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clave: "corte_suprema:providencia:SC9184-2017 [2009-00244-01]"
titulo: "Corte Suprema: en términos generales, terceros son todas aquellas personas extrañas a la convención"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-03-06"
radicado: "2009-00244-01"
numero: "SC9184-2017"
ponente: "Ariel Salazar Ramírez"
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# Corte Suprema: en términos generales, terceros son todas aquellas personas extrañas a la convención

- **Título oficial / radicado:** SC9184-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-03-06
- **Radicado:** 2009-00244-01
- **Número:** SC9184-2017
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramírez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9184-2017%20%5B2009-00244-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC9184-2017%20%5B2009-00244-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbe1yZXovNi4gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzkxODQtMjAxNyBbMjAwOS0wMDI0NC0wMV0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 222 de 1995
- Constitución Política

## Extracto

Así las cosas, como quiera que la declaratoria de nulidad relativa solicitada en la demanda no es procedente, en virtud que no se dan los presupuestos de la misma, tal como antes se explicó, habrá de revocarse la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda . [Folio 62, c. Tribunal] En términos generales, terceros son todas aquellas personas extrañas a la convención. Cuando se presenta una situación en la que el interés del representante es antagónica o contrapuesta a los intereses de la sociedad en las operaciones directamente concluidas por él, los actos o negocios que dan origen a esa situación son rescindibles a petición del representado (esto es de la sociedad), a menos que haya mediado autorización del órgano facultado para ello, o bien que el contenido del contrato haya tenido en cuenta el modo de excluir la posibilidad del conflicto.

## Texto del documento

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Radicación n° 11001-31-03-021-2009-00244-01
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
SC9184-2017
Radicación n° 11001-31-03-021-2009-00244-01
(Aprobado en sesión del diecinueve de abril de dos mil diecisiete)
Bogotá D.C., veintiocho de junio de dos mil diecisiete.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el doce de julio de dos mil trece, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
La sociedad Mamounia Limitada presentó demanda ordinaria contra la sociedad Investor S.A. para que se declare la nulidad relativa del contrato de hipoteca que ambas personas jurídicas celebraron mediante escritura pública número 7073 del 30 de septiembre de 2008, y se ordene la cancelación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
B. Los hechos
1. Mediante escritura pública número 5520 del 21 de octubre de 2005, suscrita en la Notaría 42 de Bogotá, se constituyó la sociedad comercial denominada Mamounia Ltda.
2. En la Cláusula Quinta de los estatutos se estableció: « Los socios delegan la administración de la sociedad, su representación legal y el uso de la firma en un Gerente, quien podrá actuar a nombre de ella sin limitación. La representación judicial o extrajudicial de la sociedad lleva en sí la facultad de celebrar operaciones comprendidas dentro del giro de los negocios sociales. Parágrafo: El gerente tendrá un suplente que lo remplazará con las mismas facultades en sus faltas absolutas, temporales o accidentales ».
3. Como gerente de la sociedad Mamounia Ltda. se nombró a la señora Alicia Huertas Escallón y como suplente al señor Luis Felipe Samper Dávila, quienes estaban casados entre sí.
4. El 6 de diciembre de 2005 la sociedad Mamounia Ltda. compró el Lote Nº R-5 del Conjunto Recreacional Campestre Mesa de Yeguas.
5. El 3 de mayo de 2006 la sociedad compró el Lote Nº R-4 del mismo conjunto recreacional, y en la escritura de compraventa se englobó este inmueble con el Lote Nº R-5. Al predio englobado se le asignó el folio de matrícula número 166-76651.
6. Según certificado catastral expedido por el Instituto Agustín Codazzi, el precio del inmueble englobado asciende a la suma de $992’739.000. [Folio 104, cuaderno 1]
7. El 30 de septiembre de 2008 Luis Felipe Samper, actuando como gerente suplente, constituyó hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía sobre el lote englobado, a favor de la sociedad Investor S.A., de la cual era socio y representante legal para ese momento.
8. La señora Alicia Huertas Escallón, gerente de Mamounia Ltda., no estaba fuera de la ciudad ni tenía incapacidad o impedimento que pudiese constituir falta absoluta, temporal o accidental que le hubiera impedido celebrar los negocios concernientes al giro ordinario del objeto social de su representada, por lo que el suplente Luis Felipe Samper Dávila no podía ejercer válidamente la representación legal de la sociedad en el acto de constitución de la hipoteca.
9. Con fundamento en esos hechos la demandante solicitó la nulidad del mencionado negocio de constitución de hipoteca.
C. Excepciones formuladas por la demandada.
La sociedad Investor S.A., en su calidad de demandada, propuso las excepciones que denominó: “ buena fe e indemnidad de Investor S.A. ”, “ efectiva ocurrencia de la falta del gerente ”, “ Mamounia no puede venirse contra sus propios hechos ”; y “ mala fe de la sociedad demandante ”.
D. El fallo de primera instancia
El sentenciador a quo accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la hipoteca contenida en la escritura pública número 7073 del 30 de septiembre de 2008, porque la persona que actuó como representante legal de la demandante no tenía capacidad legal para celebrar ese contrato.
E. La sentencia impugnada
Al resolver la apelación que interpuso la parte demandada, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia porque, a pesar de haberse demostrado en el proceso que el suplente actuó en remplazo de la gerente sin que ésta estuviera impedida o incapacitada en el momento en que se celebró la hipoteca, la acción que rige la controversia jurídica es la inoponibilidad y no la nulidad relativa que se invocó en la demanda; y como el juez no está facultado para interpretar el petitum , concluyó que debían negarse las pretensiones.
Concretamente, señaló:
« Así las cosas, como quiera que la declaratoria de nulidad relativa solicitada en la demanda no es procedente, en virtud que no se dan los presupuestos de la misma, tal como antes se explicó, habrá de revocarse la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda ». [Folio 62, c. Tribunal]
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La parte actora formuló demanda de casación con invocación de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la cual fraccionó en dos cargos, uno por violación directa de la ley sustancial, y otro por la vía indirecta, por errores en la valoración de las pruebas.
CARGO PRIMERO
Se sustentó en la violación directa de los artículos 6, 1501, 1502, 1741 y 2432 del Código Civil, los artículos 832, 833, 838, 899 y 900 del Código de Comercio; el artículo 29 de la Constitución Nacional; y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicación; y por infracción de los artículos 838, 841 y 901 del Código de Comercio; y 1505 y 2186 del Código Civil, por aplicación indebida.
Para demostrar el cargo, indicó que con independencia del entendimiento doctrinal que se tenga sobre si el caso estaba regido o no por el concepto de la inoponibilidad, lo cierto es que la pretensión de la actora, encaminada a destruir los efectos del negocio anómalo, era perfectamente inteligible con un mínimo esfuerzo interpretativo por parte del Tribunal, encaminado a superar tan sutil obstáculo. Pero como un error de tal linaje tiene que ver con la vía indirecta de la causal primera, lo dejó reservado para ser formulado en un cargo aparte. [Folio 24]
Afirmó que de conformidad con lo establecido por el artículo 838 del Código de Comercio, « el negocio jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado ».
Según el casacionista, el significado de la anterior disposición era suficiente para que el sentenciador declarara la nulidad del contrato, toda vez que se probó en el proceso el supuesto de hecho que dio origen a la controversia, esto es la actuación del representante en manifiesta contraposición de los intereses de la sociedad representada.
Por ello –continuó– « si en el campo mercantil cabe la inoponibilidad formal o la material, discusión doctrinal y jurisprudencial existente en nuestro derecho patrio, es una discusión que no tienen por qué padecer quienes ejercitan su derecho de acción frente a la jurisdicción ». [Folio 26]
Para demostrar su argumento, realizó un recuento histórico de la figura de la inoponibilidad en la doctrina y la jurisprudencia, aclarando que en todo caso ese instituto es “una especie más de ineficacia del negocio jurídico ”.
Agregó que dentro de la discusión doctrinal, es válida la tesis según la cual « la inoponibilidad no es más que una especie de nulidad caracterizada precisamente por los sujetos que pueden invocarla, que son solamente los terceros. El acto es ineficaz frente a los terceros pero eficaz entre las partes. La nulidad deja el acto sin efectos entre las partes y consecuentemente frente a todo el mundo, mientras la inoponibilidad deja subsistiendo los efectos del acto entre las partes ». [Folio 27]
Con apoyo en la doctrina comparada, explicó que « de una manera general la inoponibilidad es la ineficacia a la mirada de los terceros, en tanto que la nulidad es la ineficacia a la mirada de las partes ».
La inoponibilidad, por tanto, es un mecanismo jurídico para proteger los intereses de los terceros relativos, es decir aquéllos que no son parte de la relación contractual cuya eficacia se cuestiona, pero resultan afectados por ella en virtud de un negocio jurídico distinto. Por ello, la función de esta figura es salvaguardar los derechos de los terceros relativos cuando el acto no cumple con los requisitos de publicidad establecidos por la ley para que sea oponible a toda persona. De ahí que considerar la existencia de una “ inoponibilidad material o de fondo ” no prevista por la ley no es más que una discusión doctrinal sin arraigo jurídico, que se convierte en una sanción o castigo sin texto legal que la consagre expresamente, lo que violaría el derecho sustancial superior al debido proceso, así como las disposiciones legales que rigen el instituto de las nulidades civiles y mercantiles.
Lo anterior –indicó– está soportado en la jurisprudencia reciente de esta Corte, que en fallo de 15 de agosto de 2006 precisó que la figura de la inoponibilidad requiere de dos condiciones prácticas: 1) que la validez del contrato entre las partes sea incontrovertible; y 2) que la parte que se beneficia con ella no resulte afectada por el negocio jurídico. [Folio 31]
Para concluir su argumento, manifestó que en el presente caso no se cumple ninguna de esas dos situaciones, porque por un lado, el negocio carece de consentimiento y capacidad, porque el representante de la sociedad no podía actuar sino en faltas temporales o absolutas del gerente, lo que no ocurrió; y, por el otro, la sociedad demandante resultó afectada con el acto, pues se hipotecó su único activo. [Folio 32]
Ninguna solución práctica, entonces, le reportaría a la sociedad demandante una sentencia que se limite a declarar que el negocio le es inoponible, pues lo cierto es que en la realidad no sólo le es oponible sino que el inmueble salió ilegítimamente de su patrimonio, y este efecto práctico no es una ilusión que pueda disiparse con el simple acto de decir que la hipoteca no le afecta, porque sea cual fuere la discusión teórica que tal hecho suscite, la única solución posible para restaurar el derecho lesionado es aniquilar judicialmente los efectos nocivos que el contrato produjo entre las partes, lo cual sólo se consigue con la declaratoria de nulidad. Al respecto sostuvo:
« Existe una escritura contentiva del contrato de hipoteca y un registro del gravamen en su matrícula inmobiliaria que dio lugar al surgimiento de un derecho real de hipoteca, actos jurídicos que deben ser aniquilados; y esto no se consigue con la inoponibilidad así aceptemos en gracia de discusión que ésta cabe en el sistema jurídico patrio ». [Folio 33]
Por tales razones –concluyó– el Tribunal Superior de Bogotá se equivocó al aplicar indebidamente el artículo 901 del Código de Comercio (que consagra la inoponibilidad formal) a un caso que no se rige por esa disposición; lo que estimó una razón suficiente para que la Corte case el fallo de segunda instancia y, en su lugar, confirme la sentencia que profirió el juzgador de primer grado.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar las mismas normas sustanciales señaladas en el cargo anterior, como consecuencia de errores de hecho en la interpretación de la demanda.
Para demostrar su argumento, recordó que el Tribunal tuvo por demostrado el supuesto de hecho de la proposición normativa que permite rescindir o anular el contrato de hipoteca, pues no se probó la condición consagrada en los estatutos de la sociedad Mamounia Ltda., según los cuales el suplente podía remplazar a la gerente únicamente en sus faltas temporales o absolutas. Como no se probó tal ausencia, ni la ratificación de la actuación irregular del suplente por la representante de la sociedad demandante, no hay ninguna discrepancia respecto de los hechos en que se sustentó la controversia jurídica.
El problema jurídico radica en la calificación de la acción que interpuso la actora al invocar la aniquilación de los efectos jurídicos de la hipoteca que celebró el representante suplente de la sociedad Mamounia sin tener facultades estatutarias para ello.
Según el Tribunal, tal acción corresponde a una “inoponibilidad” y no a la nulidad relativa que solicitó la actora, lo que lo condujo a negar las pretensiones, pues, en su sentir, los jueces no están facultados para alterar el petitum bajo la excusa de interpretar su sentido originario.
Frente a tal manera de razonar, el casacionista adujo –sin entrar en una discusión dogmática sobre si lo que debía pedirse era la inoponibilidad o la nulidad– que el Tribunal bien pudo superar la discusión haciendo una interpretación de la demanda, pero no quiso hacerlo bajo un entendimiento equivocado y sesgado de lo que debe ser dicha interpretación. [Folio 37]
« Si en algo se puede y justifica la interpretación de la demanda –razonó el recurrente–, es en casos como el presente, donde no hay discusión sobre la prueba de los hechos; se sabe

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

� Cfr. SSC CSJ del 27 de octubre de 1937 (M.P. Liborio Escallón); del 18 de septiembre de 1940 (M.P. José M. Arango); del 27 de febrero de 1941 (M.P. Liborio Escallón); del 29 de mayo de 1942 (M.P. Liborio Escallón); del 24 de julio de 1944 (M.P. Isaías Cepeda); del 13 de diciembre de 1945 (M.P. Hernán Salamanca); del 21 de octubre de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); del 26 de agosto de 1947 (M.P. Álvaro Leal Morales, LXII, no 2050-2051); del 29 de agosto de 1952 (M.P. Alberto Holguín Lloreda); del 16 de abril de 1953 (M.P. Pedro Castillo); del 2 de septiembre de 1954 (M.P. José Hernández); del 26 de agosto de 1955 (M.P. Ignacio Escallón); 28 de agosto de 1958 (José Hernández); 5 de septiembre de 1959 (M.P. Enrique Giraldo); 9 de septiembre de 1959 (M.P. Ignacio Escallón); del 28 de julio de 1960 (M.P. Enrique Coral); del 5 de noviembre de 1962 (M.P. José Hernández); del 17 de junio de 1964 (M.P. José Hernández); del 22 de agosto de 1967 (M.P. Flavio Cabrera Dussán); del 13 y del 21 mayo de 1968 (M.P. Fernando Hinestrosa); del 10 de octubre de 1978 (M.P. Alberto Ospina Botero); del 1 de diciembre de 1981 (M.P. Alberto Ospina Botero). Entre otras.
� SC CSJ del 19 de mayo de 1975. M.P. Ernesto Escallón.
� CSJ. SSC del 12 de agosto de 1971 (M.P. Ricardo Uribe Holguín); 1 de julio de 2008 (M.P. William Namén Vargas); y del 6 de marzo de 2012 (M.P. William Namén Vargas)].
� Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 21 de octubre de 2008. M.P. Germán Valenzuela; Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 16 de julio de 2010. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
� Sala Civil. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia del 25 de abril de 2007. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.
� Sala Civil-Familia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Sentencia del 20 de abril de 2016. M.P. Abdón Sierra.
� Citado en: GARAVITO, Fernando. Jurisprudencia de los Tribunales. Tomo II. 1908-1910. Pág. 46.
� ANZOLA, Nicasio. Lecciones Elementales de Derecho Civil Colombiano. Curso Tercero. 1918. Pág. 225.
� En similar sentido: SALAMANCA, Hernán. Derecho Civil. Curso IV. Contratos. 1970. Págs. 264-265.
� Sobre la interpretación restrictiva de los términos del poder, véase, también: SALAMANCA, Hernán. Derecho Civil. Curso IV. Contratos. 1970. Pág. 264.
� Cfr. en doctrina: DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo IV. 2010. Págs. 474-475; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Tratado de Contratos. Tomo III. 2013. Págs. 3491-3492.
� DE LA PEZA MUÑOZ, José Luis. De las Obligaciones. 2009. Pág. 179.
� Cfr. por todos: RAMÍREZ BAQUERO, Édgar. La Ineficacia en el Negocio Jurídico. 2008. Págs. 68-69.
� Cfr. VÉLEZ, Fernando. Estudios sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo VI. Págs. 373-374; RODRÍGUEZ PIÑERES, Eduardo. Curso Elemental de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. 1990; ROCHA ALVIRA, Antonio. Lecciones sobre el Derecho Civil Obligaciones. Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez. 2009. Págs. 120-121; PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. Vol. III. Parte Segunda. Obra revisada y actualizada por Alberto Tamayo Lombana. 2012. Pág. 466; CANOSA TORRADO, Fernando. La Resolución de los Contratos. 1985. Págs. 40-41.
� CARDOZO ISAZA, Jorge. Apuntes sobre Obligaciones. 1986. Pág. 166; GONZALEZ GÓMEZ, Eudoro. Las Obligaciones en el Derecho Civil Colombiano. Pág. 133; NOGUERA, Enrique Camilo. De los Contratos. Principios y Nociones. 1998. Págs. 29-30; CADAVID, León Darío. Derecho Civil Obligaciones. 2000. Pág. 90; ROCHA ALVIRA, Antonio. Lecciones sobre el Derecho Civil Obligaciones. Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez. 2009. Págs. 120-121; TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y otras Fuentes. 2004.
�ANZOLA, Nicasio. Lecciones Elementales de Derecho Civil Colombiano. Tomo II. 1918. Págs. 445-446.
� Cfr., en su orden cronológico: SSC CSJ del 24 de agosto de 1938 (M.P. Arturo Tapias Pilonetta); del 11 de mayo de 1942 (M.P. Isaías Cepeda); del 18 de mayo de 1946 (M.P. Pedro Castillo); del 11 de febrero de 1948 (M.P. Pedro Castillo); del 6 de diciembre de 1962 (M.P. José Hernández); del 22 de agosto de 1967 y del 13 de noviembre de 1968 (M.P. Flavio Cabrera Dussán); del 15 de abril de 1969 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 16 de diciembre de 1969 (M.P. Ernesto Cediel); del 15 de diciembre de 1970 (M.P. Guillermo Ospina Fernández); del 30 de noviembre de 1994 (M.P. Héctor Marín Naranjo); del 15 de agosto de 2006 (M.P. César J. Valencia); y del 6 de marzo de 2012 (M.P. William Namén Vargas). Entre varias otras.
� Ver, entre otros, las obras de Federico De Castro, De Cossio y Corral y, más recientemente, la de Luis Díez Picazo. Resulta, por otra parte, muy curioso que los civilistas españoles, desde hace ya más de siglo y medio, se hayan referido a la rescisión como “la supresión de eficacia aplicada a un contrato válido”. Tal es la definición que ofrece Juan Antonio Seoane: SEOANE, Juan A. Jurisprudencia Civil Vigente Española y Estranjera. 1861. Pág. 604; ver: DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso. Instituciones de Derecho Civil, Tomo I. Págs. 430-431; LACRUZ BERMEJO, José Luis. Manual de Derecho Civil. Pág. 696.
� DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jurídico. 1985. Pág. 520.
� RAMIREZ BAQUERO, Édgar. La Ineficacia en el Negocio Jurídico. 2008. Págs. 74-75.
� En las acciones edilicias ha reconocido la jurisprudencia, en efecto, un típico ejemplo de rescisión: Cfr. SSC CSJ del 13 de junio de 1946 (M.P. Manuel José Vargas); del 23 de junio de 1955 (M.P. Agustín Gómez); del 8 de noviembre de 1961 (M.P. Enrique Coral Velasco); del 5 de abril de 2001 (M.P. Carlos I. Jaramillo); del 1 de diciembre de 2004 (M.P. Pedro Octavio Múnar); y del 19 de octubre de 2009 (M.P. William Namén Vargas).
� Que la ocurrencia de la lesión de ultra mitad da lugar a la rescisión del contrato de compraventa es tesis larga y uniformemente aceptada por esta Sala. Véase: SSC CSJ del 22 de septiembre de 1915 (M.P. Juan Méndez); del 29 de octubre de 1915 (M.P. Juan Méndez); 24 de agosto de 1938 (M.P. Arturo Tapias); 30 de agosto de 1955 (M.P. José J. Gómez); 28 de julio de 1958 (M.P. Ignacio Escallón); del 5 de mayo de 1968 (M.P. Fernando Hinestrosa); del 14 de octubre de 1976 (M.P. Ricardo Uribe Holguín); del 30 de enero de 2007 (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo); y del 30 de junio de 2011 (M.P. Arturo Solarte). Entre muchas otras.
� La acción pauliana o revocatoria da lugar a la rescisión del contrato. Cfr. SC CSJ del 27 de junio de 1941 (M.P. Liborio Escallón).
� Recuérdese, con propósitos meramente informativos, que en el lenguaje jurídico los conceptos de anulabilidad y nulidad relativa en el Código de Comercio y a nivel doctrinario suelen ser utilizados como sinónimos (art. 900 C.Co).
� SATURNO, Ángelo. Il Mandato. 2002. Págs. 174-192.
� En el sentido recién indicado, véase: SC CSJ del 15 de julio de 2014 (M.P. Ruth M. Díaz).
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC9184-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-03-06. C.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 2009-00244-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9184-2017%20%5B2009-00244-01%5D).
