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Radicación n° 11001-31-03-021-2009-00244-01
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
SC9184-2017
Radicación n° 11001-31-03-021-2009-00244-01
(Aprobado en sesión del diecinueve de abril de dos mil diecisiete)
Bogotá D.C., veintiocho de junio de dos mil diecisiete.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el doce de julio de dos mil trece, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
La sociedad Mamounia Limitada presentó demanda ordinaria contra la sociedad Investor S.A. para que se declare la nulidad relativa del contrato de hipoteca que ambas personas jurídicas celebraron mediante escritura pública número 7073 del 30 de septiembre de 2008, y se ordene la cancelación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
B. Los hechos
1. Mediante escritura pública número 5520 del 21 de octubre de 2005, suscrita en la Notaría 42 de Bogotá, se constituyó la sociedad comercial denominada Mamounia Ltda.
2. En la Cláusula Quinta de los estatutos se estableció: « Los socios delegan la administración de la sociedad, su representación legal y el uso de la firma en un Gerente, quien podrá actuar a nombre de ella sin limitación. La representación judicial o extrajudicial de la sociedad lleva en sí la facultad de celebrar operaciones comprendidas dentro del giro de los negocios sociales. Parágrafo: El gerente tendrá un suplente que lo remplazará con las mismas facultades en sus faltas absolutas, temporales o accidentales ».
3. Como gerente de la sociedad Mamounia Ltda. se nombró a la señora Alicia Huertas Escallón y como suplente al señor Luis Felipe Samper Dávila, quienes estaban casados entre sí.
4. El 6 de diciembre de 2005 la sociedad Mamounia Ltda. compró el Lote Nº R-5 del Conjunto Recreacional Campestre Mesa de Yeguas.
5. El 3 de mayo de 2006 la sociedad compró el Lote Nº R-4 del mismo conjunto recreacional, y en la escritura de compraventa se englobó este inmueble con el Lote Nº R-5. Al predio englobado se le asignó el folio de matrícula número 166-76651.
6. Según certificado catastral expedido por el Instituto Agustín Codazzi, el precio del inmueble englobado asciende a la suma de $992’739.000. [Folio 104, cuaderno 1]
7. El 30 de septiembre de 2008 Luis Felipe Samper, actuando como gerente suplente, constituyó hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía sobre el lote englobado, a favor de la sociedad Investor S.A., de la cual era socio y representante legal para ese momento.
8. La señora Alicia Huertas Escallón, gerente de Mamounia Ltda., no estaba fuera de la ciudad ni tenía incapacidad o impedimento que pudiese constituir falta absoluta, temporal o accidental que le hubiera impedido celebrar los negocios concernientes al giro ordinario del objeto social de su representada, por lo que el suplente Luis Felipe Samper Dávila no podía ejercer válidamente la representación legal de la sociedad en el acto de constitución de la hipoteca.
9. Con fundamento en esos hechos la demandante solicitó la nulidad del mencionado negocio de constitución de hipoteca.
C. Excepciones formuladas por la demandada.
La sociedad Investor S.A., en su calidad de demandada, propuso las excepciones que denominó: “ buena fe e indemnidad de Investor S.A. ”, “ efectiva ocurrencia de la falta del gerente ”, “ Mamounia no puede venirse contra sus propios hechos ”; y “ mala fe de la sociedad demandante ”.
D. El fallo de primera instancia
El sentenciador a quo accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la hipoteca contenida en la escritura pública número 7073 del 30 de septiembre de 2008, porque la persona que actuó como representante legal de la demandante no tenía capacidad legal para celebrar ese contrato.
E. La sentencia impugnada
Al resolver la apelación que interpuso la parte demandada, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia porque, a pesar de haberse demostrado en el proceso que el suplente actuó en remplazo de la gerente sin que ésta estuviera impedida o incapacitada en el momento en que se celebró la hipoteca, la acción que rige la controversia jurídica es la inoponibilidad y no la nulidad relativa que se invocó en la demanda; y como el juez no está facultado para interpretar el petitum , concluyó que debían negarse las pretensiones.
Concretamente, señaló:
« Así las cosas, como quiera que la declaratoria de nulidad relativa solicitada en la demanda no es procedente, en virtud que no se dan los presupuestos de la misma, tal como antes se explicó, habrá de revocarse la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda ». [Folio 62, c. Tribunal]
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La parte actora formuló demanda de casación con invocación de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la cual fraccionó en dos cargos, uno por violación directa de la ley sustancial, y otro por la vía indirecta, por errores en la valoración de las pruebas.
CARGO PRIMERO
Se sustentó en la violación directa de los artículos 6, 1501, 1502, 1741 y 2432 del Código Civil, los artículos 832, 833, 838, 899 y 900 del Código de Comercio; el artículo 29 de la Constitución Nacional; y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicación; y por infracción de los artículos 838, 841 y 901 del Código de Comercio; y 1505 y 2186 del Código Civil, por aplicación indebida.
Para demostrar el cargo, indicó que con independencia del entendimiento doctrinal que se tenga sobre si el caso estaba regido o no por el concepto de la inoponibilidad, lo cierto es que la pretensión de la actora, encaminada a destruir los efectos del negocio anómalo, era perfectamente inteligible con un mínimo esfuerzo interpretativo por parte del Tribunal, encaminado a superar tan sutil obstáculo. Pero como un error de tal linaje tiene que ver con la vía indirecta de la causal primera, lo dejó reservado para ser formulado en un cargo aparte. [Folio 24]
Afirmó que de conformidad con lo establecido por el artículo 838 del Código de Comercio, « el negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado ».
Según el casacionista, el significado de la anterior disposición era suficiente para que el sentenciador declarara la nulidad del contrato, toda vez que se probó en el proceso el supuesto de hecho que dio origen a la controversia, esto es la actuación del representante en manifiesta contraposición de los intereses de la sociedad representada.
Por ello –continuó– « si en el campo mercantil cabe la inoponibilidad formal o la material, discusión doctrinal y jurisprudencial existente en nuestro derecho patrio, es una discusión que no tienen por qué padecer quienes ejercitan su derecho de acción frente a la jurisdicción ». [Folio 26]
Para demostrar su argumento, realizó un recuento histórico de la figura de la inoponibilidad en la doctrina y la jurisprudencia, aclarando que en todo caso ese instituto es “una especie más de ineficacia del negocio jurídico ”.
Agregó que dentro de la discusión doctrinal, es válida la tesis según la cual « la inoponibilidad no es más que una especie de nulidad caracterizada precisamente por los sujetos que pueden invocarla, que son solamente los terceros. El acto es ineficaz frente a los terceros pero eficaz entre las partes. La nulidad deja el acto sin efectos entre las partes y consecuentemente frente a todo el mundo, mientras la inoponibilidad deja subsistiendo los efectos del acto entre las partes ». [Folio 27]
Con apoyo en la doctrina comparada, explicó que « de una manera general la inoponibilidad es la ineficacia a la mirada de los terceros, en tanto que la nulidad es la ineficacia a la mirada de las partes ».
La inoponibilidad, por tanto, es un mecanismo jurídico para proteger los intereses de los terceros relativos, es decir aquéllos que no son parte de la relación contractual cuya eficacia se cuestiona, pero resultan afectados por ella en virtud de un negocio jurídico distinto. Por ello, la función de esta figura es salvaguardar los derechos de los terceros relativos cuando el acto no cumple con los requisitos de publicidad establecidos por la ley para que sea oponible a toda persona. De ahí que considerar la existencia de una “ inoponibilidad material o de fondo ” no prevista por la ley no es más que una discusión doctrinal sin arraigo jurídico, que se convierte en una sanción o castigo sin texto legal que la consagre expresamente, lo que violaría el derecho sustancial superior al debido proceso, así como las disposiciones legales que rigen el instituto de las nulidades civiles y mercantiles.
Lo anterior –indicó– está soportado en la jurisprudencia reciente de esta Corte, que en fallo de 15 de agosto de 2006 precisó que la figura de la inoponibilidad requiere de dos condiciones prácticas: 1) que la validez del contrato entre las partes sea incontrovertible; y 2) que la parte que se beneficia con ella no resulte afectada por el negocio jurídico. [Folio 31]
Para concluir su argumento, manifestó que en el presente caso no se cumple ninguna de esas dos situaciones, porque por un lado, el negocio carece de consentimiento y capacidad, porque el representante de la sociedad no podía actuar sino en faltas temporales o absolutas del gerente, lo que no ocurrió; y, por el otro, la sociedad demandante resultó afectada con el acto, pues se hipotecó su único activo. [Folio 32]
Ninguna solución práctica, entonces, le reportaría a la sociedad demandante una sentencia que se limite a declarar que el negocio le es inoponible, pues lo cierto es que en la realidad no sólo le es oponible sino que el inmueble salió ilegítimamente de su patrimonio, y este efecto práctico no es una ilusión que pueda disiparse con el simple acto de decir que la hipoteca no le afecta, porque sea cual fuere la discusión teórica que tal hecho suscite, la única solución posible para restaurar el derecho lesionado es aniquilar judicialmente los efectos nocivos que el contrato produjo entre las partes, lo cual sólo se consigue con la declaratoria de nulidad. Al respecto sostuvo:
« Existe una escritura contentiva del contrato de hipoteca y un registro del gravamen en su matrícula inmobiliaria que dio lugar al surgimiento de un derecho real de hipoteca, actos jurídicos que deben ser aniquilados; y esto no se consigue con la inoponibilidad así aceptemos en gracia de discusión que ésta cabe en el sistema jurídico patrio ». [Folio 33]
Por tales razones –concluyó– el Tribunal Superior de Bogotá se equivocó al aplicar indebidamente el artículo 901 del Código de Comercio (que consagra la inoponibilidad formal) a un caso que no se rige por esa disposición; lo que estimó una razón suficiente para que la Corte case el fallo de segunda instancia y, en su lugar, confirme la sentencia que profirió el juzgador de primer grado.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar las mismas normas sustanciales señaladas en el cargo anterior, como consecuencia de errores de hecho en la interpretación de la demanda.
Para demostrar su argumento, recordó que el Tribunal tuvo por demostrado el supuesto de hecho de la proposición normativa que permite rescindir o anular el contrato de hipoteca, pues no se probó la condición consagrada en los estatutos de la sociedad Mamounia Ltda., según los cuales el suplente podía remplazar a la gerente únicamente en sus faltas temporales o absolutas. Como no se probó tal ausencia, ni la ratificación de la actuación irregular del suplente por la representante de la sociedad demandante, no hay ninguna discrepancia respecto de los hechos en que se sustentó la controversia jurídica.
El problema jurídico radica en la calificación de la acción que interpuso la actora al invocar la aniquilación de los efectos jurídicos de la hipoteca que celebró el representante suplente de la sociedad Mamounia sin tener facultades estatutarias para ello.
Según el Tribunal, tal acción corresponde a una “inoponibilidad” y no a la nulidad relativa que solicitó la actora, lo que lo condujo a negar las pretensiones, pues, en su sentir, los jueces no están facultados para alterar el petitum bajo la excusa de interpretar su sentido originario.
Frente a tal manera de razonar, el casacionista adujo –sin entrar en una discusión dogmática sobre si lo que debía pedirse era la inoponibilidad o la nulidad– que el Tribunal bien pudo superar la discusión haciendo una interpretación de la demanda, pero no quiso hacerlo bajo un entendimiento equivocado y sesgado de lo que debe ser dicha interpretación. [Folio 37]
« Si en algo se puede y justifica la interpretación de la demanda –razonó el recurrente–, es en casos como el presente, donde no hay discusión sobre la prueba de los hechos; se sabe claramente que lo que se quiere es suprimir los efectos del acto, como se observa en los hechos y en las pretensiones consecuenciales; y se presenta una discusión académica sobre cuál debe ser la fórmula o sanción jurídica que debe pedirse para lograr dicho propósito ». [Folio 37]
Agregó que la demanda era perfectamente interpretable a partir de lo expresado en la causa petendi y en las pretensiones, de las que se deduce que lo querido por la actora era la destrucción del negocio anómalo de hipoteca y la respectiva corrección en el registro inmobiliario, independientemente de las fórmulas sacramentales usadas en el petitum .
Sobre este preciso tema, citó la jurisprudencia de esta Corte, según la cual « cuando el lenguaje de la demanda sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia » (CLXXXVIII, 139), para « no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal » (CCXXXIV), « el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos, realizando un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos », « mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral » (SC del 27 de agosto de 2008, Ref. 084-2008), « siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho », bastando « que ella aparezca claramente en el libelo, ya que de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda ». (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CLXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)
El error del Tribunal –concluyó– se concretó en no haber interpretado la demanda, habiendo podido hacerlo.
III. CONSIDERACIONES
1. Ambos cargos se resolverán de manera conjunta porque a partir del análisis de las acusaciones se infiere que la equivocación del Tribunal por falta de aplicación de la ley sustancial que rige el caso, tuvo su origen en un error de interpretación de la demanda en la fase de postulación del tipo de acción que se deduce de las pretensiones.
El error en la interpretación de la demanda puede dar lugar a un vicio de hecho por una desacertada comprensión del significado de las afirmaciones o negaciones expresadas en el libelo, o por alterar el juez el sentido y alcance del petitum ; pero también puede producir una equivocación en la labor de diagnosis jurídica (como la llama CALAMANDREI),
o de postulación del instituto jurídico que rige la controversia, es decir en la identificación de la clase de acción incoada, lo cual tiene lugar en el umbral del razonamiento decisorio, previamente a la aplicación de la ley al caso concreto.
En efecto, al comienzo de la fase de juzgamiento propiamente dicha, el juez toma en cuenta los ‘extremos de la litis’, ‘puntos litigiosos’, ‘cuestión debatida o ‘planteamiento de la controversia’, tal como quedaron precisados en la fijación del litigio. El sentenciador, por tanto, debe interpretar las pretensiones y excepciones (aun las que proceden de oficio si no hay oposición explícita), así como los hechos en que unas y otras se fundan, y la fijación de esos límites le permitirá establecer el asunto que será materia de la decisión, el tema de la prueba y la proposición jurídica que contiene los supuestos de hecho que habrán de demostrarse en el proceso. Por ello, las pretensiones resistidas y los hechos en que ellas se fundan son el contorno que permite identificar la clase de acción incoada o instituto jurídico que rige la relación de carácter sustancial que se debate.
La descripción de los anteriores momentos implica un proceso completo y complejo hacia la obtención de un resultado materializado en el proferimiento de la sentencia de mérito congruente. Es decir que todo este proceso conduce a la correcta identificación de la relación jurídico-sustancial controvertida y a su eficaz resolución, vista como un todo coherente y organizado.
La postulación del tipo de acción que rige el caso y la identificación de la correspondiente norma sustancial que ha de tomarse en cuenta para solucionar la controversia jurídica (que presupone necesariamente la interpretación de la demanda), son actos obligatorios que han de realizar los jueces, pues son de su exclusiva competencia, tal como lo ha explicado la doctrina académica y la jurisprudencia de esta Corte, en igualdad de criterio:
« Por lo que se refiere a la determinación y declaración de la norma jurídica aplicable, no parece que deba tener límites la actividad del juzgador, por aplicación del principio “ jura novit curia ”, o de este otro: “ da mihi factum dabo tibi jus ”. Por lo tanto, el simple cambio de punto de vista jurídico, respetando, como es natural, los hechos alegados, y sin atentar a la causa de pedir, es facultad que, aun en los sistemas más vinculados al principio dispositivo, se atribuye al juzgador. (…) Como ha apuntado CHIOVENDA, la acción se concreta e individualiza, no por la norma que se invoca, cuando la cuestión puede ser resuelta por otra, sin cambiar la acción, sino mediante los hechos, que convierten en voluntad concreta la voluntad abstracta de la ley ».
La misma idea ha sido reiterada recientemente por nuestra jurisprudencia, que con relación a la delimitación de la demanda por parte del actor, ha sostenido:
« Tal limitación, sin embargo, no es irrestricta, porque sólo se refiere a la imposibilidad del juzgador de variar la causa petendi, pero no así el derecho aplicable al juicio, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario. En razón de este postulado, los descuidos, imprecisiones u omisiones en que incurren los litigantes al citar o invocar el derecho aplicable al caso deben ser suplidos o corregidos por el juez, quien no se encuentra vinculado por tales falencias.
En razón del postulado “ da mihi factum et dabo tibi ius ” los jueces no quedan sujetos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por el actor, porque lo que delimita la acción y constituye la causa petendi no es la fundamentación jurídica señalada en la demanda –la cual puede ser muy sucinta y no tiene que coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso–, sino la cuestión de hecho que se somete a la consideración del órgano judicial.
En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi, pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción ». (SC13630-2015. Del 7 de oct. De 2015. Rad.: 73411-31-03-001-2009-00042-01)
La interpretación de la demanda para hacer la labor de diagnosis jurídica o identificación del tipo de acción invocada o elección de la proposición normativa sustancial que rige la litis, en suma, no está sujeta a fórmulas sacramentales de ninguna especie, ni es una opción o mera facultad de los jueces, sino una obligación encaminada a comprender el verdadero significado del problema jurídico que se deja a su consideración, sin la cual no habrá manera de que el sentenciador pueda aplicar al caso la norma sustancial que le permita motivar correctamente su decisión a partir de la demostración de los hechos que ella exige.
2. En todo caso, independientemente del nomen iuris que quiera darse al instituto jurídico que rige la litis –lo que no deja de ser una importante discusión doctrinal–, lo cierto es que la demandante no tiene por qué padecer las consecuencias de una disputa estrictamente teórica; pues su pretensión se concretó a que se deshagan los efectos jurídicos del acto o negocio viciado que lesionó y sigue afectando sus intereses, sin importar el título que quiera darse a esa acción.
La sociedad demandante, en su condición de propietaria del bien que es objeto del litigio, solicitó la declaratoria de nulidad de la hipoteca que se constituyó sobre el inmueble; afirmó que el gerente suplente celebró el contrato sin facultades estatutarias para ello; y demostró en el proceso que ese negocio jurídico fue manifiestamente contrario a sus intereses. En consecuencia, esperaba –con razón– que el juzgador adecuara al caso el tipo de acción que el legislador consagró para resolver una controversia jurídica cuya causa petendi bien pudo corresponder a falta de consentimiento para la celebración de la hipoteca; abuso de la razón social; violación de la buena fe contractual general; por quebrantar el gerente suplente su deber legal de actuar de buena fe en la representación de la sociedad; por haber celebrado el suplente el contrato en manifiesta contraposición de los intereses de la representada; por quebrantar la prohibición que el estatuto mercantil impone a los representantes de fungir como contraparte del representado o contratar consigo mismos, en su propio nombre o como representantes de un tercero; por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones; o por cualquier otro motivo legal que corresponda a los hechos en que se sustentaron las pretensiones y que se probaron en el proceso.
El ad quem no negó las pretensiones por falta de prueba de los hechos previstos en los institutos jurídicos que el legislador consagró para resolver el problema específico que se le presentó a la usuaria del servicio de justicia; ni mucho menos por una indebida formulación de las pretensiones; ni por ningún otro motivo atribuible a la actora; sino, únicamente, porque consideró que la acción encaminada a dirimir la controversia es la inoponibilidad y no la nulidad relativa que se invocó en la demanda; criterio que fue desacertado, como se explicará a continuación.
La nulidad es una acción dirigida a hacer desaparecer el acto viciado, cuya característica es la destrucción del negocio con efecto retroactivo, es decir como si no se hubiera celebrado jamás, por lo que las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de su ejecución.
La inoponibilidad, en cambio, es la ineptitud frente a terceros de buena fe, de un negocio jurídico válido entre las partes, o de su declaración de invalidez.
Es decir que la inoponibilidad es una garantía que tienen los terceros adquirentes de buena fe para que un negocio del que no hicieron parte no los afecte cuando no se cumplió el requisito de publicidad; de suerte que ni su celebración ni su eventual nulidad pueden perjudicarlos, por lo que la declaración judicial que se haga respecto de la validez de aquel acto no tiene la aptitud de afectar su propio derecho legítimamente conseguido. La inoponibilidad valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados.
« En términos generales, terceros son todas aquellas personas extrañas a la convención. Todos aquellos que no han concurrido con su voluntariedad a su generación. Toda persona que no es parte, es tercero ».
Son terceros relativos quienes no tuvieron ninguna intervención en la celebración del contrato, ni personalmente ni representados, pero con posterioridad entran en relación jurídica con alguna de las partes, de suerte que el acto en el que no participaron podría acarrearles alguna lesión a sus intereses, por lo que les importa establecer su posición jurídica frente al vínculo previo del que son causahabientes, y esa certeza sólo la pueden adquirir mediante una declaración judicial; como por ejemplo el comprador, el acreedor hipotecario, el acreedor quirografario, el legatario, el donatario, el cesionario, etc. Son terceros absolutos ( penitus extranei ) todas las demás personas que no tienen ninguna relación con las partes, por lo que el vínculo jurídico no les concierne ni les afecta de ninguna manera, pues sus consecuencias jurídicas no los alcanzan en virtud del principio de relatividad de los efectos del negocio jurídico; o sea que carecen de todo interés en la causa.
Para que una persona pueda beneficiarse de la invocación de la inoponibilidad, tiene que ser un tercero relativo al que la celebración del contrato, su nulidad, simulación, o cualquier efecto entre las partes, no puede degradar su posición jurídica por ser un adquirente in loco domini , es decir que su derecho deriva legítimamente del dominus ; de manera que la suerte que corra el acto ajeno (válido o inválido entre las partes) en virtud de una declaración judicial, tendrá que respetar y reafirmar el carácter incuestionable de su propio derecho.
Para que un tercero se beneficie de la inoponibilidad no es necesario que la validez del negocio celebrado entre las partes sea incontrovertible, pues a menudo acontece que un tercero adquirente de buena fe invoca la eficacia del negocio jurídico que fue declarado nulo o simulado, del cual emanó su actual derecho; en cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes, pues “ la creación de una apariencia engañosa resulta de una conducta de la que habrá que responder ”.
En tal evento –se reitera– su interés no radica en la inoponibilidad del acto que es válido entre las partes sino en la inoponibilidad, frente a su calidad de tercero, de la nulidad o simulación del negocio jurídico que es ineficaz entre las partes.
La inoponibilidad de un negocio jurídico no es un dogma, “ sino un beneficio flexible consagrado para favorecer a los terceros de buena fe ”,
según sus concretos intereses jurídicamente protegidos, que bien pueden consistir en que los efectos del negocio jurídico eficaz entre las partes no los irradien, o todo lo contrario: que el negocio jurídico ineficaz entre las partes conserve sus efectos frente a terceros.
En el caso que se dejó a la consideración del tribunal, es evidente que la demandante no es un tercero (ni absoluto ni relativo) respecto de la hipoteca, como quiera que es, ni más ni menos, la persona jurídica dueña del inmueble sobre el cual el suplente constituyó dicho gravamen sin tener facultades estatutarias para ello y en manifiesta violación de una norma imperativa (artículo 838 del Código de Comercio). Por tal motivo, no hay ninguna duda de que no es un tercero relativo que se haya visto afectado con el negocio y que, por tanto, pueda invocar a su favor la inoponibilidad.
Los hechos que constituyeron la causa petendi y sobre los cuales se sustentaron las pretensiones –que además quedaron probados en el proceso–, imponían al juzgador la obligación de interpretar la demanda para comprender su verdadero significado, el cual expresa, sin ninguna duda, que las pretensiones deducidas oportunamente se resuelven bajo el supuesto de hecho previsto en el artículo 838 del Código de Comercio, por lo que es incontestable que la acción que rige el caso es exactamente la que persigue la rescisión que esa proposición jurídica consagra como consecuencia o sanción.
Lo anterior guarda perfecta armonía con el artículo 196 del Código de Comercio, según el cual « la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad ». A su vez, el inciso tercero señala que las limitaciones o restricciones de las facultades de los representantes y administradores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros.
Es decir que según esta disposición la figura de la inoponibilidad de los actos celebrados por los administradores de la sociedad sin facultades estatutarias para ello está circunscrita a los terceros a quienes no puede perjudicar la falta de publicidad de las restricciones del representante.
Luego, la figura de la inoponibilidad no se aplica para resolver las controversias jurídicas suscitadas entre las partes contratantes cuando una de ellas solicita la aniquilación del acto o negocio jurídico que adolece de vicios.
En cualquier caso, atendiendo la realidad del problema jurídico que hay que resolver, es preciso admitir que de nada le serviría a la demandante una sentencia que declare la inoponibilidad del contrato de hipoteca, como quiera que una declaración judicial de tales características no tendría la aptitud de restablecer su interés jurídico conculcado, pues lo cierto es que en el mundo de la vida la hipoteca está surtiendo efectos adversos a sus intereses, dado que gravó el único bien que conformaba su patrimonio; y tales consecuencias jurídicas no se deshacen con la figura de la inoponibilidad, la cual no dejaría de ser un simple y fútil adorno in sola scriptura , pues el gravamen real que pesa sobre el inmueble en nada podría cambiar con la inscripción de semejante decisión en el registro público.
3. Para efectos de aplicar al caso concreto la disposición legal que rige la controversia, resulta completamente irrelevante si el vicio se originó en la capacidad, en el consentimiento, en el objeto o en la causa del contrato de hipoteca, toda vez que la norma sustancial tiene un carácter específico que consagra la rescisión del negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición de los intereses del representado, siendo este último el supuesto de hecho que hay que probar para que se dé la consecuencia jurídica por infracción de la mencionada prohibición legal.
El artículo 838 del estatuto mercantil no exige que el vicio del negocio jurídico se haya originado en uno u otro requisito “ de existencia, de la esencia, de la naturaleza, de la sustancia o de la subsistencia ” del contrato; que son expresiones analíticas cuyo verdadero significado sólo puede comprenderse a partir de la función que desempeñan en el sistema jurídico y del resultado práctico que producen en la realidad social a la que sirven.
No está sujeto a discusión que nuestro sistema de derecho privado consagró dos tipos de nulidad que tienen su origen en la codificación francesa:
la absoluta y la relativa, ambas encaminadas a deshacer o extinguir los efectos de los actos jurídicos celebrados en contra de expresas disposiciones legales invalidantes. Mas, en uno u otro caso, la diferencia de tales conceptos se determina por sus repercusiones prácticas, pues las nulidades absolutas pueden ser invocadas por cualquier persona en defensa del orden público, se subsanan en un término de prescripción más amplio y sólo pueden ser convalidadas o saneadas por las partes mediante actos posteriores cuando no son generadas por objeto o causa ilícitos; mientras que las relativas sólo pueden ser demandadas por quienes tienen interés en su declaración, tienen un término de prescripción más reducido y pueden ser convalidadas en ciertos casos mediante actos posteriores ejercidos por el interesado.
En el caso que conoció el tribunal, se trata de una nulidad relativa, tal como lo solicitó la actora en su demanda, toda vez que el artículo 838 del Código de Comercio faculta expresamente la rescisión del negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, « son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los Estatutos ejerzan o detenten esas funciones ».
En virtud de la libertad de estipulación contractual, también pueden ser administradores quienes no desempeñan ese cargo de manera permanente, pero están facultados para actuar como suplentes en ausencia temporal o definitiva del principal. Esta falta no tiene que ser necesariamente material, sino que el principal debe estar imposibilitado para desempeñar sus funciones.
Los representantes y administradores de las personas jurídicas (principales y suplentes) son exponentes y defensores del interés del ente representado, por lo que los actos o negocios que celebran en su propio favor y en detrimento de los intereses de su representado son sancionados por la ley comercial con su rescisión o anulabilidad.
El conflicto de intereses entre la sociedad y sus administradores está regulado por el artículo 838 del Código de Comercio: « El negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado ».
El interés del administrador es contrario al de la sociedad cuando aquél tiene una posición antagonista en la operación, como por ejemplo, la de contraparte contractual, bien sea directamente o actuando en representación de un tercero; o cuando desarrolla una actividad directa en la gestión de otra empresa o representada que lesiona los intereses de la primera.
Cuando se presenta una situación en la que el interés del representante es antagónica o contrapuesta a los intereses de la sociedad en las operaciones directamente concluidas por él, los actos o negocios que dan origen a esa situación son rescindibles a petición del representado (esto es de la sociedad), a menos que haya mediado autorización del órgano facultado para ello, o bien que el contenido del contrato haya tenido en cuenta el modo de excluir la posibilidad del conflicto.
Las anteriores razones conllevan a concluir que el sentenciador ad quem se equivocó al no identificar el instituto jurídico que corresponde a los supuestos fácticos en que se sustentó la controversia (artículo 838 del Código de Comercio), y en su lugar aplicó indebidamente una tesis doctrinal que se apoyó en una interpretación extensiva y errónea del artículo 901 del estatuto mercantil, que limita la inoponibilidad frente a terceros del negocio jurídico concluido sin cumplir con los requisitos legales de publicidad; equivocación que se estima suficiente para casar la sentencia recurrida.
Por haber prosperado la demanda de casación, no hay lugar a imponer condena en costas del recurso extraordinario.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 12 de julio de 2013 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; y actuando en sede de instancia dicta la siguiente
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. En lo que respecta a la invalidez o ineficacia de los actos y negocios jurídicos, nuestro sistema de derecho privado instituyó el régimen de las nulidades, de indudable creación moderna,
que estableció una diferencia entre las nulidades absolutas y las relativas.
La nulidad absoluta « puede ser alegada por todo el que tenga algún interés, reconocido por derecho, en hacer tal cosa ».
Es producida por un objeto o causa ilícita; por omisión de una formalidad legalmente exigida para el valor de ciertos actos; o por los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces (artículo 1741 del Código Civil). Esta nulidad puede y debe ser declarada de oficio por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca manifiesta en el acto o contrato. De igual modo, puede sanearse por la ratificación de las partes cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, y en todo caso es saneable por prescripción extraordinaria (artículo 1742 ibid ).
La nulidad relativa es producida por cualquier otra especie de vicio y da derecho a la rescisión del acto o contrato (artículo 1741, inciso 3º del Código Civil); sólo puede ser declarada por el juez a pedimento de la parte en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo (4 años) o por ratificación de las partes (artículo 1743 ejusdem ).
El efecto de la declaración de nulidad es el mismo para las absolutas y las relativas: retrotraer la situación jurídica a aquel estado más probable en que se hallaría si el acto o negocio jurídico no hubiera existido, es decir con ineficacia ex tunc (desde siempre), o desde el momento mismo en que el acto nulo tuvo su origen: « La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre objeto o causa ilícita ». (Art. 1746 Código Civil)
2. En el caso que se dejó a la consideración de la segunda instancia -como se precisó en la resolución de la demanda de casación-, no puede confundirse la situación fáctica generadora de nulidad que solicitó la demandante con la figura de la inoponibilidad, pues ésta sólo tiene utilidad cuando en virtud del principio de la buena fe, un tercero relativo no puede verse afectado por la declaración de eficacia o ineficacia entre las partes del negocio jurídico con apariencia de validez, del cual derivó su derecho.
La figura aplicable al caso era, entonces, el artículo 838 del Código de Comercio, a cuyo tenor « el negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado ».
En el proceso quedó demostrado el supuesto de hecho previsto en la norma sustancial, esto es que el gerente suplente realizó el negocio en manifiesta contraposición con los intereses de la representada, dado que hipotecó el único bien que conformaba el patrimonio de ésta a favor de otra sociedad de la que también era representante, lo que evidentemente afectó los intereses económicos de la actora.
De igual modo se probó la existencia de una cláusula en el contrato social que facultaba al suplente para realizar negocios a nombre de su representada únicamente en ausencia parcial o absoluta de la gerente principal, sin que esta última condición lograra acreditarse por ningún medio.
Es decir que además de haber infringido la prohibición del artículo 838 del Código de Comercio, el gerente suplente celebró la hipoteca por fuera de los límites de su mandato (artículo 196 ejusdem ), por lo que el negocio concluido con abuso de la razón social carece de eficacia, tal como se deduce del segundo inciso del artículo 833 de la ley mercantil; de ahí que deba declararse su nulidad para deshacer los efectos jurídicos que alcanzó a producir entre las partes.
La representante de la sociedad demandante negó en el proceso haber autorizado a su suplente para que gravara con hipoteca el único bien constitutivo de su patrimonio; y también negó haber ratificado ese acto.
Por tanto, como se trata de dos negaciones indefinidas que están exentas de prueba por no ser susceptibles de demostración (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil), es el demandado quien soporta la carga de la prueba de la afirmación en que fundó su excepción de “ efectiva ocurrencia de la falta del gerente ”, que se limitó a aseverar que celebró la hipoteca cuando la gerente principal estaba incapacitada para ejercer sus funciones; debiendo padecer la consecuencia jurídica prevista en la norma sustancial que rige el caso por no haber desvirtuado el supuesto de hecho que ella consagra, el cual quedó demostrado en el proceso.
No hay en el proceso elementos de conocimiento que permitan concluir que el suplente hipotecó el inmueble en ausencia temporal o definitiva de la gerente principal, o con autorización de ésta o del órgano social facultado para ello, como tampoco hay prueba de la ratificación posterior de ese acto; pues el demandado sólo aludió a situaciones generales y ajenas al negocio jurídico del que trata la controversia.
En consecuencia, se debe confirmar la decisión del sentenciador de primera instancia, por estar probados los supuestos de hecho del artículo 838 del estatuto mercantil.
3. Debido al fracaso del recurso de apelación, se condenará en costas de la segunda instancia a la parte demandada, como lo dispone el numeral 3º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil; las cuales se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de cuarenta y nueve millones de pesos ($49’000.000), que corresponden aproximadamente al 5% del monto de las pretensiones reconocidas en la sentencia, tal como lo dispone la tarifa de agencias en derecho (Acuerdo 1887 de 2003 del C.S. de la J.), vigente para la fecha en que se interpuso el recurso de casación.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en sede de instancia, CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá el 25 de febrero de 2013, por las razones expresadas en la sentencia sustitutiva.
Costas de la segunda instancia a cargo de la parte demandada. Liquídense por Secretaría, incluyendo la cantidad de $49’000.000 por concepto de agencias en derecho.
En su oportunidad, devuélvase el expediente al despacho de origen. Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Con excusa justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Aclaro voto)
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 11001-31-03-021-2009-00244-01
Por cuanto no comparto las motivaciones contenidas en la sentencia que precede, en relación con la sustentación que le sirve de apoyo, con el respeto debido para con su ponente y las mayorías, expongo a continuación las razones de mi discrepancia.
Como lo propuso la demanda de casación, la controversia debió resolverse de cualquier modo, despachando favorablemente una decisión de ineficacia con relación a los actos jurídicos demandados por ser lesivos del ordenamiento jurídico y de los derechos subjetivos de la parte actora pero a partir de una interpretación constitucional y convencional, pro homine de los hechos de la demanda.
1. Los antecedentes del litigio:
a)
A través de Escritura Pública del 21 de octubre de 2005, se constituyó la sociedad comercial Manoumia Ltda.
b)
En la Cláusula Quinta del contrato social se estableció: “Los socios delegan la administración de la sociedad, su representación legal y el uso de la firma en un Gerente, quien podrá actuar a nombre de ella sin limitación. La representación judicial o extrajudicial de la sociedad lleva en sí la facultad de celebrar operaciones comprendidas dentro del giro de los negocios sociales. Parágrafo: El gerente tendrá un suplente que lo reemplazará con las mismas facultades en sus faltas absolutas, temporales o accidentales”.
c)
Como gerente la mencionada sociedad, se nombró a Alicia Huertas Escallón, en calidad de principal, y como suplente a Luis Felipe Samper Dávila.
d)
Mediante Escrituras Públicas del 6 de diciembre de 2005 y de 31 de mayo de 2006 la sociedad Manoumia Ltda. adquirió los lotes números R-4 y R-5 del Conjunto Recreacional Campestre Mesa de Yeguas; predios que a la postre fueron englobados.
e)
El 30 de septiembre de 2008 Luis Felipe Samper, actuando como gerente suplente y aduciendo la ausencia de la principal, constituyó hipoteca abierta sobre el lote englobado a favor de la sociedad Investor S.A., de la cual, para ese momento, era socio y representante legal.
f)
Ante tal situación, la sociedad Manoumia Ltda. presentó demanda por nulidad relativa del contrato de hipoteca contra la sociedad Investor S.A., invocando la falta de capacidad de la persona que actuó en su representación.
g)
El fallo de primer grado, proferido por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, desestimó las excepciones –de mérito- propuestas y accedió a las pretensiones solicitadas, decretando, en consecuencia, la nulidad deprecada.
h)
Impugnado el proveído anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revocó la decisión invocando jurisprudencia de esta Corte y conceptos de la Superintendencia de Sociedades, expuso que el acto celebrado no estaba viciado de invalidez, por cuanto “el efecto jurídico otorgado a la extralimitación de atribuciones del representante para celebrar el acto impugnado es la inoponibilidad del negocio frente a la demandante y no la nulidad relativa del mismo, pues como ha indicado, estos casos no afectan la existencia o validez del negocio jurídico, sino que atañen a la amplitud o extensión de los efectos del mismo” .
2. La sentencia de casación y la sustitutiva
La Sala, en el fallo de cuya consideración me aparto, casó la sentencia. Los motivos que a juicio de la Mayoría comportaron la infirmación se reducen a: (1) No es la inoponibilidad la adecuada para resolver el fondo de la controversia, al tratarse de una figura que guarda relación con los terceros, y en el caso la sociedad actora no ostentaba tal calidad sino que, por el contrario, era parte contratante; y (2) En voces del artículo 838 del Código de Comercio, en los casos de contravención de intereses entre mandante y mandatario, la sanción legal procedente es la nulidad relativa del acto.
Deduce que el Tribunal equivocó la identificación del instituto jurídico aplicable que corresponde al marco fáctico que sustentó la controversia, determinación que era su deber, por cuanto a los juzgadores les compete descifrar la demanda y adecuarla a los supuestos legales.
Casado el fallo de instancia, procedió la Corte a dictar sentencia de reemplazo, confirmando la providencia de primer grado. Como el gerente suplente, con la celebración del aludido negocio hipotecario, violentó los intereses de su representada, era de plena aplicación el artículo 838 del C. Co.; además, desbordó los límites de la procuración, porque no se acreditó la falta absoluta o temporal del gerente principal para actuar en representación de la sociedad demandante; y la potestad de hipotecar no se hallaba dentro del marco del poder otorgado.
El problema jurídico a resolver
De acuerdo con lo trasuntado, es determinar los alcances de los negocios celebrados por el representante legal, por fuera de los poderes a él dispensados, o en exceso de ellos, o careciendo de los mismos, así como la inteligencia que se le debe otorgar al tantas veces mencionado artículo 838 del Código de Comercio; y a las categorías: nulidad relativa, rescisión e inoponibilidad.
Para su resolución, abordaré: (I) La naturaleza jurídica de la representación legal en las sociedades; (II) La sanción jurídica que tanto en doctrina como en jurisprudencia, nacional y foránea, se le ha impuesto a los actos del representante, que rebasan la procuración otorgada; (III) Los alcances de los poderes conferidos en relación con la facultad de hipotecar; (IV) Las pautas que, a mi juicio, permiten la interpretación de las ordenaciones contenidas en el artículo 838 del Estatuto Mercantil.
I. La naturaleza jurídica de la representación legal y la administración en las sociedades mercantiles. El mandato
1. La naturaleza jurídica de la relación que vincula a los administradores y/o representantes legales con la sociedad ha sido materia de amplios y controversiales estudios.
Se conocen dos corrientes al respecto:
(i)
La contractualista, según la cual, los administradores se hallan relacionados con la propia persona jurídica por medio de un contrato de mandato, razón por la cual, respecto de ésta, son auténticos mandatarios a quienes se les confía la gestión de los bienes y negocios de la compañía.
(ii)
La institucionalista. Explica que los administradores son un órgano, inescindible, de la propia sociedad sin que medie entre aquellos y ésta un contrato de mandato.
1.1. La jurisprudencia temprana de esta Corte, visiblemente influenciada por la doctrina francesa de principios del Siglo XX
, fue insistente y enfática en sostener que entre la sociedad y sus administradores se configuraba un contrato de mandato y, por lo tanto, como secuela, le imprimió sus reglas negociales.
De manera muy gráfica se sostuvo en la SC CSJ del 24 de octubre de 1940 (M.P. Fulgencio Lequerica Vélez):
“El presidente o director de una sociedad ordinaria de minas es el mandatario y personero de la comunidad minera y como tal su representante legal. Por el hecho de ser nombrado queda investido, no sólo de las atribuciones y facultades que se le señalen y otorguen en los reglamentos y estatutos, sino de todas aquellas que son necesarias para el cumplimiento del fin que persiguen los asociados al constituir la comunidad comercial minera. De manera tal que dicho presidente o director debe considerarse como un mandatario suficientemente autorizado por el compromiso social para desarrollar y adelantar todas las actividades que se relacionan con la explotación y cateo del mineral” . (Resaltado fuera del original).
Con apoyo en el Código de Comercio vigente para la época, en fallo del 6 de octubre de 1952 (M.P. Alberto Holguín) tuvo ocasión la Sala de decantar:
“Nuestro Código de Comercio es preciso al reglamentar la sociedad colectiva, en lo que no se hubiere previsto en la escritura social (artículo 509), sienta como principio básico, cuando los socios delegan la facultad de administrar, que si no hubieren determinado la extensión de los poderes del delegado, éste será considerado como simple mandatario y no tendrá otras facultades que las necesarias para ejecutar los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, o que sean necesarios o conducentes al logro de los fines que ésta se hubiere propuesto (artículo 527).
“Y por ser el administrador, en tal caso, un simple mandatario, se le prohíben aquellos actos que naturalmente no autoriza el mandato y que requieren, por tanto, poder especial, entre los cuales figura el de hipotecar los inmuebles sociales (artículo 2158 C.C. y 520 C. de Co.).”
Similar es la tesis que prohíja la sentencia cuyas motivaciones no comparto
.
1.2. La doctrina especializada no fue ajena al debate: empero, los autores fueron coincidentes en calificar la tantas veces mencionada relación como un mandato, además, insistieron en que a la misma se le aplicaban sus reglas.
Gabino Pinzón
, ya en vigencia del actual Código de Comercio, apuntó:
“Hay, por lo tanto, una evidente concurrencia de características o modalidades en esta gestión de los negocios sociales que son comunes con las que tipifican el contrato de mandato, especialmente del llamado mandato general (artículos 1263 del Código de Comercio y 2158 del Código Civil, que se complementan mutuamente, en armonía con lo prescrito en el artículo 822 del Código de Comercio). Con la aclaración ya hecha en el sentido de que esta gestión de los administradores de una sociedad no es una gestión de negocios ajenos, llevada a cabo de manera oficiosa, sino en virtud de un encargo expresamente conferido por el contrato social, especialmente cuando ello deriva de la forma misma de la sociedad, o por un acto de ejecución del contrato, como en todos los casos en que la gestión no es inherente a la calidad de socio o en que, a pesar de ello, se delega en otros socios o en extraños, Por lo cual es una gestión de negocios regida por los principios y reglas del mandato, pues que, si hasta en el caso de la agencia oficiosa, es decir, cuando no media mandato o encargo de administración, “las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario”, como lo prevé en el artículo 2305 del Código Civil, con mayor razón cuando media ese encargo expreso y hasta se le dota de publicidad comercial mediante el registro público de comercio.”
Criticó la nueva redacción del Estatuto Mercantil que eliminó, de tajo, las expresiones “ mandato ” y “mandatarios” que se utilizaban en el Código anterior, y concluyó que nada impedía seguir tratando a los gestores de los negocios sociales de acuerdo a doctrina y la jurisprudencia ya formadas sobre el mandato.
Antonio Rocha Alvira, luego de descartar, por incompatible, la teoría institucionalista, señaló que la responsabilidad del gerente en las sociedades colectivas, como administrador, miraba a dos frentes: a los terceros y a los socios; agregó, si el gerente es un socio colectivo, su responsabilidad ante terceros, por ej., ante los acreedores sociales, es indefinida y solidaria, pero no como mandatario –que es- frente a los socios. Frente a éstos, el gerente es un mandatario asalariado, y esa calidad lo pone frente a las reglas de la responsabilidad entre mandante y mandatario
.
II. La extralimitación en el mandato y su sanción jurídica. La tesis de la nulidad ha sido, desde 1938, desechada casi unánimemente por la Corte y los tribunales. Resulta teóricamente inadecuada, para explicar los alcances del artículo 2186 C.C.
2. Pocos temas, dentro de la Teoría General del contrato de mandato, han ocupado tanto la atención de los expositores y, aún más, de la jurisprudencia de esta Sala, como el del desborde de las funciones del mandatario en relación con el título de procuración otorgado por su comitente.
2.1. La extralimitación en la actuación del procurador tiene lugar cuando existiendo mandato, el representante –mandatario- no respeta los límites fijados, realizando actos a los que no se extienden los poderes; o bien, asimismo, cuando carece, en absoluto, de título para representar (falsa procuración, falsus procurator ).
2.2. La aproximación a la problemática y, de forma particular, a la tipología de ineficacia que a la misma le pudiere corresponder, fue objeto de vivos debates en el seno de la Sala de Casación Civil durante la primera mitad del siglo pasado; y en ese escenario, como pasa a verse, pronto se identificaron dos posturas encontradas, en virtud de las cuales los actos del mandatario, en exceso de sus funciones, serían calificables de (i) nulos; o (ii) de inoponibles.
2.2.1. La tesis de la nulidad, hizo carrera en la jurisprudencia y en la doctrina de la Corporación de principios del siglo pasado
; pero en la revisión de las sentencias que le componen no se observa que se hubiere hecho, un análisis serio y profundo respecto de cuál era la causal invocada como fundamento de la invalidez, razones que se imponían como primordiales si se tiene en cuenta, conforme también ha insistido esta Corte
, que los motivos de nulidad son siempre taxativos y su interpretación es restrictiva.
La sentencia hito a este respecto la constituye la dictada el 28 de febrero de 1896 (sin ponente oficial), cuya causa tuvo que ver con la celebración, por parte de un mandatario, de un contrato de compraventa de bienes raíces y muebles que le correspondían al mandante en una sucesión, negocios de los que al parecer, y según dedujo carecía de poder para realizarlo.
En aquella ocasión la Sala, acogiendo los argumentos del recurrente -demandado- casó la sentencia del Tribunal, que declaró oficiosamente la nulidad absoluta de dichos actos, para en su lugar declarar:
“La nulidad que proviene de la extralimitación del poder es, en efecto, puramente relativa, porque no hallándose comprendida en los incisos 1º y 2º del artículo 1741 del Código Civil, debe hallarse en el inciso 3º; y porque, según el inciso del mencionado artículo 2186 del Código Civil, puede sanearse por la ratificación expresa o táctica del mandante, al paso que la nulidad absoluta no puede, en ningún caso, sanearse por la ratificación de las partes. Y como el artículo 1743 del Código Civil solo permite al Juez declarar la nulidad relativa a pedimento de parte, y como Delgado no la pidió, visto es que la ley vedaba al Tribunal hacer en este caso tal declaración” .
Similar razonamiento fue el seguido por esta Corporación en proveído adiado el 27 de mayo de 1920 (M.P. Dionisio Arango), en el que la Corte, reiteró la doctrina plasmada en el fallo de 1896:
“ La extralimitación de funciones por parte del mandatario origina nulidad relativa que puede ser saneada por ratificación del mandante y que sólo éste puede alegar, sin que al juez le sea dado declararla de oficio”. (Resaltado ex texto ).
En fallo del 1 de octubre de 1935 (M.P. Miguel Moreno Jaramillo), interpretando el artículo 2170 del Código Civil, la Sala sostuvo:
“La prohibición consagrada en el art. 2170 del C.C. no acarrea nulidad absoluta sino relativa, desde el momento que permite la ratificación del acto o contrato por el mandante, lo que no ocurre en el caso de nulidad absoluta, conforme al art. 1741, se trataría entonces de extralimitación de facultades del apoderado constituido que no engendra nulidad absoluta, sino relativa” .
En pronunciamiento del 3 de marzo de 1938 (M.P. Liborio Escallón), afirmó la Sala:
“No puede sostenerse que la venta que hace el mandatario a nombre del mandante sin tener facultad para ello, sea el caso de venta de cosa ajena. Cuando se trata de una venta que hace el mandatario extralimitando el poder, cuando el mandato no existe, es necesario demandar la declaratoria de nulidad del contrato , para obtener la reposición de las cosas al estado en que se hallaban antes de su celebración y reivindicar contra los terceros poseedores” (Resaltos fuera del original).
En un fallo, aislado por demás, se proclamó, que la causal de nulidad descansaba en la incapacidad. En efecto, en proveído del 22 de abril de 1938 (M.P. Fulgencio Lequerica), la Corte apuntó: “(…) si el mandatario ha excedido los límites del mandato, no puede considerarse como representante de su mandante sino como un tercero, porque la voluntad del mandante no actúa sino dentro de los límites de la representación; cuando hay extralimitación de funciones ya no se está en capacidad de obligar al mandante” . (Subrayas fuera de texto).
Pocos años más tarde, y en línea con las sentencias que preceden, se aseveró: “(…) la nulidad del acto producido por extralimitación de las funciones del mandatario es siempre relativa, según jurisprudencia de la Corte” [SC CSJ del 30 de noviembre de 1940 (M.P. Daniel Anzola)].
Los Tribunales Superiores, así mismo, se mostraron proclives a admitir la tesis de la nulidad relativa. El de Medellín, en efecto, en fallo adiado el 6 de septiembre de 1895
, sostuvo: “La nulidad proveniente de la extralimitación de un mandato es relativa y no absoluta, puesto que admite ratificación” .
2.2.2. En ese contexto, y paralelamente a la doctrina contenida en los fallos recién aludidos, se fue forjando, en la jurisprudencia de la Sala de Casación, la tesis de la inoponibilidad, distinta y antagónica
, de aquella de la invalidez.
Atisbos de esta forma de calificar los actos excesivos en la representación se encuentran ya en la SC CSJ del 13 de diciembre de 1916 (M.P. Germán D. Pardo), cuando, con ocasión de diversos negocios jurídicos celebrados por un socio-administrador de una sociedad que, en uso –o abuso- de la razón social, tomó, a nombre de ésta y en provecho de él, dinero en mutuo y cedió unos créditos, sin estar expresamente habilitado para ello, la Corte, motivó:
“ No apareciendo el empleo que se diera a los fondos expresados ni siendo acto delegado de modo directo al socio administrador, el acto no fue social, y no obliga a la Compañía, por tratarse de una extralimitación de las facultades del mandatario , según los principios ya expuestos. Que el acto no obliga, en esas circunstancias, al mandante, es punto que decide expresamente el artículo 2186 del Código Civil (…)”. (Resaltos agregados).
Luego puntualizó:
“Estima la Corte, contra el parecer del Tribunal, que si el Gerente o Administrador de una sociedad hace uso de la firma social para contraer obligaciones que tienen por objeto pagar a sus acreedores personales, quebranta el artículo 492 citado, que declara no ser tales obligaciones de la Sociedad; por lo mismo, estima también que ese acto del Gerente, que no obliga a la Sociedad , por lo expuesto, constituye una extralimitación de sus funciones , y no puede ser amparada por la doctrina del artículo 1630 del Código Civil, porque, a ser así, no habría lugar a aplicar el artículo 492 del Código de Comercio, de que se ha hablado.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
Sin embargo, es en 1938 cuando en sentencia del 24 de agosto, rectifica y corrige, explícitamente, la doctrina de la nulidad que hasta entonces, salvo algunas excepciones aisladas, venía imponiéndose en la jurisprudencia de la Sala.
En la nueva oportunidad la Corporación sostuvo:
“La doctrina según la cual la extralimitación de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por la ratificación expresa o tácita del mandante o por la prescripción de cuatro años, debe ser rectificada porque se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del C.C. Lo que hay en caso de extralimitación de las funciones del mandatario, no ratificadas por el mandante, es una mera agencia oficiosa, que obliga al interesado ante terceros cuando la gestión redunda en provecho de éste, o ha sido ratificada. En los demás casos trátese de actos inoponibles al dueño (o mandante): es decir de actos que en relación con él son ineficaces e inexistentes . En manera alguno nulos, comoquiera que la nulidad, aún la radical, exige siquiera un principio de existencia del acto jurídico. El mandante no está obligado a demandar en ese caso la nulidad absoluta, mucho menos la relativa, de los negocios llevados a cabo por el mandatario fuera de las pautas del respectivo poder. (…).” (Resaltados fuera del original).
La doctrina de la inoponibilidad hoy no es insular, ha sido refrendada en las siguientes sentencias, todas dictadas en sede de casación: SSC CSJ del 6 de octubre de 1952 (M.P. Alberto Holguín); del 24 de junio de 1954 (M.P. José J. Gómez); del 21 de noviembre de 1962 (M.P. José J. Gómez); del 13 de diciembre de 1968 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 30 de noviembre de 1994, exp. 4025 (M.P. Héctor Marín Naranjo); del 26 de abril de 1995 (M.P. Héctor Marín Naranjo); y del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia Copete).
2.3. Tan abigarrada doctrina, es la que respalda mi tesis. Consulta las normas del Código Civil, y por esta senda debió enrumbarse la decisión: los actos ejecutados por el mandatario, ajenos al encargo otorgado, son inoponibles frente al mandante, por lo tanto, no se hallan viciados de nulidad.
2.4. Los derechos francés, italiano, español y chileno, se hallan en esa senda. Son sistemas con los cuales, nuestro Código Civil comparte numerosos aspectos.
2.4.1. En Francia, prestigiosos autores, explicando el contenido del artículo 1998, Code , según el cual, “El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifique tácitamente” , han insistido en que –en efecto- se trata, esencialmente, de un fenómeno en el cual el acto exorbitante no produce efectos respecto del mandante
.
En el país galo, pese a que en tiempos recientes un sector de la doctrina y de la jurisprudencia considera que el negocio jurídico con ejercicio de poderes en la representación más allá de la autorización está viciado de nulidad, sigue sosteniendo que, respecto del comitente, el acto del comisionado no despliega efecto alguno
.
2.4.2. En derecho italiano, el canon 1711 Codice es elocuente con la tesis:
“Límites del mandato. El mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato. El acto que excede el mandato queda a cargo del mandatario, si el mandante no lo ratifica (…)” .
La Corte de Casación - Corte di Cassazione - de aquella nación, en fallo del 10 de marzo de 1995, tuvo ocasión de aquilatar:
“ El negocio estipulado por el mandatario, excedente de los límites del mandato, no es anulable, sino únicamente ineficaz respecto del mandante , como está confirmado por el hecho de que es susceptible de ratificación; de allí sigue que, a falta de ratificación, el negocio cumplido por el mandatario excedente de los poderes otorgados por el mandante no es nulo, ni anulable, sino solamente inoponible respecto del mandante y sus efectos se producen en el patrimonio del mandatario, que los asume a su cargo y tiene como obligación indemnizar al mandante de cualquier perjuicio que a su patrimonio se pueda derivar por la estipulación y por la ejecución de aquel negocio” (Resaltos por fuera del original).
Es casi unánime la posición de los expositores italianos que, según se constata, hacen descansar la figura de los actos con exceso en la representación por exorbitantes, en el incumplimiento negocial
entre mandante y mandatario; y han rechazado la teoría de la nulidad por inepta e insuficiente para explicar los alcances del aludido artículo 1711, Codice . En particular, con razón, hacen hincapié en que la invalidez, a diferencia de la inoponibilidad, surge bien cuando se hallan ausentes los elementos del negocio ora cuando éstos se encuentran viciados
, pero no en el exceso de facultades ejercidas por el representante.
2.4.3. En España, pese a la –calificada
- infortunada redacción del inciso 2º del artículo 1259 del Código Civil español, se suele afirmar, con apoyo en la regla 1727, ibídem , que los actos extralimitantes de los poderes otorgados no producen efectos respecto del mandante.
El profesor Manuel Albadalejo García sostiene, en su clásica obra de Derecho Civil:
“Ratificación de lo hecho por el mandatario fuera de los límites del mandato. Se trata de una ratificación que tiene significado y alcances distintos que la ratificación de lo hecho sin poder por el representante (solo representante o mandatario en representación directa). En efecto, en este caso la ratificación (…) hace que lo realizado sin poder por el representante valga, no obstante, directamente para el representante (a este supuesto se refiere literalmente la expresión de artículo 1727.2) (…). Mientras que en caso de ratificación del mandato (…), la ratificación –que sólo puede dirigirse al mandatario- dispensa a éste (solo frente al mandante y en las relaciones entre ambos) de no haber observado las instrucciones recibidas; pero, por lo demás, en sus relaciones con terceros, como el mandatario contrató con éstos en su propio nombre, se producen –con o sin ratificación- para él, y en contra suya, todos los efectos del acto que realizó excediendo los límites del encargo dado”
.
En el sentido recién mencionado se ha pronunciado, también, el Tribunal Supremo español
.
2.4.4. El artículo 2160 del Código Civil chileno, enseña:
“El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre” .
Comentando la citada disposición, dice don Arturo Alessandri Rodríguez, que las obligaciones contraídas por el mandatario excediendo los límites del título de procuración, no está obligado el mandante a cumplirlas con respecto a terceros. Sostiene, el comitente no está compelido a cumplir, en estos casos, lo pactado el mandatario y si el tercero va a exigir al mandante el cumplimiento, éste puede formular la excepción de inoponibilidad: el acto no le afecta porque su representante no actuó dentro de sus facultades
.
Esas tesis del eminente profesor de la Universidad de Chile han perdurado en el país austral
.
De antiguo, el Tribunal Supremo ha entendido el fenómeno de la extralimitación como un rango de la inoponibilidad y ha descartado que su sanción sea la nulidad.
En sentencia del 22 de diciembre de 1924 se dispuso, en efecto:
“La disposición del artículo 2448 del Código Civil que exige poder especial para transigir, mira sólo al interés de las partes, y no es, por lo tanto, de orden público, ni produce su infracción la nulidad del acto, y puede ser ratificada por el mandante”.
Comentando el anterior pronunciamiento, el clásico Manuel Somarriva, dice: “En el caso fallado estamos en presencia de un mandatario que se excede de los límites de su mandato; y como bien dice la Corte, el acto no es nulo, porque no existe ninguna causal de nulidad, sino que la transacción celebrada es inoponible al mandante, y nada obsta a que éste ratifique lo obrado sin poder por el mandatario”
.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia chilena, en reciente fallo
, tuvo ocasión de señalar:
“(…) aun cuando se considerare que el mandatario se extralimitó en sus facultades para el cometido del mandato, es una doctrina que se debe tener por pacífica que la sanción propia para casos como el que se trata no es la nulidad del acto ejecutado, según se desprende de una serie de disposiciones del Código Civil, aplicables en la especie al mandato mercantil, entre otras, los artículos 2147, 2154, 2160 (…) puesto que si se parte del supuesto que los actos ejecutados por el mandatario satisfacen los requisitos establecidos por la ley para su eficacia, es necesario concluir que son válidos y no afecta en nada a esta conclusión la circunstancia que el mandatario no haya estado autorizado para ejecutarlas” .
Y fue explícita, la Corte de Casación chilena, al ahondar las razones por las cuales en eventos como estos mal puede hablarse de la configuración de causal alguna de invalidez, explica:
“Esto es así, porque el mandatario que contrata a nombre de su mandante lo representa en cuanto a los efectos del contrato que se producirán respecto del mismo, como si éste lo hubiera celebrado personalmente, pero el contrato se genera con la concurrencia de las voluntades del mandatario y del tercero. Por consiguiente, el mandante, podrá alegar que esos actos o contratos no le afectan porque el mandatario no estaba autorizado para ejecutarlos o celebrarlos obligado su patrimonio, y de ahí, pues, que en una hipótesis como la ventilada a propósito de la contienda de autos se esté en presencia de actuaciones válidas, pero que eventualmente son inoponibles al mandante y, en todo caso, de acuerdo a lo que prevé el artículo 2154 del referido código, en la responsabilidad del mandatario por los perjuicios que pudieran irrogarse a aquél”.
2.5. Entre nosotros, el artículo 2186 del Código Civil, cuya semejanza con la reglas 1998 “Code Civil” francés y 2160 del Código chileno, es inocultable, preceptúa:
“El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato.
Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre”.
2.5.1. De la letra de la citada disposición se extrae, como con acierto señaló César Gómez Estrada, que el acto celebrado por el mandatario sin poder, bien sea porque carezca en absoluto de él o porque ha extralimitado el ejercicio del que sí tenía, no ligan jurídicamente al mandante con los respectivos terceros, vale decir, no lo obligan, lo cual ocurre así de manera directa y automática, sin necesidad de declaración
.
Continúa el expositor, exmagistrado –además- de esta misma Corte, afirmando:
“Si el mandatario obró sin poderes de representación en virtud de los cuales pudiera entenderse que lo hecho por él es como si hubiese sido hecho por el mandante (C.C. art. 1.505), es obvio que, sin más, el acto del mandatario es enteramente ajeno al mandante y nada en absoluto tiene éste que ver con él”.
Gómez E., finalmente, rebate la tesis de la nulidad, por opuesta a la normativa del Código Civil:
“Se hace especial énfasis en esto, porque es muy común oír hablar de que en el evento considerado se trata de una nulidad. Idea ésta totalmente equivocada, puesto que ninguna norma sanciona como nulo el acto celebrado en las circunstancias dichas, ni de él se puede decir que carezca de algunos de los requisitos prescritos legalmente para su validez. Otra cosa es que, de suyo, un acto como ese, sea estéril en efectos respecto del presunto representado, y por ello precisamente es que la doctrina más acertada califica el fenómeno como de inoponibilidad del acto contra aquel en cuyo nombre se dice celebrado. Por consiguiente, como respecto a este el acto no existe, nada tiene que hacer para sustraerse a los efectos del mismo. En eso radica la gran diferencia con la tesis de la nulidad, pues si de esta se tratara los efectos del acto no podrían ser eludidos sino pidiendo previamente la declaración de nulidad”
.
Planteamiento similar esboza Hernán Salamanca, para quien el mandatario que rebasa los límites del mandato sólo lo es, en la parte en que no se ha excedido, y deja de serlo en la parte en que no se ha sometido a las instrucciones dadas, y por tanto, en ese aspecto, no obliga al mandante, sino en cuanto éste la ratifique
.
2.5.2. La doctrina de la inoponibilidad, insisto, es la que a mi juicio mejor consulta las normas de los códigos civil y de comercio, halla, además, soporte suficiente en la doctrina mayoritaria de la de Casación Civil.
2.5.2.1. Los actos que el procurador está llamado a ejecutar deben cumplir los requisitos establecidos por la ley para su eficacia, de tal modo, que en cuanto no hubiere estado autorizado, al actuar por fuera de los poderes conferidos para ejecutarlos, no son inválidos sino inoponibles.
2.5.2.1.1. Claro, cuando el mandato es de naturaleza “representativa” , es verdad indiscutible, cual se desprende de la preceptiva de los artículos 2142, 2177 y 2186 del Código Civil, el mandatario que contrata a nombre de su mandante lo representa. En este caso, los efectos del negocio concluido se producirán respecto del representado, esto es, como si éste los hubiere celebrado personalmente. Así se ha manifestado en numerosas oportunidades esta Corporación
.
Debe tenerse en cuenta que el mandato, en la modalidad indicada, es expresión usual, fiel e inconfundible, de la figura de la representación
, de hondas e importantes connotaciones en nuestro Derecho Civil, cual lo ha expresado la Sala con fundamento en la preceptiva 1505 C.C.:
“(…) los efectos de la negociación se radican en cabeza del representado y no del representante: que es aquél quien, con respecto a la persona que contrató con el representante, se convierte en acreedor o deudor, y el que responde de las culpas en que haya incurrido éste en el cumplimiento o
incumplimiento del contrato
” [SC CSJ del 24 de octubre de 1975 (M.P. Humberto Murcia Ballén)]
.
Sobre este tópico, la Corte ha sostenido:
“Si el mandatario celebra un contrato en tal calidad, no contratando para sí sino para el mandante, son de éste los derechos y obligaciones respectivos. Si, por ejemplo, aquél, en tal carácter, compra una casa para el mandante, éste es quien la adquiere y quien ha de pagarla; de suerte que si por faltar a esta obligación lo demanda el vendedor ya por el precio, ya para que resuelva la compraventa, la demanda tiene que dirigirla contra el mandante y éste por sí o por medio de apoderado afrontará el litigio”. [SC CSJ del 17 de febrero de 1948 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza)].
Por ello, es razonable y ajustado a derecho, cuanto sostiene la SC CSJ del 13 de diciembre de 1968 (M.P. Guillermo Ospina Fernández), al manifestar que la inoponibilidad generada en virtud de los actos excesivos del mandante halla explicación en la carencia de legitimación
, figura que en materia de negocio jurídico encuentra preciso significado dentro –y a partir- de la Teoría de la Representación.
2.5.2.3. El consentimiento, elemento esencial de los contratos (art. 1502.2 C.C.), se genera en virtud de la concurrencia de las voluntades del mandatario y del tercero. El aludido concurso de voluntades es el que, en fin, forma el consentimiento necesario para la validez del negocio jurídico, luego si hay consentimiento, el negocio reúne el requisito de existencia, y el acto censurado, difícilmente resulta inválido.
De la pluricitada decisión del 24 de agosto de 1938, cuando afirma, luego de establecer que en los casos de extralimitación de la procuración: “El mandante no está obligado a demandar en ese caso la nulidad absoluta, mucho menos la relativa, de los negocios llevados a cabo por el mandatario por fuera de las pautas del respectivo poder. Le basta no prestarles su consentimiento” , significa que deben distinguirse dos niveles en el consentimiento o dos relaciones jurídicas diferentes, la primera relacionada con el consentimiento expresado por el mandatario, frente al tercero; y el segundo, el existente al interior de la relación entre procurador y representado; declaraciones de voluntad separadas y diferentes, al edificar dos negocios jurídicos diversos, aunque relacionados, de tal modo, que el consentimiento dado por el mandatario, frente al tercero, es perfecto y suficiente para entender satisfecho lo preceptuado en el numeral 2º del aludido canon 1502 C.C. Muy diferentes son las relaciones subyacentes entre mandante y mandatario. Frente al tercero “ El mandatario actúa jurídicamente, esto es, interviene con su voluntad para el perfeccionamiento del negocio, presta su consentimiento y de esta manera crea vínculos obligatorios para su representado con prescindencia de su interés personal, como mero intermediario” . (Resaltos fuera del original)
. La casación chilena se ha orientado en el sentido apuntado
.
2.5.2.4. Por lo mismo, el mandante podrá alegar que los actos exorbitantes o excesivos del procurador no le afectan porque éste último no estaba autorizado para ejecutarlos o celebrarlos obligando su patrimonio, pero no podrá pretender que la convención sea declarada nula por falta de consentimiento, pues en el mismo, se insiste, ha existido, manifestado por el representante en concordancia con el tercero.
Constituye un yerro pretender que los actos de ejecución del mandato sean nulos. De ser acertada esa conclusión, forzoso sería admitir que obligarían al mandante mientras no se declare judicialmente la nulidad mediante sentencia ejecutoriada, porque la invalidez, cual lo dispone perentoriamente el artículo 1746 del Código Civil y ha decantado la jurisprudencia
, requiere siempre declaración judicial; tampoco, procedería la acción reivindicatoria mientras el fallo no se pronunciare (art. 1748 C.C.).
Ello implicaría, desconocer que el artículo 2148 C.C. distingue, con claridad paladina, las hipótesis en las cuales el procurador, de buena fe, ejecuta un mandato nulo de aquellas en las cuales apenas excede el poder otorgado; lo propio ocurre con el canon 766, ibídem , pues, como bien lo señalara, Gómez Estrada, dicha norma al relacionar los títulos no justos contempla entre ellos, bajo su numeral 3º, los que adolecen de un vicio de nulidad, y por separado, bajo el numeral 2º, los conferidos por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, sin serlo
.
La tesis hoy prohijada por la Sala, además, presupone obviar que el artículo 6 del Código Civil, si bien fija como regla general que los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley son nulos, deja a salvo aquellos en los cuales el propio ordenamiento dispone otra cosa; hipótesis de excepción que, precisamente, se contempla para una situación como la descrita en el tantas veces mencionado canon 2186, ibídem . Refuerza lo anterior si se tiene en cuenta la interpretación que sobre la aludida disposición ha adoptado, en sede de casación, esta Corporación:
“El artículo 6º del Código Civil explica en términos genéricos lo que se entiende por “sanción legal” (…). El inciso segundo de este precepto dispone que, “en materia civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de ley, si en ella misma no se dispone otra cosa”. Lo cual significa que la nulidad es una sanción legal que se aplica para los actos que la ley prohíbe, pero, además, que esa sanción no es única, porque la propia ley puede imponer otra sanción diferente a los actos que violan sus prescripciones” . [SC CSJ del 16 de mayo de 1967 (M.P. Enrique López de la Pava)] (Resaltos ex texto).
En fallo del 25 de julio de 1957 (M.P. Enrique Giraldo Zuluaga), la Corte sentenció:
“El artículo 6º del C.C., en el inciso 2º, despeja toda duda en relación con la sanción de los actos jurídicos llevados a cabo contra expresa prohibición de la ley, cuando determina y fija la sanción de la nulidad , no para todos los que se hallen afectados de ese vicio, sino para aquellos en que la ley no ha establecido una sanción distinta ”. (Subrayas y negrillas fuera del original).
La nulidad, cualquiera sea su especie, sólo se estructura cuando concurren uno o más de los motivos taxativamente previstos para el efecto, y que guarden relación, específica y puntual, con los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto o contrato “según su especie y la calidad o estado de las partes” (art. 1741 C.C.). Pero entre esas causales no se halla, se insiste, la extralimitación de los poderes conferidos al mandatario.
Cual lo ha decantado esta Corporación en numerosos fallos
, la nulidad se concreta, en cualquiera de sus modalidades –absoluta o relativa-, según lo establece la ley, a los vicios o fallas inherentes a un acto jurídico, en sí mismo considerado
.
A propósito de las causales que motivan la declaratoria de nulidad de los actos jurídicos, y que, se insiste, guardan siempre relación con la ausencia de requisitos de fondo o en su formación, con singular elocuencia y claridad esta Corte, en fallo del 26 de agosto de 1947 (M.P. Álvaro Leal Morales), expuso, previa diferenciación de la inoponibilidad y de la nulidad:
“Los artículos 1740 y 1741 del Código Civil determinan con claridad las causas que pueden invalidar los actos jurídicos en nuestro derecho; tales causas pueden resumirse así a la luz de los nombrados preceptos: a) La nulidad absoluta se genera por falta o por ilicitud del objeto, por ausencia o por ilicitud de causa, por omisión de requisitos o solemnidades ad substantiam actus, por incapacidad absoluta; b) La nulidad relativa se origina por error, fuerza, dolo, (…), por incapacidad relativa o por falta de formalidades habilitantes, o sean las previstas por la ley en consideración a la calidad de las personas” .
En sentencia del 21 de mayo de 1968, con ponencia del Dr. Fernando Hinestrosa Forero, acotó:
“Clasifica el Código Civil en el ya citado artículo 1740 las nulidades en absolutas y relativas y agrega en el 1741 que las primeras son las producidas por ilicitud de objeto o de causa, por la omisión de algún requisito o formalidad prescrito para el valor del acto en consideración a la naturaleza de este, y por la intervención personal de un absolutamente incapaz, en tanto que “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa” (…); y el propio Código, artículo 1743, establece que la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte (…) siendo saneable en poco tiempo y por la “ratificación de las partes”, de lo cual se predican los vicios de la voluntad (Código Civil 1750) y la falta de formalidades de protección o habilitantes (ibídem 1741 y 1745, con la excepción del 1744), como causales de aquélla.”
Similares criterios a los establecidos en las dos sentencias recién citadas han sido seguidos en otras oportunidades
.
Si un representante, no está autorizado para otorgar un pagaré por encima de una suma determinada, el mandante no queda obligado a cancelarlo cuando el procurador carece de facultad para otorgarlo
. El comitente no queda obligado respecto de un contrato civil de prestación de servicios cuando su representante legal actúa no sólo por fuera sino contrariando las disposiciones expresas adoptadas en Asamblea General
. Nulidad e inoponibilidad son figuras diferentes y antagónicas
.
2.6. Y no se diga que la ratificación es figura exclusiva de la nulidad. No. La Corte, con singular maestría, tuvo ocasión de enfatizar en el fallo del 24 de agosto de 1938, en relación con este preciso punto:
“Incúrrese en confusión de principios cuando partiendo de la circunstancia de que el artículo 2186 del C.C. hace ratificables los actos excesivos del mandatario en el ejercicio del poder, se pretende concluir que tales actos están viciados de nulidad relativa, con el pretexto de que en derecho civil es característica de la nulidad relativa el que pueda sanearse por la ratificación, de acuerdo con el artículo 1743, ibídem (…). Este razonamiento incide en grave exageración, y como toda exageración lleva a extremos manifiestamente inaceptables (…).
“Es que la confusión proviene de que la jurisprudencia en Colombia no había precisado bien, como en la doctrina francesa, el significado y el alcance de lo que en realidad es la ratificación (…)
“Los expositores franceses emplean en vez de ratificación las palabras confirmación o convalidación refiriéndose a la nulidad. Al tratar de los actos relativamente nulos dicen que se sanean por la confirmación o convalidación.
“Demogue dice que cuando un representante adquiere procuratio nomine un compromiso para el cual carecía de poder, el acto puede ser cubierto por la ratificación. La ratificación es una institución especial que supone un acto hecho sin poder suficiente por un representante. Agrega que la ratificación está fuera de lugar cuando el acto, emanado del propio interesado, está herido de nulidad relativa, pues la ratificación supone un acto inoponible ante aquél en cuyo nombre se ha llevado a cabo, no un acto nulo. Luego, con esa novedad y precisión de conceptos que es la característica del eminente expositor, suministra esta sencilla fórmula para distinguir el acto nulo, saneable por la convalidación, del acto inoponible susceptible de ratificación: “El acto nulo contiene un vicio, es decir, una decisión mal tomada. El acto no oponible contiene una decisión bien tomada, aun por un hombre experto en el negocio, pero sin poder.
“Por consiguiente, la ratificación se diferencia de la convalidación , en que la primera , conforme al mismo Demogue, ocurre , según el artículo 1998 del Código Civil francés, igual en un todo al artículo 2186 del Código colombiano, todas las veces que un acto, regular en su forma, habiendo sido ejecutado por una persona que habla en nombre de otra, esta última lo hace entrar a su patrimonio con todas las consecuencias del acto que hasta entonces le había sido extraño. En tanto que la convalidación constituye una renuncia de la acción de nulidad: concede al acto todo su vigor considerándolo como jamás hubiera estado viciado” .(Resaltados para enfatizar).
Para confirmar la cuestión basta ver, el inciso segundo del art. 642 del C. de Co. que autoriza la procedencia de la ratificación en la representación sin poder en títulos valores.
III. La facultad de hipotecar requiere poder expreso. excursus jurisprudencial y doctrinario
3. Numerosos han sido los fallos de los tribunales colombianos, incluida, naturalmente, esta Corporación, en los cuales se ha sostenido que la facultad de hipotecar, en materia de mandato, requiere, en línea de principio, concesión expresa por parte del mandante.
3.1. El Tribunal Superior de Popayán
, en proveído adiado el 29 de enero de 1897, se pronunció tempranamente, sobre este tópico:
“Sin facultad expresa no puede el mandatario hipotecar ni tomar dinero a interés por cuenta del mandante, aun cuando se trate de un poder general para todos los negocios del mandante debidamente otorgado, pues estos no son actos de administración sino de disposición” .
3.2. Pronto la Corte, con fundamento en la preceptiva contenida en el canon 2158 del Código Civil, habría de llegar a la misma conclusión del Colegiado payanés y, en decisión del 14 de febrero de 1913 (M.P. Tancredo Nannetti), sentó:
“Según dicho artículo (el 2158), el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar deudas, etc., y para todos los actos que salgan de estos límites, necesita poder especial. La palabra poder en la primera parte de esta disposición está tomada en el sentido de facultad o autorización, y no en el de mandato, pues expresa: “El mandato no confiere al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración”, etc. En el segundo inciso dice dicho artículo que para todos los actos que salgan de los límites de la administración, se necesita de poder especial, esto es, de facultad, de autorización que, según el primero, no quedan comprendidas en el mandato general (…). Lo que la ley se ha propuesto es restringir la extensión del mandato que se da en términos generales para todos los negocios del mandante, a los actos de administración que, como derivados del jus fruendi, no comprometen gravemente el patrimonio, y obligar al mandante, en guarda de sus intereses, a que consigne en el mandato general su consentimiento expreso respecto a la facultad conferida al mandatario para que pueda ejecutar actos de disposición, que afectan hondamente la propiedad, pues se dirigen a la transmisión o limitación del dominio” .
Agregó, en el mismo fallo y en relación con el artículo 2159, ibídem:
“(…) aunque se autorice al mandatario para que obre del modo que más conveniente le parezca, no por ello se entiende facultad para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Conforme a esta disposición, lo que se requiere para que el mandatario general pueda ejecutar actos de disposición como vender, permutar, hipotecar, etc., es que se le otorguen expresamente en cláusula especial cada una de esas facultades , no que se especifiquen los bienes sobre los cuales puedan recaer dichos actos”. (Resaltos fuera del original).
La doctrina así fijada fue días después ratificada por esta Corporación cuando sostuvo:
“(…) de los términos del artículo 2158 del Código Civil se deduce la distinción ya consagrada por la doctrina y la jurisprudencia, entre los actos administrativos y los dispositivos que puede ejecutar un mandatario. Un poder general para negocios bastará por sí solo al apoderado para llevar a cabo los actos de la primera especie; pero no lo facultará para los de la segunda, tales como vender, hipotecar, etc ., porque como éstos salen de los límites de la administración, necesita el apoderado de poder especial, según el inciso 2º del artículo citado.” [SC CSJ del 26 de febrero de 1913 (M.P. Emilio Ferrero)]; (Negrillas y subrayas de quien escribe).
3.3. Ahora, administradores y representantes legales, fungen como mandatarios, de consiguiente, las doctrinas desarrolladas, gobiernan su ejercicio funcional. La Corte, en sentencia del 6 de octubre de 1952, puntualizó, justamente que los administradores y representantes legales de la sociedad son considerados como mandatarios.
Precisamente, en esa decisión, con apoyo en el artículo 509 del antiguo Código de Comercio, señaló que en los eventos en los cuales no se hubiere determinado, en materia de sociedades colectivas, la extensión de los poderes del administrador (mandatario, conforme quedó dicho), no tendrá otras facultades que las necesarias para ejecutar los actos y contratos que se hallaren comprendidos en el giro ordinario de la propia sociedad, o conducentes para el logro de los fines que ésta se hubiere propuesto. Y entre esas facultades, en principio prohibidas y que requerían poder especial, sentó la Corporación, en aquella ocasión, que figuraba la de hipotecar los bienes sociales.
Y sobre el punto fue tajante:
“Nuestro Código de Comercio es preciso al reglamentar la administración de la sociedad colectiva, en lo que no se hubiere previsto en la escritura social (artículo 509). Sienta como principio básico, cuando los socios delegan la facultad de administrar, que si no hubieren determinado la extensión de los poderes del delegado, éste será considerado como simple mandatario y no tendrá otras facultades que las necesarias para ejecutar los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, o que sean necesarios o conducentes para el logro de los fines que ésta se hubiere propuesto (artículo 527). Y por ser el administrador, en tal caso, un simple mandatario, se le prohíben aquellos actos que naturalmente no autoriza el mandato y que requieren, por tanto poder especial, entre los cuales figura el de hipotecar los inmuebles sociales (artículo 2158 C.C. y 520 C. de Co.).” (Subrayas ajenas al texto).
Esa sentencia así decidió, invocando expresamente el precedente contenido en la decisión del 24 de agosto de 1938, señalando que cuando el administrador de una sociedad realiza la hipoteca de bienes sociales, sin estar expresamente autorizado, extralimita su mandato, “con la ineludible consecuencia jurídica, no de simple nulidad relativa del acto (…) sino de inexistencia legal” .
3.4. A la misma conclusión llegó la doctrina nacional. En efecto, el clásico Nicasio Anzola, sobre el punto, advertía en las postrimerías del siglo pasado:
“Ya dijimos que el mandato concebido en términos generales sólo comprende los actos de administración, por cuya razón se necesitará de poder especial para efectuar pagos que no sean de los ordinarios de una administración; hacer novaciones que extingan obligaciones ya existentes al tiempo del mandato; transferir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicciones, renunciar los recursos de alzada, así como a prescripciones ya adquiridas; para toda renuncia gratuita, o remisión o quita de deudas, a no ser en caso de falencia del deudor; para cualquier contrato que tenga por objeto transferir el dominio de bienes raíces, o adquirirlo ya por título oneroso o gratuito; prestar dinero o recibirlo en préstamo, a menos que tales actos estén comprendidos en el giro ordinario de la administración de los negocios que se le han encomendado; para arrendar los bienes del mandante, o gravarlos con hipotecas o servidumbres (…”)”
.
3.5. El recto entendimiento de las normas así referidas nos arroja una sola conclusión: La facultad de hipotecar requiere poder especial y expreso, so pena de que el acto celebrado por el mandatario sea susceptible de calificarse como exorbitante, con todos los efectos inherentes, es decir, inoponible.
En el sentido recién indicado se pronunció también la SC CSJ del 6 de febrero de 1951 (M.P. Arturo Silva):
“Conforme a su letra, exige el Código Civil Colombiano (sic), para que el mandatario general pueda enajenar bienes raíces del mandante, fuera del giro ordinario de los negocios de éste, un poder o facultad especial, esto es que en alguna parte del contrato se exprese que se facultad al apoderado “especialmente para que venda … los bienes raíces del otorgante”, y esta exigencia es idéntica en el fondo a la contenida en el Código Francés (sic) , que requiere se exprese en el mandato esta especial facultad para que goce de ella el mandatario. Nuestro Código Civil determina que la facultad debe ser ESPECIAL (y debe entenderse que EXPRESA); y el francés, refiriéndose a esta facultad que es de naturaleza ESPECIAL, indica que debe expresarse.”
3.6. El principio que incorporaba ya, el artículo 509 del antiguo Código de Comercio subsiste, abigarrado ya para todo tipo de sociedades, en el artículo 196 del actual Estatuto Mercantil: “La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad (…)”.
3.7. En el ejercicio del mandato el mandatario deberá ceñirse rigurosamente a los términos del poder otorgado (art. 2157 C.C.); la procuración no puede interpretarse sino taxativamente, de modo, que como lo tiene dicho la jurisprudencia, no pueden extenderse o ampliarse sus cláusulas para deducir facultades que no están expresamente conferidas por el comitente al mandatario [SC CSJ del 28 de septiembre de 1943 (M.P. Liborio Escallón), y del 14 de febrero de 1963 (M.P. Enrique Coral Velasco)]
.
3.8. Estas consideraciones, dicho sea de paso, son compartidas por un amplio sector de la doctrina y jurisprudencia española, y se basan en las prescripciones del artículo 1713 del Código Civil de aquella Nación
.
IV. LA DOCTRINA DEL ARTÍCULO 838 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Pautas para su interpretación. ¿Qué debe entenderse por “rescisión” ? Figura distinta e incompatible con la “nulidad” .
La regla 838 presupone la oponibilidad el negocio. Carece de lógica sostener que el mecanismo rescisorio se le confiere a quien le es inoponible el acto. El artículo 838 supone la representación
4. Reza el artículo 838 del C. Co.: “El negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado” (Resaltos fuera del original). De tal modo que la rescisión en el punto procede exclusivamente para la contraposición de intereses más no, cuando haya: 1) Carencia integral de poder. 2. Por carencia parcial de poder respecto de las atribuciones o facultades ejercidas en exceso, esto es por extralimitación. Estas dos últimas hipótesis están reguladas por el art. 841 del C. Co. y no por el 838; y corresponden a fenómenos de inoponibilidad, por ausencia de representación.
4.1. Etimológicamente la rescisión debe entenderse, dice el mexicano De La Peza, como un rompimiento, porque deriva del verbo rescindir, del latín re y scindere que significa, en esencia, rasgar o cortar
.
En el lenguaje corriente, «rescisión» , «resolución» , «nulidad», «anulabilidad», «resiliación» son sinónimos; pero en términos jurídicos, cada uno posee una significación precisa.
4.1.1. El concepto de la rescisión, como categoría de la ineficacia negocial
ha sido objeto de amplios debates en la doctrina colombiana. Es frecuente, en los expositores, su confusión con la nulidad relativa.
En efecto, autores como Don Fernando Vélez, Eduardo Rodríguez Piñeres, Álvaro Pérez Vives, Antonio Rocha Alvira, con fundamento, en el inciso último del artículo 1741 C.C., utilizan indistintamente ambos términos
. Otros académicos, menos conocidos, han seguido la misma línea
.
Nicasio Anzola, se opone, firmemente, a la confusión de ambos conceptos. En sus palabras:
“La rescisión es incompatible con la nulidad, y por eso los actos nulos no pueden rescindirse. La rescisión supone la validez del acto que se rescinde; ella trae su causa del acto mismo, y no se aplica a la obligación sino a su causa o fuente. Es un remedio subsidiario que corresponde a las partes, o a terceros, y se funda en lesión o perjuicio sufrido por quien tiene derecho a ella. Por eso nos parece impropio que se designe, como en derecho francés, con el nombre de rescisión el resultado de la declaración de la nulidad relativa o contingente (…)”.
Esas tesis del profesor de la Universidad del Rosario, expuestas en las postrimerías del Siglo XX, siguen hoy, manteniendo su vigencia.
4.1.2. En la jurisprudencia de la Corte también se ha incurrido en la confusión entre la rescisión y la nulidad relativa.
Ya en fallo del 3 de agosto de 1895 (sin ponente oficial) la Corte, aludiendo a los caracteres de la nulidad relativa, acotó:
“El acto o contrato con vicio de esta especie, existe, tiene vida propia, vale y produce efecto. Puede rescindirse y desaparecer, pero esto mismo prueba su existencia. De aquí que la nulidad relativa produce el efecto de la acción rescisoria, que se extingue por la ratificación ó por la prescripción; pero que pronunciada judicialmente produce a su vez dos efectos: el de reponer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato vicioso, y el de dar acción reivindicatoria contra terceros poseedores”. (Resaltos fuera del texto).
Apenas dos días más tarde, caminó la misma senda:
“Los artículos 1740, 1741, 1752, 1753, 1754 y 1755 (todos referentes a la invalidez de los negocios jurídicos) tratan de la nulidad y la rescisión de los contratos y de la ratificación necesaria para sanear dicha nulidad cuando el vicio es susceptible de este remedio; pero como ya se ha dejado establecido que en la demanda no se ejercitó la acción rescisoria, por nulidad del contrato de arrendamiento, y como el apoderado de la parte recurrente, al fundar la casación, ha calificado de inaplicables aquellas disposiciones, porque tal nulidad no existe y porque sin ella no tiene cabida la acción rescisoria, es evidente que tales disposiciones no tienen ninguna relación con el punto materia del litigio”. [SC CSJ del 5 de agosto de 1895 (sin ponente oficial y texto en paréntesis añadido por la aclaración).
En numerosísimos fallos, se ha seguido manteniendo la aludida confusión, tratando a la nulidad como término equipolente a la rescisión
.
4.1.3. El vocablo “rescisión” , se insiste, posee un significado preciso: Federico de Castro y Bravo, don Luis Diez Picazo y Alfonso Cossio y del Corral, autores españoles, han reiterado, una y otra vez, que la rescisión no deriva de un vicio del negocio ni declara la existencia de éste sino que, por el contrario, se limita a servir de remedio excepcional arbitrado para evitarle al protegido un perjuicio resultante del juego normal de la ley, pero especialmente injusto
.
El acto rescindible, es un negocio válidamente celebrado que genera perjuicios para una de las partes o para un tercero, el cual puede ser declarado ineficaz a instancias del perjudicado, cuestión en la que de alguna manera coincide De Castro y Bravo
.
Las distintas hipótesis de la rescisión previstas en los ordenamientos chileno, colombiano, español y francés, tienen en común, pregonar o permitir interpretar coherentemente que la rescisión, en cualquiera de sus formas y sus causas, siempre se edifica sobre la base de un negocio jurídico válido, siendo circunstancias externas a éste las que imponen la facultad –y a veces la necesidad- de declararlo ineficaz, pero inasimilable con la nulidad relativa o anulabilidad.
4.1.4. En este punto, pueden ensayarse algunas diferencias
a)
La naturaleza jurídica del acto es enteramente diferente en una y otra manifestación de la ineficacia. En la nulidad relativa o anulabilidad el defecto consiste en la vulneración del orden público de protección. En la rescisión, en cambio, se contrae a un contenido afrentoso o inequitativo, que afecta un negocio válido. En otras palabras, interpretando a Nicasio Anzola, la anulabilidad comporta un vicio en aspectos subjetivos del acto, mientras la rescisión es un vicio objetivo, atañedero a las atribuciones patrimoniales que por causa del negocio deben realizarse.
b)
El epicentro de la cuestión rescisoria es de carácter eminentemente patrimonial. El negocio rescindible es un acto afectado en la magnitud de las atribuciones patrimoniales como en el caso de la lesión enorme, o la propia disposición patrimonial en exceso de poder representativo, en tanto la invalidez tiene su escenario en el proceso formativo de la voluntad del sujeto, la cual no se estructura perfectamente debido a la incapacidad relativa de la parte o a la intervención de un vicio.
c)
La nulidad relativa y la rescisión difieren también en que aquélla, para su configuración, se forja con independencia del resultado lesivo. En rigor, para efectos del reclamo invalidativo basado en las causales de anulabilidad el sistema legal no demanda la prueba de una lesión patrimonial. Todo lo contrario acontece en el marco de la rescisión, donde, sin lesión a este tipo de intereses, el reclamo no prospera, pues el mecanismo rescisorio está diseñado justamente en consideración a la presencia de un detrimento tasable en dinero.
d)
En la nulidad, la anomalía se halla en su causa o fuente obligacional, mientras que en la rescisión se cifra en los efectos económicos para una parte o para terceros.
4.1.5. Ramírez Baquero
, con solvencia también diferencia puntualmente las dos figuras. Esas diferencias, u otras, pueden otearse con algunas disposiciones:
1)
El decreto de posesión efectiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere, o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su cónyuge, por matrimonio contraído en la misma época, de acuerdo a las reglas fijadas en la ley (arts. 108 y 109).
2)
Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos (art. 1405 inc. 1º). El hecho de haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo suficiente para rescindir la partición (art. 1406 inc. 1º), podrán los otros copartícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario (art. 1407).
3)
Podrá rescindirse la enajenación de los bienes del difunto realizadas por el heredero dentro de los seis meses siguientes a la apertura de la sucesión, a instancias de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios con beneficio de separación, siempre y cuando no haya tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios (art. 1441).
4)
Serán rescindibles las donaciones que menoscaben las legítimas rigurosas, o la cuarta de mejoras (arts. 1482, en conjunción con el 1245); asimismo, será rescindible la donación cuando el donatario estuviere en mora de cumplir lo impuesto en la donación (art. 1483).
5)
Cuando se pacta una condición, y al momento de cumplirse la cosa perece o se deteriora por culpa del deudor, el acreedor podrá pedir que se rescinda el contrato o que se le entregue el bien, con indemnización, en uno u otro caso, de los perjuicios causados (art. 1543).
6)
Las obligaciones se extinguen por el evento de la rescisión (art. 1625 núm. 8).
7)
En materia de compraventa, cuando se debe un cuerpo cierto, y perece o se deteriora por culpa del deudor o de las personas a su cargo, podrá el acreedor pedir la rescisión del negocio jurídico y la indemnización de perjuicios (art. 1648).
8)
La renuncia de los gananciales, hecha por la mujer, no podrá rescindirse, salvo cuando se probare que la mujer o sus herederos fueron inducidos a renunciar por engaño o error justificable acerca del verdadero estado de los negocios sociales (art. 1838).
9)
Cuando la evicción no recae sino sobre una parte de la cosa, pero si es de tal magnitud que se pueda presumir que no se habría comprado el bien sin ella, podrá pedirse la rescisión de la venta (art. 1909), en virtud de la cual el comprador será obligado a restituir al vendedor la parte no evicta y el vendedor a devolver el precio y abonar el valor de los frutos, y todo otro perjuicio (art. 1910)
.
10)
En las acciones redhibitorias por vicios ocultos el comprador tendrá derecho a rescindir la venta o rebajar proporcionalmente el precio (arts. 1914 y 1917 C.C.).
11)
En los eventos de rescisión de la venta por lesión enorme (art. 1946, 1948-1954)
.
12)
El arrendatario tiene derecho a la terminación y, aún, a la rescisión del arrendamiento, cuando la cosa esté en tal mal estado que le impida hacer el uso para el cual ha sido arrendada (art. 1990).
13)
En el arrendamiento de predios rústicos, está obligado el arrendador a entregar el bien en los términos estipulados, y si su cabida fuere diferente a la pactada, habrá lugar al aumento o disminución del precio o renta, o a la rescisión del contrato (art. 2036).
14)
En materia de mutuo, si los vicios ocultos eran de gran magnitud, podrá el mutuario pedir que se rescinda el mutuo (art. 2228).
15)
En el contrato de renta vitalicia, no podrá el acreedor pedir la rescisión del contrato, aún en el caso de no pagársele la pensión, salvo estipulación en contrario (art. 2294).
16)
Si la transacción se celebra con persona distinta a aquella con la cual se cree estar transigiendo podrá rescindirse (art. 2479 CC.); de la misma manera, si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto transigido, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse (art. 2482 C.C.).
17) En ejercicio de la acción pauliana o revocatoria, tiene el acreedor el derecho para rescindir los contratos onerosos, las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos (art. 2491 núm. 1).
De los diecisiete eventos citados sobre su procedencia sin mayores elucubraciones se concluye que es la figura de la rescisión como hipótesis de ineficacia negocial es una institución sui generis , que no halla por fundamento defectos en la formación del acto ni carencias en sus requisitos formales o intrínsecos.
Más aún, son varias las normas del propio Código Civil patrio que expresamente distinguen a la rescisión de la nulidad, entre ellas el citado numeral 10º del artículo 1625, sobre extinción de las obligaciones; y el 2483, en materia de transacción.
4.1.6. En el Código de Comercio, la situación no es muy distinta.
El artículo 822, cuya integralidad se transcribe, señala: “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa” (Negrillas y subrayas fuera del original).
.
La redacción de la norma en comento no es tan clara como comúnmente se cree. La “o” , utilizada entre los verbos «anular» y «rescindir» es precisamente una proposición disyuntiva. El legislador de 1970, al redactar del Código de Comercio, aparentemente confundió las instituciones, sin embargo, a partir del mismo texto, se pueden hallar, cuándo una y otra figura proceden.
En efecto, el art. 822 se halla en el título correspondiente a las obligaciones mercantiles, y es una NORMA GENERAL, que indistintamente trata de la anulación y de la rescisión, de tal manera que debe detectarse en cada caso, cual es la correspondiente irregularidad que presente el negocio en sus efectos, en la interpretación, en la extinción, en la clase o especie de negocio, o en la fuente. Autoriza decretar una u otra figura según la anomalía. La rescisión que fluye de la representación voluntaria del 832 del C. de Co., se halla en un capítulo separado, tocante únicamente con la procura, y como norma especial, es precepto prelativo, privativo, específico, concreto y preciso que regula y hace referencia exclusivamente a la representación voluntaria, mientras que el 822 mercantil citado hace relación a una pauta de interpretación y de aplicación normativa para todos los actos jurídicos mercantiles, en las diferentes hipótesis, esto es, según cada caso, y que por tanto, no autoriza realizar mezclas indiscriminadas, como podría creerse desde una lectura descontextualizada y por fuera del sistema obligacional y contractual. El 822 del C. de Co. enseña, que la normativa de los actos y negocios jurídicos del Código Civil y los aspectos allí reseñados podrán aplicarse en cada caso, a menos que la ley establezca otra cosa, pero sin que se puedan asimilar rescisión y anulabilidad.
4.2. Volviendo al contenido del artículo 838 C.Co., surge claro, el representado podrá pedir que se declaren rescindidos, como una modalidad de ineficacia, los negocios jurídicos celebrados por su representante en manifiesta contraposición a sus intereses. La rescisión que allí se prevé no puede ni debe confundirse, en gracia de lo hasta aquí expuesto, con la nulidad o invalidez, porque se trata, en este preciso evento, de un remedio particular, conferido para conjurar los efectos del acto jurídico celebrado por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado. La norma, a diferencia de la aparente asimilación de la rescisión con la anulabilidad en el art. 822 ejúsdem , es de naturaleza especial, del mismo linaje de los 17 casos atrás señalados, y no permite equipararla a la nulidad relativa, cual se propone en la motivación de la sentencia frente a la cual disiento en su consideración.
En la hora de ahora, el artículo citado prevé una hipótesis que no puede confundirse con la de los actos excesivos del mandatario, reglada en el tantas veces mencionado artículo 2186 del Código Civil.
La distinción es capital, y de marcadísima importancia, si se tiene en cuenta que, por definición, la inoponibilidad es fenómeno asociado con el hecho de que un acto no produce efectos, frente a terceros, de modo que mal podría, en técnica jurídica, otorgársele a quien le es inoponible el negocio la facultad de solicitar su anulación, porque el vicio no está en la causa u origen, o en la declaración de voluntad, o en la ilegalidad en la fuente negocial, sino en los efectos. Sostener lo contrario aparejaría el más grande de los absurdos.
No sobra destacar, asimismo, que el artículo 838 del C. de Co. presupone la representación, y que ésta se haya ejercido dentro del marco fijado en el poder otorgado, y no por fuera de él, que es la hipótesis expresamente reglada en el canon 2186 C.C., y en el art. 841 del C. de Co.
Como ha repetido la doctrina, no todo negligente cuidado de los negocios por parte del mandatario integra, en estricto sentido, la figura del exceso del mandato, pudiéndose considerar como tal solamente el acto que deforme del objeto del encargo.
La utilización del mandato, por parte del mandatario, para privilegiar los intereses propios o de un tercero, en daño del interés del comitente, apareja –inmediatamente- el conflicto de intereses a que alude el artículo 838 C. de Co. Hipótesis como la descrita en la aludida disposición se han calificado por los expositores bajo el rubro del “abuso del mandato” , caracterizado por el dolo o la malicia en cabeza del procurador que en uso de sus poderes lesiona los intereses del comitente, a quien representa
.
Si el dolo es “(…) la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (art. 63 C.C.), es también claro que, por regla general, ese comportamiento no se presume, siendo de carga de quien invoca su acaecimiento aportar la prueba que permita tener por acreditada su ocurrencia
.
V. Conclusiones para el presente juicio
Ciertamente se pidió la nulidad relativa del acto dispositivo del representante suplente, cuestión que explica el rumbo de la demanda casacional promovida, a fin de zanjar la incoherencia que pudiera predicarse de los cargos del recurso frente al petitum del libelo introductor, para que no diera al traste la fase del iudicium rescindens . La Sala, entonces, para resolver la controversia, prefirió la solución del juez de primera instancia, abogando erróneamente por la nulidad relativa.
Empero, la situación debió decidirse desde la perspectiva de la inoponibilidad, cual se advierte en el análisis realizado, institución que en verdad cobija el supuesto de facto, casando la decisión del tribunal, pero llevándola hasta sus últimas consecuencias, para declararlo de ese modo, y complementando la orden judicial con el decreto de ineficacia, para que se tomara nota en las notarías y oficina de registro respectivas. El asunto no podía resolverse, como se hizo, desde la órbita de la nulidad relativa.
1. No es cierto, como mal se sostiene en el fundamento de derecho segundo (Págs. 13-14), que la sociedad demandante no ostente la calidad de «tercero» respecto de la hipoteca celebrada por su representante.
Al respecto, se lee en el fallo:
“En el caso que se dejó a la consideración del tribunal, es evidente que la demandante no es un tercero (ni absoluto ni relativo) respecto de la hipoteca, como quiera que es, ni más ni menos, la persona jurídica dueña del inmueble sobre el cual el suplente constituyó dicho gravamen sin tener facultades estatuarias para ello (…) Por tal motivo, no hay duda de que no es un tercero relativo que se haya visto afectado con el negocio y que, por tanto, pueda invocar a su favor la inoponibilidad” .
Ningún reparo merece que la figura de la inoponibilidad se circunscriba a los terceros que no hacen parte del negocio. Sin embargo, no comparto que a la sociedad demandante, Manoumia Ltda. no se le hubiere otorgado el calificativo de tal. Como quedó demostrado, el suplente no tenía facultades especiales representativas de la sociedad, por tanto, no podía celebrar actos involucrando a la sociedad representada, puesto que no se probó que el titular no podía ejercer el cargo, al contrario, se hallaba en ejercicio del mismo; de consiguiente, actuó sin poder en los términos del artículo 841 del C. de Co, es decir, lo hizo en nombre propio, y la sociedad de ninguna manera le ratificó los actos reprobados para ubicar el comportamiento como acto propio de la demandante según el art. 844 ejúsdem ; por el contrario los demandó para no ser víctima de la obligación impuesta por el defraudador.
La solución jurisprudencial que desde 1938 se viene adoptando por la Corte para las hipótesis de extralimitación del título de procuración, conforme quedó largamente expuesto en el cuerpo de este escrito (Cfr. Capítulo II), ha girado en torno a considerar que para todos los efectos, el comitente (mandante) es un tercero en relación con el negocio celebrado por su mandatario cuando desborda sus facultades, debió reiterarse. Allí se destacan dos relaciones jurídicas diferentes:
1. La gobernada por el mandato o representación convencional o voluntaria entre representada y representante. 2. La relación jurídica entre el representante y la sociedad acreedora, ante quien se hipotecó la cosa. La representada es tercero, frente al acto extralimitado en la relación jurídica número 2. De tal modo, que iterando la sentencia del 24 de agosto de 1938 de esta Corte, atrás citada, “(…) lo que una persona ejecuta en nombre de otra, no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado” . Es decir, deviene inoponible.
Quien es suplantado respecto del impostor, es tercero, y quien actúa como representante sin serlo, si siéndolo extralimita funciones, en esos precisos tópicos, convierte al representante en la misma calidad de tercero, siendo pertinentes las hipótesis de inoponibilidad, y en tal caso, el acto del representante, jamás puede ser eficaz con relación a su representada, y por lo tanto, la demandante de ninguna manera estaba obligada a respetar ese acto jurídico lesivo, celebrado por quien usurpó el derecho a la representante principal. Del mismo modo, cuando se carece de representación.
Se defiende esta premisa por cuanto la situación de facto se adecúa en la estructura de la inoponibilidad entendida como la modalidad de ineficacia de un acto jurídico o de un derecho, regular y válido, que material (en su contenido) o formalmente (por carencia o irregularidad en la publicidad) afecta los derechos de terceros al causarles perjuicios ilegítimos. Por tal razón, se hace necesario desdoblar los efectos del acto jurídico para contrarrestarlos, paralizarlos o abolirlos frente a los terceros y dejarlos plenos entre los celebrantes.
Mírese la radicalidad de la figura frente a otros fenómenos de defensa de los derechos subjetivos, y la bondad de la misma, porque hasta la perpetuidad de la legitimación para aducirla camina de la mano, haciéndola inexpugnable ante las prescripción especiales u ordinarias. Surte efectos de pleno derecho, pero ello no obsta, para que los jueces así lo digan en la resolutiva de sus decisiones arrasando las secuelas del caso y tomando las medidas en todos los lugares donde se haya aposentado el acto jurídico para restablecer los derechos de los terceros afectados, golpeando sus fines torticeros. De modo, que la estructura de la inoponibilidad es de mejor recibo, en la protección de los derechos; y en ella, al juez compete como última ratio , desmantelar los nocivos efectos del acto defraudatorio.
La sentencia, entonces, siguiendo la ruta de la doctrina de 1938, debió neutralizar los efectos de la hipoteca demandada bajo el manto de la ineficacia, cual lo han reiterado no muy lejanos precedentes: 26 de agosto de 1947; del 13 de diciembre de 1968 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 30 de noviembre de 1994, exped. 4025 (M.P. Héctor Marín Naranjo); del 26 de abril de 1995 (M.P. Héctor Marín Naranjo); Cas. del 4 de marzo de 1996, CCXL, 314 y ss.; Cas. del 1 de febrero de 2006, exp. 01813, del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia Copete), Cas. del 7 de julio de 2008, exp. 00803, entre otros.
Son variados los casos que el ordenamiento jurídico oferta al intérprete en materia de inoponibilidad formal por publicidad e inoponibilidad material o de fondo, como en la venta de cosa ajena, los cuales edifican un faro legal para resolver el problema. En el Código de Comercio: El art. 901 cuando el negocio se celebra sin cumplir los requisitos formales; el 953 sobre la reserva de dominio; el 1320 en el contrato de agencia mercantil; el art. 1335 en relación con los factores de comercio, el 300 tocante con la prenda del interés social; el 190 relacionado con las decisiones de una asamblea o junta de socios.
En el C.C. patrio en el artículo 2186 en la controversia sobre la extralimitación del mandatario, el art. 766 sobre el justo título, y el 1781 en relación la venta de cosa ajena; en el art. 1766 en el caso de la simulación por el tercero adquirente, valido de lo que muestra el acto ostensible o público; en la renuncia de gananciales cuando el cónyuge o el compañero declarado judicialmente, renuncia a sus derechos afectando los de los terceros (legitimarios); en lo tocante con pactos fiduciarios y cesión de créditos, el pacto de reserva de dominio frente a terceros adquirente de bien mueble de los arts. 1931 y 1933.
De modo que no puede predicarse ausencia de tipología o de plexo normativo para tan importante categoría y poderoso instrumentos de protección de los derechos de terceros. Estos eran los preceptos para la adecuar la situación de hecho, y fundar una solución coherente con el ordenamiento.
La facultad de hipotecar, como también quedó expuesto (Cfr. Capítulo III), sin duda requiere de poder especial o expreso.
Luego, si Luis Felipe Samper actuó por fuera de los poderes otorgados, lo cual también se extrae del contenido de los Estatutos Sociales (Cláusula Quinta), claro es, sus actos no podían obligar a la sociedad demandante y, en consecuencia, le eran inoponibles, figura de plena aplicabilidad teniendo en cuenta que la afectada, en relación con esos negocios, ostentaba la calidad que precisamente le fuera negada.
2. Es erróneo sostener, como lo hace la sentencia de casación en el fundamento de derecho segundo (págs. 14-15), que el artículo 838 del Código de Comercio es fundamento de los vicios del negocio, ni menos que confiera la acción de nulidad relativa para conjurar los efectos del acto celebrado en desmedro de los intereses del representado.
Al respecto, se lee en el fallo:
“Para efectos de aplicar al caso concreto la disposición legal que rige la controversia (se refiere al art. 838 C.Co.), resulta completamente irrelevante si el vicio se originó en la capacidad, en el consentimiento, en el objeto o en la causa del contrato de hipoteca, toda vez que la norma sustancial tiene un carácter específico que consagra la rescisión del negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición de los intereses del representado, siendo este último el supuesto de hecho que hay que probar para que se dé la consecuencia jurídica por infracción de la mencionada prohibición legal.
“El artículo 838 del estatuto mercantil no exige que el vicio del negocio se haya originado en uno u otro requisito “de existencia, de la esencia, de la naturaleza, de la sustancia o de la subsistencia” del contrato (…).
“En el caso que conoció el tribunal, se trata de una nulidad relativa, tal como lo solicitó la actora en su demanda, toda vez que el artículo 838 del Código de Comercio faculta expresamente la rescisión del negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado”. (texto en paréntesis agregado).
Es equivocado, en efecto, lo planteado por la Mayoría al interpretar el artículo 838 del Código de Comercio como una causal de nulidad relativa.
La contraposición de intereses mencionada en el artículo citado, supone que el representante actúa en ejercicio de sus funciones, esto es, no es un supuesto representante, ni mucho menos las atribuciones las ha extralimitado. El texto en cuestión no era el idóneo para resolver el asunto sino las premisas atrás pergeñadas.
Ni la rescisión, he demostrado, es nulidad relativa, ni los supuestos de hechos edificaban los razonamientos del fallo para predicar nulidad relativa.
La institución de las nulidades siempre, conforme a inveterada y reiteradísima jurisprudencia de la Corte, halla venero en los vicios o deficiencias del negocio (Cfr. Punto 2.5.2.4.), en su formación, pero además, se fundamenta como punto de partida en el principio de legalidad. ¿Cuando se actúa sin poder, o excediendo los límites del mandato, se incurre en contraposición de intereses o en una causal de nulidad relativa? La respuesta de la Sala es equivocada, porque el problema ni es de rescisión ni de nulidad relativa.
La rescisión es la categoría de la ineficacia expresamente contemplada en la aludida disposición 838 del C. de Co., y en otras que discriminé largamente, y se funda en la inequidad o en las lesiones patrimoniales que determinados actos reportan detrimento económico para un particular sujeto de derecho, y da por supuesta la validez del negocio (Cfr. Puntos 4.1. - 4.2.). En esto, difiere, in radice de la anulabilidad. Esta, o si se quiere la nulidad relativa se demostró, en un problema congénito de un negocio jurídico, se halla en su formación con independencia del efecto económico. La rescisión se ancla en negocio regular pero lesivo patrimonialmente.
La nulidad relativa resulta impertinente, conforme quedó largamente explicado, para elucidar los alcances del artículo 2186 del Código Civil, y menos para la privación de los efectos del acto excesivo que allí se disponen.
3. So pretexto de altas finalidades de justicia, el fallo de casación (pág. 14) termina desquiciando y confundiendo, de manera inaceptable, tres figuras diversas: la nulidad relativa, la rescisión y la inoponibilidad.
Son numerosos los pasajes en los que el fallo, de manera sutil e insinuante, alude a las extralimitaciones de los poderes del representante legal (mandatario) y a la contravención concreta de los intereses del representado. Equipara, injustificadamente instituciones divergentes y contrarias.
Respecto de la nulidad y la rescisión ya se dejaron expuestas algunas diferencias.
Entre la nulidad relativa y la inoponibilidad existen, también, fuertes disparidades, algunas de las cuales señalamos: 1. La nulidad relativa es vicio congénito, esto es, en la formación o celebración del negocio, la inoponibilidad se emparenta con los efectos del negocio, y por tanto con la naturaleza posterior al nacimiento, porque adquiere trascendencia jurídica luego de celebrado, por cuanto el acto inoponible es válido, así las dos instituciones busquen finalmente la ineficacia negocial (interpartes la nulidad; frente a terceros la inoponibilidad), para privar o disminuir los efectos nocivos del negocio. 2. La nulidad relativa principalmente tiene carácter endógeno o intrínseco, esto se aloja en el propio negocio, así surta efectos con terceros, mientras que la inoponibilidad corresponde a un acto válido que procura proteger a los terceros, es decir, los efectos exógenos o extrínsecos, porque un acto regular les causó perjuicios ilegítimos. De tal manera que la nulidad relativa yace al interior del proceso, mientras que la inoponibilidad protege los intereses externos de terceros que resultaron lesionados con un acto jurídico, legitimándolos para alegarla, por anomalía más bien relacionada con el principio naeminen laedere . 3. La declaración de nulidad relativa permite proteger las partes, mientras que la de inoponibilidad a los terceros interesados o relativos, excepcionalmente a los absolutos o penitus extranei . 4. La nulidad relativa se funda en causas legales estrictas por virtud del principio de la tipicidad o de legalidad, dentro de las cuales no se encuentra, como por ejemplo, para el caso concreto la contraposición de intereses prevista en el art. 838 del Código de Comercio, como lo considera erróneamente la sentencia de casación; mientras que la inoponibilidad tiene que ver con el restablecimiento de los derechos de los terceros. 5. La nulidad relativa puede ser saneada; la inoponibilidad perdura.
Se trata entonces de instituciones inconfundibles, señaladas para hipótesis diferentes que prevén consecuencias desiguales, en cuanto que la nulidad desaparece el negocio, mientras que la inoponibilidad mantiene la validez entre quienes concurrieron a celebrarlo; aun cuando en las dos figuras, la decisión judicial finalmente les sustrae o neutraliza los efectos jurídicos.
De manera que no es aceptable, como mal lo planteó la Corte en esta ocasión, tratar simultáneamente o equiparar las categorías nulidad relativa e inoponibilidad, aplicando erróneamente los artículos 822 en relación con el 838 del C. de Co., cuando precisamente nos hallábamos en el ámbito del art. 901 del C. de Co., en relación con las reglas 841 sobre la carencia o extralimitación de poder en relación con el art. 2186 del C.C.
El aparejamiento de nulidad relativa con inoponibilidad, de nulidad relativa y rescisión por el contrario da nacimiento a la confusión en las interpretaciones de las instituciones centrales del negocio jurídico mercantil, ante todo cuando concluye embrollando las figuras de la nulidad, la rescisión y la inoponibilidad.
Bajo el pretexto de materializar altos postulados de justicia, hunde preciadas instituciones jurídicas que en la jurisprudencia de esta Sala de Casación han llevado años forjándose y clarificándose.
No sobra ahora memorar que la inoponibilidad funge también como una excepción, de modo que a quien no le es oponible un acto puede esgrimir, frente al tercero, la aludida defensa, con el fin de que no se le pueda compeler a cumplir con las obligaciones dimanadas del acto abusivo que, respecto de él, carece de eficacia, la vía adecuada en algunas hipótesis.
4. La sentencia de reemplazo confunde las figuras de la extralimitación del mandato con la hipótesis del artículo 838 C. de Co.
Ya se dijo cómo una es, la hipótesis planteada en el artículo 2186 del Código Civil concordante con el 841 del C. de Co. y otra muy diferente, la estatuida en el artículo 838 C. de Co. porque se refiere a supuestos de hecho y sanciones diferentes.
5. Las sentencias de casación y la sustitutiva desconocen la jurisprudencia de la Corte, sin brindar mayores razones para ello.
No desconozco la necesidad histórica de variar, rectificar o corregir la jurisprudencia que respecto a determinado punto de derecho debe consolidarse por lucir aquella como vetusta, inadecuada, injusta o contraria al orden constitucional la institución.
Pero las modificaciones o los cambios doctrinales no pueden dar saltos para crear incertidumbre y zozobra conceptual. Siempre es necesario responder porqué la doctrina vigente no es apropiada para, a la luz de hoy, dar soluciones justas y jurídicas a los supuestos de hecho que ante los jueces se plantean.
Con vigor debió abrirse paso la resolutiva con fundamento en la inoponibilidad, tomando las determinaciones concretas para neutralizar todo efecto nocivo frente a la tercero demandante en el caso subjúdice .
En estos términos dejo aclarado mi voto,
Fecha ut supra
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
� Piero CALAMANDREI. La casación civil. t. II. Buenos Aires: Editorial bibliográfica argentina, 1945. pp. 291 – 296.
� Manuel DE LA PLAZA. Derecho procesal civil español. Madrid: Revista de derecho privado, 1942. p. 317.
� Arturo ALESSANDRI BESA. La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno. t. i. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2008. p. 86.
� Raúl DIEZ DUARTE. La simulación de contrato en el Código Civil Chileno. Santiago de Chile, 1957. p. 64.
� Federico DE CASTRO Y BRAVO. Tratado práctico y crítico de derecho civil. t. X (El negocio jurídico). Madrid: Civitas, 1985. p. 363.
� Luis PARRAGUEZ RUIZ. El negocio jurídico simulado. Universidad de Salamanca: 2013. p. 118.
� Marcelo PLANIOL y Jorge RIPERT. Tratado práctico de derecho civil francés. t. VI: Las obligaciones. La Habana: Cultural S.A., 1946. p. 402 y s.s.
� Antonio BRUNETTI. Tratado del derecho de las sociedades. t. I. Buenos Aires: Uteha, 1960. p. 338.
� PLANIOL y RIPERT. Op. cit. p. 402 y s.s.
� Ibid. p. 408.
� Cfr. WAHL, Albert. Précis Théorique et Pratique de Droit Commercial. 1922. Pág. 189.
� Pág. 19.
� PINZÓN, Gabino. Sociedades Comerciales. Vol. I. Teoría General. 1988. Págs. 238-239.
� ROCHA ALVIRA, Antonio. Lecturas sobre la Sociedad Colectiva. 1968. Pág. 118.
� Cfr. VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo VIII. Págs. 178-180.
� Cfr. SSC CSJ del 18 de noviembre de 1947 (M.P. Hernán Salamanca); del 2 de marzo de 1953 (M.P. Alfonso Bonilla); del 23 de septiembre de 1974 (M.P. Ernesto Escallón); del 14 de octubre de 1976 (M.P. Ricardo Uribe Holguín); del 24 de mayo de 2000 (M.P. José F. Ramírez); del 24 de febrero de 2003 (José F. Ramírez); del 28 de septiembre de 2004 (M.P. Jaime A. Arrubla); del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia); del 1 de julio (M.P. William Namén) del 19 de diciembre de 2008 (M.P. Arturo Solarte); y del 6 de marzo de 2012 (M.P. William Namén). Entre muchas otras.
� Citada en: GARAVITO, Fernando. Jurisprudencia de los Tribunales. Tomo II. 1908-1910. Pág. 46; y en VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo VIII. Págs. 180.
� Las diferencias conceptuales entre la nulidad y la inoponibilidad, ambas categorías de la ineficacia negocial, han sido ampliamente explicadas por esta Sala de Casación; entre muchos otros, pueden verse, sobre el punto, los siguientes fallos: SSC CSJ del 24 de agosto de 1938 (M.P. Arturo Tapias Pilonetta); del 28 de agosto de 1958 (M.P. José Hernández Arbeláez); del 21 de noviembre de 1962 (M.P. José J. Gómez); del 1 de febrero (M.P. Manuel I. Ardila) y del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia); y del 1 de julio de 2008 (M.P. William Namén Vargas).
� DEMOGUE, René. Traité des Obligations. Tomo 1º. Pág. 197; JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Tomo II. Vol. II. Trad. al castellano de Santiago Cunchillos y Manterola. 1951. Págs. 368-369; COLIN, Ambroise/CAPITANT, Henri. Derecho Civil. Vol. 2. Contratos. 2002. Pág. 501; MAZEAUD, Jean/MAZEAUD, León/MAZEAUD, Henri. Lecciones de Derecho Civil. Parte Tercera. Vol. IV. Trad. al castellano de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. 1962. Pág. 410.
� Cfr. PÉTEL, Philippe. Le Contrat de Mandat. 1994. Págs. 80-82; BARBIERI, Jean Jacques. Contrats Civils. Contrats Commerciaux. 1995. Pág. 391; BENAVENT, Alain. Droit Civil. Contrats Spéciaux. 1995. Pág. 396; COLLART DUTILLEUL, Francois/DELEBECQUE, Philippe. Contrats Civils et Commerciaux. 1996. Pág. 513; MALAURIE, Philippe/AYNÉS, Laurent/GAUTHIER, Pierre Yves. Les Contrats Speciaux. 2005. Págs. 315-317.
� MINERVINI, Gustavo. Il Mandato. La Comissione. La Spedizione. 1957. Págs. 158 y ss.; más recientemente, véase: BALDINI, Gianni. Il Mandato. 2006. Pág. 62.
� MOLLA, Massimo Maria. Il Mandato nella Giurisprudenza. 1977. Pág. 244.
� DE AMUNATEGUI RODRIGUEZ, Cristina. Comentarios al artículo 1727 del Código Civil. En DOMINGUEZ LUELMO, Andrés (Dir.). Comentarios al Código Civil. 2010. Págs. 1868-1870.
� ALBADALEJO GARCÍA, Manuel. Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol. II. 1989. Pág. 356.
� SSC TS del 10 de mayo de 1984; del 26 de noviembre de 1986; del 27 de marzo, del 1 de junio, del 3 y 13 de julio y del 18 de septiembre de 1987. Citadas por Albadalejo en: ALBADALEJO GARCÍA, Manuel. Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol. II. 1989. Pág. 356.
� ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. Derecho Civil. Contratos. Tomo I. 1988. Pág. 553.
� Cfr., en doctrina, STITCHKIN BRANOVER, David. El Mandato Civil. 1989. Págs. 317 y ss. En jurisprudencia: Corte de Apelaciones de Santiago. Sala Civil. Sentencia del 31 de julio de 2014; Corte de Apelaciones de Rancagua. Sala Civil. Sentencia del 30 de marzo de 2012; Corte de Apelaciones de Concepción. Sala Civil. Sentencia del 23 de agosto de 2016; Corte Suprema. Sala Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2015; Corte Suprema. Sala Primera. Sentencia del 26 de abril de 2017. Todas visibles en la Plataforma Digital vlex.com.
� SOMARRIVA UNDURRUGA, Manuel. Las Obligaciones y los Contratos ante la Jurisprudencia. 1939. Págs. 223-224.
� Sentencia del 17 de abril de 2017.
� GÓMEZ ESTRADA, César. De los Principales Contratos Civiles. 2008. Págs. 444-445.
� GÓMEZ ESTRADA, César. De los Principales Contratos Civiles. 2008. Págs. 444-445.
� SALAMANCA, Hernán. Derecho Civil. Curso IV. Contratos. 1970. Pág. 263.
� SSC CSJ del 30 de noviembre de 1940 (M.P. Daniel Anzola); del 17 de abril de 1941 (M.P. Fulgencio Lequerica Vélez); del 17 de febrero de 1945 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); del 10 de agosto de 1945 (M.P. Hernán Salamanca); del 25 de noviembre de 1997 (M.P. Jorge A. Castillo); del 12 de diciembre de 2007 (M.P. Jaime A. Arrubla); del 16 de diciembre de 2010 (M.P. William Namén Vargas); del 27 de marzo de 2012 (M.P. Jaime A. Arrubla); del 1 de julio de 2014 (Ruth M. Díaz). Entre muchas otras.
� Sobre este aspecto, vale decir, que el contrato de mandato, en la modalidad «representativa», es expresión, como es apenas obvio, de la importante institución de la «representación», véase, en doctrina: ANZOLA, Nicasio. Lecciones Elementales de Derecho Civil Colombiano. Curso Tercero. 1918. Pág. 269; HINESTROSA FORERO, Fernando. La Representación. 2008. Págs. 62-70, 119-120, 122-123, 176-178. En jurisprudencia, especialmente: SSC CSJ del 25 de febrero de 1952 (M.P. Gualberto Rodríguez); del 25 de agosto de 1957 (M.P. Enrique Giraldo Zuluaga); del 13 de diciembre de 1968 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 26 de abril de 1994 (M.P. Héctor Marín); del 17 de abril de 2007 (M.P. Pedro O. Múnar); y del 16 de diciembre de 2010 (M.P. William Namén).
� Consúltense, también: SSC CSJ del 5 de septiembre de 1972 (M.P. Humberto Murcia); y del 25 de febrero de 2009 (M.P. Pedro O. Múnar).
�Sobre el concepto de legitimación, véase: HINESTROSA FORERO, Fernando. La Representación. 2008. Págs. 47-49.
� CSJ SC. del 12 de septiembre de 1941, M.P. Hernán Salamanca, fallo en el cual la Corte deslinda la figura del mandato del arrendamiento de servicios.
� Corte Suprema. Sala Primera. Sentencias del 26 de agosto de 2015 y del 16 de abril de 2017.
� Cfr. SSC CSJ del 3 de julio de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea); del 21 de mayo de 1968 (M.P. Fernando Hinestrosa Forero); y del 1 de julio de 2008 (M.P. William Namén Vargas).
� GÓMEZ ESTRADA, César. De los Principales Contratos Civiles. 2008. Págs. 444-445.
� Cfr. SSC CSJ del 27 de octubre de 1937 (M.P. Liborio Escallón); del 18 de septiembre de 1940 (M.P. José M. Arango); del 27 de febrero de 1941 (M.P. Liborio Escallón); del 29 de mayo de 1942 (M.P. Liborio Escallón); del 24 de julio de 1944 (M.P. Isaías Cepeda); del 13 de diciembre de 1945 (M.P. Hernán Salamanca); del 21 de octubre de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); del 26 de agosto de 1947 (M.P. Álvaro Leal Morales, LXII, no 2050-2051); del 29 de agosto de 1952 (M.P. Alberto Holguín Lloreda); del 16 de abril de 1953 (M.P. Pedro Castillo); del 2 de septiembre de 1954 (M.P. José Hernández); del 26 de agosto de 1955 (M.P. Ignacio Escallón); 28 de agosto de 1958 (José Hernández); 5 de septiembre de 1959 (M.P. Enrique Giraldo); 9 de septiembre de 1959 (M.P. Ignacio Escallón); del 28 de julio de 1960 (M.P. Enrique Coral); del 5 de noviembre de 1962 (M.P. José Hernández); del 17 de junio de 1964 (M.P. José Hernández); del 22 de agosto de 1967 (M.P. Flavio Cabrera Dussán); del 13 y del 21 mayo de 1968 (M.P. Fernando Hinestrosa); del 10 de octubre de 1978 (M.P. Alberto Ospina Botero); del 1 de diciembre de 1981 (M.P. Alberto Ospina Botero). Entre otras.
� SC CSJ del 19 de mayo de 1975. M.P. Ernesto Escallón.
� CSJ. SSC del 12 de agosto de 1971 (M.P. Ricardo Uribe Holguín); 1 de julio de 2008 (M.P. William Namén Vargas); y del 6 de marzo de 2012 (M.P. William Namén Vargas)].
� Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 21 de octubre de 2008. M.P. Germán Valenzuela; Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 16 de julio de 2010. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
� Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 25 de abril de 2007. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.
� Sala Civil-Familia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Sentencia del 20 de abril de 2016. M.P. Abdón Sierra.
� Citado en: GARAVITO, Fernando. Jurisprudencia de los Tribunales. Tomo II. 1908-1910. Pág. 46.
� ANZOLA, Nicasio. Lecciones Elementales de Derecho Civil Colombiano. Curso Tercero. 1918. Pág. 225.
� En similar sentido: SALAMANCA, Hernán. Derecho Civil. Curso IV. Contratos. 1970. Págs. 264-265.
� Sobre la interpretación restrictiva de los términos del poder, véase, también: SALAMANCA, Hernán. Derecho Civil. Curso IV. Contratos. 1970. Pág. 264.
� Cfr. en doctrina: DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo IV. 2010. Págs. 474-475; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Tratado de Contratos. Tomo III. 2013. Págs. 3491-3492.
� DE LA PEZA MUÑOZ, José Luis. De las Obligaciones. 2009. Pág. 179.
� Cfr. por todos: RAMÍREZ BAQUERO, Édgar. La Ineficacia en el Negocio Jurídico. 2008. Págs. 68-69.
� Cfr. VÉLEZ, Fernando. Estudios sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo VI. Págs. 373-374; RODRÍGUEZ PIÑERES, Eduardo. Curso Elemental de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. 1990; ROCHA ALVIRA, Antonio. Lecciones sobre el Derecho Civil Obligaciones. Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez. 2009. Págs. 120-121; PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. Vol. III. Parte Segunda. Obra revisada y actualizada por Alberto Tamayo Lombana. 2012. Pág. 466; CANOSA TORRADO, Fernando. La Resolución de los Contratos. 1985. Págs. 40-41.
� CARDOZO ISAZA, Jorge. Apuntes sobre Obligaciones. 1986. Pág. 166; GONZALEZ GÓMEZ, Eudoro. Las Obligaciones en el Derecho Civil Colombiano. Pág. 133; NOGUERA, Enrique Camilo. De los Contratos. Principios y Nociones. 1998. Págs. 29-30; CADAVID, León Darío. Derecho Civil Obligaciones. 2000. Pág. 90; ROCHA ALVIRA, Antonio. Lecciones sobre el Derecho Civil Obligaciones. Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez. 2009. Págs. 120-121; TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y otras Fuentes. 2004.
�ANZOLA, Nicasio. Lecciones Elementales de Derecho Civil Colombiano. Tomo II. 1918. Págs. 445-446.
� Cfr., en su orden cronológico: SSC CSJ del 24 de agosto de 1938 (M.P. Arturo Tapias Pilonetta); del 11 de mayo de 1942 (M.P. Isaías Cepeda); del 18 de mayo de 1946 (M.P. Pedro Castillo); del 11 de febrero de 1948 (M.P. Pedro Castillo); del 6 de diciembre de 1962 (M.P. José Hernández); del 22 de agosto de 1967 y del 13 de noviembre de 1968 (M.P. Flavio Cabrera Dussán); del 15 de abril de 1969 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 16 de diciembre de 1969 (M.P. Ernesto Cediel); del 15 de diciembre de 1970 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 30 de noviembre de 1994 (M.P. Héctor Marín Naranjo); del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia); y del 6 de marzo de 2012 (M.P. William Namén Vargas). Entre varias otras.
� Ver, entre otros, las obras de Federico De Castro, De Cossio y Corral y, más recientemente, la de Luis Díez Picazo. Resulta, por otra parte, muy curioso que los civilistas españoles, desde hace ya más de siglo y medio, se hayan referido a la rescisión como “la supresión de eficacia aplicada a un contrato válido”. Tal es la definición que ofrece Juan Antonio Seoane: SEOANE, Juan A. Jurisprudencia Civil Vigente Española y Estranjera. 1861. Pág. 604; ver: DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso. Instituciones de Derecho Civil, Tomo I. Págs. 430-431; LACRUZ BERMEJO, José Luis. Manual de Derecho Civil. Pág. 696.
� DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jurídico. 1985. Pág. 520.
� RAMIREZ BAQUERO, Édgar. La Ineficacia en el Negocio Jurídico. 2008. Págs. 74-75.
� En las acciones edilicias ha reconocido la jurisprudencia, en efecto, un típico ejemplo de rescisión: Cfr. SSC CSJ del 13 de junio de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); del 23 de junio de 1955 (M.P. Agustín Gómez); del 8 de noviembre de 1961 (M.P. Enrique Coral Velasco); del 5 de abril de 2001 (M.P. Carlos I. Jaramillo); del 1 de diciembre de 2004 (M.P. Pedro Octavio Múnar); y del 19 de octubre de 2009 (M.P. William Namén Vargas).
� Que la ocurrencia de la lesión de ultra mitad da lugar a la rescisión del contrato de compraventa es tesis larga y uniformemente aceptada por esta Sala. Véase: SSC CSJ del 22 de septiembre de 1915 (M.P. Juan Méndez); del 29 de octubre de 1915 (M.P. Juan Méndez); 24 de agosto de 1938 (M.P. Arturo Tapias); 30 de agosto de 1955 (M.P. José J. Gómez); 28 de julio de 1958 (M.P. Ignacio Escallón); del 5 de mayo de 1968 (M.P. Fernando Hinestrosa); del 14 de octubre de 1976 (M.P. Ricardo Uribe Holguín); del 30 de enero de 2007 (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo); y del 30 de junio de 2011 (M.P. Arturo Solarte). Entre muchas otras.
� La acción pauliana o revocatoria da lugar a la rescisión del contrato. Cfr. SC CSJ del 27 de junio de 1941 (M.P. Liborio Escallón).
� Recuérdese, con propósitos meramente informativos, que en el lenguaje jurídico los conceptos de anulabilidad y nulidad relativa en el Código de Comercio y a nivel doctrinario suelen ser utilizados como sinónimos (art. 900 C.Co).
� SATURNO, Ángelo. Il Mandato. 2002. Págs. 174-192.
� En el sentido recién indicado, véase: SC CSJ del 15 de julio de 2014 (M.P. Ruth M. Díaz).
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