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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC713-2022
Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-01197-00
(Aprobado en sesión de diez de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintidós
(2022).
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y
por fuera de audiencia, que decide el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por Comunicación Celular S.A. –
COMCEL S.A. contra el laudo arbitral proferido el 4 de abril
de 2019 por el Tribunal Arbitral convocado por el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
a petición de la demandante Celulares y Tecnología S.A.S. -
CELUTEC S.A.S., hoy Inversiones Martínez B y Cía. S.A.S. –
en liquidación.
I. ANTECEDENTES
1. La sociedad CELUTEC S.A.S. (en adelante
CELUTEC) propuso demanda arbitral en contra de COMCEL
S.A. (en adelante COMCEL), solicitando se declarara que
entre aquellas existió una relación jurídica patrimonial
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regulada a través de los contratos n.° 726 del 25 de
septiembre de 1997 y n.° 816 del 2 de julio de 1998, conforme
a los cuales la convocante asumió por cuenta de la convocada
y a cambio de una remuneración, el encargo de promover y
explotar el negocio de telefonía móvil celular en el occidente
del país.
Afirmó la demandante que el contrato celebrado entre
las partes fue de adhesión y que sus características
respondían a un convenio típico de agencia comercial, no
obstante COMCEL buscó evadir las consecuencias propias
de esa figura jurídica al incorporar en el pacto cláusulas de
elusión, minimización, renuncia y exclusión de la agencia, en
virtud de su posición de dominio contractual.
Aseguró la convocante que COMCEL incumplió las
estipulaciones contenidas en el contrato, terminado el 28 de
abril de 2017 sin justa causa y de manera unilateral,
situación que hacía exigible la prestación mercantil
establecida en el inciso 1° del artículo 1324 del Código de
Comercio y la indemnización especial contenida en el inciso
2° de la misma disposición.
2. COMCEL contestó oportunamente el libelo inicial
oponiéndose a las pretensiones, formulando excepciones de
mérito1 tendientes a desvirtuar la existencia de una relación
1 Las excepciones propuestas por la demandada fueron las siguientes: «Falta de jurisdicción»,
«Prescripción», «Las obligaciones que hubieran tenido como causa el contrato de distribución
celebrado en el 2006 no pueden ser objeto de la presente controversia», «No puede Celutec desconocer
su propios actos eceptio doli», «No es posible predicar los elementos esenciales de la agencia comercial
respecto del contrato de distribución No. 816 de 1998», «Comcel no tiene una posición contractual
dominante respecto de Celutec», «No se configuran los presupuestos para que pueda predicarse que
Comcel ha ejercido un abuso de posición dominante sobre Celutec»; «No se han configurado los
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de agencia comercial entre las partes, y objetando el
juramento estimatorio. Adicionalmente, promovió demanda
de reconvención en contra de CELUTEC buscando la
declaratoria de
incumplimiento del contrato
816 de 1998,
pretensión a la que, a su vez, se opuso la demandante inicial.
3. El 4 de abril de 2019 el Tribunal Arbitral profirió
el laudo con el que se dirimió la controversia, accediendo
parcialmente a las pretensiones elevadas por la demandante
por encontrar probada la existencia de una única relación
jurídica patrimonial entre las partes, que fue de adhesión y
en la que COMCEL tuvo la posición de dominio contractual,
y que correspondió a un convenio típico de agencia mercantil.
En consecuencia, declaró la nulidad de las cláusulas
leoninas que buscaban eludir los efectos del contrato de
agencia y condenó a la convocada al pago de la prestación
mercantil y a la indemnización contempladas en el artículo
1324 del Código de Comercio, los intereses moratorios y el
lucro cesante por comisiones; rubros que representaron una
condena superior a los $15.000´000.000.
elementos necesarios para que pueda alegarse válidamente la nulidad absoluta, en todo caso cualquier
nulidad absoluta emanada del contrato de distribución 816 de 1998 y/o sus cláusulas se encuentra
saneada»; «No puede Celutec solicitar a los árbitros que interpreten cláusulas que en su redacción no
contienen ninguna ambigüedad», «Celutec renunció expresamente al pago de cualquier indemnización;
pago o compensación que Comcel debiera realizar como consecuencia de contrato de distribución»,
«Comcel ya habría pagado anticipadamente las indemnizaciones y prestaciones que la convocante
alega», «Comcel y Celutec suscribieron actas de transacción conciliación y compensación de cuentas
en las cuales cualquier indemnización o reclamación quedó transigida», «Compensación», «Comcel no
ha incumplido ninguna de las obligaciones contractuales a su cargo», «Comcel no ha ejercido
abusivamente ninguno de los derechos que le asisten», «Comcel no se ha enriquecido sin justa causa»,
«No hay lugar a indemnización alguna toda vez que el contrato de distribución fue terminado de forma
unilateral por Celutec», «La convocante no tiene derecho de retención sobre los bienes y activos de
Comcel», «Los laudos referidos por la convocante no son aplicables al presente caso, ni son vinculantes
para los H. Árbitros», «La jurisdicción civil, al resolver litigios análogos al que se discute en el presente
proceso, ha encontrado ajustada a la ley la relación contractual y la conducta de Comcel», «Las
transacciones realizadas y no ha existido abuso en la redacción de los contratos en litigio».
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4. La demanda de reconvención presentada por
COMCEL fue desestimada, por no encontrar incumplimiento
grave de las obligaciones contractuales a cargo de CELUTEC
ni la existencia de daño alguno que pudiera comprometer su
responsabilidad.
5. El 12 de abril de 2019 se resolvieron las solicitudes
de aclaración, corrección, adición y complementación
propuestas por ambas partes respecto del laudo arbitral,
disponiendo únicamente la corrección por error aritmético de
los intereses moratorios.
6. La demandada COMCEL presentó recurso
extraordinario de anulación en contra del referido laudo,
alegando la configuración de las causales consagradas en los
numerales 2, 3, 6, 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 y proponiendo como causal de nulidad la ausencia de
interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, al
amparo de los artículos 33 del Tratado de Constitución
(Decisión 472) y 123 de la Decisión 500 de 2011.
Mediante sentencia del 5 de junio de 2020, la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá rechazó el recurso en lo
concerniente a la falta de interpretación prejudicial, puesto
que la supuesta omisión no se encuentra dentro de las
taxativas causales del recurso de anulación: «de la lectura del
artículo 41 de la mencionada ley, tal exigencia no aparece establecida
expresamente como requisito para pronunciarnos sobre su procedencia,
lo que cierra el camino para su revisión de fondo, dado el carácter
excepcional que caracteriza esta impugnación extraordinaria».
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Aunado a ello, declaró infundado el recurso en lo
restante, por no encontrar probadas la alegada falta de
competencia, la composición indebida del Tribunal, el
vencimiento del término para emitir el laudo, el
pronunciamiento citra y extra petita ni la contradicción entre
las determinaciones de la decisión arbitral.
II. EL RECURSO DE REVISIÓN Y SU TRÁMITE
1. Con fundamento en la causal octava de revisión
prevista en el artículo 355 del Código General del Proceso, la
demandante solicitó declarar la nulidad del laudo emitido por
el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el litigio
CELUTEC S.A.S Vs. COMCEL S.A., «por omitir el mecanismo de
interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina al respecto de las disposiciones normativas
emanadas del derecho comunitario de la CAN»2.
2. Alega la censora que el laudo proferido se
encuentra viciado de nulidad debido a que los árbitros no
solicitaron la interpretación prejudicial que era obligatoria a
la luz de lo ordenado en el Tratado de la Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (Decisiones
472 de 1999 y 500 de 2001 de la CAN), motivo por el cual el
Tribunal Arbitral estaba en la obligación de promover la
consulta ante esa entidad antes de proferir el laudo.
2 Demanda de revisión asignada mediante acta individual de reparto del 16 de abril
de 2021.
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Al pretermitir esa interpretación judicial, sostiene, se
materializó la nulidad reprochada, configurando como causal
de revisión la referente a la «obligatoriedad del mecanismo de
consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones»,
pese a la inexistencia de requerimiento previo por alguna de
las partes, pues el mismo le es exigible a la autoridad judicial
incluso de oficio.
Afirma la sociedad opugnante que la ausencia de esa
interpretación prejudicial trasgrede la garantía fundamental
al debido proceso, advirtiendo que el orden jurídico de la
Comunidad Andina de Naciones debe ser aplicado de manera
directa y preferente por los jueces nacionales, entre los que
se encuentran los árbitros en ejercicio de sus funciones
judiciales.
Señala, además, que para dirimir la controversia entre
COMCEL y CELUTEC debían involucrarse necesariamente
las Decisiones 462 de 1999, 486 de 2000, 351 de 1993 y 608
de 2005.
3. Para cumplir con el requisito de la causal 8° de
revisión, informó la recurrente extraordinaria que contra el
laudo atacado no procede el recurso de apelación, tampoco
el recurso de anulación porque la ausencia de interpretación
prejudicial no está consagrada como causal en el artículo 41
de la Ley 1563 de 2012, de modo que el único medio de
impugnación procedente es el recurso extraordinario de
revisión.
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4. En virtud de lo anterior, pretende que se anule el
laudo cuestionado por omisión de la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
y que, en consecuencia, profiera la Corte la sentencia que en
derecho corresponda, previa consulta sobre la interpretación
de las normas comunitarias que debieron tenerse en cuenta
al resolver la controversia.
5. En el auto inadmisorio de la demanda, se requirió
a la demandante en revisión para que informara
concretamente qué normas comunitarias fueron o debieron
ser aplicadas en el proceso arbitral. En el escrito de
subsanación, se indicaron las disposiciones andinas que,
según su alegato, debieron ser empleadas en la resolución
del caso.
6. La demanda de revisión presentada por COMCEL
fue admitida a través de auto del 9 de junio de 2021,
modificado mediante providencia del 7 de julio siguiente en
el sentido de reconocer que con ocasión de la disolución y
liquidación de la sociedad convocante en el proceso arbitral,
funge como opositora en revisión la sociedad Inversiones
Martínez B. & Cía. S.A.S. – en Liquidación, única socia de la
extinta CELUTEC S.A.S.
7. La sociedad convocada dio oportuna contestación
a la demanda de revisión relievando que ninguno de los
problemas jurídicos del litigio primigenio se resolvía a la luz
de las normas que conforman el ordenamiento de la
Comunidad Andina, y que en el proceso tampoco se alegó ni
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se controvirtió norma comunitaria alguna, motivo por el cual
el Tribunal de Arbitramento no debía tramitar la
interpretación prejudicial contenida en el artículo 123 de la
Decisión 500 de 2001.
Señaló que los motivos invocados por COMCEL son los
mismos que pudo exponer en el proceso arbitral para
solicitar el trámite de la consulta y la consecuente
suspensión del proceso, y que al no haberlo hecho en su
oportunidad se configuró el «saneamiento de la nulidad que ahora
pretende revivir en sede extraordinaria de revisión»; esto sumado a
que COMCEL actuó en el proceso después de proferido el
laudo sin proponer la nulidad, lo que refuerza el argumento
del saneamiento de la posible irregularidad.
Propuso como excepciones de mérito las denominadas
«En la litis arbitral no debía aplicarse alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En la litis
arbitral no se controvirtió alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. EL TRIBUNAL, entonces,
no debía tramitar la interpretación prejudicial andina a que se refiere el
Art. 123 de la Decisión 500 de 2001», «La nulidad que COMCEL pretende
revivir en sede extraordinaria de anulación está saneada. COMCEL
carece de legitimidad para proponerla», «El recurso extraordinario de
revisión se presentó extemporáneamente», «COMCEL aceptó la validez
del LAUDO. Teoría de los Actos Propios» y «La genérica».
8. Ante la inexistencia de solicitud de medios de
convicción que ameritaran su práctica, por auto del 3 de
noviembre de 2021 se dispuso el decreto de pruebas limitado
a las documentales, razón por la cual no se vio necesidad de
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fijar audiencia y se anunció la adopción de la sentencia
anticipada.
III. CONSIDERACIONES
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado.
Conforme lo ha sostenido esta Corporación, cuando no
existen pruebas pendientes de práctica –como ocurre en este
caso–, resulta procedente resolver el litigio anticipadamente3,
prescindiendo de las etapas procesales que prevé el artículo
358 del Código General del Proceso para el juicio de revisión.
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente:
«(...) el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia,
se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad
causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de
configuración, la naturaleza de la actuación y la clase de pruebas
requeridas para la resolución del asunto, imponen un
pronunciamiento con las características reseñadas.
En efecto, de conformidad con el artículo 278 del Estatuto General
de Procedimiento, el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total
o parcial “en cualquier estado del proceso”, entre otros eventos,
“Cuando no hubiere pruebas por practicar”, siendo este el
supuesto que como se había antelado se edificó en el caso que hoy
ocupa a la Sala, situándola en posición de resolver de fondo y
abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la
esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva
supone la pretermisión de fases procesales previas que de
3 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras.
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ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está
justificada en la realización de los principios de celeridad y
economía que informan el fallo por adelantado en las
excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de
definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática
preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil,
supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es
evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que
es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de
fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado
su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane»
(CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ
SC3107-2019, 12 ago., entre otras).
Por lo anterior, es viable resolver de fondo el asunto a
través de sentencia anticipada.
2. El recurso extraordinario de revisión.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012,
el laudo arbitral es susceptible del recurso de revisión por las
causales y mediante el trámite señalado en las normas de
procedimiento civil. Dadas sus particularidades, ha sido
estatuido como un medio de impugnación extraordinario de
las sentencias y los laudos en firme, con miras a enmendar
los yerros cometidos en su emisión, específicamente
contemplados en las causales establecidas con el fin de evitar
la transgresión de principios como los de seguridad jurídica
y cosa juzgada.
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Cuando se trata de motivos como el aquí invocado, debe
tenerse en cuenta que la nulidad que surge de la sentencia
tiene que ser de naturaleza procesal y que su alegación debe
responder a la taxatividad que impera en la materia, en
virtud de la cual solo las irregularidades de índole
procedimental expresamente señaladas en la ley podrán
estructurar el vicio en mención, siendo improcedente la
ampliación de la sanción a supuestos no contemplados en la
norma o a la alegación genérica de la violación del debido
proceso.
Sobre dicha causal ha señalado la Corte:
«[se trata de] las irregularidades en que, al tiempo de proferir la
sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación,
pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad,
como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o
perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte;
o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el
proceso” (CXLVIII, 1985).
De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que
surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la
finalidad del recurso de revisión se dirige a “abolir una sentencia
cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha
vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de
defensa” (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421).
Es decir que ha de tratarse de “una irregularidad que pueda caber
en los casos específicamente señalados por el legislador como
motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el
procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien
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conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual
significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son
estrictamente aquellos que –a más de estar expresamente
previstos (...)– …se hayan configurado exactamente en la
sentencia y no antes” (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001).” (CSJ
SC, 29 ago. 2008. Rad. 2004-00729)» (CSJ SC9228-2017, 29
jun.).
Conforme a lo anterior, puede concluirse que la
irregularidad contenida en el laudo que se afirma nulo debe
responder a las causales de nulidad consagradas en la
normativa, y debe ser de naturaleza estrictamente procesal,
pues en su alegación no caben los reproches de índole
sustancial que puedan endilgarse a la decisión en la medida
en que el recurso extraordinario está estructurado para dejar
sin efecto una providencia que, en virtud de hechos externos
al proceso, ha vulnerado gravemente las garantías procesales
y exige la intervención del juzgador.
3. La ausencia de interpretación prejudicial como
causal de nulidad de la sentencia.
3.1. El carácter vinculante del derecho
comunitario.
Con la Constitución Política de 1991 se hizo expresa la
voluntad nacional de adaptarse a las tendencias
globalizadoras y colaborativas que marcaban el rumbo del
contexto internacional. Desde el Preámbulo, Colombia
advirtió su compromiso de «impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana» y más adelante lo reforzó en el artículo 227
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Superior, haciendo propia la labor de promover «la integración
económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con
los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de
tratados que, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen
organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad
latinoamericana de naciones».
Ese reconocimiento abierto y generalizado reafirmó una
voluntad asociativa que de tiempo atrás se había
materializado en distintos mecanismos concretos de
cooperación trasfronteriza. El Acuerdo de Integración
Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 es una muestra
de esa aspiración colectiva. Suscrito inicialmente por los
gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y
aprobado a nivel interno mediante la Ley 8ª de 1973, el
también llamado Acuerdo de Cartagena se fijó como
propósito «promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países
Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la
cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación
de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común
latinoamericano (…)» (artículo 1º).
Los preceptos que lo componen, y que responden a la
idea de un tratado marco (C-231 de 1997), se erigen no solo
como herramientas de colaboración internacional, sino de
verdadera integración, en la medida en que contemplan la
creación de un ordenamiento jurídico comunitario,
conformado por normas e instituciones a las cuales las
naciones participantes cedieron una parte de sus potestades
reguladoras en las materias económicas allí previstas,
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reconociendo, por contera, la obligatoriedad automática de
las decisiones que los órganos comunitarios emitan sobre
tales asuntos.
Al estudiar la exequibilidad del Acuerdo, esta
Corporación precisó:
«la adquisición de poderes reguladores por los organismos
comunitarios, en el derecho de integración económica, viene de un
traslado de competencias que las partes contratantes le hacen
voluntaria e inicialmente, en el tratado constitutivo. Y así se opera,
pues, según terminología corriente, un cambio, una cesión, un
tránsito de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional. Sean
cuales fueren las denominaciones apropiadas, en la integración
económica de varios países constituye nota relevante y diferencial
que éstos pierden potestades legislativas que ejercían con
exclusividad por medio de disposiciones de derecho interno sobre
materias determinadas y que las ganen a su favor los organismos
regionales» (CSJ, sent. 27 de febrero de 1973, G.J. 2393-
2394, p. 30-31).
Sobre el mismo particular, la Corte Constitucional
anotó que,
«el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el
Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una
organización de esta índole se desprendan de determinadas
atribuciones que, a través de un tratado internacional, son
asumidas por el organismo supranacional que adquiere la
competencia de regular de manera uniforme para todos los países
miembros sobre las precisas materias que le han sido
transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica
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de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan
efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de
los países miembros del tratado de integración, que no se derivan
del común de las normas de derecho internacional. Por una parte,
esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos
nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a
sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional
cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En
segundo lugar, la legislación expedida por el organismo
supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas
nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso
de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) -
dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional»
(sent. C-137 de 1996).
Como parte de su estructura orgánica, el Acuerdo
previó la creación de un Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (art. 6º), encargado, entre otras cosas, de
procurar la uniformidad de las normas comunitarias y su
armonización con la jurisprudencia interna de cada país
participante (art. 32, Decisión 472 de 1999). En
consideración a la aplicabilidad inmediata y a la eficacia
directa de los preceptos que componen ese ordenamiento
supranacional4, se le encargó la labor de dotar a las
instituciones judiciales nacionales de las herramientas y la
información necesaria para asegurar que sus
pronunciamientos, en aquellos casos en que la controversia
involucre la aplicación de normas propias del derecho
comunitario, honren el alcance y los propósitos que informan
esos preceptos.
4 Cfr. Sentencia SU-081 de 2020.
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En ese sentido, se ha aceptado que el derecho
comunitario andino tiene cuatro características consistentes
en la aplicabilidad inmediata -decisiones adoptadas por los
órganos de la CAN obligan a los países miembros-, la eficacia
directa -la normativa andina forma parte del ordenamiento
interno desde su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo-, la autonomía -el ordenamiento comunitario no
depende ni se subordina al ordenamiento interno- y la
primacía traducida en la prevalencia y aplicación
preferencial.
Las normas comunitarias tienen entonces la misma
jerarquía de las leyes internas en las materias reguladas por
la Comunidad Andina, por lo que su observancia es
obligatoria en aquellos asuntos previstos por la referida
normativa5.
3.2. La interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
En virtud de esa necesidad de unificación normativa en
las materias que interesan al derecho comunitario, se
concibió la interpretación prejudicial entendida como un
«mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta
respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la
finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho
ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina» (art.
5 Cfr. Sentencia SU-081 de 2020.
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2º, lit. a, Acuerdo 08 de 2017 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina).
El Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia
(Decisión 472 de 1999) establece la figura de la interpretación
prejudicial, así:
«Artículo 32. Corresponderá al Tribunal interpretar por vía
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de
la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33. Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso
en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal
acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar
sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el
juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible
de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el
procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de
parte la interpretación del Tribunal.»
Por su parte, el Estatuto del Tribunal de Justicia
(Decisión 500 de 2011), señala la procedencia del mecanismo
consultivo de la siguiente manera:
«Artículo 122. Consulta facultativa. Los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta
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alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de
la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante
simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin
que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá
decidir el proceso.
Artículo 123. Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte,
el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia
fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de
recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el
procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la
interpretación del Tribunal.»
Acorde con lo expuesto, se trata entonces de una
manifestación (i) de naturaleza jurisdiccional y determinante
y no simplemente informativa o probatoria6; (ii) con alcance
de sentencia de carácter no contencioso7; (iii) propia y
exclusiva de escenarios litigiosos en los que «deba aplicarse o
se controvierta» alguna norma del derecho andino (sea que se
susciten ante autoridades judiciales, arbitrales o
administrativas con funciones jurisdiccionales8); (iv) de
imperativo acatamiento para el fallador de la causa9; (v) que
puede ser solicitada de oficio o a petición de parte10, «en
cualquier momento antes de dictar la sentencia, el laudo o el acto
6 Cfr. TJCA, 139-IP-2014, entre otros
7 Art. 3 - 3.2, Acuerdo 08 de 2017
8 Arts. 33 y 34, Decisión 472 de 1999; art. 2º, lit. e, Acuerdo 08 de 2017 y, entre otras, TJCA,
Sentencia del 26 de agosto de 2011, Proceso 03-AI-2010.
9 Art. 35, Decisión 472 de 1999
10 Art. 5º, Acuerdo 08 de 2017
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19
administrativo que pone fin a la instancia»11; y (vi) de recaudo
obligatorio específicamente para el funcionario a quien
corresponde definir el asunto, en única o última instancia12,
es decir, en aquellos casos en que el fallo que eventualmente
se profiera, no sea susceptible de ser recurrido por la vía
ordinaria.
Esta última particularidad reviste especial
trascendencia para el asunto que en esta oportunidad
corresponde dilucidar, dado que la constatación de dicha
obligatoriedad resulta indispensable para establecer los
efectos que se podrían derivar de la falta de recaudo de la
interpretación prejudicial.
3.3. Obligatoriedad de la interpretación prejudicial.
Las normas comunitarias citadas establecen con
claridad la forma cómo opera el mecanismo consultivo,
contemplando dos escenarios de actuación de la
interpretación prejudicial, a saber: el de la solicitud
facultativa, cuando en el proceso se aleguen o controviertan
normas comunitarias y la sentencia sea susceptible de
recursos en el derecho interno; y el de la petición obligatoria,
en aquellos asuntos en los que, estando de por medio las
disposiciones de tal linaje, no se contemplan recursos contra
la decisión tomada por la autoridad nacional.
11 Art. 8, Acuerdo 08 de 2017
12 Arts. 33 (Decisión 472) y 122 y 123 (Decisión 500).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
20
Para determinar en qué casos la solicitud de
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina se torna obligatoria, deben tenerse en
cuenta tres aspectos relevantes: (i) el concepto de «jueces
nacionales» obligados, (ii) la existencia o inexistencia de
recursos contra la decisión que pone fin al proceso, y (iii) la
controversia o necesidad de aplicación de normas
comunitarias.
3.3.1. Cuando la Decisión 472 de 1999 establece en
su artículo 33 que la consulta prejudicial debe ser solicitada
por los «jueces nacionales», se refiere no solamente a los
funcionarios judiciales, sino también a los árbitros especial
y transitoriamente investidos de jurisdicción en virtud del
artículo 116 de la Constitución.
Así lo ha determinado la jurisprudencia comunitaria:
«Se debe considerar, además, que los árbitros tienen la capacidad
de decidir el caso sometido a su conocimiento, pueden, en
consecuencia, administrar justicia, tienen la capacidad de dictar
medidas cautelares que son las mismas que pueden dictar los
jueces, los árbitros pueden excusarse y también pueden ser
recusados por las mismas causas establecidas para un juez. Los
laudos arbitrales, emitidos por los árbitros tienen efecto de
sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del
mismo modo que las sentencias de última instancia. Los jueces
nacionales, no pueden revisar los laudos pero sí ejecutarlos. Por lo
tanto, si los árbitros tienen funciones jurisdiccionales y actúan en
última instancia y no dependen de los jueces nacionales, para los
efectos de la norma comunitaria actúan como jueces nacionales,
es decir, de acuerdo con la interpretación extensiva están incluidos
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dentro del concepto de juez nacional los árbitros que deciden en
derecho, luego, deben solicitar la interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de manera directa,
sin que sea necesaria la participación o mediación de organismos
judiciales.» (TJCA, Sentencia de 26 de agosto de 2011,
proceso 03-AI-2010).
En virtud de lo anterior, cuando se esté tramitando
proceso arbitral en el que la discusión verse sobre asuntos
regulados por el ordenamiento jurídico comunitario y la
decisión no sea susceptible de recursos en el derecho interno,
recae sobre los árbitros la obligación de solicitar la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, bien sea de oficio o a petición de parte.
3.3.2. Respecto de la procedencia de recursos en el
derecho interno, se entiende que ellos son los medios de
impugnación ordinarios, en los que se permite la discusión
de aspectos sustanciales del litigio, pues sólo así existe la
posibilidad de constatación de la adecuada aplicación de las
normas comunitarias por parte del superior jerárquico13.
En nuestro medio, la Ley 1563 de 2012 no consagra el
recurso de apelación contra el laudo, de modo que los medios
de impugnación en materia arbitral tienen un alcance
limitado, puesto que sólo se consagra la procedencia de los
recursos extraordinarios de anulación (artículo 40) y de
13 Al respecto, ver sentencia SU-081 de 2020: «En primer lugar, es preciso examinar si caben o no
recursos en el derecho interno, hipótesis que se ha asimilado a los “recursos ordinarios”, esto es, a
aquellos en los que puede discutirse la aplicación correcta o incorrecta de la norma que hace parte del
ordenamiento jurídico de la comunidad Andina. Por ello se ha señalado que su viabilidad se concreta
en los procesos de única instancia o en las actuaciones en que los jueces o tribunales nacionales actúan
como órgano de cierre de la controversia, por vía, generalmente, del recurso de apelación».
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
22
revisión (artículo 45), los cuales, como es sabido, no permiten
discusiones sustanciales sobre la controversia ni
pronunciamientos sobre el fondo del asunto, que es -por
decisión de las partes- competencia exclusiva de los árbitros,
limitando su procedencia a la validez procedimental del
proceso.
En tal virtud, en los procesos arbitrales en los que se
deban aplicar o se controviertan normas comunitarias, se
debe solicitar, necesariamente, la interpretación prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
cumplimiento de los mandatos establecidos en las Decisiones
472 y 500 de la CAN, antes señaladas.
3.3.3. Acorde con ello, para que la solicitud de
interpretación prejudicial se torne obligatoria, es requisito
sine qua non que en el proceso se discutan o se controviertan
normas comunitarias, o que su aplicación sea indispensable
de cara a resolver de fondo el litigio.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha establecido los parámetros a tener en cuenta para
que, en un caso concreto, se determine si la consulta al
órgano comunitario es obligatoria para los jueces nacionales:
«Debe entonces estar claro que la simple invocación de una norma
andina por una de las partes ante un Juez nacional (…) no puede
ser un presupuesto que vincule al Juez para que active la figura
de la interpretación prejudicial ante este Tribunal Comunitario. Lo
esencial para que se requiera dicha interpretación -se reitera- es
que las normas andinas, habiendo sido o no invocadas por la o las
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partes procesales, sean controvertidas en el caso concreto,
entendiéndose por ello que haya existido una discusión
extensa y detenida, con opiniones contrapuestas, sobre
tales normas; o que el Juez nacional deba necesariamente
aplicar dichas normas comunitarias para resolver el caso.
De conformidad con lo previsto en los Artículos 33 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123
de su Estatuto, como parámetros que deberán observarse a fin de
conocer con certeza si un Juez nacional está obligado a solicitar la
interpretación prejudicial a este Tribunal, tenemos los siguientes:
- Que cualquiera de las partes en el proceso nacional haya
invocado una norma andina como sustento de sus alegaciones.
- Que ante tal invocación, cualquier otra de las partes en el proceso
nacional controvierta la interpretación o aplicación de dicha norma
andina, o de otras normas andinas, como sustento de sus
alegaciones.
- Que el juez nacional que va a resolver la causa, necesariamente
tenga que aplicar una norma andina para fallar el asunto, más
allá de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera de las
partes.
Estos parámetros no son concurrentes, pero el último es
necesario para establecer la obligatoriedad de la solicitud
de interpretación prejudicial». (TJCA, Sentencia del 7 de
julio de 2017, Proceso 01-AI-2015).
Así las cosas, no basta que en el proceso se enuncien o
aleguen las normas comunitarias para hacer obligatoria la
consulta, pues sólo cuando sobre aquellas exista discusión
seria y fundada, o cuando sea indispensable su aplicación
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
24
para resolver el fondo del litigio, se debe entender que el
mecanismo de consulta es obligatorio para las autoridades
judiciales del país miembro. De lo contrario, se estaría ante
una utilización injustificada del mecanismo en asuntos
donde no está en juego la normativa común14.
3.4. Consecuencias de la omisión de la
interpretación prejudicial cuando ella es obligatoria.
Como se ha establecido, este último escenario -proceso
en el que se aleguen o controviertan o deban aplicarse normas
comunitarias cuya sentencia no sea susceptible de recursos- es el
único en el cual la pretermisión de la consulta puede dar
lugar a la nulidad de la sentencia o laudo arbitral, pues sólo
en esos casos puede afirmarse que se requiere la
interpretación previa que otorgue al juez nacional la certeza
sobre el contenido y alcance de las normas comunitarias que
debe aplicar para resolver el caso concreto.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha sido enfático en recalcar que la preterición de esa
consulta, en los casos en que resulta obligatoria, trasgrede el
derecho a un debido proceso de las partes y además
14 Es obligación del juez nacional constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que
deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su
interpretación prejudicial teniendo en cuenta que la causa, razón o circunstancia para la interpretación
se produce cuando, como hemos dicho, ´Los jueces nacionales (…) conozcan de un proceso en que deba
aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena
(…)´. No basta por tanto que dentro del proceso se citen determinadas normas de la integración, bien
sea por las partes o por el agente del Ministerio Público, para que el juez de la causa, automáticamente,
decida formular la solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal, sin constatar previamente que
dicho trámite se justifica. De procederse de esta forma se estaría utilizando el recurso prejudicial sin
necesidad alguna, lo cual redundaría en la dilación injustificada de los procesos, con evidente
quebranto de los más elementales principios de economía procesal que garantiza la celeridad de los
procesos. (TJCA, IP del 18 de marzo de 1991, emitida dentro del proceso 02-IP-91).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
25
involucra el desconocimiento de normas de orden público y
de obligatorio cumplimiento lo que, por ende, redunda en la
anulabilidad de la sentencia o laudo.
Ciertamente, dicha magistratura ha recabado en que
«La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de
última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta
contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional
actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe
suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su
interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. (…) En el
caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior,
el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al
principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia,
debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser
materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda
vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso
son de orden público y de ineludible cumplimiento. Cabe señalar
que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho
comunitario, la norma andina pasa a formar parte del
ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula
especial de introducción o de recepción, generándose así para el
juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido,
la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de
interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un
requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar
sentencia toda vez que él ‘no puede decidir la causa hasta no
haber recibido la interpretación autorizada de las normas
comunitarias’. Este ‘requisito previo’ debe entenderse incorporado
a la normativa nacional como una norma procesal de carácter
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26
imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una
violación al debido proceso.»15.
En la misma dirección, la Corte Constitucional ha
puntualizado que
«no cabe duda de que en los casos en que la interpretación
prejudicial es obligatoria, la omisión en su práctica constituye una
violación del debido proceso, al entender que su agotamiento
constituye un requisito previo sin el cual el juez nacional no puede
proferir sentencia, al tratarse de una norma procesal de carácter
imperativo, cuya inobservancia se traduce en la nulidad del fallo
adoptado»16.
De hecho, también en consideración a las notas de
obligatoriedad y preeminencia que caracterizan el derecho
comunitario, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
ha reconocido igualmente la ausencia de interpretación
prejudicial como una causal de anulación de laudos
arbitrales, aun cuando no existe en el derecho interno un
precepto que así lo contemple de manera expresa17.
15 Proceso 01-AI-2015, del 7 de julio de 2017
16 SU-081 de 2020
17 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de agosto
de 2012, exp. 11001-03-26-000-2012-00013-00, en la que se consideró: «el incumplimiento de dicha
exigencia del derecho comunitario andino por parte del respectivo Tribunal de Arbitramento constituye
un yerro procedimental que afecta la validez del laudo correspondiente y abre las puertas a su
declaratoria de nulidad durante el trámite del recurso extraordinario de anulación, ora a solicitud del
impugnante ora de oficio por parte del Juez del recurso de anulación, según lo entendió el TJCA en sus
aludidos pronunciamientos, cuestión esta última excepcional (que se puede decretar de oficio) siempre
que se trate de esta causal derivada del derecho comunitario andino. Por consiguiente, al catálogo de
causales en las cuales puede sustentarse la formulación del recurso extraordinario de anulación contra
laudos arbitrales debe añadirse aquella consistente en la omisión del deber de solicitar la Interpretación
Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de
Arbitramento que tenga conocimiento del mismo.»
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27
En ese contexto, al involucrar una causal de
invalidación de la sentencia, es claro que la falta de recaudo
de la interpretación prejudicial, en aquellos litigios en que
resulta inexorable, abre paso a la acción de revisión, por
conducto de la causal 8ª, esto, siempre y cuando, el juzgador
cognoscente no hubiera rehusado la elevación de esa
consulta, de manera expresa, en un proveído distinto y
anterior al fallo con el que definió la litis (puesto que, en tal
hipótesis, la eventual causal de nulidad no se habría
originado propiamente en la sentencia).
4. Caso concreto.
4.1. Ausencia de alegación, debate o controversia
frente a normas comunitarias en el caso sub judice.
4.1.1. Analizado el trámite arbitral que finalizó con
el laudo del 4 de abril de 2019 proferido por el Tribunal
Arbitral convocado para resolver el litigio CELUTEC Vs.
COMCEL, encuentra la Sala una controversia netamente
contractual, que se planteó, se controvirtió y se decidió con
base exclusiva en las normas del Código de Comercio y del
Código Civil, relativas todas a la validez, interpretación y
configuración del contrato de agencia comercial.
4.1.2. La demanda de CELUTEC pretendió la
declaratoria de existencia de un contrato de agencia
mercantil con sus consecuencias patrimoniales, así como la
nulidad de las cláusulas leoninas impuestas por COMCEL
dentro del contrato de adhesión en el que esta última tuvo
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28
una posición de dominio contractual. Solicitó el pago de las
prestaciones e indemnizaciones que el Código de Comercio
establece para el agente y el reconocimiento del derecho de
retención legalmente establecido en su favor.
La discusión planteada en el libelo introductor se
fundamentó en los artículos 6, 1501, 1519, 1522, 1524, 1602
a 1606, 1609, 1613, 1614, 1616, 1618 a 1625, 1740, 1741,
1746 y 1757 del Código Civil, y en los artículos 822 a 830,
832 a 835, 843, 848, 864, 870, 871, 897 a 902, 922, 968,
973, 1262, 1279, 1280, 1283, 1317 a 1331 del Código de
Comercio. La demanda no incluyó ninguna pretensión,
fundamento jurídico ni argumento relacionado con las
normas comunitarias o con asuntos regulados por el
ordenamiento jurídico andino.
4.1.3. La contestación de la demanda por parte de
COMCEL se centró en demostrar la inexistencia del contrato
de agencia comercial entre las partes, en la ausencia de
posición contractual dominante, en la ausencia de nulidad
de cláusulas que según ella fueron libremente discutidas y
no presentan ambigüedad, en la renuncia de la convocante a
pagos o indemnizaciones derivados de la agencia comercial o
en últimas, en su pago anticipado y transacción de las
diferencias. La demandada dirigió su esfuerzo procesal a
demostrar la ausencia del vínculo contractual alegado y del
incumplimiento imputado, del abuso del derecho y del
enriquecimiento sin causa de los que se le acusaba, además
de la prescripción de las acciones derivadas del convenio
existente entre las partes.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
29
Las defensas de la hoy recurrente extraordinaria se
fundamentaron en las mismas normas civiles y comerciales
antes señaladas, además de los artículos 1742, 1744, 2469,
2483, 2532, 2535 y 2536 del Código Civil, y la Ley 791 de
2002. En ninguna de las excepciones planteadas por la
convocada, ni en su pronunciamiento frente a los hechos, se
alegó alguna norma comunitaria, ni se indicó que los asuntos
objeto del convenio celebrado entre las partes tuvieran
relación con temas regulados por la normativa de la
Comunidad Andina de Naciones.
4.1.4. La demanda de reconvención presentada por
COMCEL buscó la declaratoria de incumplimiento del
contrato celebrado por su contraparte, fundando sus
pretensiones en los artículos 83, 822 a 831, 864, 871 y 884
del estatuto mercantil, y en las disposiciones civiles 1494 a
1526, 1546, 1603, 1617 y 2341 a 2360. Las defensas de la
convocada en mutua petición, también se basaron en normas
nacionales, exclusivamente.
4.1.5. Además de los escritos de postulación y
contradicción, se encuentra que en los recursos, solicitudes
y alegaciones presentadas por las partes ante el Tribunal
Arbitral, tampoco se invocaron, debatieron o controvirtieron
normas comunitarias o situaciones reguladas por el
ordenamiento jurídico andino, lo que lleva a la Sala a
concluir que en este caso, no se cumple con dos de los
parámetros explicados para considerar que la interpretación
prejudicial es obligatoria, a saber, «que cualquiera de las partes
en el proceso nacional haya invocado una norma andina como sustento
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
30
de sus alegaciones» y «que ante tal invocación, cualquier otra de las
partes en el proceso nacional controvierta la interpretación o aplicación
de dicha norma andina, o de otras normas andinas, como sustento de
sus alegaciones»18.
Se colige de lo expuesto que COMCEL solamente
mencionó la necesidad de solucionar la controversia a través
de pautas de derecho comunitario con posterioridad a la
expedición del laudo que fue contrario a sus intereses,
circunstancia que riñe con la tesis que pretende defender la
recurrente como sustento de su censura.
4.1.6. Sin embargo, en atención a la jurisprudencia
comunitaria debe recordarse que incluso si las partes no
alegan o debaten tal normativa al interior del proceso,
seguirá siendo obligatoria la consulta prejudicial en aquellos
casos en los que «el juez nacional que va a resolver la causa,
necesariamente tenga que aplicar una norma andina para fallar el
asunto, más allá de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera
de las partes»19.
Como ha indicado el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, este último parámetro es indispensable
para establecer la obligatoriedad del mecanismo y en esos
casos, el juez nacional -que actúa también como juez
comunitario- está obligado a suspender el proceso y elevar la
solicitud de interpretación prejudicial, incluso de oficio.
18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 7 de julio de 2017, Proceso 01-AI-2015.
19 Ibídem.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
31
4.2. Improcedencia de aplicación de normas
comunitarias en la resolución del litigio.
4.2.1. En la demanda de revisión, la recurrente
extraordinaria sostuvo que para dirimir la controversia entre
las partes debían involucrarse, necesariamente, las
Decisiones 462 de 1999, 486 de 2000, 351 de 1993 y 608 de
2005, las que enunció de manera genérica, sin informar por
qué razón dicha normativa regulaba el caso concreto y debía
ser aplicada en su resolución.
Sostuvo la opugnante que al Tribunal Arbitral le era
exigible la interpretación prejudicial de normas comunitarias
alrededor de (i) la naturaleza contractual del vínculo entre las
partes para la prestación de servicios de telecomunicaciones,
y (ii) la determinación de la posición de dominio de COMCEL
y su presunto abuso. A su juicio, la definición de estos
aspectos involucraba materias reguladas por el
ordenamiento comunitario, que los árbitros debieron aplicar
de manera preferente e inmediata.
4.2.2. Ante los requerimientos de concreción del
auto inadmisorio de la demanda, la censora señaló las
normas que, según su alegato, debían definir la controversia,
así:
(i) Artículo 2° de la Decisión 462 de 1999, que refiere
la pertinencia de las definiciones de «servicios de
telecomunicaciones», «proveedor, operador o prestador de
servicios», en relación directa con la configuración o
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
32
no de un encargo en cabeza de CELUTEC, propio
de un contrato de agencia comercial; así mismo la
definición «proveedor importante» debía tenerse en
cuenta al momento de determinar la posición de
dominio de COMCEL.
(ii) La disposición 158° de la Decisión 486 de 2000,
que establece si la autorización de uso de signos
distintivos en el mercado conforma una relación
de vinculación económica entre las sociedades
confrontadas, esto con el fin de desvirtuar el
contrato de agencia comercial.
(iii) Los artículos 3°, 4° (literal j), 13° y 31° de la
Decisión 351 de 1993, conforme a los cuales se
debía definir si el material publicitario y
promocional autorizado a CELUTEC se considera
una «obra de arte aplicada», caso en el cual las
cláusulas por las cuales se autorizó su uso no
corresponden a un encargo independiente y
estable de promoción de negocio de COMCEL, sino
al ejercicio de sus derechos de autor.
(iv) Los preceptos 8° y 9° de la Decisión 608 de 2005,
que contienen los elementos típicos que permiten
concluir que un agente tiene posición de dominio
en el mercado y los eventos en los que existe
practica abusiva de aquella.
Estas normas comunitarias, sin embargo, no resultan
aplicables a la controversia puesta a consideración del
Tribunal Arbitral, motivo por el cual no era necesario acudir
a ellas para resolver de fondo el litigio, que giraba en torno a
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
33
un asunto estrictamente contractual, amparado
exclusivamente en el ordenamiento jurídico colombiano y
que no versaba sobre asuntos que son propios o interesan a
la regulación comunitaria, por los motivos que pasan a
explicarse.
4.2.3. Las disposiciones contenidas en la Decisión
462 de 1999 son «Normas que Regulan el Proceso de Integración y
Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la
Comunidad Andina», abarcan los servicios de
telecomunicaciones y sus modos de prestación y se aplican a
las medidas que afecten el acceso a redes y servicios de
transporte de telecomunicaciones y su utilización, que
afecten la prestación y el comercio de estos servicios, y las
relativas a la normalización respecto de la conexión de
equipos a las redes públicas de transporte de
telecomunicaciones20.
En el caso sometido a decisión arbitral se partió del
hecho incontrovertido de que es COMCEL la empresa que,
por tener autorización de la Autoridad Nacional competente,
presta sus servicios de telecomunicación celular en el
territorio nacional. A lo largo del litigio no se planteó que
CELUTEC fuera la empresa que prestara directa o
indirectamente aquellos servicios; por el contrario, lo que se
probó y declaró fue que ésta última «desarrolló el encargo, por
cuenta de COMCEL, para promover la colocación y venta de los servicios
de telefonía móvil celular prestados por aquella»21.
20 Artículos 3 y 4 Decisión 462 de 1999.
21 Laudo arbitral del 4 de abril de 2019.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
34
Al analizar las características de las obligaciones
contractuales y su ejecución a lo largo del tiempo, se
determinó que la actividad encargada a CELUTEC fue la de
promoción y explotación, por cuenta de COMCEL, del
servicio de comunicación celular que ésta ofrecía, encargo
que la demandante cumplía en algunos departamentos del
occidente del país, gestionando la afiliación de clientes a los
planes pre y pospago de telefonía ofrecidos por COMCEL,
clientes que, cuando eran aceptados por esta compañía,
pasaban a ser sus abonados y suscribían directamente con
ella el contrato de servicios de telefonía móvil celular.
En virtud de lo anterior, es claro que la controversia no
giraba en torno a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, que siempre fueron actividad exclusiva
de COMCEL, sino a la calificación jurídica de la figura
contractual que vinculaba a las partes, y que fuera defendida
como una agencia comercial por la demandante y como un
contrato de distribución por la demandada.
4.2.4. Las disposiciones contenidas en las
Decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000 establecen,
respectivamente, el «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» y
el «Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos» de la
Comunidad Andina de Naciones. La recurrente alega en esta
sede extraordinaria que debieron ser aplicadas en la
resolución del caso concreto, dirigiendo así el objeto de la litis
a asuntos totalmente ajenos a ella.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
35
El litigio definido por los árbitros no versaba en modo
alguno sobre controversias relacionadas con la propiedad
industrial de COMCEL, dentro de la que se encuentran sus
derechos marcarios y signos distintivos, pues fueron asuntos
que siempre estuvieron al margen de la discusión contractual
entre las partes. Menos aún tiene aplicación el artículo 158
de la Decisión 486 citado por la censora de manera parcial,
dado que la norma regula el agotamiento de derechos
marcarios cuando los productos han sido introducidos en el
mercado por el titular del registro o por un tercero con su
autorización, supuesto en el que no puede subsumirse el
conflicto suscitado entre las partes a raíz de su vinculación
contractual.
En el proceso tampoco se discutieron los derechos de
autor de COMCEL, ni las alegaciones, indagaciones, pruebas
ni declaraciones versaron sobre la explotación de sus
materiales publicitarios y promocionales, que ahora se
presentan como posibles «obras de arte aplicado», más aún
cuando el uso de aquellos era promovido por COMCEL, quien
se comprometió a suministrar a su agente comercial el
material necesario para la publicidad y promoción de sus
productos22. La discusión, se insiste, nunca giró en torno a
la existencia o inexistencia de derechos morales o
patrimoniales de autor, su explotación, vulneración o
protección en el marco de la relación contractual de las
partes.
22 Al respecto ver la cláusula 6 del Contrato 816.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
36
Así las cosas, las novedosas alegaciones sobre
propiedad intelectual constituyen un tema por completo
ajeno a la litis, cuya aplicación no era exigible al Tribunal
Arbitral al resolver el asunto.
4.2.5. A través de la Decisión 608 de 2005 se
profirieron «Normas para la protección y promoción de la libre
competencia en la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad
Industrial», en las que se determina cuándo se entiende que un
agente tiene una posición de dominio en el mercado y qué
conductas hacen presumir su existencia. Se apela también a
la definición de «proveedor importante» de la ya referida Decisión
462 para señalar que el Tribunal Arbitral debía solicitar la
interpretación prejudicial antes de determinar si COMCEL
gozaba de esta posición en el mercado y si abusó de ella.
Sin embargo, estas normas comunitarias eran
inaplicables al caso concreto, puesto que en el proceso no se
discutió la existencia, el abuso ni las consecuencias de una
posición de dominio en el mercado relevante, que es la
situación regulada por las disposiciones andinas, sino que se
contendió sobre una figura jurídica completamente diferente,
alusiva a la posición de dominio contractual, por lo que las
afirmaciones de COMCEL en este punto no resultan de
recibo.
En el caso concreto, la demandante inicial solicitó la
declaratoria de nulidad de las cláusulas que COMCEL,
debido a la posición de dominio contractual que tenía
respecto de su agente CELUTEC, dictó en forma unilateral y
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con el ánimo de eludir los efectos jurídicos de la agencia
comercial, llegando incluso a imponer obligaciones
indemnizatorias en caso de que se declarara el contrato como
un típico convenio de agencia mercantil.
Las alegaciones de las partes y la decisión del Tribunal
no se refirieron en modo alguno a la existencia de actos que
afectaran la libre competencia entre competidores o la
afectación del libre mercado a través de conductas
anticompetitivas, sino a la superioridad económica de
COMCEL en la específica y concreta relación negocial que
sostuvo con CELUTEC, en la que dictó las reglas
contractuales, impartió instrucciones e impuso en términos
generales las condiciones de gestión e impulso de sus
negocios.
El laudo arbitral, en consecuencia, incluyó
consideraciones sobre esa específica figura de la posición
dominante contractual, en virtud de la cual la parte que tiene
una prevalencia en la relación negocial puede dictar el
contenido del clausulado, que a la postre determina la
existencia de un contrato de adhesión. Debe resaltarse que
el laudo diferenció expresamente dicha figura de la posición
de dominio en el mercado, declarando exclusivamente el
dominio contractual de COMCEL respecto a los específicos
contratos que la vincularon a CELUTEC, y la existencia de
algunas cláusulas leoninas que fueron, en consecuencia,
anuladas23.
23 Al respecto pueden verse las expresas consideraciones del laudo sobre la diferencia entre la posición
de dominio en el mercado y la posición de dominio contractual, y su pronunciamiento sólo frente a esta
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-01197-00
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Así las cosas, el litigio no versó sobre la posición de
dominio de COMCEL en el mercado relevante ni sobre
posibles conductas abusivas derivadas de aquella, por lo que
no era procedente en este caso aplicar las normas
comunitarias relacionadas con ese asunto, que se mantuvo,
se insiste, por fuera de la controversia sometida a
consideración de los árbitros y de su pronunciamiento final.
5. Conclusión.
En el caso concreto no estaban en discusión normas
comunitarias ni era necesaria su aplicación en la resolución
del litigio, motivo por el cual la ausencia de solicitud de
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no resultaba obligatoria y, por lo tanto,
no se configuró la causal de nulidad alegada por la recurrente
extraordinaria.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Comunicación
última, en el acápite “C, PRETENSIONES RELATIVAS A LA POSICIÓN DE DOMINIO
CONTRACTUAL DE COMCEL Y A LA NULIDAD DE CIERTAS CLÁUSULAS ABUSIVAS”, en las
páginas 97 a 119 del laudo arbitral de fecha 4 de abril de 2019.
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Celular S.A. – COMCEL S.A., respecto del laudo de 4 de abril
de 2019, proferido por el Tribunal de Arbitramento
convocado a petición de Celulares y Tecnología S.A.S.-
CELUTEC S.A.S.
SEGUNDO. CONDENAR a la sociedad recurrente al
pago de costas. Se fija la suma de $6.000.000 por concepto
de agencias en derecho.
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá,
anexando copia de este fallo.
CUARTO. REQUERIR a la Secretaría de la Sala
que proceda a librar los oficios y comunicaciones a que haya
lugar en desarrollo de lo aquí dispuesto.
Notifíquese y cúmplase.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Álvaro Fernando García Restrepo
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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