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clave: "corte_suprema:providencia:SC941-2025 [2016-00256-01]"
titulo: "Corte Suprema: refirió, se ocupó de dicha pretensión en su sentencia"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-24"
radicado: "2016-00256-01"
numero: "SC941-2025"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: refirió, se ocupó de dicha pretensión en su sentencia

- **Título oficial / radicado:** SC941-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-24
- **Radicado:** 2016-00256-01
- **Número:** SC941-2025
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC941-2025%20%5B2016-00256-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC941-2025%20%5B2016-00256-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzYuLSBKdW5pby9TZW50ZW5jaWFzL1NDOTQxLTIwMjUgWzIwMTYtMDAyNTYtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Sobre este tema, la Sala razonó que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho sustancial controvertido» Asimismo, de manera consecuencial, se declara probada la simulación de la cesión ficticia de las cuotas sociales efectuada por Luis Eduardo Ramírez Peláez a la señora MARGARITA DE JESUS TOBON PANIAGUA llevada a cabo mediante escritura pública 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría Dieciséis de Medellín65. Por tanto, de no haber mediado el referido error, con ello bastaría para confirmar la sentencia de primera instancia en este punto90. El censor también denunció yerro en la inferencia del indicio de venta en bloque.

## Texto del documento

1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC941-2025
Radicación n.° 05034-31-12-001-2016-00256-01
(Aprobado en sesión celebrada en la ciudad de Cali- Valle del Cauca el
veintisiete de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil
veinticinco (2025).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Diana
María Muñoz Tobón y Margarita de Jesús Tobón Paniagua
frente a la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por la
Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia. Dentro del proceso verbal que
instauró Manuel Felipe Ramírez Peláez en contra de las
impugnantes y otros.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión1
1 Páginas 10-13 del PDF «Demanda hasta inicio de Anexo No. 10», cuaderno de primera
instancia y páginas 29-31 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de
primera instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
2
Manuel Felipe Ramírez pidió la declaratoria de
simulación relativa del contrato de compraventa de acciones
contenido en la escritura pública No. 305 del 9 de marzo de
2009. En consecuencia «se hagan prevalecer los efectos de la
declaración oculta y se extingan los del contrato aparente, en el sentido
que el verdadero propietario de las acciones es el señor Manuel Felipe
Ramírez en virtud de la donación que le hiciese su señora madre».
Además, solicitó que se reconociera la simulación
absoluta del contrato de compraventa contenido en la
escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009 de la
Notaría Única del Círculo de Jardín – Antioquia «en lo que
respecta a la transferencia de Manuel Felipe y de manera relativa en lo
que respecta de la transferencia de Gabriel Darío Múnera Agudelo». Así,
rogó que se diga en la sentencia que el propietario único del
inmueble objeto de dicho acto – la finca La Glorieta - es
Manuel Felipe Ramírez.
Asimismo, pretendió la simulación absoluta del «contrato
de compraventa de acciones (cesión de acciones) celebrado mediante
acta No. 5 del 2 de julio de 2009 de la Junta de socios de Power Motors
Yamaha Ltda. protocolizada mediante escritura pública No. 1995 del 22
de octubre de 2009 de la Notaría Quinta de Medellín». Y en virtud de
ello «se declare inválida absolutamente la transferencia de las acciones
que hiciere posteriormente Luis Eduardo Ramírez a Margarita Tobón
mediante escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría
Dieciséis de Medellín». También requirió la simulación absoluta
de los contratos de arrendamiento suscritos sobre la finca La
Glorieta.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
3
Con todo, peticionó la cancelación de los registros
respectivos. Solicitó condenar a la demandada, como
poseedora de mala fe, a la restitución de los bienes objeto de
las transacciones antes referidas y al pago de los frutos
civiles desde el año 2015 hasta la fecha de las restituciones.
E instó a condenarla en costas y agencias en derecho.
Subsidiariamente, suplicó que se declarara rescindido
por lesión enorme el contrato de compraventa contenido en
la escritura pública No. 361 del 15 de octubre de 2009. Que
se condenara «a la demandada a completar el justo precio o a restituir
el inmueble con las consiguientes prestaciones, ordenándose además la
cancelación de la escritura y su registro más el pago de las costas del
proceso».
En defecto de lo anterior, demandó la simulación del
contrato de compraventa de acciones contenido en la
escritura pública No. 821 del 5 de marzo de 2014.
Subsiguientemente, peticionó la prevalencia de la
declaración oculta «en el sentido de que el verdadero propietario de
las acciones es el señor Luis Eduardo Ramírez». Solicitó la
cancelación de la escritura y su registro. Y condenar a la
pasiva, como poseedora de mala fe, «al pago de los frutos civiles
producidas por las acciones desde el año 2015 hasta el momento que se
registre en el libro de accionistas la sentencia que ponga fin al presente
proceso».
2. La causa petendi2
2 Páginas 2-9 del PDF «Demanda hasta inicio de Anexo No. 10», cuaderno de primera
instancia.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
4
El señor Manuel Felipe Ramírez Peláez adujo que
conoció a Diana María Muñoz en el año 2002. Que
sostuvieron una relación sentimental en el marco de la cual
convivieron «desde febrero del 2004 hasta el noviembre del año 2009».
Narró que junto con Diana María Muñoz y Rosalía Peláez de
Ramírez constituyó la sociedad Power Motors Yamaha Ltda.
– hoy Power Motors Yamaha S.A.S. - mediante escritura
pública No. 551 del 18 de abril de 2005 otorgada en la
Notaría 22 de Medellín y registrada en la Cámara de
Comercio de Medellín el 20 de abril de 2005.
Indicó que «los aportes de cada accionista fueron: 1. Manuel
Felipe Ramírez, capital y trabajo. 2. Diana María Muñoz Tobón, trabajo.
3. Rosalía Peláez de Ramírez facilitó un inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 004-13769 como garantía a Incolmotos
Yamaha S.A.». Añadió que la composición accionaria inicial de
la sociedad era de 5.000 cuotas sociales de titularidad de
Manuel Felipe, 2.500 cuotas sociales a favor de Diana María
y 2.500 de propiedad de Rosalía Peláez. Relató que «el 29 de
enero de 2007 se reunió la junta de socios de la sociedad Power Motors
Yamaha LTDA. y aprobó estados financieros del año 2006 y la “cesión”
de las cuotas de la señora Rosalía Peláez de Ramírez a la señora Diana
María Muñoz Tobón». Señaló que en el acta se consignó como
valor de la cesión la suma de $3.000.000 y se reportó como
utilidad del año 2006 la suma de $56.312.830. Invocó que
dicha cesión «realmente fue un negocio simulado (simulación relativa)
que tuvo por fin ocultar una donación de la señora Rosalía a su hijo
Manuel, no realizar el proceso de insinuación ni pagar los impuestos que
acarrea este tipo de actos». Y aseguró que era indicativo de la
simulación, el precio pactado y el medio de pago –
$3.000.000 en efectivo por un 25% de participación en una
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sociedad que había arrojado como utilidad para el año 2006
$56.312.830- ; la cercanía entre Rosalía y quien era su
nuera, Diana María Muñoz y la continuidad del aporte de
Rosalía, puesto que pese a perder su vinculación con la
sociedad, dejó su inmueble como garantía de Incolmotos
Yamaha S.A.
Por otra parte, manifestó que Manuel Felipe Ramírez
Peláez y Gabriel Darío Múnera Agudelo «fueron socios en distintos
proyectos productivos en terrenos arrendados y en bienes propios, como
finca La Glorieta, Las Macanas, Las Florestas y Serranías». Que esta
sociedad terminó de mutuo acuerdo a principios del 2009.
En virtud de ello, hicieron una liquidación en donde Manuel
quedó a cargo de unas deudas propias y que le correspondían
pagar a Gabriel. En cuanto a los activos, a Manuel le
correspondió «además de algunos bienes muebles, el inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 004-33002, denominado La
Glorieta». A su vez, «el señor Manuel le transfirió al señor Gabriel,
además de algunos bienes muebles, su participación en la finca Las
Macanas, mediante la escritura pública No. 362 del 15 de octubre de
2009 de la Notaría Única del Círculo de Jardín - Antioquia». Sin
embargo, con «fines de precautelar todo lo posible su patrimonio por
las deudas que tenía a su nombre pero que por la liquidación le
correspondía pagar a su ex socio», Manuel le solicitó a Gabriel que
pasara su 50% de titularidad en la finca La Glorieta a Diana
Muñoz. Y en la misma escritura y con el mismo fin, Manuel
transfirió su 50% sobre el mismo inmueble a favor de Diana
Muñoz. De esta forma, el 100% del predio pasó a ser de
propiedad de Diana Muñoz.
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El anterior acto quedó consignado en la escritura
pública de compraventa No. 361 del 15 de octubre de 2009
de la Notaría Única del Círculo de Jardín – Antioquia. Frente
al cual se afirmó que «la simulación fue absoluta respecto del señor
Manuel y relativa respecto del acto del señor Gabriel». Relacionó como
hechos indicadores: i) el precio pactado de $45.700.000 y su
forma de pago en efectivo, teniendo en cuenta que el valor
catastral del inmueble ascendía para el año 2009 a la suma
de $45.680.00 y el valor que fue asignado en la liquidación
hecha por Manuel y Gabriel fue de $500.000.000. ii) la
cercanía entre Manuel y Diana. Iii) La continuidad de la
explotación económica y de inversión en el predio por parte
de Manuel, por ejemplo, a través de la construcción de
pesebrera, cultivo de curuba, banano y limón; construcción
de beneficio de café; arreglo de la casa del mayordomo;
construcción de tanques y acueducto; arreglos de la casa
principal; pago del impuesto predial; entre otros. Iv) y el
hecho de que «los trabajadores de la finca siguieron teniendo como
propietario y patrono al señor Manuel».
Adicionalmente, el actor esgrimió que dentro del plan
para proteger su patrimonio, «acordó simular la cesión de sus
acciones en la compañía Power Motors Yamaha Ltda». Por lo que el 2
de julio de 2009 «se reunió la junta de socios de la sociedad Power
Motors Yamaha Ltda. y decidió aprobar la “cesión” de las 140.000
cuotas sociales que el señor Manuel tenía en la compañía a la señora
Diana, 126.000 y al señor Luis Eduardo Ramírez 14.000». Acto que se
instrumentalizó en la escritura pública del 22 de octubre de
2009 de la Notaría Quinta de Medellín. Del que también
reputó su simulación por el precio a valor nominal pactado,
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su forma de pago en efectivo, la cercanía entre las partes y la
continuidad de Manuel Felipe en la representación de la
sociedad, su participación en las utilidades, la construcción
de obras y el manejo de la compañía.
Asimismo, indicó que la simulación se mantuvo en el
tiempo «debido al largo plazo de las deudas hipotecarias, la confianza
entre las partes, el respeto del acuerdo oculto y el lamentable accidente
de tránsito del que Manuel fue encontrado responsable y se convirtió en
un riesgo considerable para su patrimonio». Anotó que el pacto
oculto no se alteró. Razón por la cual el inmueble que
garantizaba obligaciones de Incolmotos Yamaha S.A. fue el
mismo desde la creación de Power Motors Yamaha Ltda.
hasta el 25 de julio de 2014 cuando a razón de un embargo
se solicitó el cambio de la garantía. Adicionó que simuló
absolutamente celebrar un contrato de arrendamiento con
Diana Muñoz sobre la finca La Glorieta «al solicitar un crédito al
banco Davivienda», entidad en donde le exigieron que «como no
aparecía como dueño, aportara un contrato de arrendamiento para
concederle un crédito agropecuario». Pero «no se cuidó de guardar una
copia al considerarlo innecesario». Y que luego, producto de
problemas con algunos trabajadores en Power Motors
Yamaha y en la finca en el año 2013, Diana le sugirió que
firmaran un «segundo contrato de arrendamiento respecto a la finca
La Glorieta ya que del primero ni ella había conservado copia». El cual
suscribieron en el año 2014, con la advertencia de que su
ejecución había iniciado «desde el momento de la compraventa
simulada» y contentivo de un canon de $1.500.000. No
obstante, «para las partes era claro que Manuel era el dueño de la
finca», nunca se pagó el canon pactado, Manuel Felipe siguió
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ejerciendo el dominio sobre el predio, «las ventas en su mayoría
se hacían a nombre de Diana quien le entregaba el dinero a Manuel, lo
mismo con las facturas de materiales que podían salir a nombre de
Diana o la sociedad, pero eran pagadas por Manuel».
Por último, señaló que en febrero de 2014 le solicitó a
Luis Eduardo «que le entregara a Diana las acciones que le habían
“cedido”». De este modo, «Manuel decidió que se simulara otra cesión
esta vez de su hermano Luis Eduardo a la mamá de Diana, la señora
Margarita de Jesús Tobón». Consignada en la escritura pública
No. 821 del 5 de marzo de 2014 de la Notaría 16 de Medellín.
Al igual que en las demás transacciones que se reputan
simuladas, alegó que el precio acordado fue el valor nominal
en efectivo y que la cesión se hizo «a la mamá de una persona a la
que se le tenía absoluta confianza».
3. Posición de la parte demandada
Diana María Muñoz Tobón se opuso a las pretensiones
de la demanda. En su defensa, esgrimió las siguientes
excepciones de mérito3: i) «INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN,
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN COMERCIAL Y PRESCRIPCIÓN Y
RENUNCIA DE LA ACCIÓN POR LESIÓN ENORME»; ii) «LEGALIDAD Y
DEBIDA CELEBRACIÓN DE ACTOS DE COMERCIO»; iii) «INEXISTENCIA
DE LA SIMULACIÓN». Iv) «MALA FE Y FRAUDE PROCESAL».
A su vez, Margarita de Jesús Tobón Paniagua se opuso
a las peticiones del líbelo introductor. Como medios
3 Páginas 81-83 del PDF «05034311200120160025600_C002», cuaderno de primera
instancia.
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exceptivos planteó4: i) «Inexistencia del acto simulado, o la acción
simulatoria»; ii) «Validez de los contratos celebrados»; iii) «Ausencia de
perjuicio a acreedores». Iv) «Prescripción ordinaria de la acción

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

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en concordancia con lo dispuesto en el capítulo IV, Título II,
del Libro 2º ejusdem. Lo propio ocurre en el caso de la
declaratoria de simulación, si bien con la salvedad de que la
buena o mala fe de los contratantes se debe evaluar a la luz
del pacto privado que se desvela como consecuencia de la
prosperidad de la acción de prevalencia. En efecto, quien
tuvo la cosa en su poder pudo haberse beneficiado de sus
frutos, invertido en mejoras o, incluso, haberla deteriorado,
en desconocimiento del pacto privado. Y así, al restituirla a
su legítimo dueño, es justo que cada cual devuelva al otro lo
que en derecho le corresponda238. No obstante, les
corresponde a las partes en contienda la carga de probar la
existencia y cuantía de los frutos, mejoras, intereses,
perjuicios o asuntos de igual linaje239.
3.1. En este caso, el casacionista se duele de que el
sentenciador no aplicó lo dispuesto en el artículo 1746 del
Código Civil, debiendo haberlo hecho. Y que, como
238 «…evidentes razones de equidad, porque siendo posible que el demandado mientras
conserva la cosa en su poder se haya aprovechado de sus frutos, lo haya mejorado o
deteriorado; en el caso de que fuera condenado a restituirla debe, naturalmente,
proveerse lo conveniente sobre esos puntos, porque de otro modo, se consagraría bien
un enriquecimiento indebido de parte del reo, cuando se aprovecha de los frutos de la
cosa que no es suya, o del acto, al recibir mejorado a costa ajena un bien». CSJ, SC,
28 ago. 1996, exp. 4410.
239 Código General del Proceso. Artículo 283: «La condena al pago de frutos, intereses,
mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor
determinados. El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto
hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada
con ella no hubiese apelado. En los casos en que este código autoriza la condena en
abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito
que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo
juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia
respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior. Dicho
incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse
el incidente se extinguirá el derecho. En todo proceso jurisdiccional la valoración de
daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales». El Código de Procedimiento Civil, Artículo 307, Inciso 1º, por su
parte, se decantaba por el elemento inquisitivo, al advertir que, «Cuando el juez
considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de
oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin».
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consecuencia de este dislate, no ordenó al demandante al
pago de las mejoras realizadas sobre el inmueble por la
demandante. No obstante, en punto a las restituciones
mutuas derivadas de la prosperidad de la pretensión de
declaratoria de simulación de compraventa del inmueble, el
Tribunal señaló que «la norma exige tanto al demandante como a la
parte contraria estimar y objetar razonadamente el juramento
estimatorio. Por tanto, los extremos procesales tienen el deber de
fundarse en razones, documentos y pruebas. En el caso de la referencia,
se advierte que el juramento estimatorio no se encuentra apoyado en
razones y pruebas que permitan estimar los frutos, acotando además
que durante el proceso el actor no cumplió con su carga de probar los
hechos que fundamentan la pretensión de pago de los frutos civiles… En
ese contexto, debido a que la parte actora no estimó razonadamente el
pago que pretende por los frutos civiles, no puede entenderse que el
monto de $195.250.000 constituya la prueba de tal prestación. Lo
anterior, pese a que la parte contraria no objetó su cuantía… Corolario
de lo dicho en este aparte, en ese escenario, ante la ausencia de
elementos de juicio que permitan determinar su monto, en la parte
resolutiva de esta sentencia no se accederá a tales restituciones»240.
3.2. De la lectura del fallo impugnado fluye que el
sentenciador estimó que no había medios de prueba idóneos
que acreditaran la cuantía de las restituciones mutuas. No
sólo porque el demandante había descuidado la carga de
probar los frutos que reclamó en el juramento estimatorio,
sino porque la pasiva tampoco había objetado dicho
juramento. En ambos casos, ninguno de los extremos en
litigio cumplió con la carga de probar, bien los frutos que
alegó haber percibido, o las presuntas mejoras realizadas
240 Cuaderno del Tribunal. Sentencia. pág. 157.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
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sobre el inmueble. En este orden de ideas, el Colegiado no
aplicó el artículo 1746 del Código Civil, ni las normas sobre
restituciones mutuas, por cuanto no encontró acreditados
los supuestos de hecho que darían lugar a hacerlo. En la
medida en que por la vía directa no se cuestiona el marco
fáctico de la decisión, no se advierte el yerro del Tribunal.
4. Por las razones anotadas, el cargo cuarto tampoco
prospera. Se impondrá condena en costas. Las agencias en
derecho se tasarán según el numeral 3º del artículo 366 del
Código General del Proceso y las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por
la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso sub examine.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente
puesto que la parte opositora replicó en tiempo la demanda.
Inclúyase en la liquidación de las costas la suma de
$10.000.000, por concepto de agencias en derecho, que fija
el Magistrado Ponente.
Radicación n° 05-034-31-12-001-2016-00256-01
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En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(comisión de servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma en comisión de servicios
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC941-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-06-24. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2016-00256-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC941-2025%20%5B2016-00256-01%5D).
