón y Luis Eduardo
Ramírez Peláez contenida en la Escritura Pública No. 1995 del 22 de
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín»134. Refirió que,
frente a esta pretensión, el sentenciador tuvo en cuenta los
mismos indicios que con respecto a la pretensión segunda
principal. Estimó que «sin causa simulandi no existe la
simulación»135 y que, «para nuestro caso, es necesario entonces
verificar cuál fue el fundamento de hecho expresado por la parte actora,
para solicitar la simulación absoluta de la cesión de las cuotas sociales
que tenía en la sociedad Power Motors Yamaha Ltda para julio de
2009»136. Señaló que, en el escrito inicial, los hechos
duodécimo al trigésimo «se refieren a la simulación de la cesión de
cuotas»137 y que el motivo o causa de la simulación está
contenido en el vigésimo segundo. Adujo que «en el hecho
undécimo [se afirmó] que la sociedad con Gabriel Darío Múnera terminó
a principios de 2009, pero el referido Sr. Múnera niega la existencia de
dicha sociedad al dar respuesta a la demanda y afirma que lo que se
realizó [fue] división de bienes comunes… y si nos atenemos al tenor
133 Ibidem. pág. 32.
134 Ibidem.
135 Ibidem. pág. 33.
136 Ibidem.
137 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
58
literal de las escrituras públicas 361 y 362 del año 2009 de la Notaría
Única de Jardín, la “división” se efectuó el 15 de octubre de 2009…»138.
Insistió -como el embate primero- en que, aparte de las
deudas que tenía con Bancolombia S.A., Bancafé S.A. y la
Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda., «no existe dentro del
expediente ninguna otra prueba que demuestre que para ese día 2 de
julio de 2009 o incluso para la referida época hasta el 22 de octubre
siguiente, alguna acreencia del demandante…»139. Denunció yerro
en la valoración de los certificados de tradición y libertad de
las matrículas inmobiliarias No. 004-330032, 004-24611 y
004-21909, pues «no se observa entre julio y octubre de 2009
ninguna acreencia en contra del señor Manuel Felipe Ramírez»140. Y es
que, añadió, «De las pruebas documentales matrículas inmobiliarias
No. 004-330032 ; No. 004-24611 y No. 004-21909 solo se deduce que se
entrega por parte de los constituyentes la garantía real para obtener
créditos, los cuales de resultar insolutos Bancolombia y Bancafé
persiguen las fincas hipotecadas, sea quien fuere el que la posea, y al
cualquier título que la haya adquirido, por lo cual está permitido la
circulación comercial del predio, sin que la trasferencia o venta de dichos
bienes, pueda cumplir con el propósito de “precautelar dicho patrimonio”,
sin que aparezca deuda alguna en dichos folios por parte del
demandante Manuel Felipe Ramírez, puesto que además, las medidas
cautelares por parte de Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda –
Cooperan Ltda.-, fueron canceladas muchos meses antes de la venta de
las cuotas sociales que este realizara a la Sra. Diana María Muñoz
Tobón- sin que este probado para la época de julio a octubre de 2009
ninguna acreencia en contra del Sr. Manuel Felipe Ramírez existiendo
manifiesto y trascendente error en la apreciación de dichas pruebas, al
dar por demostrado sin estarlo, la existencia de acreencias en contra del
demandante como causa de la simulación»141. De modo que, de no
138 Ibidem. pág. 34.
139 Ibidem.
140 Ibidem. pág. 35.
141 Ibidem. pág. 37.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
59
haber incurrido en este dislate, el Tribunal «hubiera observado
que al contener hipotecas que recaían sobre dichos inmuebles, la venta
de los mismos, no representan para el acreedor ningún riesgo como
tampoco ninguna protección para quien con los mismos garantiza sus
acreencias, toda vez que siendo, como es, un derecho real, lleva inmerso
el derecho de persecución en cabeza de quien se encuentre los derechos
de propiedad, sin que dicha maniobra sirva en lo absoluto el “precautelar
todo lo posible el patrimonio por las deudas.” Siendo la primera garantía
de los eventuales acreedores hipotecarios los respectivos inmuebles,
convirtiendo el riesgo de persecución de otros bienes como
improbable…»142.
3. En lo atinente al indicio de venta en bloque sostuvo
el censor que el sentenciador ignoró tres aspectos: «(i) si aprecia
la demanda sin errores en la misma no aparece como soporte de las
peticiones dicho indicio; (ii) de encontrarse acreditado dicho hecho
conocido, se concluye erróneamente atentando contra la lógica, el hecho
desconocido de que la enajenación simultánea permite inferir que la
finalidad del convocante era insolventarse, pues como se demostró en el
punto anterior sobre la causa de la simulación, no se encuentra
acreditado conforme los folios de matrícula inmobiliaria No. 004-33002,
No. 004-24611 y No. 004-210909 ninguna de las acreencias referidas
en la sentencia, del demandante y a favor de Bancolombia, Bancafé S.A.
(Hoy Davivienda) y la Cooperativa de Caficultores de Andes, y (iii) no
existió la referida “enajenación simultánea”»143. Con respecto a las
condiciones del pago aparente, el censor señaló que el
Tribunal incurrió en el dislate ostensible en cuanto que «(i) no
es inverosímil que los $126.000.000 que le correspondían a la Sra. Diana
María Muñoz se pague en efectivo y (ii) que evidentemente se acreditó el
pago»144. Insistió -como en el cargo primero- en que los
142 Ibidem.
143 Ibidem. pág. 38.
144 Ibidem. pág. 40.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
60
testigos Gabriel Aníbal López Agudelo y Juan Guillermo
Montoya Arias «son claros en afirmar que el producido de la cosecha
lo reclamaban en efectivo y lo llevaban a dicho Almacén de Yamaha en
el Municipio de Jardín, infiriéndose que el producido de una cosecha que
el que mueve la economía de la región no son sumas despreciables,
siendo parte de las actividades de vendedores y compradora las
agropecuarias»145. Sostuvo, pues, que «evidentemente se acreditó el
pago… del precio pactado por parte de la Señora Diana María Muñoz en
la parte que le correspondía por las cuotas sociales… con la escritura
pública de compraventa 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría
Quinta de Medellín donde en la cláusula segunda se afirma, “Segundo:
que el precio de la negociación lo constituye la suma de CIENTO
CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($140.000.000), es decir a razón
de mil pesos m.l. ($1.000) cada cuota o parte social. Dicho dinero lo
declara recibido a entera satisfacción de manos de los compradores y a
la proporción dicha»146. Denunció yerro fáctico en la apreciación
de dicho instrumento público «ya que a nadie le está permitido
crear su propia prueba y no se les puede creer por el mero hecho de
hablar»147. También señaló error ostensible en la apreciación
de la declaración de renta del demandante por el año 2009,
«donde figura como ingresos por ganancias ocasionales la suma de los
CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($140.000.000) como
venta de las 140.000 cuotas sociales»148. Y es que, añadió, «a pesar
de la sentencia manifestar que contra dichos documentos es posible
probar en contrario, lo cierto es que dichos documentos gozan de
presunción de veracidad, puesto que se reputan auténticos y legítimos
mientras no se demuestre en contrario, y no invocó la sentencia ninguna
prueba que acreditara lo contrario, simplemente, se manifiesta que la
forma de pago no resulta creíble, pero al acreditarse el pago mismo, con
los referidos documentos, ello corrobora que evidentemente la forma de
145 Ibidem.
146 Ibidem. pág. 42.
147 Ibidem.
148 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
61
pago fue en efectivo»149. Finalmente, con respecto al indicio de
estrecha relación negocial entre las partes, el censor adujo
que el Tribunal pasó por alto: «(i) si aprecia la demanda sin errores
en la misma no aparece como soporte de las peticiones dicho indicio; ii)
de encontrarse acreditado dicho hecho conocido, no se indica mediante
la inferencia lógica que hecho desconocido se infiere y iii) no se soporta
ni probatoria ni argumentativamente en qué consistió la estrecha
relación»150. Señaló que en la demanda se esgrimió la cercanía
entre las partes como indicio, «lo cual quedó efectivamente
desvirtuado con la confesión del propio demandante, pero nunca dentro
del texto de la demanda se afirma como indicio una supuesta estrecha
relación negocial entre el demandante y la compradora de las cuotas
sociales, luego de terminar su relación sentimental. Es más, la estrecha
relación negocial que figura es entre Manuel Felipe Ramírez y Gabriel
Darío Múnera… o entre Manuel Felipe Ramírez y su hermano y otro
comprador señor Luis Eduardo Ramírez»151. Refirió que, «luego de la
separación del demandante con la Señora Diana María Muñoz en el año
2008, celebraron dos negocios instantáneos la compraventa de las
cuotas sociales y la compraventa de la finca La Glorieta, que implicó a
reglón seguido, un contrato de arrendamiento sobre la misma, sin
presentarse ningún otro negocio relevante entre las partes, pero de
existir, lo único que dicha relación negocial “estrecha” puede indicar, es
un trato comercial que no conlleva o implica la confianza necesaria para
que Manuel Felipe Ramírez deposite desprevenidamente y de manera
simulada una parte de su patrimonio en la Señora Muñoz Tobón, pues a
tal punto se había terminado dicha confianza, que se vieron en la
necesidad de separarse incluso de la sociedad Power Motors Yamaha,
con la compraventa de las cuotas sociales en parte a ella y en parte a su
hermano Luis Eduardo Ramírez»152. En este orden de ideas,
indicó, «ante la inexistencia de un conjunto de indicios graves,
149 Ibidem.
150 Ibidem. pág. 43.
151 Ibidem. pág. 44.
152 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
62
concordantes y convergentes»153 el Tribunal hubiese debido
confirmar el fallo de primera instancia.
4. El censor también adujo que «existe un error en la
valoración de la prueba testimonial de Juliana Andrea Diez, puesto que
si bien es cierto manifiesta que el demandante impartía órdenes durante
el tiempo que ella laboró en la sociedad que fue desde el año 2010 al año
2012 y expone una serie de circunstancias, también indica que fue la
señora Diana la que la despidió»154. Y que, «por su parte es cierta (sic)
las afirmaciones de los testigos Gabriel Anibal López, Juan Guillermo
Montoya, Diego León y Carlos Andrés Zapata según la cual (sic)
trabajaron para el demandante y que posteriormente al año 2009
llevaban y reclamaban dinero en el local comercial de Power Motors
Yamaha Ltda, pero ello no implica o acredita el demandante continuó
participando en el desarrollo del objeto social y la administración de la
sociedad, puesto que no es extraño que una persona trabaje para otra y
que reclame el dinero de su salario en un sitio en el cual su empleador
no es ni administrador ni desarrolle su objeto social»155. De otra parte,
el censor cuestionó el indicio del «comportamiento procesal de la
demandada Diana María Muñoz… al no suministrar la información
documental requerida para la práctica de un dictamen pericial… prueba
en la que se incurre en un error manifiesto al no indicar el referido hecho
conocido a cuál hecho desconocido conduce, más teniendo en cuenta que
la supuesta omisión de la demandante nada tiene que ver con la
acreditación de algún indicio en particular»156. Apuntaló que, ante
la falta de acreditación de los indicios referidos, debió
confirmarse el fallo del a quo.
153 Ibidem.
154 Ibidem.
155 Ibidem. pág. 45.
156 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
63
Pidió, en consecuencia, casar parcialmente el fallo
impugnado para confirmar el de primera en lo referente a la
pretensión tercera principal y sus consecuenciales.
CONSIDERACIONES
1. El estudio conjunto de los embates primero y
segundo se justifica en virtud de su unidad temática, pues
ambos cuestionan por la vía indirecta las conclusiones del
Tribunal en torno a la estructuración de la simulación de
sendos negocios jurídicos. En todo caso, se adelanta su
fracaso, por las razones que pasan a exponerse.
2. En lo que concierne a las causales de casación
relacionadas con la violación de normas sustanciales -
primera y segunda-, el artículo 344 del Código General del
Proceso exige el señalamiento de al menos una norma de
carácter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo
impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya
sido quebrantada. Tal exigencia es esencial porque a partir
de allí se despliega la función nomofiláctica y de tutela del
derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la
Corte. En los dos cargos, la censora acusó al fallo de
transgredir los artículos 1618 y 1766 del Código Civil. De
estas, sólo la norma contenida en el artículo 1766157 es de
157 Cfr. CSJ, S-071, 8 mar. 1988; CSJ, S-470, 18 nov. 1988; CSJ, S-173, 10 may.
1989; CSJ, S-256, 12 jul. 1990; CSJ, S-112, 16 may. 1991; CSJ, A-303, 5 oct. 1993;
CSJ, S-062, 29 abr. 1994; CSJ, S-127, 5 oct. 1995; CSJ, S-005, 5 feb. 1996; CSJ, A-
153, 4 ago. 2004; CSJ, S-335, 14 dic. 2005; CSJ, S-346, 16 dic. 2005; CSJ, S-039,
30 mar. 2006; CSJ, AC5083-2021; CSJ, AC2331-2023; CSJ, AC2869-2023.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
64
carácter sustancial en tanto que crea, extingue o modifica
relaciones jurídicas particulares. En consecuencia,
únicamente con respecto de esta se entienden presentados
los cargos.
3. Los artículos 1766 y 1618 del Código Civil y 254 del
Código General del Proceso constituyen el fundamento legal
de la doctrina de la simulación. Las partes en el negocio
jurídico simulado proyectan al exterior una declaración de
voluntad que no se corresponde con su verdadera intención,
que permanece velada158. A fin de preservar la seguridad
jurídica, el artículo 1766 del Código Civil159 advierte que el
acuerdo privado no produce efectos frente a terceros. No
obstante, en virtud del artículo 1618 del Código Civil, las
partes quedan vinculadas por el convenio secreto y tienen
derecho a exigir su cumplimiento160. Al respecto, esta Sala
de vieja data precisó que, «siguiendo el criterio del derecho romano
se tiene que la simulación en la mayoría de los países, entre ellos
Colombia, recoge el principio consistente en que la voluntad real debe
prevalecer sobre la falsa apariencia, pues tiene soporte legal en el
artículo 1618 del Código Civil al sentar la regla de que conocida
158 «La simulación viene a ser el concierto o la inteligencia de dos o más personas,
autoras de un acto jurídico, para darle a este las apariencias que no tiene, ya porque
no existe, ora porque resulta ser distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.
Por consiguiente, cuando las partes no quieren en realidad ningún negocio, la
simulación se denomina absoluta y cuando lo encubren en forma distinta de como
verdaderamente es, se califica de relativa». CSJ SC, 16 mayo de 1968, GJ CXXIV.
159 Código Civil. Artículo 1766: «Las escrituras privadas, hechas por los contratantes
para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra terceros».
160 «Del artículo 1766 precitado surgen tres derechos, al cual más importantes: a) el de
los contratantes a exigir que el aspecto secreto del acuerdo simulatorio prevalezca sobre
el público; b) el que asiste al tercero de buena fe para atenerse, en sus relaciones con
los contratantes, a lo declarado aparentemente por éstos, sin que en ningún caso se les
pueda oponer la contraestipulación; y c) el que tiene el tercero para exigir que sus
relaciones con los contratantes se rijan por el pacto secreto». CSJ, SC, 30 mayo 1970.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
65
claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que
a lo literal de las palabras»161.
3.1. Con todo, la declaración de voluntad de las partes
volcada al exterior se presume acorde con su verdadera
intención162. De modo que, para restarle eficacia, es
necesario acreditar plenamente la divergencia entre el
propósito real de las partes -oculto- y el ostensible163. Esto
es, la carga acreditar la simulación corresponde a quien
impulsa la acción de prevalencia164. En particular, esta Sala
ha aclarado que, «la simulación no implica dos actos o contratos sino
uno solo y verdadero, y que la contienda se reduce a un confrontamiento
de pruebas; las que se encaminan a demostrar las verdaderas
características del acto o contrato celebrado, y las que las partes en ese
mismo acto o contrato preconstituyeron para disfrazarlo o simularlo»165.
En efecto, los medios de convicción tienen como propósito
poner en evidencia la real voluntad de las partes para que se
imponga sobre la declaración externa aparente.
161 CSJ SC de 07 de julio de 1983.
162 CSJ SC 24 de junio 1992. Exp 3390.
163 «En fin, que lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una
entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente
queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según los intereses y las
disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea un
antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se
conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía». CSJ SC,
16 de mayo de 1968, GJ CXXIV.
164 «Conviene recordar en este momento, que la carga de probar la simulación (onus
probandi) corresponde a quien persigue su declaratoria (art 177 de C.P.C) sin perjuicio
del elevado deber que tiene el juez de proveer oficiosamente para verificar los hechos
alegados, y que con tal propósito debe aquél aportar al juzgador suficientes y
fidedignos medios de prueba que le permitan a éste, sin hesitación alguna, formarse
el convencimiento de que el negocio cuestionado es aparente y, por ende, reñido con la
realidad volitiva interpartes, vale decir con su genuina intención». CSJ SC, 15 de febrero
de 2000.
165 CSJ, SC 28 de febrero 1979 G.J. CLIX.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
66
3.2. La carga de la prueba implica un laborío arduo166,
cuyo norte es establecer el contenido fehaciente de la relación
jurídica y exhibir el acuerdo simulatorio concertado por las
partes167. De allí que, cualquier elemento de juicio pueda ser
útil para la acreditación168 de los enunciados fácticos169 -
vertidos en la demanda170-. Y, desde luego, la prueba
indiciaria171 ostenta un papel destacado en la acción de
prevalencia172. En esta medida, el hecho base del indicio -el
hecho indicador173- debe quedar establecido en el proceso. Y
166 «Los hechos de influencia en el pleito deben, de ordinario, ser afirmados por las
partes para que el juez pueda tenerlos en cuenta. No sólo esto: tales hechos deben,
regularmente ser probados por las partes para que puedan considerarse como
existentes». Chiovenda, Jose: Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II. Ed Reus,
1925. pág. 244.
167 «La simulación absoluta como la relativa tienen de esta suerte un denominador
común: el acuerdo de las partes para producir la prueba externa de un negocio
inexistente o que es otro, llamado acto ostensible o aparente, y la concomitancia con él
de un propósito común que es diverso y oculto pero real». CSJ, SC 29 mayo de 1991.
168 «(…) El demandante es quien debe probar los hechos en los que funda su acción. En
efecto, no podía ser de otro modo. El demandante quiere introducir un cambio en la
situación presente; se cree propietario de una cosa que está en posesión de su
adversario, acreedor de este, etcétera. Luego hasta que se pruebe lo contrario, es lógico
pensar que aquel que tiene una cosa es propietario de ella, o que una persona no es
deudor. El demandado debe, pues, conservar las ventajas de su situación; mientras no
se pruebe lo contrario». Ambrosio Colin y Henry Capitant: Curso elemental de Derecho
civil. Tomo primero. Ed Reus, 1923. pág. 199.
169 «La construcción de los enunciados fácticos es cuestión de elección: formular un
enunciado acerca de un hecho significa elegir una descripción de ese hecho entre el
número infinito de sus posibles descripciones». Taruffo, Michele: La prueba, ed Marcial
Pons, 2008. P. 20.
170 «Para la prosperidad y la pretensión es necesario demostrar entonces aquella
voluntad privada que es la que contiene la verdadera de las partes». CSJ SC 25
septiembre de 1973.
171 «…dada la forma y el sigilo que rodea la celebración de los actos jurídicos simulados,
la prueba a la cual se acude con mayor frecuencia es a la de indicios y, en especial,
cuando no existe prueba documental». CSJ, SC, 14 septiembre de 1976. Se aseveró
que.
172 «En materia de pretensión simulatoria y para su exitoso ejercicio, pueden las partes
o los terceros, in abstracto, acudir a toda clase de medios de prueba, dado el sigilo y la
audacia con que los contratantes suelen actuar para disfrazar el acto urdido en la
penumbra en la penumbra, aún cuando en la praxis la prueba indirecta es la más
socorrida, particularmente la indiciaria dada, la dificultad probatoria que campea en
esta materia». CSJ, SC, 15 febrero de 2000.
173 «Así las cosas, es a través de la inferencia indiciaria como el sentenciador puede, a
partir de hechos debidamente comprobados y valorados como signos, arribar a
conclusiones que no podrían jamás revelarse de no ser por la mediación del
razonamiento deductivo. De ahí que a este tipo de prueba se le llame también
circunstancial o indirecta, pues el juez no tiene ningún contacto sensible (empírico) con
el hecho desconocido, pero sí con otros que únicamente el entendimiento humano puede
ligar con el primero (…)». CSJ SC, SC-7274 10 jun. 2015, expediente 24325.
«Jurisprudencial y doctrinalmente se ha compendiado un catálogo enunciativo de
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
67
su convergencia y gravedad174 deben ser puestas de
manifiesto en la instancia175.
Con respecto a los indicios de simulación, esta
Corporación ha puntualizado lo siguiente:
«Dada la dificultad de acreditar, en forma directa, la mendacidad
de una declaración de voluntad, ese doblez puede advertirse a
partir de la presencia de pruebas indirectas, que -con el mismo
vigor que las primeras- muestran que el comportamiento y la
intención de los contratantes difiere del que habría de esperarse
de quienes celebran negociaciones serias.
supuestos fácticos (hechos indicadores) que, de acuerdo con las reglas de la experiencia
y de la lógica, permiten identificar un negocio ficticio, de modo que pueda elucidarse si
el sometido a estudio amerita ese calificativo. Esta Sala reseñó, entre otros, los de:
(…) causa o motivo para simular - falta de necesidad de enajenar o gravar – venta de
todo el patrimonio o de lo mejor – relaciones parentales, amistosas o de dependencia –
falta de medios económicos del adquirente – ausencia de movimientos en las cuentas
corrientes bancarias – precio bajo – precio no entregado de presente – precio diferido o
a plazos – no justificación del destino dado al precio – persistencia del enajenante en
la posesión – tiempo sospechoso del negocio – ocultación del negocio – falsificaciones,
captaciones de voluntad, otras maniobras torticeras – documentación sospechosa –
precauciones sospechosas – falta de equivalencia en el juego de prestaciones y
contraprestaciones – dejadez – pasividad del cómplice – intervención preponderante del
simulador – falta de contradocumento – intentos de arreglo amistoso – conducta
procesal de las partes» (CSJ SC16608-2015, 7 dic., rad. 2001-00585-02; CSJ,
SC3365-2020; CSJ, SC3790-2021; CSJ, SC2906-2021).
«También señaló como indicativos del pacto simulado las circunstancias de «estar el
vendedor o verse amenazado de cobro de obligaciones vencidas, la intervención del
adquirente en una operación simulada anterior, el lugar sospechoso del negocio (locus),
la falta de examen previo por el comprador del objeto adquirido, especialmente cuando
se trata de un bien raíz» (CSJ SC11197-2015, 25 ago., rad. 2008-00390-01; CSJ,
SC3598-2020, entre otras).
174 «(…). El mérito del indicio no es absoluto sino apenas probable y se pondera no
objetiva sino subjetivamente por la certeza moral del sentenciador, quien por
inferencias graves, precisas y conexas entre sí, puede llegar a la convicción íntima y
firme de que el hecho litigioso se encuentra probado plenamente». CSJ, SC, 20 de marzo
de 1959, G.J. t. XC.
175 «Es natural que cada hecho índice carezca por sí solo de fuerza capaz de integrar el
convencimiento, a menos que el Juez esté en presencia de indicio necesario, pues que
en esta hipótesis extraordinaria el vínculo indiscutible de causalidad con el hecho
investigado hace inoficiosa cualquiera otra averiguación. Pero por lo común es la
cadena de varios hechos índices, reunidos y apoyados unos en otros, el fundamento
del criterio que permite llegar con firmeza a la convicción de que el hecho indicado hubo
de realizarse. Por ello, todo indicio no necesario considerado en sí mismo exige
tratamiento valorativo en relación con otros hechos que aisladamente nada probarían
tampoco. Así, si se admitiera destruir cada hecho indicador por falta de relación
necesaria con el hecho que se averigua, sería tanto como eliminar de la tarifa la prueba
por indicios. Destruirla vendría a ser tarea tan fácil como que en su enunciado
encuentra su propia demostración: desde luego que se parte del supuesto de que el
indicio no es necesario, está admitido de antemano que por sí solo, aisladamente, nada
prueba». CSJ, SC, 20 de marzo de 1959. G.J. t. XC.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
68
Por vía de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren que es
habitual que el vendedor se desprenda de la posesión del bien que
enajena; que, por supuesto, aquel quiera (o necesite) vender y su
contraparte comprar; que se reclame efectivamente por esa
transferencia un precio, equivalente al valor de mercado del activo,
y que el comprador cuente con recursos suficientes para asumir
esa carga contractual; así, actuar contrariando tales pautas
comportamentales puede sugerir el fingimiento de una
determinada declaración de voluntad.
A dichas evidencias pueden sumarse otras, ya no propias de un
comportamiento negocial atípico, sino del contexto en que se
celebró el contrato, como por ejemplo, la cercanía de las partes (no
necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas;
la época de la negociación; las cláusulas contractuales inusuales
(reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia
masiva de activos, y, por sobre todo, la causa simulandi, es decir,
la existencia de un motivo para encubrir la auténtica voluntad de
los negociantes con un ropaje aparente»176.
En el mismo sentido, esta Sala sostuvo que el interés
para simular no es más que «el punto de partida» para acreditar
el acuerdo simulatorio. De modo que la «causa simulandi»
constituye un indicio fortísimo de ese pacto doble. Pero no
es, ni mucho menos, condición sine qua non para
estructurarlo177. Por el contrario, es el conjunto de indicios,
revestidos de convergencia y gravedad, lo debe llevar al
sentenciador al convencimiento sobre la existencia de ese
pacto oculto.
3.3. En este orden de ideas, en sede casacional, tal
como lo ha sostenido esta Corte, el reproche debe
176 CSJ, SC3598-2020.
177 CSJ, SC7274-2015: «Una antigua regla de la experiencia -perfectamente válida en
la actualidad- señala que para demostrar la simulación es preciso poner de relieve, en
primer lugar, la causa simulandi. El punto de partida está dado por el motivo de la
simulación, lo cual no es más que el interés serio e importante que condujo a las partes
a realizar el negocio disfrazado. Por lo general se simula para sustraerse al
cumplimiento de una obligación, evadir una disposición legal, guardar o aparentar una
posición social o económica, etc., independientemente de que el fin sea lícito o no. Y
como quiera que esa causa hace parte del fuero interno de los individuos, es solo por
medio de sus manifestaciones externas o declaraciones de voluntad que logra inferirse
el motivo que indujo a fingir el negocio».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
69
circunscribirse a determinar si por error manifiesto de hecho
o por error de derecho «estuvieron admitidos como probados o como
no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen
exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es
o no de recibo en el asunto debatido»178. En específico respecto a
los indicios, se ha precisado que el yerro fáctico se estructura
«en primer lugar, por la incorrecta apreciación de los hechos indicadores,
ya sea por preterirse los efectivamente demostrados, o por
desfigurárseles al punto de hacerles perder los efectos que de ellos se
derivan, o por suponerse unos inexistentes; y, en segundo lugar, porque
el raciocinio del sentenciador al deducir el hecho indicado, contradiga
abierta y notoriamente el sentido común o las leyes de la naturaleza»179.
Con todo, las conclusiones del fallador derivadas de los
hechos indicadores son inexpugnables. Salvo que sus
deducciones se revelen contraevidentes, o que en el ejercicio
de sopesar los indicios y articularlos cometa un notorio
desafuero180. Bajo tales consideraciones, la Corte no puede
desconocer el análisis individual y en conjunto de las
pruebas indiciarias efectuado por el sentenciador, pues no
hay razón para apartarse del proceso intelectivo que lleva a
dar por establecido el hecho indicado, salvo aquellos casos
«especiales en que su interpretación por el juzgador ha sido tan absurda
que pugne con la manifiesta evidencia de los hechos, en otra forma
demostrados en el proceso»181.
178 CSJ, SC, 12 junio 1958.
179 CSJ, SC12469-2016; CSJ, SC3140-2019; CSJ, SC2582-2020 y CSJ, SC4667-
2021, entre otras.
180 «La apreciación de las cualidades de gravedad, precisión y conexión que deben tener
los indicios los confía a la ley y a la conciencia del juez, sin más restricción que la
subordinación de su criterio a las reglas generales de sana crítica en materia de
probanzas. Cuando se trata de evaluar y estimar la prueba indiciaria no puede la Corte
hallar error de hecho sino en casos especiales en que su interpretación repugne con la
evidencia clara y manifiesta que arrojen los autos». CSJ, SC, 29 sep. 1945.
181 CSJ SC, 31 oct. 1956
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
70
Como ha dicho esta Corporación, al desarrollar una
«labor ponderativa como tribunal de casación, no puede, por regla
general, quebrar los fallos de segunda instancia, ‘salvo los casos de
excepción, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin
estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando
probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual
si lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se
deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre
estos y aquellos el obligado vínculo de causalidad’»182. De ahí que, en
el evento en que el abanico indiciario permita lecturas
diversas, prevalece la que adopte el Tribunal sobre la que
edifica el censor en procura de satisfacer sus intereses183.
3.4. Ahora bien, la prosperidad de la acción de
simulación requiere acreditar el acuerdo simulatorio184, es
182 CSJ SC, 25 jul. 2005, Exp. No. 24601
183 «La Corte ha pregonado que si el proceso mental realizado por el juzgador, éste no
resulta convicto de contraevidencia, ni en la contemplación de los hechos constitutivos
de los indicios, ni en la tarea dialéctica de discriminar, sopesar y relacionar éstos, en
razón de lo cual llegó a las conclusiones de hecho que cristaliza la prueba, entonces,
aunque sobre el elenco indiciario se pueda ensayar por el crítico interesado en un
análisis diverso al verificado por el sentenciador, para sacar las consecuencias
contrarias a las obtenidas por éste, tiénese que en esa contraposición de
racionamientos forzosamente ha de prevalecer el del Tribunal, cuyas decisiones, como
emanadas de quien es agente de la justicia, revestidas están de la presunción de
acierto». CSJ, SC, 22 nov. 1966. Asimismo, se ha indicado que «la escogencia dentro
de la equivocidad de los indicios corresponde a la labor de ponderación de tan
especiales medios probatorios, que tiene como dique el respeto a la autonomía del
fallador de instancia, a no ser que la magnitud del desbarro lo haga intolerable… en
cuanto al capítulo de la apreciación indiciaria, la jurisprudencia ha seguido una línea
constante de mesura y ponderación, de modo que apenas en casos muy excepcionales
es posible corregir la labor apreciativa hecha por el Tribunal…» (CSJ SC, 26 jun. 2008,
Exp. No. 15599-31-03-001-2002-00055-01)
184 Elemento que no puede confundirse con el concilium fraudis de la acción pauliana.
En efecto, «el consilium fraudis puede aparecer comprobado con ocasión de la acción
simulatoria, pero lo cierto es que no constituye un elemento definidor de la misma. Aquí,
desde luego, hay un acuerdo entre las partes, pero él concierne es al propósito de
engañar, de tender un manto sobre la realidad; ese acuerdo puede, como se dice, ser
igualmente fraudulento, pero la presencia de este componente no altera la configuración
de la acción. La presencia del fraude en la simulación es apenas coyuntural o de hecho,
por lo cual su comprobación jurídicamente no genera ninguna consecuencia; como
tampoco la genera su no comprobación. Al acreedor lo único que le interesa es
demostrar la inexistencia del acto, porque ello es bastante para precaver el perjuicio
que de otro modo se le puede irrogar». CSJ, SC, 10 de junio de 1992.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
71
decir, el convenio encaminado a efectuar una declaración de
voluntad pública aparente que oculta una intención
verdadera185. Y es que, como ha señalado esta Sala, no es
posible concebir el fenómeno simulatorio «sin que exista un pacto
para tal fin entre las partes, porque no es suficiente que uno de los
partícipes del negocio jurídico manifieste su propósito de simular y el otro
no asuma idéntica conducta jurídica, puesto que no es posible la
simulación unilateral o en cabeza de una sola parte»186. De manera
que cuando -únicamente- se observa el asentimiento de una
de las partes, sin que se encuentre probada aquel de su
cocontratante, ese querer unilateral no pasa de ser una
reserva mental187. Por lo demás, el propio artículo 1766 del
Código Civil, es claro en señalar que el pacto simulatorio, el
acuerdo velado u oculto, no les es oponible a terceros.
Entiéndase, a los terceros de buena fe, aquellos que entraron
185 «Como primera condición es primordial para la simulación la conformidad de todas
las partes contratantes; no basta que alguna manifieste la declaración en desacuerdo
con su íntimo pensamiento, sino que es imprescindible que el otro contratante formule
la suya igualmente fingida y en inteligencia con el primero. La ficción supone una
relación bilateral entre los que efectúan el negocio, quienes cooperan juntos en la
creación del acto aparente, en la producción de la falsa imagen constitutiva del acto
simulado». Cámara Héctor, Simulación de los actos jurídicos, ed depalma 1958, pag
29.
186 CSJ, SC, 26 de ago. de 1980, Tomo CLXVI n.° 2407.
187 «Dada la dificultad de acreditar, en forma directa, la mendacidad de una declaración
de voluntad, ese doblez puede advertirse a partir de la presencia de pruebas indirectas,
que -con el mismo vigor que las primeras- muestran que el comportamiento y la intención
de los contratantes difiere del que habría de esperarse de quienes celebran
negociaciones serias. Por vía de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren que es
habitual que el vendedor se desprenda de la posesión del bien que enajena; que, por
supuesto, aquel quiera (o necesite) vender y su contraparte comprar; que se reclame
efectivamente por esa transferencia un precio, equivalente al valor de mercado del
activo, y que el comprador cuente con recursos suficientes para asumir esa carga
contractual; así, actuar contrariando tales pautas comportamentales puede sugerir el
fingimiento de una determinada declaración de voluntad. A dichas evidencias pueden
sumarse otras, ya no propias de un comportamiento negocial atípico, sino del contexto
en que se celebró el contrato, como por ejemplo, la cercanía de las partes (no
necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la época de la
negociación; las cláusulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de
retroventa, etc.; la transferencia masiva de activos, y, por sobre todo, la causa
simulandi, es decir, la existencia de un motivo para encubrir la auténtica voluntad de
los negociantes con un ropaje aparente». G.J. t. CLXXX, Cas. Civ., enero 29 de 1985,
pág. 25.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
72
en contacto con el acto o negocio jurídico público sin
consciencia sobre la existencia del pacto simulatorio.
4. En el cargo primero se denunció la tergiversación o
apreciación errónea de los siguientes medios suasorios: i)
certificados de tradición y libertad de los inmuebles con folio
de matrícula con números 004-330032, 004-24611 y 004-
21909; ii) escritura pública No. 1995 del 22 de octubre de
2009 de la Notaría Quinta del Círculo de Medellín; iii)
escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaría Única de Jardín; documento privado suscrito por
Manuel Felipe Ramírez y Gabriel Darío Múnera; iv)
testimonio de Sonia Milena Carmona Restrepo; v) el escrito
inicial. Así como falta de apreciación de i) el despacho
comisorio No, 086 del 26 de julio de 2012 y ii) el oficio No.
790 del 26 de julio de 2012, ambos proferidos por el
secretario del Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín. Los
yerros valorativos denunciados habrían conducido al
Tribunal -adujo el casacionista- a: i) dar por demostrado, sin
estarlo, la existencia de una causa o motivo de simulación;
ii) dar por demostrado, sin estarlo, los indicios de venta en
bloque, condiciones en que se efectuó el pago y estrecha
relación negocial entre el demandante y Diana María Muñoz;
iii) no dar por demostrado, estándolo, que el demandante era
un arrendatario del bien y la demandada actuó en calidad de
poseedora del mismo; y iv) no dar por demostrado, estándolo,
que no hubo acuerdo trilateral en la pretensión de
simulación relativa. Adujo que, para el caso de la simulación
relativa, no se acreditó la existencia del acuerdo trilateral
entre el demandante, Gabriel Darío Múnera y Diana Muñoz.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
73
Sostuvo que no se acreditó en el plenario la existencia de
deudas que afectaran el patrimonio del demandante para la
fecha en que se efectuó la compraventa del inmueble en
cuestión, pues la simple constitución de una garantía real de
hipoteca no basta para ello. A su juicio, no hubo
simultaneidad en la venta de las participaciones en la
sociedad y la venta del inmueble. Acusó al fallo de yerro
protuberante al estimar las condiciones que rodearon al pago
del precio del inmueble pues, en su entender, no era
inverosímil que se hubiese hecho en efectivo, y que el precio
ajustado al avalúo catastral tampoco daba lugar a inferir
apariencia o pacto oculto. Denunció que el pago se probó,
pues además de la suma en efectivo, Diana Muñoz pagó un
crédito hipotecario de otro inmueble, en parte del precio.
Alegó que el documento privado suscrito por el demandante
y Gabriel Múnera da cuenta de que recibieron el pago.
También denunció la incursión en yerro al estimar la
estrecha relación negocial de la activa con Diana Muñoz. Y,
en fin, que tampoco era dable inferir la continuidad en la
explotación económica del inmueble, la inversión y la
supuesta relación patronal, porque Diana Muñoz le arrendó
el inmueble a Manuel Felipe Ramírez después de que éste y
su socio se lo vendieran a ella. Asimismo, se dolió de que el
Tribunal hubiese tenido como indicio en contra la conducta
procesal de la demandada. De otra parte, en el ataque
segundo se denunció la tergiversación de los mismos medios
de prueba que en el cargo primero, pero añadió la indebida
valoración de los anexos de la declaración de renta del
demandante por el año 2009, el testimonio de José Mauricio
Moreno y la contestación de la demanda de Gabriel Múnera
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
74
Agudelo. En este embate, también se acusó al Colegiado de
tener por demostrados, sin estarlo, los indicios de motivos
para simular, venta en bloque, condiciones del pago, y
estrecha relación negocial; y tener por acreditado, sin estarlo,
«las labores del demandante en la compañía». Estimó que no se
acreditó la causa o motivo para simular, nuevamente, por
cuanto no se acreditó la existencia de acreencias que
gravaran el patrimonio del demandante a la fecha en que se
efectuó la venta de las cuotas parte. Denunció yerro al inferir
la venta en bloque, pues no hubo enajenación simultánea.
También se dolió de que el Colegiado hubiese estimado como
inverosímil que el pago del precio de las acciones se hubiese
hecho en efectivo. Adujo que se acreditó el pago. Y que, por
lo demás, en la declaración de renta del demandante por el
año 2009 se relacionó ingreso por ganancia ocasional relativo
a la venta de esa participación. Alegó, igualmente, que no
había prueba de la supuesta relación negocial estrecha
existente entre Diana Muñoz y el demandante para la fecha
del acto jurídico. Y, asimismo, confutó la conclusión del
sentenciador en lo relativo a que el demandante siguió
ejerciendo como socio y en desarrollo del objeto social de
Power Motors Yamaha Ltda. Por lo demás, cuestionó que se
hubiera estimado como indicio en contra de Diana Muñoz su
negativa a suministrar información al perito para estimar el
valor de la compañía en cuestión.
4.2. Esta Sala advierte que al resolver las pretensiones
segunda y tercera principales, en este caso, el Tribunal tuvo
en cuenta tres clases de medios suasorios, a saber: la
documental, la testimonial u oral y la indiciaria. En concreto,
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
75
frente a la pretensión segunda principal, el ad quem razonó
del siguiente modo: «al efectuar un análisis de la contestación de la
demanda por parte de Diana María Muñoz Tobón de cara al art. 193
CGP, atisba este Tribunal que la misma desgaja una confesión por medio
de su apoderado judicial, en razón a que la precitada convocada
reconoció que el precio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No, 004-33002 no fue el pactado en la escritura pública No.
361 del 15 de octubre de 2009 otorgada ante la Notaría Única de Jardín,
por cuanto además del dinero, se acordó que la compradora asumía el
pago de las obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor de
Bancolombia. Asimismo, confesó que el precio pactado en la referida
escritura no fue el real debido a que se recurrió a una práctica “común”
de fijar el precio del inmueble conforme al avalúo catastral para evadir
impuestos y que ello se demuestra con un documento suscrito por Gabriel
Darío Múnera Agudelo y Manuel Felipe Ramírez Peláez declara haber
recibido un pago mayor por el bien inmueble y renuncian a la acción por
lesión enorme»188. El Colegiado también advirtió que «el señor
Gabriel Darío Múnera Agudelo en la contestación de la demanda al
referir a la relación comercial con Manuel Felipe Ramírez Peláez precisó
que “tuvieron varias propiedades y realizaron varios negocios juntos,
pero nunca existió lo que desde el punto de vista jurídico se denomina
affectio societatis ni el ánimo de societatis”; asimismo, reconoció como
ciertos los demás fundamentos fácticos del libelo incoativo, absolución
de parte está de la que indubitativamente se desprende una prueba de
confesión al tenor del art. 191 CGP al admitir tal codemandado hechos
que le son adversos»189. Con respecto al interrogatorio de parte
del demandante, el Colegiado hizo la siguiente valoración: «…
empieza este Tribunal por señalar que del dicho de Manuel Felipe
Ramírez Peláez no se extrae ninguna prueba de confesión al tenor del
art. 191 CGP y su declaración se encuentra en concordancia con la
hipótesis de simulación contenida en el escrito de la demanda. Empero,
el enunciado fáctico de la demanda y el dicho del demandante que él y
188 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. pág. 120.
189 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
76
Gabriel Darío Múnera Agudelo fueron “socios”, carece de fundamento
legal y fáctico, pues Gabriel Darío Múnera Agudelo negó este hecho al
contestar la demanda y, contrario a lo expuesto en la sentencia apelada,
no se demostró la existencia y liquidación de una sociedad de hecho,
conforme a la normatividad que regula la materia (art. 498, 506 C.Co.).
En tal sentido, cabe precisar que el escenario procesal de la simulación
no tiene por objeto la demostración de las condiciones de fondo para la
existencia de la presunta sociedad. No obstante, si bien la parte actora
no probó la existencia y posterior liquidación de ningún tipo societario, el
conjunto probatorio permite establecer que entre Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo existió una relación de
copropietarios de los bienes inmuebles rurales, identificados con
matrículas inmobiliarias Nº 004-21909, Nº 004-24611 y Nº 004-33002,
comunidad de bienes que terminó en razón a su enajenación. Establecido
lo anterior, procede seguir analizando las demás declaraciones de
parte»190. Con base en la declaración de Gabriel Darío Múnera
Agudelo, el sentenciador señaló que «… se advierte que las
declaraciones de Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera
Agudelo coinciden en lo que tiene que ver con el acuerdo al que llegaron
como copropietarios de quedar cada uno de ellos con el 100% de sendas
propiedades, hecho que se verifica con el negocio jurídico contenido en la
escritura pública No. 362 del 15 de octubre de 2009 de la Notaria Única
de Jardín, a través de la cual Manuel Felipe Ramírez Peláez le vendió a
Gabriel Darío Múnera Agudelo la cuota proindiviso del 50% del bien
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-24611»191. De otra
parte, del interrogatorio de parte de Diana María Muñoz
Tobón, el sentenciador estimó que «… se advierte que de la misma
no se desgaja prueba de confesión por no haber efectuado en la misma
afirmación que le fuera adversa. No obstante, desde ahora se dirá, que
el no haber efectuado afirmaciones adversas en su absolución de parte,
ello no desvirtúa la prueba de confesión que se desprende de lo que se
puso de manifiesto en la contestación de la demanda efectuada por
190 Ibidem. pág. 129.
191 Ibidem. pág. 132.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
77
dicha señora, a través de apoderado judicial, en la que se admitió que el
precio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 004-
33002 pactado en la escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009
de la Notaría Única de Jardín, no fue real, puesto que además del valor
allí señalado, se acordó que la compradora asumiría el pago de las
obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor de Bancolombia y que
el precio se fijó conforme al avalúo catastral, para evadir impuestos,
hecho este que además se demuestra con el documento que reposa en el
folio 18 del cuarto cuaderno del expediente. De tal manera, lo expresado
por la absolvente en comento en relación con el precio del referido predio
constituye prueba de confesión por apoderado judicial al tenor del art.
193 CGP»192. La afirmación del demandado en el sentido de
que hubo una venta simulada, sumada a la confesión de las
dos partes involucradas en la compraventa del inmueble, en
el sentido de que, cuando menos, el precio declarado no era
el real, constituía un primer indicio, muy diciente, de la
existencia de un pacto oculto. Confesión que, por lo demás,
no fue infirmada en el proceso. El ad quem le dio credibilidad
a los testimonios de Rodrigo Osorio Agudelo, Sonia Milena
Carmona Restrepo, Gabriel Aníbal López Agudelo. Sobre el
particular, señaló que: «… el hecho de que Manuel Felipe Ramírez
Peláez hubiese seguido visitando la finca La Glorieta y realizado obras
en el predio, con posterioridad a la venta en cuestión que de este
inmueble hizo supuestamente a Diana María Muñoz Tobón como le
consta al testigo Rodrigo Osorio Agudelo, y lo dio a conocer el testificante
Gabriel Aníbal López Agudelo, encuentra justificación precisamente en el
hecho de que se trató de un negocio simulado, con el que trató de ocultar
que el verdadero dueño y legítimo adquirente de la finca La Glorieta era
precisamente el señor MANUEL FELIPE RAMÍREZ PELÁEZ, llamando la
atención aquí que para urdir aún más la maniobra simulatoria, se atisba
que el mismo día en el que se celebró el contrato de compraventa del
referido inmueble mediante la escritura pública Nº 361, esto es, el 15 de
192 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
78
octubre de 2009, se suscribió un contrato de arrendamiento del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria Nº 004-33002 entre Diana María
Muñoz Tobón como arrendadora, y Manuel Felipe Ramírez Peláez como
arrendatario, de cuyo actuar se puede inferir que con la suscripción de
tal instrumento contractual, lo pretendido por dichos señores fue acabar
de ocultar que el propietario real del inmueble denominado “La Glorieta”
no es otro que el precitado MANUEL FELIPE RAMÍREZ PELÁEZ, con lo
que de paso dichos señores trataron de aparentar frente a terceros que
la presencia de este último en tal heredad para ejercer posesión del
mismo y los cuidados y mejoras de su parte al predio se justificaba por
la existencia del supuesto contrato arrendaticio, no obstante lo cual, se
advierte que de entrada habrá de negarse tal pretensión, por cuanto
ningún análisis probatorio de fondo le es dable efectuar al tribunal sobre
el carácter simulado del mismo, por cuanto, como se dijo en líneas
precedentes, los contratos de arrendamiento cuya simulación se deprecó
no fueron debidamente individualizados»193. A lo cual añadió que,
«… no puede echarse de menos que el testificante Gabriel Aníbal López
Agudelo en su declaración judicial dio cuenta que él tenía un contrato
laboral con Manuel Felipe Ramírez Peláez, hecho éste que constituye una
inferencia más sobre la calidad de propietario que del predio siempre
ostentó el precitado Manuel Felipe»194. El sentenciador también
refirió los testimonios de Luis Octavio Ángel Díaz, Juan
Guillermo Montoya Arias, quienes en calidad de empleados
en la finca que funcionaba en el inmueble, dieron cuenta de
que el demandante y la demandada Diana Muñoz ejercían
como dueños. Nótese, de paso, que el casacionista no enfiló
su ataque a derruir las conclusiones del fallo en relación con
todos los declarantes y testimonios que tuvo en cuenta el
Tribunal, pues se limitó a cuestionar la valoración del
testimonio de Sonia Milena Carmona Restrepo. Pues bien,
193 Ibidem. pág. 140.
194 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
79
dicho lo anterior, el Colegiado valoró la prueba indiciaria. En
relación con el precio, señaló que «… llama la atención de esta
Sala las condiciones en las que se efectuó el pago en el referido negocio
jurídico y en la cesión de acciones protocolizada en la escritura pública
No. 1995 del 22 de octubre de 2009 otorgada ante la Notaría Quinta de
Medellín, por valor de $140.000.000, en donde se indica que la señora
Diana María Muñoz Tobón realizó el pago en efectivo, hecho que se torna
inverosímil si se tiene en cuenta que los valores pactados como precio en
dichos contratos corresponden a una suma que para su pago en efectivo
resulta cuantiosa, lo que riñe con los altos índices de inseguridad y de
hurtos existentes en nuestro país. Lo anterior, pese a que los
contratantes se dedicaban a actividades comerciales, y contaban con
cuentas bancarias, tal y como se evidencia en las declaraciones de renta
del accionante y la señora Muñoz Tobón, aportadas al proceso»195. Por
lo demás, precisó, «… las escrituras públicas Nº 361 del 15 de octubre
de 2009 de la Notaria Única de Jardín y Nº 1995 del 22 de octubre de
2009, de la Notaría Quinta de Medellín, demuestran la venta en bloque
de bienes que integraban el patrimonio de Manuel Felipe Ramírez Peláez
a Diana María Muñoz Tobón, enajenación simultánea que permite inferir,
con alto grado de probabilidad, que la finalidad del convocante era
insolventarse, máxime, si se tiene en consideración que al momento de
realizarse las negociaciones (2009), conforme a los folios de matrícula
inmobiliarias Nº 004-33002, Nº 004-24611 y Nº 004-21909, el
demandante tenía acreencias con Bancolombia S.A., Bancafé S.A. (hoy
Davivienda) y la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda.»196.
Auscultado el plenario, pues, el Tribunal consideró que:
«… también procede tener en consideración los siguientes tópicos:
i) en la contestación de la demanda, la codemandada Diana María
Muñoz Tobón confesó por medio de su apoderado judicial (art. 193
C.G.P.), que el precio del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria Nº 004-33002, pactado en la escritura pública Nº 361
195 Ibidem. pág. 144.
196 Ibidem. pág. 145.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
80
del 15 de octubre de 2009 dela Notaria Única de Jardín, no fue
real, pues además del dinero, se acordó que la compradora asumía
el pago de las obligaciones que garantizaba la hipoteca a favor de
Bancolombia, y se fijó el precio conforme al avaluó catastral, para
evadir impuestos, hecho que se demuestra con el documento que
reposa en el folio 18 del cuarto cuaderno del expediente.
Lo anterior, evidencia la disconformidad intencional de las partes
contratantes y su acuerdo de ocultar ante terceros, la realidad del
convenio real en relación al precio, elemento esencial del contrato
de compraventa, pues de faltar éste, el contrato no existe o
degenera en otro acto jurídico.
Al respecto, el certificado de tradición correspondiente al predio
con matrícula inmobiliaria Nº 004-33002, evidencia lo siguiente:
i) Mediante la escritura pública Nº 331 del 30 de julio de 2006 de
la Notaría Única de Jardín, los señores Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo compraron el predio a Luis
Javier Gómez Tobón. El valor del acto fue de $41’200.000.
ii) Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo,
constituyeron a favor de Bancolombia S.A. hipoteca abierta con
cuantía indeterminada, mediante la escritura pública Nº 972 del
21 de septiembre de 2006 de la Notaría de Andes.
iii) Por virtud de la escritura pública Nº 361 del 15 de octubre de
2009, de la Notaria Única de Jardín, los señores Manuel Felipe
Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo dijeron vender a
Diana María Muñoz Tobón.
iv) Mediante Oficio Nº 581 del 15 de junio de 2011 del Juzgado
Once Civil del Circuito de Medellín se comunicó el embargo
ejecutivo con acción real de Bancolombia a Diana María Muñoz
Tobón.
v) A través de la escritura pública Nº 539 del 4 de junio de 2012
de la Notaría Única de Andes, se constituyó una hipoteca con
cuantía indeterminada por parte de Diana María Muñoz Tobón a
favor de Bancolombia S.A.
vi) A través del Oficio Nº 790 del 26 de julio de 2012 del Juzgado
Once Civil del Circuito de Medellín se comunicó la cancelación del
embargo ejecutivo que había sido comunicado mediante el Oficio
Nº 581 del 15 de junio de 2011.
Así las cosas, resulta cierto que en el año 2009, al celebrarse la
compraventa en cuestión, esto es la del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria Nº 004-33002 por parte de los señores
Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo,
quienes fungieron como vendedores, a la hoy codemandada Diana
María Muñoz Tobón, quien actuó como compradora, el predio se
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
81
encontraba afectado con una garantía real desde el año 2006, a
favor de Bancolombia, pero ello no demuestra que el precio
pactado entre las partes incluyó que la compradora asumiera la
obligación garantizada por la hipoteca, pues las declaraciones de
parte, los testimonios y la prueba documental, especialmente, las
declaraciones de renta no permiten verificar tal hecho, resultando
evidente que el presunto acuerdo oculto frente al precio, no contaba
con respaldo en la precitada escritura pública No. 361 de la
Notaría Única de Jardín y, por ende, no podía presentarse ningún
respaldo documental ante la DIAN.
Al respecto, en el documento privado, suscrito por los señores
Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo,
estos manifestaron que en la venta del predio identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 004-33001, a través de la
escritura pública No. 361 de la Notaría Única de Jardín a Diana
María Muñoz Tobón, recibieron el “JUSTO PRECIO”, pese a que, en
la referida escritura, se había consignado el precio de
$45.700.000, conforme al avalúo catastral. Lo anterior, con la
finalidad de hacer menos onerosos para los contratantes los
trámites fiscales, notariales y de registro. Aunado a lo anterior, los
suscriptores renunciaron a la acción resolutoria por lesión enorme.
En este orden de ideas, encuentra esta Sala de Decisión que el
referido documento privado no demuestra la existencia y pago
efectivo del precio oculto de la compraventa de la heredad
identificada con el folio de matrícula inmobiliaria No. 004-33002 y,
por el contrario, la pone en duda, pues evidencia el conflicto entre
la declaración pública consignada en la escritura pública No. 361
del 15 de octubre de 2009 de la Notaría Única de Jardín y la
voluntad real de los contratantes frente al precio de la negociación,
es decir, la declaración pública no fue verdadera y no es más que
una mera apariencia de voluntad en relación al precio.
Aunado a lo anterior, el documento privado que viene de reseñarse
resulta sospechoso por las siguientes razones a saber: no fue
suscrito por la compradora, quien se obligó a pagar, por el predio,
dinero; ii) no se estableció el precio que presuntamente se pagó por
el bien inmueble, sino que únicamente se hizo referencia al “justo
precio” y iii) los vendedores renunciaron a la rescisión contractual
por lesión enorme, cláusula que favorece a la compradora, quien
aportó tal documento como prueba al proceso judicial de la
referencia. En tal sentido, debe indicarse que a la luz del artículo
1950 del C.C., tal cláusula resulta ineficaz.
… Al contestar la demanda, la convocada Diana María Muñoz
Tobón afirmó que mediante la escritura pública Nº 539 del 4 de
junio de 2012 aceptó la “sucesión de la deuda” contraída por los
señores Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera
Agudelo, “acepta cancelarla, renegocia una nueva forma de pago
y efectivamente cumple con ello”.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
82
En tal sentido, la afirmación de la señora Muñoz Tobón no resulta
verdadera, por las siguientes razones a saber:
i) En la referida escritura pública no se estableció la cesión del
crédito hipotecario de Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel
Darío Múnera Agudelo a Diana María Muñoz Tobón;
ii) Conforme al certificado de tradición correspondiente a la
matrícula inmobiliaria Nº 004-33002, la hipoteca constituida por
Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo no
fue cancelada;
iii) Mediante la escritura pública Nº 539 del 4 de junio de 2012 de
la Notaría Única de Andes, se constituyó una hipoteca abierta sin
límite en la cuantía, apareciendo como otorgante: Diana María
Muñoz Tobón, deudor garantizado:
Power Motors Yamaha Ltda., y acreedor hipotecario: Bancolombia
S.A. En el parágrafo segundo, de la cláusula cuarta, se estableció
que los comparecientes manifiestan que, para efectos de los
derechos fiscales, le asignan al acto un valor inicial de
$160’000.000, ya que la garantía es sin límite en su cuantía. Por
tanto, el referido bien inmueble contaba con dos gravámenes
hipotecarios, uno constituido por Manuel Felipe Ramírez Peláez y
Gabriel Darío Múnera Agudelo, y otro constituido por Diana María
Muñoz Tobón, a favor de Power Motors Yamaha Ltda. como deudor
garantizado.
iv) el contrato de arrendamiento del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 004-33002 suscrito entre Diana María
Muñoz Tobón como arrendadora y Manuel Felipe Ramírez Peláez
como arrendatario, el 15 de octubre de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2014, demuestra que pese a que la relación
sentimental entre Diana María Muñoz Tobón y Manuel Felipe
Ramírez terminó en el año 2008, perduró entre ellos una relación
negocial, pues en el año 2009 decidieron suscribir el referido
contrato de arrendameinto por más de cinco años y en razón de
ello el demandante no perdió ni por un solo día la posesión sobre
la finca.
v) los testimonios de los señores Gabriel Anibal López Agudelo y
Juan Guillermo Montoya Arias, coincidieron en manifestar que
tanto Manuel Felipe como Diana María impartían órdenes, hacían
presencia en la propiedad y que el dinero que producía la finca era
entregado a Diana en el local comercial de Yamaha, o si ésta no
se encontraba a una de las personas que trabajaba allí. En
relación con lo anterior, en los folios 599 a 621, 636 a 689, 691,
694 a 699, 701 a 711, 717, 718 del C-3, aparecen los siguientes
documentos: vi) planilla de recibo de mercanía y planilla de
liquidación de banano guineo y hartón expedidos por la
Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo-Comsab, durante el
periodo de vigencia del contrato de arrendamiento de la finca La
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
83
Glorieta (2009-2014) a “NOMBRE DEL PRODUCTOR”: Diana María
Muñoz Tobón, producidas en la finca la Glorieta y consignadas a
la cuenta bancaria de Davivienda de la señora Muñoz Tobón. V.ii)
comprobantes de venta de café, expedidos por la Cooperativa de
Caficultores de Anges Ltda-Cooperan-, durante el periodo de
vigencia del contrato de arrendamiento de la finca La Glorieta
(2009-2014) a nombre de Diana María Muñoz Tobón.
En convergencia con lo anterior, en los documentos anexos a la
declaración de renta de la señora Diana María Muñoz Tobón…
correspondientes a los años gravables de vigencia del contrato de
arrendamiento de la finca La Glorieta (2009-2014), aparece
consignado lo siguiente: a) Ingresos: venta de café a la Cooperativa
de Caficultores de Andes Ltda.-Cooperan- por valor de
$10’401.000, e incentivos de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia por valor de $907.000 (año gravable 2011). b)
Ingresos: venta de plátano y banano a la Cooperativa
Agromultiactiva San Bartolo por valor de $ 37’839.000; venta de
café a la Cooperativa de Caficultores de Andes por valor de
$2’355.000 e incentivos de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia por valor de $1’321.000. Costos y deducciones: compra
de insumos a la Cooperativa de Caficultores de Andes por valor de
$4’531.000, (año gravable 2012). c) Ingresos: venta de plátano a
la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo por valor de
$47’108.000; venta de café a la Cooperativa de Caficultores de
Andes por valor de $11’876.000, “APOYO PIC” de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia por valor de $4’100.000.
Costos y deducciones: compra de insumos a la Cooperativa
Agromultiactiva San Bartolo por valor de $1’970.000, compra de
insumos a la Cooperativa de Caficultores de Andes por valor de
$10’918.000 (año gravable 2013). d) Ingresos: venta de banano a
la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo por valor de
$38’388.000; “VARIOS”: venta de cultivos varios por valor de
$16’450.000. Costos y deducciones: compra de insumos a la
Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo por valor de $1’386.000,
“VARIOS”: “COSTOS DE PRODUCCIÓN”: $55’800.000 (año
gravable 2014).
vi) sobre el particular, en la contestación de la demanda, la
accionada Diana María Muñoz Tobón explicó que la compra y
venta de productos de la finca “La Glorieta” se hacía a su nombre,
debido a que la “política” de las cooperativas exigía que tales
negociaciones se hicieran con el propietario del inmueble; para
prevenir la “irresponsabilidad” de Manuel Felipe Ramírez Peláez y
porque así se había pactado entre ambos, con la finalidad de
garantizar el pago del canon de arrendamiento.
Frente a esta réplica, se puede concluir lo siguiente:
a) La codemandada Diana María Muñoz Tobón no demostró que
dentro de los estatutos de la Cooperativa de Caficultores de Andes
Ltda.-Cooperan- y la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo-
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
84
Comsab- se requiriera ser propietario para vender y comprar
productos agrícolas. En relación, a la legislación que reglamenta
las Cooperativas, establece que para ser asociado de una
cooperativa no se requiere la calidad de propietario de un inmueble
(art. 21 Ley 79 de 1988). En consecuencia, conforme a la
información que reposa en el expediente, se infiere que Diana
María Muñoz Tobón se encontraba asociada a las referidas
cooperativas.
b) si la señora Diana María Muñoz Tobón dudaba de la
responsabilidad de Manuel Felipe Ramírez Peláez, no resulta
coherente que el mismo día en el cual compró el inmueble
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 004-33002,
hubiese suscrito con el precitado señor Ramírez Peláez un contrato
de arrendamiento del predio por cinco años, en el cual se establece
entre otras cosas: “ El canon de arrendamiento es por la suma de
un millón y medio pesos ($ 1.500.000), suma que el arrendatario
se oblig a a pagar por cada mes calendario, anticipadamente,
dentro de los cinco (5) primeros días de la respectiva mensualidad,
a la orden de la Arrendadora. La mera tolerancia del arrendador
en aceptar el pago del precio con posterioridad a los cinco (5) días
cita dos no se entenderá como ánimo de modificar la cláusula
anterior. El canon se incrementará de acuerdo al IRC más tres
puntos.” ; “ El ARRENDATARIO se hace cargo de todos los gastos
que se generen por la explotación económica del predio
arrendado”. Al respecto, en el mencionado contrato de
arrendamiento no aparece pactado que la arrendadora, Diana
María Muñoz Tobón, recibiría como canon de arrendamiento, la
producción agrícola del inmueble, ni mucho menos que adquiriría
insumos necesarios para tal finalidad. Por tanto, el argumento
esgrimido por la señora Diana Muñoz se advierte falaz, máxime,
si se tiene en consideración que, en la declaración de renta, la
señora Muñoz Tobón declaró ante la DIAN como ingresos el valor
del canon de arrendamiento de la finca La Glorieta que
presuntamente recibía de parte de Manuel Felipe Ramírez Peláez.
En el anterior contexto, esta Sala de Decisión advierte que los
medios probatorios atrás analizados permiten establecer que los
señores Manuel Felipe Ramírez Peláez y Diana María Muñoz Tobón
participaron de manera conjunta en la administración y ganancias
de la finca La Glorieta, lo que desvirtúa la credibilidad del referido
contrato de arrendamiento y evidencia que el señor Manuel Felipe
Ramírez Peláez no se desprendió de la posesión del fundo ni por
un solo día y, contrariamente a ello, continuó desarrollando las
actividades agrícolas con Diana María Muñoz Tobón; probanzas
estas que se refuerzan con el indicio derivado de la actitud
procesal de Diana María Muñoz, por no suministrar la información
documental requerida para practicar el dictamen pericial solicitado
por la parte actora y decretado por el juzgado de conocimiento,
indicio procesal este que bien puede tenerse en contra de dicha
convocada, si se tiene en cuenta que los artículos 241 y 242 del
Código General del Proceso prescriben que el juez podrá deducir
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
85
indicios de la conducta procesal de las partes y apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad,
concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.
Así las cosas, resulta pertinente reiterar que la conducta omisiva
de la señora Muñoz impidió que se practicara el dictamen, el cual
tenía por objeto determinar: “a) cual fue EBITDA de la compañía
para el año 2009 y en adelante; b) cual fue el valor intrínseco de
las acciones o cuotas sociales en los años 2009 y en adelante; c)
cual fue el valor real de las acciones o cuotas sociales si se
hubieran vendido en el año 2009 y siguientes; d) cual fue la curva
de resultados de la sociedad Power Motors Yamaha Ltda. desde
2009 hasta hoy.
En síntesis, conforme a la apreciación probatoria, en la presente
causa procesal se pueden reconocer los siguientes indicios de la
simulación demandada: la venta en bloque de los bienes que
integran el patrimonio de Manuel Felipe Ramírez Peláez en el año
2009; las condiciones en las que se efectuó el pago aparente, pues
es inverosímil que se convenga pagar el valor total de un contrato
cuantioso en efectivo, lo anterior, sumado a que la resistente Diana
María Muñoz confesó desde la contestación de la demanda misma
que el precio pactado en la compraventa no fue el pagado, y no se
demostró el pago del precio; la estrecha relación negocial entre el
demandante y la señora Diana María Muñoz después de terminar
su relación sentimental; al momento de realizarse el negocio,
Manuel Felipe Ramírez Peláez tenía como acreedores entidades
bancarias y cooperativas y fue objeto de embargos en razón de
ello»197.
4.3. De otra parte, al pronunciarse sobre la pretensión
tercera principal, el Tribunal tuvo como medios de prueba
documentales: el acta No. 5 de Power Motors Yamaha Ltda.
del 2 de julio de 2009, la escritura pública No. 1995 del 22
de octubre de 2009 otorgada en la Notaría Quinta de
Medellín, certificados de tradición y libertad de folios de
matrícula inmobiliaria No. 004-13769 y 004-12901,
sentencia No. 62 del 28 de marzo de 2012 proferida por el
Juzgado Penal del Circuito de Andes, piezas del proceso
laboral con radicado 2013-74, contrato de obra del 20 de
197 Ibidem. págs. 146-152.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
86
octubre de 2012 suscrito por Power Motors Yamaha Ltda y
Carlos Andrés Zapata Zorrilla, declaraciones de renta 2008 y
2009 de Manuel Felipe Ramírez Peláez y de 2009 a 2014 de
Diana María Muñoz Tobón, certificado de existencia y
representación legal de Power Motors Yamaha S.A.S., misiva
del 21 de octubre de 2016 de Bancolombia S.A. a Power
Motors Yamaha S.A.S., acta No. 1 de Power Motors Yamaha
Ltda. del 5 de marzo de 2014, escritura pública No. 821 del
5 de marzo de 2014 otorgada en Notaría Dieciséis de
Medellín. Valoró también las declaraciones de parte del
demandante, de Diana María Muñoz Tobón y de Gabriel
Darío Múnera Agudelo y Margarita de Jesús Tobón Paniagua.
Con respecto al primero, advirtió que su dicho concordaba
con el escrito inicial, salvo en lo relativo a la supuesta
intención de proteger su patrimonio frente a las víctimas del
accidente de tránsito que dio lugar al proceso penal en su
contra. Lo anterior, por cuanto la maniobra simulatoria fue
del año 2009 y el hecho ilícito data de diciembre de 2011.
Sostuvo que «… el pretensor manifestó que en su declaración de renta
quedó consignada la venta de las “acciones” de Power Motors Ltda.,
hecho que se corrobora en la prueba documental, pues en los documentos
anexos a la declaración de renta del año 2009, aparece consignada como
un ingreso por ganancias ocasionales la venta de las cuotas sociales por
$140’000.000. En relación con este tópico, procede señalar que la
afirmación de Diana María Muñoz Tobón al contestar la demanda que la
declaración de renta, es un “documento que no admite prueba en
contrario”, carece de fundamento jurídico, pues el sistema normativo
vigente no prescribe el sistema de la prueba legal o tasada, indicando el
valor exacto que debe darse a la declaración de renta para demostrar
que los actos jurídicos no son simulados, y, a contrario sensu, el estatuto
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
87
procesal vigente se fundamenta en el sistema de la sana crítica»198.
Resaltó que Diana María Muñoz Tobón no confesó en este
caso ningún hecho relativo a la pretensión tercera principal
y que su dicho se acompasaba con su defensa. En cuanto a
la declaración de Luis Eduardo Ramírez Peláez, hermano del
demandante, el Colegiado señaló que «confesó que la cesión de
las 14.000 cuotas sociales que estaban a su nombre obedeció a un
artificio o maniobra simulada»199. Puntualizó que «conforme a las
pruebas documentales que reposan en el expediente, la cronología de los
actos jurídicos en los cuales participó Luis Eduardo Ramírez Peláez,
fueron los siguientes: i) escritura pública No. 1995 del 22 de octubre de
2009 de la Notaría Quinta de Medellín, mediante la cual Manuel Felipe
Ramírez Peláez le cedió 14.000 cuotas sociales de Power Motors Yamaha
Ltda. por valor de 14.000.000. ii) El predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 004-13769 fue adjudicado a Luis Eduardo Ramírez
Peláez en la sucesión de su madre, Rosalía Peláez de Ramírez, mediante
sentencia del 4 de agosto de 2010, pero el inicio del proceso sucesorio
data del año 2009…iii) el 4 de febrero de 2014 el Juzgado Promiscuo
Municipal comunicó el embargo ejecutivo de los derechos de Luis
Eduardo Ramírez Peláez sobre el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 004-13769 por parte de Ovidio de Jesús Osorio. Iv)
Mediante escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín, Luis Eduardo Ramírez Peláez cedió 14.000 cuotas
sociales de Power Motors Yamaha Ltda. a Margarita de Jesús Tobón,
madre de Diana María Muñoz Tobón por valor de $14.000.000. v) Por
virtud de la escritura pública No. 679 del 25 de julio de 2014 se canceló
la hipoteca constituida sobre el predio identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 004-13769 a favor de Incolmotos Yamaha S.A.»200. Con
respecto al precio de venta de las cuotas parte de la sociedad
Power Motors Yamaha Ltda. el Tribunal señaló que «debido a
198 Ibidem. pág. 170.
199 Ibidem. pág. 174.
200 Ibidem. pág. 175.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
88
que in casu no se practicó una prueba pericial para establecer el justo
precio de las cuotas sociales cedidas por Manuel Felipe Ramírez Peláez
a Diana María Muñoz Tobón, mediante la Escritura Pública Nº 1995 del
22 de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellin, no existen
elementos de juicio para concluir que el precio era irrisorio; máxime que
conforme a la escritura pública N° 551 del 18 de abril de 2005 de la
Notaría 22 de Medellín obrante a fls. 1 a 5 C-3, mediante la cual se
constituyó la sociedad Power Motors Yamaha Ltda. por parte de Diana
María Muñoz Tobón, Manuel Felipe Ramírez Peláez y la fenecida Rosalía
Peláez de Ramírez y que corresponde a los Estatutos social de tal ente
societario, en el acápite del capital social se estableció que cada cuota o
parte de interés social tenía un valor nominal de $1000, de donde se
colige que el precio de las cesión de las cuotas sociales del
egocio celebrado entre Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María
Muñoz Tobón corresponde al valor establecido en los estatutos de Power
Motors Yamaha Ltda»201. No obstante, con respecto al pago del
precio pactado según el contrato contenido en la escritura
pública No. 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría
Quinta de Medellín, precisó, «se infiere que fue en efectivo, hecho
que llama la atención de la Sala, puesto que tal forma de pago se repite
en la escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009, de la Notaría
Única de Jardín, donde se expresó que Manuel Felipe Ramírez Peláez y
Gabriel Darío Múnera Agudelo vendieron a Diana María Muñoz Tobón el
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-33002 por
valor de $45.700.000, suma de dinero que los vendedores declararon
haber recibido de contado, en efectivo y entera satisfacción de manos de
la compradora, hecho este que merece igual análisis crítico del efectuado
cuando se analizó el precio pactado de la finca “La Glorieta”, puesto que
no resulta creíble, que se haya acordado pagar el valor total de
cuantiosos contratos en efectivo, en un país con alto porcentaje de
inseguridad y de hurtos; máxime que los aquí contratantes se dedicaban
a actividades comerciales y contaban con cuentas bancarias, tal y como
se evidencia en las declaraciones de renta del demandante y de la
201 Ibidem. pág. 176.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
89
señora Muñoz Tobón, aportadas al proceso»202. Reiteró que ambas
operaciones «demuestran la venta en bloque de bienes que integraban
el patrimonio de Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María Muñoz
Tobón, enajenación simultánea que permite inferir con alto grado de
probabilidad que la finalidad del accionante era insolventarse»203.
Esto, si en cuenta se tiene que, para la fecha, «el convocante
tenía acreencias con Bancolombia S.A., Bancafé S.A. (hoy Davivienda) y
la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. tal como se desprende de
los certificados de tradición de los inmuebles con folios de matrícula
inmobiliarias No. 004-33002, No. 004-24611 y No. 004-21909»204.
Señaló que demandante y demandada mantenían por
entonces una estrecha relación comercial, «muestra de ello es
que participaron de manera conjunta en la administración y ganancias
de la finca “La Glorieta” con posterioridad al año 2008»205. Advirtió
que hubo continuidad «de Manuel Felipe Ramírez Peláez en las
labores de Power Motors Yamaha Ltda. con posterioridad a suscripción
de la escritura pública No. 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría
Quinta de Medellín»206, de lo cual dan cuenta los testimonios de
Juliana Andrea Diez Muñoz y José Mauricio Moreno, «quienes
trabajaron para la sociedad Power Motors Yamaha Ltda., [quienes]
coincidieron en señalar que el señor Ramírez Peláez impartía órdenes en
relación al manejo del establecimiento de comercio y era a quien
identificaban como su empleador con posterioridad al año 2009 y que tal
labor la cumplía de manera conjunta con Diana María Muñoz Tobón»207.
Lo propio confirma la demanda que instauró Luis Aurelio
Gutiérrez contra Manuel Felipe Ramírez Peláez con ocasión
de relación laboral con la sociedad entre los años 2012 y
2013. Y también los testigos Gabriel Anibal López Agudelo,
202 Ibidem.
203 Ibidem. pág. 177.
204 Ibidem.
205 Ibidem.
206 Ibidem. pág. 176.
207 Ibidem. pág. 177.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
90
Juan Guillermo Montoya Arias, Diego León y Carlos Andrés
Zapata Zorrilla, «quienes trabajaron par Manuel Felipe Ramírez
coincidieron en señalar que con posterioridad al año 2009, llevaban y
reclamaban dinero al local comercial de Power Motors Yamaha Ltda. de
lo relacionado con la producción agrícola de la finca “La Glorieta” o para
solicitar el pago de sus salarios»208. Por lo demás, la actitud
procesal de Diana María Muñoz -conforme se explicó en la
pretensión anterior- permitió deducir indicios en contra de
ella pues impidió que se practicara la pericia para determinar
el valor de la empresa. Lo cual -señaló el sentenciador-
«guarda relación con la tercera pretensión principal de la demanda y, por
tanto, la conducta procesal omisiva de Diana María Muñoz permite
constituir un indicio frente a la simulación absoluta de la cesión de
126.000 cuotas sociales de Power Motors Yamaha Ltda…»209. De
modo que, apuntaló, «con los documentos relacionados en los
numerales 2.4.3.6.3.1.11) y 2.4.3.6.3.1.12) de este proveído a los que se
remite, también se acreditó fehacientemente que desde el 5 de marzo de
2014, dicho codemandado se despojó en favor de la señora MARGARITA
DE JESUS TOBON PANIAGUA de las cuotas sociales que figuraban en
su cabeza mediante escritura pública 821 de tal calenda otorgada ante
la Notaría Dieciséis de Medellín, por lo que la cesión de cuotas sociales
efectuada mediante este último acto escriturario… en principio estaba
llamado igualmente a quedar sin efecto»210.
4.4. De lo anterior fluye que el Tribunal tuvo por
acreditada la simulación de la venta del inmueble
identificado con folio de matrícula No. 004-33002 que el
demandante y Gabriel Múnera le hicieron, en partes iguales,
a la demandada Diana María Muñoz Tobón. Compraventa
208 Ibidem. pág. 178.
209 Ibidem. pág. 179.
210 Ibidem. pág. 182.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
91
afectada de simulación absoluta en cuanto a la parte que el
accionante dijo venderle a la demandada, y relativa, en
cuanto a la parte que el señor Múnera dijo venderle también
a la demandada. La activa no tenía voluntad alguna de
enajenar, ni Muñoz Tobón de comprar, en el primer caso. Y
Gabriel Darío Múnera no tenía intención de transferirle a
Diana María Muñoz Tobón, sino a Manuel Felipe Ramírez
Peláez, el demandante. También halló acreditado que la
venta de 126.000 cuotas sociales de Power Motors Yamaha
Ltda. que hizo Manuel Felipe Ramírez Peláez a Diana María
Muñoz Tobón, así como la venta de 14.000 cuotas sociales
de la misma sociedad del mismo enajenante a su hermano,
Luis Eduardo Ramírez Peláez, en el año 2009, fueron
absolutamente simuladas. Y, en la medida en que el señor
Luis Eduardo Ramírez Peláez actuó «como un simple testaferro»211
de su hermano, también se sigue la posterior venta de las
participaciones que hizo a favor de la madre de Diana María
Muñoz Tobón en el año 2014 era absolutamente simulada.
El sentenciador encontró acreditados como indicios de
simulación la venta en bloque, las condiciones en las que
aparentemente se hizo el pago, la estrecha relación negocial
entre el señor Ramírez Peláez y la señora Muñoz Tobón, y las
deudas que aquél tenía con terceros, que le daban motivo a
insolventarse. El indicio de venta en bloque lo dedujo de los
negocios jurídicos contenidos en las escrituras públicas No.
361 y 1995 del 15 y 22 de octubre de 2009, respectivamente.
Es decir, la venta de la finca “La Glorieta” y de la totalidad de
su participación en la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.
211 Ibidem. pág. 181.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
92
se dio en el mismo mes de octubre de 2009. De otra parte, el
ad quem estructuró el indicio de las condiciones en las que
se hizo el pago aparente con sendos medios suasorios, entre
ellos: la confesión de la demandada Muñoz Tobón en cuanto
a que el precio pactado por la venta del inmueble no era el
consignado en el documento público; el documento privado
suscrito por el demandante y Múnera Agudelo, que desdecía
de la voluntad declarada en escritura pública de
compraventa de inmueble; el hecho de que el precio pactado
-$45.700.000- era muy similar al avalúo catastral del
inmueble; y que, por esas mismas fechas, se pactó entre ellos
mismos la venta de la participación en la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda. del demandante a Muñoz Tobón que
tenía Ramírez Peláez, por la suma de $140.000.000, la cual
dijo haber pagado también en efectivo; sumas de dinero
cuantiosas -en total, $185.700.000- que, dadas las
condiciones de inseguridad de la región donde se hizo el
negocio, hacían inverosímil que se hubiese efectuado el pago
realmente. En otras palabras, que no se acreditó que en
ninguno de los negocios jurídicos aparentes se hubiere
realizado pago alguno. En cuanto a la estrecha relación
negocial que unía a Ramírez Peláez con Muñoz Tobón, el
Colegiado tuvo en cuenta el contrato de arriendo suscrito por
ellos sobre el inmueble con vigencia a partir de la fecha de la
venta, pero también refirió los testimonios de empleados de
la finca y de la compañía de venta de motos que convergían
en afirmar que ellos habían continuado ejecutando la
administración de sus negocios -la finca y la
comercializadora de motos- de manera conjunta. Lo anterior,
indicaba que, a pesar de que el demandante había
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
93
exteriorizado una voluntad aparente de enajenar sus
principales negocios a la demandada y otros, en realidad
había seguido ejerciendo el mando y la dirección de los
mismos, sin desprenderse del control, actuando, pues con
ánimo de señor y dueño en sus asuntos. Y, en lo atinente a
las acreencias de Manuel Felipe Ramírez Peláez, el
sentenciador tuvo en cuenta las anotaciones del folio de
matrícula de los inmuebles con No. 004-33002, 004-24611 y
004-21909, donde aparecían registradas sendas garantías
reales sobre inmuebles. De los anteriores indicios, el
Tribunal concluyó que, tanto en la venta del inmueble “La
Glorieta” como en la de las cuotas sociales de Power Motors
Yamaha Ltda. del año 2009 -así como en la posterior venta
de 14.000 acciones a la madre de Diana María Muñoz Tobón-
se encontraba acreditada la existencia del acuerdo
simulatorio, que el fin perseguido con las simulaciones era
engañar a terceros y que había una divergencia entre la
voluntad real y la voluntad declarada.
4.5. De manera preliminar, se advierte que el
casacionista pretendió darle a la «causa simulandi» un carácter
capital en la estructuración de la acción de prevalencia. No
obstante, según se precisó ut supra, el motivo o causa de
simulación es uno de los muchos indicios que, revestidos de
convergencia y gravedad, pueden llevar al sentenciador al
convencimiento de que hubo simulación. No es, ni mucho
menos, elemento estructural de la prosperidad de la acción
de simulación, a pesar de tener un peso importante en el
conjunto de indicios dotados de convergencia y gravedad. De
modo que, aun si el sentenciador hubiese errado al tener por
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
94
demostrado el motivo o causa de simulación -como hizo al
referir el ánimo de defraudar a terceros acreedores como
elemento estructural de la simulación- el fallo quedaría
incólume. En este orden de ideas, se descarta entrar a valorar
el fondo de los embates primero y segundo en cuanto se
refieren al indicio del motivo de simulación como elemento
estructural de la decisión. En cualquier caso, atendiendo al
principio dispositivo212 que rige el recurso extraordinario de
casación, esta Sala pasa a evaluar los medios de prueba cuya
valoración se denunció, para determinar si existieron los
yerros manifiestos y trascendentes referidos por el
casacionista.
4.5.1. En el escrito inicial el demandante se refirió a la
venta del inmueble así:
«DÉCIMO. El señor Manuel Felipe y el señor Gabriel Darío Múnera
Agudelo fueron socios en distintos proyectos productivos en
terrenos arrendados y en bienes propios, como finca La Glorieta,
Las Macanas, Las Florestas y Serranías.
UNDÉCIMO. La sociedad entre los señores mencionados, Manuel
y Gabriel, terminó por mutuo acuerdo a principios del 2009.
DÉCIME SEGUNDO. Manuel y Gabriel por motivo de la liquidación
decidieron repartirse los activos y pasivos resultantes de sus
negocios sociales.
DÉCIMO TERCERO. Como consecuencia de ello a nombre de
Manuel quedaron deudas que le correspondían pagar a Gabriel ,
más los pasivos que le correspondieron realmente en la
liquidación.
DÉCIMO CUARTO. En lo tocante a activos al señor Manuel le
correspondió además de algunos bienes muebles, el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 004-33002,
denominado La Glorierta cuyos linderos son visibles en la escritura
212 Cfr. CSJ, SC, 14 feb. 2001, Exp. 1998-3121-02; CSJ, SC, 1 oct. 2004, Exp. 7736;
y CSJ, SC, 12 ene. 2005, Exp. 1999-00449-01.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
95
361 del 15 de octubre de 2009 de la Notaría Única del círculo de
Jardín Antioquia.
DÉCIMO QUINTO. A su vez el señor Manuel le transfirió al señor
Gabriel, además de algunos bienes muebles, su participación en
la finca Las Macanas, mediante la escritura pública No. 362 del
15 de octubre de 2009 de la Notaría Única del círculo de Jardín,
Antioquia, escritura que como se verá es consecutiva con la de La
Glorieta lo cual es un indicio inmenso de la real voluntad aquí
expresada.
DÉCIMO SEXTO. Con fines de precautelar todo lo posible su
patrimonio por las deudas que tenía a su nombre pero que por la
liquidación le correspondía pagar a su ex socio, el señor Manuel le
solicitó a Gabriel que pasara el 50% del derecho real de dominio
que él (Gabriel) tenía en La Glorieta y que con la liquidación
quedaba de su propiedad a la señora Diana Muñoz.
DÉCIMO SÉPTIMO. El señor Manuel en la misma escritura, con el
mismo fin y en virtud del acuerdo privado que tenía con la señora
Diana transfirió a su vez el 50% del derecho real de dominio que
tenía en La Glorieta para que el bien apareciera en un 100% como
propiedad de Diana Muñoz.
DÉCIMO OCTAVO. En razón del anterior acuerdo oculto para el
público las partes decidieron realizar una compraventa simulada
de la finca La Glorieta.
DÉCIMO NOVENO. La simulación fue absoluta respecto del señor
Manuel y relativa respecto del señor Gabriel.
VIGÉSIMO. Mediante la escritura pública No. 361 del 15 de octubre
de 2009 de la Notaría Única del Círculo de Jardín… se protocolizó
la compraventa simulada, de lo cual dan cuenta, entre otros, los
siguientes hechos: a. El precio: el inmueble fue adquirido por la
señora Diana por $45.700.000 y el valor catastral del mismo para
ese año fue de $45.680.000 que no es ni una décima parte del
valor real del predio, al cual el señor Gabriel y el señor Manuel le
otorgaron al momento de la liquidación de sus negocios un valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000). b) forma
de pago: el pago se afirma que se “realizó” en efectivo ya que en
realidad nunca se produjo. C) cercanía: para el momento del
negocio jurídico simulado el señor Manuel tenía una relación
sentimental con Diana, incluso convivían juntos. D) continuidad de
la explotación económica: el señor Manuel siguió explotando
económicamente el predio como lo muestran las facturas que bien
podían hacer a nombre de Manuel o de Diana cuando la institución
que la requería que fuera al propietario inscrito. E) Continuidad de
la inversión: el señor Manuel siguió invirtiendo en diferentes
proyectos productivos que lo llevaron a construir mejoras en el
predio. F. Relación patronal: los trabajadores de la finca siguieron
teniendo como propietario y patrono al señor Manuel. Es decir, en
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
96
todos los aspectos nunca existió una entrega material de la finca
muy a pesar de que Diana dice que ya la recibió a entera
satisfacción»213.
En punto a la cesión de la participación en Power
Motors Yamaha Ltda., el demandante señaló que:
«VIGÉSIMO SEGUNDO. Dentro del plan diseñado para proteger el
patrimonio luego de la liquidación el señor Manuel acordó simular
la cesión de sus acciones en la compañía Power Motors Yamaha
Ltda.
VIGÉSIMO TERCERO. En virtud de ello el dos de julio de 2009 se
reunió la junta de socios de la sociedad Power Motors Yamaha
Ltda. y decidió aprobar la “cesión” de las 140.000 cuotas sociales
que el señor Manuel tenía en la compañía a la señora Diana,
126.000 y al señor Luis Eduardo Ramírez, 14.000.
VIGÉSIMO CUARTO. El acto aparente de la simulación se
instrumentalizó mediante la escritura pública No. 1995 del 22 de
octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín.
VIGÉSIMO QUINTO. Este acto es absolutamente simulado como lo
indican, entre otros, lo siguientes hechos: a. El precio: el precio que
se indica en el negocio simulado por las acciones es el valor
nominal, el cual está muy por debajo del valor intrínseco o real de
las mismas. B) forma de pago: el pago se dice que se realizó en
efectivo porque en realidad de acuerdo con el acuerdo privado las
partes nunca realizaron dicho pago. C) cercanía: el negocio
simulado se realizó con la pareja sentimental de Manuel, con la
que llevaba 5 años, y su hermano. D) continuidad: a pesar de
continuar con las labores el señor Manuel siguió como
representante de la sociedad, recibiendo dinero, utilidades,
dirigiendo las obras, dando órdenes a los empleados, siendo
reconocido como uno de los dueños de la misma, labores que
desempeñó siempre sin que en ningún momento fuera empleado
de la misma…
CUADRAGÉSIMO. En febrero del año 2014 el señor Manuel le
solicitó al señor Luis Eduardo que le entregara a Diana las
acciones que le habían “cedido”.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Para ello el señor Manuel decidió que
se simulara otra cesión esta vez de su hermano Luis Eduardo a la
mamá de Diana, la señora Margarita de Jesús Tobón.
213 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 7.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
97
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Dicha simulación absoluta se
protocolizó mediante la escritura pública No. 821 del 5 de marzo
de 2014 de la Notaría Dieciséis de Medellín, mediante la cual se
solemniza el acta de la junta de socios de la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda. del mismo día.
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Como se indicó la cesión fue un
negocio simulado absolutamente tal y como lo indican entre otros
los siguientes hechos: a. El precio: las acciones se vendieron a
valor nominal, es decir, al mismo valor que se compraron cinco
años antes, lo que no es un diez por ciento del valor real que tenían.
B. La forma de pago: el pago se dice en efectivo, pero en realidad
nunca se efectuó. C. Cercanía: La cesión se hizo a la mamá de una
persona a la se le tenía absoluta confianza»214.
En los cargos primero y segundo, el censor cuestionó la
valoración que hizo el Tribunal del escrito inicial. A su juicio,
el accionante no invocó el indicio de venta en bloque en apoyo
de sus pretensiones de prevalencia. Lo cual constituiría un
yerro por indebida apreciación de la demanda. Al respecto,
esta Corporación precisa que el sentenciador está compelido
a fallar según los hechos debidamente acreditados y las
pretensiones formuladas, y no meramente por los hechos y
fundamentos de derecho invocados por el accionante en su
escrito inicial. De modo que, si el demandante no invocó un
determinado indicio de simulación, pero el juez encuentra
acreditado el hecho indicador e infiere con ello el hecho
indicado no yerra, sino que cumple con su función de fallar
de fondo215.
4.5.2. En el certificado de tradición y libertad del
inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 004-24611216 se
lee que Gabriel Darío Múnera Agudelo y Manuel Felipe
214 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 10.
215 Da mihi factum, dabo tibi ius. Cfr. CSJ, SC780-2020.
216 Certificados de libertad y tradición que aparecen en los folios 25 y siguientes del
Cuaderno No. 3 del Juzgado.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
98
Ramírez Peláez adquirieron el dominio a título de
compraventa del 26 de enero de 2004 -escritura pública No.
029 de la Notaría de Jardín-. También consta que otorgaron
garantía real sobre el inmueble a favor de Bancafé S.A. -hoy
Davivienda S.A.- el 17 de mayo de ese mismo año y que el 8
de septiembre de 2008 se registró un embargo a favor de la
Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. -Cooperan Ltda-
, que se canceló el 19 de febrero del año siguiente. Por
escritura pública No. 362 del 15 de octubre de 2009 Gabriel
Darío Múnera Agudelo le compró la cuota parte del inmueble
a Manuel Felipe Ramírez Peláez. Y el año siguiente se registró
un embargo del inmueble a favor de Banco Davivienda S.A.
que fue cancelado con anotación del 23 de mayo de 2013. El
16 de marzo de 2015 se anotó la cancelación de la hipoteca
que tenía Davivienda S.A. sobre el inmueble.
En el certificado de tradición y libertad del inmueble
con folio de matrícula inmobiliaria 004-21909 consta que
Gabriel Darío Múnera Agudelo adquirió el dominio por
compraventa mediante escritura pública No. 204 del 26 de
junio de 1999. Que, el 1º de julio de 2003 otorgó hipoteca por
cuantía indeterminada a favor de Bancafé y que el 13 de
marzo de 2005 le vendió el 50% del derecho de dominio a
Manuel Felipe Ramírez Peláez. Asimismo, consta embargo del
inmueble a favor de la Cooperativa de Caficultores de Andes
Ltda. registrada el 8 de septiembre de 2008, que fue
cancelado el 19 de febrero del año siguiente. Por escritura
pública No. 373 del 17 de octubre de 2009 Manuel Felipe
Ramírez y Gabriel Darío Múnera le vendieron el inmueble a
un tercero, pero el 25 de marzo de 2010 aparece registrado
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
99
un embargo sobre el predio a favor de Banco Davivienda -
antes Bancafe-. La medida cautelar fue levantada por
anotación del 23 de mayo de 2013.
En el certificado de tradición y libertad del inmueble
denominado “La Glorieta” con folio de matrícula inmobiliaria
004-33002 consta que los señores Ramírez y Múnera
adquirieron el inmueble a título de compraventa por
escritura pública No. 331 del 30 de julio de 2006. Que se
registró hipoteca abierta a favor de Bancolombia S.A. el 26
de septiembre de 2009, pero que, por escritura pública No.
361 del 15 de octubre de 2009 los propietarios enajenaron el
inmueble a favor de Diana María Muñoz Tobón. También
consta que el 30 de junio de 2011 se registró embargo del
inmueble a favor de Bancolombia S.A., el cual se canceló por
anotación del 17 de septiembre de 2013. En la escritura
pública No. 1995 del 22 de octubre de 2009 de la Notaría
Quinta de Medellín se perfeccionó la venta de las cuotas parte
de Manuel Felipe Ramírez Peláez en Power Motors Yamaha
Ltda. a favor de Diana María Muñoz Tobón y Luis Eduardo
Ramírez Peláez, 126.000 y 14.000 cuotas parte,
respectivamente. El precio fijado fue de $1.000 pesos por
cuota parte, dinero que manifestó el vendedor, fue «recibido a
entera satisfacción de manos de los compradores y a la proporción
dicha»217. En la escritura se protocolizó el acta No. 5 de la
sociedad Power Motors Yamaha Ltda. del 2 de julio de
2009218 y el certificado de existencia y representación legal
217 Cuaderno No. 3 del Juzgado. Fl. 752.
218 Ibidem. Fl. 754.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
100
de la sociedad donde consta que el valor nominal por cuota
parte es de $1.000219.
En los embates primero y segundo, el censor cuestionó
la apreciación de los certificados de tradición y libertad
referidos, así como de la escritura pública que solemnizó la
venta de las cuotas parte en la sociedad. En su sentir, de
ellos no se desprende el indicio de venta en bloque, ni mucho
menos de venta simultánea, pues las ventas se hicieron en
octubre de 2009 pero no el mismo día. Con todo, nótese que
este ataque no deja de ser un mero alegato, pues cuestiona
la valoración que hizo el Tribunal sin mostrar el yerro
ostensible que denuncia. Por lo demás, al plenario se
allegaron medios suasorios que permitían inferir que la finca
“La Glorieta” y la comercializadora de motos eran las
principales actividades comerciales del demandante. De
modo que era razonable inferir la venta en bloque del hecho
de que en el mismo mes y el mismo año el señor Manuel
Felipe Ramírez se desprendió del dominio del inmueble
productivo y de las cuotas parte en el negocio de venta de
motos. De otra parte, el censor cuestionó el indicio de causa
o motivo para simular, por cuanto la venta del inmueble que
hizo el demandante a Diana Muñoz, al quedar gravado con
la garantía real de hipoteca, no era suficiente para proteger
su patrimonio. Asimismo, cuestionó el hecho de que, para la
fecha en que se hizo la venta en bloque, no había prueba de
que el demandante tuviese deudas, sino meras garantías
reales constituidas sobre los inmuebles. La garantía real le
219 Ibidem. Fl. 755.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
101
da derecho al acreedor garantizado para perseguir el bien en
cabeza de quien se encuentre. No obstante, esto no deja de
ser un alegato que no demuestra el yerro ostensible que
denuncia. En primer lugar, porque aún si el Tribunal hubiese
errado al estimar la documental y extraer de ella la existencia
de acreencias que afectaban el patrimonio del demandante
para la fecha de la venta en bloque, lo cierto es que sólo
quedaría desvirtuada su intención de defraudar a acreedores
o la causa de la simulación que, según se refirió antes, no es
elemento estructural de la acción de simulación. Con todo,
razonable es inferir que, salvo prueba en contrario, si existen
garantías reales vigentes sobre un bien, quien las constituyó
es deudor del beneficiario de la garantía. En otras palabras,
que el gravamen -hecho índice- señala la existencia de una
acreencia -hecho indicado-. En segundo lugar, porque el
hecho de que Ramírez Peláez se hubiese desprendido de la
propiedad del inmueble sin levantar la garantía real que
pesaba sobre éste, aunque inútil para evitar la persecución
de parte del acreedor garantizado, sí es idónea para distraer
a acreedores quirografarios o sin garantía sobre el bien en
cuestión. Con todo, se itera, para efectos de acreditar la
existencia del pacto simulatorio es irrelevante que la
maniobra sea o no idónea para cumplir fines defraudatorios,
pues basta con que exista el acuerdo de aparentar y se
ejecute el acto aparente, para que sea viable pedir el
cumplimiento del pacto secreto.
4.5.4. De otra parte, como anotó el censor, los testigos
Gabriel Aníbal López Agudelo, Juan Guillermo Montoya Arias
dieron cuenta de que se hacían pagos en efectivo por la venta
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
102
de productos a la señora Diana María Muñoz. Así, el
deponente Aníbal López manifestó que «se vendía café, la plata
se llevaba allá [oficinas de Yamaha] y nos pagaban»220. Y Montoya
Arias hizo lo propio, al decir que «yo era el encargado de llevar el
café, venderlo, llevar el recibo y la plata a Yamaha. Lo mismo el banano
y el plátano y al principio, ya después doña Diana pasó, pasó la cuenta
de ella y entonces ya le consignaban era a ella, pero el principio le
cobraba yo y el café sí lo hasta lo último que trabajé, si era el encargado
de vender»221.
En materia de indicios, el yerro manifiesto se presenta
cuando el hecho indicador no existió o cuando la inferencia
que hizo el sentenciador a partir del hecho indicativo es a
todas luces ilógica o descabellada. En este caso, el censor se
dolió de la inferencia que hizo el sentenciador a partir de los
hechos indicadores, pero no cuestionó la existencia del hecho
indicador mismo, ni pudo acreditar que la inferencia del
Tribunal hubiese sido a todas luces ilógica. El censor estimó
que, de haber tenido en cuenta estos apartes de los
testimonios referidos, el Tribunal debió haber concluido que
era factible que el pago del precio del inmueble y de las
cuotas parte en la sociedad se hizo en efectivo. Se itera, esta
apreciación no deja de ser un alegato, pues cuestiona el valor
que se le dio a dos testimonios a favor de otros medios de
prueba, sin acreditar el yerro manifiesto que denuncia. Con
todo, esta Sala advierte que el sentenciador llegó a la
conclusión de que el pago en efectivo era inverosímil con
apoyo en sendos medios suasorios. De una parte, advirtió
220 Audiencia de Instrucción y Juzgamiento. Testimonio de Gabriel Anibal López
Agudelo. Minuto 1:02:55 del archivo de audio CP_0926134111209.
221 Audiencia de Instrucción y Juzgamiento. Testimonio de Juan Guillermo Montoya
Arias. Minuto 1:58:05 del archivo de audio CP_0926134111209.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
103
que la propia demandada había confesado -en la
contestación de la demanda, por medio de apoderado
judicial- que el precio pactado para la venta del inmueble
difería del precio declarado. El Tribunal encontró acreditado,
asimismo, que la finca “La Glorieta” y la comercializadora de
motos siguieron bajo el manejo conjunto de Muñoz Tobón y
Ramírez Peláez después de la fecha de las ventas aparentes.
Esto no lo cuestiona el censor. Lo que confuta es la inferencia
que hizo el Tribunal a partir de ello. A su juicio, la
administración conjunta sería indicativa de que Muñoz
Tobón era la propietaria del inmueble y no el señor Ramírez
Peláez. Al respecto, se advierte nuevamente el alegato del
censor, pues la inferencia o raciocinio que hace el
sentenciador a partir del hecho índice debidamente
acreditado en el plenario no es cuestionable en sede de
casación. En cualquier caso, el manejo conjunto de los
negocios era indicativo de que no había habido intención de
vender por parte del demandante, ni ánimo de comprar de
parte de Diana María Muñoz Tobón. De modo que era dable
concluir que no se había pagado precio alguno. Y es que no
es acorde con las reglas de la experiencia que una persona le
venda a otra un activo productivo sin desprenderse en
absoluto de su administración y explotación. Más aún, el
Tribunal advirtió que la venta en bloque -en el mismo mes de
octubre de 2009- tanto de la finca como de las cuotas parte
en la sociedad, implicaba que el pago de ambas sumas -
$45.700.000 por el inmueble y $140.000.000 por las cuotas
parte- se habría efectuado en el mismo periodo. A juicio del
sentenciador, aquello resultaba inverosímil por las
condiciones de inseguridad, raciocinio que no es
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
104
cuestionable en sede del recurso extraordinario de casación.
Y que, por lo demás, no luce antojadizo o ilógico.
4.5.6. En la contestación de la demanda, Diana María
Muñoz Tobón confesó que hubo discordancia entre la
declaración pública del precio de venta del inmueble y la
voluntad real. En efecto, en la contestación al hecho vigésimo
el apoderado judicial de la demandada Muñoz Tobón
manifestó que: «Lo pagado por el inmueble antes de ocultar otra
realidad, expresa algo que suele ser común en esta clase de actos. Dado
que el avalúo catastral del predio oscilaba los 46 millones de pesos, luego
entonces, y sólo para evitar inconvenientes con el impuesto predial que
se calcula y paga a partir del avalúo catastral, se fijó en la escritura en
valor similar al de este. Es tan cierta esta circunstancia que los señores
Manuel y Gabriel suscribieron un documento en el cual manifiestan lo
ocurrido y declaran haber recibido un pago mucho mayor por el bien. En
este documento firmado por ellos… además estos dos señores renuncian
expresamente a la acción por Lesión enorme. Esto es una clara evidencia
que jamás existió acuerdo para simular un acto distinto al real, de lo
contrario no tendría sentido la existencia de este documento»222.
Luego adujo que el precio se pagaría en parte al saldar la
deuda con Bancolombia S.A.
El Tribunal, con base en la contestación de la demanda,
tuvo por confesado el hecho de que, cuando menos el precio
declarado en la escritura pública, no era el realmente
pactado por las partes, lo cual era indicativo de que había un
pacto secreto. La casacionista señaló que el precio pagado
por el inmueble fue la suma de $47.500.000 más el pago de
la acreencia con base en la cual se había gravado el predio.
222 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Fl. 50.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
105
Alegó que el Tribunal incurrió en yerro al derivar una
confesión de parte de la demandada. Con todo, no especificó
cuál era el error en concreto, sino que se limitó a enunciarlo
para señalar que sí estaba acreditado el pago de la hipoteca
y que ello sería indicativo de que no había confesión.
Nuevamente, aquello constituye un simple alegato que no
derruye los pilares del fallo impugnado en casación. En
efecto, el casacionista no cuestionó el hecho indicador, a
saber, que la propia demandada admitió que el precio
señalado en la escritura pública de compraventa no era el
precio real sino un precio pactado con el fin de limitar el
impacto tributario de la venta. Es más, la propia demandada
aportó con su contestación el documento privado signado por
los señores Ramírez Peláez y Múnera Agudelo, donde
afirmaban que el precio pactado era otro y decían renunciar
a la acción por lesión enorme. A partir de este hecho -que el
precio declarado no era el precio real- el Tribunal infirió que
existía un pacto privado, ni más ni menos. Sólo al cotejar
esta confesión con los demás medios suasorios indicadores,
llegó el Colegiado a inferir que el pacto privado era la
consecuencia de un pacto simulatorio y no una simple
discordancia entre el precio aparente y el real. En esta
medida, no se advierte el yerro ostensible denunciado por el
censor. Por lo demás, esta Sala no pasa por alto que en el
documento privado los firmantes señalaron haber recibido
un precio justo, para a renglón seguido renunciar a ejercer
la acción por lesión enorme. Lo cual, no dejaba de ser
contradictorio, pues dicha acción tiene por objeto la rescisión
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
106
de la venta efectuada a un precio inferior a la mitad del
justo223.
4.5.7. En el expediente reposan el despacho comisorio
No. 086 del 26 de julio de 2012 y ii) el oficio No. 790 del 26
de julio de 2012, ambos proferidos por el secretario del
Juzgado 11 Civil del Circuito de Medellín donde se señala que
«dentro del proceso hipotecario instaurado por Bancolombia S.A. en
contra de Diana María Muñoz Tobón se dictó providencia que en su fecha
y parte pertinente dice …. Se ordena la cancelación de la hipoteca que
grava el inmueble con FMI No. 004-0033002 constituida mediante
Escritura Pública No. 972 del 21 de septiembre de 2003… suscrita por
Manuel Felipe Ramírez Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo»224.
El censor alega que estos documentos fueron ignorados
por el Tribunal. Que, los mismos acreditaban el pago del
precio del inmueble “La Glorieta” por parte de Diana María
Muñoz Tobón. Al respecto, según se citó in extenso, el
Tribunal advirtió que de los medios suasorios recaudados no
se colegía que Diana María Muñoz Tobón hubiese asumido el
pago de tal acreencia. Por el contrario, en el plenario podía
constatar que sobre el inmueble pesaron dos gravámenes
hipotecarios, uno constituido por los señores Ramírez y
Múnera y otro por Muñoz Tobón, los dos a favor de
Bancolombia S.A. Estos hechos no fueron cuestionados por
el casacionista, quien se limitó a afirmar que los despachos
comisorios referidos daban cuenta del pago de la deuda por
223 Código Civil. Artículo 1947: «El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que
recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su
vez sufre lesión enorme, cuando el precio de la cosa que compra es inferior a la mitad
del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato».
224 Cuaderno No. 4 del Juzgado. Fl. 20.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
107
parte de la demandada. De modo que su ataque no deja de
ser un mero alegato que señala unos medios de prueba sin
el contexto que tuvo en cuenta el sentenciador para llegar a
la conclusión opuesta. Por lo demás, esta Sala tiene
establecido que optar por un grupo de pruebas -por sobre
otro- no es suficiente para derivar per se un defecto en el
trabajo argumentativo y probatorio del sentenciador225.
4.5.8. El censor también cuestionó la valoración del
documento privado suscrito por los señores Manuel Felipe
Ramírez y Gabriel Darío Múnera, que la propia demandada
Muñoz Tobón aportó con su contestación. En el documento,
sin fecha de elaboración, los señores Ramírez y Múnera
manifestaron «que por lote de terreno, con todas sus mejoras y
anexidades, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas… que
fue de nuestra propiedad, distinguido con el folio de matrícula
inmobiliaria número 004-33002… enajenado a título de venta a la señora
Diana María Muñoz Tobón… a través de la escritura pública número 361
del 15 de octubre de 2009… recibimos el justo precio, que el inmueble
tenía, no obstante la declaración que se hiciera en la escritura arriba
anotada, por $45.700.000, atendió avalúo catastral total del inmueble y
tuvo como único fin hacer menos onerosos para las partes contratantes
los trámites fiscales, notariales y de registro… declaramos a demás por
el presente documento que renunciamos expresamente a la acción
resolutoria por lesión enorme»226.
Estimó el casacionista que el Tribunal erró al valorar
este documento, pues debió haberlo admitido como prueba
del pago del precio del inmueble. Por el contrario, adujo, el
225 SC1452-2024.
226 Cuaderno No. 4 del Juzgado. Fl. 18.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
108
sentenciador le restó valor suasorio y lo interpretó como
indicativo de que no se había hecho el pago. Esta
Corporación advierte -nuevamente- que esta inconformidad
del censor constituye mero alegato. En efecto, no cuestiona
la existencia misma de la prueba documental, sino la
interpretación que hizo el Colegiado de las declaraciones en
ella contenidas. Tampoco acredita lo ostensible o manifiesto
del supuesto yerro. Y es que el Tribunal valoró las
declaraciones de los signatarios del documento en conjunto
con el resto del acervo, en su contexto, como un hecho que
indicaba la existencia de un pacto oculto y que, además,
señalaba que no había un acuerdo claro sobre el precio de la
cosa aparentemente objeto de contrato de compraventa.
Echó de menos, pues, uno de los elementos esenciales del
contrato de compraventa: el precio determinado o
determinable227. Y es que el censor también adujo que hubo
yerro al estimar el testimonio de Sonia Milena Carmona
Restrepo, esposa de Gabriel Darío Múnera, en tanto que fue
la única testimonial que indicaba que no había habido pago
del precio. En este punto, se advierte el alegato del
casacionista, que se limita a esgrimir como señal de yerro
ostensible, la supuesta tergiversación de una declaración de
testigo, sin especificar cómo es que aquél demuestra el pago
del precio. Con todo, sobre el particular, conviene precisar
que, a tenor del artículo 167 del Código General del Proceso,
227 Código Civil. Artículo 1849: «La compraventa es un contrato en que una de las
partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella dice vender y
ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio».
Artículo 1864: «El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá
hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen. Si se
trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la
entrega». Y el inciso 2º del artículo 1865 que dispone «no podrá dejarse el precio al
arbitrio de uno de los contratantes».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
109
las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba228. En este caso, el demandante alegó que no hubo
pago del precio y que no pactó precio alguno. La aparente
compradora, por su parte, no pudo acreditar ni siquiera la
existencia de un precio determinado o determinable, pues
con su propia confesión y el documento que aportó, admitió
que el precio declarado en documento público no era tal. Por
supuesto, mucho menos pudo acreditar el que hubiese
pagado suma alguna a título de precio por el inmueble en
cuestión.
4.5.9. El censor denunció yerro fáctico en la apreciación
del interrogatorio de parte de Gabriel Darío Múnera. El
interrogatorio fue del siguiente tenor:
«Preguntado apoderado parte demandante: Usted podría hacernos
un recuento de cómo se realizó el negocio en que usted terminó
como propietario de la finca Makanas y en lo dicho por Manuel
Felipe, el terminaría como propietario de la finca La Glorieta.
Respondió: Primero que todo, Manuel Felipe Ramírez, para mí ha
sido un hermano. Un hermano más de 9 que vengo de una familia
de 9 hermanos. Con él estuve toda la infancia, la pese a la
infancia, luego el estudio, luego el se fue a Medellín (…)
Juez: Limitémonos por favor a la a la pregunta. Muy bonita la
historia familiar, pero no es de acá del proceso.
Respondió: Fue una partición donde yo quedé con el predio
Makana cediendole el 50%. Teníamos dos predios. Las Makanas
y La Glorieta. Él me cede a mí el 50% de Makanas y yo le cedo el
50% de La Glorieta. Yo me sorprendí totalmente ese día me
sorprendí porque él me dice, me le pasa el 50% a Diana Muñoz, yo
lo miré. Sorprendido, él simplemente me dijo esto, lo único que tiene
que hacer es firmar y sí, señor. Yo dije, aquí no sé qué irá a pasar.
Pero así fue.
228 Código General del Proceso. Artículo 167. Inciso 4º: «los hechos notorios y las
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
110
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Señor Gabriel, usted
recuerda si en ese momento que hicieron los negocios, con qué
personas o entidades bancarias tenían ustedes deudas?
Respondió: Le debíamos a Davivienda y le debíamos a
Bancolombia. Y a muchos particulares.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Podría precisar
montos o qué personas lo recuerda?
Respondió: Las personas de pronto sí recuerdo los montos, no
recuerdo, pero sí era mucha plata, ¿puedo nombrar personas,
nombro personas, a bien lo tiene? Ovidio Osorio, le debíamos a
varias casas comerciales entre unas Arista, Germán Cuervo ese
era el Cosmoagro, Comercializadora del Campo, Almacén del Café,
Víctor Londoño, Rodrigo Restrepo, Fabián Lotero, no una infinidad.
Preguntado apoderado parte demandante: Recuerda usted si en
esa liquidación de negocios el señor Felipe quedó con deudas con
las personas que usted acaba de mencionar.
Respondió: Sí, claro que sí. A ver nosotros en la sociedad se
suponía y así era la joya de la corona, era la finca La Glorieta. Era
la mejor finca, era la finca de mayor valor. Yo en la partición yo
quedé con la finca de tierra fría, Las Macanas y por ende él asumió
más deudas.
Preguntado apoderado parte demandante: Señor juez, podría
haber sido el expediente para ponerle en conocimiento un
documento claro.
Juez: Claro.
Preguntado apoderado parte demandante: Señor Gabriel, le voy a
poner de presente el anexo 25 de la demanda, donde aparece una
relación de los negocios que ustedes tenían en común y las deudas
para que usted nos diga si fue quien lo elaboró, si lo elaboró
Manuel, si lo que está ahí corresponde a lo que a la realidad
económica que ustedes tenían en ese momento.
Respondió: Claro que sí.
Preguntado apoderado parte demandante: Señor juez no, no está
foliado, entonces no puedo hacer en relación al folio, pero es del
cuaderno de pruebas de la parte demandante que es el cuaderno
número 3 en lo que aparece anexo 25. Sí. ¿Reconoce esta
liquidación, sabe a qué personas se hace referencia, quién la
laboró, si se elaboró en ese momento en el año 2009 o después. Si
es cierto lo que dice ahí?
Respondió: Claro autor que lo reconozco es que esa mi letra, son
mis números. Esa liquidación la efectué yo.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
111
(…)
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Nos informó usted que
está esto? ¿Este documento, en efecto, lo realizó usted?
Respondió: Claro que sí doctor.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Reconoce su letra, hay
alguna alteración que nos pueda informar?
Respondió: No, no, no está totalmente como se hizo. Esta partecita
sí es letra de Manuel Felipe.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Cuál partecita nos
puede leer? Para que quede claro.
Respondió: En la parte de abajo. Esa letrica sí que la lea Manuel
Felipe. Debe a NASA. Me disculpa los horrores. Debe a NASA, falta
descontar cuentas de celular y los jornales de trabajadores
plateado, ver nóminas cuaderno.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Señor Gabriel, nos
podría informar ese documento, en qué fecha o más o menos en
qué fecha lo elaboró?
Respondió: No la verdad fecha, si no recuerdo.
Preguntado apoderado parte demandante: Si no viene una fecha
exacta. Un aproximado del año, el mes, antes del negocio.
Respondió: Eso se hizo para poder hacer la disolución de la
sociedad en la verdad. No recuerdo, eso sí, en qué año fue la
verdad, no recuerdo.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Pero fue antes que se
hiciera la liquidación de los negocios que tenían entre ustedes?
Respondió: Sí, claro, eso se hizo para poder hacer la liquidación.
Eso fue alrededor del 2009. No, no recuerdo bien. De más que sí.
Preguntado apoderado parte demandante: Señor Gabriel Darío
¿usted recibió plata de la señora Diana por la finca La Glorieta?
Respondió: Nunca, nunca recibí un peso de la señora Diana
Muñoz.
Preguntado apoderado parte demandante: Cuando se hizo ese
trabajo de partición de bienes entre Manuel Felipe y usted ¿A él le
correspondía la glorieta según lo que ustedes negociaron el 100%
de La Glorieta?
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
112
Respondió: Claro que esa finca era totalmente y sigue siendo para
mí de Manuel Felipe Ramírez.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Nos podría explicar a
qué se refiere usted con que sigue siendo para usted Manuel
Felipe?
Respondió: porque ese fue un negocio ficticio, ella nunca compró
esa finca, simplemente él le pasó la escritura por los momentos
que por lo que él ha comentado por las circunstancias en las que
él estaba pasando. He de aclarar que de que ahí en ese momento
la finca estaba yo, yo cuando se hizo la partición, toda la finca
estaba montada. En ese momento, toda la finca estaba
produciendo café, plátano, banano e inclusive había unas una,
una cuadrita creo que de Gulupa, fruta de exportación.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Usted ha visto la finca
después de que se hizo ese negocio después del 2009?
Respondió: Sí, me da mucha tristeza la verdad. Sí, porque la
verdad yo hay un predio, hay un predio encima de esa finca que
por lo cual yo paso dos 3 meses a la semana. Es una finquita de
mi familia y con mucha nostalgia paso por ahí. La verdad me da
mucho, mucho guayabo me da mucha berraquera. Y en este
momento la finca pues está tomando un rumbo diferente, pero se
le han hecho trabajos y sostenimiento y uno lo sabe, pero en este
momento está muy decaído.
Preguntado apoderado parte demandante: Mientras la finca
estuvo en propiedad de Manuel Felipe dentro del año 2009 2014.
¿Sabe usted si se le hicieron trabajos a la finca, si se hizo alguna
construcción o la finca siguió como la tenían ustedes dos?
Respondió: No, sí se le hicieron arreglos, claro. De las porterías que
se habla, de las pesebreras, de la casa del mayordomo.
Preguntado apoderado parte demandante: ¿Sabe usted si en el
año 2009 el señor Manuel Felipe recibió de la Sra. Diana dineros
por este negocio?
Respondió: No sé absolutamente nada.
Preguntado apoderado parte demandante ¿Sabe usted si el señor
Manuel Felipe recibió de la señora diana dinero por la compra de
algún otro bien que él tuviera?
Respondió: No, no, para nada.
Preguntado apoderado parte demandante: Le pregunto ¿qué tan
cercana es su relación con el señor Manuel Felipe, en el sentido de
usted se hubiese dado cuenta si él hubiera recibido ese dinero?
¿Cree usted que Manuel Felipe le hubiera contado?
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
113
Respondió: No lo sé.»229 (se subraya).
El censor adujo que del interrogatorio de parte de
Gabriel Múnera se infiere que no hubo acuerdo alguno entre
Diana Muñoz y él. De modo que, estimó, no hubo acuerdo
trilateral, no hubo acuerdo simulatorio en relación con la
venta del 50% de la cuota proindiviso del inmueble que el
señor Múnera dijo transferirle a Diana Muñoz. No obstante,
el Tribunal llegó a la conclusión de que tal acto era
relativamente simulado -una venta por interpuesta persona-
con apoyo en las probanzas relacionadas en los acápites
anteriores que valoradas en conjunto, indicaban que había
motivo para simular -acreencias-, no se pactó precio ni se
demostró que se hubiera hecho el pago, había una estrecha
relación negocial entre las partes -el señor Ramírez y la
señora Muñoz-, así como la venta en bloque y la continuidad
de Manuel Felipe Ramírez en la administración de los
negocios. Nótese que el acuerdo simulatorio, por su carácter
oculto y velado, difícilmente se acredita con medios de
prueba directos. Dado que existe una discrepancia entre la
voluntad declarada y la voluntad real de los contratantes, las
más de las veces, el sentenciador llega al pacto simulatorio a
través de indicios, es decir, hechos que señalan la existencia
del pacto oculto y sus condiciones. En este caso, el censor no
discute que Gabriel Múnera dijo venderle su parte del
derecho de dominio del inmueble a Diana Muñoz por
indicación de Manuel Felipe Ramírez. Tampoco está en duda
229 Audiencia inicial. Interrogatorios de parte. Minuto 1:08:30 al 1:19:05. Archivo
digital 2016 0256 SIMULACION Audiencia Inicial».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
114
que ella suscribió la escritura pública de compraventa en la
cual dijo comprarle a Gabriel Darío Múnera ese derecho.
Auscultados en su contexto, el hecho de que Diana Muñoz
hubiese firmado la escritura pública de compraventa en
calidad de compradora del inmueble “La Glorieta”,
declarando un precio aparente, en el mismo mes en que dijo
comprar su parte en la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.
a Manuel Felipe Ramírez, también de manera simulada, sin
pagar precio alguno, junto con los demás indicios referidos,
llevaba razonablemente al convencimiento de que había dado
su consentimiento para dotar apariencia a un acto público y
velar la voluntad real en lo que a esa parte del inmueble se
refiere. Y es que, conforme a las reglas de la experiencia y a
la luz de la sana crítica, no es lógico que el vendedor de un
activo productivo se desprenda de su titularidad a favor de
un supuesto comprador, sin acordar un precio determinado
o determinable, ni recibir contraprestación alguna. Ni es
lógico que el supuesto comprador en tal operación suscriba
un instrumento público con declaraciones falaces sin haber
prestado su asentimiento para ello. Lo que ello indica, a la
luz de la sana crítica, es la existencia de un pacto oculto entre
quienes suscribieron el acto aparente.
4.5.10. El Tribunal tuvo como indicio en contra de
Diana Muñoz su negativa a entregar la información contable
de la sociedad a la perito para que ésta pudiera valorar la
compañía. El censor denunció yerro por cuanto el Tribunal
no señaló cuál era el hecho indicador y el hecho indicado en
ese caso. De entrada, se advierte -se itera- el alegato del
casacionista, quien no pone en duda que la actitud procesal
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
115
de Diana Muñoz fue la que indicó el Tribunal, a saber: que
se negó a entregar información contable de Power Motors
Yamaha Ltda. a la perito del caso, entorpeciendo la práctica
de la prueba pericial. Lo que cuestiona el censor es la
deducción del indicio en contra de la demandada a partir de
esa actitud procesal, lo cual rebasa los límites del recurso de
casación. Por lo demás, el ataque adolece de defecto técnico
de mixtura o entremezclamiento, en tanto que cuestiona la
aplicación de reglas de carácter probatorio más afines al
yerro de iure -arts. 241 y 242 del Código General del Proceso-
. En cualquier caso, el Tribunal no erró al tener como indicio
en contra de Diana Muñoz, en su calidad de parte
demandada en el proceso, a partir de su negativa a
suministrarle información al experto para que elaborara su
dictamen. Máxime si se tiene en cuenta que el objeto del
dictamen era determinar una serie de cifras e indicadores
económicos de la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.,
necesarios para establecer el valor intrínseco de las cuotas
parte en que se divide su capital, para estimar si el precio
declarado -valor nominal- en el documento público era
indicativo de simulación.
5. En una palabra, los cargos primero y segundo,
fracasan.
CARGO CUARTO
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
116
Con sustento en la causal primera, acusó a la sentencia
de quebrantar de manera directa el artículo 1746 del Código
Civil, «por falta de aplicación»230.
Sostuvo que el Tribunal «en cuanto a las restituciones
mutuas, se despreocupó de aplicar el artículo 1746 del Código Civil a
favor de mi poderdante, la que debía ser aplicada al declarar la
simulación absoluta y relativa frente a la compraventa del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-33002»231. Estimó,
pues, que el sentenciador no tuvo en cuenta que la
restitución de frutos « se rige por lo dispuesto el capítulo 4o. Del Título
12 del Libro 2o. del Código Civil y de igual manera se debe aplicar el
artículo 1746 del mismo Código Civil por aplicación analógica que
imponen al juzgador el deber de aplicar las leyes que regulan casos o
materias semejantes»232. Citó fallos de esta Sala sobre el
particular. E indicó que «así las cosas, una aplicación correcta de la
norma y de la jurisprudencia obliga al fallador a verificar las mejoras
efectuadas por mi poderdante a la finca La Glorieta para ordenar sean
pagadas en su totalidad por el demandante»233.
Pidió, en consecuencia, casar parcialmente el fallo
impugnado «ordenando a favor de Diana María Muñoz las
mejoras»234.
CONSIDERACIONES
1. Se adelanta el fracaso del cargo, por las razones que
se exponen a continuación.
230 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 50.
231 Ibidem.
232 Ibidem. pág. 51.
233 Ibidem.
234 Ibidem.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
117
2. De manera preliminar, esta Sala advierte que,
tratándose de la acusación por la vía directa, la valoración
probatoria está al margen de la discusión. El estudio que
hace esta Corporación se limita a evaluar si el ejercicio de
subsunción -de los hechos en la ley sustancial- efectuado por
el ad quem se ajustó a la legalidad o anduvo desatinado, bien
por aplicar al supuesto fáctico una norma a todas luces
inaplicable o bien por inaplicar la que debía regir ese asunto.
3. Consecuencia inmediata de la prosperidad de la
pretensión de simulación, en los casos en los que hubo
desplazamientos patrimoniales235, es la definición de las
restituciones mutuas a que haya lugar. Lo anterior, por
aplicación analógica236 de las normas que regulan esta
materia para las acciones de nulidad, reivindicatoria y
rescisoria. Y es que, a tenor del artículo 1746 del Código Civil,
la declaratoria de nulidad otorga a las partes en contienda el
derecho a que las cosas vuelvan al estado inicial237. Esto es,
235 «De ahí que, la privación de los efectos jurídicos y el alcance retroactivo son
elementos característicos de la nulidad. En principio, la desaparición del contrato
supone restablecer a las partes a la situación anterior a la convención, de ese modo, la
obligación de restituir está precedida de un estudio factual: saber si hubo
desplazamientos patrimoniales. De tal suerte que, la integridad económica de los
contratantes se verá reintegrada en la medida en que se hayan ejecutado prestación
en virtud del acuerdo de voluntades. En este orden de ideas, el derecho a ser restituido
supone que se hayan hecho erogaciones de cualquier tipo. En otros términos, que exista
una modificación patrimonial en virtud del contrato». CSJ, SC490-2024.
236 Ley 153 de 1887. Artículo 8: «Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho».
237 Código Civil. Artículo 1746: «La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la
fuerza de cosa juzgada, da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado
en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo
prevenido sobre objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de
hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable
de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono
de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias tomándose en consideración los casos
fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas
generales, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
118
en concordancia con lo dispuesto en el capítulo IV, Título II,
del Libro 2º ejusdem. Lo propio ocurre en el caso de la
declaratoria de simulación, si bien con la salvedad de que la
buena o mala fe de los contratantes se debe evaluar a la luz
del pacto privado que se desvela como consecuencia de la
prosperidad de la acción de prevalencia. En efecto, quien
tuvo la cosa en su poder pudo haberse beneficiado de sus
frutos, invertido en mejoras o, incluso, haberla deteriorado,
en desconocimiento del pacto privado. Y así, al restituirla a
su legítimo dueño, es justo que cada cual devuelva al otro lo
que en derecho le corresponda238. No obstante, les
corresponde a las partes en contienda la carga de probar la
existencia y cuantía de los frutos, mejoras, intereses,
perjuicios o asuntos de igual linaje239.
3.1. En este caso, el casacionista se duele de que el
sentenciador no aplicó lo dispuesto en el artículo 1746 del
Código Civil, debiendo haberlo hecho. Y que, como
238 «…evidentes razones de equidad, porque siendo posible que el demandado mientras
conserva la cosa en su poder se haya aprovechado de sus frutos, lo haya mejorado o
deteriorado; en el caso de que fuera condenado a restituirla debe, naturalmente,
proveerse lo conveniente sobre esos puntos, porque de otro modo, se consagraría bien
un enriquecimiento indebido de parte del reo, cuando se aprovecha de los frutos de la
cosa que no es suya, o del acto, al recibir mejorado a costa ajena un bien». CSJ, SC,
28 ago. 1996, exp. 4410.
239 Código General del Proceso. Artículo 283: «La condena al pago de frutos, intereses,
mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor
determinados. El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto
hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada
con ella no hubiese apelado. En los casos en que este código autoriza la condena en
abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito
que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo
juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia
respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior. Dicho
incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse
el incidente se extinguirá el derecho. En todo proceso jurisdiccional la valoración de
daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales». El Código de Procedimiento Civil, Artículo 307, Inciso 1º, por su
parte, se decantaba por el elemento inquisitivo, al advertir que, «Cuando el juez
considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de
oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin».
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
119
consecuencia de este dislate, no ordenó al demandante al
pago de las mejoras realizadas sobre el inmueble por la
demandante. No obstante, en punto a las restituciones
mutuas derivadas de la prosperidad de la pretensión de
declaratoria de simulación de compraventa del inmueble, el
Tribunal señaló que «la norma exige tanto al demandante como a la
parte contraria estimar y objetar razonadamente el juramento
estimatorio. Por tanto, los extremos procesales tienen el deber de
fundarse en razones, documentos y pruebas. En el caso de la referencia,
se advierte que el juramento estimatorio no se encuentra apoyado en
razones y pruebas que permitan estimar los frutos, acotando además
que durante el proceso el actor no cumplió con su carga de probar los
hechos que fundamentan la pretensión de pago de los frutos civiles… En
ese contexto, debido a que la parte actora no estimó razonadamente el
pago que pretende por los frutos civiles, no puede entenderse que el
monto de $195.250.000 constituya la prueba de tal prestación. Lo
anterior, pese a que la parte contraria no objetó su cuantía… Corolario
de lo dicho en este aparte, en ese escenario, ante la ausencia de
elementos de juicio que permitan determinar su monto, en la parte
resolutiva de esta sentencia no se accederá a tales restituciones»240.
3.2. De la lectura del fallo impugnado fluye que el
sentenciador estimó que no había medios de prueba idóneos
que acreditaran la cuantía de las restituciones mutuas. No
sólo porque el demandante había descuidado la carga de
probar los frutos que reclamó en el juramento estimatorio,
sino porque la pasiva tampoco había objetado dicho
juramento. En ambos casos, ninguno de los extremos en
litigio cumplió con la carga de probar, bien los frutos que
alegó haber percibido, o las presuntas mejoras realizadas
240 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. pág. 157.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
120
sobre el inmueble. En este orden de ideas, el Colegiado no
aplicó el artículo 1746 del Código Civil, ni las normas sobre
restituciones mutuas, por cuanto no encontró acreditados
los supuestos de hecho que darían lugar a hacerlo. En la
medida en que por la vía directa no se cuestiona el marco
fáctico de la decisión, no se advierte el yerro del Tribunal.
4. Por las razones anotadas, el cargo cuarto tampoco
prospera. Se impondrá condena en costas. Las agencias en
derecho se tasarán según el numeral 3º del artículo 366 del
Código General del Proceso y las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por
la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso sub examine.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente
puesto que la parte opositora replicó en tiempo la demanda.
Inclúyase en la liquidación de las costas la suma de
$10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija
el Magistrado Ponente.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
121
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(comisión de servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma en comisión de servicios
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: E4FBB3CAB26BE9D94DA03ECE2CFF41359C7DF73E5ED760103F5E87FDECE608A2
Documento generado en 2025-06-24